Sentencia 2002-01112 de agosto 12 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000-23-26-000-2002-01112-01 (27.577)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: Marta Montoya Monroy

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Ref.: Reparación directa

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «I. Consideraciones

Cumplidos con los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a pronunciarse sobre el asunto de la referencia para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia, 2) acervo probatorio, 3) De la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, 4) análisis del caso concreto, 5) condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado(1).

En efecto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.

2. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al expediente, se destaca:

2.1. Resumen de la historia clínica de la señora Leticia Monroy de Montoya, en la cual se certifica que “presenta enfermedad de Alzaimer (sic) Grado III, que la imposibilita para cualquier acto” (fl. 3, cdn. 2).

2.2. Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Marta Montoya Monroy (fl. 4, cdn. 2).

2.3. Copia simple del registro civil de nacimiento de Paula Catalina Zamora Montoya(2) (fl. 5, cdn. 2).

2.4. Hoja de vida de la señora Marta Montoya Monroy (fls. 10 a 13, cdn. 2).

2.5. Copia simple de la certificación de 4 de julio de 1991, expedida por los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, en que se hizo constar que la señora Marta Montoya fue elegida para hacer parte de la Comisión Legislativa (fl. 13, cdn. 2).

2.6. Certificación suscrita por la administradora de la Clínica Uribe Cualla, en que se informó que la señora Marta Montoya Monroy estuvo hospitalizada en esa institución desde el 25 de marzo hasta el 28 de agosto de 1999, cuyos gastos ascendieron a la suma de $20’746.664 (fl. 20, cdn. 2).

2.7. Copia simple de la Escritura Pública 2692 de 23 de junio de 1999, por medio de la cual, la señora Paula Catalina Zamora Montoya, actuando en representación de Marta Montoya, vendió un inmueble de su propiedad por la suma de $40'273.000 (fls. 21 a 35, cdn. 2).

2.8. Copia simple del Contrato 410 de prestación de servicios suscrito entre Inravisión y la señora Marta Montoya Monroy el 24 de febrero de 1997, cuyo objeto fue dirigir y realizar el programa “Informativo Inravisión", con plazo contractual hasta el 28 de febrero de 1998 (fls. 36 a 40, cdn. 2).

2.9. Copia simple del Contrato 39 de prestación de servicios suscrito entre Inravisión y la señora Marta Montoya Monroy, el 30 de enero de 1998, con el objeto de dirigir y realizar el programa “Informativo Inravisión”, con plazo de 2 meses a partir de la suscripción (fls. 43 a 47, cdn. 2).

2.10. Copia simple del Contrato 208 de prestación de servicios suscrito entre Inravisión y la señora Marta Montoya Monroy, el 8 de marzo de 1998, con el objeto de dirigir y realizar el programa “Informativo Inravisión”, con plazo contractual hasta el 1º de junio de 1999 (fls. 48 a 52, cdn. 2).

2.11. Certificado suscrito por el Vicepresidente de Inravisión, en el que hizo constar que la señora Marta Montoya Monroy prestó a satisfacción sus servicios como directora y realizadora del noticiero "Informativo Inravisión", mediante los contratos 410 de 1997, 39 de 1998 y 208 de 1998 (fl. 53, cdn. 2).

2.12. Copia simple de la declaración de renta de la señora Marta Montoya, del año 1997 (fl. 54, cdn. 2).

2.13. Copia simple del pagaré otorgado por la demandante a favor de la señora María Elvira Montejo, por $18'000.000, por concepto de cánones de arrendamiento adeudados desde enero de 2000, por el apartamento ubicado en la carrera 19 Nº 91-54/58 de Bogotá (fl. 55, cdn. 2).

2.14. Contrato de honorarios suscrito el 10 de abril de 1999, entre la señora Marta Montoya y el abogado Jairo Gerardo Chávez, para la defensa de la primera dentro del proceso penal 35593, por valor de $25'000.000 (fl. 57, cdn. 2).

2.15. Copia simple de la boleta de encarcelación o detención de Marta Montoya Monroy (fl. 59, cdn. 2).

2.16. Copia simple del Oficio 16-99 de 25 de marzo de 1999, por medio del cual el Fiscal Regional Delegado de la Unidad Especial de Narcotráfico, le solicita al Departamento Administrativo de Seguridad - DAS, trasladar a la señora Marta Montoya a la Clínica Uribe Cualla, para su hospitalización. Asimismo comunica que la señora Montoya queda a disposición del DAS mientras permanezca hospitalizada (fl. 60, cdn. 2).

