Sentencia 2002-00812 de octubre 9 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Proceso: 250002326000200200812 01

Nº Interno: 33984

Consejero Ponente:

Dr. Hernán Andrade Rincón

Actor: Liliana González y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación y otros

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones

La Sala confirmará la sentencia proferida por el tribunal a quo pero modificará el monto de los perjuicios reconocidos, para lo cual abordará el estudio de los siguientes aspectos: 1) la competencia; 2) el ejercicio oportuno de la acción; 3) el objeto de la apelación; 4) lo probado en el proceso; 5) indemnizaciones reconocidas y negadas a la parte actora y, 6) costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora y la entidad demandada en contra de la sentencia proferida el 7 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado,(14) sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. El ejercicio oportuno de la acción.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984,(15) la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En los casos en los cuales se ejerce la acción de reparación directa con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad o la providencia absolutoria queda ejecutoriada —lo último que ocurra—. Al respecto, ha manifestado la Sala:

“Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse solo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues solo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.

Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término solo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal...”(16) (se resalta).

Con fundamento en lo anterior es dable insistir en que el término de caducidad de la acción de reparación directa en los casos en los cuales se invoca la privación injusta de la libertad, se cuenta a partir de la ejecutoria de la providencia en la cual se determina la absolución o preclusión de la investigación en favor del procesado(17).

En el sub examine la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se origina en los daños sufridos por el señor Montes Beltrán con la privación de la libertad de que fue objeto. En esta oportunidad el término de caducidad debe empezarse a contar desde la ejecutoria de la providencia dictada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Especial, con la cual se precluyó la investigación seguida contra el citado imputado, esto es el 27 de abril de 2000,(18) lo que significa que los demandantes tenían hasta el día 28 de abril de 2002 para presentar oportunamente la demanda y, como ello se efectuó el 10 de abril del citado año,(19) por tanto resulta evidente que la acción se ejercitó dentro del término previsto para ello.

3. Objeto del recurso de apelación.

Teniendo en cuenta el contenido de la apelación, resulta necesario precisar que lo alegado por la parte demandante está encaminado a que se revisen los criterios utilizados para la tasación de perjuicios materiales reconocidos a favor de la parte actora; con ese propósito señaló, de un lado, que lo referido al lucro cesante se tasó sin tener en cuenta el tiempo que efectivamente el señor Montes Bernal (sic) estuvo privado de la libertad, así como el monto salarial probado en el proceso y tampoco se valoró el daño emergente derivado del pago de honorarios profesionales al abogado que ejercitó su defensa en el proceso penal; reprochó, igualmente, que no se hubiera reconocido la indemnización reclamada producto de su muerte, la cual ocurrió como consecuencia del estrés que le provocó la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido.

Lo anterior obliga a enfatizar que el reproche se encuentra limitado a los aspectos indicados. Al respecto conviene recordar que mediante el recurso de apelación se ejerce el derecho de impugnación contra una determinada providencia judicial, por lo cual corresponde al recurrente confrontar los argumentos que el juez de primera instancia tuvo en cuenta para tomar su decisión, con sus propias valoraciones, para efectos de solicitarle al juez de superior jerarquía funcional que decida sobre los puntos o asuntos que se plantean ante la segunda instancia, lo anterior de conformidad con lo establecido en la parte inicial del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:

“La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella (...)” (negrillas adicionales).

En este orden de ideas, resulta claro que para el juez ad quem su marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas esgrimidas en contra de la decisión adoptada en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(20) de la sentencia como el principio dispositivo,(21) razón por la cual la jurisprudencia sostiene que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’”(22) y es bajo tales parámetros que se desarrolla el análisis de la segunda instancia.

Así las cosas el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(23). La exigencia legal de que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, por lo cual su inobservancia acarrea la declaratoria de desierto y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se recurre (CCA, art. 212). La Sala ha precisado:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional(24) (se resalta).

Otra de las limitaciones relevantes a la cual se encuentra sujeta materialmente la competencia del juez ad quem al proferir el fallo que desate la apelación interpuesta contra una sentencia de instancia, la constituye la garantía de la no reformatio in pejus, por virtud de la cual no es válidamente posible que, con su decisión, el juez de segundo grado agrave, empeore o desmejore la situación que en relación con el litigio correspondiente le hubiere sido definida al apelante único mediante la sentencia del a quo.

La citada garantía, le imposibilita al juez de la segunda instancia agravar la situación del apelante o resolverla en su perjuicio y se circunscribe a los eventos en los cuales el cuestionamiento del fallo proviene de quien ha de aparecer como apelante único, encuentra expresa consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política, a cuyo tenor:

“ART. 31.—Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.

“El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

No sobra puntualizar que la no reformatio in pejus —al igual que ocurre con la casi totalidad de las garantías y de los derechos que el ordenamiento jurídico consagra y protege— no tiene alcance absoluto o ilimitado, comoquiera que su aplicación encuentra, al menos, dos importantes restricciones de carácter general, a saber: i). En primer lugar debe resaltarse que la imposibilidad de reformar el fallo de primer grado en perjuicio o en desmedro del apelante solo tiene cabida cuando la impugnación respectiva sea formulada por un solo interesado (apelante único), lo cual puede comprender diversas hipótesis fácticas como aquella que corresponde a casos en los cuales, en estricto rigor, se trata de varias apelaciones desde el punto de vista formal, pero interpuestas por personas que, aunque diferentes entre sí, en realidad comparten un mismo interés dentro del proceso o integran una misma parte dentro de la litis (demandada o demandante), por lo cual materialmente han de tenerse como impugnaciones únicas; ii). En segundo lugar ha de comentarse que en aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “... aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(25).

