Sentencia 2002-01149 de febrero 26 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 250002326000200201149 01 (27.359)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle De La Hoz

Actor: Luis Carlos Torres Castañeda.

Demandado: Fiscalía General de la Nación.

Referencia: Acción de reparación directa.

Bogotá, D.C., veintiséis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Cumplidos los trámites propios de la segunda instancia, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado ni caducidad(1), procede la Subsección a resolver el asunto sometido a su consideración a través del siguiente esquema: 1) acervo probatorio; 2) análisis del caso concreto y 3) condena en costas.

2.1. Acervo probatorio.

Del material probatorio allegado al expediente por la parte demandante, se destaca:

— Oficio 300 del 8 de septiembre de 2003 mediante el cual la Fiscalía 58 Delegada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla remitió copia del proceso radicado bajo el 13372 (fls. 2-433, cdno. 4).

— Fotocopia autenticada del contrato de compraventa de vehículo automotor del 27 de septiembre de 1994, suscrito entre Víctor Manuel Sandoval Alvarado y Luis Carlos Torres Castañeda (fls. 11-12, cdno. 5).

— Fotocopia autenticada del oficio 40 F-58 referencia 77729 del 29 de mayo de 2001, mediante el cual el Fiscal 58 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla le informa al administrador del parqueadero Álamos Norte que se decidió la entrega definitiva del vehículo de placas QGG-455 (fl. 17, cdno. 5).

— Registro fotográfico del vehículo de placas QGG-455 (fls. 18-20, cdno. 5).

— Dictamen pericial (fls. 1-8, cdno. 3).

2.2. Análisis del caso concreto.

En el caso concreto, se tiene acreditado el daño antijurídico sufrido por el actor consiste en la imposibilidad de utilizar el vehículo de placas QGG-455 inmovilizado por miembros del CTI grupo antipiratería terrestre y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y los perjuicios ocasionados por la misma durante el lapso comprendido entre el 19 de mayo de 1995 y el 14 de mayo de 2001, cuando se dispuso su entrega definitiva. Daño que el señor Luis Carlos Torres Castañeda no estaba en el deber jurídico de soportar.

En primer término, se hará el estudio de las pruebas remitidas por la Fiscalía 58 Delegada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla, conforme las reglas procesales que rigen la prueba trasladada, de conformidad con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(2).

Sobre el particular, la Sala ha reiterado su criterio en torno a la prueba trasladada al considerar:

“(…).

“La Sala tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. Así mismo, de acuerdo con el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil: “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

“De la dilatada jurisprudencia de la Sala cabe extraer ciertos criterios con base en los cuales debe valorarse y apreciarse la prueba trasladada: i) en “punto a la posibilidad de trasladar las pruebas, cualesquiera que sean, practicadas en otro proceso, la misma se encuentra autorizada por el artículo 185 del estatuto procesal civil, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: — Que hayan sido válidamente practicadas. — Que se trasladen en copia auténtica. — Que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”(3); ii) la prueba trasladada del proceso penal ordinario a petición únicamente de la parte demandante no puede ser valorada(4); iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(5); iv) se puede valorar como indicio la prueba trasladada del proceso penal. En ese sentido, en la jurisprudencia se sostiene que las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en éstos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(6); v) en cuanto a las pruebas trasladadas desde los procesos disciplinarios y penal militar se consideran los siguientes criterios: a) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea el caso, dentro del proceso de responsabilidad”(7); b) la prueba trasladada del proceso penal militar y de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional-Policía Nacional(8); vi) en cuanto a los testimonios que obran en proceso o investigaciones disciplinarias se sostiene: a) que “no necesitan ratificación, pero esto hay que entenderlo, como es obvio, frente a las personas que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación). Desde luego, entonces, esas declaraciones, para hacerlas oponibles, debieron ratificarse en la forma prevista en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil”(9); b) la prueba testimonial rendida ante la jurisdicción ordinaria y trasladada no puede valorarse ya que no fue ratificada y no fue peticionada de común acuerdo(10); vii) “la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquél, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre pueda trasladada (CPC, art. 185)”(11); viii) en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(12), salvo: a) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse “toda vez que ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla”(13); b) la prueba trasladada puede ser valorada cuando fue utilizada por la contraparte, por ejemplo demandada, para estructurar la defensa en los alegatos de conclusión(14); ix) el “legislador supeditó la valoración de las pruebas trasladadas al cumplimiento de los requisitos procesales exigidos, más no consagró como obligación de la parte que solicita la prueba el señalamiento expreso de las piezas procesales que pretende trasladar. No obstante, el juez tiene la facultad de rechazar de plano las pruebas legalmente prohibidas o ineficaces, las impertinentes y las manifiestamente superfluas(15)”; x) las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, salvo que lo hayan sido con audiencia de la parte contra la que se aducen(16); xi) cuando se trata de prueba trasladada en copia simple por la demandante, y teniendo especial consideración por las específicas situaciones de vulneración de derechos humanos, cabe aquella documental o informes siempre que haya obrado durante todo el proceso y la parte contra la que se aduce la haya utilizado para su defensa (contestación, alegatos o incluso en la sustentación o alegatos del recurso de apelación); xii) puede valorarse la prueba trasladada cuando la parte demandada se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por la parte demandante en la demanda; xiii) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por autoridad pública aportado e invocado por la parte demandante(17)(18)”.

