Sentencia 2002-01197/33556 de mayo 16 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo

Proceso: 25000-23-26-000-2002-01197-01 (33556)

Naturaleza: Acción de reparación directa

Actor: Banco Colpatria Red-Multibanca Colpatria S.A

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo de dos mil dieciséis.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Banco Colpatria contra la sentencia de 12 de julio de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B, por medio de la cual se denegaron las pretensiones.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por el Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria S.A contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B el 12 de julio de 2006 por cuanto la pretensión mayor excede la cuantía mínima exigida para que proceda la doble instancia ante esta corporación, en aplicación del Decreto 597 de 1988, vigente en la época de presentación de la demanda(1).

2. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas aportadas al plenario, se tienen probados los siguientes hechos relevantes para resolver la controversia(2):

— El Ministerio de Hacienda, mediante Resolución 770 de 22 de marzo de 1995(3), autorizó a las instituciones financieras legalmente constituidas en el país para que, previo el cumplimiento de un trámite, recepcionen las declaraciones tributarias aduaneras y cambiarias. Así como para que recauden impuestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses, aportes y demás tributos del orden nacional administrados por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian (fl. 1-29 cdno. 5).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ideó e implementó un sistema global de información y mejoramiento de la gestión aduanera a nivel nacional denominado Siglo XXI (fl. 30-61 cdno. 5).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución 4081 de 29 de diciembre de 1999, reguló lo relativo a la recepción de impuestos, retenciones en la fuente y tributos aduaneros, bajo el esquema de transmisión electrónica de datos (fl. 62-67 cdno. 5).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución 4082 de 29 de diciembre de 1999, autorizó a varias entidades recaudadoras para iniciar operaciones de recepción, recaudo y transmisión de pagos de impuestos, retenciones en la fuente y tributos aduaneros, bajo el esquema de transmisión electrónica de datos, entre ellas, al Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria S.A. (fl. 68-69 cdno. 5).

— El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por Resolución 8 de 5 de enero de 2000, reglamentó el proceso de recepción y recaudo por establecimientos bancarios y corporaciones de ahorro y vivienda (fl. 80-88 cdno. 5).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la Resolución 478 de 26 de enero de 2000, implementó y consolidó el esquema nacional de recepción de las declaraciones y el recaudo de impuestos, anticipos, sanciones, intereses y demás tributos de su competencia, a través de establecimientos bancarios y corporaciones de ahorro y vivienda (fl. 89-122 cdno. 5).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante Resolución 153 de 28 de enero de 2000, autorizó al Banco Colpatria-Red Multibanca Colpatria S.A. para ingresar al sistema de recepción de documentos y recaudo de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en las Resoluciones 0008 y 478 de 5 y 26 de enero de 2000 (fl. 123-124 cdno. 5).

— El Administrador Especial de Aduanas de Bogotá (E) dio cuenta de las irregularidades presentadas con las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos 19047013713320 y 19047013713338 de 1 y 7 de marzo de 2000, por valores de $18.725.841 y $15.213.304, respectivamente. Por tal motivo y porque no se encontraron las aludidas declaraciones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales requirió al Banco Colpatria (entidad recaudadora) y consultó los sistemas de Información Aduanera-SIAT y Siglo XXI, con los siguientes resultados:

— El Banco Colpatria respondió que los stickers nunca fueron generados por dicha entidad.

El sistema SIAT no arrojó información para dichos stickers, ni como declaraciones de importación ni como recibos de pago.

— El sistema Siglo XXI, por consulta de pagos, no arroja ninguna información (fl. 17-18 cdno. 9).

— La entidad demandante le informó a la Jefe de División de Recaudación y Cobranzas de la DIAN, con relación a las aludidas declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos 19047013713320 y 19047013713338, que “no han sido generadas por nuestro Banco Red Multibanca Colpatria, ni fueron realizadas en ninguna de nuestras oficinas” (fl. 22 cdno. 9).