Acerca del alcance de la garantía de la no reformatio in pejus, la Sala ha señalado:

“En efecto, la no reformatio in pejus, o, prohibición de la agravación en peor, se concibe como garantía del derecho al debido proceso dentro del trámite de la segunda instancia, pues condiciona la competencia del ad quem que conoce del mismo; el alcance de dicho condicionamiento ha sido precisado por la Corte Constitucional, en los siguientes términos(26):

“Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum’ (...). En otros términos, la apelación siempre se entiende interpuesta en lo desfavorable, tanto que una alzada propuesta contra una decisión que de ninguna manera agravia, tendría que ser declarada desierta por falta de interés para recurrir, pues tal falta afecta la legitimación en la causa. Por tanto, tratándose de apelante único, esto es, de un único interés (o de múltiples intereses no confrontados), no se puede empeorar la situación del apelante, pues al hacerlo se afectaría la parte favorable de la decisión impugnada, que no fue transferida para el conocimiento del superior funcional” (se resalta y subraya).

La prohibición de empeorar la situación del apelante único se circunscribe entonces al contenido de la decisión que se impugna, es decir, el juez de segunda instancia solo puede modificarla si con ello el apelante resulta favorecido o mejorado en el reconocimiento de sus pretensiones.

De allí que, si el recurso de apelación no prospera y por ende se confirma la decisión que, por desfavorable, fue impugnada, no existe fundamento alguno que permita siquiera considerar el quebrantamiento del aludido principio”(27).

En este orden de ideas se le impone al juez de la segunda instancia el deber de respetar o de preservar el fallo recurrido en aquellos aspectos que no resultaren desfavorables para el apelante único y que el mismo no hubiere cuestionado por considerarlos no perjudiciales para sus derechos o intereses, conecta perfectamente con la anteriormente referida limitación material que de igual manera debe respetar el juez de segunda instancia, contenida en la parte inicial del inciso primero del artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la cual “(l)a apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,...”, de lo cual se desprende con claridad que si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el ad quem se encuentra en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos(28).

En conclusión, para el caso sub examine, comoquiera que la declaratoria de responsabilidad del tribunal a quo respecto de la entidad demandada no fue objeto de pronunciamiento alguno por la entidad demandada, ni mucho menos la apelación interpuesta por la parte actora controvierte tal extremo, ninguna precisión efectuará la Sala en relación con el régimen de responsabilidad aplicable a las circunstancias del caso concreto, ni en cuanto a la concurrencia, en el mismo, de los elementos constitutivos del régimen respectivo, de manera que los referidos son puntos de la litis que han quedado fijados con la decisión que profirió el a quo.

4. Elementos de prueba válidos y relevantes allegados al proceso.

(i) Se aportaron al proceso los siguientes registros civiles:

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Hugo Orlando Montes Beltrán ocurrido el 9 de julio de 1995(29).

— Copia auténtica del registro de defunción del señor Hugo Orlando Montes Beltrán, que pone de presente que tal hecho ocurrió el 28 de enero de 2000 en la ciudad de Santiago de Cali(30).

— Copia auténtica del registro del matrimonio católico celebrado el 23 de diciembre de 1976 entre Hugo Orlando Montes Beltrán y Liliana González(31).

— Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Liliana González ocurrido el 29 de septiembre de 1956(32).

— Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de Liliana e Isabella Montes González, ocurridos el 2 de marzo de 1979(33) y el 3 de mayo de 1985,(34) respectivamente, que indican que son hijas de Hugo Orlando Montes Beltrán y Liliana González.

(ii). Con referencia a los aspectos laborales y financieros del señor Montes Beltrán, obran los siguientes medios de prueba:

— A solicitud de la parte actora(35) el a quo requirió a la sociedad “Inmobiliaria e Inversiones Hugo Montes Beltrán y Cía. S. en C.” para que, a través de perito contable, se estableciera, a partir del desarrollo del objeto social de la citada empresa, “sus utilidades, ingresos, el pago de salarios y honorarios a los socios Hugo Orlando Montes Beltrán, Liliana González y Liliana e Isabella Montes González, su proyección financiera, su posición en el mercado inmobiliario y todo lo pertinente para determinar su capacidad empresarial”.

En el citado estudio(36) se precisó que la sociedad referida, durante los años de 1996 a 1999, reportó un incremento en sus ingresos pues se estaba posicionando en el mercado, y precisó que —una vez se efectuó la captura del señor Montes Beltrán— “los ingresos tuvieron una caída del 100%” lo cual la afectó a grado tal que provocó su cierre, y los demás socios se vieron en la necesidad de ceder su participación en la misma.

Puntualizó que para el año gravable de 1999, la empresa reportó una utilidad neta por valor de $ 3.107.000, cifra que se utilizó para efectuar la proyección económica tomando como referentes temporales la duración de la sociedad según la escritura pública esto es del 23/02/96 al 23/02/22, lo cual consolida un tiempo de 134 meses y arroja como resultado la cantidad de $ 282.930.664(37).

