Sentencia 2002-00857 de noviembre 30 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-00857

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

Actora: Fundación Empresa Privada Compartir

Recurso de apelación contra la sentencia de 27 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Bogotá D.C., treinta de noviembre de dos mil seis.

Se decide el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia de 27 de enero de 2005, proferida por la Sección Primera, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

I.1. La Fundación Empresa Privada Compartir, por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tendiente a que, mediante sentencia, se hicieran las siguientes declaraciones:

1. Que son nulos el Decreto Distrital 606 de 26 de julio de 2001 y la Resolución 143 de 25 de abril de 2002, que declararon como bienes de interés cultural a los inmuebles ubicados en la calle 67 Nº 11-37/43 y calle 67 Nº 11-61/65.

2. Que como consecuencia de la anterior declaración se excluyan del anexo 1 del Decreto 606 de 2001 los inmuebles antes mencionados; y se condene a la parte demandada a pagar a la actora, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, los perjuicios causados.

I.2. En apoyo de sus pretensiones señala, en síntesis, los siguientes hechos:

1. Explica que la actora adquirió, mediante compraventa, los inmuebles ubicados en la calle 67 Nº 11-61/65 y calle 67 Nº 11-37/43 de Bogotá, como consta en las respectivas escrituras públicas suscritas en la notarías 5ª y 7ª del Círculo de Bogotá, el 13 de marzo de 1992 y 12 de marzo de 1999, respectivamente.

2. Sostiene que mediante el Decreto 606 de 2001 se declararon los inmuebles anteriormente señalados, como “Bienes de interés cultural”; que, sin embargo, las motivaciones de la inclusión de dichos bienes en la citada categoría no fueron conocidas por la actora al momento de su notificación, como tampoco fue consignado en dicho acto mecanismo alguno de compensación como consecuencia de dicha declaratoria.

3. Agrega que no se cumplió con el requisito de la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria de acuerdo con lo señalado en los artículos 122 de la Ley 388 de 1997 y 48 del Acuerdo 25 de 1996.

I.3. A juicio de la actora se quebrantaron los artículos 302 y 303 de Decreto 619 de 2000, que contempla el plan de ordenamiento territorial para la ciudad Bogotá y señala los requisitos para la declaratoria de bienes de interés cultural.

1. Expresa que si bien es cierto que la administración tuvo en cuenta dos criterios de calificación para concluir que los inmuebles eran bienes de interés cultural, contenidos en el artículo 303 del Decreto 619 de 2000, considera, que ello debe ser acompañado de un estudio respecto de su entorno, valorándolo de acuerdo con las condiciones particulares, contexto urbano y arquitectónico del sector, acorde a los criterios de valorización de los inmuebles, examen previo que no se realizó, por lo que los actos acusados fueron expedidos de manera ilegal, con violación del debido proceso y defensa.

2. Argumenta que los actos acusados no establecen el mecanismo de compensación que debe contemplar la declaratoria, lo cual vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, pues se limita a la actora en el uso, goce y disposición, que la Constitución y las leyes civiles le otorgan, garantizan y protegen.

3. Que, a su turno, se viola la Ley 9ª de 1989 modificada por la Ley 388 de 1997 y el Acuerdo 25 de 1996, normas que establecen los mecanismos de compensación a particulares, situación que no contempla el Decreto 606 de 2001.

I.4. El Departamento Administrativo de Plantación Distrital, al contestar demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda aduciendo, al efecto, lo siguiente:

Propone las excepciones de “caducidad de la acción” e “ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales”.

Afirma que la demanda fue presentada por fuera del término que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece para este tipo de acciones; y que, además, no cumple con el requisito de estimación razonada de la cuantía ni de los presuntos perjuicios, tal como lo dispone el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

Sostiene que los inmuebles en discusión fueron motivo de estudio previo por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, presentado ante el consejo asesor de patrimonio distrital, como consta en las actas de la sesión número 2 de 2002, no obrando en dicha acta objeciones por parte de dicho consejo asesor a la propuesta de declaratoria de interés cultural, por lo que la misma contó con los requisitos señalados en el artículo 302 y 303 del Decreto 619 de 2000.

