Sentencia 2002-00962 de febrero 14 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Rad.: 54001-23-31-000-2002-00962-01(0847-11)

Consejero Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Sergio Alejandro Rueda Moreno

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., catorce de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si procede o no el nombramiento del actor en el cargo de contador liquidador de impuestos del Tribunal Administrativo de Santander por haber superado las etapas del concurso de méritos convocado para proveer cargos en la rama judicial.

Actos acusados

1. Memorando UACJ-272 de 10 de abril de 2000, proferido por la directora de la unidad de administración de carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del cual rindió concepto “sobre la existencia del cargo de contador liquidador de impuestos en el Tribunal Administrativo de Santander” concluyendo que en esa corporación no existen los cargos de secretario contador ni contador liquidador de impuestos grado 17 (fl. 73).

2. Acta de 3 de mayo de 2000 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual aprobó el concepto presentado por la unidad de administración de carrera judicial que informó sobre la inexistencia de los cargos de secretario contador y contador liquidador de impuestos en el Tribunal Administrativo de Santander (fl. 78).

3. Oficio 1293 de 9 de mayo de 2000 proferido por la directora de la unidad de administración de carrera judicial, por medio del cual le informó al actor la inexistencia del cargo de contador liquidador de impuestos en el Tribunal Administrativo de Santander y le indicó que debía solicitar el cambio de inscripción a las seccionales en las que exista (fl. 71).

4. Oficio CSJS - PSA 1625 de 15 de noviembre de 2000, proferido por la Sala Administrativo del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander a través del cual le reiteró al demandante que el cargo de contador liquidador de impuestos no figura en la planta de personal de esa corporación (fl. 110).

5. Resolución 106 de 30 de noviembre de 2000, proferida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander que desató el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior confirmándola en todas sus partes (fl. 133).

6. Resolución 351de 3 de abril de 2001 proferida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que resolvió el en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior y advirtió que el vicepresidente de esa corporación, en oficio de 19 de octubre de 2000, “cometió una involuntaria inexactitud, al afirmar que el cargo en mención, existía en dicha planta” (fl. 136).

De lo probado en el proceso

A folio 32 obra certificación expedida por el presidente del Tribunal Administrativo de Santander el 3 de junio de 1993, en la que consta que el señor Rueda Moreno desempeñó el cargo de secretario contador grado 13 desde el 12 de septiembre de 1988 hasta el 31 de julio de 1989, y agregó lo siguiente:

“…

Que entre las funciones que corresponden a dicho cargo, se encuentran las de atender los procesos relacionados con aspectos tributarios, tales como impuestos de renta, ventas y sanciones de carácter fiscal, y demás asuntos tributarios contables del orden nacional, departamental y municipal”.

A través de memorial fechado el 11 de noviembre de 1998, dirigido a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el demandante, como aspirante en la etapa eliminatoria del concurso de méritos, “actualizó” datos informando que aspiraba al cargo de contador liquidador de tribunal grado 17, en las sedes de Bucaramanga, Bogotá o Cúcuta (fl. 50).

A folios 52 y siguientes obra copia de la Resolución 316 de 24 de agosto de 1999, proferida por el Consejo Superior de la Judicatura de Santander, Sala Administrativa, mediante la cual se publicaron los puntajes obtenidos en la etapa clasificatoria del concurso de méritos para conformar registro de elegibles para los cargos de empleados de carrera de tribunales y juzgados. El demandante figura como aspirante al cargo de “contador liquidador de tribunal”, con un puntaje de 569.83.

En el registro de elegibles conformado para el Distrito Judicial de Bucaramanga no se incluyó el cargo de contador liquidador de impuestos y por ende, el actor no aparece en la lista. Los empleos señalados son el de secretario nominado de tribunal, relator, oficial mayor o sustanciador, escribiente y citador (fl. 63).

A través de escrito fechado el 13 de marzo de 2000, el demandante le expresó al presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura su interés en ocupar el cargo de contador en cualquiera de sus denominación y, por tal razón, luego de superar las etapas del concurso de méritos, pidió ser nombrado en el cargo de secretario contador que se encontraba vacante en el Tribunal Administrativo de Santander (fl. 67).