— Original del certificado de ingresos y retenciones correspondiente al año gravable 1997 donde se reporta que el señor Hugo Orlando Montes Beltrán recibió por concepto de ingresos laborales la suma de $ 2.160.000 y por otros ingresos la cantidad de $ 19.680.000, para un total de $ 21.840.000(38) y, para el año de 1998, un total de $ 24.000.000,(39) disgregado de la siguiente manera: $ 3.000.000 y $ 21.000.000, respectivamente, y por los conceptos arriba indicados.

— Certificación dada por el contador de la sociedad “Inversiones e Inmobiliaria Hugo Montes Beltrán y Cía. S. en C. donde se hace constar que el señor Montes Beltrán desempeñó el cargo de gerente de tal sociedad desde el 1º de marzo de 1996 hasta el 25 de septiembre de 1999 y que “en el año de 1999 de enero 2 a octubre 31 devengó un ingreso mensual promedio de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000)” de los cuales $ 300.000 corresponden al sueldo, $ 1.700.000 por comisiones y $ 1.500.000 por honorarios(40).

— Certificado de constitución y gerencia de la empresa “Inmobiliaria e Inversiones Hugo Montes Beltrán y Cía. S. en C.” donde se registra como objeto social “la compra y venta de bienes raíces”, siendo socios gestores Hugo Orlando Montes Beltrán y Liliana González,(41) el primero de los cuales aparece como gerente. Además de los socios gestores indicados aparecen como socios Liliana e Isabella Montes González(42).

— Obra constancia original en la cual se hace constar el pago de $ 7.000.000 al abogado que ejerció el derecho a la defensa del señor Montes Beltrán dentro del proceso penal que cursó en la Fiscalía 14 de la Unidad de Extinción de Dominios y Lavado de Activos de Bogotá(43).

(iii). La Unidad de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, remitió copias auténticas(44) de diversas providencias judiciales dictadas dentro de la investigación penal seguida en contra del señor Montes Beltrán, las cuales, en esta oportunidad, no son materia de análisis al no estar en debate responsabilidad de la entidad demandada por cuanto no fue objeto de censura en el recurso de apelación.

(iv). Copia de la tarjeta alfabética del interno Hugo Orlando Montes Beltrán(45) donde se reporta como fecha de ingreso el 23/10/1999 “sindicado por el delito de enriquecimiento ilícito a órdenes del fiscal regional” e, igualmente, se registra “febrero 21 de 2000. Baja por defunción enero 28/2000. Presentó derrame cerebral. Se encontraba hospitalizado en la Clínica Valle de Lili”(46).

(v). El tribunal de instancia recibió los siguientes testimonios:

— Abel Ospina Rojas,(47) quien, como amigo y familiar de la víctima, informó que aquel era una persona correcta, así como buen esposo y padre, consagrado a su trabajo, comprometido con “sacar adelante” la empresa inmobiliaria de su propiedad, aspiración que se vio truncada al ser privado injustamente de la libertad. Resaltó que el señor Montes Beltrán no padecía de miedos, ni temores y que, por el contrario, era muy positivo, por lo que había asumido su captura de manera tranquila, pese a que las condiciones en el sitio de reclusión no eran las mejores.

— Por su parte el señor Santiago Sergio José Antonio Cruz Zamorano(48) (sic) resaltó las cualidades personales del Montes Beltrán y puntualizó que era una persona que “manejaba mucho estrés” producido por su actividad laboral donde tenía una responsabilidad muy alta y era por ello que realizaba jornadas de deporte por la mañana. Precisó que la detención le “atajó” todos los proyectos de vida que pretendía realizar, que poseía una “salud a prueba de balas” por ser un deportista de alta competición. Manifestó que por conversaciones que tuvo con él mientras estuvo privado de la libertad podía dar cuenta que padecía de fuertes dolores de cabeza y constantes depresiones, todo por cuanto no aceptaba estar recluido en una cárcel sabiendo que era una persona inocente.

Declaración en igual sentido rindió la doctora María de Fátima Jurado Muñoz,(49) quien era su “médica de confianza” y manifestó que en tal condición tuvo con la oportunidad de visitarlo en su sitio de reclusión, oportunidad en la cual notó que se encontraba muy tenso, presentando constantes dolores de cabeza, estados de depresión y una presión arterial alterada, cuadro físico y emocional que, según su criterio, le resultaba totalmente extraño ya que era un deportista de alto rendimiento.

Precisó que el cuadro padecido y que finalmente le provocó la muerte al señor Montes Beltrán, no contó con una atención médica oportuna por parte de las autoridades penitenciarias, pues el día en que ocurrió el fatal episodio cerebro vascular al que hace referencia en la demanda, trascurrió demasiado tiempo sin que la guardia encargada autorizara el traslado del interno a un centro médico en donde se le brindara la atención adecuada y, para cuando se produjo tal determinación, ya el señor Montes Beltrán se encontraba en pésimas condiciones de salud, razones, todas estas, que la llevaron a concluir que la muere del señor Montes Beltrán se debió a esas particulares circunstancias derivadas de la privación de la libertad.

— Declaró el señor Carlos Arturo Cobo García,(50) quien fue coincidente con los anteriores testimonios en lo referido a las características personales del señor Montes Beltrán e hizo referencia a las alteraciones en el temperamento producto de la detención injusta de la cual fue víctima ya que pudo constatar que padecía depresión, tristeza, insomnio, además de verse afectada su situación financiera pues era el soporte del hogar.