Encuentra que los mecanismos de compensación no fueron indicados en el Decreto 606 de 2001, pero que la Resolución 143 de 2002 indica de manera clara y precisa la forma de aplicar los citados beneficios.

II. Fundamentos de la sentencia recurrida

Luego de desechar las excepciones propuestas por la entidad demandada el tribunal desestimó las pretensiones de la demanda, en síntesis, por lo siguiente:

Manifiesta que aunque no obren dentro del expediente los estudios sobre el tema, ello sí tuvo ocurrencia, como se desprende del acta de la sesión número 2 del consejo asesor de patrimonio distrital, de las fichas de valoración individual que acreditan las características de los inmuebles en controversia y del dictamen pericial solicitado por la parte actora.

Afirma que así no se hubiera acreditado estudio sobre el tema, del dictamen pericial se concluye que los inmuebles motivo de controversia cumplen con las características señaladas en el artículo 303 del Decreto 619 de 2000.

Estima que el argumento de la actora, relativo a que, además de los requisitos señalados en el artículo 303, se debía tener en cuenta el contexto urbano, no tiene asidero, pues la norma solo hace referencia a las características individuales, sin tener en cuenta el entorno donde se encuentre el bien.

Indica que el artículo 18 del Acuerdo 25 de 1996, de acuerdo con el artículo 517 del Decreto 619 de 2000, se encuentra derogado y, en consecuencia, no puede ser invocado como infringido.

Está de acuerdo con lo expuesto en la Resolución 143 de 2002, en el sentido de que los incentivos y compensaciones que la ley le concede a los propietarios de los inmuebles declarados como de interés cultural, se deben solicitar de manera posterior; y que igual sucede respecto de la anotación de la declaratoria en el folio de matrícula inmobiliaria, hecho que no afecta la legalidad de los actos impugnados.

III. Fundamentos del recurso

El apoderado de la actora fincó su inconformidad, en esencia, así:

Sostiene que de las fichas de valoración individual de los inmuebles y las actas de sesión permanente número 2, no se puede inferir que los estudios se realizaron, violando los artículos 302 y 303 del Decreto 619 de 2000, el debido proceso y derecho de defensa, por no dar a conocer a la parte actora la justificación de los estudios de la declaratoria que se impugna.

Que el tribunal fundamenta su decisión en el argumento de la “supuesta” claridad del dictamen pericial solicitado por la parte actora, empero dicho dictamen no aclaró los interrogantes planteados, los cuales tenían como finalidad establecer si en el entorno donde se encuentran los inmuebles había otros de igual naturaleza que permitieran un equilibrio y armonía urbanística, como lo exigió la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 13 de septiembre de 2001, magistrado ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, que decidió la exclusión de un inmueble, por motivo de la modificación y deterioro del contexto, desvirtuando en ese momento las condiciones originales en relación con su valor urbano y arquitectónico.

En su opinión, tampoco le asiste razón al tribunal cuando despacha desfavorablemente los argumentos relacionados con la omisión de la administración de inscribir la afectación en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, así como la compensación aludida, basándose en la derogatoria del Acuerdo 25 de 1996, por cuanto el artículo 517 del Decreto 619 de 2000, dispone derogar las disposiciones que le sean contrarias, mas no el acuerdo citado.

IV. Alegato del Ministerio Público

La agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente guardó silencio.

V. Consideraciones de la Sala

El artículo 2º del Decreto 606 de 26 de julio de 2001 declaró como bienes de interés cultural a los inmuebles incluidos en un inventario adjunto, dentro de los cuales se encuentran los ubicados en la calle 67 número 11-61/65 y calle 67 número 11-37/43, de propiedad de la actora.

Reclama la actora un estudio previo a la expedición del mencionado decreto, respecto de su entorno, contexto urbano y arquitectónico que, a su juicio, en este caso no se realizó.

Sobre el particular, cabe advertir que en los considerandos del Decreto 606 se lee que el consejo asesor de patrimonio distrital tuvo en cuenta los criterios de calificación para la declaratoria de los inmuebles y sectores de interés cultural y en las diferentes sesiones que se llevaron a cabo, de que da cuenta el Acta 2 de 2001, emitió concepto favorable (fl. 24, cdno. ppal.).

