Sentencia 2002-00855 de mayo 10 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: expediente 2002-00855

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Recurso de apelación contra la sentencia de 28 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Actor: Héctor Javier Rendón Mora

Bogotá, D.C., diez de mayo de dos mil siete.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del actor, contra la sentencia de 28 de octubre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que se inhibió de resolver respecto de la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001, por haber encontrado probada la excepción de caducidad de la acción y negó las demás súplicas de la demanda.

EXTRACTOS: «I. Antecedentes

I.1. El señor Héctor Javier Rendón Mora, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Risaralda, tendiente a que mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

Son nulas las resoluciones 2410 de 13 de julio de 2001, por la cual se deniega un silencio administrativo positivo en materia aduanera, expedida por la división de fiscalización tributaria y aduanera, grupo de infracciones aduaneras, de la Administración de Pereira; 1976 de 25 de septiembre de 2001, mediante la cual se propone el decomiso de una mercancía; 278 de 13 de febrero de 2002, por la cual se decomisa una mercancía; y 1109 de 17 de junio de 2002, por la cual se resuelve un recurso de reconsideración.

Que como consecuencia de lo anterior se ordenen las restituciones, indemnizaciones y el restablecimiento del derecho en su favor, en especial, disponiendo la devolución del vehículo.

Subsidiariamente, en caso de que se haga imposible la devolución del vehículo, se ordene a la DIAN pagar en su favor la suma de $ 28’000.000, que corresponde al valor comercial del vehículo a la fecha de presentación de la demanda.

Que se condene a la demandada a pagar el lucro cesante, representado en las sumas de dinero que diariamente desembolsó desde cuando le retuvieron su automotor; el parqueadero, impuestos, gasolina, seguros y mantenimiento en general, todo lo cual se avalúa en $ 20’450.000.

I.2. Como hechos relevantes se señalan los siguientes:

1. Es poseedor legítimo del vehículo camioneta, marca Toyota Station Wagon, modelo 1993, placas BDY 244. Dicho vehículo fue puesto a disposición de la DIAN por la Unidad de Fiscalía de Patrimonio Económico desde 1997.

2. Al momento de entrar en vigencia el Decreto 2685 de 1999, esto es, el 1º de julio de 2000, la DIAN contaba con 30 días para proferir el requerimiento especial aduanero, antes denominado pliego de cargos (art. 509).

3. Señala que la DIAN inició el procedimiento administrativo desde el año de 1997 y solicitó a la Fiscalía 14, hoy 31, de patrimonio económico, una información detallada de la dirección de la residencia de la persona encargada en forma provisional del vehículo, para efectuar sobre este la aprehensión física. Hace énfasis en que el usuario fue plenamente identificado y su dirección suministrada.

4. Destaca que en 1998 la Policía de Carreteras ordenó la inmovilización del vehículo, lo que se materializó el 5 de junio de 2001, por cuanto la Policía, días antes, en el peaje de cerritos, al momento de pretender la inmovilización permitió al actor que lo presentara ante la DIAN con los documentos que probaban el silencio administrativo (Escritura 1402 de 29 de mayo de 2001, de la Notaría Quinta del Círculo de Pereira).

5. Explica que la DIAN ordenó la inmovilización del vehículo el 31 de diciembre de 1998, la cual pretendió hacer efectiva el 20 de mayo de 2001, cuando ya había operado dicho fenómeno en su favor y a pesar de ello le ordenó entregarlo so pena de imponerle una sanción del 200% del valor de la mercancía.

6. Resalta que el vehículo ingresó legalmente al país y fue importado en 1994.

1.3. El actor le endilga a los actos acusados los siguientes cargos de violación:

1. Considera violado el artículo 29 de la Carta Política, y de contera, los artículos 2º, 10, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 28, 33, 85, 86, 87, 174, 178, inciso 3º, 186, 213, 221, 228, 230, 248, 250 y 377, ibídem.

Hace consistir tales violaciones en que la DIAN, atendiendo el texto del artículo 509 del Decreto 2685 de 1999, debió proferir requerimiento especial aduanero, —aun cuando no lo hubiese hecho en los 3 años anteriores a la entrada en vigencia de dicho decreto—, dentro de los 30 días siguientes a tal vigencia, esto es, entre el 1º de julio y el 1º de agosto, o si se cuentan los días como hábiles, entre el 1º de julio de 2000 y el 1º de enero de 2001, fecha en que entró a regir el Decreto 1198 de 2000, modificatorio de aquel.

Como la DIAN pretermitió dicho término, se dio el primer silencio administrativo positivo conforme al artículo 519 del Decreto 2685 y por esta razón el actor protocolizó el acto ficto positivo.

2. Indica que se violan los artículos 40 a 42 del Código Contencioso Administrativo, porque al entrar en vigencia el Decreto 1198 de 2000, es decir, a partir del 1º de enero de 2001, se determinó que habría lugar a la aplicación del silencio administrativo positivo cuando desde la iniciación del respectivo proceso hayan transcurrido más de 12 meses sin haber desarrollado el proceso y proferido la decisión de fondo.

