Sentencia 2002-01024 de junio 19 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Radicación 25000-23-24-000-2002-01024-01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta

Actor: Publicar S.A.

Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio.

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil ocho.

EXTRACTOS. «Consideraciones

La Superintendencia insiste en que de conformidad con el artículo 43 del Decreto 3466 de 1982, en armonía con el Decreto 2153 de 1992, le corresponde imponer las sanciones administrativas por incumplimiento de las condiciones de calidad e idoneidad de los bienes y servicios, velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y tramitar las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no haya sido atribuida a otra autoridad, con el fin de establecer la responsabilidad administrativa del caso y ordenar las medidas pertinentes, apreciación con la que esta corporación se encuentra totalmente de acuerdo.

Ahora bien, el tribunal consideró que era improcedente la multa impuesta a la actora por cuanto, a su juicio, el servicio prestado frente al consumidor, esto es, al señor Germán Reinoso, solicitante de la publicación del anuncio, cumplió con las condiciones legalmente señaladas para ser considerado idóneo y porque dicha multa fue el resultado del reclamo de un tercero ajeno a la directa prestación del servicio contratado, en sí mismo considerado, por lo que no era viable imponerla bajo el argumento de estar cumpliendo la demandada con su deber de velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor.

La anterior posición la respalda el fallador de primera instancia en la Resolución 2254 de 1974, en el contrato de arrendamiento suscrito entre el señor Germán Reinoso y los quejosos, propietarios del inmueble a cuya línea telefónica se cargó el servicio, y en el artículo 130 de la Ley 142 de 1994.

Tales normas preceptúan:

Ley 142 de 1994:

“ART. 130.—Partes del contrato. Son partes del contrato la empresa de servicios públicos, y los usuarios.

“El propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos.

“Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante los jueces competentes o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas oficiales de servicios públicos. La factura expedida por la empresa y debidamente firmada por el representante legal de la entidad, prestará mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial”.

Resolución 2254 de 1974 “Por la cual se aprueba el reglamento para publicaciones en el directorio telefónico”:

“ART. 1º—Aprobar el reglamento para publicaciones en el directorio telefónico, cuyo texto es el siguiente:

“1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 69, 70 y 71 del Decreto 2427 de 4 de octubre de 1936, la Empresa editará anualmente el directorio telefónico correspondiente y entregará gratuitamente un ejemplar a cada usuario por cada línea directa....Los usuarios del servicio telefónico distintos del suscriptor pueden figurar en el directorio telefónico en las mismas condiciones establecidas para los suscriptores, sin que por esta causa los suscriptores pierdan esta condición. Para cumplir con esta disposición la empresa hará conocer a los suscriptores el derecho de los usuarios a figurar en el directorio telefónico, para que aquellos tengan la oportunidad de notificar a la empresa si no desean que otra persona distinta aparezca en el directorio telefónico. De no recibir aviso al respecto la empresa considerará que puede publicar los nombres de los usuarios que así lo soliciten. La Empresa se reserva el derecho de autorizar la publicación de nombres adicionales, destacados y anuncios cuando lo considere conveniente y hará la rectificación de los errores que puedan aparecer en el directorio editando un suplemento cuando, a su juicio, a ello hubiere lugar, pero no responderá por errores u omisiones.

“2...

“3... El valor de las inserciones o anuncios autorizados hace parte integrante e indivisible de la suma que los suscriptores o usuarios deben pagar a la empresa por la prestación del servicio telefónico. En consecuencia, si el suscriptor o usuario no llegare a pagar ese valor conjunto, la empresa podrá suspender el servicio del teléfono, de acuerdo con el aparte a) artículo 2º del reglamento de suscriptores,...

“4. Los valores por concepto de publicaciones en el directorio telefónico serán cobrados exclusivamente por medio de la cuenta mensual de los respectivos teléfonos. El valor de las publicaciones debe ser pagado por los anunciadores desde el mes siguiente a su ordenación y hasta el mes en que se entregue el directorio telefónico, como máximo.

“5. ...

“6.La Empresa puede abstenerse de publicar nombres adicionales, destacados, anuncios o cualquier otro tipo de publicidad dentro del directorio telefónico, cuando las respectivas solicitudes no sean debidamente autorizadas directamente por el suscriptor del teléfono que ha de aparecer publicado en las inserciones materia de estas peticiones, salvo lo dispuesto en el numeral 1º de este reglamento.

“7...

“9... Cuando en un aviso o inserción figure más de un teléfono, la empresa puede cargar el valor total de la publicación a cualquiera de los números que allí aparezcan, así como trasladar tales cargos de unos a otros teléfonos. En última instancia los suscriptores o usuarios serán responsables por los cargos ocasionados por inserciones o anuncios ordenados sobre los teléfonos a su servicio. Igualmente la empresa puede cargar a cualquier teléfono de un suscriptor o usuario si no se hubiere certificado lo establecido en el punto once (11) de este reglamento, el valor de publicaciones aparecidas en el directorio y por aquellos ordenadas, cuando por causa de traslado de un establecimiento o negocio lo anunciadores continúen en otro lugar utilizando teléfonos diferentes a los publicados y hayan dejado cuentas pendientes de pago por determinadas publicaciones en otros teléfonos.