De conformidad con el anterior criterio jurisprudencial, en el caso bajo estudio la Fiscalía General de la Nación fue parte dentro del proceso penal cuya prueba se trasladó a este proceso, por lo tanto, se cumple el requisito para su valoración, por provenir del proceso original con audiencia de la parte contra la cual se hace valer dentro del proceso contencioso administrativo.

En este orden de ideas, los hechos debidamente probados indican que la inmovilización del vehículo se produjo el día 19 de mayo de 1995, según se desprende del acta de inmovilización del cuerpo técnico de investigación grupo antipiratería terrestre de la Fiscalía General de la Nación en la que se observa lo siguiente:

“En Santafé de Bogotá, D.C., a los 19 días del mes de mayo de 1995, unidades del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, adscritos al grupo de antipiratería terrestre, quienes se movilizaban por Mosquera con __________, siendo aproximadamente las 13:00 de la tarde, procedieron a inmovilizar el vehículo de las siguientes características:

Clase: Camioneta.

Marca: Toyota.

Placas: QGG-455.

Chasis: FJ60-032141.

Serie: FJ60-032141.

Motor: 22-611451.

Color: Blanco.

Modelo: 1991.

El cual se inmoviliza por el siguiente motivo: Investigación documentos, posible falsedad.

Por lo que el mismo se dejará para el correspondiente estudio técnico. El mencionado automotor era conducido por el señor Luis Carlos Torres Castañeda, identificado con la C.C. 79.110.070 de Mosquera residente en la Kra. 25 Nº 4-05 de Mosquera, a quien se le informó los motivos de la inmovilización del vehículo, el cual queda a disposición en los parqueaderos del cuerpo técnico de investigación…”(19).

De igual modo, en el acta de incautación de vehículo se relacionó el inventario del vehículo así:

“ElementosCantidadEstado   
Bomper1RForro techo1R
Exploradoras4BConsola2R
Farolas2BReloj indi2R
Direccionales4BSelector direcc1B
Persiana1RGuantera1R
Emblemas4BCont aire acond--
Parabrisas1BManijas Puerta4R
Brazos2BSwich de luces1B
Limpiabrisas2RCabeceros2B
Plumillas limpiabrisas2RCojines5R
Vid Ventiladores--Luces interior1B
Vidrios puerta6Bamplificador--
Chapas3MParlantes6R
Espejos laterales2BEcualizador--
Espejo retrovisor2BBrújula--
Cornetas--Cortinas--
Encendedor1 Parasoles2R
Descansabrazos4BCint segurid2R
Tapetes2RPera Barr cam2B
Pito1RLlantas5R
Forros cojines3RBoceles--
Rines5RExtinguidor--
Gato1BCruceta1R
Guardapolvos--Copas--
Tapas gasolina1BStop2B
Luces reversa2BTapa aceite1B
Medidor aceite1BBatería1B
Señales trans.2BBotiquín--
Herramientas--Antenas1B

Observaciones: El vehículo se encuentra en regular estado de pintura…”(20).

Mediante informe 108 GAT-CTI del 7 de junio de 1995, el técnico judicial Luis Arturo Arévalo identificado con el carnet 3570 dejó a disposición del coordinador Unidad Especializada en Hurtos de Automotores, el vehículo de placas QGG-455, en el que se observa:

“(…).

“El día 19 de mayo de 1995, en el sitio denominado Autopista Norte, a la altura de la calle 200, en diligencias realizadas, ordenadas por la coordinación de la unidad de automotores, se efectuó la inmovilización temporal del vehículo distinguido con las placas QGG-455; posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación de Paloquemao, realizándosele el experticio técnico…”(21).

Se encuentra acreditado que mediante contrato de compraventa de vehículo automotor del 27 de septiembre de 1994(22) el señor Luis Carlos Torres le compró el vehículo de placas QGG-455 al señor Víctor Manuel Sandoval Alvarado, por lo que se encontraba en posesión(23) del demandante al momento de la inmovilización tal como se observa en el acta de inmovilización anteriormente relacionada.

Ahora bien, en virtud del principio iura novit curia la Sala considera relevante estudiar si resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación los daños ocasionados al vehículo del demandante, bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, previsto en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 (LEAJ) en los siguientes términos:

“ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Al respecto, la Sala ha considerado:

“Según el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, que en punto al título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia encuentra desarrollo legal en el artículo 69 de la Ley 270 de 1996 en los siguientes términos: “Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Luego, aparece claro que el primer elemento a estudiar en la estructuración de la responsabilidad patrimonial del Estado colombiano es el daño, el cual deber ser cierto, actual, y por ello, constituye una carga procesal y probatoria del demandante, al tenor del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión a esta jurisdicción.