Estima que el proceso se inició en 1997 cuando se abrió el expediente con el informe que la fiscalía allegó poniendo a disposición el vehículo y ya habían transcurrido más de 12 meses para la fecha en que el automotor fue aprehendido y por lo tanto nuevamente se dio silencio administrativo positivo; sin embargo, la DIAN aduce que el proceso se inicia con la aprehensión de la mercancía, lo que desdibuja el debido proceso.

3. Invoca como violados los artículos 24 del Decreto 1198 de 2000 y 25 del Decreto 1697 de 2000.

Aclara que los 12 meses no corren entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002 porque el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000 precisa que en todo caso la sustanciación, trámite y decisión de los procesos en curso en el momento de entrada en vigencia de dicho decreto deberá realizarse dentro del año siguiente a dicha vigencia, so pena de que se produzca el silencio administrativo positivo.

Que, en consecuencia, cuando la DIAN contestó el derecho de petición en interés particular que le formuló el actor invocando el silencio administrativo positivo respecto de la devolución del vehículo, ya habían transcurrido más de 12 meses contados entre el 1º de julio de 2000 y el 1º de julio de 2001.

Considera que se dio un tercer evento de silencio, es decir, a partir del 1º de julio de 2001, fecha en que entró a regir el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000, por expresa disposición del artículo 25 del Decreto 1697 de 2000, y hasta la fecha en que se presentó la acción de cumplimiento, pues ya habían transcurrido más de 12 meses sin que se hubieran dado los actos de sustanciación y trámite y decisión del proceso administrativo con relación al vehículo.

4. A su juicio, se violaron los artículos 762 a 764 y 768 y 769 del C.C., pues el automotor no reportaba ningún pendiente ni inscripción en su carpeta, además de que fue adquirido de quien decía ser su legítimo poseedor, de donde se presume la buena fe y deriva su mejor derecho.

5. Alega que se violó el artículo 24 del Decreto 1198 de 2000, cuya vigencia empezó el 1º de julio de 2000, por disposición del artículo 25 del Decreto 1687 de 2000, así como el artículo 41 del Código Contencioso Administrativo, en relación con el silencio administrativo positivo, toda vez que aunque se reunieron los presupuestos procesales para el efecto, la DIAN no aceptó su ocurrencia.

6. Aduce que se violó el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, porque esta norma confirió a la DIAN un término de dos años para iniciar la acción administrativa de contrabando; que esta norma tuvo vigencia a partir del 4 de julio de 1991 y se prolongó hasta el 30 de junio de 2000, con la entrada en vigencia del Decreto 2685 de 1999, cuya vigencia se cuenta a partir del 1º de julio de 2000. Es decir, que en este caso el vehículo de placas BDY 244 ingresó al país en 1994, fecha que puede determinarse no por la declaración de importación sino por aquella en la cual se matriculó en las oficinas de tránsito y transporte de Bogotá, por lo que a partir de la misma se cuentan los dos años.

La DIAN considera que los dos años se cuentan a partir del día en que tuvo conocimiento de los hechos y no a partir del momento de la realización de los mismos, lo que constituye una franca violación a dicha norma, pues solo a partir del 1º de julio de 2000 se puede tener como parámetro el conocimiento de los hechos, de acuerdo con el artículo 478 del Decreto 2685 y el actor se acoge a la legislación más favorable.

(...).

V. Consideraciones de la Sala

Los actos acusados son los siguientes:

1. La Resolución 2410 de 13 de julio de 2001, por la cual se deniega un silencio administrativo positivo en materia aduanera, expedida por la división 86 fiscalización tributaria y aduanera, grupo de infracciones aduaneras, de la administración de Pereira.

2. La Resolución 1976 de 25 de septiembre de 2001, mediante la cual se propone el decomiso de una mercancía.

3. La Resolución 278 de 13 de febrero de 2002, por la cual se decomisa una mercancía.

4. La Resolución 1109 de 17 de junio de 2002, por la cual se resuelve un recurso de reconsideración. La Resolución 2410, obrante a folios 1 a 4 del cuaderno de pruebas, se expidió como consecuencia de la solicitud del actor relativa al reconocimiento del silencio administrativo positivo frente a la legalización del vehículo camioneta marca Toyota Land Cruiser, con capacidad para 7 pasajeros.

De los documentos que obran en el proceso se extrae que dicha camioneta ingresó al país proveniente de Venezuela; y según el estudio técnico efectuado por la Sijin de Risaralda el 15 de diciembre de 1994, el número de motor y chasis fue borrado con lima y esmeril y no corresponde por su tipo y dibujo al original. (fl. 97, cdno. de pruebas). En virtud de estos hechos la fiscalía abrió investigación por el punible de falsedad marcaria (fls. 270 a 277, cdno. anexo número 1) y posteriormente el vehículo fue puesto a disposición de la DIAN.

Estando el vehículo en mención, inmovilizado por orden de la DIAN, con miras a resolver su situación jurídica, el actor solicitó que se ordenara de manera inmediata su devolución por cuanto había operado el silencio administrativo positivo, es decir, que por el incumplimiento de la administración en resolver la situación jurídica del automotor este ya se encontraba legalizado (fl. 1, cdno. de pruebas).

