Sentencia 2002-00908-/41470 de abril 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Rad.: 13001233100020020090801 (41.470)

Actores: Eugenia del Carmen Becerra Murillo y otros

Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Electrocosta S.A. E.S.P.I, Copropiedad Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú

Asunto: Reparación directa

Decide la Sala el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la Sentencia del 3 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

Bogotá, D.C., veintiséis de abril de dos mil diecisiete.

fjadkfja(1) adfhadif(2)

Extractos: «II. Consideraciones.

Cumplido el trámite procesal correspondiente, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el recurso de apelación oportunamente interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 3 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, no sin antes advertir que, de conformidad con lo acordado por la Sala Plena de la Sección Tercera del 26 de enero de 2017, el presente asunto tiene prelación de fallo.

2.1 Competencia de la Sala.

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia del 3 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que las pretensiones de la demanda ascienden a $577’ 219.856.

Al respecto, es menester indicar que el recurso de apelación fue interpuesto en vigencia de la Ley 1395 de 2010, “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial” (fls. 408 al 418, cdno. ppal.), cuyo artículo 3º modificó el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil y dispuso que la cuantía del proceso se determina “por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de presentación de la demanda”.

Según la Ley 446 de 1998, los Tribunales conocen, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía exceda, al momento de presentación de la demanda, de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como ocurre en este caso(3).

2.2. Caducidad de la acción.

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(4), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En el presente asunto, la muerte de la señora Cassyus Murillo Becerra ocurrió el 19 de abril de 2002 (fl. 29, cdno. 1) y la demanda fue instaurada 24 de julio de ese mismo año (fl. 43 a 60, cdno. 1), es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal.

2.3. Fuero de atracción.

A través de dicha figura, es perfectamente posible que, en los casos de concurrencia de responsabilidad de una entidad pública, cuyo juzgamiento esté sometido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y de un particular, a quien juzga la jurisdicción ordinaria, el proceso se adelante ante la primera de tales jurisdicciones, la cual tendrá competencia para decidir acerca de la responsabilidad de todos los demandados.

Al respecto, la Sección Tercera de esta Corporación ha manifestado (se transcribe tal cual está el original):

“En el Sub lite, a efectos de fijar la competencia, existe el denominado fuero de atracción, según el cual, cuando un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares, aquél arrastra a los particulares al proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial. Cuando en a producción del daño se plantea una causa imputable a una entidad de derecho público, el juzgamiento corresponde a esta jurisdicción, aunque se prediquen otras causas atribuibles a una o varias entidades particulares, cuyo juez natural en principio lo es el ordinario, pero que en virtud del fenómeno procesal del fuero de atracción, pueden ser juzgadas por esta jurisdicción al haber sido demandadas con la entidad estatal. En efecto, la tesis del fuero de atracción, permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia ordinaria, siempre que sea demandada ante el contencioso administrativo junto con otra entidad cuyo juzgamiento sí corresponda a esta jurisdicción”(5).

En todo caso, es indispensable aclarar que, para que resulte aplicable el denominado fuero de atracción, es necesario que la vinculación al proceso de la entidad de derecho público resulte seria y motivada, pues no es posible dejar al arbitrio o al capricho del accionante la facultad de escoger libremente la jurisdicción ante la cual va a demandar(6).

Hechas las anteriores precisiones, es menester anotar que, en el sub júdice, los actores dirigieron la demanda contra el Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Electrocosta S.A. E.S.P. (hoy Electricaribe S.A. E.S.P.) y Copropiedad Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú, con ocasión de la muerte de la señora Cassyus Murillo Becerra. Como el ministerio integra la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional(7) y las dos últimas son entidades de derecho privado(8), esta jurisdicción tiene competencia para juzgar las actuaciones de todos por los hechos acá debatidos.

2.4 Traslado de pruebas.

Además de las pruebas, solicitadas en la demanda, la parte actora pidió el traslado del proceso penal seguido por la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos el 19 de abril de 2002 (fl. 56, cdno. 1), solicitud que no fue coadyuvada por las demandadas(9).

