Sentencia 2002-00842/37287 de junio 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA - SUBSECCION C

Rad.: 41001-23-31-000-2002-00842-01(37287)

Consejero ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E)

Actor: German Godoy Calderón y otros

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa

Demandado: Rama judicial - Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional

Bogotá, D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.

Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que concedió las pretensiones de la demanda por encontrarse acreditada culpa exclusiva de la víctima, como hecho exoneratorio de responsabilidad del Estado. / Restrictor: La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de actos ejecutados por la administración de Justicia —Los presupuestos generales para configurar la responsabilidad Estatal.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y las demandadas Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación(1), contra la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila el 1 de junio de 2009, mediante la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda.

En demanda presentada el 12 de julio de 2002(2) contra la Nación- Rama Judicial- Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, Germán Godoy Calderón y su esposa Emerith Chavarro Bermeo, actuando en nombre propio y de sus menores hijos Diana Marcela y Liseth Ximena Godoy Chavarro y Elena Calderón de Godoy, Rosalba Godoy Calderón, Isabel Cristina Godoy Calderón, Francisco Godoy Calderón y Jesús Antonio Godoy Calderón en calidad de madre y hermanos del primero, respectivamente, mayores de edad, solicitaron que se declarara que los demandados son responsables de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad padecida por Germán Godoy Calderón y que en consecuencia sean condenados al pago de perjuicios morales, los cuales estimaron en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los prenombrados; perjuicios por alteración en las condiciones de existencia para la víctima directa, su esposa e hijos, valorados en 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y perjuicios materiales para el señor Godoy Calderón por concepto de daño emergente y lucro cesante, estimados cada uno en $ 30’000.000.

2. Los hechos en que se fundan las pretensiones.

El 14 de agosto de 1998, sin mediar orden de autoridad competente, fue capturado el señor Germán Godoy Calderón por Unidades de la Sección Segunda de la Novena Brigada con sede en Neiva, en desarrollo de una captura administrativa, motivo por el cual luego de su aprehensión, el demandante fue conducido a las instalaciones de dicha brigada, sitio donde luego de rendir interrogatorio fue entregado a la autoridad competente al día siguiente.

El 15 de agosto de 1998, en las instalaciones de la Novena Brigada se ofreció una rueda de prensa en la que el actor fue presentado como el jefe de finanzas del Bloque Sur de las FARC, determinador y autor material de varias masacres y afirmándose por parte del Ejército Nacional que con dicha aprehensión se había asestado un duro golpe a dicho grupo al margen de la ley, noticia que fue difundida en medios de comunicación nacionales e internacionales, pues incluso, en un artículo de prensa del 31 de agosto de 1998 publicado por el periódico El Tiempo, se señaló con nombre y fotografía a Germán Godoy Calderón como integrante del Estado Mayor del Bloque Sur de las FARC y un potencial canjeable, afirmándose que la fuente de dicha información fueron los archivos de los organismos de inteligencia del Estado.

Ese mismo 15 de agosto de 1998, la Fiscalía Regional Delegada ante las Unidades Investigativas de Neiva profirió resolución de apertura de instrucción contra Germán Godoy Calderón por el delito de rebelión, vinculándolo mediante indagatoria y librando boleta de encarcelación en su contra.

El 19 agosto de 1998, el defensor del demandante solicitó su libertad inmediata por las irregularidades en el procedimiento de captura, sin obtener respuesta alguna, por lo que el 2 de septiembre siguiente reiteró su petición adjuntando una serie de documentos que demostraban los antecedentes personales, laborales y familiares del señor Godoy Calderón, requiriendo además el decreto de preclusión de la investigación.

El 4 de septiembre de 1998, la Fiscalía Regional de Santafé de Bogotá resolvió la situación jurídica provisional de Germán Godoy Calderón, dictando medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, decisión que fue impugnada por el defensor de aquél y confirmada por el Tribunal Nacional de Santafé de Bogotá el 30 de diciembre de 1998.