— El coordinador del equipo de soporte técnico del sistema Siglo XXI, con relación a las irregularidades en las declaraciones de importación, concluyó que esta tributación (i) fue transmitida desde el Banco Colpatria, a través de un delegado o administrador de cuenta autorizado —Ana Daniela Ríos Martínez Código 2099—; (ii) produjo el levante automático de las mercancías y (iii) posteriormente, fue reversada o borrada.

Se proceden a consultar los datos sobre las declaraciones de importación empleando los números internos y los resultados son los siguientes:

(…) AutoadhesivoDeclaranteNombre del importadorTipo levanteTotal pagar
19047013713320Fronteras mundiales ltProsis S.A.0118725841.00
19047013713338Fronteras mundiales ltProcesamiento y cálculo electrónico S.A.-Procálculo S.A.0115213304.00

(…) Las declaraciones aparecen en la base de datos con tipo de levante automático, lo que indica que se transmitió un pago desde un banco de forma previa al levante de la mercancía.

Al consultar la información de los pagos transmitidos empleando como llave de acceso los números de los autoadhesivos no se encontraron los registros, lo que permite elaborar dos teorías: que el pago fue transmitido y fue borrado con posterioridad o que el pago nunca se transmitió y la base de datos fue modificada de forma manual para simular el levante.

Al consultar los datos adicionales del pago que afectó esta declaración se encontró lo siguiente:

Id_documNúmero internoNúmero levanteFecha levanteDoed_id_docum
6918770320000000529980320000000362482000-03-02 (...)762193
7192950320000000584880320000000415392000-03-08 (...)791837

Lo que indica que el 2 y 8 de marzo se efectuaron las operaciones de los pagos que afectaban estas declaraciones.

El campo doed_id_docum es un acrónimo que significa documento edi identificador documento. Como se mencionó anteriormente, cada documento del sistema recibe un identificador único que lo diferencia de los demás. Para este caso, las transmisiones EDI recibieron un identificador por lo cual se confirma el hecho de que se efectuó una transmisión de un mensaje EDI desde un banco.

(...) Finalmente, a fin de determinar los permisos a los cuales estaba autorizada dicha cuenta, aparece que ésta pertenecía al grupo supervisor bancos, la cual tiene todos los permisos de acceso a las opciones de los bancos.

Código perfilPerfilDescripción perfilFecha de creaciónResponsable
575IBAMU+IBAAO+IBABO+IBACO+IBADOSupervisor de bancos1999-07-14 (…)Administra

(...) Finalmente, se presentan los datos correspondientes a la persona a la cual le fue asignada esta cuenta:

Código usuarioIdentificaciónNombreDirección(...) Activo
209952064239Ana Daniela Ríos MartínezCalle 13 Nº 7-90 Piso 2A

(...) Además, se pudo constatar que esta cuenta fue creada el día 1999-08-23, a las 17:58:49.890 por un funcionario cuya cuenta es H9561639, cuyos datos se muestran a continuación:

Código usuarioIdentificaciónNombreDirección(...) Activo
209979561639José Daniel Ríos MartínezCalle 13 Nº 7-90 Piso 2A

Esta cuenta corresponde a un delegado de cuenta, el encargado de crear las cuentas al interior de cada empresa.

En cuanto al código de la entidad que ambos representan se pudo constatar que esta corresponde al banco Colpatria.

Conclusiones preliminares

Una vez revisada toda la información disponible se pudo determinar:

— El levante de las mercancías se generó de forma automática de acuerdo al funcionamiento de Siglo XXI

— El pago entró a través del sistema (Siglo XXI), por medio de una transmisión EDI.

—Para la transmisión emplearon cuentas que corresponden al banco COLPATRIA y que tenían permisos sobre las opciones respectivas para poder realizarlos.

— Los pagos fueron borrados con posterioridad, pero quedó registro de la transición de estados en la base de datos.

