Sentencia 2002-01002 de febrero 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 13001-23-31-000-200201002-01

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actor: Panamco Colombia S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho - Fallo

Bogotá, D.C., febrero ocho de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Panamco Colombia S.A. contra la sentencia dictada el 7 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en los términos del artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las secciones Primera y Quinta de esta corporación.

2. Problema jurídico.

El problema jurídico se contrae a resolver si era procedente la declaración de oficio de la excepción de cosa juzgada respecto de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 29 de julio de 2010, expediente con radicación 0002-2002-00938-00, en el que se denegaron las pretensiones de la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad Aseguradora Colseguros S.A. en contra de la DIAN, y en el que se solicitó la nulidad de los mismos actos administrativos que hoy son objeto de cuestionamiento, y bajo una argumentación jurídica similar.

Para dilucidar este punto, sea lo primero señalar que la institución jurídico procesal de la cosa juzgada tiene como propósito esencial otorgarle a las providencias judiciales ejecutoriadas el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, para evitar que se suscite un nuevo litigio entre las mismas partes respecto de pretensiones ya decididas, salvo las excepciones legalmente establecidas en la ley(9).

Otro de los efectos de la cosa juzgada es la imposibilidad para el juez que profirió la providencia de modificarla bajo su libre determinación o criterio, lo que también presupone la garantía del principio de seguridad jurídica.

Ahora bien, a términos de lo previsto en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil (hoy CGP, art. 303), para la configuración de la cosa juzgada se requiere que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, que se origine en la misma causa que el anterior y que haya identidad jurídica de partes.

El texto del artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, es del siguiente tenor:

“ART. 332.—La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión”.

En ese contexto, se tiene que la identidad de objeto implica que la demanda debe versar sobre la misma pretensión frente a la cual se predica la cosa juzgada. El objeto lo constituye el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia sobre una o varias cosas o una misma relación jurídica(10).

Por su parte, el requisito de la identidad de causa petendi se refiere a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener un origen en común, es decir que se sustenten en los mismos supuestos fácticos. El motivo de la demanda debe ser igual al inicialmente propuesto.

Finalmente, la identidad jurídica de las partes requiere que en el nuevo proceso deben intervenir los mismos sujetos vinculados y obligados por la decisión primigenia.

Es importante reiterar que este último requisito no se aplica en los procesos contencioso administrativos de nulidad pues, las sentencias que sobre ellos recaigan producen efectos erga omnes, lo cual implica que son oponibles a cualquier demandante que pretenda, por los mismos motivos, iniciar nuevamente el debate judicial. Adicionalmente, en estos procesos la acción es promovida no en interés particular sino, en defensa del orden jurídico.

Así lo consagra el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, cuyo texto es como se transcribe a continuación:

“ART. 175.—La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.

Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios”.

Bajo esos parámetros normativos, es claro que la declaración de la excepción de cosa juzgada resulta procedente cuando se verifica la configuración, en el nuevo debate jurídico planteado, de cada uno de los presupuestos referidos a la identidad de objeto, de causa petendi y de identidad jurídica de las partes, respecto de la sentencia debidamente ejecutoriada proferida en un proceso anterior.

En el caso que se analiza, se encuentra que en el proceso con radicación 002-2002-00938-00 tramitado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, actuó como demandante la sociedad Aseguradora Colseguros S.A. y como demandado, la DIAN.

Mediante sentencia del 29 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de Bolívar denegó las pretensiones de la demanda, providencia esta que quedó ejecutoriada, con ocasión de la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, según la información registrada en el sistema de gestión judicial Siglo XXI.

En ese asunto se solicitó la declaración de nulidad de las resoluciones 001863 del 29 de agosto de 2001, por la que se declaró el incumplimiento de la obligación aduanera de finalizar la importación temporal dentro de los plazos señalados en la declaración de importación 0708525059098-0 del 28 de septiembre de 1995 y ordenó la efectividad de la póliza de seguros constituida, y 00636 del 10 de abril de 2002, por la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión inicial, con confirmación de esta.