(…).

“En lo atinente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se ha dicho en la doctrina colombiana: “Ese concepto de defectuoso funcionamiento es equivalente a la falla del servicio elaborada por la jurisprudencia francesa y que en la sistematización clásica el profesor Paul Duez puede tener tres manifestaciones: i) El servicio ha funcionado mal; ii) El servicio no ha funcionado; iii) El servicio ha funcionado en forma tardía. El mismo tratadista en cita referenciada, destaca: “La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la administración de justicia, debe partir de una comparación de lo que sería o debería ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia de la administración de justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables (…)(24).

En el presente asunto se tiene, que aún en el evento de haberse acreditado fehacientemente que la señora Juez Laboral del Circuito de Girardot, hubiese sido efectivamente sancionada en los términos de la decisión analizada, para poder declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, menester sería que se hubiese acreditado el daño y como ello no ha ocurrido, no se hace necesario entrar a estudiar los demás elementos que estructuran dicha responsabilidad. Lo anterior, sin perjuicio de la consideración acabada de señalar, de que no toda deficiencia de la administración de justicia es generadora de responsabilidad. En consecuencia, no tiene vocación de prosperidad el cargo formulado contra la sentencia del a quo venida en apelación, por lo que se confirmará en todas sus partes”(25).

La Sección Tercera, tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el alcance del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en los siguientes términos:

“Ahora bien, se observa que como parte de las actividades propias de la administración de justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos; es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación, posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de responsabilidad patrimonial de la administración de justicia, que comprende los casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996(26), correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el juzgado doce civil del circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por haberse surtido respecto a un bien inmueble que no fue debidamente identificado en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño antijurídico que con el mismo se hubiere causado.

En relación con este criterio de imputación de responsabilidad a la Nación, ya la jurisprudencia de la corporación, de tiempo atrás e inclusive con anterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991 que consagró la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, venía reconociéndolo como una mera modalidad de la falla del servicio(27):

c) Es verdad que el Consejo de Estado, en casos excepcionales, que se recogen en buena parte en la jurisprudencia citada por el a quo, ha aceptado la responsabilidad de la administración por un mal servicio administrativo, como ocurre por ejemplo cuando de los despachos judiciales se sustraen títulos y se falsifican oficios, pues en tales circunstancias bien puede hablarse de una actividad no jurisdiccional imputable al servicio judicial. Esto explica que en el fallo de 10 de noviembre de 1967, dictado dentro del proceso 867, con ponencia del doctor Gabriel Rojas Arbeláez, se precisara:

“Una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada, presupuesto fundamental de las sociedades y también dogma político, y otra cosa son ciertos actos que cumplen los jueces en orden de definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa. Por eso cuando con esos actos se causan daños, haciéndose patente como en el caso en estudio, el mal funcionamiento del servicio público, es ineludible que surja la responsabilidad. No es este el primer caso en que la Nación es condenada al pago de los perjuicios por hechos de esta naturaleza, provenientes unas veces por la inseguridad en que se mantienen los despachos judiciales y otros por negligencia de sus empleados”.

Queda, así bien en claro, que la responsabilidad por el mal funcionamiento judicial se ha venido aceptando en Colombia en forma excepcional”(28).

En sentido similar, en una reciente sentencia, que por su claridad sobre el tema se cita in extenso, se consideró:

“La Constitución Política de 1991 establece como regla de principio la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de todas las autoridades públicas, incluidas, por supuesto, las judiciales. En una decisión de 22 de julio de 1994, expediente 9043, la Sección Tercera aseguró que, en aplicación del artículo 90 de la Constitución Política, no existía duda alguna en torno a que los errores judiciales pueden ser fuente de reclamaciones por quienes resultaren dañados o perjudicados con ellos, independientemente de la responsabilidad que pudiere caberle al funcionario judicial.

En los artículos 232 y siguientes del Decreto 2700 de 1991 —antiguo Código de Procedimiento Penal—, fue consagrada la acción de revisión, a través de la cual se contempló la posibilidad de reabrir un juicio ya clausurado, cuando se ha incurrido en error judicial. Dicha acción constituye una excepción a la intangibilidad de la cosa juzgada. A su turno, el artículo 242 del mismo ordenamiento consagró el derecho a la indemnización de los perjuicios que se hubieren causado con dicho proceso, aspecto frente al cual la Sección Tercera ha declarado la responsabilidad de la administración sin dificultad alguna(29).

Posteriormente, la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia—, reguló ampliamente el tema de la responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento de esta rama del poder público, así como el de la responsabilidad personal de sus funcionarios y empleados judiciales.