2.17. Copia simple de la providencia de 5 de abril de 1999, por medio de la cual se profirió medida de aseguramiento de detención preventiva contra la señora Marta Montoya Monroy como coautora del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en la cual, al respecto de esta se señaló:

"Los hechos que hacen referencia a la señora Martha Montoya Monroy, se relacionan con el giro y consignación de varios cheques provenientes de cuentas del cartel de Cali, en su cuenta Nº 077-00139772 de Davivienda, sucursal Pablo VI de la ciudad, cuyos documentos obran en el c.o. anexo Nº 16 y que son los siguientes:

1. Cheque Nº 2540710 de la cuenta Nº 8023-023175-6 del Banco de Colombia oficina principal de Cali, titular Jorge Castillo, girado a nombre de Martha Montoya por la suma de siete millones de pesos, el día 14 de diciembre de 1991 y consignado en la cuenta Nº 077-00139772 de Davivienda, cuya fotocopia obra a folio 184 del c.o. Nº 1.

2. Cheque Nº 2441811 de la cuenta 8023-023175-6 del Banco de Colombia oficina principal de Cali, titular Jorge Castillo, girado a nombre de Martha Montoya por la suma de diez millones de pesos, el día 3 de septiembre de 1991 y consignado en la cuenta Nº 077-00139772 de Davivienda, cuya fotocopia obra a folio 185 del c.o. Nº 1.

Se deben relacionar dos cheques que aparecen girados a nombre de Martha Montoya, pero consignados en cuentas de Alberto Giraldo López.

(…)

Con fundamento en lo anterior se puede predicar que está plenamente demostrada la parte objetiva del ilícito, ya que se ha establecido sin lugar a dudas que a las personas y cuentas antes referidas ingresaron dineros provenientes del denominado cartel de Cali y por ende derivados de las actividades delictivas relacionadas con narcotráfico, cuyo origen pretendía ser encubierto mediante la apertura de cuentas fachadas, las que eran controladas por el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela (…).

Martha Montoya Monroy en su indagatoria señalo (sic) (…)

En relación con Alberto Giraldo López dice que fue su primer jefe y quien es la persona que le ha prestado dinero en los momentos que lo ha requerido, señalando que en una oportunidad le presto (sic) $10'000.000,oo en un cheque para que se lo pagara como pudiera y así lo hizo, y que en otras oportunidad le presto (sic) dinero.

Respecto del cheque Nº 2540710 girado a nombre de Martha Montoya por la suma de siete millones de pesos el día 14 de diciembre de 1991; señalo (sic) que la firma del endoso se parece a la suya, pero que nunca recibió ese cheque y que alguien utilizo (sic) su tarjeta de Davivienda.

En cuanto al cheque No. 2441811 girado a nombre de Martha Montoya por la suma de $10'000.000,oo con fecha septiembre 3 de 1991, dice que fue el que le presto (sic) Alberto Giraldo y que consigno (sic) en su cuenta de Davivienda, reseñando que en el título valor aparece anotado el número telefónico donde vivía en esa época, dice que con esa plata compro (sic) un carro de segunda y otros cinco millones los prestó.

Al ponerse de presente los documentos obrantes en el c.o. anexo Nº 16 referentes a la cuenta 0077-00139772 de Davivienda sucursal Pablo VI, y revisados los extractos que en él aparecen, recordó que la cuenta la prestó al señor Ramiro Lucio; quien para esa época estaba recién reinsertado, para que recibiera una donación, señalando además que los cinco millones del otro cheque también se los prestó a él.

(…)

También debe tenerse en cuenta la fecha en que se giraron los cheques que ingresaron a las cuentas de Martha Montoya, es decir septiembre 3 y diciembre 14 de 1991, las que coinciden con el período de funciones de la Comisión Especial Legislativa “Congresito”, corporación a la que perteneció la señora indagada, por lo que desvirtúa la afirmación de encontrarse desempleada para el momento que le “prestaron” el dinero.

(…)” (fls. 58 a 89, cdn. 2).

2.18. Copias simples de las historias clínicas de la señora Marta Montoya, en las que se hace constar que sufre síncopes (fls. 91 a 97, cdn. 2).

