Sentencia 2002-01194 de febrero 15 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Radicación número: 47001-23-31-000-2002-01194-01(43148)

Actor: Margarita Ramos Pulido y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa.

Temas: Deberes de protección y seguridad de la fuerza pública– de la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad / Muerte violenta de personero municipal / no se probó que el daño resultara imputable a la demandada.

Bogotá, D.C., quince de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia funcional del Consejo de Estado; 2) la oportunidad de la acción; 3) la legitimación en la causa; 4); de la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad; 5) el análisis de la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en el caso concreto: a) el daño, b) imputación a título de falla del servicio por omisión; 6) costas.

1. Competencia funcional del Consejo de Estado

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia en atención a que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

En efecto, la cuantía del proceso supera la exigida por la Ley 954 de 2005 para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa (500 S.M.L.M.V)(1), pues por concepto de perjuicios materiales se solicitó la suma de $290’000.000, en la modalidad de lucro cesante en favor de la cónyuge del causante.

2. La oportunidad de la acción

La muerte del señor Martín Toro Cañavera ocurrió el 11 de noviembre de 2000, según consta en su registro civil de defunción(2), y a la par se observa que la demanda fue interpuesta el 8 de noviembre de 2002, esto es, dentro de los dos años a los que alude el artículo 136 numeral 8 del Código Contencioso Administrativo.

3. La legitimación en la causa

La cónyuge de la víctima, Margarita Ramos Pulido, se encuentra legitimada en la causa por activa para actuar, de conformidad con la copia auténtica del registro civil de matrimonio allegado al expediente(3).

Lo mismo ocurre en relación con los hijos del causante: Martín Toro Ramos, Carlos Andrés Toro Ramos, Mark Twain Toro Ramos y Michael Toro Ramos, cuya copia de los registros civiles de nacimiento reposan en el plenario(4).

Igualmente, la Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional se encuentra legitimada en la causa por pasiva, dado que contra esta entidad se dirigió la demanda al endilgársele la omisión en el deber de protección de la vida del ex personero.

4. De la responsabilidad del Estado por su falta al deber de protección y cuidado a personas que requieren medidas especiales de seguridad

En múltiples oportunidades, la Sección Tercera de esta corporación ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la responsabilidad que se atribuye al Estado por los perjuicios causados como consecuencia de la muerte o lesiones que sufren personas que en virtud del ejercicio de cargos públicos, tales como alcaldes, concejales y personeros(5), en el marco del conflicto armado se someten a un estado superior de peligro que demanda una especial protección y cuidado de parte de los estamentos de seguridad.

En sentencia del 13 de abril de 2016, la Subsección A de la Sección Tercera decidió declarar la responsabilidad administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, por la muerte del señor Jorge Enrique Córdoba Peralta, quien en vida se desempeñaba como personero municipal de San Vicente del Caguán, ocurrida el 26 de marzo de 2005.

Como sustento de dicha determinación, indicó que el estado de riesgo al que se hallaba sometido el concejal era suficientemente conocido por el Departamento de Policía del Caquetá, cuestión que forzaba la necesidad de adoptar medidas eficaces para garantizar su seguridad con independencia de que hubieran sido solicitadas por la víctima.

Sobre el particular, se sostuvo:

“De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, del contenido del acervo probatorio obrante en el proceso se puede inferir claramente que aunque el señor Córdoba Peralta no hubiera solicitado en forma directa protección para su vida, la situación de peligro en la que se encontraba era suficientemente conocida por la Policía Nacional para imponerle la obligación de brindársela, tanto así que implementó algunos medidas de seguridad que lo cobijaban, por la sola circunstancia de ser concejal de San Vicente del Caguán, medidas que a la postre no fueron eficientes, pues, tal como se dejó consignado, a pesar de que contaba con un servicio de escolta y revistas periódicas a su lugar de residencia, pudo un solo hombre acceder a su vivienda y causarle la muerte.

