Sentencia 2002-00830 de octubre 14 de 2010 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Rad.: 76001-23-31-000-2002-00830-01

Nº interno: 17221

Demandante: Juan Alberto Aristizabal Giraldo

Demandado: Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., catorce de octubre de dos mil diez.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos de la apelación interpuesta por la DIAN, decide la Sala si se ajustan a derecho los actos mediante los que la Administración de Impuestos de Palmira formuló liquidación oficial a la demandante. En esa liquidación, le determinó un mayor valor a pagar por impuesto sobre la renta por el año gravable 1996. En esos actos administrativos, la DIAN Palmira determinó el impuesto de renta en $57.565.000 que se liquidaron sobre ingresos presuntivos netos por $304.759.000. Adicionalmente, liquidó sanción por inexactitud al contribuyente Juan Alberto Aristizábal, por la suma de $92.104.000.

Con base en los hechos que se encuentren probados, le corresponde a esta corporación determinar (i) si la notificación de los actos demandados, surtida en la carrera 15 Nº 4-32 de Buga, se ajustó a derecho y si la declaración privada del demandante adquirió firmeza en el transcurso de la actuación administrativa; y (ii) si los actos demandados fueron expedidos por funcionario competente.

(i) De la notificación de los actos expedidos por la administración y de la firmeza de la declaración.

La notificación de las decisiones oficiales es un elemento esencial del derecho fundamental al debido proceso, pues, así se dan a conocer estas a los administrados para que puedan ejercer su derecho de defensa; a su vez, mientras los actos no se notifiquen, no producen efecto ni son oponibles a los destinatarios (CCA, art. 48)(4).

La forma de cumplir con la notificación debe ser adecuada a la finalidad de que el administrado conozca verdaderamente los actos administrativos y pueda ejercer los medios de defensa pertinentes(5).

El artículo 563 dispone que

“La notificación de las actuaciones de la administración tributaria deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta o de ingresos y patrimonio, según el caso, o mediante formato oficial de cambio de dirección; la antigua dirección continuará siendo válida durante los tres (3) meses siguientes, sin perjuicio de la validez de la nueva dirección informada”.

El artículo 565 del estatuto tributario, vigente para la ocurrencia de los hechos objeto de la demanda, disponía que, entre otros actos, los requerimientos y las liquidaciones oficiales debían notificarse por correo o personalmente. En cambio, las providencias que decidía los recursos se notificarían personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no comparecía dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

Conforme con el artículo 566 ibídem, también vigente para la ocurrencia de los hechos(6) la notificación por correo se practicaba mediante el envío del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente, y se entendía surtida en la fecha de introducción al correo.

Para la notificación personal, en cambio, conforme con el artículo 569 ibídem(7), se practica por funcionario de la autoridad tributaria local o delegada competente, en el domicilio del interesado, o en la oficina de Impuestos respectiva, en este último caso, cuando el interesado se presenta voluntariamente o cuando se lo cita para que acuda para tales efectos.

Ahora bien, el artículo 567 ibídem establece que “Cuando la liquidación de impuestos se hubiere enviado a una dirección distinta de la registrada o de la posteriormente informada por el contribuyente habrá lugar a corregir el error en cualquier tiempo enviándola a la dirección correcta”.

A contrario sensu, el artículo 568 del estatuto tributario, referido a las actuaciones de la Administración notificadas por correo que por cualquier otra razón a la prevista en el artículo 567 del estatuto tributario sean devueltas, dispuso que se deben notificar mediante aviso en un periódico de amplia circulación nacional.

En cuanto a la notificación por aviso, la Sala, en reiteradas oportunidades, ha considerado que esta procede cuando no ha sido posible establecer la dirección del contribuyente, es decir, cuando no se ha podido notificar por correo, como lo ordena el artículo 566 del estatuto tributario; por lo que, previamente, la administración debe tratar de obtenerla por medios tales como guías telefónicas, directorios y en general, de información oficial, comercial o bancaria. En otros términos, el aviso se publica después de realizar todas las diligencias posibles para ubicar al contribuyente(8).

Así mismo, la notificación por aviso es excepcional, pues, no es garantía suficiente de que a través de esta se logre el conocimiento efectivo de los actos administrativos; por tal razón, se repite, la administración debe agotar los medios que la ley le permite para garantizar plenamente el derecho de defensa de los contribuyentes que se puedan ver afectados con sus decisiones(9), cuando el contribuyente no ha informado la dirección o la administración no lo ha podido establecer.

De allí que se considere que la notificación por aviso contemplada por el artículo 568 del estatuto tributario, se sujeta a las reglas del artículo 563 ibídem, es decir, que la notificación “por medio de publicación en un diario de amplia circulación” procede “cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente”, porque éste no la haya informado, debiendo la administración establecerla, “mediante verificación directa, o mediante guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria”.