2.19. Copia simple de la providencia de 10 de junio de 1999, proferida por el Fiscal Regional de la Unidad Especial de Narcotráfico, en la cual se decretó la ruptura de la unidad procesal con la finalidad de investigar los hechos relacionados con la señora Marta Montoya Monroy (fls. 106 a 109, cdn. 2).

2.20. Copia simple de la Resolución 1884 de 2 de junio de 1999, por la cual se resolvió que el sitio de reclusión de la señora Marta Montoya Monroy sería la Casa Cárcel La María, en Suba (fl. 111, cdn. 2).

2.21. Copia simple de la providencia de 19 de julio de 1999, por la cual el Fiscal Delegado de la Subunidad de Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación resolvió negar la solicitud de suspensión de la detención preventiva de la señora Marta Montoya Monroy y mantenerla hospitalizada. Igualmente, negó la solicitud de detención domiciliaria (fls. 123 a 126, cdn. 2).

2.22. Copia simple de la providencia del 23 de agosto de 1999, por medio de la cual el Fiscal Delegado de la Subunidad de Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación repuso la providencia de 19 de julio de 1999 para ordenar suspender la detención preventiva de la señora Martha Montoya Monroy y dispuso que debía permanecer en la Clínica Uribe Cualla (fls. 144 a 153, cdn. 2).

2.23. Copia simple del dictamen pericial rendido por un experto contable dentro del proceso penal 27.547, en el que se concluyó:

“Tal como se revela en la observación 2 de este dictamen, las cifras declaradas en 1997 por la señora Martha Montoya Monroy encuentran la relación proporcional a sus actividades económicas y a los ingresos generados en ellas.

(…)

Se puede concluir que no hay evidencia alguna que revele la existencia de incrementos patrimoniales por justificar en cabeza de la señora Martha Montoya Monroy” (fls. 164 a 172, cdn. 2).

2.24. Copia simple de la providencia de 25 de noviembre de 1999, de la Fiscal Delegada ante los Jueces Especializados de Bogotá —Subunidad de narcotráfico— en la que se resolvió precluir la investigación adelantada contra Marta Montoya Monroy y conceder la libertad incondicional al quedar ejecutoriada la decisión, conforme a los siguientes argumentos:

“No hay duda entonces que Martha Montoya Monroy si (sic) recibió los dineros que se hallan representados en los títulos valores cheques que se han aportado a este proceso, girados por Miguel Ángel Rodriguez Orejuela, pero entregados de manera personal y directa por su amigo de toda la vida Alberto Giraldo López. Dineros de los que sin duda alguna está involucrada desconocía su procedencia, pues tal como lo han sostenido el señor Miguel Rodríguez Orejuela ni siquiera tuvo la oportunidad de conocería, aunque en una ocasión fue el mismo Alberto Giraldo quien solicitó la suma de diez millones de pesos para entregarlos a Montoya en calidad de préstamo, al parecer esta obligación fue cancelada en su totalidad.

De otra parte fue su hermano Gilberto quien informó que la conocía como una prestigiosa periodista en la época en que laboraba para el Grupo Radial Colombiano, en los años 1980 a 1982, pero que jamás ha tenido negocios con ella.

No discute esta instancia la procedencia ilícita de las sumas mencionadas, fundamentalmente porque para aquella data ya eran reconocidos socialmente como personas vinculadas a actividades de narcotráfico los hermanos Rodríguez Orejuela; si bien es cierto no existía proceso penal alguno en su contra, también resulta cierto que su ilicitud ya habla trascendido fronteras. Probado se encuentra que tanto los diez millones recibidos en calidad de préstamo y los quince millones restantes tuvieron como procedencia el patrimonio ilícito de Miguel Ángel Rodriguez pero no por ello podemos pregonar que la señora Montoya Monroy tenía pleno (sic) de lo realmente acontecido, máxime cuando quien realmente aparecía como su patrocinador era Alberto Giraldo López, periodista reconocido y quien precisamente para aquella data, aún no quedaba en evidencia sus serios vínculos con los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.

(…)

Tampoco podemos predicar ilicitud con relación al título valor de los diez millones de pesos, por cuanto establecido se halla que se trató de un mutuo sin interés, cancelado en su totalidad a su acreedor, quien en todo caso desde la óptica de Martha Montoya fue Alberto Giraldo y no Miguel Rodríguez Orejuela. Dineros que en ningún momento incrementaron su patrimonio, pero que sí le permitieron aliviar la difícil situación por la que venía atravesando y que se encuentra acreditada en los autos.