“En ese contexto, es claro que la administración pública fallo en su deber de protección y cuidado, deber que se generó una vez conoció la situación de peligro en que se encontraba el concejal Córdoba Peralta, como resultado de las múltiples intimidaciones que se presentaban en su contra, que constaban en los varios panfletos que circulaban en la región”(6).

En la pasada anualidad, esta Subsección mantuvo la misma línea de pensamiento y resolvió declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional con ocasión de los perjuicios derivados del asesinato de un concejal del municipio de Mesetas – Meta, perpetrado por miembros de grupos al margen de la ley en el marco del conflicto interno armado, tras considerar que la accionada había incurrido en falla del servicio al desatender los deberes que le asistían en su posición de garante, en el sentido de brindar la protección especial requerida por la víctima.

En esa oportunidad, se advirtió que no obstante no mediar prueba sobre la existencia de solicitudes previas de protección elevadas por el funcionario, ello no relevaba a la demandada de cumplir eficazmente su obligación de garantizar oficiosamente la seguridad e integridad del concejal que se reforzaba por el hecho de haber conocido previamente la situación especial de riesgo que este enfrentaba. Al respecto, discurrió:

“Las circunstancias particulares del caso eran suficientes para que la víctima en su condición de concejal del municipio de Mesetas hubiera recibido del Estado a través de la Policía Nacional —aún sin que hubiese formulado un requerimiento previo—, la protección adecuada para garantizarle su vida e integridad, lo anterior, por cuanto la institución policial, en relación con el señor Clímaco Ávila Bustos y con el resto de concejales, era consciente del riesgo al cual se encontraban sometidos los funcionarios, autoridades locales y, en general, toda la población de Mesetas, debido a la abundante presencia subversiva armada en esa localidad, una vez terminada la zona de distensión y en consideración a las amenazas expresas en su contra, lo cual ameritaba que oficiosamente le brindara protección de manera especial.

“(…).

“Ahora bien, a partir de las anteriores conclusiones, la Sala advierte que, en el presente asunto, aun cuando el secuestro y posterior muerte de la víctima directa fue perpetrada por terceros desconocidos, lo cual, prima facie, desde el plano material, configuraría una ausencia de imputabilidad respecto del Estado por tratarse aparentemente del hecho exclusivo de un tercero, lo cierto es que en el mundo del Derecho el estudio de la imputación enseña que ésta no sólo puede ser fáctica, sino también normativa o jurídica, la cual, para el presente caso, se estructura en la dimensión de la imputación objetiva -posición de garante institucional-, dada la omisión de las autoridades públicas frente al hecho dañoso”(7).

Por oposición y atendiendo a esos mismos razonamientos, se ha concebido la ausencia de responsabilidad que se endilga al Estado en aquellos eventos en los que no se evidencia que la víctima se hubiera hallado inmersa en una situación de peligro o amenaza que exigiera un despliegue de medidas especiales de protección(8).

A su turno, la Subsección B del Consejo de Estado ha coincidido en dispensar un tratamiento semejante a la resolución de litigios en los que se demanda la responsabilidad del Estado por la muerte violenta de personeros municipales, ocurrida en zonas en donde existe alteración del orden público y la misma se produce en el marco del conflicto armado, al señalar:

“En primer lugar, se debe recordar que la muerte de Adriana María Casas Zabala, personera del municipio de Anorí, el 20 de octubre de 1998, se inscribe en un contexto de violencia derivada del conflicto armado, representado en los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales en una disputa por el control del territorio.

“(...).

“En un claro desconocimiento de sus obligaciones de protección y garantía del derecho a la vida, la Policía Nacional no adoptó las medidas necesarias para evitar que el riesgo que afrontaba la personera del municipio de Anorí se concretara en un daño, a pesar de estar en condiciones de hacerlo. Si bien, las entidades demandadas aludieron la culpa de la víctima, debido a que la personera tomó la decisión de acompañar al alcalde sin prever el riesgo que tal acción implicaba, la delicada situación de orden público en la zona rebasó el riesgo al que se hubiere expuesto la víctima y generó una situación de contingencia que finalmente se concretó en el daño”(9).