5. Análisis del caso concreto.

Con fundamento en las consideraciones anotadas, se estudiarán tres tópicos a saber: a). Una revisión de lo reconocido como lucro cesante tomando como elementos de análisis el tiempo de privación de libertad del señor Montes Beltrán y el monto del salario devengado como gerente de la inmobiliaria de su propiedad; b). El reconocimiento del daño emergente correspondiente al pago de los honorarios al abogado que ejercitó la defensa dentro de la causa penal adelantada en contra del señor Montes Beltrán; c). Lo referido a los perjuicios reclamados por la muerte del señor Montes Beltrán ocurrida cuando se encontraba privado de la libertad, pero limitando dicho análisis a lo alegado por la parte actora esto es que el deceso se produjo como consecuencia de la alteración psicológica y emocional provocada por tal decisión judicial.

5.1. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

Frente a este tópico, la primera instancia condenó a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios materiales la suma de diez millones quinientos nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte. ($ 10.509.750) y dispuso que su distribución, así: un (50%) para Liliana González y el otro (50%) para sus dos hijas (25%) para Liliana Montes y (25%) para Isabella Montes, cuantificación frente a la cual la parte recurrente censuró los criterios utilizados para su tasación, pues mostró su desacuerdo en relación con el lapso que el señor Montes Beltrán estuvo privado de la libertad, el que considera no fue de tres meses, sino de cuatro meses y tres días. Además de lo anterior, se apartó del salario base utilizado para cuantificarlo el que, según su criterio, no es de $ 3.000.000, sino de $ 3.500.000 conforme a lo probado en el expediente.

En cuanto hace relación al tiempo de privación de la libertad, la parte actora alegó que esta fue de 4 meses y 3 días, pero la primera instancia cuantificó los perjuicios sobre un lapso de tres meses, para lo cual utilizó como parámetro la tarjeta alfabética del interno remitida por el Inpec, en la que se da cuenta de que el señor Hugo Orlando Montes Beltrán(51) ingresó al instituto penitenciario el 23 de octubre de1999 y se dio de baja el 28 de enero de 2000(52) por muerte.

En efecto, si se analizan los citados parámetros de cara a las copias auténticas del proceso penal allegado al plenario, se observa que le asiste razón a la parte demandante por cuanto la formalización de la orden de captura identificada con el número 6719 ocurrió el 25 de septiembre de 1999, cuando el señor Montes Beltrán se encontraba recluido en las instalaciones de la Policía Metropolitana Ciudad Modelo y en dicha fecha el coordinador de capturas del CTI informó(53) acerca de su cumplimiento y lo dejó a disposición de la autoridad judicial que lo requería,(54) por lo que no resulta conforme con la realidad procesal afirmar, como lo hizo el a quo, que el sindicado estuvo privado de su libertad desde el 23 de octubre de 1999 ya que la foliatura informa que ello ocurrió el 25 de septiembre del citado año y es a partir del tal fecha que debe tenerse como extremo referencial para la tasación de los perjuicios materiales reclamados.

Frente a tales reclamos, la Sala para encontrar el salario base de liquidación tendrá en cuenta, según la constancia laboral expedida por el contador de la empresa en la cual laborada el occiso y que merece el respectivo mérito probatorio al no haber sido desvirtuada por la parte demandada, la suma correspondiente a la asignación básica mensual de $ 3.500.000, cantidad que se incrementará en un 25% por concepto de prestaciones, lo cual da como resultado la suma de $ 4.375.000,(55) valor que deberá ser actualizado de la siguiente manera:

S200200812ECU1.jpg
 

Ra = $ 7.192.647,00

Así las cosas, se tiene demostrado que el lapso preciso de duración de la privación de la libertad abarcó del 25 de septiembre de 1999 al 28 de enero de 2000, esto es el señor Montes Beltrán estuvo detenido preventivamente durante un total de 4 meses y 3 días, lo cual equivale a un periodo 4,1 meses, tiempo sobre el cual no se reconocen ninguno de los otros criterios establecidos por la jurisprudencia ante su deceso.

Acto seguido se aplicará la fórmula para el cálculo del lucro cesante consolidado, dando como resultado el siguiente:

S200200812ECU2.jpg
 

Donde:

S: suma buscada de la indemnización debida o consolidada;

Ra: renta actualizada;

I: tasa de interés puro o legal, equivalente a 0,004867;

n: número de meses

1: es una constante

S200200812ECU3.jpg
 

S = $ 29.713.079,00

5.2. En relación con el daño emergente referido al pago de honorarios del abogado que ejerció su defensa.

En cuanto hace referencia a la petición de reconocer como daño emergente el señor Montes Beltrán pago por honorarios al profesional del derecho para que lo representara judicialmente dentro del proceso penal, tal aspiración fue negada por el juez a quo bajo el argumento que ello no se encuentra contenido en el acápite referido a las pretensiones de la demanda, posición reprochada por la parte recurrente al considerar que, si bien ello es cierto, también lo es que en el cuerpo de la demanda se presentó dicho reclamo.

Al respecto impera afirmar que le asiste razón al a quo para sostener que tal pretensión no se encuentra consignada, expresamente, en el petitum de la demanda, pero no obstante tal circunstancia, la Sala considera que no puede avalar dicha postura para no ser reconocida, toda vez que basta observar el cuerpo integral de la demanda para advertir que en el acápite donde la parte actora relaciona uno a uno los ítem que, a su juicio, configuran los perjuicios derivados de la privación de la libertad sufrida por el señor Montes Beltrán, se relaciona el pago de los honorarios profesionales referidos tal como quedó consignado en el folio 12 del libelo, por tanto bajo el entendido que la demanda debe valorarse y entenderse como una unidad es viable sostener que dicho punto fue reclamado por la parte actora, así no se encuentre expresamente consignado en el acápite destinado a individualizar las pretensiones.