(…)

No hay duda que nos encontramos frente a una completa ausencia de dolo, es decir el conocimiento y voluntad de realizar el delito de Enriquecimiento (sic) ilícito de particulares, en provecho propio o de terceros, ello es aún más notorio si se tienen en cuenta los siguientes aspectos probados dentro de la investigación:

(…)” (fls. 173 a 191).

2.25. Copia simple de la providencia de 31 de enero de 2000, por medio de la cual, el Fiscal Delegado ante la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, desató el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución de 25 de noviembre de 1999. Al confirmar la decisión, el delegado manifestó:

Y es que dentro del infolio no aparece prueba de forma directa o indirecta que guíe al operador de justicia de que Martha Montoya supiera que los dineros que le entregó su amigo de vieja data, Alberto Giraldo, procedían de las arcas de los Rodriguez Orejuela, toda vez que la prueba es la única que puede determinar, entre otros aspectos, la responsabilidad del sub judice y lo que impide que por, mandatos de la subjetividad, meras sospechas, se pueda fincar, y es lo que precisamente ocurre en el caso materia de estudio, pues si bien el recurrente dice que sería casi imposible que no supiera la sindicada sobre la procedencia del dinero, pero lo cual no tiene bastión en medio alguno sino que las personas que sirvieron de intermediarios y dueños son los que respaldan el dicho de la sumariada, de que no sabía. A mas que para la existencia del hecho delictual endilgado, léase enriquecimiento ilícito de particulares, debe probar la judicatura un incremento patrimonial injustificado, lo que según el dictamen rendido por un experto en la materia no ocurrió, (…) (fls. 193 a 207, cdn. 2).

2.26. Copia simple de la declaración jurada del señor Alberto Giraldo López, rendida el 30 de abril de 1999, ante la Dirección Regional de Fiscalías. Sobre los dineros prestados a la señora Marta Montoya, reconoció que provenían de un fondo que mantenía Miguel Rodríguez Orejuela para contribuir con movimientos políticos pero aclaró que la demandante no fue informada sobre el origen de los mismos. Asimismo, puso de presente sus vínculos de amistad con los hermanos Rodríguez Orejuela y que era de conocimiento general que ellos eran contribuyentes de grupos políticos del país (fls. 208 a 214, cdn. 2).

2.27. Copia simple de la declaración juramentada rendida por el señor Miguel Rodríguez Orejuela, quien afirmó no conocer personalmente a la señora Marta Montoya pero reconoció que el señor Alberto Giraldo pidió que se le prestara dinero a nombre de ella, en dos o tres oportunidades (fls. 215 a 222, cdn. 2).

2.28. Recortes de prensa que dan cuenta de la medida de aseguramiento de la señora Marta Montoya Monroy (fls. 256 a 258, cdn. 2).

2.29. Testimonios rendidos por los señores Luis Guillermo Ángel Correa y Jairo de Jesús Pulgarín, quienes informaron acerca de la afectación social, sicológica, económica y moral de la señora Montoya, en virtud de su privación de la libertad (fls. 266 a 269, cdn. 2).

2.30. Testimonio rendido por la señora María Victoria Turbay Quintero acerca de la situación económica de la señora Marta Montoya durante y luego de ser privada de la libertad, así como la afectación que sufrió su salud durante ese tiempo (fls. 270 a 272, cdn. 2).

2.31. Testimonio rendido por el señor Edgar Guillermo Plazas Herrera, quien se desempeñó como director de Inravisión durante el tiempo que la demandante fue contratista de dicha entidad. Manifestó que la señora Montoya tenía altas calidades profesionales e indicó que era probable que hubiera seguido con el contrato de prestación de servicios si no hubiese sido privada de la libertad (fls. 273 y 274, cdn. 2).

2.32. Testimonio rendido por la periodista Amparo Peláez Córdoba, quien da cuenta sobre las calidades profesionales de la señora Montoya así como de las dificultades económicas y la afectación moral de ella y su familia, tras haber sido privada de la libertad (fls. 275 a 277, cdn. 2).