Teniendo en cuenta el marco normativo y de doctrina judicial expuesto, se procede a precisar los hechos que se encuentran probados en el proceso, en relación con el cargo que se analiza:

— El 26 de agosto de 1997, el señor Juan Alberto Aristizábal Giraldo presentó la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable 1996, en el municipio de Buga-Valle, en la que se registró como dirección la carrera 15 # 4-32 de esa ciudad(10).

— El 18 de febrero de 1999, la DIAN envió al contribuyente un oficio persuasivo, en el que lo invitó a acogerse al beneficio de Auditoría de que trata el artículo transitorio 111 de la Ley 488 de 1998(11).

— Mediante Auto 98 del 9 de junio de 1999, el señor Francisco Rodríguez fue comisionado por la DIAN para la práctica de una inspección tributaria en el domicilio del contribuyente Juan Alberto Aristizábal Giraldo(12). Este auto se intentó notificar por correo, según sello de constancia que figura en los folios 2 y 3 del auto de inspección tributario. También figura una copia del recorte en prensa del 16 de julio de 1999 que da cuenta de la notificación por aviso.

— El 14 de septiembre de 1999, el señor Francisco Rodríguez se dirigió a la Carrera 15 Nº 4-32 de Buga, con el fin de dar inicio a la inspección tributaria. Estando en esa dirección, le manifestaron “ que no conoce al Sr. Juan Alberto Aristizábal Giraldo, q’ (sic) el mencionado señor no ha tenido oficina en esa dirección y q’ (sic) por motivos de q’ (sic) en algún tiempo en este lugar se le elaboraba la declaración de renta, por tal motivo informaba esta dirección (...)”(13).

— El 24 de septiembre de 1999, la Administración Local de Impuestos de Palmira-Valle formuló requerimiento especial(14), en el que propuso modificar la declaración de renta presentada por el contribuyente, así:

“RG conceptosValor privadaValor propuesto
Total ingresos recibidos $134.176.000 $304.759.000
Ingresos no constitutivos Rta. 5.876.000 5.876.000
Total costos y deducciones 119.544.000 119.544.000
Renta líquida gravable 8.756.000 179.339.000
Impuesto a cargo 0 57.565.000
Total retenciones en 1996 0 0
Anticipo año gravable 1996 0 0
Anticipo año gravable 1997 0 0
Sanciones 91.000 92.104.000
Total saldo a pagar 91.000 149.669.000
Total saldo a favor   

(...)”.

— Conforme con la constancia de notificación por correo que figura al respaldo del folio 100 del expediente (sello de Adpostal), el requerimiento fue notificado por correo y figura una constancia que a mano alzada dice: “disconosido” (sic).

— Mediante oficio del 4 de octubre de 1999, la DIAN Palmira ordenó la notificación por aviso en prensa del requerimiento especial, puesto que había sido devuelto por correo(15).

— El 26 de noviembre de 1999, se publicó el aviso de notificación del requerimiento especial en el diario La República.

— El 11 de diciembre de 1999, ante la notaría 5ª de Medellín, el demandante presentó el escrito de respuesta al requerimiento especial(16).

— El 24 de agosto de 2000, la División de Liquidación de la Dirección Local de Impuestos de Palmira profirió la Liquidación Oficial de Revisión 900006, en la que se confirmaron los valores propuestos en el requerimiento especial. Esa liquidación se notificó a la Cra. 75 Nº 48B-80 de Medellín, conforme con la constancia de notificación (sello de la DIAN), en la que consta que se notificó el 24 de agosto de 2000, conforme con los artículos 565 y 566 del estatuto tributario En la constancia también figura el número 2850 que corresponden al número del envío de correspondencia.

— El 13 de octubre de 2000, el señor Juan Alberto Aristizábal interpuso recurso de reconsideración contra la mencionada liquidación(17).

— Mediante Resolución 900003, proferida el 7 de septiembre de 2001, la Administración de impuestos de Palmira confirmó en todas sus partes la liquidación oficial de revisión objeto de recurso de reconsideración. Esta resolución se notificó personalmente al demandante el 3 de octubre de 2001, según constancia de notificación que figura al respaldo del folio 242 del cuaderno de antecedentes.