En relación con la responsabilidad patrimonial del Estado se establecieron tres supuestos: el error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y la privación injusta de la libertad. En todo caso, conviene precisar que, aún con la anterioridad a la expedición de la ley estatutaria, la jurisprudencia de esta corporación había distinguido ya entre el contenido del denominado error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, como títulos jurídicos de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado administrador de justicia.

Para que se abra paso la responsabilidad patrimonial del Estado, por el error judicial, es necesario que concurran los siguientes elementos: i) que dicho error esté contenido en una providencia judicial; ii) que ésta sea proferida por un funcionario investido de autoridad judicial y iii) que el afectado hubiere interpuesto contra la citada providencia los recursos procedentes.

Es preciso anotar que se incurre en error judicial en providencias por medio de las cuales se interpreta, se declara o se hace efectivo el derecho. Dicha responsabilidad también se hace extensiva a los errores en que incurran los demás agentes del Estado que, sin pertenecer a la Rama Jurisdiccional, cumplan la función de administrar justicia(30). El error judicial puede ser de hecho o de derecho, en este último caso por interpretación errónea, falta de aplicación o indebida aplicación de la norma procedente, pero además deben quedar incluidas en el concepto de error jurisdiccional las providencias que contraríen el orden constitucional(31).

No es necesario que la providencia sea constitutiva de una vía de hecho, esto es, que se trate de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que obedezca a las motivaciones internas del juez que actúa sin fundamento objetivo y razonable, como lo entendió la Corte Constitucional al condicionar la exequibilidad del artículo 66 de la Ley 270 de 1996(32), porque ello implicaría desconocer la fuente constitucional de la responsabilidad del Estado, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, en cuanto dicha disposición prevé que se debe indemnizar todo daño antijurídico que llegare a ocasionarse, con prescindencia de la eventual falta personal del agente que lo causa(33).

Dado que el artículo 90 de la Constitución de 1991 y la Ley 270 de 1996 conciben el error judicial de una manera objetiva, para su configuración basta que la providencia que lo contenga cause un daño antijurídico y que éste resulte imputable a la administración de justicia, pues la noción de culpa grave o dolo queda diferida a los eventos en los que se pretenda demostrar la responsabilidad personal del funcionario.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que éste, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación(34)”.

Hechas las anteriores precisiones, puede concluirse que en vigencia del artículo 90 de la Constitución Política de 1991, inclusive antes, como se anotó, y de la Ley 270 de 1996, el Estado está en la obligación de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, siempre que estén acreditados los elementos que estructuran la responsabilidad del Estado, esto es, que se haya causado un daño antijurídico, que éste resulte imputable a una actuación u omisión de la autoridad vinculada a la rama judicial y que exista un nexo causal entre el primero y el segundo”(35).

Conforme al anterior recuento jurisprudencial, que sigue la línea trazada por la Sección Tercera de esta corporación incluso con anterioridad a la expedición de la Ley 270 de 1996(36), se pueden indicar como rasgos o características del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los siguientes:

— Se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a las decisiones judiciales, necesarias para adelantar un proceso o ejecutar una providencia.

— Puede provenir de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia.

— Es un título de imputación de carácter subjetivo.

— Debe ser un funcionamiento anormal partiendo de una comparación de lo que debería considerarse como un ejercicio adecuado de la función judicial.

— Puede tener 3 manifestaciones a saber, que la justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, ha funcionado tardíamente.

— El funcionamiento debe ser anormal, basado en una comparación de lo que debería ser el adecuado.

En efecto, tenemos que en el sub examine se tiene que las actuaciones aducidas en la demanda de donde se deriva el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son de una parte la mora en el trámite de entrega del vehículo por parte de la Fiscalía General de la Nación, de otra parte, el deterioro del vehículo que le ocasionaron unos perjuicios materiales al demandante al considerar que el vehículo se encontraba en buenas condiciones al momento de su incautación, tal como se demuestra con el acta de incautación de vehículo del 19 de mayo de 1995, realizada por el CTI —Grupo antipiratería terrestre— relacionada anteriormente.

En lo relacionado con el tiempo que se le imputa a los funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación —Fiscalía Delegada 287 de Santa Fe de Bogotá, Fiscalía Delegada Seccional 99 de la Unidad Segunda de Patrimonio Económico y Fiscalía 58 de la Unidad Segunda de Patrimonio Económico de Barranquilla— tardaron en definir la situación jurídica del automotor, no configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia puesto que no se probó que el lapso transcurrido constituyera una anormalidad del servicio puesto que ni si quiera se trajeron al proceso estándares o criterios objetivos de comparación para poder determinar que las actuaciones fueron tardías, carga que correspondía a la parte actora conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aunado a que no probó que la presunta mora alegada se hubiera dado por dilaciones injustificadas, puesto que, se insiste, debía probarse que el empleado judicial no tuvo un motivo razonable que justificara el transcurso del tiempo entre la decisión judicial y el oficio que daba cumplimiento a la misma.