3. De la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

En la jurisprudencia de esta corporación, no existe discusión acerca del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial del Estado Colombiano, por privación de la libertad del procesado, cuando la sentencia o su equivalente resulta absolutoria, ya porque: (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, (iii) la conducta es atípica, o, iv) cuando resulta absuelto por aplicación del principio de in dubio pro reo.

Para llegar a este punto, la corporación ha adoptado tres posiciones: la primera(3), “la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial, que se producida como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso. Por manera que, para su deducción —se dijo—, es irrelevante el estudio de la conducta del juez o magistrado, es decir que no interesaba averiguar si aquel actuó o no con culpa o dolo”.

La segunda(4), “la carga procesal para el actor de demostrar el carácter injusto de la detención para obtener indemnización de perjuicios, consistente en probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad, fue reducida tan solo a los casos de detención diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal porque, en relación con estos últimos, se estimó que en los tres eventos allí señalados la ley calificó que se estaba en presencia de una detención injusta y que, por lo tanto, surgía para el Estado la obligación de reparar los perjuicios con ella causados”.

La tercera(5), “(…) el carácter de injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y que, por consiguiente, frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resulta indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que esta no tiene la obligación jurídica de soportarlo”.

Respecto de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de la detención preventiva ordenada con el lleno de los requisitos legales, cuando posteriormente se exime de responsabilidad al sindicado, la sentencia comentada sostuvo:

“No se entiende entonces con apoyo en qué tipo de argumento no habría de ser catalogado como igualmente antijurídico el daño que sufre quien se ve privado de la libertad —como en el presente caso— durante cerca de dos años y acaba siendo absuelto mediante sentencia judicial. Ciertamente resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar dos años en prisión y que sea posible deducirle, válidamente, que lo ocurrido es una cuestión “normal”, inherente al hecho de ser un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo, como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Admitirlo supondría asumir, con visos de normalidad, la abominación que ello conlleva y dar por convalidado el yerro en el que ha incurrido el sistema de administración de justicia del Estado”.

A renglón seguido se dijo también: “considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta administración de justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia —si no imposibilidad— de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta corporación lo siguiente:

‘Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley.

No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley les permite a los fiscales y jueces adoptar determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones, categóricas, para suponer que, en determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutorio. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado’.

La sentencia comentada, citando a su vez la sentencia del 18 de septiembre de 1997, C. P. Daniel Suárez Hernández, expediente 11.754, actor Jairo Hernán Martínez Nieves, en su consideración ‘5. De la distinción entre los supuestos en que se absuelve al imputado por inexistencia de pruebas y aquellos casos en que la exoneración de responsabilidad penal se deriva de la aplicación, en su favor, del beneficio de la duda.

(…)

‘En lo que hace a la aplicación en el proceso penal que originó el presente asunto del principio in dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolución es consecuencia de dicha aplicación, cree la Sala que, tal como se manifestó anteriormente, no se trató de duda sino más bien de falta de prueba incriminatorias. Sin embargo aunque se tratase de dicha hipótesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicación de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuación estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneración del Estado por la privación injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normatividad penal, están los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria.

La duda, en materia penal, se traduce en absolución y es esta precisamente a la luz del artículo 414 del CPP la base para el derecho a la reparación. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de “sospechoso” y además se diga que fue la duda lo que permitió su absolución, como para que esta sea la razón, que justifique la exoneración del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta.

Entiéndase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria protección que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vacío mediante un mal entendimiento y utilización de las medidas de aseguramiento.

Ante todo la garantía constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicación cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente técnico que atañe a la aplicación, por defecto de prueba, del principio, del in dubio pro reo. Pero lo que sí debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado Social de Derecho la privación de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofía garantística del proceso penal que ha de prevalecer. Aquí, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontrarían soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de más de tres años al demandante, para final pero justicieramente otorgársele la libertad previa absolución’.

La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuarán en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían —probablemente— conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento; constituirla una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub judice no provee de justo título —ex post— a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación, y de cara a la situación de (sic) demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.

Adicionalmente, resultaría desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos años, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio público de administración de justicia si, una vez desplegada su actividad, esta rama del poder público no consiguió desvirtuar la presunción de inocencia del particular al que inculpaba. La ‘ley de, la ponderación’, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, enseña que el detrimento del derecho o interés jurídico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, derecho o interés jurídico que se hace prevalecer, a través de la ‘regla de precedencia condicionada’ que soporta la alternativa de decisión elegida para resolver el supuesto específico. En otros términos, ‘cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro’.