— En el log aparecen direcciones IP que pueden ser objeto de una investigación en el banco o en la SIA (fl. 12-16, 172-176 cdno. 9).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones presentó denuncia penal por “presunta falsedad en las declaraciones de importación números 19047013713320 de marzo 1º de 2000 importador Prosis S.A. y 19047013713338 de marzo 7 de 2000 importador Procesamiento y Cálculo Electrónico S.A., Procálculo S.A. en ambas declaraciones el declarante autorizado es SIA Fronteras Mundiales Ltda”. La cual fue ampliada, porque “de las diligencias adelantadas por la Contraloría, se detectó una tercera declaración de importación presuntamente falsa, la número 13144041602247. Declarante autorizado SIA Burbano Cuellar y Montenegro Ltda (...), importador: Alirio Delmar Fonseca Mejía”.

Como resultado de las investigaciones administrativas adelantadas se pudo establecer que personas por identificar entregaron a los depósitos Almagran e Inter Colombia Ltda declaraciones de importación con el fin de obtener el levante de las mercancías, la cuales aparentemente se habían presentado en los bancos Colpatria y Ganadero, actuaciones esta últimas que resultaron falsas, de acuerdo a las pruebas que se han entregado a la Fiscalía, ingresando al país mercancías de contrabando al omitirse el pago de los tributos aduaneros en la cuantía establecida a continuación:

DeclaraciónValor de mercancíasTributos omitidos
1904701371332090.244.98618.725.841
1904701371333873.317.12415.213.304
1314404160224752.506.36517.537.146

(fl. 220-225 cdno. 9).

— La Fiscalía Seccional Veintidós Delegada ante la DIAN, mediante proveído de 25 de febrero de 2001, dispuso la apertura de investigación preliminar por los delitos de falsedad documental y contrabando (fl. 23-25 cdno. 9).

— Por providencia de 4 de abril de 2001, la investigación fue asignada al Fiscal Veintidós de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la DIAN (fl. 82-83 cdno. 9).

— El jefe de investigaciones especiales de la DIAN le dio a conocer al Fiscal Seccional Veintidós que los cheques utilizados por las sociedades anónimas Prosis y Procálculo, para el pago declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos 19047013713320 y 19047013713338, fueron girados al Banco Colpatria y pagados en cuentas diferentes a la del beneficiario, “a pesar de tener sello restrictivo” (fl. 35 cdno. 9).

— El Banco Colpatria certificó al Jefe de División de Investigaciones Especiales de la DIAN que siete cheques fueron (i) girados por las sociedades anónimas Prosis y Procálculo al Banco Colpatria con sello restrictivo de “páguese únicamente al primer beneficiario”. Por lo tanto, no se puede establecer que tenían por finalidad el pago de declaraciones de importación y (ii) pagados a través del proceso de canje con consignaciones a las cuentas del señor Alexis Benavides Gutiérrez, de Distripartes Ltda y de Aduacom Ltda.

En respuesta a su requerimiento en referencia de febrero 22/2001, nos permitimos informar lo siguiente:

Nº chequeFechaValoresCuentaFecha de pago
00141707-03-0015.213.304.00013103233808-03-00
000093601-03-0018.725.841.00013105532006-03-00
000075603-02-0014.639.419.00013105532004-02-00
00054521-12-9911.253.633.00013105332022-12-99

Los anteriores cheques fueron consignados y pagados a través del proceso de canje con consignación a la cuenta Nº 0171026121 a nombre de Alexis Benavides Gutiérrez (....).

Nº chequeFechaValoresCuentaFecha de pago
000113425-01-007.134.771.00013103233828-01-00
000107123-03-0013.513.899.00013105332024-03-00

Los anteriores cheques fueron consignados y pagados a través del proceso de canje con consignación a la cuenta Nº 0171030935 a nombre de Distripartes Ltda (…), aclaramos que el valor real del cheque Nº 0001071 es de $13.513.899.00 y no el informado por ustedes de $12.142.017.00.