Por auto del 30 de enero de 2007, el Tribunal decretó el traslado del citado proceso penal (fl. 188, cdno. 1) y, mediante oficio 739 del 4 de marzo de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena lo remitió a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar (fl. 303, cdno. 1).

En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado que aquéllas que no cumplan con los requisitos previstos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla no podrán ser valoradas en dicho proceso(10).

También ha dicho la Sala que, en eventos en que el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, aquéllas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una delas partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, de resultar desfavorece a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión.

De no cumplirse ninguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(11):

“... El artículo 229 del mismo código [alude al de procedimiento civil] dispone:

‘Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

‘1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

‘2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

‘Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

‘Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior’.

“Conforme a lo anterior, se tiene Que los testimonios practicados en un Proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador (...) siempre Que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

(…)

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquéllos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al asunto sub examine, encuentra la Sala que los testimonios rendidos en el proceso penal seguido por los hechos acaecidos el 19 de abril de 2002 no pueden valorarse, por cuanto, como se dejó dicho atrás, las demandadas no solicitaron ni coadyuvaron el traslado del mencionado proceso y, además, porque tales testimonios no fueron ratificados en el proceso contencioso administrativo.

Ahora bien, en cuanto se refiere específicamente a la prueba documental y a los informes técnicos de dependencias oficiales que obran en el citado proceso penal, si bien no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige, pues no se expidió providencia alguna que los incorporara formalmente al proceso ni se surtió el traslado de los mismos, para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, dicha irregularidad quedó saneada, en aplicación del parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, según el cual: “Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece”.

En efecto, la prueba documental y los informes técnicos de dependencias oficiales permanecieron a disposición de las partes a lo largo del proceso y nadie dijo nada, razón por la cual éstos serán apreciados con el valor legal que les corresponde; adicionalmente, el traslado del proceso penal donde reposan tales diligencias fue decretado por el Tribunal, mediante auto del 30 de enero de 2007 (fls. 188 a 191, cdno. 1), de modo que las partes sabían que aquél iba a ser incorporado al proceso, como en efecto ocurrió; además, los documentos allegados por la Fiscalía son públicos y, por tanto, a términos del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se presumen auténticos.

Sobre el particular, esta Subsección ha sostenido:

“Para el específico caso de la prueba documental, la Sala ha señalado que la omisión del referido traslado no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este Código establece’”(12).

2.5. Caso concreto.

Según su registro civil de defunción, la señora Cassyus Murillo Becerra falleció el 19 de abril de 2002 (fl. 29, cdno. 1), lo cual demuestra el daño sufrido por los demandantes, circunstancia de la que se derivan los perjuicios cuyo resarcimiento se pretende en este caso.

El 25 de abril de 2002, la Policía Judicial de Bolívar remitió un informe a la Fiscalía General de la Nación, según el cual el 19 de esos mismos mes y año, a eso de las 6:00 p.m., en Cartagena estallaron 2 artefactos en la sede de Electrocosta S.A. E.S.P., ubicada en el Edificio 19, sector Chambacú, que cobró la vida de la señora Cassyus Murillo Becerra; posteriormente, según el mismo informe, estalló otro artefacto en la sede de la electrificadora en Manga, donde falleció el agente antiexplosivos Carlos Hernán Martínez Muñoz y resultaron heridos otros dos uniformados, cuando intentaban desactivarlo.

El citado informe también dijo que, con ocasión de los hechos acabados de narrar, fueron capturadas 3 personas frente a las instalaciones de Electrocosta S.A. E.S.P., en Manga, al parecer pertenecientes a las milicias urbanas de las Farc, quienes se movilizaban en un camión de estacas, y fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación; adicionalmente, el informe sostuvo que los artefactos explosivos fueron camuflados en unas materas sembradas con palmeras y que el agente fallecido alcanzó a desactivar uno, pero murió cuando intentaba hacer lo mismo con el segundo (fls. 100 a 105, cdno. 1).