El 12 de abril de 1999, el defensor del señor Godoy Calderón interpeló la concesión de la libertad provisional de este por vencimiento de términos para calificar, la cual fue despachada favorablemente el 15 de abril; no obstante, al día siguiente la Fiscalía procedió a calificar el mérito del sumario profiriendo resolución de acusación contra el demandante, revocando la libertad provisional otorgada.

El 3 de diciembre de 1999, el apoderado del actor solicitó la concesión de detención domiciliaría para su representado, por lo que el 9 de diciembre siguiente, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva ordenó la sustitución de la detención preventiva por la prisión domiciliaria, a favor de Germán Godoy Calderón.

Nuevamente, ante el vencimiento de términos, esta vez para la celebración de la audiencia pública, el defensor del demandante requirió la concesión de la libertad provisional para este, petición que fue acogida favorablemente por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva.

El 22 de agosto de 2000, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva absolvió al señor Germán Godoy Calderón por el delito de rebelión, ordenando su libertad incondicional; decisión que no fue impugnada por las partes, cobrando ejecutoria el 4 de septiembre de ese mismo año.

En ese orden de ideas, el libelista manifestó en su demanda que la privación de la libertad que padeció Germán Godoy Cárdenas fue injusta y que este fue sometido “al escarnio público, a la censura social y a la pérdida de su honra como la de su familia, motivada por la gran trascendencia y repercusión social que estos hechos acarrearon por el despliegue que a nivel de medios de comunicación regional y nacional se le dio a su captura”.

3. El trámite procesal.

Admitida la demanda(3) y notificados los demandados de la existencia del proceso, estos, a excepción de la Nación – Fiscalía General de la Nación, le dieron respuesta al escrito demandatorio(4) y pidieron las pruebas que consideraron necesarias.

Decretadas y practicadas las pruebas(5), se corrió traslado para alegar(6), oportunidad que aprovecharon las partes, a excepción de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército- Nacional, que guardaron silencio.

II. La sentencia del tribunal

La Sala del Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 1º de junio de 2009(7), decidió acceder a las súplicas de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:

Para cimentar su decisión, el a quo señaló que si bien la responsabilidad en los eventos de privación injusta de la libertad es objetiva, no podía dejar de lado las ostensibles irregularidades que se presentaron en el trascurso del proceso penal que soportó el demandante, indicando que este fue aprehendido por el Ejército Nacional bajo la figura de captura administrativa, de que trata el inciso segundo del artículo 28 de la Constitución Política, sin que los miembros de dicho ente observaran ninguno de los elementos señalados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-024/94 para que proceda(8) y que tampoco fue verificada su legalidad por funcionario judicial competente, según se puso de presente en la sentencia absolutoria.

Precisó entonces que el daño era imputable en forma conjunta a las tres entidades demandadas, “pues hubo de su parte omisiones en la verificación de los elementos de prueba que sirvieron de fundamento para capturar al señor Germán Godoy Calderón”, pero que “en criterios de equidad, por las circunstancias que rodearon la detención, corresponderá al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación mayor responsabilidad y a la Rama Judicial un menor grado, los cuales se verán reflejados al momento de condenar al pago de los valores que resulten de la cuantificación del daño”.

III. Los recursos de apelación

Contra lo así decidido se alzaron la parte demandante(9) y la demandada(10), concretamente la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en las siguientes razones(11).

La Nación – Rama Judicial, expuso que el actor tenía la carga de soportar la investigación penal adelantada en su contra, por lo que “mal puede pretender obtener indemnización de parte de la Nación, por hechos ajustados a derecho y permitidos por la Constitución y la Ley; lo que él pretende hacer ver como defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, no se refleja en modo alguno, pues lo que realmente existe son providencias ajustadas a derecho”.

Agregó que si bien en los casos de privaciones injustas de la libertad es aplicable un régimen de responsabilidad objetivo, en este asunto no se presentaron ninguna de las tres situaciones planteadas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, pues el demandante fue absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo y al momento de formularse la acusación, se satisficieron los requisitos exigidos por la ley para ello.