Además debe tenerse en cuenta la singular forma como la parte demandante esbozó las pretensiones, pues en la demanda expuso detalladamente cada uno de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad y lo que hizo fue presentar una sola cuantificación en el acápite de las pretensiones, luego si se entiende la demanda y lo en ella contenido, como una integridad debe concluirse que resulta procedente el estudio de tal pretensión así no haya sido trascrita dentro del punto reservado a las pretensiones, pero que está estipulada en la discriminación de los perjuicios, postura soportada en lo reglado en el numeral 5º del artículo 75 del Código de Procedimiento Civil donde se exige que la demanda contenga “lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad” sin condicionar que ello se reduzca y agote, formalmente, en lo manifestado en el acápite de pretensiones de la demanda.

Bajo este orden de ideas y al estimar viable el análisis de la citada pretensión, se tiene probado en el expediente que el abogado que apoderó al señor Montes Beltrán, certificó el pago de $ 7.000.000 por la defensa en el proceso penal que cursó en la Fiscalía 14 de la Unidad de Extinción de Dominios y Lavado de Activos de Bogotá,(56) y se comprobó que, efectivamente, el litigante referido realizó plurales intervenciones en procura de los intereses de su prohijado tales como el momento procesal en el cual la Fiscalía que conoció del asunto le reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso,(57) su intervención en diligencia de ampliación indagatoria(58) y la presentación de la apelación en contra de la resolución de acusación dictada contra el investigado,(59) las cuales permiten inferir un ejercicio efectivo del encargo encomendado.

Las anteriores razones se conjugan para acceder al reconocimiento indemnizatorio deprecado, el cual se liquidará en suma debidamente actualizada, tomando como referente temporal la fecha de la presentación de la demanda, esto es el 10 de abril de 2002, toda vez que no existen elementos de juicio adicionales para inferir la fecha del pago de honorarios y fue este el momento que tal situación se puso en conocimiento del juez administrativo; lo que se realizará de acuerdo con la siguiente fórmula:

S200200812ECU4.jpg
 

Donde:

Vp: valor presente de la prestación

Vh: capital o suma que se actualiza

Índice final: a la fecha de esta sentencia (IPC jul./2013)

Índice inicial: abril de 2002 (fecha de la presentación de la demanda)

S200200812ECU5.jpg

Vp = $ 11.508.234,61

Al valor histórico de la suma que debió pagar el demandante por la defensa en el proceso penal se le aplicará un interés del 6% anual desde la fecha en que el abogado defensor efectuó el reconocimiento del pago —mar./2002(60)— hasta la fecha de esta providencia, toda vez que dicha erogación le causó a la parte demandante el perjuicio de no poder lucrarse con las ganancias que este dinero le habría podido reportar si no hubiese salido de su patrimonio, lo anterior teniendo en cuenta que los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hacen parte de la indemnización integral y son compatibles con la indexación(61).

S200200812ECU6.jpg
 

De donde I: corresponde al interés liquidado; C es el capital, esto es, el valor que pagó por la defensa, fijado conforme a las pautas anteriores; R: es la rata mensual (0.5%) y T: es el tiempo o número de meses, que en el presente caso abarca desde la fecha de la fecha de reconocimiento del pago hasta la fecha de esta providencia.

S200200812ECU7.jpg
 

I = $ 4.795.000,00

Total: $ 16.303.235,00

La Sala considera necesario precisar que atendiendo la forma como la parte actora reclamó los perjuicios solicitando que dicho reconocimiento “engrosará la masa herencial y corresponderá a la cónyuge e hijas accionante”(62) se debe puntualizar que lo reconocido en esta providencia judicial pertenece, en concreto, a cada uno de los demandantes y no a la “masa herencial” pues esta no fue demandante en la presente causa judicial.

5.3. En relación con los perjuicios derivados de la muerte del señor Montes Beltrán como consecuencia de la privación de la libertad.

Se tiene, igualmente, que la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios morales y materiales derivados de la muerte del señor Montes Beltrán, pretensión que fue negada por la primera instancia y frente a la cual la parte recurrente reclamó su análisis por parte del juez ad quem, tarea que se asume a continuación.

Vale indicar que el estudio solicitado sobre la referida petición, se circunscribe a lo pedido con la demanda, oportunidad en la cual la parte actora expresó que el trágico suceso resultaba “imputable a la detención preventiva” circunstancia esta “que generó en la víctima un circuito de retroalimentación negativo entre su mente y su cuerpo denominado estrés, en el cual la víctima al interpretar su situación jurídica como peligrosa, amenazante y moralmente dolorosa, hizo estallar las respuestas de alarma de su cuerpo como por ejemplo hipertensión y otros síntomas fisiológicos para desquilibrar (sic) su organismo y desarrollar el aneurisma cerebral que finalmente lo condujo a la muerte” (se resalta), cita que se trascribe a fin de resaltar que en esta oportunidad si bien es cierto, la muerte del señor Montes Beltrán ocurrió cuando se encontraba privado de la libertad, dicho acontecimiento la parte actora lo hace depender de las circunstancias psicológicas y orgánicas derivadas del hecho de estar detenido y desde tal punto de vista se lo imputa a la decisión dictada por la entidad demandada.