Con ocasión de los hechos ocurridos el 19 de abril de 2002, la Fiscalía General de la Nación inició un proceso penal contra los 3 capturados y, mediante Resolución del 30 de abril de ese mismo año, los. cobijó con medida de aseguramiento de detención preventiva, por los delitos de homicidio, terrorismo y tentativa de homicidio; sin embargo, mediante providencia del 21 de abril de 2003, dicho organismo precluyó la investigación a su favor, por cuanto ninguna responsabilidad tuvieron en lo ocurrido, pues se estableció que aquéllos fueron engañados por personas al margen de la ley, para que transportaran las materas sembradas con palmeras, las cuales contenían explosivos, a varias sedes de Electrocosta S.A. E.S.P., en Cartagena, aprovechando que se dedicaban al transporte informal de material de construcción y a realizar acarreos (fl. 176 a 217, cdno. 5).

Posteriormente, la Fiscalía vinculó al proceso penal a los señores Miguel Antonio Gutiérrez Martínez, Luciano Marín Arango, Gustavo Rueda Díaz y Victor Barrios Marimón, a quienes les definió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva y los acusó ante los jueces penales, por los delitos de homicidio, terrorismo y tentativa de homicidio (fl. 46, cdno. 2). Mediante Sentencia del 16 de junio de 2006, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena los condenó a 30 años de prisión, decisión que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante Sentencia del 12 de octubre de 2007 (fls. 41 a 66, cdno. 2).

Se estableció en dicho proceso penal, asimismo, que el atentado terrorista fue perpetrado por las milicias de las Farc y estuvo dirigido contra Electrocosta S.A. E.S.P., con el propósito de causar pánico y zozobra en la población, y que en la acción se utilizaron 4 materas cargadas con explosivos, 2 de las cuales estallaron en el Edificio 19 de Chambacú, a eso de las 5:40 p.m., hecho que cobró la vida de la señora Cassyus Murillo Becerra, y otra explotó en la sede de la electrificadora en Manga, a eso de las 6:30 p.m., hecho que produjo la muerte de un agente antiexplosivos y lesiones a otros 2 uniformados, quienes minutos antes alcanzaron a desactivar una de las cargas.

Teniendo en cuenta que el fallecimiento de la señora Murillo Becerra se produjo durante un atentado terrorista, procede la Sala a estudiar las imputaciones formuladas contra las accionadas, pues, a juicio de la parte actora, aquéllas habrían omitido las medidas de vigilancia y control, ya que, por una parte, la Policía Nacional, a pesar de tener conocimiento de la presencia de un artefacto explosivo en el citado Edificio 19, decidió, extrañamente, dirigirse a la sede de la electrificadora en Manga, en lugar de acudir a ese lugar y desactivar la carga y, por otra parte, falló la seguridad de la electrificadora demandada y de la Copropiedad Edificio 19.

a. Actuación de la Policía Nacional

En casos en que se discute la responsabilidad del Estado como consecuencia de atentados terroristas, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado, con fundamento en algunos de los regímenes de responsabilidad desarrollados con anterioridad a la Constitución Política de 1991, que la Administración puede resultar comprometida por los daños que sufren las víctimas de tales atentados, bien por la presencia de una falla en la prestación del servicio, o bien por la explosión de algunas personas a un riesgo excepcional, creado en cumplimiento del deber constitucional y legal del Estado de proteger a la comunidad en general.

Así, por ejemplo, en Sentencia del 12 de noviembre de 1993 (Exp. 8233), con ocasión de los daños sufridos por el propietario de un bus de servicio público, el cual fue incinerado por miembros del Eln, quienes, aprovechando el alza en el transporte entre Bucaramanga y Piedecuesta (Santander), cometieron tal hecho, la Sección Tercera del Consejo de Estado sostuvo (se transcribe textualmente):

El acervo probatorio recaudado no le permite a la Sala establecer con certeza que la empresa... hubiera solicitado una protección especial a la policía... Pero ésta sola circunstancia no exonera de responsabilidad a la demandada, puesto que esa institución está al tanto de que en esa región el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público. A esta conclusión se llega con base en el contenido del oficio... del comandante del Departamento de Policía de Santander al Tribunal..., en el que se lee:

‘... me permito informarle que... con motivo del alza del transporte en ese tiempo, se previeron servicios policiales con el fin de brindar seguridad y protección a las empresas transportadoras, como fueron el incremento de patrullajes por las diferentes vías de la ciudad, refuerzo de personal en los terminales y la realización de retenes ...’.