(…)

No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuraban la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y estos: Los tres aludidos extremos se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dará cuenta a continuación. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneración, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario”.

4. Análisis del caso concreto.

Conforme al recurso de apelación presentado por la parte demandante, la Sala abordará el estudio de la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General y Rama Judicial, con ocasión de la privación injusta de la libertad de Marta Montoya Monroy, desde el 25 de marzo de 1999 hasta el 31 de enero de 2000.

Previo al estudio de fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse acerca del valor probatorio de las copias simples aportadas al plenario. La Sala las valorará conforme al precedente jurisprudencial de esta Subsección, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad procesal que deben conducir toda la actuación judicial.

Así las cosas, al haber sido aportada la prueba documental junto con la demanda, es procedente su apreciación toda vez que ha obrado durante todo el curso del proceso, sin haber sido tachada de falsa por las entidades demandadas ni haberse opuesto a la misma en las etapas procesales pertinentes.

Sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo eje protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes”.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte demandante desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

“En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de las sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

“En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

“Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

“El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces. Si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso(6).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(7).

Respecto a la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial, la Sala precisa que esta entidad no está llamada a responder puesto que las actuaciones de las que se deriva el daño alegado en el presente proceso fueron surtidas únicamente por la Nación - Fiscalía General la cual para la época de los hechos y de la presentación de la demanda estaba representada por el señor Fiscal General, conforme a la Ley 446 de 1998.

En el presente caso, se tiene acreditado el daño sufrido por la demandante, consistente en la privación de su libertad entre el 25 de marzo de 1999 y el 31 de enero de 2000(8), daño que no es imputable a la entidad demandada, Nación - Fiscalía General, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

En primer lugar, la Sala precisa que en el sub judice, la norma aplicable es la Ley 270 de 1996, puesto que al momento de darse la captura, 25 de marzo de 1999 y dictarse la medida de aseguramiento de detención preventiva, 5 de abril del mismo año, la norma ya había entrado a regir(9), por lo que el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, había perdido su vigencia.

La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia establece en su artículo 65, que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, y en el artículo 68 determina que quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la reparación de perjuicios.

En el caso concreto, se tiene que contra la señora Marta Montoya Monroy se dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, en razón a que se le imputó el punible de enriquecimiento ilícito por haberse consignado a sus cuentas bancarias unos cheques girados por el señor Miguel Rodríguez Orejuela, a través de cuentas fachadas, y porque una cuenta a su nombre en el Hotel Intercontinental de Cali fue cancelada por una sociedad perteneciente al nombrado narcotraficante.

La demandante fue capturada y recluida en un hospital de la ciudad de Bogotá, debido a su delicado estado de salud y posteriormente, se le concedió el beneficio de detención domiciliaria. Finalmente, al calificarse el mérito del sumario, la Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados dictó a su favor resolución de preclusión, al considerar que su actuar no fue doloso y tampoco hubo un incremento injustificado en su patrimonio, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el Fiscal Delegado ante la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá.

De lo anterior, para la Sala no cabe duda que el sumario surtido contra la demandante fue precluido con fundamento en que la conducta imputada a la señora Montoya no fue dolosa puesto que no logró demostrarse en el proceso que conocía la procedencia de los cheques, por el contrario, obra prueba que el señor Giraldo, prestamista del dinero, no le informó sobre quién era el otorgante de aquellos.

Ahora bien, debe la Sala determinar si la detención preventiva fue causada por el actuar doloso o gravemente culposo de la procesada Marta Montoya Monroy, en virtud de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, norma esta que es del siguiente tenor:

“ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Sobre el dolo o la culpa grave del procesado en la producción de la medida de aseguramiento, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, esta corporación ha sostenido en recientes pronunciamientos(10):

“De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso de la referencia, se encuentra demostrado que la señora Diana Patricia Pérez Tobón estuvo vinculada en un proceso penal por el secuestro de un ciudadano. De igual forma, quedó demostrado que ella conocía de la retención arbitraria del plagiado, así como que dialogó con aquel.

