SENTENCIA 2002-01182/36960 DE ABRIL 24 DE 2017

 

Sentencia 2002-01182 de abril 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Jaime Enrique Rodríguez Navas

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 05001233100020020118201 (36960)

Actor: Luisa Yanet Urrego Durango y otros

Demandado: Universidad de Antioquia

Ref.: Reparación directa

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito.

Esta Sala es competente para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de Antioquia, el 18 de noviembre de 2008, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(13).

Se pretende la reparación del daño causado por la muerte del estudiante David Santiago Jaramillo Urrego, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.

Según lo preceptuado en el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente al de acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado, en este caso, la muerte del señor Jaramillo Urrego tuvo lugar el 8 de noviembre de 2001 y la demanda fue presentada el 8 de abril de 2002, es decir dentro del término de dos años, previsto en la norma procesal.

La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo(14); se habla de legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y de legitimación material en la causa, relacionada con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.

En el sub lite se allegaron las siguientes pruebas documentales: registro civil de nacimiento de David Santiago Jaramillo Urrego, en el cual consta que es hijo de Miguel Jaramillo Muñetón y Luisa Yanet Urrego Durango; los registros civiles de nacimiento de Abelardo León Jaramillo Urrego, Hander Miguel Jaramillo Urrego, Marisa Eugenia Jaramillo Urrego, y el registro civil de matrimonio católico de Miguel Jaramillo y Luisa Yaneth Urrego(15). Como según lo dispuesto en el Decreto 1260 de 1970, el registro civil es la prueba idónea para acreditar el parentesco(16), los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa.

La Universidad de Antioquia está legitimada en la causa por pasiva, toda vez que la parte actora le endilga el incumplimiento del deber de seguridad en sus instalaciones, lo cual considera fue la causa de la muerte del joven Jaramillo Urrego.

3.2. Sobre la prueba de los hechos.

A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública.

Teniendo en cuenta que para la prosperidad de las pretensiones es necesario acreditar la existencia de estos dos elementos, el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño, y hechos relativos a la imputación.

3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño.

El daño, lo hace consistir la parte demandante en la muerte de David Santiago Jaramillo Urrego, hecho este que se probó con el registro civil de defunción(17).

La circunstancia antecedentes y el carácter violento de la muerte del joven, pretende acreditarlas de la siguiente manera:

• Copias de algunos artículos periodísticos en los que se registró la noticia de la muerte del estudiante(18).

• Copia de las liquidaciones para matrícula a nombre de David Santiago Jaramillo Urrego, en la facultad de regencia en farmacia, con fecha 16 de mayo de 2001 y 20 de noviembre de 2001 y certificación de la Universidad donde consta que el joven estuvo matriculado en el primer semestre de 2001, en regencia de farmacia(19).

• Necropsia Nº 01-4037 elaborada por el Instituto de Medicina Legal, donde se concluyó:

“Por los anteriores hallazgos conceptuamos que el deceso de quien en vida respondía indiciariamente al nombre de David Santiago Jaramillo Urrego, fe consecuencia natural y directa de un choque neurogénico resultante de múltiples heridas con arma de fuego. La herida con el número 1 tuvo un efecto de naturaleza esencialmente mortal.  

En condiciones normales de existencia y a juzgar por el aspecto macroscópico de las vísceras conceptuamos la supervivencia en 44 años más”(20).

• Copia de la investigación previa radicada bajo el número 490646, adelantada por el homicidio de David Santiago Jaramillo Urrego y Juan Manuel Jiménez Escobar.

• Acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver donde se consignó:

“Se desconocen los móviles y autores. Solo se sabe que en circunstancias desconocidas el hoy occiso se encontraba en compañía de otro compañero que también resultó fallecido, jugando al parecer ajedrez en el bloque 6 de la Universidad de Antioquia, quedando tirado en el primer piso del bloque antes mencionado, cuando fueron sorprendidos, cuando les dispararon con arma de fuego”(21).  