Como sustento de la solicitud de nulidad de los actos demandados, la compañía Colseguros S.A. alegó la errada interpretación de la DIAN respecto de la vigencia del Decreto 2685 de 1999, disposición que exige como requisito para la terminación de la importación temporal, la modificación en la declaración inicialmente presentada.

Igualmente, adujo que la declaración de la mercancía importada fue presentada bajo los postulados del Decreto 2666 de 1984, norma que consagraba que con el certificado de pagos de tributos aduaneros expedido por la DIAN, la declaración de importación en el régimen temporal se convertía en despacho a consumo, lo que a su vez generaba que la temporalidad en la importación, quedara culminada.

De lo expuesto se colige que en el proceso con radicación 2002-00938 y en el que es objeto de análisis, concurren los requisitos referentes a la identidad de causa petendi y de objeto, en el entendido de que ambos procesos se iniciaron en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de solicitar la declaración de nulidad de los actos administrativos que decretaron el incumplimiento de una obligación aduanera a cargo de la sociedad Panamco S.A., y bajo argumentos de reproche concordantes.

Sin perjuicio de lo anterior, no ocurre lo propio respecto de la configuración del presupuesto procesal de identidad de partes, en consideración a que, como ya se indicó, si bien en el proceso con radicación 2002-00938, y en el de la referencia, la parte pasiva está representada por la DIAN, lo cierto es que en el primero solo fungió como parte actora la sociedad Colseguros S.A., empresa esta que expidió la póliza de seguro de cumplimiento de disposiciones legales 1124905 a favor de la sociedad Panamco S.A., por valor de $ 417.196.462.

La decisión de denegar las pretensiones de la demanda solo se predica respecto de la relación jurídica que se trabó entre la sociedad Colseguros S.A. y la DIAN, circunstancia que enerva la configuración de la excepción de cosa juzgada por carencia del requisito de identidad jurídica de las partes, pues, los efectos de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho no son erga omnes, de tal suerte que no pueden extenderse a quien no fue vinculado como sujeto procesal.

En esos términos, es claro el yerro cometido en la sentencia apelada en el sentido de declarar de oficio la excepción de cosa juzgada y de inhibirse injustificadamente de estudiar el fondo de la controversia planteada, lo que de suyo apareja una evidente transgresión del derecho de defensa y del debido proceso de la sociedad Panamco S.A., sobre la base de considerar que no contó con la oportunidad de controvertir la decisión adoptada por el tribunal de instancia dentro del proceso 2002-00938.

Ahora bien, en reiteradas ocasiones la Sección Primera de esta corporación ha sostenido que frente a los recursos de apelación contra fallos inhibitorios injustificados, en aplicación de lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso(11), lo procedente es la devolución del expediente al a quo para que resuelva los cargos propuestos con la demanda, con el fin de garantizar el derecho a la doble instancia y, por ende, el debido proceso y de defensa.

En efecto, en sentencia del 6 de abril de 2017(12), se indicó lo siguiente:

“(...) En tratándose de recursos de apelación respecto de fallos inhibitorios injustificados, como ocurre en el sub lite, la Sala recuerda que se debe devolver el expediente al a quo para que estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia, privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de ejercer legítimamente su defensa, íntimamente ligado al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Así, para garantizar el derecho a las dos instancias, que forma parte de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, se impone la revocatoria de la sentencia recurrida para disponer, en su lugar, que el a quo se pronuncie de fondo respecto de las actos antes señalados (...)”.

Con sujeción a esta postura, que como se anotó, ha sido reiterada por parte de la Sección Primera, sería del caso devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de que estudie los cargos esgrimidos con la demanda para solicitar la declaración de nulidad de los actos administrativos expedidos por la DIAN, para de esta manera garantizar el derecho a la doble instancia de la sociedad Panamco S.A.

