Sentencia 2002-00959 de junio 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 5001233100020020095901

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: Aerolíneas Centrales de Colombia S.A.- Aces

Bogotá, D.C., dieciséis de junio de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

Mediante Resolución 83A11064-1819 de 25 de julio de 2001, la Jefe de la división de liquidación aduanera de la DIAN —Administración Medellín-— declaró responsable a Aces S.A. por incumplir con el término para finalizar el tránsito aduanero fijado por la Aduana de partida el 2 de noviembre de 2000 y ordenó hacer efectiva la póliza 1999131349 expedida por la Compañía Agrícola de Seguros S.A.

Por Resolución 8311072A-3192 de 31 de octubre de 2001, la jefe de la división jurídica aduanera de la DIAN —Administración Medellín— decidió el recurso de reconsideración interpuesto por la actora contra la resolución anterior, confirmándola en todas sus partes.

La controversia se contrae a determinar en primer lugar, si el transportador finaliza el régimen de tránsito aduanero con la sola entrega física de la mercancía a la aduana de destino, o si se necesita, además, la presentación, entrega y registro de la declaración de cabotaje y los documentos soporte dentro del plazo señalado y, en segundo lugar, si el acto administrativo que declaró el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero fue expedido extemporáneamente, esto es, después de los 30 días establecidos en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999.

La solución de la controversia planteada implica, entonces, establecer el alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad de transportadora de la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para ello es necesario entender las disposiciones aplicadas al caso concreto.

El artículo 3º del Decreto 2685 de 1999, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, claramente señala que, serán responsables de las obligaciones aduaneras, el importador, el exportador, el propietario, el poseedor o el tenedor de la mercancía; así mismo, serán responsables de las obligaciones que se deriven por su intervención, el transportador, el agente de carga internacional, el depositario, intermediario y el declarante.

Por su parte, el artículo 4º ibídem dispone que la obligación aduanera es personal, sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía, mediante abandono, aprehensión o decomiso, con preferencia a cualquier otra garantía u obligación que recaiga sobre ella.

Según el artículo 356 ibídem, en las operaciones de tránsito aduanero, el declarante es responsable ante la aduana por la veracidad de la información consignada en la Declaración de tránsito aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía que no llegue a la aduana de destino. Por su parte, el transportador debe responder ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero.

Esta norma dispone:

“ART. 356.—Responsabilidades.

El declarante se hará responsable ante la Aduana por la veracidad de la información consignada en la Declaración de tránsito aduanero y por el pago de los tributos aduaneros correspondientes a la mercancía sometida al régimen de tránsito, que no llegue a la aduana de destino.

La empresa transportadora responderá ante la autoridad aduanera por la finalización del régimen dentro de los plazos autorizados y por la correcta ejecución de la operación de tránsito aduanero”.

La Sala en sentencia de 1º de noviembre de 2001(1), la cual ha sido reiterada en varias oportunidades(2), se pronunció sobre la cuestión y definió que el transportador está obligado a finalizar el régimen de tránsito aduanero con la entrega de la mercancía «conforme», esto es, con la presentación del D.T.A y el manifiesto de carga en la aduana de destino, dentro del término fijado para el régimen correspondiente.

En esa ocasión se dijo:

«(...).

La solución de la controversia implica, entonces, establecer el alcance o contenido de la obligación que adquirió la actora en su calidad de transportadora de la mercancía sujeta al mencionado régimen. Para ello habrán de atenderse las disposiciones aplicadas en el acto demandado, cuales son los artículos 9º del Decreto 2402 de 1991, que señala las causales por las cuales se termina el Régimen de Tránsito Aduanero; 3 del Decreto 1909 de 1992, que señala al transportador como responsable de las obligaciones que se deriven de su intervención en las operaciones aduaneras.

Igualmente, los numerales 6.1 y 6.2 de la Resolución 3333 de 6 de diciembre de 1991, por medio de la cual se establece el procedimiento relativo al tránsito aduanero, cuyo tenor, en lo pertinente, es el siguiente:

“6. 1. Presentación en la aduana de la mercancía en tránsito.

Las mercancías en tránsito deberán ser presentadas en la Aduana de destino dentro del plazo establecido junto con los siguientes documentos:

- Declaración de Tránsito Aduanero (DTA), original, 2ª y 3ª copia.

- Documento de transporte.

6. 2. Recepción de la mercancía.

El funcionario asignado realizará las siguientes actuaciones:

Verificar la correspondencia de los datos consignados en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTA) y los documentos anexos con los de la unidad de carga y/o medio de transporte.

(...).

Avisará al administrador o jefe regional de la aduana de partida sobre la llegada de las mercancías, vía fax, télex o por radiograma”.