Nº chequeFechaValoresCuentaFecha de pago
000197716-05-00194.363.781.00013103233819-05-00

Consignado y pagado a través del proceso de canje consignado a la cuenta 4901001060 a nombre de Aduacom (....).

En cuanto al cheque por $6.847.283.00 de la cuenta 0131032338, solicitamos nos suministren el número del cheque, dado que no ha sido posible su localización.

Como usted menciona los cheques estaban girados al Banco Colpatria con sello restrictivo de “páguese únicamente al primer beneficiario”, pero en el momento de ser consignados el Banco no puede establecer que el cliente los giró exclusivamente para el pago de la declaración de importación (fl. 36-37 cdno. 9).

— La Red de Investigaciones del Banco Colpatria por solicitud de las sociedades anónimas Prosis y Procálculo advirtió que (i) las declaraciones de importación identificadas con los autoadhesivos 19047013713320 y 19047013713338 tiene sellos de “Recibido con pago” que no corresponden a los que la entidad utiliza para avalar la operación. Además, los stickers contienen información inconsistente en cuanto al cajero recaudador y al serial, pues no fueros asignados a la oficina Salitre; (ii) los cheques, supuestamente, destinados para el pago de la anterior tributación fueron consignados a la cuenta del señor Alexis Benavides Gutiérrez, previa certificación por orden del director de la oficina Salitre, señor Carlos Alberto Martínez Astudillo, quien además le autorizó al señor Benavides sobregiros que ascienden a $21.000.000, los cuales no se han podido recuperar; (iii) otras siete declaraciones de importación se encuentran en la misma situación, pues los adhesivos contenían numeraciones no generadas por la entidad, los cheques destinados para pagarlas se giraron a favor del Banco y fueron acreditados a cuentas del señor Alexis Benavides Gutiérrez, de Distripartes y de Aduacom Ltda; (iv) la cuenta de Distripartes presenta un sobregiro de $10.000.000, también otorgado por el director de la oficina Salitre y (v) a la cuenta del señor Alexis Benavides Gutiérrez también se consignaron otros tres cheques girados de la cuentas de las sociedades anónimas Prosis y Procálculo y que tenían como beneficiario el banco. Operaciones que aún no tienen reclamación y (v) es necesario instaurar una denuncia penal, dar aviso a la aseguradora y adoptar medidas que contrarresten las irregularidades advertidas.

De acuerdo a lo planteado por el cliente, este gira los cheques números 0000936 de la cuenta número 0131053320 (Prosis S.A.) por valor de $18.725.841 y el cheque número 0001417 de la cuenta número 0131032338 (Procálculo S.A.) por valor de $15.213.304, con el fin de cancelar impuestos de importación.

Estos títulos valores son entregados a un tramitador, quien se encargó de efectuar los respectivos trámites de cancelación ante el Banco Colpatria y luego les entregó los formularios de declaración de importación debidamente sellados, es de mencionar que en el presente año fueron informados de que el pago de las importaciones no se había efectuado, por lo que el cliente solicitó al Banco se le certificara la autenticidad de los sellos presentes en las declaraciones de importación cuestionadas y, a su vez, investigar el destino final de los cheques inicialmente citados.

Teniendo en cuenta lo planteado por el cliente, inicialmente se efectuó un estudio comparativo entre los sellos de “Recibido con pago” caja 2, obrantes en los documentos cuestionados, ante muestras originales coetáneas aportadas para el presente peritazgo, análisis del cual se pudo observar que no existía uniprocedencia de matrices, es decir, las improntas que a nombre del Banco Colpatria obran en los formularios de declaración de importación controvertidos, no es el que originalmente utiliza el banco para avalar este tipo de operaciones.