La unidad de administración de carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, mediante Oficio UACJ - 01293 de 9 de mayo de 2000, respondió la petición del actor en los siguientes términos (fl. 71):

“… me permito informar a usted que el H. Sala Administrativa en sesión del día 3 de mayo del año en curso, determinó que en la actual planta del Tribunal Administrativo de Santander no existen los cargos de “secretario contador” ni contador liquidador de impuestos grado 17, como usted lo expone, sino el cargo de secretario de tribunal con funciones de contador liquidador de impuestos de conformidad con el artículo segundo del Decreto 238 de 1978.

(Negrillas fuera del texto, y subrayado del texto).

De otra parte, es necesario aclarar que el Acuerdo 160 de 1994, modificado mediante los acuerdos Nos. 1666 de 1994, 04 y 16 de 1995 y adicionado por los acuerdos Nos. 90 y 298 de 1996, convocó al concurso de méritos para la conformación de los correspondientes registros de elegibles para los cargos de empleados de corporaciones, tribunales y juzgados, estableciendo los requisitos para los cargos de secretario y contador liquidador de impuestos de tribunales administrativos conforme a la ley y de ninguna forma se convocó el cargo de “secretario contador” al que usted se refiere.

Cabe mencionar, que la convocatoria al concurso de méritos en mención fue una sola y por tanto, allí se establecieron en general los cargos, sin referencia directa a las plantas de personal de cada seccional.

Finalmente, debido a que no existe el cargo de contador liquidador de impuestos grado 17 en el Tribunal Administrativo de Santander, es necesario que usted solicite el cambio de inscripción de conformidad con el Acuerdo 599 de 1999, en aquellas seccionales en las cuales existía dicho cargo y sean de su interés.

(…)”.

Las demás peticiones del actor fueron resueltas a través de los actos demandados.

Análisis de la Sala

Del concurso de méritos de los empleos en la carrera judicial

La Carta Política de 1991 establece como criterio para la provisión de cargos públicos el mérito y la calidad de los aspirantes. En este sentido, el artículo 125 dispone que con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley, “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera”. Así, en el mismo artículo, se dispone que “los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público”.

La normatividad aplicable al caso sub examine es la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia— reformada por la Ley 1285 de 2009, la cual establece que el fundamento de la carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública para todos los ciudadanos aptos y en la consideración del “mérito” como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.

El artículo 132 de la norma en cita señala la forma de provisión de los cargos en la rama judicial, que son: en propiedad, provisionalidad y encargo. En relación a la provisión en propiedad dispuso lo siguiente:

“…

1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera, o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

Cuando el cargo sea de carrera, inmediatamente se produzca la vacante el nominador solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según sea el caso, el envío de la correspondiente lista de candidatos, quienes deberán reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.

…” (se subraya).

El artículo 158 ibídem, preceptúa:

Campo de aplicación. Son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y de las salas de los consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción (se subraya).

A su turno, el artículo 160 señala los requisitos exigidos para ocupar cargos en la carrera judicial, con el siguiente tenor literal:

“…

Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

…” (se subraya).

A su vez, el artículo 162 ibídem determina que el proceso de selección comprende las siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos, nombramiento y confirmación.

En este sentido, las personas que superan el concurso de méritos señalado en el artículo 164(1) de la Ley 270 de 1996, entran a formar parte de los registros de elegibles para ocupar los cargos por los que optaron y concursaron; estos son inscritos en orden descendente de conformidad con los puntajes obtenidos en los procesos de selección, su especialidad y las sedes territoriales por las que aplicaron – artículo 165 -. Para la valoración de estos factores deberán emplearse, según se señala en la ley, medios técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad con parámetros previamente determinados.

En el sub lite, el concurso de méritos que superó el demandante fue convocado a través de Acuerdo 160 de 1994 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en el siguiente sentido:

“…

ART. 1º—Efectuar concurso de méritos destinado a la conformación de los correspondientes registros de elegibles para la provisión en propiedad de cargos de empleados de carrera en las distintas corporaciones y despachos judiciales del país. Esta tendrá lugar en los casos de vacancia por no haberse cubierto el cargo por el sistema de carrera previo el respectivo concurso de méritos.