Similares reflexiones han sido compartidas por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación, al estimar:

“En ese orden de ideas, en el caso concreto falló el deber de protección y seguridad ínsito en este tipo de situaciones, pues la autoridad de policía conocía, por ser un hecho público y notorio, el peligro al que estaba sometida el personero de Cañasgordas. Así las cosas, para la entidad demandada el daño producido no podía resultarle inesperado y sorpresivo, ya que, se insiste, conocía las circunstancias de violencia generalizada que azotaban a la población rural antioqueña, y el riesgo que circundaba a los funcionarios públicos, que estaban en ejercicio de sus derechos políticos; es precisamente allí, en ese conocimiento actualizado en donde se materializa la posición de garante asumida por el Estado”(10).

Como se aprecia, la postura imperante respecto del régimen de responsabilidad y el título de imputación que ha servido como orientación para la resolución de casos análogos al que ocupa la atención de la Sala ha privilegiado la aplicación del régimen subjetivo bajo el título de falla del servicio por omisión en la posición de garante del Estado, cristalizada en el incumplimiento del deber de protección y cuidado sobre personas que requieren la adopción de medidas especiales de seguridad, en consideración a la situación de peligro al que se exponen sus agentes en mérito del ejercicio de algunos cargos oficiales y dentro del contexto del conflicto interno armado.

Desde esa óptica, resulta claro que la obligación de protección se extiende para el Estado, incluso, en relación con sus propios funcionarios, cuando estos para el cumplimiento de sus ocupaciones deben someterse a una situación de riesgo que supera aquella a la que puedan estar obligados a soportar por la naturaleza de sus competencias.

Se agrega que el conocimiento de la situación de riesgo o amenaza puede tenerse porque existe requerimiento previo de la víctima o porque la autoridad, por cualquier otro medio, conoce o infiere la situación de amenaza o riesgo por la que atraviesa determinada persona o bien.

En ese orden, si bien tanto la solicitud de protección constituye un elemento eficiente para la imputación de responsabilidad del Estado, cuando este no toma las medidas pertinentes y el hecho amenazado se materializa, como también lo compone la notoriedad pública de la situación de peligro que haga forzosa la intervención del Estado, ciertamente para configurar esa imputación resulta indispensable igualmente establecer que el hecho dañoso se dio como consecuencia directa del riesgo al que se sometía la víctima con ocasión de su investidura, cuestión que por supuesto excluye una manifestación de violencia aislada y que en nada se vincule con la vulnerabilidad que represente el ejercicio del cargo oficial o con el conflicto interno armado en medio del cual se desarrolla.

5. El análisis de la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en el caso concreto

a) El daño

En la demanda se pretende la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por la muerte del señor Martín Toro Cañavera, ocurrida el 11 de noviembre de 2000, en el sitio denominado “El Fogón”, localizado en proximidad con el municipio de Campo de la Cruz del departamento del Atlántico.

En efecto, el daño consistente en la muerte del señor Martín Toro Cañavera se encuentra probado según registro civil de defunción allegado con la demanda, en el que consta que su deceso ocurrió el 11 de noviembre de 2000(11), el cual comporta un carácter antijurídico, en tanto, de acuerdo con lo narrado en la demanda, la víctima no estaba obligada a soportar.

b) Imputación a título de falla del servicio por omisión

Se recuerda que la inconformidad planteada en el recurso de apelación que se resuelve acusa la falla del servicio por omisión del Estado en la prestación del servicio de protección a la víctima como causa de su deceso, carga que en el sublite, según el censor, se acrecentaba debido a la condición de personero que ostentaba la víctima para la época del crimen y en virtud de la cual se hallaba a cargo de la defensa de los derechos humanos en medio de una zona en donde el orden público se hallaba turbado por las organizaciones terroristas. En ese sentido, coligió que el hecho dañoso era imputable a la conducta omisiva del Estado en su obligación de proteger y cuidar la vida de su agente.

