Sentencia 2002-01118 de febrero 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C”

Rad.: 25000-23-26-000-2002-01118-01 (29.170)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: acción de reparación directa

Actor: María Elisa Contento Mora y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Bogotá, D.C., doce de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia, por razón de la cuantía(3).

En primer lugar es conveniente precisar que solo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la providencia de la Sección Tercera de esta corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)”(4).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada, con plena observancia de la garantía de la no reformatio in pejus.

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad estatal en Colombia, afinca sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el daño, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(5).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(6).

2.3. Caducidad.

Previo a decidir sobre el fondo del asunto, la Sala considera pertinente pronunciarse acerca de la caducidad de la acción teniendo en cuenta que en la contestación de la demanda fue alegada esta excepción por la entidad demandada.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona de solicitar que sea definido un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público.

La figura de la caducidad se configura cuando el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción, ha vencido(7).

El término de caducidad es fijado por el legislador objetivamente, sin considerar situaciones personales quedando el mismo totalmente improrrogable, razón por la cual el ejercicio del derecho de acción inicia desde el primer día y acaba definitivamente al terminar tal plazo de dos años señalado por el legislador.

Advierte la Sala, que obra en el expediente copia auténtica del registro civil de defunción del señor José Antonio Bastos Ladino donde aparece como fecha de la muerte el día 21 de enero de 2000.

De otra parte, también se observa que en el caso sub examine si bien no obra prueba que indique la fecha en que fue presentada la demanda, sí aparece el acta de reparto del día 18 de enero de 2002 (fl. 9, cdno. 1), por consiguiente, debido a que el deceso del señor José Antonio Bastos Ladino se produjo el día 21 de enero de 2000, es claro que el término de caducidad de la acción debe comenzarse a contabilizar al día siguiente de la fecha antes citada, en consecuencia, el término de los dos años señalado por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo venció el 22 de enero de 2002, por lo que la Sala concluye que el fenómeno de la caducidad no ha operado en este evento.

2.4. El caso concreto.

El señor José Antonio Basto Ladino, quien estaba recluido en la Cárcel La Picota de la ciudad de Bogotá, resultó muerto el día 12 de enero de 2000, como consecuencia de heridas con arma de fuego recibidas dentro del centro carcelario.

De acuerdo con los informes de los hechos, el recluso fue encontrado muerto y con una hoja de color blanco sobre su abdomen en la que escribieron “por violador de niña”, pero como ocurre con frecuencia de la investigación realizada por estos hechos no se obtuvieron resultados concluyentes.

2.4.(sic) Las pruebas obrantes en el proceso.

Al plenario se allegaron las siguientes pruebas:

1. Copia autenticada del registro civil de nacimiento de María Aurora Ladino Ladino, José Antonio Basto Ladino, María Elisa Contento Mora, Manuel Vicente Basto Ladino y Rosalba Basto Contento. De igual forma se allegó copia autenticada del registro civil de defunción de María Rosa Ladino Mora y la partida eclesiástica del matrimonio celebrado entre Nazario Basto Rojas y María Rosa Ladino (fls. 2 a 10, cdno. pruebas).

2. Copia autenticada del registro civil de defunción de José Antonio Bastos Ladino (fl. 169, cdno. ppal.).

3. Declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras Blanca Aurora Castro y Ana Rosa Serrano de Ramos ante la Notaria Segunda del Círculo de Villavicencio (fls. 12 y 13, cdno. pruebas).

4. Copia auténtica del acta de inspección del cadáver 0315-0097 de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde consta que se trata de José Antonio Bastos Ladino, figuran como padres Nazario Bastos y Maria Rosa Ladino y la muerte fue violenta con arma de fuego (fls. 30 a 31 y 38 a 40, cdno. pruebas).

5. Copia de la investigación disciplinaria adelantada por el Inpec con radicación 008-008, con ocasión de los hechos ocurridos el 12 de enero de 2002, donde perdieron la vida 2 internos, entre ellos José Antonio Bastos Ladino (fls. 110 a 120, cdno. pruebas).

