Sentencia 2002-01011 de febrero 28 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-3103-004-2002-01011-01

Magistrado Ponente:

Dr. Arturo Solarte Rodríguez

Bogotá, D.C., veintiocho de febrero de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes respecto de la sentencia proferida el 24 de julio de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que promovió el impugnante, su menor hijo X X X X X X X X X X X X X X X X(1), a quien aquel representó, y los señores José Ernesto Romero Castellanos, Mariela Cipagauta Sánchez, Michel Andrés Cipagauta Sánchez, Evelin Andrea, Edwin Ernesto, Yeimi Carolina y Claudia Patricia Romero Cipagauta en contra de la sociedad EPM Bogotá S.A. ESP, asunto dentro del que se admitió la intervención de la sociedad Colombiatel S.A. en Liquidación, como coadyuvante de la accionada.

Antecedentes

1. Según se desprende de la demanda con la que se dio inicio al proceso (fls. 42 a 50, cdno. 1) y del escrito mediante el que ella se subsanó (fls. 53 a 61, cdno. 1), sus promotores solicitaron que se condenara a la accionada a indemnizar al señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes y a su menor hijo X X X X X X X X X X X X , los perjuicios patrimoniales que para ellos se derivaron del fallecimiento de su compañera y madre, respectivamente, señora Heidy Yecenia Romero Cipagauta, en cuantía, para el primero, de $ 418.541.954.00 y, para el segundo, de $ 34.431.385.00, así como los perjuicios morales sufridos por la totalidad de los actores, en suma equivalente a 65 salarios mínimos legales mensuales, para cada uno.

2. En respaldo de las precedentes solicitudes, se expusieron los hechos que pasan a compendiarse:

2.1. La demandada, sociedad legalmente constituida, en desarrollo de su objeto, consistente en “la organización, administración y prestación de los servicios públicos domiciliarios de telecomunicaciones, con facultad para operar en todo el país”, instaló en la ciudad de Bogotá sus redes telefónicas, para lo que utilizó los postes de propiedad de un tercero, mediante la celebración de un contrato de “Joint Venture”.

2.2. Una de aquellas líneas “quedó ubicada a la altura de la carrera 30 con calle 65 de esta ciudad”, lugar en el que “el poste” muestra “las iniciales de EPM Bogotá”.

2.3. “El día 18 de agosto de 1999, a las 3:30 P.M., un vehículo con carrocería alta (camión), que transitaba por la carrera 30 de sur a norte (debe aclararse que no es la avenida 30 o NQS, sino unas cuadras arriba), a la altura de la calle 65, trop[ezó] con los cables que atraviesan la carrera, los cuales son de propiedad de la demandada; estos se desprendieron y, a su vez, se tra[jeron] el poste en el que se halla[ban] instalados y un artefacto que hace parte de dichas instalaciones de cableado, impact[ó] violentamente en la cabeza de la joven Heidy Yecenia Romero Cipagauta, de 18 años de edad, quien transitaba por el andén o acera del lugar”, y como consecuencia de tal circunstancia, dos días después, el 20 de agosto de 1999, ella falleció.

2.4. Según la versión del conductor del vehículo y de algunos testigos, “el accidente se debió a la poca altura [a la] que se encontraban los cables de la red telefónica (...), los [que] estaban caídos o descolgados, a lo cual hizo caso omiso la empresa demandada”.

2.5. Heidy Yecenia Romero Cipagauta, para el momento de su muerte, convivía en unión libre con el señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes, había procreado con este al menor X X X X X X X X X X X X X, mantenía estrechas relaciones con sus padres y hermanos, trabajaba en el “sector informal al servicio de la miniempresa de dulces y arequipes de propiedad del señor Ricardo Reyes González” y devengaba ingresos en promedio de $ 260.000.00 mensuales.

2.6. El referido acontecimiento “determinó obviamente un daño moral y patrimonial” para el compañero y el hijo de la víctima, así como “una afectación moral en sus padres y hermanos”, perjuicios que deberán ser resarcidos o indemnizados.

3. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, al que correspondió conocer del asunto, admitió la demanda con auto del 13 de enero de 2003 (fl. 65, cdno. 1), que se notificó personalmente a la accionada, por intermedio del apoderado judicial que designó, en diligencia cumplida el 6 de febrero del citado año (fl. 69, cdno. 1).

4. En la oportuna contestación del libelo introductorio, visible del folio 95 al 111 del cuaderno principal, la demandada se refirió al “contrato de asociación a riesgo compartido” que celebró con la sociedad Itochu Corporation “para el desarrollo de una red de telecomunicaciones en la ciudad de Bogotá y su área de influencia”, al que se vinculó luego “como contratista asociado” Colombiatel S.A., siendo esta la responsable de “la fabricación, construcción, instalación de los postes y redes (llamada de manera general como infraestructura)”.

Así las cosas, descartó su responsabilidad en el caso de que trata el presente proceso, puesto que “si los motivos por los cuales el poste se cayó al suelo obedecen a desperfectos en la instalación y/o calidad de los materiales suministrados para la construcción del mismo, o a una mala instalación, el llamado a responder por estos hechos en el evento que se demuestre en cabeza de quién está la titularidad del poste”, es “Colombiatel S.A., ya que (...) son todas estas las obligaciones a su cargo derivadas del contrato de asociación a riesgo compartido suscrito entre las partes”.

Adicionalmente, se opuso a las pretensiones de la demanda, se pronunció de distinta manera sobre los hechos que les sirvieron de fundamento y adujo en su defensa “la falta de legitimación para demandar”, la ausencia “del vínculo de causalidad entre el daño causado y el presunto causante del mismo” y que en el libelo introductorio no se especificó cuál de las modalidades de la responsabilidad civil extracontractual reclamada, “es la procedente”.

5. En escrito separado (fls. 3 a 8, cdno. 6), la demandada denunció el pleito a la sociedad Colombiatel S.A., manifestación que, en virtud de la inadmisión de que fue objeto (auto de jun. 17/2003, fls. 23 y 24, cdno. 6), se adecuó a un llamamiento en garantía (fls. 26 a 30, cdno. 6), que el juzgado del conocimiento aceptó mediante proveído del 10 de julio de 2003 (fl. 31, cdno. 6) y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, al desatar la apelación que interpuso la denunciada, revocó para, en su defecto, disponer el rechazo “por extemporáneo [d]el llamamiento en garantía de que dan cuenta las presentes diligencias” (auto de feb. 9/2004, fls. 21 a 25, cdno. 5).

6. No obstante lo anterior, la sociedad Colombiatel S.A., para entonces en liquidación, solicitó que se la admitiera “como coadyuvante de EPM Bogotá S.A. ESP”, petición a la que se accedió mediante auto del 13 de febrero de 2006 (fl. 105, cdno. 3).

7. Agotada la instancia, la mencionada oficina judicial le puso fin con sentencia del 25 de agosto de 2008, en la que acogió la excepción de “falta de legitimación activa” en relación con el demandante señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes; declaró civil y extracontractualmente responsable a la demandada por el accidente ocurrido el 18 de agosto de 1999, que le ocasionó la muerte a Heidy Yecenia Romero Cipagauta dos días después; la condenó a pagar a X X X X X X X X X X la suma de $ 20.000.000.00, a José Ernesto Romero Castellanos $ 10.000.000.00, a Mariela Cipagauta Sánchez $ 10.000.000.00 y a Claudia Patricia, Yeimi Carolina, Evelin Andrea, Edwin Ernesto y Michel Andrés Romero Cipagauta $ 5.000.000.00, para cada uno, a título de “perjuicios morales subjetivados”; negó “en lo demás las pretensiones de la demanda”; e impuso el pago de las costas en un 95% a cargo de la accionada.

8. Ambas partes y la coadyuvante interviniente interpusieron recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. Al desatarlos, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante el suyo, fechado el 24 de julio de 2009, revocó el punto 1º de su parte resolutiva y, en su defecto, declaró “no probada la excepción de ‘falta de legitimación por activa’ en relación con el demandante Óscar Oswaldo Gómez Puentes”; modificó el punto 3º “a fin de condenar a la demandada a pagar, también, al demandante Óscar Oswaldo Gómez Puentes, la suma de $ 20.000.000, por concepto de perjuicios morales subjetivos”; lo confirmó “[e]n lo no contemplado en los numerales anteriores”; y condenó en costas de la segunda instancia a la accionada, en proporción del 40%.

La sentencia del tribunal

1. Empezó el ad quem por afirmar que “la jurisdicción ordinaria es la competente para definir el presente conflicto”, habida cuenta del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y porque la Ley 1107 de 2006, que asignó a la jurisdicción contencioso administrativa los litigios “originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, “(...) no es aplicable tratándose de acciones judiciales que ya estaban en curso en otra jurisdicción distinta a la Contencioso Administrativa para cuando fue promulgada, como sucede con el caso de autos, el cual fue iniciado desde el año 2002” y puesto que “la referida ley tampoco ordenó la remisión de los procesos que estaban en curso”.