Conforme con los hechos que aparecen probados, la Sala advierte que en el expediente está probado que la DIAN Palmira intentó la notificación por correo del requerimiento especial a la dirección informada en el municipio de Buga. En vista de que esa notificación fue devuelta por correo por una causal diferente a la de remisión a dirección incorrecta, hizo bien la entidad demandada en notificar por aviso. En consecuencia, está demostrado que no se configuró ninguna irregularidad en la notificación por aviso. Tan no se incurrió en ninguna irregularidad, y surtió efectos la notificación por aviso, que la demandante contestó el requerimiento especial y suministró una dirección procesal diferente a la que figuraba en la declaración de renta que se presentó en el municipio de Buga.

Por otra parte, también está probado en el expediente que la DIAN notificó por correo la liquidación oficial, a la dirección que suministró el demandante en la respuesta al requerimiento especial. Así mismo, que notificó personalmente la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. En consecuencia, está probado que no se configuró ninguna irregularidad. Prospera el cargo de la apelación de la DIAN.

Así las cosas, en ese aspecto procedimental se impone revocar la sentencia apelada, porque no asiste razón al a quo. No obstante, en aplicación de los artículos 170 del Código Contencioso Administrativo y 311 del Código de Procedimiento Civil, la Sala debe entrar a resolver los otros aspecto procedimentales que se plantearon en la demanda y que no fueron estudiados por el a quo, esto es, si la declaración privada se encuentra en firme, porque el requerimiento especial se notificó por fuera del plazo establecido en el artículo 714 del estatuto tributario y pese a que se decretó inspección tributaria, a juicio del demandante ésta no se practicó.

Pues bien, conforme con el artículo 714 del estatuto tributario la declaración tributaria quedará en firme, si dentro de los dos años siguientes a la fecha del vencimiento del plazo para declarar o de la presentación de la declaración en forma extemporánea, no se ha notificado requerimiento especial.

En el mismo sentido, el artículo 705 del estatuto tributario dispone que el requerimiento especial deberá notificarse a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para declarar y que cuando la declaración se presente en forma extemporánea, los dos años se contarán a partir de la de la fecha de presentación de la misma.

Por otra parte, el artículo 706 del estatuto tributario dispone que el término para notificar el requerimiento especial se suspende, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete, cuando se practica inspección tributaria de oficio.

Conforme se precisó anteriormente, el demandante tenía como plazo máximo para presentar la declaración de renta de 1996, el 24 de junio de 1997(18). Sin embargo, en el proceso está probado que la declaración de renta objeto de la liquidación oficial cuya nulidad se demanda, se presentó de manera extemporánea el 26 de agosto de 1997. En consecuencia, la declaración quedaba en firme el 26 de agosto de 1999, a menos de que se suspendiera ese término en razón a que se decretara inspección tributaria de oficio.

Pues bien, en el expediente está probado que mediante Auto 98 del 9 de junio de 1999, la DIAN Palmira decretó la práctica de la inspección tributaria en el domicilio que reportó el demandante en la declaración de renta que presentó en el Municipio de Buga. Ese auto se notificó en debida forma, pues se intentó la notificación por correo a la declaración que reportó el demandante, pero como se devolvió, se notificó por aviso el 16 de julio de 1999.

En el proceso se encuentra probado que el 14 de septiembre de 1999, el señor Francisco Rodríguez, funcionario comisionado de la DIAN(19) se dirigió a la carrera 15 Nº 4-32 de Buga, con el fin de dar inicio a la inspección tributaria. Que en esa dirección le manifestaron “que no conoce al Sr. Juan Alberto Aristizábal Giraldo, q’ (sic) el mencionado señor no ha tenido oficina en esa dirección y q’ (sic) por motivos de q’ (sic) en algún tiempo en este lugar se le elaboraba la declaración de renta, por tal motivo informaba esta dirección (...)”(20).

No obstante lo anterior, también está demostrado que la DIAN Palmira no limitó la inspección a la visita de verificación. En efecto, en el proceso también se encuentra probado que la DIAN Palmira, en desarrollo de la inspección tributaria recaudó prueba documental que daba cuenta de los movimientos financieros que el demandante ejecutó en sus cuentas bancarias(21).

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la inspección tributaria que se notificó el 16 de julio de 1999 suspendió el término para notificar el requerimiento especial por tres meses, esto es, hasta el 16 de octubre de 1999. Entonces, como desde el 26 de agosto de 1997 hasta el 16 de julio de 1999 había transcurrido 1 año, 10 meses y 20 días, a la DIAN le restaban 1 mes y 10 días para notificar el requerimiento especial. Ese plazo se vuelve a contar a partir del 16 de octubre de 1999. En ese orden de ideas, la DIAN Palmira tenía hasta el 26 de noviembre de 1999 para notificar el requerimiento especial. En el expediente está probado que el requerimiento especial se notificó, por aviso ese mismo día y, por ende, no se configuró la firmeza de la declaración. No prospera el cargo de la demanda.