Sobre la mora judicial, el Consejo de Estado ha establecido su definición y alcance de la siguiente manera:

“Al respecto, se advierte que la mora judicial ha sido definida por esta corporación como la conducta dilatoria del juez para resolver un proceso judicial y tiene fundamento cuando el acto del juzgador desconoce los términos legales y carece de un motivo probado y razonable, evento en el cual se constituye en violación del debido proceso y en un obstáculo para la administración de justicia. Sin embargo, en situaciones similares, esta Sección ha sido categórica en advertir que dadas las condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a mora o a negligencia. Aplicados los criterios anteriores al caso bajo estudio, se observa que no se demostró que el retardo de la Sección Segunda en dictar el fallo antes mencionado, no obedezca a circunstancias objetivas y razonables no atribuibles a negligencia de su parte. En efecto, no está probada la negligencia, desidia o la carencia de un motivo probado y razonable que permita inferir la responsabilidad de la corporación judicial accionada en la demora en proferir fallo de segunda instancia, pues, tal como se alegó en el escrito de contestación, el atraso judicial tiene origen en el abundante volumen de expedientes y no en la falta de una gestión eficiente”(37).

En virtud de lo anterior, la Sala considera que no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración justicia por este hecho en particular(38).

Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia alegado por el demandante por el presunto deterioro del vehículo, se encuentra acreditado que una vez que la Fiscalía 58 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla decidió la entrega definitiva del vehículo de placas QGG 455 en favor del demandante, mediante oficio 40 F-58 referencia 77729 del 29 de mayo dirigido al administrador del parqueadero “Álamos Norte” solicitó: “… hacerle entrega física y material del vehículo en referencia al señor Luis Carlos Torres Castañeda o a su apoderado doctor Horacio Cárdenas Hurtado”. Sin que obre una prueba que indique a la Sala el estado del automotor al momento de su entrega más allá de un registro fotográfico aportado por la parte demandante con la demanda(39), sin embargo, acerca de las fotografías se ha dicho que ellas no pueden ser valoradas en el proceso puesto que carecen de mérito probatorio, porque allí se registran varias imágenes, sobre las que no es posible determinar su origen ni el lugar, ni la época en que fueron tomadas o documentadas ya que al carecer de ratificación o reconocimiento no pueden cotejarse con otros medios de prueba(40).

En este orden de ideas, no se encuentra probado que se haya producido un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por los deterioros sufridos por el vehículo de placas QGG 455, pues el demandante no logró probarlos.

Así las cosas, esta Subsección confirmará la sentencia apelada al considerar que el demandante no logró demostrar el estado de deterioro del vehículo que le fue entregado en forma definitiva por la Fiscalía 58 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla.

2.3. La condena en costas.

Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia de 4 de febrero de 2004, proferida por la Sección Tercera —Subsección “B”— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo expuesto en esta providencia.

2. Sin condena en costas.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) El 14 de mayo de 2001 la Fiscalía 58 de la Unidad Segunda de Patrimonio Económico de Barranquilla calificó el mérito de la instrucción en favor del demandante precluyendo la investigación y la demanda se presentó el 15 de enero de 2002, razón por la cual no hay caducidad de la acción.

(2) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

(3) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.

(4) Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2004, expediente 14951.

(5) Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.

(6) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(7) Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.

(8) Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, expediente 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el periodo probatorio, y pueden valorarse. Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, expediente 16741.

(9) Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, expediente 8059.

(10) Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2004, expediente 15630; de 22 de abril de 2004, expediente 14877; de 5 de diciembre de 2005, expediente 15914. “… El artículo 229 del mismo código dispone:

“Sólo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:

“Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior.

“Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

“Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

“Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

“Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquél en el que se pretende su valoración sólo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente (se resalta).

“En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio” (resaltado fuera del texto). Sección Tercera, sentencia de 13 de abril de 2000, expediente 11898.

(11) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Si la prueba testimonial trasladada no cumple las condiciones del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil está obligada a ser ratificada “salvo que la parte contra la cual se aducen la acepte o acuda a ella para analizar el problema jurídico debatido en las oportunidades de intervención procesal que la ley otorga (art. 229, num. 1º)”. Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15284.

(12) Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Además “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 (…) por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 16727. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del artículo 254 Código de Procedimiento Civil y los informes y peritaciones de entidades oficiales (CPC, art. 243)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20587.

(13) Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.

(14) Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174.

(15) Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2007, expediente 32216. Puede verse también: Sección Tercera, auto de 7 de febrero de 2002, expediente 21645; sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12124.

(16) Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398.

(17) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.

(18) Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334.

(19) Folio 8, cuaderno 4.

(20) Folio 7, cuaderno 4.

(21) Folio 5, cuaderno 4.

