Sentencia 2002-00925 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN “A”

Radicación: 19001233100020020092501

Nº Interno: 1777-09

Consejero Ponente:

Dr. Luis Rafael Vergara Quintero

Apelación sentencia

Actor: Alina Muñoz Benítez

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

En primer lugar debe precisar la Sala que, como lo ha dicho la Sección reiteradamente(1), en el recurso de apelación la competencia de la corporación está restringida a los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente contra la providencia objeto del recurso y que se relacionen, desde luego, con las causales de nulidad planteadas en la demanda.

Como quiera que la parte actora aduce en el recurso de apelación que se le desconocieron las prerrogativas que le otorga la carrera administrativa en la supresión de cargos que demanda, la Sala procederá a efectuar el análisis de este punto, teniendo en cuenta que los argumentos referentes al estudio técnico no fueron expuestos en la demanda.

En efecto, el escrito de apelación contiene dos aspectos: el primero, que las personas incorporadas en la nueva planta de personal establecida por el INAT a través de la Resolución 92 de 15 de febrero de 2002 en el cargo de técnico administrativo, código 4065 grado 12, no acreditaban en su hoja de vida la experiencia profesional necesaria para desempeñar el cargo y otras fueron vinculadas en calidad de provisionales; y el segundo, que los señores Manuel Cabas, Ingrid Pacheco, Neys Sarmiento y Carmen Barroso al momento de ser nombrados en la nueva planta de personal tenían grados superiores al ocupado por ella en calidad de provisionales.

Sobre supresión de cargos por reestructuración administrativa ha dicho la Corte Constitucional: “Cuando existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en una entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga sin que puedan oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios ya que estos deben ceder ante el interés general. Esto ocurre en este caso pues era necesario adecuar la estructura y la planta de personal de la contraloría a las nuevas funciones que le asigna la Constitución. Pero incluso en tales casos, el empleado protegido por la carrera tiene derecho a la reparación del daño causado, puesto que él es titular de unos derechos adquiridos de contenido económico que debió ceder por la prevalencia del interés general” (Sent. C-527-94).

Por eso, la administración, si lo considera necesario porque en esa forma atiende mejor el servicio, puede optar por suprimir empleos de una determinada remuneración para incrementar otros de mejor remuneración. Le corresponde entonces a quien impugna la determinación demostrar que con ella no se buscó mejorar el servicio sino afectar sin justificación los derechos de carrera de un determinado empleado, pues la presunción de legalidad de los actos administrativos, artículos 64 y 66 del Código Contencioso Administrativo, impone a quien los cuestiona la carga de probar que el acto de que se trate, en este caso el de supresión, se encuentra viciado de ilegalidad.

La demandante en el escrito de la apelación señala que en la nueva planta de personal fueron incorporados en el cargo de técnico administrativo código 4065 grado 12, funcionarios que no acreditaban en su hoja de vida la experiencia necesaria para desempeñar el cargo y otras personas “fueron vinculadas en provisionalidad”.

Esta afirmación no aparece demostrada en el plenario. En el figuran, es cierto, la hoja de vida de la actora y varias calificaciones, pero ninguna prueba de los empleados incorporados a la nueva planta de personal en el citado cargo por lo que se hace imposible realizar el cotejo necesario a efectos de verificar si, efectivamente, le fueron desconocidos los derechos a la demandante, quien sostiene que goza de mejor derecho que los demás.

Le correspondía a la demandante demostrar si alguno de los funcionarios Henry Alper Castillo, Elvin Carrillo Brito, Ana Beatriz Fuguen Vargas, Hugo Fernando García Larrota, Luz Adriana Hernández Escobar, Clariza Muñoz Agudelo, Maria Noralba Ortiz Parra y Jose María Tenorio Velásquez que fueron incorporados en el cargo de técnico administrativo código 4065, grado 12, no contaban con los requisitos para ejercer el cargo o su vinculación era de carácter provisional, cuestión que no ocurrió en el caso sub judice.

Respecto de las personas a que hace alusión la apelante, aparece una certificación suscrita por la señora Sandra Patricia Rocha Urbina “Designada de las funciones del grupo de recursos humanos del instituto nacional de adecuación de tierras - INAT en liquidación” (fl. 276, cdno. 2) en los siguientes términos:

“Que los cargos, su denominación, códigos, grados y situación administrativa antes de la expedición de la Resolución 92 del 15 de febrero de 2002 de los señores que relaciono a continuación son las siguientes;

NombresCargo - Código y gradoSituación administrativa
Neys Santana Sarmiento JimenezTécnico operativo 4080-12En carrera administrativa
Manuel Guillermo Cabas DazaAsistente administrativo 4140-16En provisionalidad
Carmen Barroso MovillaTécnico administrativo 065-16En provisionalidad
Ingrid Halida Pacheco ValenciaTécnico administrativo 4065-14En provisionalidad

Esta certificación no resulta suficiente para demostrar que el derecho preferencial de la actora fue quebrantado, pues si bien los señores Manuel Guillermo Cabas Daza, Carmen Barroso Movilla e Ingrid Pacheco Valencia fueron vinculados en provisionalidad, se encuentra que no sólo se encontraban en cargos diferentes al de la demandante, sino que tampoco logró demostrar que acreditaba y superaba los requisitos exigidos para cada uno de los empleos en mención.

Resulta pertinente recordar en este momento que de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, a las partes les corresponde probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; y por la presunción de legalidad inherente a los actos administrativos se consideran ajustados a derecho mientras no se demuestre lo contrario, lo cual se deduce del texto del artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

En conclusión, como la demandante no cumplió con la carga de la prueba exigida en relación con la impugnación del acto demandado y, en cuanto a la acusación concreta, no demostró tener mejor derecho que los empleados señalados a lo largo del libelo, y que fueron incorporados a la nueva planta de personal, se desestimarán las pretensiones de la demanda, lo que obliga a la Sala a confirmar el fallo recurrido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia del trece (13) de agosto de dos mil nueve (2009) proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que denegó las pretensiones de la demanda interpuesta por Alina Muñoz Benítez contra el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Ver entre otras las sentencias del 21 de julio de 1993, expediente 5943, actor Bernardo Tovar Gómez y 30 de agosto de 1994, expediente 6656, actor Luis Avelino Cabeza Paz.