“11...

Para la sala, las normas antes trascritas en manera alguna impedían a la Superintendencia de Industria y Comercio imponer la multa cuestionada y, antes por el contrario, refuerzan que bien hizo la demandada al sancionar a PUBLICAR S.A.

En efecto, el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 establece la solidaridad entre el propietario del inmueble, el suscriptor y los usuarios del respectivo servicio público, sin que en este caso podamos hablar de que la publicación del anuncio ordenada por el señor Germán Reinoso constituya un servicio público, pues éstos los define el artículo 14.20 de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios como todos los servicios y actividades complementarias a los que se aplica esta Ley y el 14.21 ibídem enumera los servicios públicos domiciliarios, esto es, acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, telefonía móvil rural y distribución de gas combustible.

En consecuencia, si bien es cierto que Publicar S.A. cobra el valor de los anuncios publicados por conducto de la ETB S.A. ESP, es decir, que los factura en el recibo correspondiente a la prestación del servicio público de telefonía pública básica conmutada, también lo es que ello no le otorga el carácter de público al servicio prestado por la actora y, por tanto, no puede predicarse solidaridad alguna entre el propietario del inmueble (suscriptor de la línea telefónica) y el usuario de la misma, a menos que el respectivo suscriptor de la línea telefónica, una vez notificado por parte de la Empresa del interés del usuario de dicha línea de incluirla a nombre suyo o en un anuncio publicitario consienta expresamente o simplemente no se pronuncie sobre el particular, es decir, que no habrá solidaridad entre el suscriptor y el usuario de la línea telefónica respecto del pago del anuncio publicitario, cuando una vez notificado el suscriptor de la solicitud del usuario en tal sentido, no otorgue expresamente su autorización.

En el caso sub examine Publicar S.A. no demostró, es más, ni siquiera argumentó que había notificado a los señores Marco Antonio Lozano y Ruby Yaneth Mejía (propietarios del inmueble y, por ende, suscriptores de la línea telefónica), sobre la solicitud del señor Reinoso de publicar un anuncio con el número de la línea telefónica de propiedad de aquellos, razón por la cual no puede hablarse de que con su silencio otorgaron el consentimiento y mucho menos que lo hicieron expresamente, como tampoco que el contrato de arrendamiento constituye la susodicha autorización, pues en virtud de éste simplemente se otorga el uso normal de la línea telefónica, más no la autorización para que sea insertada en un anuncio publicitario, pues para ello se requiere, se reitera, la notificación al suscriptor por parte de la empresa anunciante (Publicar S.A.).

Así las cosas, la Sala concluye que fue ilegal el cobro efectuado por la ETB S.A. ESP a los quejosos con fundamento en la obligación adquirida por el señor Reinoso con Publicar S.A., pues dicho cobro se derivó de un contrato suscrito entre ésta y una persona diferente a la titular de la línea telefónica sin contar con la autorización de dicho titular (propietario del inmueble y suscriptor de la línea telefónica), y máxime si se tiene en cuenta que la solidaridad a que alude el artículo 130 de la Ley 142 de 1994 está fundamentada en el servicio que presta la respectiva empresa de servicios públicos, para el caso, la ETB S.A. ESP y en las obligaciones adquiridas por el suscriptor en el contrato de prestación del servicio, el cual no incluye las relaciones que surjan entre una empresa privada, como lo es Publicar S.A. y un tercero que es el usuario, en este caso el señor Reinoso, lo cual se traduce en que con dicho cobro no se podía vincular al titular de la línea telefónica teniendo como causa una obligación que no es propia de la prestación del servicio público en sí mismo considerado, pues nunca fue notificado y, por ende, no otorgó su consentimiento ni expresa ni tácitamente.

Aceptar la tesis de Publicar S.A., equivocadamente respaldada por el tribunal, llevaría al absurdo de aceptar que terceros totalmente ajenos a la relación jurídica surgida entre la empresa anunciante y el usuario del servicio prestado por esta última, que no es público, se vieran afectados por el incumplimiento de dicho usuario sin tener alternativa distinta a la de tener que acudir ante los jueces, cuando lo cierto es que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad administrativa, está expresamente facultada para velar que se de cumplimiento a las normas sobre protección al consumidor, las cuales fueron en este caso desconocidas por Publicar S.A., al efectuar el cobro a una persona a quien no se le dio oportunidad de expresar su consentimiento sobre el uso, en este caso comercial, que de su línea telefónica se haría.

En consecuencia, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, denegará las pretensiones de la demanda, pues la conducta de Publicar S.A., sin lugar a dudas, contrarió la normativa del estatuto de protección al consumidor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de octubre de 2004 y, en su lugar,

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

RECONÓCESE al abogado Martín Eduardo Torres Cardozo como apoderado de Publicar S.A., en los términos y para los fines del poder a él conferido, que obra a folio 59 del cuaderno núm. 2.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

______________________________________