(22) Folios 11-12, cuaderno 5.

(23) Sobre la posesión de bienes muebles la Sala en sentencia del 24 de abril de 2013, expediente 25.792, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz consideró: “(…) A voces del artículo 762 del Código Civil, la posesión se define como “la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.

De acuerdo con esta definición se afirma que la posesión es un hecho y sus elementos son el corpus, o actos materiales realizados sobre el bien, que constituyen su manifestación visible, la manera de ser comprobada por los sentidos, y el animus que se relaciona con la disposición de actuar sobre el bien como si fuera su dueño, es la voluntad de tenerlo para sí, de modo libre e independiente de la voluntad de otra persona, elemento éste que de acuerdo con la jurisprudencia al no ser perceptible por los sentidos, debe presumirse a partir de los elementos exteriores y materiales que constituyen el corpus.

Acerca de este punto, manifestó el actor que el vehículo le fue vendido por el señor José del Carmen Segura Ramírez, el 18 de octubre de 1997, quedando desde entonces como poseedor del mismo, tal como se observa en el contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes, circunstancia que permite afirmar que se trataba de una posesión regular, ya que ella provino de una actuación lícita”.

(24) Enrique Gil Botero, Responsabilidad Extracontractual del Estado, 5ª edición. Ed. Temis, 2011, pág. 482.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 14 de marzo de 2012, radicación 20.497.

(26) “ART. 66.—Error jurisdiccional. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.

(…).

ART. 68.—Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

ART. 69.—Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

(27) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera; sentencia del 24 de mayo de 1990, expediente 5451, M.P. Julio César Uribe Acosta.

(28) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, radicación 17301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Ver: Sentencias de 30 de mayo de 2002, expediente 13.275, y 14 de agosto de 1997, expediente 13.258.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2007, expediente 15528.

(31) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 1997, expediente 13258.

(32) Sentencia C-037 de 1996.

(33) Sentencia de 4 de septiembre de 1997, expediente 10285.

(34) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, expediente 14307.

(35) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 27 de enero de 2012, radicación 22.205, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(36) Al respecto ver sentencia del 22 de noviembre de 2001, radicación 13.164, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(37) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 10 de febrero de 2011, radicación 2011-0033(AC), criterio reiterado por la Sección Tercera Subsección C en sentencia del 11 de julio de 2013, expediente 26021, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(38) Criterio reiterado por la Sección Tercera Subsección C en sentencia del 26 de septiembre de 2013, expediente 28.164, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(39) Folios 16-18, cuaderno 5.

(40) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, radicación 18034, criterio reiterado por la Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 29 de febrero de 2012, expediente 22.819, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

Aclaración de voto

Con el acostumbrado respeto por la corporación, procedo a señalar los motivos por los cuales no comparto algunos aspectos de la decisión adoptada el 26 de febrero del año en curso, en el proceso de la referencia.

1. Argumentos sobre los cuales recae la presente aclaración de voto.

En la providencia señalada, se confirmó la sentencia proferida el 4 de febrero de 2004, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las súplicas de la demanda.

1.1. En relación con la condición en que acudió el demandante al proceso para solicitar la indemnización de perjuicios, la providencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, transcribió lo solicitado en la demanda, así:

“Primera: Que la Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable de los perjuicios materiales, daños morales y fisiológicos que se indican en esta demanda, causados a mi poderdante, señor Luis Carlos Torres Castañeda, como consecuencia de los hechos, omisiones, actuaciones y comportamientos que más adelante se narran y que conllevaron a que esa entidad, por falla y falta de servicio de administración oportuna de justicia y por negligencia o culpa de su parte, permitió que una investigación penal durara seis (6) años y, por tal razón, se produjeran unos daños en un automotor de propiedad del demandante (placas QGG-455) y se deteriorara y esté hoy en día inservible, el que fue retenido o aprehendido a dicho accionante; daños y perjuicios que se dieron en manos de ese ente, al extremo que al ser ordenada su entrega, por la misma fiscalía, la indicada persona se negó a recibirlo por inservible.

“(…). “(Cursivas en el original) (subrayado y resaltado fuera del texto) (pág. 2 de la providencia).

De otro lado, al momento de enumerar las pruebas allegadas al expediente, en la sentencia en cuestión se indicó que:

“Del material probatorio allegado al expediente por la parte demandante, se destaca:

“— Oficio 300 del 8 de septiembre de 2003 mediante el cual la Fiscalía 58 Delegada de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla remitió copia del proceso radicado bajo el 13372 (fls. 2-433, cdno. 4).

“— Fotocopia autenticada del contrato de compraventa de vehículo automotor del 27 de septiembre de 1994, suscrito entre Víctor Manuel Sandoval Alvarado y Luis Carlos Torres Castañeda (sic) (fls. 11-12, cdno. 5).