Así las cosas de cara a lo alegado por la parte actora, se observa que obran en el expediente las siguientes valoraciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense:

— Peritaje fechado el 12 de marzo de 2004(63) donde se solicitó al referido instituto determinar lo siguiente:

“a. Si la situación específica de detención preventiva de la libertad, es generadora por sí misma de estrés negativo o lo que se llama igualmente distrés. b. Si teniendo en cuenta los estados emocionales, fisiológicos y comportamentales asumidos por el señor Hugo Orlando Montes Beltrán y consignados en las pruebas documentales y testimoniales aportadas en el proceso de la referencia sobre el estado de presanidad y sanidad, se puede inferir que la experiencia vivida por dicho señor en razón a su situación jurídica y privación de la libertad fue percibida como estresante negativa. c. Si las situaciones antes planteadas (a y b) aunadas entre sí como productoras de estrés, pueden generar en un individuo cualquiera los trastornos adaptativos que se clasifican en el DSM. IV. d. Si teniendo en cuenta las pruebas testimoniales sobre el estado de sanidad de la víctima Hugo Orlando Montes Beltrán en estado de privación de la libertad, este presentaba síntomas emocionales fisiológicos y comportamentales como respuestas a un estresante identificable. e. Cuáles son los síntomas de tipo fisiológico emocional y comportamental que se presentan como respuesta a un estresante identificable. f. Qué tipo de enfermedades son presentadas por el estrés negativo (distrés). g. Si dentro de las enfermedades ocasionadas por el estrés negativo (distrés), se encuentran inmersas las enfermedades cerebrovasculares y específicamente, el desarrollo de aneurisma cerebral. h. Si, teniendo en cuenta la historia del señor Hugo Orlando Montes Beltrán plasmada, tanto en las pruebas testimoniales como documentales obrantes en el proceso de la referencia, se puede inferir o cabe la posibilidad, que el aneurisma que condujo finalmente a la muerte de dicho señor fue desarrollado a causa del estrés negativo vivido por dicho señor, cuyo factor estresante identificable, fue precisamente, su estado de detención privativa de la libertad”.

Al referido cuestionario el psiquiatra forense dio las siguientes respuestas:

(a). La situación específica de detención preventiva de la libertad en cualquier ser humano es generadora por sí misma de estrés psicosocial negativo a lo que se llama igualmente distrés. En cuanto se refiere a la pregunta (b) se responde: que se encuentra arrimado a los folios enviados certificación médica de la Dra. María de Fátima Jurado Muñoz, médica... donde anota: certifico que el día 10 de diciembre de 1999 atendí al señor Hugo Montes en su habitación de la casa fiscal donde se encuentra recluido... teniendo en cuenta que es un hombre joven, deportista y con estado de salud conservado hasta el momento, considero que se trataba de una cefalea tensional secundaria aun alto grado de estrés, con base en esta certificación médica donde anotan el estado de presanidad y la condición de salud para la fecha del examen médico se confirme que el examinado se encontraba probablemente bajo un estado de estrés negativo. En cuanto hace referencia a la pregunta (c) se responde: sí. En cuanto se refiere a la pregunta (d) se responde: con base únicamente en la certificación médica arriba anotada en el punto (b) la respuesta es afirmativa. En cuento se refiere a la pregunta (e) se responde: que según la Sinopsis de psiquiatría de Harold Kaplan séptima edición Editorial Médica Panamericana 1996 páginas 773 y 774 se estructuran síntomas psicológicos similares a la ansiedad y fisiológicos de origen autonómico simpático y parasimpáticos. En cuanto se refiere a la pregunta (f) se responde que se pueden asociar diversas enfermedades que afectan diversos sistemas principalmente el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, músculo esquelético, endocrino, trastornos inmunes, mentales y de la piel. Sin embargo, es poco probable poder demostrar nexo de causalidad específica entre el estrés y cualquiera de estas enfermedades con la ciencia médica actual. En cuanto se refiere a la pregunta (g) se responde que desde el punto de vista psiquiátrico forense no se puede demostrar que el estrés negativo (distrés) desarrolló un aneurisma cerebral. En cuanto se refiere a la pregunta (h) se responde que teniendo en cuenta la información arrimada a los folios remitidos donde se encuentran algunos datos de la historia de vida del señor Hugo Orlando Montes Beltrán, no se puede inferir, ni cabe la posibilidad que el aneurisma que condujo finalmente a la muerte de dicho señor, fuese desarrollado a causa del estrés negativo vivido por dicho señor, cuyo factor estresante identificable, fue precisamente, su estado de detención privativa de la libertad(64) (se resalta).