5.1. Copia del informe rendido por el Dragoneante Luis Daniel Macareno González, sobre lo ocurrido el día 12 de enero de 2000, donde se registró:

“Atentamente y observando el debido conducto regular me dirijo a su despacho con el fin de informarle que siendo aproximadamente las 12:35 horas del día de hoy me encontraba relevando temporalmente al dragoneante del pabellon (sic) cuarto por orden del señor oficial de servicio de la compañía.

Cuando observe que los señores ordenanzas (sic) de la sección de sanidad, pasaron con dos internos heridos en camillas. Luego el señor comandante de guardia interna me informo (sic) que dichos internos pertenecían al pabellón cuarto pasillo de recepciones.

Inmediatamente procedí a constatar en los libros de minuta del pabellon (sic) cuarto, verificando que los internos Cuervo Martínez Luis Antonio y Bustos Ladino José Antonio, si pertenecían al pasillo de recepciones y que minutos habían pasado en las camillas.

Cuando ingreso (sic) el dragoneante Garcia Sandoval José que se encontaba (sic) de servicio en horas de la mañana, me informo (sic) que dichos internos salieron a llamar a Telecom del penal aproximadamente a las 11:40 a.m.” (fl. 35, cdno. pruebas)

5.2. Tarjeta decadactilar de José Antonio Bastos Ladino, detenido por el delito de acceso carnal violento (fls. 33 y 34, cdno. pruebas).

6. Declaraciones rendidas por los señores Blanca Aurora Castro y Luis Antonio Vargas Barrera quienes manifestaron que José Antonio Bastos Ladino y sus hermanos convivían y estaban bajo el cuidado desde pequeños de la señora Maria Elisa Contento quien era como su segunda madre para ellos ya que les dio de comer, algo de estudio y los enseñó a trabajar, razón por la cual se vieron afectados con su muerte (fls. 146 a 149, cdno. pruebas).

7. Copia del estudio de balística efectuado sobre los proyectiles recuperados en la escena, correspondiente al acta de inspección del cadáver 0315-0097; se relacionan 2 proyectiles calibre 380 auto (fl. 56, cdno. pruebas).

8. Análisis instrumental para residuos de disparo por emisión atómica o absorción atómica realizado al cadáver de José Antonio Bastos Ladino, el cual dio negativo para ambas manos. Se señaló en el informe:

“La determinación para los residuos compatibles con los de disparo, representada por los elementos plomo, antimonio, bario y cobre (Pb, Sb, Ba, Cu), en la muestra identificada como frotis tomado a las manos dio el siguiente resultado:

Mano izquierda negativo (-)

Mano derecha negativo (-)” (fl. 57, cdno. pruebas).

9. Protocolo de necropsia 2000-00181 donde consta:

“Se trata de un hombre adulto que fue encontrado en la guardia de la Cárcel de la Picota, trasladado por los internos del patio. No se conocen las circunstancias que rodearon la muerte. No hay sindicado.

En la necropsia se encuentra cadáver con heridas de proyectil de arma de fuego en la cabeza y heridas por arma corto punzante en cuello. Se evidencia laceración de la vena yugular externa derecha; laceración encefálica que le produce la muerte.

Conclusion (sic)

Hombre adulto que fallece por laceración encefalica (sic) secundaria a herida por proyectil de arma de fuego” (fl. 49 a 54, cdno. pruebas).

10. Oficio 1665 de entrega de cadáver a la señora Maria Elisa Contento Mora (fl. 79, cdno. pruebas)

En relación con las declaraciones extrajuicio allegadas con la demanda, carecen de valor probatorio. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, las declaraciones rendidas ante notario no pueden ser tenidas como ciertas y válidas sin que la entidad demandada haya participado en la diligencia, en razón a que no se respetaría el derecho de defensa de la contraparte y tampoco se garantizaría el cumplimiento del principio de contradicción(8).

Respecto de la valoración de las pruebas trasladadas, es necesario precisar que al proceso se trajo copia auténtica de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por la muerte de dos internos ocurrida el 12 de enero de 2000.