2. Seguidamente, el sentenciador de segunda instancia hizo referencia a la responsabilidad civil extracontractual y a la legitimidad de quienes la reclaman, luego de lo cual coligió que “no cabe duda” que la totalidad de los aquí demandantes “están legitimados para demandar (...), justamente porque invocan la calidad de afectados con el accidente a que alude el escrito de demanda”, en razón de que la víctima “era su compañera permanente, madre, hermana e hija -calidad que los actores acreditaron con las copias de sus registros civiles (CPC., art. 254, fls. 3, 4, 7 a 11 y 13 del cdno. 1), documentos que no fueron rebatidos ni censurados por la pasiva, más no solicitaron el pago de los perjuicios directos padecidos por la occisa (...), por lo cual, no resultaba necesario que tuvieran la calidad de herederos de esta, como fue alegado por la parte demandada en su escrito de contestación a la demanda”.

En cuanto hace a la situación del señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes, en relación con quien el a quo declaró que no tenía legitimación en la causa, por no haber acreditado vínculo alguno con Heidy Yecenia Romero Cipagauta, calificó de “desacertada tal conclusión”, por cuanto en el proceso se probó que “era el padre del menor X X X X X X X X X X X X X, conforme se desprende del registro civil de nacimiento de este último, visible a folio 13 del cuaderno 1, circunstancia que, por sí sola, a juicio de la Sala, es suficiente para tener por acreditada la legitimación que, al precitado demandante, le asiste para reclamar los perjuicios derivados de la muerte de la madre del menor (...), teniendo en cuenta que el referido actor compartía con la occisa, la obligación legal de criar y mantener el citado menor, funciones que en adelante estarán, exclusivamente, a su cargo”, y porque la convivencia de ellos se demostró “con la declaración rendida por Claudia Patricia Romero Cipagauta”, que transcribió en parte, sin que fuera “necesario que dicho demandante acreditara, mediante una declaración judicial, la existencia de una sociedad marital de hecho con la persona fallecida, como lo insinuó la demanda[da], pues no existe tarifa legal para la demostración de ese hecho; siendo admisible y conducente cualquier medio probatorio, labor que, como se analizó, fue cumplida de forma idónea por la actora”.

De igual manera reconoció la legitimación por pasiva de la accionada, debido a que “para el momento de los hechos presentados ella ostentaba la tenencia, administración y operación de la infraestructura destinada a la prestación del servicio de telecomunicaciones (...), infraestructura que, se alegó en la demanda, ocasionó la muerte de Heidy Yecenia Romero Cipagauta”, sin que sean admisibles los planteamientos defensivos que sobre el particular aquella efectuó, por cuanto del “contrato de asociación a riesgo compartido Nº 5800163”, en el que con ese propósito se fundó, se colige que era obligación de EPM Bogotá S.A. ESP “(...) ‘Administrar, operar, mantener y preservar los equipos y las redes que El Contratista Asociado deba poner a su disposición para la prestación de los servicios a los usuarios, teniendo en cuenta las instrucciones que este último suministre al respecto’ (Fl. 426, cdno. 1)” y como derecho el de: “‘usar la infraestructura y los equipos aportados por El Contratista Asociado para la prestación del servicio a los usuarios dentro de los parámetros técnicos acordados’ (Fl. 429, cdno. 1)”, amén que “asumió allí como riesgos a su cargo, entre otros, tanto ‘el propio de la demanda del servicio’, como ‘los que se generen por la tenencia y operación de la infraestructura, incluidos la pérdida o daño de la misma’”, a lo que se suma la previsión expresada en la cláusula tercera del acta de modificación bilateral del contrato (fl. 472, cdno. 1), que reprodujo.

En definitiva, concluyó el tribunal que “[c]onforme los apartes de las estipulaciones contractuales citados, mientras los contratistas asociados tenían como obligación instalar la infraestructura requerida y ostentar su propiedad hasta la finalización del vínculo, la demandada disfrutaba de la tenencia de la misma, circunstancia que, a su vez, implicaba la operación y mantenimiento correspondiente, obligándose además, expresamente, a asumir los riesgos generados por tales cargas, como ya se anotó”, inferencia que, adicionalmente, halló corroborada con los testimonios de Gustavo Alberto Cuberos Gómez, representante legal de Colombiatel S.A., y Pablo Enrique Ninomiya, representante legal de Fujitsu Limited, que transcribió en lo pertinente, así como con las declaraciones de Josué Neftalí Valero Camargo, Pablo Enrique Julio Lacombe y Sergio Iván Quijano Larrota, que invocó, y con la de las personas que presenciaron el accidente, señores Raquel Sofía Ruiz Gamba y Jesús Restrepo Torres, que también reprodujo.

3. A continuación el ad quem, con apoyo en algunos fallos de esta Sala, se refirió a la responsabilidad civil extracontractual derivada de actividades peligrosas y, con esa base, calificó de tal a “la desplegada por la demandada y en virtud de la cual, se aduce, se produjo la muerte de Heidy Yecenia Romero Cipagauta”, pues, explicó, “su ejercicio implica la instalación de torres o postes de los cuales penden otros aparatos y cables que son extendidos en zonas urbanas de alto tráfico vehicular y peatonal, lo que se traduce en un alto riesgo permanente para las personas y las cosas, razón por la cual demanda un extremo cuidado de quien ostenta el control y vigilancia de tales actividades”.

4. Las precedentes apreciaciones lo llevaron a sostener, por una parte, que “no es admisible que se esgrima como causa de rompimiento de la relación de causalidad, la ausencia de culpa en cualquiera de sus categorías reconocidas (C.C., art. 63), pues, definitivamente, no e[ra] menester acreditar ninguna clase de culpa para que se concret[ara] la responsabilidad”, sino que, por el contrario, correspond[ía] al demandado comprobar “cualquiera de los elementos integrantes de lo que se ha denominado por la jurisprudencia y la doctrina como la ‘teoría de la causa extraña’, es decir, una culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero o una fuerza mayor o caso fortuito”; y, por otra, que “en el caso de autos concurre el primer elemento axiológico de la acción de que se trata, esto es, la culpa de la parte demandada, como quiera que está demostrada la caída del poste que hacía parte de la infraestructura que administraba, suceso relatado en la demanda, acaecido el día 18 de agosto de 1999, a las 3:30 p.m., en la carrera 30, sentido sur norte, a la altura de la calle 65, y como consecuencia de [la] cual perdió la vida Heidy Yecenia Romero Cipagauta”, como lo informaron los testigos Raquel Sofía Ruiz Gamba, José Miguel Rincón y William de Jesús Restrepo Torres, declaraciones que “ofrecen veracidad a la Sala, pues además de ser coincidentes, provienen de personas que presenciaron directamente los acontecimientos”.

Añadió que como dicho accidente ocurrió en ejercicio de una actividad peligrosa, operó “la presunción de culpa” derivada de ella, como lo consagra el artículo 2356 del Código Civil, “por lo que no era necesario que la parte demandante acreditara el actuar culposo endilgado al extremo demandado”; que el argumento defensivo esgrimido por este, consistente en que “la culpa fue del conductor del vehículo, pues debido a la altura del automotor haló las cuerdas sostenidas en el poste y, consecuencialmente, originó [su] caída”, no fue demostrado, pues de las pruebas recaudadas, en particular, la testimonial que seguidamente transcribió, se colige que “el suceso presentado tuvo como causa un actuar negligente de la pasiva”, toda vez que “los cables que sostenía el poste derrumbado se encontraban demasiado bajos” y “la demandada no tomó las medidas necesarias para corregir tal defecto, pese a los reclamos que en tal sentido efectuaron los vecinos del sector”.

En compendio de su pensamiento, aseveró que “la causa que originó la caída del poste no fue la altura del vehículo que haló las cuerdas que este sostenía, sino que fue la altura a la que se encontraban aquellas la determinante para que se diera el suceso presentado”, es decir, “la falta de cuidado y vigilancia de la demandada al no elevar y mantener el cableado a la altura reglamentaria, haciendo caso omiso de las llamadas de advertencia que le hicieron algunos vecinos, sobre tal falla”.

5. En punto del daño, lo definió con invocación del concepto de un tratadista nacional y señaló que “aparece demostrado” en el proceso, si se tiene en cuenta que “los perjuicios morales subjetivos se presumen en los parientes más cercanos de la víctima fallecida”, apreciación que sustentó con la reproducción parcial de una sentencia de la Sala, condición que ostentan los actores, al ser el compañero, el hijo, los padres y los hermanos de Heidy Romero Cipagauta.

En cuanto hace a los perjuicios patrimoniales, el tribunal afirmó que, en “forma alguna, los mismos fueron demostrados” y, previa trascripción de otro fallo de la Corte, precisó que pese a que “algunos de los testigos presenciales del accidente del que fue víctima la occisa manifestaron que la misma se desempeñaba como vendedora de arequipes, tal circunstancia, por sí misma, resulta insuficiente para acreditar el daño deprecado, en la medida que tales manifestaciones no dan cuenta ni de la existencia de un vínculo laboral, del tiempo de desempeño de la labor indicada, ni de si tal labor se desempeñaba en forma periódica, ni mucho menos del ingreso correspondiente”.