“— Fotocopia autenticada del oficio 40 F-58 referncia (sic) 77729 del 29 de mayo de 2001, mediante el cual el Fiscal 58 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla le informa al administrador del parqueadero e (sic) Álamos Norte que se decidió la entrega definitiva del vehículo de placas QGG-455 (fl. 17, cdno. 5).

“— Registro fotográfico del vehículo de placas QGG-455 (fls. 18-20, cdno. 5).

“— Dictamen pericial” (fls. 1-8, cdno. 3).

“(…)” (pág. 9 de la providencia).

Finalmente, al analizar las pruebas recaudadas en el proceso, la sentencia de segunda instancia, indicó:

“Se encuentra acreditado que mediante contrato de compraventa de vehículo automotor el 27 de septiembre de 1994 el señor Luis Carlos Torres le compró el vehículo de placas QGG-455 al señor Víctor Manuel Sandoval Alvarado, por lo que se encontraba en posesión del demandante al momento de la inmovilización tal como se observa en el acta de inmovilización anteriormente mencionada.

“(…)” (págs. 15 y 16 de la providencia).

1.2. De otra parte, respecto a la mora presentada en el transcurso del proceso penal, la providencia en cuestión señaló:

“En efecto, tenemos que en el sub examine se tiene que las actuaciones aducidas en la demanda de donde se deriva el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, son de una parte la mora en el trámite de entrega del vehículo por parte de la Fiscalía General de la Nación, de otra parte, el deterioro del vehículo que le ocasionaron unos perjuicios materiales al demandante al considerar que el vehículo se encontraba en buenas condiciones al momento de su incautación, tal como se demuestra con el acta de incautación de vehículo del 19 de mayo de 1995, realizada por el CTI —Grupo antipiratería terrestre— relacionada anteriormente.

“En lo relacionado con el tiempo que se le imputa a los funcionarios judiciales de la Fiscalía General de la Nación —Fiscalía Delegada 287 de Santa Fe de Bogotá, Fiscalía Delegada Seccional 99 de la Unidad Segunda de Patrimonio Económico y Fiscalía 58 de la Unidad Segunda de Patrimonio Económico de Barranquilla— tardaron en definir la situación jurídica del automotor, no configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia puesto que no se probó que el lapso transcurrido constituyera una anormalidad del servicio puesto que ni siquiera se trajeron al proceso estándares o criterios objetivos de comparación para poder determinar que las actuaciones fueron tardías, carga que correspondía a la parte actora conforme al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

“(…)” (resaltado fuera del original).

2. Fundamento de la aclaración de voto.

2.1. En mi criterio, es claro que, de acuerdo a las pretensiones que se transcribieron en la providencia, el demandante acudió al proceso en calidad de propietario del vehículo identificado con placas QGG-455, con el fin de solicitar indemnización por los perjuicios causados con su inmovilización; así las cosas, previo a resolver de fondo, se debía verificar si la calidad de propietario se encontraba acreditada con las pruebas allegadas al plenario.

Al respecto, se observa que el señor Luis Carlos Castañeda, no allegó al expediente el documento que demostrara la propiedad sobre el vehículo inmovilizado, comoquiera que lo único que se limitó a adjuntar fue el contrato de compraventa del bien, aun cuando la jurisprudencia tiene por decantado que para acreditar la propiedad de un automotor es necesario presentar la licencia de tránsito correspondiente.

En efecto, en relación con la acreditación de la propiedad de los automotores, la Sección Tercera de esta corporación, en providencia del 23 de abril de 2009, razonó así(1):

“Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaba de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posteridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, transmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad automotor y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, el mecanismo del título y el modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8ª de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociales llevadas a cabo en relación con automotores.

“(…)”.

“La norma transcrita deja completamente claro y expreso que el mecanismo del título y el modo es el que opera en Colombia para transmitir la propiedad u operar cualquier modificación en los derechos reales respecto de vehículos automotores, conectando explícitamente la tradición —modo— con la inscripción en el registro público respectivo; sin embargo, todo lo expuesto no representa, ni muchísimo menos, un giro o una modificación en cuanto a la regulación que había venido recibiendo esta materia en el ordenamiento jurídico nacional, pues lo único que verdaderamente ha venido ocurriendo de manera paulatina y progresiva es el propósito de tratar el asunto con mayor precisión y técnica jurídica —cuestión en absoluto de poca monta y que hubiera sido de desear que se tuviera en cuenta desde la normatividad de 1970—, pero reflejando la que ha constituido la tradición colombiana en materia registral desde el momento en el cual se empezó a estructurar el sistema nacional de registro de las propiedades tanto de inmuebles como automotriz.

“(…)”.

Así las cosas, a efectos de acreditar la titularidad sobre un automóvil —de servicio público y privado—, es imprescindible no sólo probar la existencia del título traslaticio del dominio —para lo cual no es necesario aportar prueba formal o ad sustanciam actus, ya que el contrato de compraventa de bienes muebles puede ser consensual— sino también el registro de este traspaso en el registro automotor de conformidad con la normativa que regula la materia, este último sí de carácter solemne pues sólo se puede demostrar con la inscripción del respectivo acto jurídico en el registro nacional automotor.