Puesto de presente el escenario argumentativo de la apelación, la Sala verificara los hechos probados, como lo hace a continuación.

La Sala encuentra demostrado que para la época del deceso y desde el 24 de septiembre de 1999, el señor Martín Toro Cañavera, en efecto, ocupaba el cargo de personero municipal de Salamina – Magdalena. Así se deriva de la certificación expedida el 10 de agosto del 2000 por la Tesorería de ese ente territorial(12).

Igualmente, de acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, se halla acreditado que el 11 de noviembre de 2000, el señor Martín Toro Cañavera, cuando se hallaba en la carretera oriental en jurisdicción de Campo de la Cruz, aproximadamente a 10 Km de esa localidad, fue víctima de un impacto con arma de fuego en su cabeza, hecho que le causó su deceso inmediato(13).

Esta información se corroboró con lo consignado en el Protocolo de Necropsia 445 de Martín Toro Cañavera, en el cual se registró(14):

“Causa de la muerte:

“Traumatismo craneo-encefálico severo.

“Mecanismo muerte:

“Heridas por arma de fuego”.

De este breve recuento probatorio se tiene que para la época de los acontecimientos, la víctima se desempeñaba como personero de Salamina y que su muerte se produjo de forma violenta en la zona rural contigua a la localidad de Campo de la Cruz.

Por lo demás, no reposa evidencia probatoria indicativa de que en vida el señor Martín Toro Cañavera hubiera sido víctima de amenazas sobre posibles atentados contra su vida, su integridad o la de su familia. Tampoco hay certeza de que el personero hubiera acudido a las autoridades policiales en procura de resguardo y protección para sí o para su núcleo familiar.

Con todo, aun cuando, según el trazado jurisprudencial que antecede, la circunstancia relativa a la falta de formulación de denuncias o petición de auxilio o socorro no obstaría para la eventual concreción de una falla del servicio en el deber protección, lo cierto es que en este caso tampoco se tiene noticia de que el personero Toro Cañavera, por razón del ejercicio de su cargo, se hubiera hallado en una situación especial de riesgo, y tampoco que los estamentos de seguridad hubiesen tenido alguna información al respecto para hacerles exigible la prestación oficiosa del servicio de seguridad y de protección, cuestión que de manera alguna es pasible de ser presumida automáticamente por el hecho de que en aquel entonces la víctima cumpliera funciones públicas(15).

En consonancia con lo anterior, a diferencia de lo mencionado en las referencias jurisprudenciales citadas en las que se han resuelto casos semejantes, la orfandad probatoria advertida en el sublite impide formarse un convencimiento acerca del supuesto estado de especial vulnerabilidad que atravesaba el sector en donde ocurrió el punible y el acaecimiento de escenarios concretos de atentados o afrentas que alertaran a las autoridades sobre su eventual recurrencia.

En efecto, no milita elemento probatorio que dé cuenta de que para la fecha de los hechos el lugar en el que laboraba y residía el personero hubiera estado azotado por una oleada de violencia y hubiera sido blanco de ataques subversivos en el marco del conflicto armado.

Ahora, frente a las circunstancias que rodearon la comisión del hecho, la Sala advierte que si bien reposa en el plenario un extracto del diario “El Heraldo”, en el que se publicó la noticia del asesinato del personero Toro Cañavera, debe hacerse énfasis en la inexistencia de algún otro medio de prueba que dote de sustento las afirmaciones que allí se condensaron(16).

En ese sentido, cabe señalar que del resumen del suceso contenido en la publicación sólo puede darse valor acreditativo a la alusión de que el fallecimiento se produjo de forma violenta con arma de fuego, en tanto tal cual lo convalidaron el protocolo de necropsia y el acta de levantamiento del cadáver. Sin embargo, lo mismo no ocurre en torno al móvil que condujo al suceso.

Al respecto, el extracto publicado narra (se transcribe de forma literal, incluso con eventuales errores):

“Sin embargo, Martín Toro Cañavera dejó preparada la fiesta que sus familiares le tenían luego que sujetos acabaran con su vida en la noche del viernes en el sitio conocido como el Fogón, ubicado en la vía oriental a diez minutos de campo de la Cruz.