(ii) De la falta de competencia de la administración local de impuestos de Palmira para expedir los actos acusados.

Conforme con el Decreto 1071 de 1999, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, y con patrimonio propio(22).

Dicha institución tiene como objeto garantizar la seguridad fiscal y el orden público económico nacional(23), y para el efecto, está facultada para administrar los impuestos del orden nacional y la gestión aduanera. Así mismo, está facultada para ejercer el control cambiario, en el ámbito de su competencia(24).

Al tenor del artículo 3º del Decreto-Ley 1071 de 1999 la jurisdicción territorial para ejercer la competencia que se le atribuyó a la DIAN abarca todo el territorio nacional, y su domicilio principal está en la ciudad de Bogotá.

Sin embargo, en virtud de la desconcentración administrativa(25), la competencia, en la actualidad, se ejerce en tres niveles: el central, el local y el delegado. Y se ejerce a través de las direcciones seccionales a las que corresponde una jurisdicción territorial determinada(26).

En ese contexto, para establecer si determinada autoridad tributaria local o delegada ejerció la competencia asignada en la jurisdicción territorial pertinente, es necesario acudir a las normas que, para la época de ocurrencia de los hechos, hacían el reparto de la competencia y de la jurisdicción.

Pues bien, para el 31 de mayo de 1999, fecha en que se profirió el auto de apertura de la investigación en el caso concreto, regía el Decreto-Ley 1693 de 1997, norma que, en esencia, consagraba lo mismo que preveía el Decreto-Ley 1071 de 1999(27) y, en la actualidad, el Decreto 4048 de 2008(28).

En efecto, el artículo 2º del Decreto 1693 de 1997 regulaba en similares términos lo correspondiente a la competencia, la jurisdicción y domicilio de la DIAN, así:

ART. 2º—Competencia, jurisdicción y domicilio. A la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones:

La administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas, los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.

Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones.

La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición.

Le compete igualmente actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera y de control cambios de competencia de la entidad.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las funciones de su competencia. Su jurisdicción comprende el territorio nacional y su domicilio principal es la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., y representará a la Nación para efectos de lo dispuesto en este decreto y de las demás normas que lo adicionen o modifiquen.

En concordancia con esta disposición, el Decreto 2300 de 1996, que reguló los lugares y plazos para la presentación de la declaración de renta por el año gravable 1996, durante el año 1997, dispuso que la presentación de las declaraciones debía hacerse en los bancos y demás entidades autorizadas, ubicadas en la jurisdicción de la administración de impuestos delegada, local o especial que corresponda a la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, según el caso.

A su vez, el literal b) del parágrafo 2 del mismo artículo 1º del Decreto 2300 de 1996 dispuso que la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en sus declaraciones tributarias, deberá corresponder, en el caso de declarantes que tengan la calidad de comerciantes y no sean personas jurídicas, al lugar que corresponda el asiento principal de sus negocios.

Adicionalmente, precisó que “Las administraciones de impuestos y aduanas nacionales y su respectiva jurisdicción se encuentran determinadas en la Resolución 7684 de diciembre 16 1996, sin perjuicio de las que la adicionen o modifiquen”.

La Resolución 7684 de 1996, en el numeral 2.1 del artículo 2º dispuso que “La jurisdicción para la administración de los impuestos de los contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes en general y demás personas domiciliadas en la respectiva jurisdicción, será el departamento en el cual se encuentre establecida la correspondiente administración”.

Con fundamento en esa misma resolución, el numeral 4.8 del artículo 4º disponía que la Administración delegada de Palmira, tenía jurisdicción entre otros municipios, en el de Buga y, el numeral 3.1 del artículo 3º disponía que la Administración Local de Impuestos y Aduanas de Medellín, la tendría en el territorio del departamento de Antioquia.

Lo dispuesto en esta resolución fue reiterado por la Resolución 3131 de diciembre 11 de 1997(29), vigente para la fecha en que profirió el auto de apertura de la investigación.

En el mismo sentido, para el año 1999, conforme con el artículo 563 del estatuto tributario(30), la dirección que se tomaba para notificar las actuaciones iniciadas por la DIAN era la reportada en la última declaración de renta, o la última que el contribuyente hubiere suministrado, mediante formato oficial de cambio de dirección(31).

Por lo tanto, para el caso de personas naturales que para el año 1996 tenían la calidad de comerciantes, el domicilio debía corresponder al lugar del asiento principal de sus negocios, sin perjuicio de que lo pudiera cambiar. En caso de que cambiaria el domicilio, las autoridades tributarias locales y delegadas debían atender el fuero personal del contribuyente, esto es, verificar el domicilio reportado en la última declaración de renta o en el registro tributario vigente para la época, domicilio que tenía validez para todos los efectos legales que debían surtirse ante la DIAN, especialmente, para efectos de ejercer la competencia funcional y territorial y, por supuesto, para garantizar el derecho de defensa del contribuyente.