De esta manera, en observancia de los principios de celeridad, economía, eficacia y eficiencia procesal, y en razón a que ya existe precedente jurisprudencial frente a casos de idénticos supuestos fácticos y jurídicos a los que aquí se controvierten, en los que también ha actuado como demandante la sociedad Panamco S.A.(13), la Sala entra a resolver el fondo del asunto.

3. Caso concreto.

Mediante declaración 0708525059098-0 del 28 septiembre de 1995 la sociedad Panamco S.A. efectuó una importación bajo la modalidad temporal a largo plazo en arrendamiento, cuya finalización debía acaecer el 28 de septiembre de 2000.

Para el momento de presentación de la declaración de importación se encontraba vigente el Decreto 2666 de 1984 “Por el cual se revisa parcialmente la legislación aduanera”, disposición según la cual, la finalización de la modalidad temporal ocurría con la expedición del certificado correspondiente por parte de la aduana, en el que se verificaba el pago de los tributos aduaneros, y este a su vez, se convertía en comprobante de despacho a consumo, por lo que la mercancía quedaba legamente introducida al territorio aduanero nacional.

Respecto de la terminación del régimen de importación temporal, el artículo 219 del Decreto 2666 de 1984 consagraba como uno de los mecanismos para ese fin, la declaración de la mercancía para despacho a consumo.

El texto de la citada disposición, es el siguiente:

“ART. 219.—Terminación del régimen:

1. El régimen de la importación temporal terminará normalmente por la reexportación de la mercancía en las condiciones previstas en la autorización. La aduana que inicia el trámite de importación temporal, deberá cancelar el documento de despacho correspondiente, cuando la mercancía sea reexportada por la misma o cuando reciba la constancia del hecho, de parte de la otra aduana que controló la salida física de las mercancías.

2. También se terminará el régimen en los siguientes casos:

a) Por la declaración de la mercancía a despacho a consumo:

1. Cuando previo cumplimiento de todas las formalidades y requisitos legales el interesado así lo solicite.

2. Cuando vencido el plazo reglamentario concedido sin que la mercancía haya sido solicitada a despacho para consumo, el administrador ordenará la efectividad de la garantía constituida como sanción por la finalización del régimen y la presentación de la respectiva declaración de oficio que exija el pago de los restantes derechos de importación, del impuesto sobre las ventas y demás gravámenes, según el caso. La aduana incautará las mercancías si no se hubiesen pagado los derechos totales adeudados dentro del plazo y declarará el abandono de las mismas;

b) Cuando el administrador de la aduana estime necesario poner fin a la franquicia por incumplimiento de los requisitos legales, en cuyo caso igualmente se ordenará la declaración de oficio para su despacho a consumo;

c) Por abandono de la mercancía, que puede ser voluntario, cuando es solicitado por el propio consignatario mientras la mercancía está a su disposición: o legal, cuando habiendo vencido el plazo para su reexportación aún no ha salido del país o no ha sido puesta a disposición de la aduana y esta así lo declare, cualquiera sea el lugar de su almacenamiento;

d) Cuando la mercancía se destruya por el uso natural o por fuerza mayor o caso fortuito, justificados ante la aduana”.

Por su parte, el parágrafo del artículo 224 ibídem establecía que la declaración correspondiente se convertía en comprobante del despacho a consumo con la expedición del certificado de pagos respectivo, norma cuyo texto es como se transcribe:

“ART. 224.—Sustitución de mercancías de leasing. Cuando se decida la reexportación de una mercancía de “leasing” para reemplazarla por otra, la mercancía de reemplazo será objeto de una nueva declaración, aforo y cálculo de los derechos de importación, impuestos a las ventas y otros que aplique la aduana; las cuotas ya canceladas se restarán del nuevo monto total calculado y el saldo será dividido en las nuevas cuotas señaladas en las nuevas condiciones del contrato de arrendamiento registrado por la oficina de cambios.