ART. 3º—El concurso será abierto mediante convocatoria pública a los interesados, la cual será norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección y se ceñirá a las condiciones y términos que se relacionan a continuación:

1. Cargos en concurso

(…)

1.2. Empleos de carrera de los tribunales superiores de distrito judicial y contencioso administrativos.

(…)

Requisitos específicos

Clase de cargoGradoRequisitos
Secretario de TribunalNominadoTítulo de abogado y un (1) año de experiencia profesional.
Contador liquidador de tribunal.17Título de contador público y dos (2) años de experiencia como contador o liquidador de impuestos.

 

8. Registro de elegibles. Concluida la etapa clasificatoria, la Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura procederá a elaborar los listados de inscripción en el registro según orden descendente de puntajes dentro de cada categoría y especialidad de quienes aspirar a cargos en las corporaciones nacionales. Las salas administrativas de los consejos seccionales procederán de igual manera para los cargos de los tribunales de distrito, contencioso administrativo y juzgados.

(…)”.

En la convocatoria se relacionaron los cargos ofertados sin indicar las sedes disponibles, estas sólo se escogieron una vez elaborada la lista de elegibles conformada para cada empleo.

De la creación y existencia del cargo de “contador liquidador de impuestos” en los tribunales administrativos

El Decreto 1880 de 11 de agosto de 1977, por el cual se estableció la planta de personal de los tribunales de lo contencioso administrativo, dispuso en los artículos 10 y 11, lo siguiente:

“…

ART. 10.—La planta de personal de cada uno de los tribunales contencioso administrativo de los departamentos de (...) Santander (...), quedará así:

2 Magistrados

1 Secretario grado 20

1 Escribiente grado 10

ART. 11.—En los tribunales de lo contencioso administrativo de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, uno de los respectivos secretarios grado 20, ejercerá las funciones de contador liquidador de impuestos”.

Atendiendo la disposición anterior, las funciones de contador liquidador de impuestos se adscribieron a uno de los secretarios grado 20 de los tribunales administrativos de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.

A través del Decreto 2433 de 21 de octubre de 1977, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue organizado en secciones advirtiendo que la Sección Segunda tendría un secretario grado 20 - contador liquidador de impuestos:

“…

ART. 4º—La planta de personal subalterno del Tribunal Administrativo de Cundinamarca queda distribuida en la siguiente forma:

...

SECCIÓN SEGUNDA

1 Secretario grado 20

1 Secretario grado 20 (contador liquidador de impuestos)

4 Auxiliares de magistrado grado 17

2 Oficiales mayores grado 17

3 Escribientes grado 10

(…)”.

Posteriormente, por Decreto 238 de 8 de febrero de 1978 se crearon unos cargos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el Ministerio Público y, respecto al Tribunal Contencioso Administrativo de Santander se dispuso lo siguiente:

“ART. 1º—Créanse los siguientes cargos en los tribunales administrativos de (…) departamento de Santander

Un (1) magistrado

Un (1) secretario 20

Tres (3) auxiliares de magistrado 17

Un (1) escribiente 10

Un (1) mensajero 1

ART. 2º—Los secretarios grado 20, creados en el artículo primero, en los tribunales administrativos de Atlántico, Bolívar y Santander, ejercerán funciones de contadores públicos”.

De conformidad con la anterior normativa, en el Tribunal Administrativo de Santander se creó el cargo de secretario grado 20 con funciones de contador público y no el de contador liquidador de impuestos.

Mediante Acuerdo 1067 de 2001, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suprimió el cargo de secretario grado 20 con funciones de contador liquidador de impuestos de los tribunales administrativos de Atlántico, Bolívar y Santander, en los siguientes términos:

“(…)

Suprimir, a partir del día primero (1º) de marzo del año dos mil uno (2001), en los tribunales administrativos de Atlántico, Bolívar y Santander el cargo de secretario grado 20 con funciones de contador-liquidador de impuestos.

(…)”.

Lo anterior evidencia que en el Tribunal Administrativo de Santander no existió el cargo de “contador liquidador de impuestos” sino el de secretario grado 20 con funciones de contador liquidador de impuestos que fue suprimido a partir del 1º de marzo de 2001.

Así las cosas, los cargos a los que se refiere el actor tienen funciones y requisitos diferentes, tal como se advierte en la Convocatoria Nº 160 de 1994 para provisión de cargos en la rama judicial, que solo menciona el de secretario de tribunal y el de contador liquidador, grado 17, este último, para el que concursó el demandante pero no existe en la planta del Tribunal Administrativo de Santander.