— A petición de la parte actora el citado dictamen pericial se complementó, tarea que realizó de acuerdo al siguiente cuestionario:

“1. Se determinen, las manifestaciones o síntomas psicológicos similares a la ansiedad y fisiológicos de origen autonómico simpático y parasimpático que refiere en la respuesta de la pregunta correspondiente al literal “e”. 2. ¿Si al manifestar que en el estrés se encuentran síntomas psicológicos similares a la ansiedad y fisiológicos de origen simpático y parasimpático, se está manifestando que en el estrés negativo están presentes los síntomas que permiten reunir los criterios de diagnóstico de ansiedad debido al estrés? 3. Se determine el órgano que controla directamente el sistema nervioso autónomo del simpático y del parasimpático, e incidencia en la ansiedad debido a estrés en dicho órgano. 4. ¿Cómo inciden directamente los síntomas fisiológicos del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático del cerebro? 5. ¿Qué daños a nivel cerebral, acarrean las alteraciones del sistema nervioso autonómico simpático y parasimpático? 6. Se determine la incidencia de la hipertensión arterial en la salud fisiológica y mental del ser humano. 7. Se determine, si dentro de los daños que puede ocasionar la hipertensión arterial está el de desarrollar los aneurismas cerebrales. 8. Se determine los síntomas frecuentes del sagrado de una aneurisma, explicando el daño, los síntomas, la enfermedad y las consecuencias negativas en el ser humano. 9. Se determine si dentro de los síntomas frecuentes de los aneurismas se encuentra la cefalea. 10. Se determine, si el estrés negativo puede conllevar a desarrollas un aneurisma cerebral. 11. Se determine el por qué no se puede inferir, ni cabe la posibilidad de inferir, que el aneurisma que condujo finalmente a la muerte del señor Hugo Orlando Montes Beltrán haya sido desarrollado a causa del estrés negativo, cuando se está aceptando la valoración médica brindada por la Dra. María Fátima Jurado Muñoz y, el factor estresante plenamente identificado (detención privativa de la libertad)”.

Atendiendo el citado cuestionario el perito forense contestó lo siguiente:

“En cuanto se refiere a la pregunta 1 los síntomas psicológicos más frecuentes en la ansiedad son la sensación de muerte inminente, de volverse loco, de no hallarse, de salir corriendo y en ocasiones confusión, alteraciones del pensamiento, percepción y del aprendizaje. Los síntomas fisiológicos más importantes de la ansiedad son diarrea, mareo, sudoración, hiperreflexiva, hipertensión, palpitaciones, dilatación pupilar, inquietud, síncope, taquicardia, temblores, malestar estomacal, nausea, aumento de la frecuencia urinaria. En cuanto se refiere a la pregunta 2 la respuesta es no. en cuanto se refiere a la pregunta 3 existen varios núcleos grises centrales ubicados en el encéfalo que se encargan del control del sistema nervioso autónomo del simpático y del parasimpático como el locus cerúleos, el núcleo basal de Meynert y algunos núcleos hipotalámicos. Consultadas fuentes bibliográficas no se encuentra que exista incidencia de la ansiedad debido al estrés de dichos núcleos (transcribió las preguntas de la 6 a la 9). En cuanto se refiere a la pregunta número 6 se responde que la hipertensión arterial no tiene incidencia directa conocida en la salud mental de los individuos, cuando existen complicaciones puede ser tenida en cuenta como un factor de riesgo pero no como un factor etiológico. En cuanto se refiere a la pregunta número 10. Se determine si el estrés negativo puede conllevar a desarrollar un aneurisma cerebral, la respuesta es no. en cuanto se refiere a la pregunta número 11 se responde que no existe un mecanismo fisiopatológico conocido que demuestre causalmente que el estrés negativo pueda desarrollar un aneurisma cerebral, además la valoración médica brindada por la Dra. Maria Fátima Jurado Muñoz no es la realizada por un médico forense y corresponde a una visita médica al parecer particular donde se establece una relación médico paciente y el objetivo es obviamente ayudar al enfermo, puesto que se le pagan unos honorarios por este trabajo y no reúne para nada las características de un peritaje médico forense” (se resalta).

Ante el contenido de la citada valoración pericial, la parte actora solicitó complementarlo a fin que se diera respuesta a las preguntas cuatro y cinco, razón por la cual el perito forense lo realizó el 4 de marzo de 2005(65), oportunidad en la cual relacionó las alteraciones emocionales y orgánicas que puede llegar el padecimiento de un estrés negativo.

En este orden de ideas, necesario resulta concluir que la muerte del señor Hugo Orlando Montes Beltrán no es imputable a la entidad demandada por cuanto el aneurisma cerebral que padeció y provocó el deceso no puede catalogarse, de acuerdo a la valoración pericial trascrita, como el vínculo causal que lo produjo y menos como una consecuencia necesaria de la privación de la libertad a la que se vio sometido, por lo que falta este presupuesto indispensable para proferir un juicio de responsabilidad en contra de alguna autoridad del Estado, lo anterior no implica que la Sala desconozca la existencia de alteraciones emocionales derivadas de una detención, pero dicho reconocimiento no apareja soportar la presencia de la relación de causalidad que avale el reconocimiento de perjuicios a favor de la parte actora, por ello dicha pretensión se niega, confirmando así, lo resuelto por la primera instancia.

6. Costas del proceso.

Finalmente, toda vez que, para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Decreto 1 de 1984,(66) modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas, tal como lo determinó el a quo en la sentencia de instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia proferida el 7 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así:

1. Declarar administrativa y patrimonialmente responsables a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Hugo Orlando Montes Beltrán.

2. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios morales el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la señora Liliana González, esposa de la víctima y el equivalente a Cincuenta (50) salarios mínimos para cada una de las hijas Liliana e Isabella Montes González.

3. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de lucro el valor de veintinueve millones setecientos trece mil setenta y nueve pesos ($ 29.713.079,00) que serán distribuidos en un (50%) para Liliana González y el otro (50%) para sus dos hijas (25%) para Liliana Montes y (25%) para Isabela Montes.