“Toro Cañaveral, ejercía la labor de personero municipal en la localidad de Salamina, Departamento del Magdalena y ayer al terminar su jornada de trabajo fue asesinado.

“Varios fueron los testigos del crimen, pero ninguno se atrevió a abrir la boca por físico miedo. Ayer sus habitantes se mostraron reacios en el suministro de cualquier información sobre el crimen del funcionario. Algunos muy tímidamente dijeron que su muerte podría estar relacionada con la investigación que inició sobre el asesinato de un profesor al parecer por grupos de extrema derecha.

“Por su parte la Policía manifestó que Martín Toro Cañavera salió después de las seis de la tarde de Salamina y luego de pasar el río en un Johnson, esperó a que pasara el bus que lo llevaría a Barranquilla, hasta que dos individuos que se transportaba en un vehículo se le acercaron y le dispararon en tres oportunidades en la cabeza” (destaca la Sala).

Es de advertir que la idea consignada en relación con las razones que llevaron a la comisión de ilícito no encuentra respaldo en algún otro elemento de prueba, al tiempo que no pasa de ser una simple elucubración, cuya fuente es del todo desconocida para esta instancia.

La Sala no deja de tener en cuenta que en el expediente milita una certificación expedida el 17 de enero de 2001, en la cual el personero municipal de Campo de la Cruz, hizo constar que “el señor: Martín Toro Cañavera, identificado con la cédula de ciudadanía número 8.667.452 expedida en Barranquilla falleció el día 11 de noviembre del año 2000, víctima de toma o ataque en el marco del conflicto armado interno”(17).

Con todo, la aseveración de acuerdo con la cual la muerte del ex personero fue consecuencia de un ataque perpetrado en el marco de conflicto armado no encuentra fundamento en alguna investigación penal que sobre la ocurrencia del hecho se hubiere adelantado y merced a la cual se reportaran ciertos indicios que brindaran luz acerca de la forma como ocurrieron los hechos, de la identificación del agresor y de los motivos que impulsaron la ofensiva, como tampoco halla asiento en declaraciones testimoniales o en otros documentos que vigoricen su dicho.

Así pues, se ignora por completo el fundamento que le sirve de cimiento a la aserción del personero de Campo de la Cruz, pues al registrarla omitió acompañarla de información adicional específica que permitiera trascender el ámbito de la conjetura y de la suposición o a lo sumo que ofreciera datos que desprendieran un alto grado de probabilidad de que el homicidio se cometió en el marco y con ocasión del conflicto armado.

En ese sentido, se precisa que a pesar de que durante el trámite de la primera instancia se requirió en varias oportunidades a las direcciones seccionales de fiscalías de los departamentos de Atlántico y Magdalena(18) para que informaran sobre la suerte de la investigación penal iniciada como consecuencia de la muerte violenta del señor Martín Toro Cañavera, no se arrimaron al expediente las piezas procesales solicitadas, a lo que se sigue que ninguna de las autoridades oficiadas dio noticia sobre la efectiva apertura de la mencionada instrucción.

La incertidumbre plasmada en relación con las circunstancias que rodearon la comisión del acto criminal, así como de las razones que alentaron su realización, dan lugar a un universo de probabilidades que pudieron fungir como fundamento tanto circunstancial como motivacional de los acontecimientos analizados.

Tal como lo consideró el a quo, el escenario de la duda viabiliza la reflexión de que cualquiera pudo haber sido la inspiración que incitó la muerte violenta del señor Toro Cañavera, sin que necesariamente ese acontecimiento se encontrara ligado al ejercicio del cargo del personero, ni vinculado al conflicto interno armado que supuestamente azotaba la zona.

