Sentencia 2002-01082 de abril 22 de 2010

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 250002324000200201082 01

Consejera Ponente:

Dr. María Claudia Rojas Lasso

Autoridades nacionales

Actor: William de Jesús Agudelo Ossa

Bogotá, D.C., veintidós de abril de dos mil diez.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

A juicio de la demandante, mediante los actos acusados la Superintendencia de Sociedades vulneró su derecho al debido proceso, habida cuenta de que, sin importar que no participó en la reunión en la que la junta directiva del fondo aprobó la inversión en bonos y acciones de la financiera B&V S.A., le imputó responsabilidad por esa autorización y le impuso sanción, pese a que no fue la junta directiva sino la asamblea general el órgano que tomó la decisión.

Dentro del expediente, obra copia simple de las actas 127, 128 y 129 correspondientes a las reuniones celebradas por la junta directiva del Fondo Ganadero de Cundinamarca los días 18 y 27 de marzo y 20 de abril de 1998, así como copia del Acta 88, correspondiente a la reunión celebrada por la asamblea general de accionistas el 21 de abril del mismo año.

En tales documentos, consta que demandante asistió a la reunión del día 18 de marzo de 1998 y manifestó su apoyo a la propuesta de inversión en la financiera B&V S.A. (Acta 127 que obra fl. 331, cdno. ppal.). El 27 de marzo siguiente, la junta directiva se reunió nuevamente y pese a que el demandante no asistió, ratificó por vía telefónica la aprobación de la inversión, tal y como quedó anotado en el Acta 128 (fl. 338, ídem) correspondiente a la reunión en la que se autorizó la inversión en los siguientes términos:

“Después de haber oído la exposición de motivos y las condiciones contenidas en el Acta 127 sobre la posible inversión del fondo con la Financiera Bermúdez y Valenzuela S.A. C.F.C., que va a permitir en asocio con la financiera que a través de la financiación con créditos de eficiente manejo los ganaderos adquieran bienes y servicios agropecuarios, la junta directiva da su beneplácito al negocio planteado, y concluye que en razón a la magnitud del mismo y a la importancia que para el futuro del fondo tiene la inversión propuesta, debe someterse a la aprobación de la asamblea de accionistas que se reunirá el 31 de marzo del año en curso.

(...).

En consecuencia a lo expuesto: la junta directiva faculta al gerente del fondo doctor (...), para conseguir el crédito por mil millones de pesos ($ 1.000’000.000) otorgando las garantías autorizadas. Igualmente lo autoriza a realizar la inversión en acciones y bonos de la Sociedad Financiera Bermúdez y Valenzuela previa aprobación del negocio por la asamblea de accionistas”.

El día 20 de abril de 1998 y según consta en el Acta 129, la junta se reunió con la presencia del señor William Agudelo Ossa. En esa oportunidad se llevó a cabo la lectura y aprobación del Acta 128, sin que el demandante presentara oposición frente a lo decidido en la reunión celebrada el 27 de marzo de ese año.

Así las cosas, no es de recibo el argumento del demandante según el cual, no le era imputable la conducta que originó la sanción por no haber estado presente en la reunión en la que la junta directiva dio su beneplácito a la inversión en la financiera B&V S.A., pues quedó demostrado que aunque físicamente no estuvo allí, sí dio su autorización por vía telefónica y, en la reunión siguiente, dio su aprobación a lo decidido en la misma.

Ahora bien, el demandante alega que la decisión de asociarse con la financiera B&V S.A., a través de una inversión en acciones y bonos de dicha entidad, fue adoptada por la asamblea general de accionistas. No obstante, en los estatutos del Fondo Ganadero, explícitamente se señala como atribución de la junta directiva autorizar al gerente para, entre otras, realizar inversiones relacionadas con el objeto social, en personas jurídicas constituidas o que se constituyan para desarrollar tal finalidad.

Es evidente, entonces, que la función de autorizar las inversiones, relacionadas o no con el objeto social del fondo, recaía en la junta directiva de la cual era miembro el demandante. Cosa diferente es que, voluntariamente y considerando la magnitud de la inversión y sus efectos, la misma junta hubiese decidido solicitar la aprobación a la asamblea general de accionistas, hecho que en modo alguno implica que la responsabilidad pueda trasladarse de la junta a la asamblea, puesto que tal posibilidad no está dada ni en la ley, ni en los estatutos del fondo.

Acerca de la responsabilidad que les cabe a los miembros de las juntas directivas de los fondos ganaderos, en lo concerniente con la autorización de inversiones por fuera de los parámetros legales, ya esta Sala se había pronunciado en anterior oportunidad sobre una situación similar a la que nos ocupa. En aquella ocasión dijo la Sala:

“Establecida la conducta objeto de sanción, esto es, que el actor autorizó una inversión del Fondo Ganadero de Cundinamarca S.A. en Bermúdez y Valenzuela S.A. C.F.C., compañía cuyo objeto social no es el fomento del sector agropecuario, sino el “... captar recursos mediante depósitos a término, con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito para facilitar la comercialización de bienes y servicios” (art. 2º, num. 5º, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), inversión que contraviene los artículos anteriormente trascritos [L. 363/97, arts. 2º y 11], que exigen que cuando un fondo ganadero se asocie con un tercero para efectos de llevar a cabo una inversión dicho tercero tenga como actividad una relacionada directa o indirectamente con su objeto social, que para el caso, se reitera, es el fomento del sector agropecuario, resta a la Sala establecer si la sanción de diez millones de pesos impuesta mediante los actos acusados es o no proporcional y razonable.