“Para la Sala, no es necesario que la empresa transportadora hubiera solicitado protección especial de sus vehículos ..., porque la demandada sabía los desórdenes que esa alza podía provocar. Ahora bien, esas medidas no se pueden limitar a unos simples patrullases, sino que deben procurar un resultado eficaz para evitar que se presente el acto terrorista.

(…)

“En el fondo, estos particulares al prestar el servicio público de transporte, están... constituyéndose en colaboradores del Estado, dado que los servicios públicos, en principio, deben ser prestados directamente por el Estado, pero hay ocasiones en que éste no puede prestarlos, entonces lo prestan los particulares pero en su condición de colaboradores de aquel y por ello necesitan una especial protección. Si el Estado admite que el particular intervenga como colaborador, éste es digno de que se le preste una especial protección, más aún, cuando se prestan circunstancias notorias de seguridad, de constreñimiento para la no prestación del servicio como ocurre en épocas de paro cívico, o protestas por alzas de las tarifas (…)” (se resalta)

En Sentencia del 28 de abril de 1994 (Exp.7733), en un asunto en el que se debatió la responsabilidad del Estado como consecuencia de un atentado terrorista dirigido contra el periódico Vanguardia Liberal, en hechos ocurridos en Bucaramanga el 16 de octubre de 1989, la Sala dijo (se transcribe textualmente):

“(...) no es posible concluir que Hubo Falla del Servicio, por parte de la administración, pues... siguiendo las enseñanzas del profesor Jean Rivero, ella debe examinarse a la luz del nivel medio que se espera del servicio, ‘...viable según su misión y según las circunstancias”...’.

(…)

“A la luz de la filosofía jurídica que se deja expuesta, se impone concluir que la Nación... no es responsable de la realización de ninguna conducta antijurídica, ora por acción, ora por omisión. No por lo primero, Porque la fuerza pública... no participó en los hechos. No lo segundo, porque los directores del periódico... no habían demandado de la autoridad policiva una especial protección... El demandante fue, pues, una víctima más de las conductas antijurídicas realizadas por las fuerzas del desorden, Que han sembrado los caminos y valles de la patria de víctimas inocentes. Sin que sea posible predicar que el Estado sea responsable por no tener al pie de cada colombiano un agente del orden, Que cuide de su vida o de sus bienes (...)” (se resalta).

En Sentencia del 23 de septiembre de 1994 (Exp. 8577), con ocasión de la muerte de una persona tras la explosión de un carro bomba, dirigido contra el General Miguel Maza Márquez, en hechos ocurridos en Bogotá el 30 de mayo de 1989, la Sección Tercera expresó (se transcribe textualmente):

“(...) si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas, contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se vivencia que el Objeto Directo de la agresión fue Un Establecimiento Militar Del Gobierno, Un Centro De Comunicaciones, al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se impone concluir que en medio de la lucha por el poder se ha sacrificado a un inocente, y, por lo mismo, los damnificados no tienen por qué soportar solos el daño causado (...)”.

En Sentencia del 16 de junio de 1996 (Exp. 9392), el Consejo de Estado, al decidir un asunto relacionado por los daños y perjuicios que sufrió una persona, por la incineración y destrucción de un automotor de su propiedad, en hechos ocurridos en la Universidad de Antioquia, manifestó (se trascribe textualmente):

“No está demostrado… que para dicha época existieran circunstancias que hubiesen ameritado que las autoridades policiales tomaran especiales medidas para la protección de los vehículos de trasporte público, en el sitio donde ocurrieron los hechos…, razón por la cual no puede entonces concluirse que las entidades demandadas incurrieron en falla del servicio por omisión.

“En relación con los actos terroristas contra vehículos de servicio público, la Sala ha señalado que solamente en estados especiales de agitación, en los cuales dichos actos son normalmente previsibles, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas especiales de protección sobre dichos vehículos; y su omisión, en tales casos, puede constituir falla del servicio que comprometa la responsabilidad de la administración. Pero cuando no se presenten dichas circunstancias especiales, no puede imponerse a las autoridades la obligación de escoltar cada vehículo de servicio público, pues ellas carecen de medios y de personal para tal efecto; y menos deducirse falla en el servicio por omisión cada vez que ocurran actos terroristas en tales circunstancias (...)”(se resalta).