Corolario de lo expuesto, no queda otro camino que concluir que el deceso del ex personero Martín Toro Cañavera no resulta imputable a la falla del servicio por omisión en el deber de protección que se acusa del ente demandado, dado que: i) no se demostró que el servidor se hubiera hallado en una situación especial de peligro que hubiere sido previa y plenamente conocida por la autoridad policía y que tornara imperiosa la adopción de medidas de precaución tendientes a resguardar su integridad y, ii) no cuenta esta instancia con los elementos de juicio indispensables para establecer la relación de causalidad existente entre el hecho violento y la condición de personero de la víctima al momento de los acontecimiento o que estos se hallaran permeados por el conflicto interno armado.

Aún en gracia de discusión, la Subsección considera pertinente indicar que tampoco sería procedente analizar este asunto bajo la perspectiva del daño especial, habida cuenta de que no existen pruebas en el expediente que señalen que la muerte del Martín Toro Cañavera fue producto de algún tipo de enfrentamiento o confrontación entre las Fuerzas Militares y un grupo al margen de la ley o que el ataque iba dirigido a un objetivo militar, presupuestos necesarios para aplicar dicho título de imputación a casos como el presente.

Por las razones expuestas, esta Sala confirmará la decisión apelada, al considerar que el daño no resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.

6. Costas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del C.C.A., subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, en este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se evidencia en el subexamine que alguna de las partes hubiere actuado temerariamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el nueve (09) de noviembre de dos mil once (2011) por el Tribunal Administrativo de Magdalena.

2. Sin condena en costas por la segunda instancia.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase».

1 El monto pretendido supera el exigido en la época de la presentación de la demanda -8 de noviembre de 2002- para que el asunto tuviera vocación de doble instancia ($154’500.000).

2 Fl. 15 C1.

3 Fls. 21 C1.

4 Fls. 22-24 C1.

5 Aun cuando no se había expedido para la época de ocurrencia de los hechos, cabe hacer mención a lo dispuesto en el Decreto 1386 de 2002, por el cual se dictaron medidas para brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales, fueron los siguientes:
“Que grupos armados al margen de la ley han efectuado en forma masiva graves amenazas contra la vida de los principales funcionarios de la administración de las entidades territoriales;
“Que vistos los últimos acontecimientos sucedidos en el país, de los cuales han resultado alcaldes, concejales y personeros muertos o lesionados y otros que se han visto forzados a salir de sus municipios hacia otros lugares por amenazas, es indispensable la organización de un mecanismo especial para su protección, de tal manera que se pueda garantizar su trabajo en condiciones de independencia y libertad;
“Que se debe fortalecer la acción gubernamental encaminada a tomar medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida, la libertad e independencia de los alcaldes, concejales y personeros municipales como una manera de proteger el sistema democrático establecido en la Carta Política;
“Que de conformidad con lo establecido en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política, las instrucciones del Gobernador para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, sus actos y órdenes se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre los actos y órdenes de los alcaldes;
“Que la Corte Constitucional en sentencia C-643 de 1999, señaló que en materia de orden público se configura una relación jerárquica entre el mandatario local y Seccional;
“Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999, dispuso la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad, con el fin de establecer mecanismos y obtener recursos que permitan a la Nación y a las entidades territoriales, preservar la tranquilidad y garantizar la seguridad y convivencia de la comunidad;
“Que de conformidad con el artículo 122 de la Ley 418 de 1997, los recursos de Fonsecon deben destinarse, entre otras actividades, a la protección de personas amenazadas;
“Que según lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998, todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual pueden realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 13 de abril de 2016, exp. 35.571, C.P. Hernán Andrade Rincón.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 23 de marzo de 2017, expediente: 38.299, C.P. Hernán Andrade Rincón. La misma orientación fue seguida en la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, el 23 de junio de 2017, exp. 51.854, C.P Hernán Andrade Rincón, en la cual se consideró: “Pues bien, las conductas adoptadas por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y de Justicia en el caso sub examine son constitutivas de falla del servicio, pues, pese a que en el año 2007, se reitera, empeoró la situación de vulnerabilidad del concejal Arcila Londoño –y así lo hizo ver la Defensoría del Pueblo-, el Ministerio del Interior y de Justicia omitió adelantar las gestiones previstas en la ley para vincular a la víctima en el Programa de Protección de Derechos Humanos y, a su vez, la Policía Nacional ignoró ese nuevo estado de las cosas y se atuvo a las resultas del estudio de seguridad que había realizado un año antes, en septiembre de 2006, al punto que el 20 de septiembre de 2007 se limitó a manifestar ante la Defensoría del Pueblo que dicha evaluación demostraba el cumplimiento de sus funciones y era suficiente para concluir que el cabildante Gustavo de Jesús Arcila Londoño continuaba en un nivel ordinario de riesgo”.