(....) Posteriormente, al analizar los autoadhesivos se apreciaron ciertas características que no son compatibles con la información del sello de recibido ni con la numeración de los seriales llevados por la oficina Salitre, debido a que en primera instancia el sello de recibido es el número 2, pero en la información del autoadhesivo se evidencia que esta operación la hubiera efectuado el cajero 1 y, por otra parte, el serial que obra en los dos adhesivos no ha sido asignado a la oficina Salitre.

(...) Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a verificar la cuenta donde habían sido consignados los cheques en cuestión, estableciendo que estos habían sido acreditados a la cuenta número 0171026121 de la cual es titular el señor Alexis Benavides Gutiérrez, operaciones realizadas los días 6 y 8 de marzo de 2000 en la oficina Salitre.

(....) Es de aclarar que los cheques no obstante estuvieron girados a favor del Banco Colpatria, estos como ya se mencionó fueron consignados en una cuenta de persona natural (Alexis Benavides Gutiérrez) y, a su vez, fueron certificados al primer beneficiario por parte de los cajeros que recepcionaron estas consignaciones, hechos de los cuales se desprenden las siguientes fallas:

— El cliente cometió errores en su emisión debido a que, si esos fondos estaban destinados para pagar impuestos de importación, los cheques los debió girar a favor de la DIAN y no del Banco Colpatria, ya que teniéndose como beneficiario al Banco, se da a entender que se está pagando una obligación y no unos impuestos.

— Los cajeros que recibieron estas consignaciones fallaron al aceptar estos recaudos, en razón a que, no obstante ser el beneficiario de dichos cheques el Banco los acreditaron a una cuenta de una persona natural, con el agravante de que se certificaron a la cuenta del primer beneficiario cuando esto no era verdad.

Con relación a la identidad de los funcionarios que recibieron los recaudos en cuestión, se pudo determinar que para tal fecha, las personas encargadas de los sellos de recibido 1 y 2 eran las señoras Eliana Cortes (desvinculada por consignaciones sospechosas en su cuenta) y Gloria Pacasira Jiménez.

Se citó a la señora Gloria Pacasira Jiménez, quien al respecto manifestó que para marzo de 2000, el Director de la Oficina Carlos Martínez siempre le solicitaba certificar los cheques que el cliente Alexis Benavides consignaba en su cuenta, por lo tanto que al haber consignado un cheque que tenía beneficiario el Banco en una cuenta de persona natural y, a su vez, haberlo certificado, lo efectuó cumpliendo una orden del Director de la oficina.

Con relación a lo que menciona la funcionaria Gloria Pacasira y teniendo de presente que esta cuenta en este momento se encuentra en cobro jurídico por sobregiros de aproximadamente 21 millones autorizados por el antiguo Director de dicha oficina Carlos Martínez, esta Dirección considera que dicha funcionaria efectivamente realizó estas operaciones cumpliendo órdenes del Director y que esta última persona es la directamente responsable de estas operaciones mal recepcionadas, debido a que se aprecia cierta relación entre el cliente y el Director.

(...) Como ya antes se mencionó, el señor Alexis Benavides Gutiérrez, titular de la cuenta número 017-1026121, se encuentra en cobro jurídico debido a unos sobregiros autorizados por el señor Carlos Martínez, los cuales nunca fueron cubiertos por el cliente, sobregiros que ascienden a la suma de $21.000.000, aproximadamente.

Una vez los representantes de Prosis y Procálculo tuvieron la respectiva respuesta sobre el estudio de los sellos de recibido y los adhesivos presentes en las declaraciones de importación antes referenciadas, solicitaron nuevamente se les certificara la autenticidad de los mismos soportes, obrantes en otras nueve declaraciones de importación.