En ese orden de ideas, y habida cuenta de que la jurisdicción y competencia para la fiscalización, liquidación y cobro se asignó en virtud del fuero del domicilio del contribuyente, corresponde definir quién debía ejercer la competencia funcional para formular la liquidación oficial sobre la declaración de renta que se presentó en la ciudad de Buga, cuando se alega que el domicilio, a la fecha de inicio de la investigación, se ubicaba en jurisdicción de otra administración tributaria.

Para la Sala, si bien, por regla general, el domicilio del contribuyente y el lugar en el que presentó la declaración deben coincidir, esa regla no se aplica cuando el contribuyente cambia de domicilio y el proceso de fiscalización se surte frente a declaraciones presentadas en el domicilio anterior, pues, en esos eventos, aún cuando la declaración de impuestos se haya presentado en determinada jurisdicción, si el contribuyente cumplió con el deber de informar, con veracidad, el domicilio y/o cualquier modificación de los datos de ubicación, la autoridad tributaria local con jurisdicción en el nuevo domicilio será la competente para iniciar el correspondiente proceso de fiscalización, así la declaración de impuesto sobre la que se surte la investigación se haya presentado en jurisdicción diferente.

No sucede lo mismo si el contribuyente incumple el deber de informar el cambio de domicilio o suministra datos falsos o equivocados, porque en esos eventos, la omisión, así como la inconsistencia o falsedad son atribuibles al contribuyente, más no a la autoridad tributaria.

Análisis del caso concreto.

Con fundamento en los hechos que se encuentran probados, la Sala considera que la administración local de impuestos de Palmira era la competente para iniciar el proceso de fiscalización en contra del demandante, por las siguientes razones:

En el sub examine se encuentra probado que existen dos declaraciones de renta a nombre del actor, por el periodo gravable de 1996, una, presentada en la ciudad de Buga-Valle, con fecha del 26 de agosto de 1997(32) y, otra, en la ciudad de Medellín, presentada en forma extemporánea, el 9 de diciembre de 1999(33).

Las dos declaraciones coinciden en que en ambas figura la misma rúbrica del que se dice ser el declarante(34) y ambas fueron presentadas sin pago.

Difieren en la dirección que se registró como dirección para notificaciones. Así mismo, en los ingresos declarados y en el impuesto a pagar.

En efecto, en tanto en la declaración que el demandante presentó en el año 1997 se reportó como domicilio la ciudad de Buga y los ingresos declarados ascienden a $134.176.000 y el impuesto a $91.000; en la declaración que presentó en el año 1999 consignó como domicilio la ciudad de Medellín y declaró ingresos por $1.212.950.000 e impuestos por $715.000.

También se encuentra probado que mediante auto de apertura Nº 150481999000805 del 31 de mayo de 1999, el jefe de la división de Control y Penalización Tributaria de la administración de impuestos de Palmira ordenó iniciar investigación, a solicitud del nivel central, a la demandante, por el año gravable 1996(35). Y se inició en esa administración, porque había una declaración presentada en el municipio de Buga en la que se reportaba como domicilio del demandante una dirección en ese municipio.

El demandante adujo que la declaración que se presentó en Buga, es una declaración que no surte efectos legales, puesto que se configuraron las causales de los literales a), c) y d) del artículo 580 estatuto tributario, porque esa declaración fue presentada en lugar diferente al que correspondía; sin los factores necesarios para indicar las bases gravables, y sin firma.

Para demostrar su dicho, el demandante, desde la respuesta al requerimiento especial, aportó como prueba lo siguiente:

— En el folio 90 del cuaderno de antecedentes se encuentra la certificación expedida por el Gerente de Bancolombia, suscrita en la ciudad de Medellín, el 17 de noviembre de 1999, en la que se certifica que el señor Juan Alberto Aristizábal Giraldo es cliente del Banco desde el 3 de agosto de 1992.

— En el folio 89 del cuaderno de antecedentes obra el documento titulado “Declaraciones, obligaciones, cláusulas de caducidad, terminación modificación e interpretación unilateral” Este documento no aparece suscrito por ninguna persona.