La Nación – Fiscalía General de la Nación, acotó que la investigación y las medidas impuestas al demandante fueron cargas que debía soportar, por cuanto las mismas no fueron producto de una actuación judicial injustificada, ilegal o caprichosa de la administración de justicia, sino una investigación cuyo adelantamiento le correspondía a la Fiscalía, conforme mandato constitucional.

Aseveró que la absolución del demandante fue producto de la aplicación del principio de favorabilidad (sic), pero no por la inactividad probatoria de la Fiscalía o que se haya demostrado que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o lo investigado no comportaba conducta punible, por lo que la detención del actor no devino en injusta y el daño que padeció no revistió carácter antijurídico.

Solicitó también que de ser confirmado el fallo de primera instancia, se reconsidere el valor impuesto como condena por perjuicios morales reconocidos a los hermanos de Germán Godoy Calderón, resaltando que según la jurisprudencia nacional, estos se presumen únicamente tratándose de padres, hijos, cónyuge y hermanos menores, ya que respecto a los mayores, se requiere la demostración plena de la relación afectiva que existía entre estos y la víctima.

De otro lado, la parte demandante solicitó el aumento del monto de perjuicios morales decretados, indicando que lo concedido en primera instancia contravía el principio de reparación integral y no obedecieron al dolor padecido por la víctima directa y su familia.

En cuanto al no reconocimiento de los perjuicios por alteración en las condiciones de existencia o daño a la vida de relación, aseveró que sí se presentó en este asunto, ya que debido a la privación injusta de la libertad sufrida por Germán Godoy Calderón, este “quedó estigmatizado y señalado públicamente como subversivo y homicida” y pese a que se profirió sentencia absolutoria a su favor, se ubicaron al demandante y su familia como sujetos pasivos de la subversión que aqueja al país y no ha podido continuar desempeñándose laboralmente como administrador de obras civiles, mermándose sus recursos económicos para sostener a su familia, todo esto como consecuencia de la difusión de noticias que lo señalaban como jefe guerrillero, no compartiendo la apreciación del a quo, que no accedió a su reconocimiento aludiendo a que las publicación de noticias como la referida no tienen la fuerza suficiente para causar daño a la vida de relación.

Se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para presentar alegatos(12), guardando todos silencio, a excepción de la parte demandante.

No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada antepuestas las siguientes

V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(13).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(14) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(15).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(16).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan estas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(17).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(18)(19), eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(20).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado social de derecho la privación de la libertad solo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libegrtad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio. 

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”. 

Bajo la anterior óptica la Sala estudiará el asunto, previo análisis del material probatorio.

4. Culpa exclusiva de la víctima.

Pese a lo anterior, no debe olvidarse que aún en estos eventos en que se tiene por probado el daño antijurídico y se constata que el mismo es imputable de manera objetiva a la entidad demandada; previamente a condenar se debe examinar si no existe culpa exclusiva o concurrente de la víctima de la privación injusta, en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Previamente a verificar la existencia o no de esta causal de exoneración de responsabilidad del Estado, la Sala estima necesario examinar los precedentes constitucionales y de la Jurisdicción contencioso administrativa, en relación con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

A propósito de esta disposición, lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 fue lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (art. 95-7 CP), pues no solo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

Transcrita las consideraciones de la Corte Constitucional en relación con este precepto, resulta indispensable puntualizar las conclusiones a las que ha llegado esta Sala en torno a la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado.

“La jurisprudencia de esta corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder activo u omisivo de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de esta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

(…) Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño (…)”(21)

De igual forma, se ha dicho:

“(…) para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a este, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)(22)” (subrayas fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”(23).

5. Caso concreto.

Con base en los precedentes que se acaban de reseñar y de las pruebas existentes sobre las circunstancias en las cuales se produjo la medida de aseguramiento en este asunto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor Germán Godoy Calderón devino como resultado de una actuación imputable a él mismo.