En Sentencia del 22 de julio de 1996 (Exp. 11.934), con ocasión del homicidio de un inspector de policía, en una zona del país afectada por la violencia, esta Sección sostuvo (se transcribe textualmente):

“(...) la víctima envió numerosos oficios a las distintas autoridades gubernamentales, de seguridad y militares, para informar de la constante alteración del orden público en su jurisdicción y de las amenazas contra su vida y su familia.

(...)

“Por el contrario, ninguna acción positiva tomaron las autoridades requeridas por el aludido funcionario. Las amenazas contra su vida, ocasionadas precisamente por el cumplimiento de sus obligaciones públicas, no fueron suficientes frente a la indolencia de la administración.

El Inspector de Policía continuó seriamente amenazado pero cumpliendo con sus obligaciones, hasta que en ejercicio de las mismas resultó asesinado, sin contar en ningún momento con la custodia, apoyo o vigilancia que las circunstancias específicas exigían y que en numerosas oportunidades suplicara.

“No cabe en tales condiciones el predicamento de la demandada sobre la imposibilidad de colocarle un vigilante a cada persona, cuando quien reclama un servicio especial de vigilancia está individual concretamente amenazado de muerte (...)” (se resalta).

En Sentencia del 10 de agosto de 2000 (Exp. 11.585), en relación con los daños y perjuicios sufridos por varias personas, por la explosión de una bomba instalada en un automotor, esta Corporación expresó (se transcribe textualmente):

“(…) no obra en el proceso prueba alguna de que dicho atentado hubiera ocurrido en circunstancias que permitan considerar que, a pesar de haber sido causado por personas ajenas a la administración, ésta deba asumir responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia del mismo. En efecto, ninguno de los testigos hace referencia a la existencia de amenazas contra personas residentes en la zona, o establecimientos ubicados en la misma, en época anterior a la ocurrencia de la explosión. Tampoco resulta demostrado este hecho con fundamento en otras pruebas practicadas dentro del proceso Adicionalmente, no hay evidencia de que la bomba hubiera tenido por objeto atentar contra una persona o un establecimiento en particular, que debiera ser protegido por la Policía Nacional de manera especial, o contra inmuebles donde tuvieran sede dependencias u organismos del Estado, que pudieran ser considerados objetivos militares por parte de la subversión o de otros grupos al margen de la ley, de manera que su sola existencia pudiera poner, en situación especial de riesgo a los habitantes del sector.

“Por el contrario, de las pruebas practicadas se desprende con claridad que se trató de un atentado terrorista dirigido indiscriminadamente contra habitantes de la ciudad de Cali, cuyo objetivo no era la afectación de personas o establecimientos específicos, sino la alteración del orden público”.

Del análisis de los fallos acabados de citar, se concluye que el Estado fue condenado en aquellos eventos en que no fue posible establecer la existencia del hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, dado que el mismo no fue ajeno a la acción u omisión del Estado, para lo cual fue necesario precisar, en cada caso particular, cuál era el alcance del deber de vigilancia y protección de las autoridades.

Por esta razón, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado acudió, en algunos eventos, al concepto de relatividad de la falla del servicio, a fin de determinar, ‘en cada una de las situaciones concretas, si el daño causado resultaba ‘o no imputable a la acción u omisión del Estado. En otros eventos, en cambio, la imputabilidad surgió de la creación de un riesgo, considerado excepcional en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata, pues, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional; creado conscientemente por la administración en cumplimiento de sus funciones.