El plazo máximo para las nuevas cuotas será el mismo aprobado para la declaración inicial.

PAR.—Cuando una importación temporal correspondiente a un arrendamiento con o sin opción de compra paga la totalidad de las cuotas correspondientes a los derechos de importación, otros impuestos y recargos que aplica la aduana, la declaración correspondiente se convierte en comprobante del despacho a consumo con la sola certificación de la aduana donde se realizaron los pagos” (negrillas fuera del texto original).

Como antes se indicó, el régimen de importación temporal a largo plazo debía concluir el 28 de septiembre de 2000. Para tal efecto, la sociedad Panamco de S.A. aportó en tiempo la certificación de pagos expedida por la división de recaudación y cobranzas de la administración especial de aduanas de Cartagena, de tal suerte que, según la norma transcrita, la declaración de importación constituía el comprobante de despacho a consumo y con ello se acreditaba la finalización del régimen de importación a largo plazo.

Ahora bien, en el curso de la importación temporal ocurrió un tránsito de legislación en razón de la expedición del Decreto 2685 de 1999 “Por el cual se modifica la legislación aduanera”, disposición normativa que derogó expresamente, entre otros, los artículos 221 a 225 del Decreto 2666 de 1984.

De esta manera, la nueva legislación definió que para la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo se requería la modificación de la declaración de importación, para lo cual se debían pagar la totalidad de los tributos aduaneros correspondientes a las cuotas insolutas, circunstancia que implicaba que la certificación de pagos emitida por la aduana ya no tenía la virtualidad de convertir la declaración en despacho a consumo.

Bajo tales presupuestos, se debe señalar que las disposiciones contenidas en el Decreto 2666 de 1984 son normas de carácter sustantivo o material en la medida en que definen los supuestos que dan origen a derechos u obligaciones, es decir, los crean, modifican o extinguen, y por ello tienen incidencia directa en las relaciones jurídicas de las personas, tal como acontece en el caso bajo estudio, teniendo en cuenta que con la acreditación del certificado de pagos de los tributos aduaneros, la declaración se convertía en despacho a consumo y, de este modo, la permanencia de la mercancía el territorio aduanero, ya revestía de legalidad.

Otra de las características de las normas sustanciales es su vigencia hacia el futuro (irretroactividad), es decir, que tienen aplicación para los supuestos o hechos que se originen con posterioridad a la entrada en vigencia, lo que permite concluir que las situaciones jurídicas que se desarrollen durante la vigencia de la ley derogada deben seguir su trámite y culminación bajo el imperio de esta y no de la legislación que la sustituye.

Pretender lo contrario vulneraría ostensiblemente el principio de seguridad jurídica que prima en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual se encuentra dirigido, precisamente, a proteger los derechos y a garantizar que las obligaciones que se crearon con una determinada disposición jurídica sean cumplidos, y a que los ciudadanos no se van sorprendidos ni afectados por el cambio de legislación. En otros términos, supone una garantía de certeza sobre el momento en el que ocurrirá la solución de la situación creada por la norma.

En contraste con las normas sustantivas o materiales, se encuentran las adjetivas o procedimentales que tienen una función instrumental y de ritualidad de los juicios para hacer efectivo el derecho sustancial. La característica de este tipo de disposiciones recae en la inmediatez en su aplicación, incluso para las situaciones o supuestos creados con antelación a su expedición.

Respecto de la diferencia entre las normas sustantivas y las procedimentales, la Sección Primera de esta corporación, en un asunto similar al que se debate, se pronunció en los siguientes términos:

“(...) Se trata entonces del dilema de la aplicación de la norma en el tiempo, que en relación con las normas procesales se tiene establecido que su aplicación inmediata significa que entran a regir incluso para los asuntos que se hubieren iniciado con anterioridad y, por lo tanto, bajo normas procesales distintas; lo que ha dado pie para que algunos consideren que tienen efectos retroactivos, lo cual no puede entenderse sino como efectos sobre procesos que vienen de atrás y se encuentren en curso.