A folios 28 a 32 del cuaderno de anexos obra la citada acta, en la cual se lee que los inmuebles se estudian uno por uno, presentando por parte del Departamento Administrativo de Planeación Distrital fotografías y atendiendo su localización se define el criterio en el que se enmarcan.

Lo anterior pone de manifiesto que sí hubo un estudio previo a la expedición del Decreto 606 de 2001.

Ahora, la parte actora, para demostrar la ilegalidad de la decisión que la afecta y que es objeto de demanda, solicitó un dictamen pericial que fue decretado por el tribunal, en el cual el perito designado respondió el cuestionario formulado por aquélla.

La recurrente considera que dicho dictamen no aclaró los interrogantes planteados, los cuales tenían como finalidad establecer si en el entorno donde se encuentran los inmuebles había otros de igual naturaleza que permitieran un equilibrio y armonía urbanística, como lo exigió la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 13 de septiembre de 2001.

Sobre el particular, advierte la Sala que en virtud de la solicitud de complementación del dictamen pericial que en tal sentido formuló la actora el perito relacionó un listado de 17 inmuebles de características similares a los de la actora (ver fl. 202, cdno. ppal.).

De tal manera que, a juicio de la Sala, el criterio relativo al entorno sí fue tenido en cuenta.

Aduce la recurrente que no le asiste razón al tribunal cuando desecha la violación consistente en la omisión de la administración de inscribir la afectación en los respectivos folios de matrícula inmobiliaria, así como la compensación aludida.

Al respecto, cabe tener en cuenta lo siguiente:

Los artículos 37, 48 y 122 de la Ley 388 de 1997, que cita la actora como vulnerados, prevén:

“ART. 37.—Espacio público en actuaciones urbanísticas. Las reglamentaciones distritales o municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, y señalarán el régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las sanciones aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley.

También deberán especificar, si es el caso, las afectaciones a que estén sometidos por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura vial, de transporte, redes matrices y otros servicios de carácter urbano o metropolitano. Para las actuaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de expansión y la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su realización efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios derivados de la correspondiente actuación”.

“ART. 48.—Compensación en tratamientos de conservación. Los propietarios de terrenos e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial o en los instrumentos que los desarrollen como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser compensados por esta carga derivada del ordenamiento, mediante la aplicación de compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo, beneficios y estímulos tributarios u otros sistemas que se reglamenten”.

ART. 122.—Para efectos de garantizar el cumplimiento de las normas legales sobre compensación de las cargas del desarrollo urbano, será requisito para la afectación de inmuebles por causa de obra pública, en los términos previstos por el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, que la entidad pública que imponga la afectación disponga de la apropiación presupuestal correspondiente al pago de la compensación debida a su propietario por los perjuicios sufridos durante el tiempo de la afectación, cuya tasación será realizada por peritos privados inscritos en lonjas o asociaciones correspondientes.

En los casos de inmuebles declarados como de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberá garantizarse igualmente la disponibilidad presupuestal para el pago de la compensación, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la presente ley”.

Estima la Sala que de las normas transcritas no se deduce que la entidad pública que declara el bien de interés cultural deba disponer en el mismo acto la compensación. Tal derecho perfectamente se puede hacer efectivo con posterioridad a dicho acto, de ahí que la no regulación al respecto no tiene por qué afectar su validez, dado que no se trata de un requisito intrínseco.

Ahora, en cuanto a la inscripción de la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria, que echa de menos la actora, conforme lo precisó el a quo, las normas del Acuerdo 25 de 1996, cuya falta de aplicación reclama, fueron derogadas expresamente por el artículo 517 del Decreto 619 de 2000, contentivo del plan de ordenamiento territorial, el cual establece:

Derogatorias.

El presente plan rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las contenidas en los acuerdos 2º de 1980, 10 de 1980, 6º de 1990, 25, 26 y 31 de 1996 y 2º de 1997, al igual que las contenidas en el Decreto 317 de 1992, 322 y 324 de 1992, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el régimen de transición y las remisiones expresas que se hagan en este plan a tales disposiciones” (negrilla fuera de texto).

Consecuente con lo anterior, debe la Sala confirmar la sentencia apelada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 30 de noviembre de 2006.

Magistrados: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Camilo Arciniegas Andrade—Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta—Martha Sofía Sanz Tobón.

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