Sentencia 2002-00928 de noviembre 28 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 13001233100020020092801 (18544)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Sociedad Eléctrica Ingeniería Electring Ltda.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Decisión: Revoca.

Asunto: Sanción por no presentar información en medios magnéticos.

Bogotá, D.C., noviembre veintiocho de dos mil trece.

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

La Sala decidirá sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Administración de Impuestos y Aduanas de Cartagena impuso a la sociedad actora la sanción por no enviar información (E.T., art. 651).

Alegó la sociedad apelante que oportunamente demostró que el patrimonio bruto en el año 1997 fue de $ 736.872.000 y que los ingresos brutos no superaron el tope legal que imponía la obligación de presentar la información exigida por la DIAN, razón por la cual no estaba obligada a suministrar la información requerida.

Observa la Sala que el artículo 631 del estatuto tributario prevé que el director general de la DIAN puede solicitar a cualquier persona o entidad, contribuyente o no, información sobre los aspectos mencionados en la misma disposición, con el fin de efectuar los estudios o cruces necesarios para el debido control de los tributos.

La solicitud de información se formula con base en la resolución del director general de la DIAN en que se establece quiénes están obligados a informar, por cada grupo o sector de personas o entidades y los plazos y lugares de entrega (art. 631 (par. 1º)).

En virtud de esta autorización se expidieron el Decreto 3020 de 1997 y la Resolución 7328 de 1998, conforme con los cuales, entre otros entes, estaban obligadas a presentar información en medios magnéticos, las personas jurídicas, contribuyentes o no, declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, que a 31 de diciembre de 1997, tuvieran un patrimonio bruto superior a $ 2.108.000.000.

El artículo 651 del estatuto tributario consagra la sanción por no cumplir la obligación de suministrar la información solicitada por la DIAN y señala como hechos constitutivos de la infracción el no informar, hacerlo de manera extemporánea, con errores, o aportar información que no corresponda a lo solicitado. Según esta norma, en los mencionados eventos, procede la multa que se fija conforme con los siguientes criterios:

1. Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida(2), se suministró en forma errónea o extemporáneamente.

2. Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año inmediatamente anterior o a la última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.

Además, la sanción por no enviar información puede ser objeto de reducción al 10% de la misma, si la omisión es subsanada antes de que se notifique su imposición, o al 20%, si la información es corregida dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción.

De otra parte, el artículo 638 del estatuto tributario, prevé que si la sanción se impone en resolución independiente, como ocurrió en este caso, el pliego de cargos debe formularse dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período dentro del cual ocurrió la irregularidad sancionable. Y, que, vencido el término de respuesta al pliego, la administración tiene seis (6) meses para aplicar la respectiva sanción, previa la práctica de pruebas, si a ello hubiere lugar. El plazo para responder el pliego es de un mes, conforme con el artículo 651 del estatuto tributario.

Según el a quo, si bien la sociedad, en el recurso de reconsideración, adujo que no estaba obligada a suministrar la información por haber incurrido en un error en la declaración de renta presentada por el año gravable 1997, consistente en incluir en el renglón correspondiente a cuentas por cobrar la suma de $ 1.516.114.000, valor que debió ser declarado por la fiducia y no por la sociedad actora, tal inconsistencia no fue subsanada, presentando la respectiva declaración de corrección.

Observa la Sala que si bien el artículo 746 del estatuto tributario señala que las declaraciones tributarias están investidas de la presunción de legalidad mientras no medie un proceso administrativo de modificación o una corrección por parte del declarante, de lo cual no existe prueba en el expediente, el contribuyente demostró que no se encuentra obligado a presentar la información solicitada por las siguientes razones:

Con fundamento en las pruebas aportadas por el contribuyente en vía gubernativa, la administración, en la Resolución 060662002000002 del 9 de abril de 2002, por medio de la cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto en contra de la resolución sancionatoria, señaló(3):

“En las copias del libro mayor, aportadas con ocasión de la solicitud efectuada por este despacho, se observa lo siguiente en relación con las diferentes cuentas a 31-12-97:

“(...).