En esa línea de pensamiento, el daño es imputable única y exclusivamente al comportamiento gravemente culposo o doloso de encubrir a los secuestradores del señor Guerrero Suárez, pues el haber omitido denunciar un hecho tan grave como la retención ilegal e ilícita de una persona fue el comportamiento determinante que originó que se hubiera adelantado un proceso en su contra.

Y si bien, existió una nulidad que invalidó el proceso y, por consiguiente, generó que se tuviera que reiniciar la investigación criminal, lo cierto es que esa circunstancia no fue la que generó o produjo el daño consistente en la privación de la libertad de la señora Diana Patricia Pérez Tobón. En efecto, fue ella con su comportamiento la que incidió de manera definitiva y directa en la investigación que se adelantó en su contra, pues resulta incuestionable que concurrió en varias ocasiones al sitio donde se encontraba secuestrado el señor Guerrero Suárez, y tuvo pleno conocimiento del delito que se estaba cometiendo.

En ese orden de ideas, la falta de solidaridad y el desconocimiento del principio de confianza —esto es, el cumplimiento de los roles asignados por el hecho de vivir en sociedad— es lo que genera la atribución del daño a la actuación exclusiva y directa realizada por Diana Patricia Pérez Tobón.

Una posición contraria supondría desconocer la participación que tuvo la víctima en la generación del daño antijurídico, y compelería a que el Estado se convirtiera en un asegurador universal puesto que se desencadenaría su responsabilidad con independencia de la imputación fáctica y jurídica de la lesión.

En el caso concreto, la lectura de la providencia de preclusión de la investigación a favor de Diana Patricia Pérez Tobón, proferida por la Fiscalía Especializada de Medellín, es suficiente para arribar a la conclusión de que el daño en el caso concreto no es imputable a la administración de justicia, puesto que fue el comportamiento inadecuado y reprochable de la víctima lo que desencadenó que se iniciara una investigación penal en su contra, máxime si el propio secuestrado dijo haber visto y dialogado con la señora Pérez Tobón en varias ocasiones durante su cautiverio, lo cual quedó demostrado en las diligencias penales”.

En decisión más reciente sobre este tópico, la Sala sostuvo(11):

“Establecido lo anterior, entra la Sala a estudiar la conducta desarrollada por el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de cara a establecer si puede considerarse como el hecho determinante que contribuyó a la producción del daño, esto es, que se le haya proferido medida restrictiva de su libertad.

Debe precisar la Sala que lo anterior no comporta en manera alguna una revaloración probatoria del proceso penal, ni mucho menos ello tiene la posibilidad siquiera de menoscabar el efecto de cosa juzgada penal tanto formal como material, que de suyo tiene la decisión de preclusión de la investigación penal a favor del aquí demandante.

Solo que desde el campo de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia de privación injusta de la libertad y concretamente desde la preceptiva del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, exige el estudio previo de la conducta del procesado frente a la medida de aseguramiento impuesta a efectos de dilucidar de una parte si ha de considerarse gravemente culposa o dolosa y de otra, si fue la causa de la medida de aseguramiento de detención preventiva, y dependiendo de la afirmación o negación de estas dos exigencias procederá la exoneración o responsabilidad del Estado.

En tal cometido, observa la Sala que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, tiene a más de una formación militar en el campo de la aviación, la de piloto comercial y aún la de instructor en esta materia, así como la experiencia en dicho campo, todo lo cual le imponía el deber de verificar que quien lo contratara en su profesión de piloto de aviación comercial, fuese el ‘explotador’ de la aeronave a pilotear o la persona que según las normas encargadas de su regulación pudiese realizar tal labor, como también debía transportar solo elementos permitidos según las normas aeronáuticas.

En este concreto caso, se encuentra acreditado que el señor Gerardo Enrique Rojas Neira, de un lado contrató como piloto el encargo de transportar desde la ciudad de Medellín hasta Bogotá una aeronave con persona distinta de el ‘explotador’, o de la persona que según este, administraba todo lo relacionado con la susodicha aeronave, y de otra parte, transportó o llevó consigo un tanque en fibra de vidrio que sirve como tanque auxiliar de combustible, que se utiliza para aumentar la autonomía de vuelo de una aeronave, ignorando a quien lo entregaría en la ciudad de Bogotá, y sin establecer con certeza la persona de la cual recibió tal encargo.