En el sub lite, el material probatorio mostró que el ataque terrorista no se dirigió contra la Policía Nacional ni contra alguna otra dependencia, entidad u órgano estatal, sino contra Electrocosta S.A. E.S.P., con el único propósito de alterar y convulsionar el orden público; además, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que la Policía fue alterada de la presencia de los artefactos explosivos en el Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú, donde falleció la señora Murillo Becerra, sino del que estalló en la sede de la electrificadora en Manga, tanto que agentes antiexplosivos se dirigieron hasta ese lugar y desactivaron uno, con tan mala fortuna que otro estalló y produjo la muerte de uno de los uniformados y lesiones a dos de sus compañeros, de suerte que carecen de fundamento las afirmaciones de los demandantes en cuanto a que la Policía Nacional omitió el cumplimiento de sus deberes.

Además, el informe que rindió Electrocosta S.A. E.S.P. sobre los hechos acaecidos el 19 de abril de 2002 nada dijo en torno a que la Policía. Nacional fue informada de la presencia de explosivos en el Edificio 19 (fls. 111 a 113, cdno. 1) y tampoco dijeron nada al respecto en sus, declaraciones rendidas en este proceso la representante legal de Electrocosta S.A. E.S.P.(13), ni el Jefe de Seguridad de esa sociedad(14).

En conclusión, no obra prueba alguna en el expediente que demuestre que el atentado terrorista dirigido contra la citada electrificadora hubiera ocurrido en circunstancias que permitan considerar que, a pesar de haber sido causado por personas ajenas a la accionada, ésta deba responder por tal hecho y, por ende, por la muerte de la señora Cassyus Murillo Becerra, máxime teniendo en cuenta que el material probatorio recopilado no da cuenta de la existencia de amenazas contra la electrificadora ni contra el Edificio 19, que ameritara una protección especial por parte de la Policía Nacional, y menos aún contra institución alguna del Estado, que pudiera estar ubicada en ese edificio o en sus cercanías y ser considerada objetivo militar de grupos al margen de la ley.

Así, dado que no demostró la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de la citada señora, las pretensiones de la demanda formuladas en su contra no tienen vocación de prosperidad.

b. Actuación de Electrocosta S.A. E.S.P. y del Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú.

Según el memorando interno del 18 de mayo de 2002 que la Gerencia Corporativa de Seguridad de Electrocosta S.A. E.S.P. dirigió a la Vicepresidencia Operativa de, dicha entidad, el día de los hechos (se transcribe textualmente):

“(...) el guarda de Seguridad de Electrocosta ubicado en la recepción del edificio, recibe la solicitud de ingreso de unas macetas con palmeras dirigidas, de acuerdo con el oficio de remisión, al Edificio Chambacu con membrete de Electrocosta y con una firma ilegible de ‘Jefe de Patio’.

“Ante las dudas que se presentan para determinar el destinatario de las mismas, lo poco habitual del procedimiento, así como la versión sobre su entrega, proporcionada por las personas que las condujeron hasta el edificio. El guarda de seguridad de la recepción solicita verificación de la situación al puesto de control del 3er piso, pues el ingreso y salida de elementos de Electrocosta de acuerdo con las normas internas debe ser reportado previamente por las áreas a los controles de recepción de la empresa. El guarda de seguridad, al no poder corroborar la pertinencia del envió y establecer que el ingreso no cumplía con el procedimiento interno, denegó el acceso de dichos elementos.

“No obstante lo anterior, las personas a cargo de las macetas, manifestaron su intención de dejarlas afuera del edificio porque ya les habían cancelado por el servicio, dejando efectivamente dichos elementos en la parte externa del edificio, no obstante las manifestaciones en contra de tal proceder por parte del guardia de seguridad.

“Teniendo en cuenta lo sospechoso de la situación, los vigilantes reportaron el hecho al área de Seguridad Corporativa de Electrocosta. El reporte fue atendido por el analista de la unidad de seguridad, señor John Jairo Sierra y el Coordinador de Seguridad de la zona Bolívar Sr. Nelson Sáenz, quienes procedieron a realizar una verificación de las macetas abandonadas en la parte externa de la recepción, detectando indicios de que las mismas podían contener un artefacto explosivo pues la inspección realizada al remover ligeramente una de las palmeras se observó que asomaba algo similar a una antena de celular.

“Inmediatamente se dio aviso a la seguridad del edificio y de Electrocosta, para que se procediera a la evacuación del lugar.