En efecto, en el proceso se encuentra demostrado que el demandante estuvo privado de la libertad en centro carcelario desde el 14 de agosto de 1998 hasta el 14 de diciembre de 1999(24), fecha en la cual la medida de aseguramiento de detención preventiva le fue sustituida por prisión domiciliaria, la cual cumplió hasta el 5 de mayo de 2000, cuando le fue concedida la libertad provisional(25).

De igual forma, está probado que la investigación penal llevada a cabo contra el demandante culminó en sentencia absolutoria de primera instancia, la cual fue emitida el 22 de agosto de 2000 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Neiva, en aplicación del principio de in dubio pro reo(26).

No obstante lo anterior, la Sala precisa que existen suficientes elementos de juicio para predicar la ausencia de imputación del daño a las entidades demandadas al configurarse un evento de culpa exclusiva de la víctima; al respecto hay que recapitular los motivos originarios de la captura e imposición de la medida de aseguramiento, empezando por estudiar lo declarado por el señor Germán Godoy Calderón en la fase inicial de la investigación llevada a cabo en su contra(27), cuando al ser preguntado sobre su militancia en grupos subversivos expuso ser amnistiado del M-19 y que por tal motivo había sido contactado por las FARC para ingresar a sus filas.

Afirmó haber conocido a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” cuando este último fue representante a la cámara, asistiendo a foros en Pitalito y otros sitios del departamento del Huila.

Asimismo, al ser indagado “si por algún motivo usted estuvo en el departamento del Putumayo para el mes de junio o julio de 1990, de ser así, ¿cuál fue la razón de su viaje o estadía en esa zona?”, contestó que “nos llamaron a todos los que habíamos sido del M-19, pero eso fue en 1998, a que reingresáramos a ser parte de otra organización guerrillera, pero nosotros nunca quisimos aceptar y eso sucedió cuando viajaba yo de Pitalito hacia Popayán, hubo un retén de la guerrilla y como había habido nexos o ciertas relaciones cuando yo estuve en el M-19 y me conocían, entonces me bajaron del carro y me llevaron casi obligado porque yo no quería ir, para que escucháramos los planteamientos de ellos, y así motivarnos para ingresar a las FARC, pero nunca quice (sic) aceptarlo, incluso muchos compañeros que eran del M-19 y había n ido a esa reunión, estaban allá, eso fue en una zona montañosa del sur del país, incluso por seguridad como civiles que éramos nos colocaron uniforme de la guerrilla, era verde, nos colocaron un arma, para que les ayudara a cargar y estaban haciendo charlas con otros miembros de la guerrilla y explicando la necesidad de seguir en la lucha armada, y que porqué (sic) nosotros no ingresábamos en esas filas sabiendo que estábamos equivocados, y porqué (sic) no continuábamos con ese tipo de filosofía de ellos, ahí estaban con unas cámaras, nos filmaron, para tener un recuerdo de los que (sic) habían allí del M-19, pues ellos constantemente nos decían que ellos sí continuarían en la lucha armada, habían acabado de tener un enfrentamiento, estaban filmando y pasando películas de un video a otro, duré ahí unos tres días y nunca acepté y me devolví a mi casa hasta hoy que estor trabajando públicamente, nunca más volví a eso, fue la única vez y esa fue la última vez que vi a Iván Marquez como guerrillero, y yo no volví a verme con ellos ni a participar en ese movimiento armado”.

Más adelante, indicó que “el contacto que tuve con las FARC fue en 1988 ó (sic) 89, no recuerdo bien, o en el 90, tuvo que haber sido en esa época, cuando la reunión de la que ya hablé y en donde se filmó”.

Al serle proyectado el video sobre la “Operación Aquí Estamos Putumayo” de las FARC, en la que resultaron asesinadas unas 80 personas en el sector de Río Azul del municipio de San Miguel de dicho departamento, aseguró que “donde yo aparezco es en el minuto 30:35, eso corresponde a lo que he anotado anteriormente, es decir, 80 (sic) u 89, aproximadamente, que nos invitaron a todos los amnistiados del M-19 a una conferencia como ya lo expliqué, para reingresar a las FARC”, siendo que en dicho video, según el mismo actor lo aceptó, aparecía “al lado derecho del sujeto IVÁN MÁRQUEZ y con una cerveza en la mano y que según la fecha que aparece en la filmación, figura el 5 de julio de 1990”.