3.2.2. Prueba de la imputación.

• Oficio 1000-0035 del 18 de febrero de 2002, mediante el cual, la Universidad de Antioquia contestó el derecho de petición presentado por la apoderada de la parte actora sobre el servicio de vigilancia que prestaba seguridad a la Universidad al momento de los hechos. La entidad educativa manifestó que la vigilancia era prestada por personal propio, vinculado laboralmente a la Universidad, excepto en los bloques 8 (biblioteca) 15 (museo) y 16 (administrativo) en los cuales era prestado por la empresa Miro Seguridad, al igual que en las 4 porterías de acceso a la ciudad universitaria(22).

• Copia del contrato 032 de 1999, celebrado entre la Universidad de Antioquia y la empresa Miro Seguridad S.A., para la prestación de servicio de vigilancia de la entidad, y su prórroga, suscrita el 28 de agosto de 2000(23).

• Copia del Instructivo para el control de ingreso, permanencia y salida de la Universidad de Antioquia, elaborado por el Departamento de Vigilancia y Seguridad Industrial en septiembre de 2001, en el cual se consignan los protocolos a seguir para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad y copia de la Resolución Rectoral 15755 del 21 de marzo de 2002 que compiló las circulares expedidas sobre el tema y adoptó el manual para el control de ingreso, permanencia y salida de la Universidad(24).

• Declaración rendida por la señora Luz Marina Álvarez Arango(25), quien manifestó que conocía a David Santiago desde pequeño porque eran vecinos y que el día de su muerte se encontraba en la Universidad porque ella trabajaba allí como auxiliar administrativa y estudiaba su carrera. Sobre la seguridad y los controles de ingreso manifestó:

“El hecho es que la seguridad de la Universidad al ingresar a ella piden el carné lo miran, los morrales y bolsos son revisados de manera superficial, en carro si vamos 2 o 3 personas solo piden carné al conductor y le piden que levante la tapa de atrás y ya no más es todo lo que revisan. (...) PREGUNTA: Ud. Ha podido observar si los señores de vigilancia usan elementos para ayudarse con la misma CONTESTÓ: No ellos no usan (...) PREGUNTA: Ha podido observar si en alguna oportunidad las personas de vigilancia han pasado detector de metales a personas o vehículos. CONTESTÓ: Sí pero solo después de la muerte de Gustavo, unos días, no llegó al mes. (...) PREGUNTADO: Ha podido observar si la vigilancia utiliza perros con algún grado de adiestramiento. CONTESTÓ: No he visto perros allá”.

• Declaración rendida por Édgar Antonio Herrera Herrera(26), amigo de la víctima desde la infancia porque eran vecinos. Refirió ser estudiante de la Universidad Nacional, pero visitante asiduo de la Universidad de Antioquia y sobre los controles de ingreso manifestó:

“Cuando ingresaba en la Universidad se me pedía el carné para verificar que fuera estudiante como veían que el carné no correspondía a la Universidad lo miran y no hay comparación entre la foto y el que entra a esa universidad, entro con toda libertad sin problemas. Igual sucede con las personas que ingresan a ese recinto sin un estricto control de ellas en mi caso cuando he ingresado con maletines no lo revisan, lo hicieron durante un tiempo en el año 99 cuando asesinaron a un profesor a un señor de cafeterías y al estudiante Gustavo Marulanda en el mes de agosto de ese año, la requisa se hizo después de esos hechos pero después de dos meses más o menos ese control prácticamente desapareció. Las requisas eran con un detector de metales cerca al morral, simplemente haciendo contacto con el mismo y si abrían el morral y por encima miraban que llevaba uno y ya no había requisa física. Antes y después de los asesinatos no es misterio que en la Universidad de Antioquia circulan libremente drogas y bebidos alcohólicas y el ingreso de armas de fuego también se puede hacer bien sea en los morrales o en los vehículos que entran a la Universidad ya que las personas que ingresan en vehículos solo se le pide el carné al conductor y a las otras personas dentro del vehículo no se les pide documento ni se les requisa, solo al conductor le dicen que abra la maleta y es solo una requisa visual no he visto espejos para autos, ni perros antiexplosivos, no hay punto de comparación con lo que se ve en los centros comerciales los vigilantes se tienen o perros pero no creo que sean antiexplosivos si están entrenados para ello creo que más bien es para intimidar”.