Mientras que respecto de las normas sustantivas, es decir, las que regulan la materia de que trata cualquier proceso o diligenciamiento, se encuentran sujetas al principio de irretroactividad, cuyo alcance no es otro que el de la prohibición de aplicarlas a hechos o situaciones ocurridas antes de su entrada en vigencia, con las salvedades que surgen del principio de favorabilidad (v. gr. en materia penal, laboral y administrativa).

Conviene acotar que el principio de irretroactividad de la norma sustantiva es a su vez una concreción específica del principio de la seguridad jurídica que cobija los derechos y obligaciones de las personas o, lo que es igual, de las relaciones jurídicas que se dan entre los sujetos de derecho.

La anterior distinción está consagrada en los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887 y de las que consagren el principio de favorabilidad de la ley penal o cualquier otra.

En efecto, el artículo 39 establece que “Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquellas establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere”, lo cual significa que el fondo o lo sustancial de cualquier controversia sobre tales actos o contratos se siguen rigiendo por la ley bajo cuyo imperio se realizaron, mientras que la forma de resolver dichas controversias se regulan por la nueva norma que esté vigente al momento en que surjan o se estén debatiendo.

Por otra parte, el artículo 40 prevé que “las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban a empezar a regir”, de modo que al hacer mención solamente de las referidas leyes, está excluyendo las que regulan la materia de que tratan los juicios, con lo cual está haciendo distinción entre la regulación procesal (de la ritualidad de los juicios) y la sustantiva o material, pudiéndose entender que allí está contenida también la norma relativa a este último aspecto de los procesos, luego otra lectura posible de dicho artículo es la de que las leyes concernientes a la materia de los juicios prevalecen sobre las posteriores. Es ésta, pues, una disposición implícita en el artículo 40 en comento(14) (...)”.

En ese contexto, es claro que en los artículos 221 a 224 del Decreto 2666 de 1984 se definió la forma de terminación del régimen de importación temporal a largo plazo en arrendamiento y, además, reguló de manera especial que la declaración correspondiente se convertía en comprobante del despacho a consumo con la sola certificación de la aduana donde se realizaron los pagos, circunstancia que supone que la mercancía importada quedaba legalmente introducida al país en forma definitiva.

Se observa entonces, que la normatividad creó una situación jurídica para los importadores referente a poder terminar el régimen de importación temporal con el cumplimiento del requisito de realizar los pagos de los respectivos tributos aduaneros y obtener la certificación de ello, lo que conllevaba a que se consolidara el beneficio de la permanencia legal de la mercancía importada.

Por consiguiente, los enunciados normativos no regulan únicamente aspectos procedimentales enmarcados dentro de la ritualidad o la forma en que se debía desarrollar el trámite para verificar la ocurrencia de los supuestos creados por la legislación ni las consecuencias jurídicas de estos, sino que verdaderamente crearon unos derechos, supeditados al cumplimiento de un requisito determinado para quienes pretendían culminar la importación temporal a largo plazo.

A partir de tales definiciones, se tiene que le asiste razón al demandante cuando afirma que el artículo 569 del Decreto 2685 de 1999, que establece una excepción a la regla de transición para las importaciones temporales, no se debía aplicar al caso concreto, sobre la base de considerar que la declaración de la importación no tenía que ser modificada porque la anterior normatividad, se insiste, establecía que bastaba con la certificación de pagos de la cuotas de arrendamiento y otros tributos para que la declaración se convirtiera en despacho a consumo.

El texto de la citada disposición, es el siguiente:

“ART. 569.—Transitorio. Regímenes aduaneros: Las declaraciones presentadas con anterioridad al 1º de julio del año 2000, se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha, salvo lo relacionado con la modificación de la declaración, a la cual se aplicarán las disposiciones contempladas en el presente decreto”.