Posteriormente, en la audiencia pública(28), aseguró que “fuimos llamados por esa organización los que habíamos sido militantes del M-19, para que asistiéramos a una reunión política con esa organización, con el fin de invitarnos a integrarla, eso sucede en un viaje que hago yo hacia la ciudad de Popayán, en ese trayecto las FARC hace un retén y me conocían por las relaciones anteriores y me bajaron del carro para que los acompañara en esa charla de carácter político, siempre acostumbran cuando se trata de civiles ponerles uniformes, estuve (sic) unos cuatro días donde ellos tomaron fotografías con nosotros y yo en esa reunión les planteaba que no regresaría a la organización por mi familia y que para mí era imposible”.

Al solicitársele que aclarara si fue invitado a la reunión o si fue llevado a esta por la fuerza al ser sorprendido en un retén, explicó que “los miembros de las FARC me invitaron personalmente que asistiera a la reunión, año 88, 89 y yo decidí y si había condiciones asistía, yo tenía que traer unos equipos de pesas de Popayán y esos días de la invitación coincidía con el viaje a Popayán a los tres días de haberme invitado, me conocían varios compañeros en el retén de las FARC en el camino y en ese retén me dijeron que los acompañara y yo accedí y fui con ellos hacia una parte montañosa del río Mazamorras, en la parte boscosa del parque Puracé”, agregando que a esa reunión asistieron otros ex miembros del M-19 y “compartieron con nosotros” y que su finalidad era “analizar cómo miembros del M-19 se integrarían a las FARC”.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el video de la reunión a la que hace referencia el señor Godoy Calderón y respecto a la cual aseguró que asistió voluntariamente, vistió uniforme de la Policía Nacional, portó armas de uso privativo de las FFMM, se tomó fotos y grabó video con los asistentes y cuya finalidad era discutir el ingreso a las filas de las FARC de ex miembros del M-19, fue el elemento principal a través del cual el Ejército Nacional procedió a su captura y se inició la investigación en su contra por el delito de rebelión, al ser sindicado de tener vínculos con alias “Iván Márquez”, pertenecer al mencionado grupo subversivo y haber participado en la “Operación Aquí Estamos Putumayo” en la que se perpetraron varios homicidios(29)

Como puede evidenciarse, la asistencia y participación activa del demandante en la mencionada reunión con las FARC, así como su actuación procesal, en este caso las declaraciones rendidas, direccionaron la investigación y conllevaron a su captura y la imposición de la medida de aseguramiento, siendo ello apenas razonable cuando es él mismo quien aceptó su participación voluntaria en dicha congregación, junto con otros ex miembros del M-19 y cuya finalidad, la cual sabía de antemano porque fue invitado y no obligado a asistir y participar, que se discutiría su ingreso a dicho grupo al margen de la ley. 

Pues bien, en el presente caso la culpa exclusiva de la víctima se presenta como elemento determinante para que se concrete la exoneración de responsabilidad de la demandada a pesar de que en los casos de privación injusta de la libertad opera un régimen objetivo, pues fue la actuación de Germán Godoy Calderón la que dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra y la consecuente imposición de la medida de aseguramiento.

Lo anterior, por cuanto a juicio de la Sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de las accionadas sino en su propia conducta, con independencia de que esta no hubiese sido suficiente para proferir un fallo condenatorio en su contra, pues la función del juez contencioso administrativo es independiente de la del juez penal. 

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado; y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(30)

De esta manera, queda evidenciada la configuración de una de las causales eximentes de responsabilidad como lo es la culpa exclusiva de la víctima, consagrada en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, presupuesto que como quedó dicho en párrafos anteriores se cumple en el caso objeto de análisis.