• Testimonio de Uriel de Jesús Castaño Bonilla(27), quien se desempeñaba como guardia de seguridad en la Universidad el día de los hechos y manifestó:

La Universidad ha tenido estricto control de ingreso de estudiantes, visitantes, etc., los estudiantes con el carné y el visitante deja un documento en portería si entra a pié, en vehículo si es visitante deja un documento siempre que abra su maleta y el guarda verifique los elementos que lleva, todo este control de la universidad tanto el guarda como el supervisor de turno si no los cumplen son empleados que se van inmediatamente. Estos controles se hacen con el fin, en todas las porterías se manejan manuales de funciones donde especifican todo lo que se debe hacer durante el día o la noche esos son aprobados tanto por el usuario como por la empresa. PREGUNTA: Manifieste si a su juicio los controles de ingreso a la U de A (sic) tanto de peatones como de vehículos son suficientes tratándose de una entidad educativa. CONTESTÓ: entiendo que si este control se hace con los manuales de funciones será suficiente porque como empresa y supervisores pasamos las novedades para cualquier situación y pidiendo más colaboración, (...). PREGUNTA: si se realizó el control de vehículos y visitantes cómo es posible que las personas que asesinaran a los jóvenes DAVID SANTIAGO JARAMILLO URREGO y JUAN MANUEL JIMÉNEZ hayan ingresado armas de fuego a la Universidad. CONTESTÓ: un arma se ingresa en el cuerpo, pueden llevarla enchaquetada en la cintura pero no estamos autorizados a tocar a todo el que ingresa sea de la entidad o sea de otra institución de la empresa de vigilancia no nos permiten el contacto físico con las personas. PREGUNTA: Se ha debido al interior de la Universidad la posibilidad de implementar otros mecanismos de control y vigilancia en caso afirmativo cuáles. CONTESTÓ: he escuchado que una de las posibilidades puede ser por máquinas registradoras donde se ingrese el carné de pronto a los estudiantes no les gusta y esto se hace primero es con un estudio no se puede de buenas a primeras. En estos momentos las porterías cuentan con un cableado con el fin de sistematizar el ingreso de personal pero aún no se ha puesto a función está aún en estudio. (...) CONTESTÓ: Depende del puesto de día solo se autoriza el radio dentro de la Universidad no se deja manejar armamento este solo en la noche de 10 P.M. a 4.45. A.M. equipos de linterna de invierno se mantiene cambio de baterías para las linternas, los guardas manejan formatos para material que no es de la universidad como computador firmado porque quien atiende el ingreso de dicho elemento. PREGUNTA: En respuesta anterior enumera usted los elementos auxiliares para las labores de vigilancia, manifieste, por qué no hace alusión a elementos comunes en dicha labor tales como detectores de metales, espejos para la parte inferior de los carros, perros antiexplosivos, etc., CONTESTÓ: Hubo caninos con la empresa de vigilancia anterior porque un estudiante ebrio iba ingresar el guarda del perro lo acercó demasiado no tenía bozal y agredió al estudiante hiriéndolo después no volvieron a solicitar caninos. Los detectores lo que llevo, no se utilizan espejos ni detectores metálicos o pueden ser que el usuario no los haya solicitado porque toda empresa de seguridad los posee desconozco las razones”.

• Declaración del señor Abelardo León Jaramillo Urrego, hermano de la víctima(28), quien narró lo que le informaron acerca de lo ocurrido en la universidad.