En el recurso de apelación el Inpec solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia y la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva de la señora María Elisa Contento, en razón a que la calidad de hijo de crianza del señor José Antonio Basto Ladino no fue demostrada de acuerdo con las pruebas testimoniales que obran en el expediente.

Precisamente la valoración de esta prueba constituye el argumento fundamental del demandado para impugnar la decisión que accedió parcialmente a las pretensiones, debido a que las relaciones de familia que existieron entre José Antonio Bastos Ladino y la señora María Elisa Contento no fueron demostradas fehacientemente con los testimonios rendidos dentro del proceso.

Al efecto, se entiende por perjuicio moral la aflicción, dolor, angustia y los otros padecimientos que sufre la persona con ocasión del evento dañoso y que deben ser indemnizados en aplicación del principio general de reparación integral.

De tiempo atrás el Consejo de Estado ha establecido que tratándose de los padres, hermanos, hijos y abuelos basta la acreditación del parentesco para que se presuma el perjuicio moral, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que la muerte de un pariente cercano causa un profundo dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, por las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, surgidas en el ámbito de la familia.

Por ello, la corporación ha aceptado que con la simple acreditación de la relación de parentesco existente se presume el dolor sufrido por los parientes(9), de modo que al allegarse al proceso los registros civiles estos son suficientes para que se ordene el reconocimiento de perjuicios morales.

Ahora bien, en el presente caso la señora María Elisa Contento acude al proceso invocando su filiación con la víctima como tía, y además en calidad de nodriza o madre de crianza.

Al respecto ha dicho la Sala:

“En relación a quienes invocan la calidad de hijos de crianza para comparecer al proceso y no la de meros damnificados, Observa la Sala, del contenido del artículo 1º del Decreto-Ley 1260 de 1970, que el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, la cual, puede derivarse de hechos o actos jurídicos, según lo establece el artículo 2º ibídem. Asimismo lo entendió la honorable Corte Constitucional en Sentencia T-495 de 1997, en la que después de analizar las declaraciones allegadas al proceso sobre la relación que unía un soldado con sus padres de crianza, concluye que:

“Surgió así de esa relación, una familia que para propios y extraños no era diferente a la surgida de la adopción o, incluso, a la originada por vínculos de consanguinidad, en la que la solidaridad afianzó los lazos de afecto, respeto y asistencia entre los tres miembros, realidad material de la que dan fe los testimonios de las personas que les conocieron (...)”.

De manera que ha sido postura reiterada de la jurisprudencia, constitucional y contenciosa, que ha permitido que acreditado por cualquiera de los medios probatorios, la circunstancia o relación de especial afecto y protección que se adjetiva como “hijo de crianza”, se infieran de los padecimientos y perjuicios que les legitiman para comparecer ante el juez y solicitar la indemnización de tales perjuicios. Esta Sección también se ha pronunciado en favor del reconocimiento de los derechos que le asisten a los padres de crianza cuando la relación de afecto se encuentra probada, accediendo a reconocer un valor igual al admitido en favor de los padres biológicos;

“de allí que se puedan yuxtaponer las mismas como “tertium comparatio”, en atención a que se trataría de una lógica igual para las dos situaciones(10).

Ahora bien, en atención a los rigores legales establecidos por el ordenamiento civil para la acreditación del parentesco, cuyos requisitos quedaron ampliamente explicados en el acápite anterior, la Sala considera que debe, igualmente, ser rigurosa en cuanto a la prueba de la situación alegada por Frank, Arley y Luis Eduardo Nieto Cardoso en legitimación de su interés dentro del sub lite y para cuya acreditación se remite a lo establecido por el Código Civil colombiano sobre la prueba de la posesión notoria del estado civil.

El artículo 399 del Código Civil, previó que la posesión notoria del estado civil se probara con testimonios fidedignos “particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro en que debiera encontrarse”. Se considera, entonces, que la regla aquí contenida puede aplicarse por analogía en la acreditación de una circunstancia fáctica como la aducida por los demandantes Frank, Arley y Luis Eduardo Nieto Cardoso, anotando, que esto no obsta para que se haga uso de los demás medios probatorios.