También los artículos 9º, numeral 2º, del Decreto 2402 de 1991, según el cual “la cancelación del tránsito se efectuará con la presentación conforme de la mercancía en la Aduana de destino..”.; 25 de la Resolución 1794 de 1993, que señala como objeto de las garantías otorgadas en régimen de tránsito aduanero el de “amparar la obligación de finalizar el régimen de tránsito dentro del plazo autorizado y/o el pago de los tributos aduaneros que se deriven del incumplimiento”; 3º, parágrafo, de la Resolución 371 de 1992, que dispone que el conductor deberá entregar la declaración de tránsito cuando la mercancía llegue a la aduana de destino, que se habilitará como manifiesto de carga; y 8º de la misma resolución, a cuyo tenor, el funcionario que reciba los documentos de viaje estampará y diligenciará el sello correspondiente en los ejemplares del manifiesto de carga (negrilla fuera del texto).

Además, en la Resolución 212 de 16 de febrero de 1998, mediante la cual fue decidido el recurso de reposición, se hace constar que en el contrato de seguros correspondiente a la póliza que se ordena hacer efectiva aparece como obligación garantizada la finalización del tránsito aduanero dentro del término autorizado y/o pago de los tributos aduaneros en los términos del artículo 25 de la Resolución 1794 de 1993.

De lo anterior se deduce que:

Primero, la entrega de la documentación que respalda la mercancía, consistente en el manifiesto de carga de la misma y de la DTA, principalmente, forma parte de los requisitos que la ley exige para que se perfeccione el cumplimiento del tránsito aduanero, esto es, para que se dé como finalizado dicho régimen, y

Segundo, la obligación del transportador, en este caso de la actora en cuanto transportadora de la mercancía en tránsito aduanero, era la de finalizar el régimen mediante la entrega de la “mercancía conforme”, esto es, con la presentación de la documentación respectiva —DTA y manifiesto de carga—, en la aduana de destino dentro del término fijado para el régimen correspondiente, que en su caso era hasta el 5 de septiembre de 1996. (Negrilla fuera de texto)

(…)”.

Observa la Sala que en el caso bajo examen, la Declaración de tránsito aduanero (DTA) 004477 de 2 de noviembre de 2000(3), con la que se autorizó el transporte de la mercancía relacionada en el manifiesto de carga 472000100006319 de 31 de octubre de 2000 desde Bogotá hasta Cali y fijó como plazo máximo para su realización el 7 de noviembre de 2000.

Asimismo, obra en el expediente la comunicación de 12 de marzo de 2001(4) con la que la jefe de la división de carga y registro de la DIAN —administración Cali— informa al jefe de la división de fiscalización de la DIAN —administración Bogotá—, lo siguiente:

“(...).

3. cabotaje con Autorización 4477 del 2 de noviembre de 2000.

Fotocopia del oficio 47-074-90 del 23 de enero de 2001, mediante el cual este despacho requirió al declarante por posible incumplimiento, oficio de respuesta de la aerolínea Aces con número de radicado 3607 del 19 de febrero de 2001 con sus anexos y fotocopia del cabotaje y sus anexos que reposan en nuestros archivos. Se remite para la aplicación de la sanción establecida en el numeral 3.2.2 del artículo 497 del Decreto 2685 de 1999 modificado por el artículo 19 del Decreto 1198 de 2000, ya que la finalización del régimen se dio por fuera de los plazos otorgados por esta administración” (Negrilla fuera de texto).

Además, se encuentra en el expediente la Planilla 5002852 en la que consta que el 7 de noviembre de 2000(5), la DIAN envió la mercancía trasportada por Aces S.A. con el DTA 4477 al depósito SNIDER.

Sin embargo, en el aviso de llegada de cabotaje obrante a folio 81 consta que Aces S.A. entregó el manifiesto de carga en la aduana de destino el 8 de noviembre de 2000, esto es, al día siguiente del vencimiento del plazo autorizado y en las observaciones se anotó lo siguiente: “llego por fuera del término otorgado (vencido)”.

Cabe precisar que de conformidad con lo previsto en los artículos 375 y 379 del Decreto 2685 de 1999, el cabotaje es una modalidad de tránsito aduanero y, como tal, finalizará con la entrega de la declaración de cabotaje junto con los documentos soporte en la Aduana de destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada. Estas normas disponen:

DECRETO 2685 DE 1999

“ART. 375.—Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida -por agua o por aire- entre dos (2) puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional”.

“ART. 379.—Finalización del cabotaje. <Artículo derogado a partir del 22 de marzo de 2016, por el artículo 676 del Decreto 390 de 2016> El cabotaje finalizará con la entrega de la Declaración de cabotaje junto con los documentos soporte en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada o al Usuario Operador de Zona Franca”.