Descartó que los interrogatorios de parte que absolvieron los accionantes, pudieran tenerse como medios demostrativos de las pretensiones, habida cuenta que “nadie puede construir su propia prueba”.

En razón de lo anterior, el tribunal concluyó que “fue precaria la labor probatoria de la parte demandante para acreditar el perjuicio material solicitado, por lo que, sobre este punto, deberá confirmarse la providencia apelada”; y que “el segundo presupuesto axiológico de la acción de responsabilidad civil extracontractual bajo estudio se satisface solo en relación con los daños morales deprecados en la demanda, más no respecto de los materiales”.

6. Siguió al estudio de la relación de causalidad y en torno de tal presupuesto, estimó “[i]ncuestionable (...) que el perjuicio padecido por los demandantes fue consecuencia directa de la negligencia de la demandada, pues de no haber mediado la conducta omisiva antes descrita, no se hubiera[n] generado para aquellos los daños citados”.

7. Para finalizar, se ocupó de la cuantificación de la indemnización del daño moral sufrido por los actores y, siguiendo las orientaciones de la jurisprudencia, dedujo el acierto de la condena que al efecto impuso el a quo. Añadió que a Óscar Oswaldo Gómez Puentes, en su condición de compañero de la víctima, procedía indemnizarlo con la suma de $ 20.000.000.00.

La demanda de casación

1. Un solo cargo se propuso, con estribo en la causal primera de casación, mediante el que se denunció que la sentencia de segunda instancia quebrantó indirectamente los artículos 1613, 1781, numeral 1º, 2302 (subrogado por la L. 57/1887, art. 34), 2341 a 2343, 2356, 2359 del Código Civil; 13, 42 y 230 de la Constitución Política; y 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de los errores de derecho en que incurrió el tribunal al apreciar las pruebas del proceso, con violación medio de los artículos 187 y 232 del Código de Procedimiento Civil.

2. El primer segmento de la acusación se dirigió a combatir la apreciación del tribunal referente a la falta de demostración del perjuicio patrimonial reclamado por los actores, cuestión en relación con la que el censor expresó:

2.1. Delanteramente, puso de presente las siguientes circunstancias:

a) En primer lugar, que el señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes fue el compañero permanente de Heidy Romero Cipagauta, según lo aceptó el propio tribunal al reconocerle legitimidad activa como accionante de la responsabilidad civil extracontractual reclamada, vínculo que determinó para ellos, por una parte, el surgimiento de “las obligaciones de pareja”, entre otras, la de brindarse “solidaridad, ayuda [y] socorro” mutuos y, por otra, que estuviesen sometidos al “régimen de participación o comunidad de gananciales”, que “se funda en el aporte que cada uno de los miembros de la pareja hace a la comunidad”, en particular, según voces del numeral 1º del artículo 1781 del Código Civil, aplicable a la uniones maritales de hecho, “de salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios devengados durante el matrimonio”.

b) Y en segundo lugar, que el mencionado actor es el padre del menor X X X X X X X X X X X, habido en la referida unión que sostuvo con la víctima, cuya crianza y sostenimiento, por mandato legal, recaía en los dos, obligaciones que a raíz del fallecimiento de la progenitora, en adelante, deberán ser atendidas exclusivamente por el señor Gómez Puentes.

2.2. Con fundamento en tales hechos, el casacionista aseveró que el tribunal desconoció que “en el caso presente lo que confiere el derecho para reclamar perjuicios morales y materiales de índole extracontractual es su condición de compañero permanente de la occisa y padre del menor habido en común, situación que se regul[ó] por la norma del Código Civil citada como violada, no su dependencia económica como reclamante de la extinta, en condiciones de un tercero extraño o ajeno a obligaciones de tipo legal”; y que las aludidas condiciones, hacen que “exista la certeza de que, dadas dichas circunstancias, la ayuda o socorro, en este caso, solidaridad, ayuda y régimen de participación o comunidad de gananciales, habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento”, por lo que “no es especulativo afirmar que ambos recibían beneficio económico del producto del trabajo de la compañera y madre, así como tampoco se trata de pretender indemnización de simples expectativas o esperanzas soportadas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica”.

2.3. A continuación el censor afirmó que en el proceso está “acreditado que Heidy Yecenia Romero Cipagauta trabajaba en el sector informal como vendedora de arequipes”, en pro de lo cual reprodujo parcialmente las declaraciones de los señores Raquel Sofía Ruiz Gamba, William de Jesús Restrepo Torres y José Miguel Rincón.

En tal orden de ideas, resaltó que el tribunal recalcó “que tales pruebas no (...) sirven para acreditar un vínculo laboral, tiempo de servicios, periodicidad y cuantificación del ingreso, de Heidy Yecenia Romero Cipagauta, en su actividad como vendedora de arequipes, es decir, no cuestiona que en efecto la occisa se desempeñara en dicho oficio, consintiendo en que desempeñaba una actividad productiva en el sector informal”.

Y le reprochó al sentenciador de segunda instancia la crítica que hizo de las mencionadas declaraciones, puesto que en concepto del recurrente, para efectos de la demostración del daño, no era necesaria la acreditación de las particularidades que echó de menos esa autoridad, sino que bastaba con la comprobación de que la fallecida “ejercía una actividad lícita lucrativa”, sin que, por lo tanto, su carácter informal, que “hace difícil la obtención de probanza de un contrato de trabajo, así como [de] la correspondiente remuneración”, fuera un factor que impidiera reconocer la eficacia de los testimonios, toda vez que la parte final del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil “proscribe tal limitación, cuando de las circunstancias se hace imposible obtener (...) prueba” escrita.

2.4. Así las cosas, el impugnante aseveró que “el Tribunal tenía que interpretar lo probado con los testimonios, es decir, la condición de vendedora de arequipes, de acuerdo con la reglas de la sana crítica, la cual indica que, en efecto, la realización de una actividad productiva lícita genera una ganancia y que parte de esta ganancia va a parar en el sostenimiento de un hogar, en caso de que se tenga, con lo cual se transgredió el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil”.

2.5. Tras reproducir parcialmente un fallo de la Corte relacionado con el tema, el censor advirtió que pese a que “el tribunal no desconoció que de los testimonios de las personas ya indicadas se coli[ge], sin lugar a debate, que la señora Romero Cipagauta ejercía en efecto una actividad lícita productiva”, concluyó, no obstante, que esos medios de convicción “no permiten establecer el daño, pues de ellos no se logra cuantificar el (...) [perjuicio] material, [en su modalidad de] lucro cesante, olvidando así (...) que el demostrar la actividad lícita y productiva pecuniariamente por parte de la occisa, lleva indefectiblemente a la conclusión de que contribuía con dinero al sostenimiento del hogar”.

2.6. Tras explicar la forma en que los errores del tribunal provocaron la vulneración de las normas invocadas al inicio del cargo y reproducir otros fallos de la Corte, proferidos en procesos de responsabilidad civil extracontractual en los que, ante la ausencia de prueba específica del quantum del detrimento patrimonial del demandante, por no aparecer demostrado el ingreso de la víctima, la corporación propugnó porque la liquidación de la indemnización respectiva se efectúe con base en el salario mínimo mensual, el censor finalizó esta parte de la acusación señalando que “el ad quem, al estimar equivocadamente que los testimonios de Raquel Sofía Ruiz Gamba, William de Jesús Restrepo Torres y José Miguel Rincón eran ineficaces para demostrar que con el deceso de Heidy Yecenia Romero Cipagauta se causó un perjuicio a los demandantes, se equivocó, pues estos al dar cuenta de que la señora Romero Cipagauta se desempeñó en vida como vendedora de arequipes —un trabajo informal—, lo cual no es desconocido por el tribunal, ejecutó una actividad lícita y productiva que por enmarcarse en el sector informal de la economía colombiana, constituye uno de esos casos que por su peculiaridad carece de la prueba directa que permita establecer, sin mayores tropiezos —a decir de la Corte—, la correspondiente remuneración pecuniaria, por lo que [debía acudirse] a los principios generales del derecho, principalmente a la equidad, para lograr una compensación que permita a los perjudicados una situación patrimonial más o menos equivalente a la que tenían antes del acontecimiento dañino, acogiendo el salario mínimo legal como base para establecer el ingreso mensual de la occisa”.

3. En la segunda parte del cargo, el censor fijó su atención en el perjuicio extrapatrimonial, temática en relación con la que igualmente trascribió diversos pronunciamientos de esta Sala de la Corte, y, en concreto, observó que “el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del tribunal debe modificarse, el cual fija o tasa el daño moral en veinte millones de pesos ($ 20.000.000) para el compañero”.

Más adelante puntualizó que de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales que puso de presente, “dicha tasación no (...) acompasa con la razonabilidad y ponderación que se exige, para el presente caso, de una indemnización moral ecuánime, muy por el contrario, ha traído mayor dolor y pesar en los deudos, entre ellos, por supuesto, el compañero de la occisa, no por el interés en el valor económico irrisorio que se ha estimado, sino por cuanto lo proyecta como desestimación del valor de una vida, dándole una lectura de desprecio, quizá por su condición de vendedora ambulante, su estrato social y económico, comparado con las características del grupo económico que generó el hecho, agudizando, por el contrario, con ese pírrico estimativo, el sentimiento de dolor al verse frente a la justicia como personas de menor valor”.