Nº adhesivoFecha presentaciónNº chequeValorEmpresa
1904702050617018-12-000002429$575.421Prosis S.A.
1904703050335223-06-000002267$2.593.369Procálculo S.A.
1904701371325903-02-000000756$14.639.419Prosis S.A.
1904701371324126-01-000001134$7.134.771Procálculo S.A.
1904701371344917-05-000001977$194.363.781Procálculo S.A.
1904701371331300-02-000126472$6.847.283Procálculo S.A.
1904701371343112-05-000001356$12.602.282Prosis S.A.
1904701371337724-03-000001071$13.513.899Prosis S.A.
1901706250610121-12-990000545$11.253.633Prosis S.A.

La Dirección de Operaciones Soportes Otras Áreas, en comunicación del día 23 de febrero del presente año, le informó al cliente que dichas declaraciones de importación, a excepción de las efectuadas por valores de $575.421 y $2.593.369 no habían sido recepcionadas por el Banco Colpatria y los adhesivos contenían numeraciones no generadas para ninguna de las oficinas del Banco.

Se procedió entonces a verificar las características de giro y de consignación de dichos títulos valores, estableciendo que estos nuevos cheques presentan las mismas peculiaridades vistas en los inicialmente analizados, es decir, están girados al Banco Colpatria pero acreditados a otras cuentas de personas naturales y jurídicas diferentes al beneficiario y, a su vez, presentan certificación de que fueron consignados en la cuenta del primer beneficiario.

La relación de estos nuevos cheques y el número de cuenta donde se acreditaron los mismos, es la siguiente:

Nº chequeValorNº cuenta donde se consignóTitular cuenta
0000756$14.639.4190171026121Alexis Benavides
0001134$7.134.7710171030935Distripartes
0001977$194.363.78149010011060Aduacom Ltda
0001356$12.602.2820172016480Alexis Benavides
0001071$13.513.8990171030935Distripartes
0000545$11.253.6330171026121Alexis Benavides

Es de mencionar que la cuenta número 0171030935, titular Distripartes, se encuentra en la actualidad con un sobregiro de $10.000.000, aproximadamente, el cual también fue otorgado por el señor Carlos Martínez.

Ahora, con relación a estas tres nuevas cuentas donde fueron consignados los cheques relacionados, se puede apreciar que una de ellas corresponde al señor Alexis Benavides (...).

(...) Dentro del seguimiento efectuado a las cuentas número 0171026121 y 0172016480, de las cuales es titular el señor Alexis Benavides se encontraron tres nuevos cheques consignados en estas, girados de las cuentas de Prosis y Procálculo, los cuales tenían beneficiario el Banco Colpatria, pero que a la fecha el cliente en mención no ha presentado su reclamación.

(....) Acciones previas

— Se instaurará la respectiva denuncia penal por parte del Dr. Víctor Manuel Zuluaga, abogado externo.

— Se dio aviso a la compañía aseguradora por el monto.

— Vicepresidencia jurídica emitió el respectivo concepto el día 28 de febrero de 2001

Recomendaciones

En razón a que en la actualidad se siguen cometiendo errores como el aquí planteado, cheques girados a favor del Banco Colpatria pero con destino a pagar impuestos, se emitan circulares donde prevengan este comportamiento y así se minimicen los riesgos al recaudar los mismos (fl. 56-64 cdno. 9).

— El Subdirector de Fiscalización Aduanera le informó al Director de Aduanas de la DIAN que efectuó una inspección a las empresas Prosis y Procálculo y corroboró que existen más declaraciones de importación falsas que ascienden a $280.320.049, las cuales fueron (i) cubiertas con cheques girados a favor del Banco Colpatria con sello de “Páguese únicamente al primer beneficiario”; (ii) presentadas para el levante o nacionalización de mercancía; (iii) posteriormente “borradas” de las bases de datos.

La SIA Fronteras Mundiales Ltda informó al Despacho del Administrador de la Administración de Aduanas de Bogotá sobre posibles irregularidades que se estaban presentando con dos declaraciones de importación, las que se presumía falsas. Con posterioridad este Despacho realiza inspección aduanera en las instalaciones de las empresas Prosis y Procálculo con el fin de comprobar si existen más declaraciones con igual condición. Efectivamente se encontraron otras declaraciones, al parecer con la misma actuación, el total de las declaraciones asciende a $280.320.049.

