Sentencia 2002-00839 de marzo 19 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 25000-23-24-000-2002-00839-01

Ref.: Apelación sentencia

Consejera Ponente:

Dr. Martha Sofía Sanz Tobón

Actor: José Pérez T. y Cía. S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo del dos mil nueve.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Como quiera que la recurrente insiste únicamente en que debe declararse la prescripción de la acción sancionatoria, lo cual significa que se encuentra de acuerdo con los demás razonamientos del tribunal, la Sala circunscribirá su análisis a dicho cargo, no sin antes mencionar que esta sección en anterior oportunidad se pronunció sobre el hecho de que en materia de infracciones cambiarias basta que dentro del término legal previsto para el efecto se expida la resolución sancionatoria y no así la que resuelve el recurso de reposición (1) :

“Pues bien, en anteriores oportunidades el consejero ponente de esta providencia sostuvo la tesis de que bajo el imperio del artículo 6º del Decreto 1746 de 1991 el acto definitivo y la decisión de los recursos, debidamente notificada, debía realizarse dentro del término previsto en dicho artículo, pues consideró que la decisión de los recursos de la vía gubernativa se integraba a la decisión definitiva.

“No obstante lo anterior, con base en el Decreto 1092 de junio 21 de 1996, ‘por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales’, cuyo artículo 4º estableció que, ‘prescripción de la acción sancionatoria. La imposición de sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un pliego de cargos a los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción. En las infracciones continuadas el anterior término se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción. Dentro del año siguiente al vencimiento del término de respuesta al pliego de cargos, deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. La prescripción podrá decretarse de oficio o a solicitud del investigado’, se rectifica la posición asumida, en el sentido de que en realidad en materia de infracciones cambiarias el espíritu del legislador fue el de distinguir entre la producción de la resolución que sanciona, debidamente notificada, y la resolución de los recursos propios de ese procedimiento administrativo, lo cual significa que basta que dentro del término de caducidad legalmente previsto se profiera y se notifique el acto sancionatorio, sin que dentro del mismo se tengan que proferir, necesariamente, los actos con los cuales se agota la vía gubernativa.

“Si bien el procedimiento contenido en el Decreto 1746 de 1991 se aplicaba tanto a las infracciones cambiarias de las que conoce la DIAN, así como a las que conoce la Superintendencia de Sociedades, la Sala aclara que con la entrada en vigencia del Decreto 1092 de 1996 el primero de los citados solo se aplica a quienes cometan las infracciones cambiarias cuyo conocimiento le compete a la Superintendencia de Sociedades, en tanto que el último se aplica a quienes incurran en las infracciones cambiarias cuyo conocimiento corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

A lo anterior, la Sala añade que tal posición encuentra pleno respaldo en los artículos 25, 26 y 28 del Decreto 1092 de 1996, que establecen:

“ART. 25.—Recurso contra la resolución sancionatoria. Contra la resolución que imponga la multa procederá únicamente el recurso de reposición ante la división jurídica de la administración de Impuestos y Aduanas Nacionales o la dependencia que haga sus veces o ante la división de análisis, supervisión y control de la subdirección jurídica, según corresponda por competencia, dentro del mes siguiente a su notificación.

“PAR.—El funcionario que reciba el memorial del recurso, dejará constancia escrita de la fecha de presentación, la identidad y calidad de quien lo presenta”.

“ART. 26.—Término para resolver el recurso. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá siete (7) meses para expedir y notificar la resolución que resuelva el recurso de reposición contra la resolución sancionatoria, contados a partir del día siguiente a su interposición en debida forma.

“Contra la resolución que rechace el recurso de reposición no procederá recurso alguno”.

“ART. 28.—Silencio administrativo. Si transcurre el término previsto en el primer inciso del artículo 26 sin que se expida y notifique el acto que decida de fondo el recurso de reposición, se entenderá fallado a favor del recurrente, en cuyo caso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así lo declarará a de oficio o a petición de parte”.