Agregó que ese “tipo de tasaciones, antes que generar confianza y esperanza del ciudadano ‘de a pie’ en sus instituciones y su justicia, profundiza la brecha de descontento y de rabia que inspira verse impotente frente a los grandes grupos económicos, cuyas ganancias ‘engordan’ a costa de la inseguridad de la ‘gleba’ o ‘clase proletaria’, cuyas vidas miran con desdén y desprecio frente a su[s] intereses económicos, en algunas ocasiones voraces, que maquillan con el hipócrit[a] discurso que ‘[t]odos quieren hacerse ricos a costa de ellos’”; e indicó que “lo tasado por la Sala como daño moral, resulta irrisorio frente al dolor infligido, a las ganancias económicas que deriva la causante de la actividad peligrosa desarrollada y frente a la magnitud de las consecuencias de su irresponsabilidad y desprecio por la seguridad ciudadana”.

Consideraciones

1. Sea lo primero advertir los alcances restringidos del recurso de casación que se desata, como quiera que, por una parte, su concesión favoreció únicamente al demandante, señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes, y, por otra, él con la impugnación solo pretendió, en concreto, que se condenara a la demandada a resarcirle el perjuicio patrimonial que experimentó como consecuencia del fallecimiento de su compañera, señora Heidy Yecenia Romero Cipagauta, petición cuya desestimación confirmó el Tribunal en el fallo cuestionado, y que se incrementara el valor en el que esa corporación tasó la compensación del daño moral con la que lo favoreció.

2. Guardando conformidad con los dos aspectos de que trata la censura, en precedencia identificados, sin que, por lo tanto, pueda esta corporación modificar o desconocer los restantes elementos de la responsabilidad civil demandada en la forma en la que los estimó el ad quem, la Corte asumirá el estudio del cargo empezando por el primero de ellos —demostración del perjuicio patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, sufrido por el recurrente—, para continuar luego con el segundo —monto de la reparación del daño moral—.

3. En punto de ese inicial reproche, son pertinentes las siguientes apreciaciones:

3.1. Previamente a analizar las particularidades del cargo, es necesario señalar, de modo general, que el daño, como elemento estructural de la responsabilidad civil, en sentido amplio, consiste en todo detrimento, menoscabo o deterioro que afecta bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva.

En el ámbito patrimonial, los tipos de daño más caracterizados son el “daño emergente” y el “lucro cesante”, conceptos que, a su turno, se traducen, el primero, en “un empobrecimiento del patrimonio en sus valores actuales”(2), que ordinariamente está representado en un menor valor de los activos patrimoniales —por destrucción, deterioro, menoscabo o inutilización de los elementos que lo conforman—, o en la realización de erogaciones o gastos con ocasión del hecho ilícito. Al respecto, ha señalado la jurisprudencia nacional que “[e]l daño emergente abarca la pérdida misma de elementos patrimoniales, los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento del pasivo, causados por los hechos de los cuales trata de deducirse la responsabilidad” (Cas. Civ., sent. sep. 29/78; se destaca), pronunciamiento citado en el fallo del 28 de junio de 2000, expediente 5348, en el que se reiteró ese mismo criterio. Y el segundo, el lucro cesante, se concreta en la afectación de un interés lícito del damnificado a percibir una ganancia, provecho o beneficio de tipo económico, que ya devengaba o que habría obtenido según el curso normal u ordinario de los acontecimientos.

Ahora bien, en cuanto hace a la segunda modalidad aludida —lucro cesante—, cuando la causa de su producción es el fallecimiento de una persona, la jurisprudencia nacional ha precisado que el derecho a la reparación surge, en primer término, de la dependencia económica existente entre la víctima y quien reclama la indemnización. Al respecto, esta corporación ha explicado que “lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, (...), es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento” (Cas. Civ., sent. dic. 7/2000, Exp. 5651; se destaca).

Y en segundo lugar, de la circunstancia de que el solicitante, pese a no depender de la víctima, pues en vida de esta obtenía ingresos propios, recibiera de ella ayuda económica periódica, cuya privación, por ende, merece ser igualmente resarcida. Sobre este aspecto, la Corte ha señalado que “[d]ebe precisarse y quedar claro que las personas mayores e incluso las ya casadas que reciban ingresos provenientes de su renta de capital o de su trabajo, tienen legítimo derecho a obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios que les cause el súbito fallecimiento de la persona de la cual recibían una ayuda económica de manera periódica, con prescindencia de los ingresos propios, y así mismo todas aquellas personas que tenían intereses ciertos y legítimos o la suficiente titularidad que se pueden ver menoscabados por la ocurrencia del hecho lesivo imputable a la persona demandada” (Cas. Civ., sent. de oct. 5/99, Exp. 5229; se destaca).

En ambos casos, por aplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la prueba de la dependencia o de la ayuda económica recae en quien pretenda el resarcimiento del perjuicio.

Empero, se impone aclarar que el primero de los supuestos precedentemente delineados, la dependencia económica, lo ha interpretado la jurisprudencia de esta corporación también en el sentido de que quien la alega, reciba ayuda de su pareja para el sostenimiento del hogar común y, en particular, de los hijos de los dos, de modo que ante el fallecimiento de ella —la pareja—, aquel deja de percibir dicho aporte y, por consiguiente, queda avocado a asumir en su totalidad la satisfacción de las necesidades del núcleo familiar, obligación que deberá cumplir, como es lógico suponerlo, procurando que todos sus integrantes, en lo posible, preserven el nivel de vida que traían desde antes, lo que ostensiblemente deja ver el detrimento que sobreviene a su patrimonio, pues para el logro de ese objetivo se impondrá a él destinar, en mayor proporción o, como en muchos casos acontece, en su totalidad, los ingresos propios que recibe, lo que a la vez se traducirá en una menor capacidad económica para atender sus necesidades o gastos personales o, según fuere el caso, para el ahorro, reducción esta última que, proyectada en el tiempo, implicará que más adelante carezca de una base económica, o que la que pudiere llegar a tener fuere de menor envergadura, que le garantice los recursos para su manutención, con todo lo que de una situación como esa se desprende (cfr. Sent. sustitutiva de oct. 28/2011, Exp. 01518-01).

En hipótesis como la en precedencia descrita, la prueba del daño patrimonial consistirá en la acreditación, por una parte, del vínculo conyugal o marital y, por otra, de los aportes que para el sostenimiento de hogar común hacía la víctima, que como lo tiene dicho la jurisprudencia, se inferirán del hecho de que ella tuviese ingresos económicos, pues ante la existencia de estos, es dable presumir que utilizaba parte de ellos a contribuir al cubrimiento de las necesidades de la familia, habida cuenta que aplicado el principio de la buena fe y las reglas de la experiencia, las personas, por regla general, prioritariamente cumplen con las obligaciones de ese linaje —familiares— a su cargo.

Por otra parte, hay que puntualizar que, desde el punto de vista procesal, una cosa es la prueba del perjuicio patrimonial, en sí mismo considerado, y otra la de su cuantía.

Acreditar lo primero, es comprobar el “detrimento, menoscabo o deterioro” económico que sobrevino a quien pretende el respectivo resarcimiento, es decir, que su patrimonio tuvo una “pérdida”, como quiera que se presentó una disminución en sus activos patrimoniales o debió hacer erogaciones o adquirir pasivos para contrarrestar el hecho dañoso o sus efectos (daño emergente) o que a él dejó de reportarse una “ganancia o provecho” que, de manera cierta, esperaba (lucro cesante).

Comprobar lo segundo requiere indefectiblemente que, previamente, se haya establecido el perjuicio, propiamente dicho, por lo que comporta establecer en cifras concretas su dimensión económica, esto es, determinar a cuánto trascendió la pérdida o erogación que debió realizar el damnificado o concretar la cuantía de la ganancia o provecho que dejó de ingresar a su patrimonio.

Por tal razón debe enfatizarse la autonomía e independencia de cada uno de esos laboríos, pese a su estrecha relación, y que, por consiguiente, no debe confundírseles como si se tratara de una misma actividad y, menos aún, sujetarse la demostración del daño a la de su quantum, pues, como se aprecia, la regla que al respecto pudiera elaborarse sería exactamente la contraria, es decir, que la comprobación de la cuantía del perjuicio depende de la previa y suficiente constatación de la lesión patrimonial sufrida por el afectado.

Ello explica que en el plano procesal el incumplimiento de uno u otro deber provoque efectos diversos. Mientras que la falta de acreditación del daño conduciría a colegir la insatisfacción del más importante elemento estructural de la responsabilidad civil, contractual y extracontractual, y, por ende, el fracaso de la correlativa acción judicial, la insatisfacción del segundo impone al juez decretar “de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias” para condenar “por cantidad y valor determinados”, entre otros supuestos, al pago de los “perjuicios” reclamados (CPC., art. 307).