Las declaraciones son impresas del sistema Siglo XXI y tienen sticker y sellos falsos y son presentadas para el respectivo levante, a su vez los documentos NO figuran en la base del sistema SIFARO ni documentación.

Los impresos de los documentos revelan un pago y un levante, que es “borrado” de las bases de datos con posterioridad.

(...) De acuerdo con la información suministrada por las empresas Prosis y Procálculo han girado cheques para efectuar el pago de las declaraciones de importación, los cheques se giraron a nombre del Banco Colpatria son sello restrictivo “Páguese únicamente al primer beneficiario” (fl. 92-94 cdno. 9).

— El sistema Aduana Siglo XXI detectó doce declaraciones de importación con inconsistencias, por cuanto (i) fueron transmitidas desde el Banco Colpatria, a través de un delegado o administrador de cuenta autorizado —Ana Daniela Ríos Martínez Código 2099—; (ii) produjeron el levante automático de las mercancías y (iii) posteriormente, fueron reversadas o borradas. Siete de ellas no fueron encontradas en las tablas de pagos.

(...) Por lo cual se concluye que fueron transmitidas según el procedimiento normal de transmisión de pagos electrónica según la especificación EDI.

Al revisar la bitácora de los cambios que han sufrido los documentos en el sistema, se encontraron que las 12 declaraciones de importación objeto de este estudio, presentaron cambios de estado por operaciones normales del sistema entre las que se encuentra el levante automático al llegar un pago.

(...) la información correspondiente a estas cuentas es:

 

Login usuarioIdentificaciónNombreCódigo de usuario
F206423952064239Ana Daniela Ríos Martínez 2099
H974960479749604Carlos Augusto Forero Velásquez2099

 

Conclusiones 

Una vez revisada toda la información disponible se pudo determinar:

— El levante de las mercancías se generó de forma automática de acuerdo al funcionamiento de Siglo XXI

— El pago entró a través del sistema (Siglo XXI), por medio de una transmisión EDI.

— Para la transmisión emplearon cuentas válidas en el sistema.

— Siete (7) pagos no fueron encontrados en la tabla de pagos, por lo que se presume que fueron borrados con posterioridad al proceso de levante de las mercancías. De esta operación no quedó ninguna señal de cuando se realizó la eliminación de estos registros; sin embargo, quedó el registro de la recepción de los pagos en la bitácora de la aplicación que almacena las transiciones de estados de los documentos del sistema.

— En el log aparecen direcciones IP que pueden ser objeto de una investigación en el banco o en la SIA (fl. 230-233 cdno. 9).

— El Banco Colpatria le efectuó al Fiscal Veintidós Seccional Adscrito a la DIAN un informe cronológico de las irregularidades o inconsistencias que se cometieron en su oficina Salitre, cuando tuvo como director al señor Alberto Martínez Astudillo (aperturas de cuentas con soportes dudosos, sobregiros sin facultades, faltantes en caja, informes falsos de regularización de cuentas). Finalmente evidenció la captura de varias personas involucradas y la recuperación de papelería de la entidad.

El 12 de mayo de 2000 se desmanteló la empresa criminal que se dedicaba a realizar este tipo de fraudes en un operativo en el que se dio captura a ocho de estos delincuentes, la investigación por parte de las autoridades continúa y están pendientes otras capturas (la del señor Carlos Martínez Astudillo, quien ya fue inculpado por uno de los detenidos).

En estos allanamientos realizados, se encontró numerosa papelería de nuestra entidad (tarjetas de registro de firmas, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y tarjetas de crédito, hojas membreteadas, sellos, etc.) (fl. 255-259 cdno. 9).