La situación jurídica de la parte actora se generó en vigencia del Decreto 2666 de 1984 por la presentación de la declaración el 28 de septiembre de 1995 y, en ese sentido, se encuentra cobijada por el principio de seguridad jurídica y el de irretroactividad de la ley, de lo que se sigue que no le era aplicable la excepción prevista en el artículo 569 del Decreto 2685 de 1999 porque el anterior postulado normativo previó una forma de terminación específica para el régimen de importación escogido por la parte actora, el que fue cumplido a cabalidad por esta y en la debida oportunidad.

La decisión de la DIAN de declarar el incumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de importación temporal a largo plazo, y de ordenar la efectividad de la póliza de seguro constituida, no se ajustó a lo previsto en el Decreto 2666 de 1984 frente a la finalización del régimen de importación temporal a largo plazo en arrendamiento, dado que no era jurídicamente viable la aplicación del artículo 156 del Decreto 2685 de 1989.

Por los anteriores argumentos, se deberá declarar la nulidad de los actos administrativos acusados, por no encontrarse ajustados a la normatividad vigente que sirvió de sustento a la decisión de declarar el incumplimiento de la obligación aduanera de culminar el régimen de importación temporal.

Finalmente, a folio 45 del cuaderno de apelación obra poder conferido por la DIAN a la señora Clara Patricia Quintero Garay, con los respectivos soportes, razón por la cual en la parte resolutiva de esta providencia le será reconocida personería para actuar en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revócase la sentencia del 7 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual se declaró de oficio la excepción de cosa juzgada y se inhibió de resolver el fondo del asunto.

2. Declárase la nulidad de las resoluciones 1863 del 29 de agosto de 2001 y 636 del 10 de abril de 2002, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.

3. A título de restablecimiento del derecho, téngase por finalizado el régimen de importación temporal a largo plazo en arrendamiento con la declaración 0708525059098-0 del 28 de septiembre de 1995.

4. Reconócese personería para actuar como apoderada de la parte demandada a la señora Clara Patricia Quintero Garay, en los términos del poder que obra a folio 45 del cuaderno de apelación.

5. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Este proyecto fue discutido y aprobado en sesión de la fecha.

Cópiese y notifíquese».

(1) Folios 18 y 19 del cuaderno 1.

(2) Folios 90 a 97.

(3) Folios 176 a 197.

(4) Folios 199 a 203 del cuaderno 1.

(5) Folio 220 del cuaderno de apelación.

(6) Folio 5 del cuaderno de apelación.

(7) Folio 33 cuaderno de apelación.

(8) Folios 34 a 40 del cuaderno de apelación.

(9) Respecto del concepto y alcances del principio de cosa juzgada, se pueden consultar, entre otras providencias de esta corporación: Sentencia del 28 de febrero de 2013, exp. 11001-03-25-000-2007-00116-00(2229-07), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 73001-23-31-000-10540-02 (15576), C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia del 13 de junio de 2016, exp. 85001-23-31-000-2008-00101-01(40079), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; exp. 11-001-03-25-000-2006-00388-01, C.P. Rafael Ostau de Lafont, actor: Diego Muñoz Tamayo y otros.

(10) López Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso Parte General, Bogotá, 2016. Ed. Dupré Editores, pág. 689.

(11) “ART. 328.—Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior solo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia”.

(12) Consejo de Estado, Sección Primera. Radicación: 08001-33-31-004-2011-00658-01; M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; actor: Himmel Machado Escobar.

(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Radicación 0800123310002001195-01. Actor: Panamco S.A. Igualmente, se puede consultar la sentencia del 1º de febrero de 2018, radicación 130012331000200201749-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Actor: Panamco de Colombia S.A.

(14) Consejo de Estado, sentencia del 29 de noviembre de 2010. Exp. 76001-23-31-000-2003-02995-01; M.P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.