Dada la formación profesional y la experiencia específica del señor Gerardo Enrique Rojas Neira, permite inferir que era conocedor de la irregularidad de la propia conducta, que aunada a los hallazgos realizados al interior de la aeronave dio lugar o fue la causa determinante de la imposición de la medida de aseguramiento que restringió su libertad, al ser indicativos de encontrarse ante una presunta conducta punible, de tal suerte que el daño a él irrogado con la privación de su libertad, y puesto de manifiesto en la ulterior resolución de preclusión de la investigación, no le es imputable jurídicamente al Estado, por colmarse la causal de exoneración consagrada en la parte final del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991”.

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, para la Sala se encuentra configurada la causal exonerativa de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, por las razones que pasan a exponerse a continuación.

En efecto, no cabe duda que la demandante actuó sin el cuidado debido frente al manejo de sus finanzas, que, en los términos del artículo 63 del Código Civil constituye una culpa grave, puesto que la señora Montoya debió indagar acerca de la procedencia de los dineros que le entregaba el señor Alberto Giraldo, puesto que, pese a que él era el que fungía como prestamista, no fue el girador de los cheques, los cuales, como efectivamente se comprobó, fueron girados por el señor Miguel Ángel Rodríguez Orejuela.

Es de resaltar, como se indica en la providencia de primera instancia que precluyó la investigación seguida contra la señora Marta Montoya, al momento de los hechos ya era de público conocimiento sus actividades delictivas como narcotraficante, pese a que no registraba antecedentes penales.

Aunado a lo anterior, al momento de recibir el cuestionado dinero la señora Montoya se desempeñaba como empleada pública como miembro de la Comisión Legislativa, comúnmente conocida como “El Congresito”, cuerpo colegiado estipulado por la Constitución Política de 1991 para llevar a cabo el tránsito legislativo a partir de la nueva Carta, mientras era elegido el nuevo Congreso de la República. Dicha comisión actuó durante el segundo semestre de 1991, coincidiendo con los meses en que se giraron los cheques a favor de la demandante.

De otro lado, el despreocupado manejo que la demandante daba a su cuenta bancaria quedó reflejado en la providencia de 5 de abril de 1999, dónde se hizo constar que la señora Montoya prestó su cuenta al señor Ramiro Lucio para que le consignaran uno de los cheques cuestionados.

La Sala pone de presente que, la culpa grave es una de las especies de culpa o descuido, según la distinción establecida en el artículo 63 del C. Civil, también llamada negligencia grave o culpa lata, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Culpa esta que en materia civil equivale al dolo, según las voces de la norma en cita.

Valga decir, que de la definición de culpa grave anotada, puede decirse que es aquella en que se incurre por inobservancia del cuidado mínimo que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.

Es pertinente aclarar que no obstante en el proceso surtido ante la Fiscalía General de la Nación, se estableció que la demandante no actuó dolosamente desde la óptica del derecho penal, no ocurre lo mismo en sede de la acción de responsabilidad, en la cual debe realizarse el análisis conforme a la Ley 270 y al Código Civil.

Así las cosas, la Sala considera que, dadas las condiciones de periodista y de empleada pública que ostentaba la demandante al momento de los hechos, no observó el cuidado mínimo exigido y fue su actuar el que llevó a la entidad estatal demandada a dictar la medida de aseguramiento en su contra.

En tal virtud, se confirmará la sentencia apelada por las razones expuestas en esta providencia.

5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia del 1° de abril de 2004, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Segundo: Sin condena en costas.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) 2008-0009(IJ), M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Sobre el valor probatorio del registro civil aportado en copia simple, ver sentencia del 8 de agosto de 2012, Rad. 22.616, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(3) Sentencia de 30 de junio de 1994, expediente: 9734. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 13168.

(4) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 8666 cit. Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp.13168.

(5) Sentencia del C.E., expediente 13.606, sentencia del 14 de marzo de 2002 expediente 12.076 citadas en la sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp.13168.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 20171, M. P. Enrique Gil Botero.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2011, exp. 36.912.

(8) Fecha en que se profirió la providencia de segunda instancia que confirmó la resolución de preclusión de la investigación seguida contra la señora Montoya.

(9) La Ley 270 fue promulgada el 7 de marzo de 1996.

(10) Sentencia de agosto 29 de 2012, Rad. 25.176, M. P., Enrique Gil Botero.

(11) Sentencia de 30 de enero de 2013, Rad. 23514, M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.