Por lo tanto, en el estudio del caso sub examine, se debió verificar, previo a resolver de fondo, si la condición de propietario que estaba alegada en el escrito de demanda, se encontraba acreditada, no obstante, la sentencia en cuestión omitió analizar este relevante punto y pasó a resolver el asunto entendiendo que el señor Luis Carlos Torres Castañeda era poseedor del bien, aun cuando esa condición nunca fue invocada.

2.2. De otro lado, respecto al argumento central de la providencia según el cual, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por una mora injustificada en el proceso penal no se acreditó, en tanto que “no se trajeron al proceso estándares o criterios objetivos de comparación para poder determinar que las actuaciones fueron tardías”, considero, respetuosamente, que no es necesario exigirle a la parte demandante que allegue este tipo de prueba, comoquiera que las normas procesales colombianas establecen los términos y plazos en los que se debe tramitar un proceso y es allí a donde debe acudir el juez para establecer si existió o no un retraso injustificado.

Así las cosas, para el juez de lo contencioso es posible acudir a la normativa procesal aplicable a cada caso, sin necesidad de solicitar pruebas que contengan estándares o criterios de comparación, toda vez que, se insiste, las normas especiales permiten verificar si una actuación al interior de un proceso se tardó en exceso o fue producto de una irregularidad o negligencia de los funcionarios a cargo, vulnerando así el plazo razonable.

Ahora bien, en relación con el plazo razonable, la doctrina ha señalado:

“En otros términos, al juez le corresponde adelantar un procedimiento de verificación en el que debe determinar si el “plazo razonable” se cumple, o lo que es igual, si la dilación es “injustificada o indebida”. Por este motivo, el ordenamiento jurídico le confía una tarea de carácter cognoscitivo consistente en la realización de un juicio o estimación de hechos concretos, para que los califique de acuerdo con el sentido jurídico que la norma constitucional ha asignado, por lo que la posible solución sólo será una: la afectación o no afectación del bien jurídico objeto de protección(2). Por consiguiente, el alcance del derecho fundamental estudiado solo es posible comprenderlo si se parte de una premisa: el estudio del caso específico es relevante, comoquiera que son los términos y las etapas del procedimiento adelantado las que deben tenerse en cuenta para verificarse si se respetó esta garantía del debido proceso(3)”.

“(…)(4)”.

Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado:

“Puede afirmarse válidamente que, de conformidad con la doctrina sentada por esta corporación, la mora judicial que configura vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no pueden contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador, debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos. Ahora bien otra conclusión que se puede inferir de la jurisprudencia constitucional es la diferenciación que hace entre incumplimiento de los términos originada en la desatención injustificada del funcionario de sus deberes y la existencia de una sobrecarga de trabajo sistemática en algunos de los despachos, que hace prácticamente imposible el respeto estricto de los términos judiciales.

“(…)”.

“La mora judicial no genera de manera automática la vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Deben tomarse en consideración las circunstancias particulares del despacho que adelanta la actuación y del trámite mismo, entre las que se cuentan: (i) el volumen de trabajo y el nivel de congestión de la dependencia (parte del juicio de responsabilidad desde la perspectiva del sistema), (ii) el cumplimiento de las funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus deberes en el impulso procesal. La determinación de la razonabilidad del plazo, entonces, debe llevarse a acabo a través de la realización de un juicio complejo, que además tome en consideración la importancia del derecho a la igualdad —en tanto respeto de los turnos para decisión— de las demás personas cuyos procesos cursan ante el mismo despacho(5)”.

Así las cosas, se tiene que es obligación del juez al momento de estudiar de fondo el asunto, verificar si se vulneró o no el plazo razonable que debe reinar en todas las actuaciones administrativas, sin necesidad de solicitar pruebas adicionales que demuestren la mora, toda vez que, la ley procesal le permite realizar un juicio comparativo para establecer si los términos y plazos establecidos en la norma especial, fueron incumplidos injustificadamente.

Enrique Gil Botero 

Fecha ut supra 

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, expediente 16837, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(2) Eduardo García de Enterría, la lucha contra las inmunidades del poder. Madrid, Civitas, 1995.

(3) Rincón Córdoba, Jorge Iván, Tutela judicial efectiva, actuaciones administrativas y control judicial en el derecho regional europeo. Universidad Externado de Colombia. 2010, pág. 73.

(4) Gil Botero, Enrique, Responsabilidad extracontractual del Estado, Bogotá: Editorial Temis S.A., 2011, pág. 467 y ss.

(5) Corte Constitucional. Sentencia T-1249 del 16 de diciembre de 2004, M.P. Humberto Sierra Porto.