Al respecto, tiene dicho la Corte que “como una cosa es la prueba del daño, es decir, la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente protegido, y otra, distinta, la prueba de su intensidad, es lógico que para poder establecer la cuantía del perjuicio, necesariamente debe existir certeza sobre su existencia, para así entrar a avaluarlo. Desde luego que la falta de la prueba del quantum de ese perjuicio corresponde suplirla a los juzgadores de instancia, cumpliendo con el deber de decretar pruebas de oficio, tal como lo ordena el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, precepto este que vedó, como principio general, las condenas en abstracto o in genere y, por ende, la absolución por la falta de determinación de una condena concreta” (Cas. Civ., sent. mar. 3/2004, Exp. C-7623).

Incluso, la jurisprudencia reiterada de esta corporación ha señalado que es posible acudir a la equidad para determinar el monto del daño, en aquellos casos límite, en que, habiéndose acreditado el perjuicio patrimonial, la determinación de su cuantía se torna extremadamente difícil, no obstante el cumplimiento de las cargas probatorias por la parte demandante. Al respecto se ha expresado que “[c]on referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas” (Cas. Civ. de oct. 5/2004. Exp. 6975).

3.2. El tribunal, para efectos de confirmar la negativa del a quo de indemnizar el perjuicio patrimonial solicitado por los actores, pese a que admitió, con apoyo en la información suministrada por algunos testigos, que la víctima, señora Heidy Yecenia Romero Gamba, “se desempeñaba como vendedora de arequipes”, estimó que “tal circunstancia, por sí misma, resulta insuficiente para acreditar el daño deprecado, en la medida en que tales manifestaciones no dan cuenta ni de la existencia de un vínculo laboral, [ni] del tiempo de desempeño de la labor indicada, ni de si tal labor se desempeñaba de forma periódica, ni mucho menos del ingreso correspondiente”.

3.3. El recurrente, como viene de memorarse, refutó tal apreciación del sentenciador de segunda instancia, respaldado en dos argumentos centrales: en primer lugar, que dicha autoridad, al reconocerle al señor Gómez Puentes legitimación activa para haber demandado la responsabilidad reclamada, admitió, con fundamento en las pruebas del proceso, que él era el compañero permanente de la nombrada víctima y el padre del menor X X X X X X, hijo habido en la citada unión; y, en segundo lugar, que los testimonios de los señores Raquel Sofía Ruiz Gamba, William de Jesús Restrepo Torres y José Miguel Rincón acreditaron suficientemente que la señora Romero Cipagauta, en la época que precedió a su deceso, “trabajaba como vendedora de arequipes”, actividad económica lícita que desarrollaba de manera informal, lo que también vio y aceptó el tribunal.

Con sustento en tal base fáctica, el censor adujo que, por consiguiente, la realización de la referida actividad por parte de la víctima le significaba la obtención de ingresos económicos; y que, en el entendido de que las personas, por regla general, cumplen sus obligaciones familiares, ella destinaba parte de los mismos al sostenimiento de su hogar, ayuda que, como consecuencia de su fallecimiento, su núcleo familiar dejó de percibir, razón por la que, desde entonces, el señor Gómez Puentes debió asumir, en forma exclusiva, la totalidad de los gastos familiares, en particular, los del menor hijo, resultando de esta manera afectado en su patrimonio personal.

Así las cosas, coligió que pese a que el tribunal apreció objetivamente el conjunto de hechos en que se cimenta la censura, de todas maneras esa autoridad negó la comprobación del perjuicio patrimonial sufrido por el señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes, lo que aconteció debido a que, por una parte, apreció las pruebas con desconocimiento de las directrices fijadas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y, por otra, restó eficacia a los testimonios de los señores Raquel Sofía Ruiz Gamba, William de Jesús Restrepo Torres y José Miguel Rincón para comprobar tanto que la víctima, señora Heidy Yecenia Romero Cipagauta, desempeñaba una actividad productiva lícita, como que, por lo tanto, de su intempestivo fallecimiento sí se derivó un agravio patrimonial al citado actor, limitación con la que el ad quem transgredió el mandato del artículo 232 de la misma obra.

3.4. Para poner las cosas en su genuina perspectiva, se impone resaltar que ciertamente, como lo puso de presente el recurrente, el tribunal, en distintos apartes de su fallo, expuso:

a) En primer lugar, al admitir la legitimación del señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes como accionante, que dicho actor probó:

— Que “era el padre del menor X X X X X X X X X X, conforme se desprende del registro civil de nacimiento de este último, visible a folio 13 del cuaderno 1, circunstancia que, por sí sola, a juicio de la Sala, es suficiente para tener por acreditada la legitimación que al precitado demandante le asiste para reclamar los perjuicios derivados de la muerte de la madre del menor, persona con la cual hacía vida marital en unión libre”.

— Que “compartía con la occisa la obligación legal de criar y mantener [al] citado menor, funciones que, en adelante, estarán, exclusivamente, a su cargo”.

— Su convivencia con Heidy Yecenia Romero, mediante “la declaración rendida por Claudia Patricia Romero Cipagauta”.

b) En segundo término, al colegir la comprobación del daño moral, precisó que esta clase de perjuicios “se presumen en los parientes cercanos a la víctima”, habiéndose acreditado que “Óscar Oswaldo Gómez Puentes y X X X X X X X X X X X eran su compañero e hijo, respectivamente, conforme se evidencia en los registros civiles aportados con la demanda y las pruebas detalladas con antelación”.

c) Y, finalmente, cuando se refirió a los daños patrimoniales, indicó que “es cierto que algunos de los testigos presenciales del accidente del que fue víctima la occisa manifestaron que la misma se desempeñaba como vendedora de arequipes, (...)”.

3.5. No obstante lo anterior, el tribunal añadió a la última conclusión probatoria en precedencia señalada, que “tal circunstancia —la de estar comprobado que la señora Romero Cipagauta se “desempeñaba como vendedora de arequipes”— por sí misma, resulta insuficiente para acreditar el daño cuya reparación se solicita, en la medida en que tales manifestaciones no dan cuenta ni de la existencia de un vínculo laboral, [ni] del tiempo de desempeño de la labor indicada, ni de si tal labor se desempeñaba de forma periódica, ni mucho menos del ingreso correspondiente”.

3.6. Siguiendo muy de cerca la lógica con la que discurrieron tanto el tribunal como el recurrente, en contraste con las pruebas en que se afincó dicha corporación para arribar a las reseñadas conclusiones fácticas y las apreciaciones que expuso la Corte al inicio del estudio de esta primera parte de la censura que se analiza, se colige lo siguiente:

a) En primer lugar, que el mencionado sentenciador apreció en su genuina materialidad objetiva tales elementos de juicio, lo que descarta que hubiera cometido error de hecho.

b) En segundo término, que de esos medios de convicción sí se infería la plena comprobación del perjuicio patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, reclamado por el señor Gómez Puentes, pues con ellos se acreditó la actividad económica lícita que la señora Heidy Yecenia Romero Cipagauta realizaba en la época de su fallecimiento, así como que hacía vida marital con el mencionado actor y que de la unión de los dos nació el menor X X X X X X X X X X X X, de lo que es posible deducir el aporte que ella realizaba a la economía familiar.

c) Y, por último, que el dislate de la conclusión final de tribunal, consistente en que no fue demostrado en el proceso el daño patrimonial cuyo resarcimiento solicitaron los demandantes, fue consecuencia, por lo tanto, de no haber valorado las pruebas del proceso en la forma prevista por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, el que dispone que ellas “deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”.

3.7. Sobre el particular, bueno es recordar que “la cuestión concerniente al mérito de las pruebas debe ser examinada desde un doble punto de vista pues ha de serlo no solo en cuanto al medio en sí, sino también con base en su cotejo con los restantes y siempre en función de la visión sistemática que arroje el material probatorio. Por eso es posible que medios que, considerados en sí mismos, no sean susceptibles de reproche, no obstante, al tratar de conectarlos con las otras piezas probatorias, pierdan toda importancia; pero, también es posible, que cuando se les contempla de una manera aislada no se les halle mayor significación, [y que] al unirlos o interrelacionarlos con otras pruebas, aflore todo su grado de persuasión para la elaboración del trazado fáctico del proceso (...). Este principio de la apreciación en conjunto de las pruebas es un complemento natural del método adoptado por el código en el mismo artículo 187 para la estimación de aquellas; si, con las conocidas excepciones legales, el análisis de las pruebas no se encuentra predeterminado por normas legales que señalen el valor que les atañe, sino que debe ser abordado con un criterio eminentemente lógico y científico, claramente comprensible resulta que la susodicha tarea no se puede adelantar dejando de relacionar los medios en pos de una visión amalgamada o coherente de los hechos porque, pensando de otro modo, ello conduciría a que de estos se dé un figuración errática, fragmentaria o descoordinada” (Cas. Civ., sent. mar. 4/91; se destaca).