“De acuerdo con el procedimiento interno se dispuso la evacuación del personal de Electrocosta, por el itinerario designado por el área de seguridad y que iba a dar al parqueadero subterráneo (…) cuando aún se adelantaba la evacuación del personal se produjo una fuerte explosión a la altura de la entrada principal del edificio frente a una de las salidas de evacuación de las que dispone este” (fls. 112 y 113, cdno. 1).

Lo acabado de trascribir fue ratificado por el señor Jhon Jairo Sierra Mendoza, citado en el pie de página 14 de este fallo, quien sostuvo, además, que inmediatamente fue informado de la situación, bajó al primer piso y, al revisar las materas que se encontraban afuera de la recepción, constató que contenían artefactos explosivos, razón por la cual activó enseguida un plan de evacuación y que, en ese mismo instante, recibió una llamada de una persona que se identificó como miembro de las Farc,, quien aseguró que tenían 5 minutos para evacuar el edificio, por cuanto había una bomba. Dijo que, mientras se realizaba el procedimiento de evacuación, ocurrió una fuerte explosión que causó la muerte de la señora Murillo Becerra y grandes destrozos a la edificación (fls. 293 a 296, cdno. 1).

Para el día de los hechos, Electrocosta S.A. E.S.P. contaba con un sistema de seguridad, para el control y vigilancia del Edificio 19, conformado, además de la seguridad propia del edificio, por una Unidad Corporativa de Seguridad, que se ocupaba de 3 áreas: 1) seguridad de las instalaciones, ii) protección de personal y iii) información de seguridad (fl. 112, cdno. 1).

De conformidad con las pruebas acabadas de relacionar, el día de los hechos Electrocosta S.A. E.S.P. no sólo impidió el acceso de las materas al Edificio 19, sino que, además, ante la sospecha del envío, dispuso que personal de seguridad revisara el contenido de ellas, procedimiento que permitió constatar que éstas contenían explosivos, razón por la cual se dispuso inmediatamente, como era lo lógico, la evacuación del edificio; pero, desafortunadamente, los artefactos estallaron, con los resultados ya mencionados.

Si bien el material probatorio valorado no permite establecer con exactitud cuánto tiempo transcurrió entre la llegada de las materas y la explosión, todo indica que no fue mucho, por cuanto, como lo indica el documento transcrito en la página anterior y lo ratificó el señor Sierra Mendoza (fls. 293 a 296, cdno. 1) cuando el vigilante de la recepción del edificio 19 impidió la entrada de las materas de las personas que las llevaron hasta ese lugar las dejaron en la calle, lo cual fue informado inmediatamente al personal de seguridad que se encontraba en el tercer piso del edificio, dicho personal bajó al primero y, al revisarlas, observó que contenían explosivos, por lo cual se dispuso en seguida un plan de evacuación, que no culminó con éxito, porque los artefactos estallaron y produjeron la muerte de la señora Becerra Murillo.

Pues bien, contrario a lo afirmado por los actores, el día de los hechos las demandadas desplegaron un operativo de seguridad, el cual, por una parte, impidió que las materas con explosivos ingresaran a. las instalaciones de la electrificadora, evitando así una tragedia aún mayor y, por otra parte, permitió la evacuación del edificio y, seguramente, que otras personas no resultaran también afectadas, de modo que no es cierto que las demandadas hubieran omitido las medidas de vigilancia y control necesarias.

Es obvio que todo transcurrió muy rápido, tanto que ni siquiera las demandadas alcanzaron a llamar a la policía, pero esta circunstancia no las responsabiliza de lo ocurrido, pues lo correcto, dada la premura del tiempo y lo apremiante de la situación, era evacuar el edificio, como en efecto ocurrió.

En torno a esto último, no obra prueba alguna en el plenario que indique cómo se realizó y si se cumplieron todos y cada uno de los protocolos de evacuación, de suerte que resulta imposible establecer si hubo fallas o no durante el mismo, aspecto que le incumbía demostrar a la parte demandante, lo cual no ocurrió.