— En el folio 88 figura el documento titulado “Contrato de concesión de uso normal”, fechado el 17 de septiembre de 2006. Según ese documento, el objeto del contrato consistió en que las empresas varias municipales de Medellín entregan a título precario de concesión de uso normal y el concesionario lo recibe en el mismo título, el puesto 40 o galpón de 6.72 metros cuadrados, destinado a la instalación de una oficina en la Feria de Ganados de esa misma ciudad, ubicada en la Cra. 64C Nº 103 EE- 98 de Medellín. Conforme con la cláusula octava de ese contrato se establece como domicilio de las partes la ciudad de Medellín.

— En el folio 87 reposa el registro de la firma del demandante ante el Notario 21 del Circuito de Medellín, fechada del 19 de noviembre de 1999.

— En el folio 86 figura la declaración extrajuicio suscrita el 24 de noviembre de 1999 por los señores Jesús Antonio Mira Gómez y Óscar Alonso Velásquez Lema, que manifestaron lo siguiente:

“Que conocen en forma personal, de trato, vista y comunicación a Juan Alberto Aristizabal Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía 98.493.638 de Bello, por tal motivo les consta que él reside en la ciudad de Medellín, desde hace veinte (20) años y que desde esa fecha hasta el día de hoy, tiene sus negocios en esta ciudad en la Feria de Ganado”.

— En los folios 82 a 85 del expediente figuran formatos de declaraciones del impuesto de industria y comercio del municipio de Medellín, a cargo del demandante, con fechas de vencimiento de pago en mayo, julio, octubre y noviembre de 1996. Sólo la correspondiente al mes de mayo de 1996 figura con pago. Adicionalmente, en los cuatro formatos figura como dirección Carrera 64C Nº 103 EE- 98 de la ciudad de Medellín.

— En el folio 84 figura la declaración de renta que presentó el demandante sin pago, el 9 de diciembre de 1999.

— En los folios 80 a 70 figura la relación de compras y transporte de ganado que según el demandante hizo durante el año 1996. En ese reporte figura un listado de personas con su correspondiente número de identificación, los cheques que dan cuenta de la transacción y el valor de cada uno. También figura una relación denominada “Anexo a la declaración de renta por 1996”, en el que se discriminan y detallan los renglones de la declaración que presentó en Medellín y el cálculo de los ajustes por inflación que hizo por ese año.

Ahora bien, dentro de las pruebas que recaudó la DIAN Palmira se encuentran, además, los extractos bancarios del contribuyente de todo el año 1996, expedidos por el Bancolombia y dirigidos a la oficina Nº 5 La Feria de la ciudad de Medellín(36), a la oficina Nº 39 La Feria(37) y a la calle 49 Nº 74-51, todas las direcciones ubicadas en la ciudad de Medellín.

Analizadas las pruebas que aportó el demandante, y las que recaudó la DIAN Palmira, la Sala considera que son conducentes y pertinentes en cuanto permiten presumir que el asiento principal de los negocios del demandante era la ciudad de Medellín, en virtud de la presunción positiva del domicilio, según la cual, se presume el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable, para administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas.

Sin embargo, habida cuenta de que en el expediente no está probado que la firma que reposa en la declaración de renta que se presentó en el año 1997 no es la del demandante, pues coincide con la que figura en la prueba documental que reposa en el proceso, no es pertinente tener como no presentada esa declaración ni por falta de firma (E.T., art. 850 lit. d)), ni por haberse presentado en jurisdicción diferente a la que correspondía (E.T., art. 580 lit. a)). Mucho menos por no contener los factores de la base gravable (E.T., art. 580 lit. c)) porque esa declaración si contiene esos factores.

El demandante adujo que la declaración que se presentó en Buga la firmó un tercero sin su autorización. Sin embargo, las firmas que figuran en las dos declaraciones de renta, se reitera, corresponden al demandante y no hay prueba que permita inferir que la firma que figura en la declaración de renta presentada en el municipio de Buga es falsa. Es más, ni en vía administrativa ni en la judicial, el demandante tachó de falso ese documento. Su actividad probatoria se limitó a hacer afirmaciones sin prueba que la respalde, como se lo demanda el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Ahora bien, en cuanto a la declaración de renta que el demandante presentó en Medellín, el 9 de diciembre de 1999, la Sala considera que debe tratarse como una corrección a la declaración que se presentó en Buga, toda vez que el demandante no logró demostrar que ese denuncio no fue presentado por él.

En ese contexto, como se presume que la declaración de renta que el demandante presentó en Medellín corrige la declaración que presentó en Buga, para subir el impuesto, la Sala precisa que esa corrección debió presentarse, a más tardar, dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de la notificación del requerimiento especial.

Por lo tanto, habida cuenta de que el demandante tenía como plazo máximo para presentar la declaración de renta de 1996, el 24 de junio de 1997(38), el plazo para corregir vencía el 24 de junio de 1999 y, en todo caso, antes del 26 de noviembre de 1999, fecha en que se notificó por aviso el requerimiento especial.