En conclusión, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por encontrarse configurados los presupuestos de la culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

REVOCAR la sentencia proferida el 1º de junio de 2009 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y en su lugar se dispone:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Guillermo Sánchez Luque—Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

1 En aplicación del acta 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2 Fls.4-32 del cdno.1.

3 Fls.235-236 del cdno.1.

4 Fls.250-254, 276-278 del cdno.1.

5 Fls.288-289 del cdno.1.

6 Fl. 313 del cdno.1.

7 Fls.371-409 del cdno. ppal.

8 “De un lado, el inciso segundo del artículo 28 transcrito en el numeral anterior establece una excepción al principio de la estricta reserva judicial de la libertad, puesto que consagra la atribución constitucional administrativa para detener preventivamente a una persona hasta por 36 horas. Este inciso establece que la "persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes para que este adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley". Esta norma consagra entonces una facultad para que, en determinadas circunstancias y con ciertas formalidades, autoridades no judiciales aprehendan materialmente a una persona sin contar con previa orden judicial. No de otra manera se entiende la obligación constitucional de que la persona detenida preventivamente sea puesta a disposición del juez, puesto que ello significa que la autoridad judicial no ordena la detención con anterioridad sino que verifica la legalidad de la aprehensión con posterioridad a la ocurrencia de la misma. Es entonces un caso en donde la propia Constitución establece una excepción al principio general de la estricta reserva judicial y consagra la posibilidad de una aprehensión sin previa orden de autoridad judicial. Y no se puede considerar que esta norma se refiere únicamente al caso de la flagrancia, puesto que tal evento es regulado por otra disposición constitucional. Consagró entonces el constituyente una más amplia facultad de detención administrativa, lo cual no contradice sino que armoniza plenamente con los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia, de conformidad con los cuáles se interpretan los derechos y deberes consagrados por la Constitución (CP art 93). En efecto, los tratados consagran una protección judicial de la libertad, en virtud de la cual la legitimidad de toda privación de la libertad debe ser controlada por una autoridad judicial independiente. Pero el control puede ser posterior a la aprehensión, puesto que las normas internacionales no establecen que toda privación de la libertad deba ser efecto de una orden judicial, sino que consagran que la persona detenida a causa de una infracción penal deberá ser llevada sin demora ante un juez, y que podrá recurrir ante un tribunal a fin de que este decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal (Pacto de derechos civiles y políticos, artículos 9-3 y 9-4; Convención Interamericana artículo 7-5 y 7-6)”.

9 A través de escrito del 16 de junio de 2009 (Fl. 415 del cdno.ppal)

10 Mediante escritos del 17 y 18 de junio de 2009, respectivamente (Fls.422 y 435 del cdno.ppal.)

11 Una vez allegado el expediente a esta Honorable Corporación, y luego de correrse el respectivo traslado, los recurrentes sustentaron sus recursos mediante escritos fechados el 16 de junio, 9 y 11 de setiembre de 2009 (Fls.415-420, 446-450 y 451-454 del cdno.ppal).

12 Fl. 457 del cdno. ppal.

13 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

14 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (también de las administraciones públicas)”, en AFDUAM, 4, 2000, pág.174.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, Expediente: 15989.

17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666.

18 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

19 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.
Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

20 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056.

21 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

22 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002 Exp. 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros. Esta tesis ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Sala, al respecto véase, entre otras, la Sentencia de 20 de abril de 2005, Exp. 15784 C. P.:Ramiro Saavedra Becerra y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp.15.463 C.P.: Mauricio Fajardo.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. No. 15.463 C.P.: Mauricio Fajardo. En este sentido véase también la Sentencia de 18 de octubre 2000, Exp. 11981.

24 Fls.216-217 del cdno.1

25 Fl. 312 del cdno.1.

26 Fls. 452-457 del cdno.1.

27 Fls. 21-28 del C.2.

28 Fls. 402-405 del cdno.2.

29 Fls. 2-3 del cdno. 2

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp.: 15.463 C.P.: Mauricio Fajardo.