8 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 12 de marzo de 2015, exp. 32.993, C.P. Hernán Andrade Rincón (e). “Descendiendo al caso concreto, aunque las pruebas indican que al parecer la señora Zuly Maritza Tovar Casallas fue asesinada por grupos al margen de la Ley que delinquían en municipio de La Palma, esta circunstancia no significa, de modo alguno, que el Estado estaba en la obligación de protegerla de manera especial, pues, se reitera, no hay evidencia en el expediente de que el Ministerio del Interior u otra entidad Estatal tuvieran conocimiento de la situación de riesgo en el que, según la demanda, se hallaba la ahora víctima y de la cual se hubiera derivado el deber de adoptar medidas específicas para preservar la vida de la señora Tovar Casallas”.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 28 de mayo de 2015, expediente: 38.299, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En sentido semejante, ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, 28 de mayo de 2015, expediente: 30.784, C.P. Ramiro Pazos Guerrero: “En el caso bajo examen, según quedó probado en el proceso, (…) cumplía sus funciones como personero en un contexto social dominado por la fuerte presencia de grupos armados ilegales que planeaban y ejecutaban atentados sin que las autoridades hicieran presencia en el municipio. Para la Sala, esta omisión por parte de las autoridades, permite atribuirle la muerte del personero a la entidad demandada. La Sala encuentra que en el presente caso la omisión por parte de la Policía Nacional es clara, pues no adoptó las medidas necesarias para asegurar la protección de la población y en específico del personero, pues, se reitera, cuando el riesgo es evidente y palmario, no es necesario que la persona que lo sufre, solicite expresamente que se le proteja”.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 1 de julio de 2015, expediente: 33.599, C.P. Olga Mélida Valle de de la Hoz (e).

11 Fl. 13 c 1.

12 Fl. 18 C1.

13 Fl. 20 C1.

14 FLS. 27-30 C1.

15 Sobre el punto particular se puede consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, 20 de mayo 2013, exp. 26.000, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. “Pues bien, aunque el presente asunto cuenta con cierta identidad fáctica con el antecedente expuesto, por cuanto en ambos casos se trató de la muerte de una persona que para ese momento se desempañaba en el cargo de inspector de Policía y tanto en ese asunto como en el presente no existieron requerimientos a las autoridades policiales para que les fuese brindada protección, lo cierto es que dentro del asunto sub examine también existen marcadas diferencias que impiden arribar a la misma conclusión a la cual se llegó en el mencionado precedente, para efectos de atribuirle responsabilidad patrimonial al Estado por omisión”.

16 Sobre la valoración probatoria de los recortes de prensa, en sentencia del 10 de septiembre de 2014, expediente 30.875, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera expuso: “Advierte la Sala que obran recortes de periódicos y sus copias, allegados por la parte demandante, con los que se pretende demostrar la ocurrencia de los hechos; al respecto, se precisa que aquellos carecen de la entidad suficiente para probar, por sí solos, la existencia y veracidad de tales hechos. En efecto, en sentencia reciente de la Sala Plena Contencioso Administrativa de esta Corporación se dijo, refiriéndose a las noticias de prensa, que ‘Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez’, razón por la cual los recortes allegados se apreciarán con el conjunto de pruebas obrantes en el expediente”.

17 Fl. 16 C1.

18 Fls. 150, 156 y 159 del C1.