Como el demandante presentó la declaración de renta en la ciudad de Medellín el 9 de diciembre de 1999, es evidente que esta es extemporánea y, por tanto, no surte efectos legales.

Ahora bien, definido lo anterior, la Sala también precisa que la dirección que el demandante reportó en la declaración de renta que presentó en el Municipio de Buga era la válida para todos los efectos legales y, por tanto, facultaba a la administración de impuestos de Palmira para iniciar el proceso de fiscalización correspondiente sobre esa declaración.

El hecho de que en el expediente reposen pruebas que permitan presumir, que el domicilio del demandante era Medellín; en vista de que su deber tributario consistía en presentar la declaración en tiempo, en la jurisdicción correspondiente y, además, mantener informada a la administración de impuestos sobre su ubicación, es pertinente presumir la mala fe del demandante por ignorar el cumplimiento de la ley e invocar los hechos que demuestran ese incumplimiento, a su favor, en detrimento del erario y en claro desconocimiento de su deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad (C.P., art. 95 num. 9).

El artículo 768 del Código Civil dispone que el error en materia de derecho constituye presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario.

La Corte Constitucional, al analizar la constitucional del artículo 768, en sentencia C-544 de 1999, precisó que “La vigencia del orden jurídico implica la exigencia de que nadie eluda el cumplimiento de la ley so pretexto de ignorarla”.

Además, en sentencia C-690 de 1996 también dijo que “(...) en general es razonable suponer que ha actuado de manera dolosa o negligente quien ha incumplido un deber tributario (...), por cuanto resulta considerar que la prueba del hecho (...) es un indicio muy claro de responsabiliad de la persona. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la tributación es un deber esencial para que el Estado pueda cumplir sus fines, probado el incumplimiento de la obligación es admisible que la ley presuma que la actuación del contribuyente ha sido culpable, esto es dolosa o negligente”.

Por lo expuesto, como en la demanda la parte actora confesó y aportó pruebas que permiten presumir que su domicilio se ubica en Medellín, la inconsistencia que el contribuyente dejó en evidencia y sin aclarar no es imputable a la Administración, sino al mismo contribuyente. Con mayor razón, si en el proceso obra prueba de que el demandante utilizaba la Cra. 15 Nº 4-32 de Buga para que le hicieran las declaraciones de renta. De tal hecho da cuenta el testimonio de la señora señora Luz Dary Arias que declaró ante el comisionado de la DIAN y que el demandante nunca controvirtió. Por el contrario, admite que fue un tercero conocido suyo el que presentó por él, la declaración de renta en el municipio de Buga.

En consecuencia, el cargo de la demanda que no fue resuelto por el tribunal a quo, no prospera.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 11 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Juan Alberto Aristizábal Giraldo, contra la DIAN. En su lugar dispone:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

RECONÓCESE personería a María Helena Caviedes Camargo como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Héctor J. Romero Díaz. Bogotá, D.C., veintiséis (26) de noviembre de dos mil nueve (2009). Radicación: 19001-23-31-000-2005-00790-01(17295). Actor: Concretos de Occidente S.A. Demandado: La DIAN.

(5) Ídem.

(6) ART. 566.—(Aparte tachado Inexequible). La notificación por correo se practicará mediante envío de una copia del acto correspondiente a la dirección informada por el contribuyente y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo. Sentencia C-096 de 2001.

(7) ART. 569.—Notificación personal. La notificación personal se practicará por funcionario de la administración, en el domicilio del interesado, o en la oficina de Impuestos respectiva, en este último caso, cuando quien deba notificarse se presente a recibirla voluntariamente, o se hubiere solicitado su comparecencia mediante citación.

El funcionario encargado de hacer la notificación pondrá en conocimiento del interesado la providencia respectiva, entregándole un ejemplar. A continuación de dicha providencia, se hará constar la fecha de la respectiva entrega.

(8) Ídem 4. Ver también: Sentencias de 21 de febrero de 1997, expediente 8125. M.P. Consuelo Sarria Olcos, 16 de marzo de 2001, expediente 11628, 6 de diciembre de 2006, expediente 15889, M.P. Juan Ángel Palacio, 3 de octubre de 2002, expediente 12917, M.P. María Inés Ortiz.

(9) Ídem 4. Ver también: sentencia de 23 de noviembre de 2001, M.P. Ligia López Díaz, expediente 12451.

(10) Folio 84 c. a.

(11) Folio 4 c. p.

(12) Folio 56 c. a.

(13) Folio 56 ibíd.

(14) Folios 4-8 c. p.

(15) Folio 68 c. a.