3.8. Es ostensible entonces que el tribunal, al apreciar las pruebas recaudadas en este asunto, solo transito la mitad del camino que le correspondía, lo que hizo con acierto, pues capturó adecuadamente el genuino sentido de cada una de ellas, miradas aisladamente; pero omitió la segunda parte de su labor, esto es, valorarlas de conjunto, con el propósito de establecer si estaban acreditados todos los supuestos de hecho aducidos en pro de la acción, en particular, el perjuicio patrimonial.

Y, adicionalmente, el ad quem, en la ponderación que hizo de los medios de convicción, en particular, de los testimonios de los señores Raquel Sofía Ruiz Gamba, William de Jesús Restrepo Torres y José Miguel Rincón, no aplicó las reglas de la sana crítica, que envuelven el principio de la libertad probatoria —excepción hecha de las salvedades legales—.

Es que si el sentenciador de segunda instancia hubiese apreciado en conjunto las pruebas del proceso y aplicado en su valoración las reglas de la sana crítica, habría colegido la plena demostración del perjuicio patrimonial solicitado por el demandante Óscar Oswaldo Gómez Puentes, toda vez que estando comprobado a los ojos de esa misma autoridad, por una parte, que el citado actor y Heidy Yecenia Romero Cipagauta hacían vida marital, así como que el menor X X X X X X X X X X X era hijo de los dos, y, por otra, que la citada compañera, en la época de su deceso, “se desempeñaba como vendedora de arequipes”, se imponía al tribunal inferir, según las reglas de la lógica y la experiencia, que ella derivaba ingresos de esa actividad comercial lícita y que con tales recursos atendía sus obligaciones familiares —de compañera y madre—, por lo que destinaba parte de los mismos a colaborar con los gastos del hogar que tenía conformado con su compañero e hijo.

3.9. No hay duda, pues, que el juzgador de segundo grado incurrió en error de derecho por no haber apreciado las pruebas del proceso de conjunto y conforme a las reglas de la sana crítica, como se denunció en el primer segmento del cargo en estudio, acusación que, por ende, está llamada a prosperar.

4. Pasa la Corte al estudio del segundo tópico de la censura, dirigido a cuestionar el monto que el ad quem fijó como valor de la reparación del perjuicio moral sufrido por el señor Gómez Puentes —$ 20.000.000.00—.

4.1. En sustento de dicho monto, así como del que determinó en favor de los restantes demandantes, el tribunal, en primer lugar, reprodujo in extenso lo expresado por la Corte en su Sentencia 012 del 5 de mayo de 1999, en la que, valga memorarlo, la Sala señaló que esta especie de daño “incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos tales como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece”, que para su valuación, “(...) ‘existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar, las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los demás que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal’ (...) (G.J. Tomo LX, pág. 290)” y que su cuantificación “no es asunto que la ley hubiese atribuido al antojo judicial, como algunos erróneamente han querido verlo, equivocación que lamentablemente ha desembocado en una injustificada mengua de su importancia, habida cuenta que al pretender asentarlo sobre la veleidad del juez, se le despoja de su carácter técnico y acaba teniéndose como una merced ligada a criterios extrajurídicos como la compasión o la lástima”, pues, “[p]or el contrario, en la medida en que la indemnización del perjuicio moral sea examinada en su verdadera entidad y se advierta en ella la satisfacción de un daño real y cierto, podrá el sentenciador calcular adecuadamente su monto”.

Seguidamente, expuso que el recurrente “era el compañero permanente de la víctima”; que “ningún hecho de la naturaleza permite pensar que un hijo, cónyuge o compañera permanente o hermano deba desaparecer anticipadamente, habida cuenta de un trágico e inesperado accidente como el acaecido”; que, precisamente, por el “carácter accidental e inesperado” del hecho desencadenante de este litigio, su ocurrencia afectó a los actores “en su más íntimos sentimientos, ya que la espontaneidad del suceso gener[ó] mayor dolor por no haber tenido la oportunidad de prepararse sicológicamente para enfrentarlo y porque la pérdida resulta irreparable, difícil de superar”; y que en el caso de los accionantes, se “capta (...) el impacto que a ellos debió causar la ocurrencia del accidente aquí citado, al verse privados súbitamente de su madre, compañera, hija y hermana” y porque “el efecto psicológico debió ser arrollador”.

4.2. Se infiere de lo precedentemente destacado, que la determinación de la cuantía de la reparación del perjuicio moral sufrido por los accionantes con ocasión del fallecimiento de la señora Heidy Yecenia Romero Cipagauta, entre ellos, por el gestor del recurso extraordinario que se desata, fue soportada por el sentenciador de segunda instancia en la apreciación que hizo de las particularidades del caso sometido a su conocimiento, especialmente, las circunstancias personales de la víctima y de los actores, el vínculo que los unía y el carácter sorpresivo e intempestivo del hecho generador de su fallecimiento.

4.3. Ahora bien, si como lo señaló la Corte en la propia providencia en que se afincó el tribunal, “la cuantificación del perjuicio moral no es asunto que la ley hubiese atribuido al antojo judicial” sino que corresponde a un aspecto de la decisión, por una parte, de suma importancia y, por otra, de “carácter técnico” (Cas. Civ., sent. mayo 5/99, Exp. 4978), y lo reiteró la Sala en fecha más reciente, al precisar “que, para la valoración del quantum del daño moral en materia civil, estima apropiada la determinación de su cuantía en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador” (Cas. Civ., sent. de sep. 18/2009, Exp. 20001-3103-005-2005-00406-01), es evidente que en casación, el cuestionamiento que se haga a la tasación de la reparación del perjuicio moral está ligado a la ponderación equitativa que de las circunstancias fácticas del caso haya efectuado el sentenciador de instancia y que hayan guiado su juicio al respecto.

4.4. Las precedentes apreciaciones permiten colegir que si el señor Gómez Puentes, en desarrollo del recurso extraordinario que se examina, pretendió por la vía indirecta de la causal 1ª del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, con aducción de que el tribunal incurrió en error de hecho, el incremento del valor de la indemnización que en su favor se fijó por concepto de perjuicio moral, se imponía a él señalar y demostrar que la apreciación que dicha autoridad realizó de las especiales circunstancias que rodean el presente caso fue deficitaria y que, como consecuencia de ese desatino, el monto al que condenó a la demandada resultó, como él mismo lo califica, “pírrico”.

4.5. Empero se aprecia que el censor no cumplió la carga que la acusación examinada le imponía, pues al sustentarla se limitó sostener:

a) La tasación que el ad quem hizo de la reparación del perjuicio moral, “no (...) acompasa con la razonabilidad y ponderación que se exige para el presente caso” y provocó “mayor dolor y pesar en los deudos, entre ellos, por supuesto, el compañero de la occisa”, toda vez que muestra “desestimación del valor de una vida” o “desprecio, quizá por [la] condición de vendedora ambulante” de la víctima, o por “su estrato social y económico”, en contraste con “las características del grupo económico que generó el hecho”.

b) Ese “tipo de tasaciones, antes que generar confianza y esperanza del ciudadano ‘de a pie’ en sus instituciones y su justicia, profundiza la brecha de descontento y de rabia que inspira verse impotente frente a los grandes grupos económicos, cuyas ganancias ‘engordan’ a costa de la inseguridad de la ‘gleba’ o ‘clase proletaria’, cuyas vidas miran con desdén y desprecio frente a sus intereses económicos, en algunas ocasiones voraces, que maquillan con el hipócrit[a] discurso que ‘Todos quieren hacerse ricos a costa de ellos’”.

c) El valor de la indemnización en cuestión “resulta irrisorio frente al dolor infligido, a las ganancias económicas que deriva la causante de la actividad peligrosa que desarrolla y frente a la magnitud de las consecuencias de su irresponsabilidad y desprecio por la seguridad ciudadana”.

4.6. Como se observa, los planteamientos del casacionista en nada se relacionan con el deber de sustentar y comprobar los errores en que pudo haber incurrido el tribunal, sin que la última mención atrás relacionada lo satisfaga.

4.7. Colofón de lo expuesto, es que el cargo, en cuanto concierne con la segunda acusación que contiene, no está llamado a abrirse paso.

5. No obstante la prosperidad del primero de los cuestionamientos formulados por el recurrente en el presente cargo, se impone, antes de proferir la correspondiente sentencia sustitutiva, la práctica de algunas pruebas, razón por la que, con fundamento en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil, se dispondrá su práctica, en la parte resolutiva del presente proveído.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 24 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario que al inicio de este proveído se dejó plenamente identificado y, en sede de segunda instancia, al tenor de los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil DISPONE la práctica de las siguientes pruebas:

1. Alléguese, a la mayor brevedad posible, el registro civil de nacimiento del demandante señor Óscar Oswaldo Gómez Puentes, con satisfacción de todas las exigencias legales.

2. Recíbase el testimonio del señor Ricardo Reyes González. Con tal fin se señala la hora de las 9:00 A.M. del cinco (5) de abril de 2013. Cualquiera de las partes informe la dirección donde puede ser localizado. Cítesele en legal forma.