De la anterior normativa no solo se desprende que dentro del término previsto en el artículo 4º del Decreto 1092 de 1996 es suficiente que se expida la resolución sancionatoria, sino, además, que la DIAN cuenta con siete meses para resolver el recurso de reposición contra aquella interpuesto y que, de no hacerlo en dicho término, opera el silencio administrativo positivo.

Precisado lo anterior, es pertinente la remisión al Decreto 1092 de 1996 “Por el cual se establece el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN”, el cual no se discute por las partes es el aplicable al asunto controvertido, cuyos artículos 4º, 5º, 10 y 20 preceptúan:

“ART. 4º—Prescripción de la acción sancionatoria. La imposición de sanciones cambiarias requiere la formulación previa de un pliego de cargos a los presuntos infractores, el cual deberá notificarse dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción.

“En las infracciones continuadas el anterior término se contará a partir de la ocurrencia del último hecho constitutivo de la infracción.

“Dentro del año siguiente al vencimiento del término de respuesta al pliego de cargos, deberá expedirse y notificarse la resolución sancionatoria, previa la práctica de las pruebas a que hubiere lugar.

“La prescripción podrá decretarse de oficio a solicitud del investigado”.

“ART. 5º—Suspensión de términos. El término previsto para expedir y notificar la resolución sancionatoria, se suspenderá en los siguientes casos:

“a) Cuando se presente alguna de las causales de recusación o impedimento establecidas en el Código Contencioso Administrativo y en el Código de Procedimiento Civil, respecto de alguno de los funcionarios que deban realizar diligencias investigativas, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas dentro del procedimiento administrativo cambiario.

“El término de suspensión en este evento será igual al que se requiera para agotar el trámite de la recusación o impedimento, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo;

“b) Cuando se surta el periodo probatorio de que trata el artículo 22 de este decreto, la suspensión se contará a partir de la ejecutoria del acto que resuelva sobre las pruebas solicitadas o decretadas de oficio, y por el término que se señale para el efecto en el acto de pruebas”.

“ART. 10.—Formulación de cargos. Si la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales considera que los hechos investigados constituyen posible infracción cambiaria, a través de sus dependencias competentes formulará los cargos correspondientes a los posibles infractores mediante acto administrativo motivado, contra el cual no procede recurso alguno.

“El acto de formulación de cargos al que se refiere el inciso anterior deberá contener una relación de los hechos constitutivos de las posibles infracciones cambiarias, las pruebas allegadas, las normas que se estiman infringidas, el análisis de las operaciones investigadas frente a las disposiciones aplicables, y una liquidación en moneda legal colombiana de las operaciones objeto de los cargos, a la tasa de cambio representativa del mercado vigente en la fecha de ocurrencia de los hechos. Sobre esta liquidación se aplicará el porcentaje de multa que corresponda proponer, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del presente decreto, señalando la posibilidad de allanarse a los cargos en los términos y condiciones del artículo 21 de este decreto.

“ART. 20.—Término de traslado del acto de formulación de cargos. El término de traslados a los presuntos infractores será de dos (2) meses, contados a partir del día siguiente a la notificación del acto de formulación de cargos, conforme al artículo 14 del presente decreto. Durante este término se pondrá a disposición de los presuntos infractores el expediente o su copia, en las dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

“El traslado es la única oportunidad en que las presuntos infractores pueden presentar los descargos que consideren pertinentes. Durante este término podrán solicitar la práctica de pruebas, aportarlas u objetar las obtenidas antes de la formulación de cargos”.

Para efectos de establecer si operó la prescripción de la acción sancionatoria contra la demandante, debe determinarse si el pliego de cargos formulado podía o no ser corregido por la DIAN y en caso afirmativo, si se hizo dentro del término para ello.

Consta en los antecedentes administrativos que el pliego de cargos 24660 del 30 de noviembre de 2000 fue notificado a la actora por correo certificado el 5 de diciembre del mismo año y según planilla 1849 fue recibido el 6 de diciembre del 2000.

En dicho pliego de cargos se propuso a la actora una multa de $ 23’409.540.00 por informar extemporáneamente el endeudamiento externo y se le corrió traslado por el término de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación (D. 1092/96, art. 20), es decir, que el término corrió entre el 7 de diciembre del 2000 y el 7 de febrero del 2001.