(...).

siendo público una parte del capital del Fondo Ganadero Agropecuario, el actor, como miembro de su junta directiva, debió actuar con mayor prudencia y no aprobar la pluricitada inversión y, al hacerlo, contravino, entre otros, los artículos 2º y 11 de la Ley 363 de 1997. Por lo tanto, la sanción impuesta, equivalente a 35 salarios mínimos legales mensuales no fue desproporcionada ni irrazonable, máxime si se tiene en cuenta que la Superintendencia de Sociedades tiene facultad para imponer multas hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales, a quien incumpla sus órdenes, la ley o los estatutos”(8).

Por otra parte, el demandante argumentó que, para la fecha en que fue impuesta la sanción, la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Sociedades había caducado, como quiera que de acuerdo con el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, las autoridades administrativas cuentan con un término de 3 años a partir de la comisión de la conducta infractora, para imponer la sanción respectiva, término excedido por la demandada, puesto que la inversión se llevó a cabo en el mes de abril de 1998, y la sanción quedó en firme en el mes de agosto de 2002.

Al respecto, la Sala encuentra que el demandante pasó por alto que el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo solo resulta aplicable en la medida que no exista una disposición especial en contrario, circunstancia que precisamente no ocurre en el asunto objeto de estudio, toda vez que la Ley 222 de 1995, aplicable en el asunto sub examine y a la cual está sujeto el Fondo Ganadero de Cundinamarca S.A., en su artículo 235 dispone que las actuaciones administrativas derivadas del incumplimiento de obligaciones contenidas en dicha ley o en libro segundo del Código de Comercio, prescriben en 5 años. Veamos:

ART. 235.—Término de prescripción. Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que en esta se haya señalado expresamente otra cosa.

Sobre la aplicabilidad del artículo 235 de la Ley 222 de 1995 en asuntos como el que actualmente se discute, la Sala ha dicho:

En ese orden, se han de tener como normas vigentes las contenidas en la Ley 363 de 1997, lo cual significa que las leyes 222 de 1995 y 363 de 1997 se articulan en lo pertinente para formar un todo como ordenamiento jurídico en relación con tales fondos, para efectos de su inspección, vigilancia y control; por lo cual la competencia ejercida en este caso hay que verla a la luz de la competencia y atribuciones que la Ley 222 de 1995 le confiere a la Superintendencia de Sociedades y en los términos de esa ley, cuya aplicación —respecto de los fondos ganaderos en mención— de suyo estará dirigida a verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 363 de 1997, en tanto sea normativa vigente subsumible en la remisión prevista en el artículo 82 que se acaba de transcribir.

Al efecto, el artículo 84 de la Ley 222 de 1995 establece: “ART. 84.—Vigilancia. La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades, para velar porque las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente” (resaltado de la sala).

2.3. Así las cosas, en la medida en que el artículo 235 de la Ley 222 de 1995 se refiere al término para desarrollar las actividades estatales encaminadas a hacer efectivas las consecuencias de la violación de las disposiciones de esta, con la cuales se deben considerar integradas las de la Ley 363 de 1997 por lo antes expuesto, se ha de inferir que dicho artículo sí es aplicable al presente caso, pues como se dijo, ambas leyes vienen a conformar un solo ordenamiento en lo que se refiere a la inspección, vigilancia y control de los fondos ganaderos que están sujetos para ello a la Superintendencia de Sociedades.

Dicho lo anterior, es necesario concluir que los argumentos expuestos por el demandante deben desestimarse, pues la Superintendencia de Sociedades no solo es la entidad competente para ejercer la inspección y vigilancia sobre los fondos ganaderos, sino que también está facultada para imponer sanciones por la violación e incumplimiento de las normas legales que regulan el funcionamiento de dichos fondos, esto es de la Ley 363 de 1997, siempre que ello se haga dentro del término establecido que, como lo indicó la Sala, es el contenido en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Sección Primera, Subsección “A”) el 24 de febrero de 2005.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010)».

(8) Providencia de 26 de noviembre de 2004, M.P. Olga Inés Navarrete Barrero. Expediente 25000-23-24-000-2002-1005-01.

En esa oportunidad, la Sala resolvió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho propuesta por un miembro de la junta directiva del Fondo Ganadero de Cundinamarca, contra las resoluciones mediante las cuales fue sancionado por haber participado en la autorización de una inversión en la Financiera Bermúdez y Valenzuela S.A. C.F.C.