La DIAN denegó dicha solicitud el 13 de julio de 2001, mediante la Resolución 2410 acusada, por cuanto el término de 12 meses con que contaba para proferir decisión de fondo, a que alude el artículo 519 del Decreto 2685 de 1999, no había transcurrido, pues en este caso la aprehensión se realizó el 4 de junio de 2001.

De lo antes reseñado colige la Sala que la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001, constituye, conforme lo observó el a quo, un acto autónomo e independiente dentro del procedimiento administrativo que se adelanta para adoptar la decisión de fondo frente a la situación jurídica de una mercancía, que concluye o no con el decomiso de la misma.

De tal manera que la caducidad de la acción en relación con dicho acto administrativo se cuenta a partir de su notificación y no de la notificación del acto que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto que ordenó el decomiso porque, se repite, aquel es autónomo e independiente de estos últimos.

Comoquiera que la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001 se notificó al actor personalmente el 16 de julio de 2001, la demanda presentada el 24 de julio de 2002 supera con creces el término de cuatro meses previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

En consecuencia, no había lugar a hacer pronunciamiento alguno en relación con los cargos 1º a 3º y 5º, todos relacionados con la ocurrencia del silencio administrativo positivo que reclama el actor y que le fue negada en la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001, que demandó extemporáneamente.

Ahora, en relación con el acto administrativo que propone la sanción de decomiso, para la Sala dicho acto no es demandable por cuanto no está adoptando la decisión de fondo que resuelve la situación jurídica del automotor. Por ello debe modificarse la sentencia de primer grado para incluir también como objeto de pronunciamiento inhibitorio a la Resolución 1976 de 25 de septiembre de 2001.

Ahora, en lo que toca con las resoluciones 278 de 13 de febrero de 2002 y 1109 de 17 de junio del mismo año, por las cuales se ordenó el decomiso del vehículo, cabe tener en cuenta lo siguiente:

El hecho de que el actor hubiera adquirido el automotor de buena fe no hace desaparecer la causal de decomiso ni lo exime de responder ante las autoridades aduaneras en el evento de que, como en este caso, la mercancía se encuentre en su poder y haya ingresado al país sin el lleno de los requisitos legales, no obstante que haya obtenido el levante.

Por esta razón no está llamado a prosperar el cargo 4 de la demanda.

En lo concerniente al cargo 6, relativo a la violación del artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, cabe observar lo siguiente:

La citada disposición, es del siguiente tenor:

“La acción administrativa sancionatoria prescribe en dos años contados a partir de la realización del hecho...”.

Frente a esta disposición la Sala en diversas sentencias, verbigracia las de 31 de octubre de 2002 (expediente 7346 y 31 de julio de 2003) (expediente 7900, consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), en las que reiteró las sentencias de 4 de febrero de 1999 (expediente 5088, consejero ponente doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz); de 27 de enero de 2000 (expediente 5425, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo); y de 4 de mayo de 2001 (expediente 6664, consejera ponente doctora Olga Inés Navarrete Barrero), precisó que el acto de levante es un acto sujeto a condición, pues no obstante su expedición, si con posterioridad al mismo las autoridades aduaneras advierten la comisión de una infracción, mediante la facultad de fiscalización que tienen, deben proceder a imponer las sanciones correspondientes.

Ello con fundamento, entre otras normas, en los artículos 66 del Decreto 1909 de 1992, en armonía con lo previsto por el artículo 62, literal d), ibídem, en donde se precisa que la facultad de la DIAN para realizar inspecciones aduaneras puede ejercerse en cualquier momento, aun cuando hayan sido transformadas o incorporadas a otras mercancías” (negrillas fuera de texto).

Con base en lo anterior la Sala reiteradamente ha considerado que para el cómputo de los dos años a que alude el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, debe tomarse como fecha de ocurrencia de los hechos aquella en que la DIAN identificó la falta o tuvo conocimiento de la infracción e inició el trámite administrativo correspondiente, pues solo ella es la competente para, de acuerdo con el análisis de la documentación presentada, determinar si la introducción de la mercancía es legal o no.

En este caso asistió razón a la DIAN al considerar que los dos años deben contarse desde cuando inició el trámite administrativo respectivo y no, como lo pretende el actor, desde cuando el vehículo ingresó al país y se matriculó en las oficinas de tránsito.

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia apelada en cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001 y denegó las pretensiones de la demanda en relación con las resoluciones números 278 de 13 de febrero de 2002 y 1109 de 17 de junio de 2002; y disponer pronunciamiento inhibitorio respecto de la Resolución 1976 de 25 de septiembre de 2001.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia apelada, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de la Resolución 2410 de 13 de julio de 2001 y denegó las pretensiones de la demanda en relación con las resoluciones 278 de 13 de febrero de 2002 y 1109 de 17 de junio de 2002.

2. INHÍBESE de proferir pronunciamiento de mérito respecto de la Resolución 1976 de 25 de septiembre de 2001, con base en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la sala en la sesión del día 10 de mayo de 2007».

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