• Copia de la comunicación Nº 2600-0254-01 del 22 de noviembre de 2001, suscrita por el Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia de la Universidad de Antioquia, mediante la cual informa sobre los hechos en que resultaron muertos dos estudiantes:

“Los hechos ocurrieron en el segundo piso del bloque 6, en el momento en que los arriba mencionados se encontraban jugando una partida de ajedrez; los agresores, un hombre y una mujer, quienes dispararon con armas de fuego, no pudieron ser identificados por los miembros de la comunidad universitaria que se encontraban en el sector, y huyeron, internándose por entre los bloques, confundiéndose con las demás personas.  

Hasta la fecha desconocemos los móviles y autores del doble asesinato”(29).

• Declaraciones de los señores Juan Carlos Pulgarín Gaviria, Fabián Restrepo Jaramillo y Oscar Calle Villegas, vigilantes de la Universidad quienes debían prestar sus servicios en el bloque 6 en el momento de los hechos, pero declararon que estaban en sitios diferentes, uno de ellos estaba asignado como recorredor de los bloques 1 a 7, el otro se encontraba comiendo, pero al escuchar los disparos acudió al bloque administrativo y el otro, ese día vigilaba el coliseo porque había un festival(30).

• Providencia proferida por la Fiscalía Primera Delegada de la Unidad Primera de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de Medellín, el 28 de octubre de 2003, mediante la cual se ordenó suspender la investigación y archivar provisionalmente las diligencias porque habiendo transcurrido 180 días de investigación previa, no fue posible individualizar a los responsables del homicidio(31).

3.2.3. Prueba relacionada con los perjuicios materiales.

• Factura Nº 3766 emitida por Vida Protección S.A. a nombre de Marisa Eugenia Jaramillo Urrego, por concepto de servicios funerarios por valor de $ 2.215.000(32).

3.2.3(sic). Prueba relacionada con los perjuicios morales

• En el testimonio rendido por el señor Édgar Antonio Herrera Herrera(33), acerca de los sufrimientos padecidos por los familiares de la víctima manifestó:

“PREGUNTA: Cómo se vieron perjudicados estas personas con el deceso de David Santiago. CONTESTÓ: Morales, éticos y económicos, prácticamente quedó esa familia destruida ya que no se explicaban el por qué del acontecimiento, debido a que David era excelente hijo y Hermano y aún 3 años después de su homicidio aseguró que aún ellos sufren por este hecho. Con respecto a los daños éticos, el nombre de David Santiago fue manchado ya que acerca de él se rumoraban muchas cosas que no se comprobaron y con respecto a los perjuicios económicos bien se sabe que un fallecimiento acarrea muchísimos gastos además que en un futuro él podría haber sostenido a su familia”.

• Así mismo, en la declaración rendida por la señora Luz Marina Álvarez Arango(34), se refirió a las relaciones entre los familiares y la víctima manifestando que eran muy unidos. Afirmó que ninguno de sus familiares dependía económicamente de él porque era estudiante y sus hermanos eran los que trabajaban.

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados unos y solicitados otros con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso dentro de periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular.

De acuerdo con lo anterior, conforme al precedente de esta subsección, las pruebas obrantes en el plenario serán valoradas observando los principios que informan la sana crítica, incluso los documentos correspondientes al proceso penal adelantado por la muerte de la víctima, teniendo en cuenta que la prueba fue solicitada por ambas partes y obró en el proceso desde el primer momento, de manera que pudo ser controvertida.

3.3. Problema jurídico.

De acuerdo con la apelación presentada por la parte demandante, corresponde a la Sala determinar si puede atribuirse responsabilidad a la Universidad de Antioquia, por la muerte del joven David Santiago Jaramillo Urrego, por omisión del deber de protección de los estudiantes.

Para ello, se considerará si en este caso se configuró la eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero o, si por el contrario, le asiste razón al recurrente, acerca de la existencia de una falla del servicio por no tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los estudiantes.