Sin costas en casación, por la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Giraldo GutiérrezMargarita Cabello Blanco—Ruth Marina Díaz Rueda, con salvamento de voto, Ariel Salarzar Ramírez—Arturo Solarte Rodríguez—Jesús Vall De Rutén Ruiz, salvamento parcial de voto

Ref. Exp. 11001-3103-004-2002-01011-01

Con el debido respeto hacia los demás integrantes de la Sala, “salvo parcialmente voto” con relación a la “sentencia aprobada en sesión de 4 de septiembre de 2012” y que presentara el doctor Arturo Solarte Rodríguez para resolver el “recurso de casación” formulado por el actor Óscar Oswaldo Gómez Fuentes frente al fallo de “24 de julio de 2009” dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por el impugnante, su menor X X X X X X X X X X X X, José Ernesto Romero Castellanos, Mariela y Michel Andrés Cipagauta Sánchez, Evelin Andrea, Edwin Ernesto, Yeimi Carolina y Claudia Patricia Romero Cipagauta contra EPM Bogotá S.A. ESP, en el que intervino como coadyuvante de la accionada Colombiatel S.A. en liquidación.

Mi disentimiento lo generan las consideraciones y la decisión adoptada en cuanto al primer segmento de la acusación, atinente a “la demostración del perjuicio patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, sufrido por el recurrente”, en virtud de que no se acreditó hipótesis alguna que evidencie la dependencia económica del actor respecto de la fallecida, o algún otro supuesto que válidamente le permita exigir la indemnización por el reseñado concepto, derivado del menoscabo patrimonial que directamente lo hubiere afectado.

Para precisar lo concerniente a la prueba de la existencia del “daño patrimonial”, resalto lo dicho por esta corporación en fallo de 9 de julio de 2012, Exp. 2002-00101, en donde expuso:

“Tradicionalmente la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que la muerte de una persona no puede ser considerada por sí sola como un hecho susceptible de ser resarcido. Y no lo es porque la vida humana no es un bien patrimonial cuya pérdida pueda ser estimada como perjuicio indemnizable: cada ser humano es un fin en sí mismo, y como tal no tiene precio ni puede ser reemplazado por ningún otro objeto, mucho menos por el dinero.

“Por ello ha dicho la Corte que ‘sería atentar contra los sentimientos de la naturaleza humana, afirmar que por la sola muerte de una persona, sus familiares eran acreedores al pago de perjuicios materiales, como si la vida de un hombre, a semejanza de la de un animal o de cualquier otra cosa, pudiera ser objeto del derecho, como ocurría en siglos ya abolidos, en el que el esclavo se apreciaba en dinero, como una de tantas mercancías.’ (G.J., tomo LXI, pág. 577)(3).

“Lo anterior no excluye la posibilidad de que el cercenamiento de la vida humana apareje en muchos casos la pérdida de beneficios económicos que deban ser resarcidos. De ahí que sea la eliminación de esos bienes lo que constituya la fuente de la indemnización, mas no la vida misma: ‘En esa cesación de beneficios es en lo que el perjuicio se concreta: no en la misma muerte del benefactor’(4).

“En ese orden, si lo que genera el deber de reparar es la privación injusta de un provecho económico que el demandante recibía de la víctima, entonces el simple hecho de la muerte y la responsabilidad que en la producción de esta tenga el demandado, no bastarán para que el reclamante se haga acreedor a una indemnización, sino que a la confluencia de esos requisitos deberá agregarse la demostración del perjuicio sufrido y del nexo de causalidad con la conducta del autor.

“Es por ello por lo que esta Corte ha afirmado que esos perjuicios solo dan lugar a indemnización si quien los aduce logra probar que son ciertos, porque incluso en los eventos en que se deja establecida la responsabilidad por un hecho injusto, esta no conduce en todos los casos, ni de manera indefectible, a la imposición de la condena en perjuicios, toda vez que ‘para que haya lugar a indemnización se requiere que haya perjuicios, los que deben demostrarse porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo. Vale esto como decir que quien demanda que se le indemnice debe probar que los ha sufrido. Más todavía: bien puede haber culpa y haberse demostrado perjuicios y, sin embargo, no prosperar la acción indemnizatoria porque no se haya acreditado que esos sean efecto de aquella; en otros términos, es preciso establecer el vínculo de causalidad entre una y otros’. (G.J. t LX, pág. 61)’(5).

“El daño irrogado a una persona, por tanto, no puede ser de cualquier estirpe, sino que es preciso que su existencia se encuentre debidamente acreditada, esto es que sea cierto; por oposición a aquel otro que sencillamente está basado en suposiciones, conjeturas, o meras expectativas. Claro está que esa certeza no debe ser entendida como aquella que se acerca a la noción de verdad científica, sino que se halla enmarcada en el ámbito de lo razonable, de lo altamente probable o previsible, o de lo que por ser muy verosímil es susceptible de ser tenido en consideración.

“Quien pretenda el resarcimiento de un daño deberá, entonces, aportar al proceso los elementos de prueba suficientes que permitan al juez ponderarlo, medir su magnitud, y apreciar sus consecuencias y manifestaciones; de suerte que en el arbitrio del sentenciador se asiente la convicción de que de no haber mediado el daño, la víctima se habría hallado en una mejor situación.

“En caso contrario, la incertidumbre del daño será un obstáculo insalvable para que el juez logre considerarlo como tangible y, por ende, para que realice una condena en tal sentido, pues ‘un daño incierto no resulta indemnizable, porque el derecho no indemniza ilusiones sino realidades’(6).

“(...).

“El anterior argumento fue retomado recientemente en fallo de 17 de noviembre de 2011, en cuya oportunidad se reiteró que no es realmente el vínculo conyugal o de parentesco el factor determinante para hacerse acreedor al pago de una indemnización, sino que es necesario que se demuestre la dependencia económica que tenía el demandante respecto de quien murió o quedó en situación física o mental que le imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando(7)”.

En el sub lite es evidente que no se atendieron las reseñadas pautas, puesto que el factor tomado en cuenta para efectos de la indemnización, esto es, lo atinente a los gastos de “sostenimiento del hogar común y, en particular, de los hijos (...)”, en principio no constituye un daño al “patrimonio del reclamante”, porque a pesar de que se deben sufragar por los integrantes de la pareja en proporción a sus ingresos, el aporte que con ese propósito se haga corresponde es al cumplimiento de un deber legal para con “hijos”, sin perjuicio de que eventualmente esa obligación sea exigible entre los cónyuges o compañeros (o) permanentes, cuando concurren los supuestos legales para el efecto.

La anterior precisión tiene importancia, porque para el caso, si las supuestas contribuciones proporcionadas por la fallecida para el “sostenimiento del hogar” tenían como finalidad el cumplimiento de la “obligación alimentaria” para con su “hijo”, el daño no se le causó a su compañero, sino directamente a su descendiente, por lo que aquel no se encuentra legitimado para exigir el resarcimiento del perjuicio por el reseñado factor.

Ahora, el impugnante en su oportunidad no alegó ni acreditó erogaciones distintas a las derivadas de la “obligación alimentaria” para con el “hijo común”, respecto de los cuales su “compañera” tuviere que contribuir económicamente para la satisfacción y, que como consecuencia del óbito de aquella, él tuviere que asumir en su totalidad.

Al respecto, téngase en cuenta que en la “sentencia” por la mayoría aprobada, únicamente se hace mención a que la actividad ejecutada por “la víctima le significaba la obtención de ingresos económicos, y, que, en el entendido de que las personas, por regla general, cumplen sus obligaciones familiares, ella destinaba parte de los mismos al sostenimiento de su hogar, ayuda que, como consecuencia de su fallecimiento, su núcleo familiar dejó de percibir, razón por la que desde entonces, el señor Gómez Puentes debió asumir, en forma exclusiva, la totalidad de los gastos familiares, en particular, los del menor hijo, resultando de esta manera afectado su patrimonio personal”, supuestos que no corresponden a rubros del “daño directo” que en la modalidad de “lucro cesante” pudo afectar el “patrimonio del actor”.

En consecuencia, se tornaba improcedente reconocer en su favor la indemnización exigida, pues considero se debe demostrar la dependencia económica total o parcial para su modus vivendi y por ende, no había lugar a casar el fallo del tribunal.

Dejo así sentada mi discrepancia con la referida decisión, dejando claro que estoy de acuerdo con la postura sentada frente a la acusación en lo atinente al “perjuicio moral”.

Magistrada: Ruth Marina Díaz Rueda

(1) Nota de Relatoría: En aplicación al numeral 8º del artículo 47 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia” se prescinde del nombre del menor, debido a que esta providencia puede ser publicada.

(2) Bustamante Alsina, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Ed. Abeledo – Perrot. Buenos Aires, Argentina, Novena Edición. 1997. Pág. 170.

(3) Corte Suprema, Sala Civil, Sentencia 009 de 1º de marzo de 1954, G.J. Nº 2137 y 2139.

(4) Ibíd.

(5) Corte Suprema de Justicia -Sala Civil, sentencia de 24 de julio de 1985, G.J. CLXXX, pág. 182.