4. Condenar a la Fiscalía General de la Nación a pagar por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de diez y seis millones trescientos tres mil doscientos treinta y cinco pesos ($ 16.303.235) que serán distribuidos en un (50%) para Liliana González y el otro (50%) para sus dos hijas (25%) para Liliana Montes y (25%) para Isabella Montes.

5. Negar las demás pretensiones de la demanda.

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Decreto 1 de 1984(67) —Código Contencioso Administrativo—, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

7. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

8. Sin condena en costas.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(14) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, Expediente 2008 00009, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(15) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(16) Sentencia del 14 de febrero de 2002. Expediente 13.622. C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(17) Criterio reiterado por la Subsección en sentencia de 11 de agosto de 2011, Expediente 21801, así como por la Sección en auto de 19 de julio de 2010, Radicación 25000-23-26-000-2009-00236-01(37410), C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.

(18) Folio 205, cuaderno anexo 2.

(19) Folio 33, cuaderno anexo 2.

(20) En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del Expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrada Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.

(21) Dicho principio ha sido definido por la doctrina como:

“La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice Couture, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”

“Son características de esta regla las siguientes:

“(...) El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (negrillas adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, p. 106.

(22) Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.

(23) Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, Expediente 26.261. M.P. Alier Hernández Enríquez.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de abril de 2009, Expediente 32.800, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(25) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Expediente 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Expediente 16.925.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-583 del 13 de noviembre de 1997.

(27) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia fechada en julio 18 de 2002. Radicación: 85001-23-31-000-2000-0266-01(19700) y sentencia fechada en agosto 10 de 2000, Radicación 12648. M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras.

(28) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 23 de abril del 2009, Expediente 17160 y del 20 de mayo de ese mismo año, Expediente 16.925.

(29) Folio 192, cuaderno anexo 3.

(30) Folio 193, cuaderno anexo 3.

(31) Folio 194, cuaderno anexo 3.

(32) Folio 195, cuaderno anexo 3.

(33) Folio 196, cuaderno anexo 3.

(34) Folio 197, cuaderno anexo 3.

(35) Folio 30.

(36) Folio 116.

(37) Folio 118.

(38) Folio 274, cuaderno anexo 3.

(39) Folio 275, cuaderno anexo 3.

(40) Folio 278, cuaderno anexo 3.

(41) Folio 283, cuaderno anexo 3.

(42) Folio 291, cuaderno anexo 3.

(43) Folio 286, cuaderno anexo 3.

(44) Folio 298, cuaderno anexo 3.

(45) Folio 273.

(46) Folio 275.

(47) Folio 576, cuaderno anexo 3.

(48) Folio 579, cuaderno anexo 3.

(49) Folio 591, cuaderno anexo 3.

(50) Folio 599, cuaderno anexo 3.

(51) Folio 273.

(52) Folio 275.

(53) Folio 424, cuaderno anexo 3.

(54) Folio 424, cuaderno anexo 3.

(55) Folio 278, cuaderno anexo 3.

(56) Folio 286, cuaderno anexo 3.

(57) Folio 336, cuaderno anexo 3.

(58) Folio 421, cuaderno anexo 3.

(59) Folio 208, cuaderno anexo 2.

(60) Folio 286, cuaderno anexo 3.

(61) En sentencia del 7 de marzo de 1990, Expediente 5322, dijo la Sala: “Ha entendido la doctrina que si un crédito reajustado en función de la depreciación sufrida entre la fecha en que se causó la obligación y el pago, se le suman intereses corrientes bancarios, se originaría un enriquecimiento sin causa, porque, esta clase de intereses incluye un ‘plus’ destinado a recomponer el capital. No se excluyen entre si los rubros de devaluación e intereses puros puesto que tienen causas diferentes: los intereses buscan compensar el perjuicio sufrido por la privación temporal del uso del capital (lucro cesante), en tanto que la compensación por depreciación monetaria se dirige a mantener indemne el patrimonio del acreedor que sufriría menoscabo si recibiese como reparación el monto del daño originado en signo monetario envilecido (daño emergente). Se habla de intereses puros porque los bancarios corrientes llevan en su seno una parte que busca compensar la incidencia del fenómeno inflacionario. Por eso no sería equitativo evaluar y cobrar esta clase de intereses. De allí que comparte la Sala que si se realizan reajustes del crédito, el interés debe ser un interés puro exclusivamente retributivo del precio del uso del capital que es lo que ha dejado de ganar el acreedor por la falta de inversión de sus fondos excluyendo el plus del interés que tiene otra función. Toda indemnización debe ser integral y completa, de modo que compense para su acreedor el daño que se le produce con el no pago oportuno de la obligación. Así, debe comprender no solo el rendimiento que dejó de percibir, traducido ordinariamente en intereses, sino también la pérdida del valor adquisitivo de la moneda con la que pretende pagar. En este orden de ideas el equilibrio o la justeza de la indemnización debe mostrar esta o similar ecuación: indemnización debida igual a deuda en la fecha del perjuicio, más intereses hasta que el pago se efectúe, más devaluación”.

(62) Folio 12.

(63) Folio 445, cuaderno anexo 3.

(64) Folio 446, cuaderno anexo 3.

(65) Folio 507, cuaderno anexo 3.

(66) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor literal dispone:

“ART. 308.—Régimen de transición y vigencia. El presente código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.

Este código solo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

(67) Normatividad aplicable al asunto de la referencia por expresa disposición del artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.