Respecto a la posesión notoria del estado de hijo, ya sea legítimo o de crianza, se recogen los criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia al prever como elementos configurativos de dicho estado, el trato, la fama y el tiempo(11).

El primero de estos elementos, es decir el trato, es entendido como la actitud del padre frente al hijo y de este frente al padre. La fama, consistente en la exteriorización de la condición que suscite y la conciencia del vínculo paterno-filial en los demás familiares, amigos o vecinos, y el tiempo, que exige que tanto el trato como la fama hayan perdurado durante un período considerable, que de conformidad con el artículo 398 del Código Civil consiste en el término de 5 años, mínimo.

El criterio anterior, es concordante con lo dispuesto por el artículo 397 Código Civil (12) y comporta que los medios probatorios deben demostrar que el padre, durante el término mínimo de 5 años, se haya comportado como tal, proveyendo para la subsistencia, educación, manutención o establecimiento del hijo (trato) presentándolo con este carácter ante la familia y la sociedad, que a su vez le reputará y reconocerá el carácter de hijo, y así el hijo le reconozca y se comporte frente al padre”(13).

En el sub lite, esta circunstancia se probó adecuadamente en el proceso mediante los testimonios de los señores Blanca Aurora Castro y Luis Antonio Vargas Barrera, quienes declararon que el señor José Antonio Bastos y sus hermanos fueron criados por la señora María Elisa Contento al haber quedado huérfanos desde pequeños, quien los cobijó bajo un mismo techo brindándoles alimento y algo de estudio.

De la misma manera los testimonios antes citados dan cuenta del sufrimiento y el dolor padecido por la demandante en virtud de la muerte de la víctima, circunstancia relevante para el reconocimiento de los perjuicios morales, teniendo en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, lo relevante es haber sufrido el perjuicio y no la vocación hereditaria que se tenga respecto de la víctima(14).

De lo anteriormente expuesto se puede concluir, que los testimonios rendidos en el proceso son prueba suficiente de acuerdo con la posición jurisprudencial antes esbozada para demostrar la calidad de madre de crianza de la señora María Elisa Contento Mora, de manera que habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia.

2.8. Costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, en cuanto no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de septiembre de 2004, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

2. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) La pretensión mayor es estimada por el demandante en $ 46.350.000, suma que supera la cuantía establecida para el año 2002, que era de $ 36.950.000

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, radicado 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

(5) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(6) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(7) “Se produce cuando el término concedido por la ley, para entablar la demanda, ha vencido. El término de caducidad está edificado sobre la conveniencia de señalar un plazo objetivo, sin consideración a situaciones personales, invariable, para que quien se pretenda titular de un derecho opte por accionar o no. Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción. La caducidad es la consecuencia de la expiración del término perentorio fijado, para el ejercicio de acción”.

Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 11 de mayo de 2000, Expediente 12.200.

(8) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia de 18 de febrero de 2010; Expediente 16828

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 25 de 2012, radicado 22708; C.P. Olga Valle de De la Hoz.

(10) Consejo de Estado, sentencia de 9 de mayo de 2011, Expediente 19388. Al respecto se pueden consultar, la Corte Constitucional, sentencia de 3 de octubre de 1997, Expediente T-495; sentencia de 18 de noviembre de 1997, Expediente T-592. Consejo de Estado. Sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 18846 y sentencia de 28 de enero de 2009, Expediente 18073.

(11) Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 8 de 2001, Expediente 5668.

(12) ART. 397.—Posesión notoria del estado de hijo legítimo. La posesión notoria del estado de hijo legítimo consiste en que sus padres le hayan tratado como tal, proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente, y presentándole en ese carácter a sus deudos y amigos; y en que estos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan reputado y reconocido como hijo legítimo de tales padres.

(13) Sentencia de 18 de enero de 2012, radicado 21250. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 1º de 1991, radicado 6469, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.