Para la Sala, lo dicho en el memorando del 18 de mayo de 2002 y el testimonio del señor Sierra Mendoza merecen plena credibilidad, pues, a pesar de que provienen de la electrificadora demandada, lo afirmado por ambos es coherente, claro, preciso y describe con lujo de detalles lo que ocurrió el día de los hechos; además, no obran pruebas en el plenario que controviertan o desvirtúen lo sostenido por ellos y menos aún que muestren una versión distinta de lo sucedido ese día.

Ahora, si bien en el proceso otro testigo, el señor Víctor Hugo Maturana Escorcia(15), aseguró que, según lo que “dicen los medios y dice la prensa”, el personal de seguridad de Electrocosta S.A. E.S.P. se demoró en bajar a la recepción, para verificar el contenido de las materas (fls. 222 y 223, cdno. 1), lo cierto es que ese no fue un testigo presencial de los hechos, pues lo dicho por él corresponde a lo que habría escuchado o leído en los medios de comunicación, acerca de lo cual es preciso señalar que los actores aportaron con la demanda unos recortes de prensa (fls. 39 a 43, cdno. 1) que nada dicen sobre los supuestos problemas de seguridad a cargo de las acá demandadas.

En cuanto a los interrogatorios de parte que absolvieron las señoras Onassis y Jackelin Murillo Becerra, hermanas de la víctima, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 263 a 267, cdno. 1), quienes aseguraron que, el día de los hechos, fallaron las medidas de vigilancia y control de la electrificadora y del Edificio 19, debe decirse que éllas tampoco fueron testigos presenciales de los hechos y que, además, su dicho no está respaldado o ratificado con otros medios de prueba.

Pues bien, teniendo en cuenta, entonces, que los actores no demostraron que el atentado terrorista que cobró la vida de la señora Murillo Becerra obedeció a la falta de medidas de vigilancia y control de Electrocosta S.A. E.S.P. y del Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú, se negarán las pretensiones de la demanda.

En consecuencia, se confirmará la Sentencia del 3 de febrero de 2011, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda.

2.6. Condena en costas.

Teniendo en cuenta que no se dan los supuestos previstos por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, ya que no se demostró que alguna de las partes hubiera actuado temerariamente, la Sala se abstendrá de imponer costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la Sentencia del 3 de febrero de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. ABSTIÉNESE de condenar en costas.

3. Una vez en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase».

3. Para el año de presentación de la demanda (2002), el salario mínimo era de $309.000 (D. 2910 dic. 31/2001), de modo que 500 S.M.L.M.V. equivalían a $154´000.000.

4. Ley 446 de 1998.

5. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de octubre de 1998, expediente 15.392.

6. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1 de octubre de 2008, expediente 16.592.

7. Según el artículo 38 (num. 1 lit. d) de la Ley 489 de 1998.

8. Electrocosta S.A. E.S.P. fue creada mediante escritura pública 2275 del 6 de julio de 1998, dela Notaria 45 de Bogotá, y registrada en Cámara de Comercio el 13 de julio de ese mismo año, como lo indica su respectivo certificado de existencia y representación (fls. 31 a 38, cdno. 1). En diciembre de 2007, aquella se convirtió en Electricaribe S.A. E.S.P. y la participación accionaria es mayormente privada (86,01%) (www.electricaribe.com).
Mediante Resolución 584 del 24 de mayo de 2000, la Alcaldía de Cartagena de Indias ordenó el registro de la persona jurídica de propiedad horizontal denominada Edificio 19 Proyecto Integrado Chambacú. (fls. 11 a 13, cdno. 1).

9. Al respecto, es indispensable aclarar que la Policía Nacional pidió que se oficiara a la Fiscalía General de la Nación, para que aportara las sentencias de primero y de segunda instancia proferidas en el citado proceso penal, pero no pidió el traslado de todo éste (fl. 92, cdno. 1).

10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 12.789.

11. Sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11.898.

12. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 8 de febrero de 2012, expediente 22.943.

13. Interrogatorio de parte rendido el 17 de mayo de 2007, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 235 a 237, cdno. 1).

14. Testimonio rendido el 19 de octubre de 2007, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 293 a 296, cdno. 1).

15. Testimonio rendido el 14 de mayo de 2007, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar (fls. 222 y 223, cdno. 1)