3.4. Análisis de la Sala sobre la responsabilidad en el caso.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 Superior el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Como antes se anotó, en el sub judice, el daño consiste en la muerte del joven David Santiago Jaramillo Urrego, ocurrida en las instalaciones la Universidad de Antioquia, una entidad de estudios superiores, autónoma con régimen especial creado por Ley 71 de 1878, de naturaleza pública(35), cuando se encontraba en uno de los pasillos de su facultad con otros compañeros, espacio al cual ingresaron personas armadas que dispararon repetidamente contra él.

La Sala acometerá el estudio de la imputabilidad en este caso, siguiendo los derroteros de la imputación objetiva, que ofrece el plus de trascender la simple causalidad material cuyos confines se detienen en la averiguación de la relación causa-efecto entre el resultado dañoso y el autor de la conducta, y para ello, tomará punto de partida en la determinación de las previsiones que pueden exigirse de un sujeto prudente al momento de tomar decisiones(36).

En otras palabras, sin perder de vista que en el presente caso resulta evidente la autoría material del hecho por parte de terceros, indagará, si a pesar de ello, la muerte de David Santiago Jaramillo Urrego es imputable a la Universidad de Antioquia por transgresión del deber de anticipar este lamentable desenlace, al momento de adoptar el esquema de seguridad dentro de la institución. Si esta indagación arroja como resultado que la Universidad faltó al deber de previsión, ella no podrá ser exonerada de la responsabilidad en el hecho por razón de la autoría a manos de extraños, puesto que para que esta causal de exoneración se configure se requiere que el hecho del tercero sea exclusivo y determinante en la producción del daño. Contrario sensu, si la indagación permite concluir que la universidad se anticipó razonablemente a lo que resultaba previsible, se impondrá su absolución.

Este ejercicio tiene como presupuesto al reconocimiento de una posición de garante de las instituciones de educación en función de la seguridad de quienes han confiado en su capacidad autonómica de organización. Es por esto que en anteriores oportunidades esta corporación ha reconocido la existencia de una obligación o deber de cuidado de los establecimientos educativos respecto de los estudiantes, teniendo en cuenta que quienes ingresan a las instalaciones educativas se someten a las reglas impuestas por éstas, y como contraprestación, surge para ellas un deber correlativo de garantizarle a dichas personas la seguridad necesaria para que puedan obtener el cumplimiento de los logros educativos que se proponen(37), obligación que se traduce en un haz de prestaciones que decrece proporcionalmente en consideración al incremento de la edad de las personas que les son confiadas o que voluntariamente se someten a su disciplina, sin que ello signifique que cesen las obligaciones que dimanan de su posición.

Ahora bien, el desenvolvimiento del papel de garante supone en este caso la existencia de una tensión entre dos principios básicos: de un lado, la libertad de las personas, de otro, su seguridad, de forma tal que se hace necesaria la recomposición del escenario fáctico antes de emprender un ejercicio de ponderación de principios.

En tal propósito, la Sala no perderá de vista que los hechos acaecieron en un medio universitario en el que la comunidad es especialmente sensible ante cualquier intervención de autoridad en procura de seguridad, justamente, por el alto grado de conciencia que se tiene entre sus miembros, del valor de la libertad, de la autonomía y del derecho a la intimidad. Obliga, al punto, diferenciar entre este tipo de comunidad y la que conforma el núcleo del estudiantado en una escuela de secundaria, pues la ecuación libertad-seguridad difiere de una a otra. Así, a menos edad, menos libertad y más carga de seguridad. A más edad, mayor libertad, menos carga de seguridad.

Tendrá en cuenta, también, las condiciones que presentaba el orden público en ese momento dentro del perímetro de las instalaciones universitarias, y por tanto, la situación de riesgo que se cernía sobre los estudiantes, así como la preexistencia o no, de amenazas sobre la vida y la integridad personal del estudiante asesinado.