(6) Trigo represas, Félix. Obra citada, pág. 415.

(7) Corte Suprema de Justicia -Sala Civil, fragmento citado en sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 11001-3103-018-1999-00533-01.

 

Salvamento parcial de voto

 

Con el debido respeto hacia los demás integrantes de la Sala, “salvo parcialmente voto” con relación a la “sentencia aprobada en sesión de 4 de septiembre de 2012” y que presentara el doctor Arturo Solarte Rodríguez para resolver el “recurso de casación” formulado por el actor Óscar Oswaldo Gómez Fuentes frente al fallo de “24 de julio de 2009” dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por el impugnante, su menor XXXXXXXXXXXX, José Ernesto Romero Castellanos, Mariela y Michel Andrés Cipagauta Sánchez, Evelin Andrea, Edwin Ernesto, Yeimi Carolina y Claudia Patricia Romero Cipagauta contra EPM Bogotá S.A. ESP, en el que intervino como coadyuvante de la accionada Colombiatel S.A. en liquidación.

Mi disentimiento lo generan las consideraciones y la decisión adoptada en cuanto al primer segmento de la acusación, atinente a “la demostración del perjuicio patrimonial, en la modalidad de lucro cesante, sufrido por el recurrente”, en virtud de que no se acreditó hipótesis alguna que evidencie la dependencia económica del actor respecto de la fallecida, o algún otro supuesto que válidamente le permita exigir la indemnización por el reseñado concepto, derivado del menoscabo patrimonial que directamente lo hubiere afectado.

Para precisar lo concerniente a la prueba de la existencia del “daño patrimonial”, resalto lo dicho por esta corporación en fallo de 9 de julio de 2012, Exp. 2002-00101, en donde expuso:

“Tradicionalmente la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que la muerte de una persona no puede ser considerada por sí sola como un hecho susceptible de ser resarcido. Y no lo es porque la vida humana no es un bien patrimonial cuya pérdida pueda ser estimada como perjuicio indemnizable: cada ser humano es un fin en sí mismo, y como tal no tiene precio ni puede ser reemplazado por ningún otro objeto, mucho menos por el dinero.

“Por ello ha dicho la Corte que ‘sería atentar contra los sentimientos de la naturaleza humana, afirmar que por la sola muerte de una persona, sus familiares eran acreedores al pago de perjuicios materiales, como si la vida de un hombre, a semejanza de la de un animal o de cualquier otra cosa, pudiera ser objeto del derecho, como ocurría en siglos ya abolidos, en el que el esclavo se apreciaba en dinero, como una de tantas mercancías’. (G.J., tomo LXI, pág. 577)(1).

“Lo anterior no excluye la posibilidad de que el cercenamiento de la vida humana apareje en muchos casos la pérdida de beneficios económicos que deban ser resarcidos. De ahí que sea la eliminación de esos bienes lo que constituya la fuente de la indemnización, mas no la vida misma: ‘En esa cesación de beneficios es en lo que el perjuicio se concreta: no en la misma muerte del benefactor’(2).

“En ese orden, si lo que genera el deber de reparar es la privación injusta de un provecho económico que el demandante recibía de la víctima, entonces el simple hecho de la muerte y la responsabilidad que en la producción de esta tenga el demandado, no bastarán para que el reclamante se haga acreedor a una indemnización, sino que a la confluencia de esos requisitos deberá agregarse la demostración del perjuicio sufrido y del nexo de causalidad con la conducta del autor.

“Es por ello por lo que esta Corte ha afirmado que esos perjuicios solo dan lugar a indemnización si quien los aduce logra probar que son ciertos, porque incluso en los eventos en que se deja establecida la responsabilidad por un hecho injusto, esta no conduce en todos los casos, ni de manera indefectible, a la imposición de la condena en perjuicios, toda vez que ‘para que haya lugar a indemnización se requiere que haya perjuicios, los que deben demostrarse porque la culpa, por censurable que sea, no los produce de suyo. Vale esto como decir que quien demanda que se le indemnice debe probar que los ha sufrido. Más todavía: bien puede haber culpa y haberse demostrado perjuicios y, sin embargo, no prosperar la acción indemnizatoria porque no se haya acreditado que esos sean efecto de aquella; en otros términos, es preciso establecer el vínculo de causalidad entre una y otros’. (G.J. t LX, pág. 61)’(3).

“El daño irrogado a una persona, por tanto, no puede ser de cualquier estirpe, sino que es preciso que su existencia se encuentre debidamente acreditada, esto es que sea cierto; por oposición a aquel otro que sencillamente está basado en suposiciones, conjeturas, o meras expectativas. Claro está que esa certeza no debe ser entendida como aquella que se acerca a la noción de verdad científica, sino que se halla enmarcada en el ámbito de lo razonable, de lo altamente probable o previsible, o de lo que por ser muy verosímil es susceptible de ser tenido en consideración.

“Quien pretenda el resarcimiento de un daño deberá, entonces, aportar al proceso los elementos de prueba suficientes que permitan al juez ponderarlo, medir su magnitud, y apreciar sus consecuencias y manifestaciones; de suerte que en el arbitrio del sentenciador se asiente la convicción de que de no haber mediado el daño, la víctima se habría hallado en una mejor situación.

“En caso contrario, la incertidumbre del daño será un obstáculo insalvable para que el juez logre considerarlo como tangible y, por ende, para que realice una condena en tal sentido, pues ‘un daño incierto no resulta indemnizable, porque el derecho no indemniza ilusiones sino realidades’(4).

“(...).

“El anterior argumento fue retomado recientemente en fallo de 17 de noviembre de 2011, en cuya oportunidad se reiteró que no es realmente el vínculo conyugal o de parentesco el factor determinante para hacerse acreedor al pago de una indemnización, sino que es necesario que se demuestre la dependencia económica que tenía el demandante respecto de quien murió o quedó en situación física o mental que le imposibiliten prestar la ayuda o socorro que venía otorgando(5)”.

En el sub lite es evidente que no se atendieron las reseñadas pautas, puesto que el factor tomado en cuenta para efectos de la indemnización, esto es, lo atinente a los gastos de “sostenimiento del hogar común y, en particular, de los hijos (...)”, en principio no constituye un daño al “patrimonio del reclamante”, porque a pesar de que se deben sufragar por los integrantes de la pareja en proporción a sus ingresos, el aporte que con ese propósito se haga corresponde es al cumplimiento de un deber legal para con “hijos”, sin perjuicio de que eventualmente esa obligación sea exigible entre los cónyuges o compañeros (o) permanentes, cuando concurren los supuestos legales para el efecto.

La anterior precisión tiene importancia, porque para el caso, si las supuestas contribuciones proporcionadas por la fallecida para el “sostenimiento del hogar” tenían como finalidad el cumplimiento de la “obligación alimentaria” para con su “hijo”, el daño no se le causó a su compañero, sino directamente a su descendiente, por lo que aquel no se encuentra legitimado para exigir el resarcimiento del perjuicio por el reseñado factor.

Ahora, el impugnante en su oportunidad no alegó ni acreditó erogaciones distintas a las derivadas de la “obligación alimentaria” para con el “hijo común”, respecto de los cuales su “compañera” tuviere que contribuir económicamente para la satisfacción y, que como consecuencia del óbito de aquella, él tuviere que asumir en su totalidad.

Al respecto, téngase en cuenta que en la “sentencia” por la mayoría aprobada, únicamente se hace mención a que la actividad ejecutada por “la víctima le significaba la obtención de ingresos económicos, y, que, en el entendido de que las personas, por regla general, cumplen sus obligaciones familiares, ella destinaba parte de los mismos al sostenimiento de su hogar, ayuda que, como consecuencia de su fallecimiento, su núcleo familiar dejó de percibir, razón por la que desde entonces, el señor Gómez Puentes debió asumir, en forma exclusiva, la totalidad de los gastos familiares, en particular, los del menor hijo, resultando de esta manera afectado su patrimonio personal”, supuestos que no corresponden a rubros del “daño directo” que en la modalidad de “lucro cesante” pudo afectar el “patrimonio del actor”.

En consecuencia, se tornaba improcedente reconocer en su favor la indemnización exigida, pues considero se debe demostrar la dependencia económica total o parcial para su modus vivendi y por ende, no había lugar a casar el fallo del tribunal.

Dejo así sentada mi discrepancia con la referida decisión, dejando claro que estoy de acuerdo con la postura sentada frente a la acusación en lo atinente al “perjuicio moral”.

Ruth Marina Díaz Rueda. 

(1) Corte Suprema, Sala Civil, Sentencia 009 de 1º de marzo de 1954, G.J. Nº 2137 y 2139.

(2) Ibíd.

(3) Corte Suprema de Justicia -Sala Civil, sentencia de 24 de julio de 1985, G.J. CLXXX, pág. 182.

(4) Trigo represas, Félix. Obra citada, pág. 415.

(5) Corte Suprema de Justicia -Sala Civil, fragmento citado en sentencia de 17 de noviembre de 2011, Exp. 11001-3103-018-1999-00533-01.