Si bien la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del oficio de 19 de octubre de 2000 le informó al actor “(…) que en los tribunales administrativos de Atlántico, Antioquia, Cundinamarca, Bolívar y Santander existe en la planta de personal el cargo de contador liquidador de impuestos”, tal afirmación fue corregida mediante la Resolución 351 de 3 de abril de 2001 en el sentido de indicar que “se cometió una involuntaria inexactitud” al indicar que el cargo existía en la planta del Tribunal Administrativo de Santander (fls. 87 y 88).

En este orden de ideas resulta evidente que el error involuntario cometido en el oficio de 19 de octubre de 2000, proferido por el vicepresidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, no define una situación jurídica particular que genere o modifique un derecho.

La Resolución 351 de 3 de abril de 2000, que desató el recurso de apelación interpuesto por el actor, aclaró la inexactitud cometida en el oficio anterior, y culminó la actuación administrativa particular.

Ahora bien, respecto a la violación del principio de confianza legítima alegada por el demandante, la Sala advierte que la misma no se configura por las siguientes razones:

El demandante superó las etapas del concurso de méritos para el cargo de contador liquidador de impuestos grado 17 y por ello fue incluido en la lista de elegibles, diferente es que el demandante haya escogido una seccional en la que no existe el empleo para el que concursó.

La unidad de administración de carrera judicial del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Oficio UACJ-01293 de 9 de mayo de 2000, le informó al demandante sobre la inexistencia del cargo de contador liquidador de impuestos grado 17 en el Tribunal Administrativo de Santander y por ello le indicó que era necesario solicitar “… el cambio de inscripción de conformidad con el Acuerdo 599 de 1999, en aquellas Seccionales en las cuales existía dicho cargo y sean de su interés” (fls. 71 y 72).

La información anterior fue reiterada por la unidad administrativa de carrera judicial a través de la Resolución 351 de 3 de abril de 2001, en el sentido de indicar “… sobre la necesidad de efectuar su traslado de inscripción en virtud del Acuerdo 599 de 1999, en aquellas seccionales en las cuales existía el cargo de contador liquidador grado 17, cargo en el cual se encontraba inscrito en el concurso de méritos” (fl. 136).

De la anterior prueba documental, se evidencia que el actor tuvo la posibilidad de solicitar el cambio o traslado de inscripción para aquellas seccionales donde existía el cargo de “contador liquidador de tribunal grado 17”, sin embargo, insistió en ser nombrado en la sede de Santander.

El concurso de méritos convocó para proveer en propiedad cargos en las distintas corporaciones y despachos del país, incluyendo los empleos de “secretario de tribunal” y “contador liquidador de tribunal grado 17” de manera genérica, en tal sentido, no tiene razón el demandante al afirmar que los cargos citados se ofertaron en el Tribunal Administrativo de Santander porque, se repite, el de contador liquidador no existe en la planta de personal de esa corporación y por ello resulta imposible el nombramiento que pretende.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 28 de octubre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda incoada por Sergio Alejandro Rueda Moreno contra la Nación, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha precitada».

(1) Mediante Sentencia C-037-96 de 5 de febrero de 1996, Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Proyecto de Ley 58/94 Senado y 264/95 Cámara, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política, y declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE el artículo 164 del mismo, bajo las condiciones previstas en esta providencia. Expresó la Corte en la providencia:

“La presente disposición acata fehacientemente los parámetros fijados por el artículo 125 superior y por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el sentido de que el concurso de méritos, como procedimiento idóneo para proveer los cargos de carrera, debe cumplir una serie de etapas que garanticen a las autoridades y a los administrados que el resultado final se caracterizó por la transparencia y el respeto al derecho fundamental a la igualdad. (C.P., art. 13). Por ello, al definirse los procesos de convocatoria, selección o reclutamiento, la práctica de pruebas y la elaboración final de la lista de elegibles o clasificación, se logra, bajo un acertado sentido democrático, respetar los lineamientos que ha trazado el texto constitucional. Con todo, debe advertirse que ‘las pruebas’ a las que se refiere el parágrafo segundo, son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso”.

El artículo, bajo estas condiciones, fue declarado exequible.