(16) Folios 70 a 98.

(17) Folios 95 a 135.

(18) Artículo 11 del Decreto 2300 de 1996.

(19) En el expediente se encuentra probado que mediante Auto 98 del 9 de junio de 1999, notificado el 16 de junio de 1999, mediante aviso, el señor Francisco Rodríguez fue comisionado por la DIAN para la práctica de una inspección tributaria en el domicilio del contribuyente Juan Alberto Aristizábal Giraldo, folio 56 c. a.

(20) Folio 56 ibíd.

(21) Folios 19 a 54 c. a.

(22) ART. 1º—Naturaleza y régimen jurídico de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, estará organizada como una unidad administrativa especial del orden nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

(23) ART. 4º—Objetivo de la entidad. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, tiene como objeto coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

(24) Artículo 5º del Decreto 1071 de 1999. En la actualidad, artículo 1º del Decreto 4048 de 2008.

(25) “Artículo 8º de la Ley 489 de 1998. La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones (...)”.

(26) Resolución 7 de 2008 de la DIAN.

(27) ART. 5º—A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones: La administración de los impuestos de renta y complementarios de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de Aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.

Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones.

La administración de impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición.

Le compete igualmente actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera, y de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las funciones de su competencia.

(28) ART. 1º—Competencia. A la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales le competen las siguientes funciones: la administración de los impuestos de renta y complementarios, de timbre nacional y sobre las ventas; los derechos de aduana y los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado, bien se trate de impuestos internos o al comercio exterior; así como la dirección y administración de la gestión aduanera, incluyendo la aprehensión, decomiso o declaración en abandono a favor de la Nación de mercancías y su administración y disposición.

Igualmente, le corresponde el control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones.

La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras.

La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y apoyo a las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición, así como la administración y control de los sistemas especiales de importación-exportación, zonas francas, zonas económicas especiales de exportación y las sociedades de comercialización internacional, de conformidad con la política que formule el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la materia, para estos últimos, con excepción de los contratos relacionados con las zonas francas.

Le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materia tributaria, aduanera, de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia, así como los atinentes a los sistemas especiales de importación-exportación, zonas francas, zonas económicas especiales de exportación y las sociedades de comercialización internacional.

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales desarrollará todas las actuaciones administrativas necesarias para cumplir con las funciones de su competencia.

(29) Esta resolución fue sustituida por la Resolución 5632 del 19 de julio de 1999, en virtud de que fue proferido el Decreto 1071 de 1999 y el Decreto 1265 del mismo año.

La Resolución 3131 de 1997 dispuso en el artículo 1º: ART. 1º—Jurisdicción y competencia. Corresponde a la Dirección de Impuestos la administración de los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, de timbre nacional y de los demás impuestos internos del orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado; la recaudación, devolución y el cobro de los derechos de aduana, de las sanciones y demás impuestos al comercio exterior, y de las sanciones cambiarias, de acuerdo con el siguiente marco de competencias:

a) La competencia para la administración de los impuestos será ejercida por la administración con jurisdicción sobre el territorio donde se encuentren domiciliados los contribuyentes, responsables, agentes de retención, declarantes en general y terceros, de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución y comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, sanción, discusión, cobro, devolución y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Adicionalmente, en el artículo 3º dispuso: “ART. 3º—Jurisdicción de las administraciones locales de impuestos nacionales.

(...) b) La jurisdicción de la administración de impuestos nacionales de Medellín, comprende el territorio del departamento Antioquia y además el municipio de Puerto Olaya en el departamento de Santander;

c) (...).

d) La jurisdicción de la administración de impuestos nacionales de Cali comprende el territorio del departamento del Valle del Cauca, excepto los municipios de la jurisdicción de las administraciones de impuestos de Palmira y de Tuluá; y el departamento del Putumayo;

e) La jurisdicción de la administración de impuestos nacionales de Palmira comprende los municipios de Palmira, Buga, Cerrito, Guacarí, Candelaria, Pradera, Florida y Ginebra;

(30) sin las modificaciones tácitas que deben entenderse hechas a esta disposición a partir de la entrada en vigencia de la Ley 863 de 2003.

(31) Formato que actualmente se entiende sustituido por el RUT que se puede actualizar acudiendo directamente a la DIAN o a través de los servicios informáticos electrónicos que presta la institución en la página web.

(32) Folio 17 c. a.

(33) Folio 151 c. a.

(34) En la declaración que se presentó en Medellín también figura la rúbrica del contador.

(35) Folio 1 c. a.

(36) Folios 41-52 c. a.

(37) Folios 38-40 c. a.

(38) Artículo 11 del Decreto 2300 de 1996.