En relación con el monto de la cuenta deudores, se observa lo siguiente:

A 31-12-97 el contribuyente refleja en los libros un total de $ 2.014.166.795, el cual descompone en su respuesta y en la declaración de renta por el año gravable 1997, así:

• Cuentas por cobrar clientes: $ 497.053.000

• Cuentas por cobrar otras: $ 1.516.114.000

Para efectos de demostrar el error anotado por el contribuyente y acorde con la solicitud de este despacho, este aporta copia del libro mayor de la sociedad a 31-12-98, donde se observa la reversión que, por monto de $ 869.219.000, efectúa el contribuyente.

Del análisis de los documentos relacionados se infiere que efectivamente la sociedad recurrente incurrió en un error en su declaración de renta por el año gravable 1997 que la obligaba a suministrar información en medios magnéticos acorde con el artículo 631 del estatuto tributario, pero que como ya analizamos no corrigió a tiempo por lo cual no es de recibo lo en este sentido afirmado, adicionado lo anterior con la existencia, por dicho año gravable, del contrato de fiducia en citas, el que en últimas convierte a la Fiduciaria Tequendama en el sujeto pasivo de la obligación mencionada pero en relación con los contratos objeto de la fiducia mencionada y no con los demás conceptos sobre los cuales pesa la obligación de informar es en la sociedad accionante conforme a la normatividad y doctrina aquí citadas”.

De esta forma se observa que, tal como lo corroboró la DIAN, para el año gravable 1997 según los libros de contabilidad, el contribuyente contaba con un patrimonio bruto de $ 736.872.000, rubro que no supera el tope legalmente establecido para quedar obligado a presentar la información requerida ($ 2.108.000.000).

Reiteradamente la Sala ha afirmado(4) que el parágrafo 2º del artículo 631 del estatuto tributario(5), al determinar los obligados a presentar información en medios magnéticos, señaló que los ingresos brutos y el patrimonio bruto a tener en cuenta para tales efectos, no son los declarados, sino los poseídos en el último día del año inmediatamente anterior.

Adicionalmente, la Sala ha señalado que del contenido del artículo 631 del estatuto tributario se puede concluir que la ley no condiciona en parte alguna que los topes de patrimonio bruto fijados para que nazca la obligación de informar en medios magnéticos, tengan que figurar en una declaración tributaria y que además esta se entienda válidamente presentada(6).

En consecuencia, encuentra la Sala que las pruebas allegadas, debidamente valoradas por la DIAN, son suficientes para desvirtuar la presunción de veracidad del denuncio rentístico, sin que sea necesario para los efectos estudiados, la corrección de la declaración, como lo adujo la administración.

Así, se demostró que la demandante no se encontraba obligada a presentar información en medios magnéticos por el año gravable en discusión, por cuanto el patrimonio bruto poseído en el último día del año gravable 1997, no superó los topes legalmente establecidos.

En este asunto se había designado conjuez, sin embargo, un nuevo estudio permitió integrar el quórum decisorio para la aprobación de esta decisión, razón por la que no es necesaria la intervención del conjuez.

Por lo anterior, la sentencia de primera instancia será revocada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia de 3 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Sociedad Eléctrica Ingeniería Electring Ltda., contra la DIAN. En su lugar dispone:

2. DECLÁRASEla nulidad de las resoluciones 06064200100073 de 23 de marzo de 2001 y 0606620020002 de 9 de abril de 2002, mediante las cuales la Administración de Impuestos de Cartagena impuso a la actora sanción por no enviar información por el año 1998.

3. A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que no hay lugar a la sanción impuesta en los actos que se anulan.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(2) La administración tomó como base para imponer la sanción el total de costos y deducciones del año gravable 1998 ($ 2.756.959.000) y aplicó el 5%, determinando la sanción en $ 137.847.950.

(3) Folio 28 exp.

(4) Sentencia del 30 de junio de 2000, Exp. 10147 C.P. Julio E. Correa Restrepo y del 12 de diciembre de 2002, Exp. 13126 C.P. Ligia López Díaz.

(5) PAR. 2º—Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del año inmediatamente anterior a aquel en el cual se solicita la información, hubieren poseído un patrimonio bruto superior a dos mil ciento ocho millones de pesos ($ 2.108.000.000), o cuando los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cuatro mil doscientos dieciséis millones de pesos ($ 4.216.000.000), la información a que se refiere el presente artículo, deberá presentarse en medios magnéticos que sean procesables por la Dirección de Impuestos Nacionales.

(6) Sentencia del 22 de septiembre de 2005, Exp. 14060 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.