Hecha esta recomposición del escenario de los hechos, la Sala podrá verificar, si en tales condiciones, omitió la Universidad de Antioquia el cumplimiento de la obligación de adoptar medidas razonables para prevenir la muerte violenta que sufrió David Santiago Jaramillo Urrego a manos de terceras personas, dentro de sus instalaciones, para lo cual, deberá establecer si las medidas que adoptó fueron idóneas para garantía de esa seguridad, si fueron las necesarias para cumplimiento del cometido que se proponían, y si hubo en ellas proporcionalidad, en sentido estricto, en orden a determinar, si las limitaciones que tuvieron las medidas de seguridad en el caso concreto, resultaban proporcionales al deber de satisfacción que demandaba el respeto por la intimidad e individualidad de las personas. Veamos:

¿Eran idóneas las medidas adoptadas por la Universidad para garantizar la seguridad de las personas dentro de sus instalaciones? Las medidas adoptadas consistieron, básicamente, en la carnetización de los miembros de esa comunidad, en la disposición de unos servidores suyos, de planta, para servicio de vigilancia, y en la celebración de un contrato de prestación de servicios de seguridad privada para complemento de la vigilancia que realizaba con empleo de su propio recurso humano, servicios que comprendían el control del ingreso de personas a las instalaciones de la universidad. A la luz de este contrato, la compañía de vigilancia privada se obligaba a proporcionar 19.34 vigilantes para el servicio durante las 24 horas del día, prestado en los turnos que la Universidad requiriera, es decir que la entidad podía solicitar y obtener un mayor número de vigilantes en épocas de crisis o cuando determinara que eran insuficientes para ejercer el control debido. A juicio de la Sala, ninguna duda queda sobre la relación existente entre estas medidas y los fines que pretendían servir, de protección de la seguridad, como bien jurídico relevante, aunque no fuera el principal bien que concernía proporcional a la institución, pues su objetivo misional lo constituye el servicio de educación, y mal puede exigirse de ella que sustituyera, con todas sus implicaciones y alcances, a las fuerzas institucionales del orden en el área destinada al funcionamiento de su sede, como tampoco podía exigírsele, lo que no se puede demandar de estas fuerzas, que extremara las medidas al punto de garantizar la custodia de todos y cada uno de sus edificaciones, y de todas y cada una de las personas que conformaban la comunidad universitaria. Se trataba, en consecuencia, de una obligación de medio, no de resultado.

Sobre el particular, forzoso es reseñar que el medio universitario gozaba de una relativa tranquilidad, que no había disturbios o condiciones que hicieran recomendable la medida extrema de reclamar la presencia de la fuerza pública para redoblar esfuerzos en procura de seguridad, y que tampoco hay prueba en el expediente del padecimiento de amenazas por parte del estudiante que fue exterminado, amenazas que de haber sido conocidas por la institución universitaria, demandarían la anticipación de medidas más rigurosas, aún a costa de la restricción de las libertades.

Como un segundo paso en el test propuesto, se debe averiguar si eran necesarias las medidas adoptadas. Esto significa, verificar si, en lo que corresponde al caso, tenía la Universidad a su alcance, otras posibles medidas, menos lesivas de la libertad del estudiantado, que condujeran a la procurada seguridad. Como ha quedado previsto, esta cuestión debe resolverse a partir del ambiente que demanda una comunidad universitaria, pues otras serías las exigencias que se le podrían hacer a una escuela primaria, y otras muy diferentes las que podrían demandarse de una institución carcelaria. Para la Sala, las medidas eran las estrictamente necesarias y posibles. Otras medidas que echan de menos los testigos y los recurrentes, como el “cacheo” o la “requisa” sobre los vehículos y sobre las personas que ingresaban a la universidad, para verificar que no lo hicieran armados, no sólo no estaba dentro del ámbito funcional de aquellos, sino que les está expresamente prohibida, comoquiera que están reservados a la fuerza pública. Y otras, como el empleo de perros de seguridad, aptas aunque incómodas en otros medios, como por ejemplo, en la banca, resultarían intolerables en el medio universitario. Por tanto, no puede ser de recibo el reproche que se ha hecho a las medidas de seguridad de la universidad bajo la indicación de su limitación a la exigencia de la exhibición del carnet al momento de ingreso y de revisión de los elementos que portara la persona, “sin hacer requisa física”.

Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto se cumplió, porque las ventajas que se podían obtener en materia de seguridad mediante la aplicación de medidas legales, tales como el control de ingreso de personas carnetizadas, y la presencia disuasiva de personal de vigilancia por diversas áreas dentro del terreno en el que se asentaba la universidad, compensaban los sacrificios que estas medidas imponían a los visitantes y miembros de esa comunidad y que los mismos estaban obligados a soportar. Otro tipo de hipotéticas medidas, como las atrás descartadas, quebrarían la ecuación necesaria entre seguridad y otros derechos de los miembros de la comunidad universitaria.

Ahora, según lo declarado por los señores Juan Carlos Pulgarín Gaviria, Fabián Restrepo Jaramillo y Oscar Calle Villegas, quienes se desempeñaban como vigilantes vinculados laboralmente a la Universidad, el día de la muerte del estudiante ellos estaban asignados a la vigilancia del bloque 6, como consta en la planilla correspondiente, pero en el momento de los hechos se encontraban, uno como recorredor de los bloques 1 a 7, otro en el coliseo y el otro en el edificio administrativo. Sin embargo, de ello no se puede inferir un defecto u omisión determinante del resultado, puesto que ninguna obligación soportaba la Universidad de brindar servicios fijos de vigilancia en todas y cada una de sus edificaciones y respecto de cada uno de sus estudiantes, y porque, bien puede una institución racionalizar sus medidas de seguridad con esquemas flexibles y móviles, por cuadrantes o zonas.

Así las cosas, la Sala no encuentra en el presente caso, que el elemento fáctico que aparece acreditado en el proceso constituya una falla en el servicio. Concluye que el resultado dañino no fue causado por la vulneración de imperativos normativos que pesaran sobre la universidad, ni como abstenciones, no como prestaciones activas, idóneas, idóneas, necesarias y proporcionales frente a otros derechos de la comunidad académica.

Por tanto, superado el test realizado, el juicio de imputación se contrae nuevamente a los alcances de la causalidad material, para concluir que en el presente caso obra prueba de la causal de exoneración denominada hecho de un tercero, como causa exclusiva y determinante en la producción del daño, y como corolario de ello se impone la absolución de responsabilidad a la entidad demandada, y consiguientemente, la confirmación de la sentencia recurrida. .

3.5. Condena en costas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma no se efectuará condena en costas alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, profirió sentencia el 18 de noviembre de 2008, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Presidente de la Sala—Guillermo Sánchez Luque, AV. Cfr. Voto disidente 34494/16 #2—Jaime Enrique Rodríguez Navas».

13 La mayor pretensión de la demanda es de 1000 salarios mínimos, equivalentes en esa época a 309.000.000 y para la fecha de presentación de la demanda, año 2002, la mayor cuantía era de 36.950.000.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2001, Exp. 10973, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

15 Fls. 1 a 2 y 4 a 6.

16 Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750

17 Fl. 3.

18 Fls. 7 y 8.

19 Fls. 9 a 10 y 221 a 225.

20 Fls. 180 a 186.

21 Fls. 127 a 135.

22 Fls. 11 a 13.

23 Fls. 15 a 25.

24 Fls. 61 a 104.

25 Fls. 113 a 115.

26 Fls. 110 a 113.

27 Fls. 117 a 121.

28 Fls. 146 a 149.

29 Fl. 139.

30 Fls. 210 a 216.

31 Fls 218 a 220.

32 Fl. 26.

33 Fls. 110 a 113.

34 Fls. 113 a 115.

35 El principio de proporcionalidad se compone de tres subprincipios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización... En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer subprincipio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación” (subrayado fuera de texto). ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62.

36 GIMBERNAT ORDEIG, E. “Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad”. Madrid, 1990, págs. 77 y ss., citado en la Sentencia de veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015), proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa dentro del radicado Nº 680012315000199902617 01 (30924).

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 23 de 2010, Rad. 18468, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.