Como quiera que el pliego de cargos no fue respondido, se tiene que no hubo etapa probatoria que suspendiera los términos y, por ende, en principio, la DIAN tenía hasta el 8 de febrero de 2002 para proferir y notificar la resolución sancionatoria.

Sin embargo, mediante la Resolución 03-073-657 del 10 de septiembre del 2001 la DIAN corrigió el pliego de cargos en el sentido de modificar la cuantía de la multa, pues la fijó en $ 20.800.00; indicar que el salario mínimo mensual vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos corresponde a $ 260.100.00 y no a $ 260.106.00, que fue el que tuvo como base para liquidar la multa en el pliego de cargos inicial; y correr traslado a la interesada por el término de dos meses para que presentara sus descargos, solicitara pruebas o se allanara en forma expresa y total a los cargos formulados.

Obra en los antecedentes administrativos que la citada resolución, que corrigió el pliego de cargos inicial, fue notificada el 19 de septiembre del 2001, por lo que la Sala destaca que lo aquí importante es determinar si la resolución que corrigió el pliego de cargos fue notificada dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que ocurrieron los hechos constitutivos de infracción, como lo exige el artículo 4º del Decreto 1092 de 1996, pues de ser así, a juicio de esta corporación, nada impedía a la DIAN enmendar los errores en que incurrió, independientemente de que el citado Decreto 1092 no contemple expresamente tal situación, si se tiene en cuenta que el pliego de cargos es un acto de trámite, no susceptible de recurso alguno, como lo dispone expresamente el artículo 10 de la normativa en cita.

Dicha resolución que corrigió el pliego de cargos contiene el “cuadro 2” (2) , en el que se dejó dicho que el plazo máximo para que la demandante presentara el informe sobre el endeudamiento externo venció, en relación con todos los registros de importación (15484, 114359 y 10690), el 12 de febrero de 1999, luego a partir del día siguiente la actora incurrió en la infracción que fue finalmente objeto de sanción y, por ende, los tres años dentro de los cuales debió proferirse y notificarse dicha resolución de corrección estaban comprendidos entre el 13 de febrero de 1999 y el 13 de febrero de 2002.

Como quiera que la notificación de la Resolución 03-073-657 del 10 de septiembre del 2001 se efectuó a la demandante el 19 de septiembre del mismo mes y año, es evidente que se hizo dentro del término legal y, por tanto, los dos meses dentro de los cuales se corrió traslado a la interesada se cuentan desde el 20 de septiembre y hasta el 20 de noviembre del 2001, fecha esta última a partir de la cual corre el término de un año para proferir la resolución sancionatoria, dado que no se presentaron descargos, el cual venció, entonces, el 21 de noviembre del 2002.

Al haber sido expedida la resolución sancionatoria el 7 de febrero de 2002 y notificada el 13 del mismo mes y año, no cabe duda alguna para la Sala que no operó el fenómeno de la prescripción de la acción cambiaria pues, se reitera, la DIAN tenía hasta el 13 de febrero para expedir y notificar el pliego de cargos y lo hizo, respectivamente, el 10 y 19 de septiembre de 2001; y para expedir y notificar la resolución sancionatoria tenía hasta el 21 de noviembre del 2002 y lo hizo, como ya se dijo, en su orden, el 7 y el 13 de febrero de 2002.

En consecuencia, se confirmará la sentencia proferida por el sentenciador de primera instancia, pero por las razones contenidas en la presente providencia, no sin antes aclarar que, como se vio, en este caso no hubo suspensión de términos, ya que el pliego de cargos fue expedido y notificado dentro de los tres años de que trata el artículo 4º del Decreto 1909 de 1992, sin interrupción alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 10 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

Copíese, notifíquese, cominíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la fecha».

(1) Sentencia del 5 de junio de 2003, Expediente 8386, actora, Japan Latinoamerican Investiment Corporation N.V., C.P. Manuel S. Urueta Ayola.

(2) Folio 37 del cuaderno de antecedentes administrativos.

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