Asimismo, el artículo 348 de la Resolución 4240 de 2000, establece:

“ART. 348.—Entrega de la carga al depósito y finalización de la modalidad de cabotaje. La modalidad de cabotaje finalizará con la entrega de la Declaración de cabotaje junto con los documentos soporte en la Aduana de Destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada, o al Usuario Operador de Zona Franca.

Para tal efecto, el transportador deberá presentar la declaración de cabotaje y el documento de transporte en la aduana de destino y la entrega de la mercancía al depósito habilitado al cual vaya consignada, o al usuario operador de zona franca. Posteriormente el empleado competente de la empresa transportadora elaborará la Planilla de envío. (...)” (Negrilla fuera de texto original)

De ahí que el trámite de finalización del cabotaje requiera además de la entrega de la mercancía trasportada al depósito al cual vaya consignada, que el transportador o declarante entregue a la Aduana de destino, tanto la declaración de cabotaje como los documentos de transporte.

Fuerza es, entonces concluir que la actora incumplió el régimen de tránsito aduanero, pues así haya entregado la mercancía dentro del plazo, esto es el 7 de noviembre de 2000, para cumplir con la finalización del régimen era necesario que la DTA 4477 se hubiera registrado en la Aduana de Destino esa misma fecha y no al día siguiente, es decir, el 8 de noviembre de 2000.

Correspondía a la actora demostrar que en realidad no existió el hecho que dio lugar a la declaración de incumplimiento del tránsito aduanero, pues según el artículo 177 del CPC., aplicable por reenvío del artículo 168 del CCA, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Dado que la actora no demostró haber entregado en la Aduana de destino la DTA y el manifiesto de carga dentro del plazo establecido, esto es el 7 de noviembre de 2000, no puede predicarse en principio violación de las normas invocadas en la demanda por parte de la DIAN.

Frente al cargo relacionado con la expedición del acto administrativo que declara el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero de manera extemporánea, esto es, después de los 30 días establecidos en el artículo 512 del Decreto 2685 de 1999, se observa lo siguiente:

El tenor del artículo 512 del Decreto 2685 de 1999 es el siguiente:

“ART. 512.—Acto administrativo que decide de fondo. Recibida la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero y practicadas las pruebas, o vencido el término de traslado, sin que se hubiere recibido respuesta al Requerimiento, o sin que se hubiere solicitado pruebas, o se hubieren denegado las solicitadas, la autoridad aduanera dispondrá de treinta (30) días para expedir el acto administrativo que decida de fondo sobre la imposición de la sanción, el decomiso de la mercancía, la formulación de la liquidación oficial o, el archivo del expediente y la devolución de la mercancía aprehendida, si a ello hubiere lugar.

La notificación del acto que decide de fondo se deberá practicar de conformidad con los artículos 564 y 567 del presente decreto”.

La norma dispone que una vez recibida la respuesta al requerimiento especial aduanero, la autoridad aduanera dispondrá de 30 días para expedir el acto administrativo que decide de fondo sobre la imposición de la sanción.

En el caso presente, el 22 de junio de 2001(6) el actor contestó el Requerimiento Especial Aduanero 1107020012110439031568.

La entidad entonces, tenía plazo hasta el 9 de agosto de 2001 para expedir el acto que decidió de fondo el asunto, esto es, la Resolución 83A11064 1819 mediante la cual declaró el incumplimiento del régimen de tránsito aduanero e impuso una sanción que fue proferida el 25 de julio de 2001, por lo que no cabe duda alguna para la Sala, que dicho acto fue proferido dentro del término previsto en la norma.

Se impone por tanto, revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda como se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia de 25 de octubre de 2011 del Tribunal Administrativo del Antioquia y, en su lugar, DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha».

1 Sentencia de 1º de noviembre de 2001, Expediente 1997-4904, Actora: Tráficos y Fletes S.A., M.P. Dr. Manuel S. Urueta Ayola.

2 Sentencia de 31 de enero de 2008, Expediente: 2002-00178, Actora: Tráficos y Fletes S.A., M.P. Dr. Camilo Arciniegas Andrade. Sentencia de 31 de julio de 2008, Expediente: 2000-01901, Actor: Eduardo Botero Soto y Cia Ltda. M.P. Dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Sentencia de 6 de mayo de 2010, Expediente: 2002-00333, Actora: Aducarga S.A., M.P. Dra. María Claudia Rojas Lasso.

3 Folio 68.

4 Folio 83.

5 Folio 97.

6 Folio 92.