— La Fiscal Delegada Doscientos Cincuenta y Tres de la Unidad Primera de Delitos contra la Seguridad Pública, mediante proveído de 22 de mayo de 2000, profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de los señores Raúl Arturo Pinto Cholo, Julio Cesar Pinto Cholo, Rafael Enrique Gómez Hoyos, Janeth Criales Lara, Claudia Helena Arciniegas, José Vicente Sánchez Romero, Gloria Elina Sánchez Colorado por los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con estafa, falsedad material de particular en documento público agravado por el uso, este último en concurso homogéneo y sucesivo (fl. 630-638 cdno. 9). Esta medida de aseguramiento, por providencia de 2 de junio de 2000, fue revocada en relación con los señores Rafael Enrique Gómez Hoyos y Janneth Criales Lara. EnestaúltimaactuaciónsevinculóalseñorCarlosAlbertoMartínezAstudillo (fl. 644-646 cdno. 9).

— A través del proveído de 9 de mayo de 2002, el Fiscal Sexto Delegado de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos vinculó a los señores Mario Fernando Gómez Delgado, Giovany Rivero Roa, Carlos González Rodríguez, Gustavo Valero Moreno, Carlos Martínez Astudillo, Alexis Benavides Gutiérrez y Edgar Galeano Vásquez y dispuso su captura. Lo anterior, por cuanto los hechos delictivos tuvieron la participación del intermediario de la sociedad Fronteras Mundiales Ltda, encargado de presentar las declaraciones de importación falsas, del señor Alexis Benavides Gutiérrez, de los representantes de las firmas Aduacom Ltda y Distripartes Ltda y del gerente de la oficina Salitre de Colpatria.

(El desfalco) no habría sido posible, sin la presencia de personas relacionadas y conocedoras de las gestiones aduaneras y bancarias, estableciéndose que Gustavo Valero Moreno fungió como intermediario de la sociedad Fronteras Mundiales, teniendo a su cargo los trámites aduaneros correspondientes, siendo además la persona encargada de presentar las declaraciones aduaneras ante la entidad financiera y, por consiguiente, quien debía velar también por la legalidad de los trámites y, además, la persona que usualmente recibía los cheques de los importadores, para el pago de los tributos aduaneros.

En el transcurso de la investigación preliminar, también se estableció la utilización fraudulenta de cuentas corrientes de clientes del Banco Colpatria, en las cuales se consignaban con la complicidad del Gerente de la oficina para la época de los hechos, cheques que no obstante tener sello restrictivo, esto es para pagar únicamente al primer beneficiario, fueron consignados en cuentas diferentes, por instrucciones de la gerencia.

Dichos cheques fueron girados por las sociedades Prosis S.A. y Procálculo S.A. para cancelar tributos aduaneros, sin que estos últimos hubieran llegado a su beneficiario inicial, sino como se ha determinado, fueron a parar a manos de terceros cuenta-habientes del Banco Colpatria, tales como Alexis Benavides Gutiérrez, la sociedad Aduacom Ltda, representada por Edgar Galeano Vásquez y Mario Gómez Delgado; Giovany Rivero Roa, la sociedad Distripartes Ltda, representada por Carlos González, todo en desarrollo de una concertada operación delictiva, al parecer encabezada por el entonces gerente de la oficina Salitre del Banco Colpatria Carlos Martínez Astudillo (fl. 827-829 cdno. 9).

— El Banco Colpatria formuló demanda de parte civil en el proceso penal adelantado contra el señor Alexis Benavides Gutiérrez y demás personas que resulten vinculadas, como autores responsables de los delitos que atentan contra el patrimonio económico y la fe pública (fl. 620-625 cdno. 7, 247-252 cdno. 9).

— El Fiscal Sexto de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, por providencia de 14 de mayo de 2002, admitió la demanda de constitución de parte civil presentada por el Banco Colpatria (fl. 626-629 cdno. 7).

— El 14 de junio de 2001, el Banco Colpatria y las sociedades anónimas Prosis y Procálculo suscribieron un contrato de transacción, en el cual la entidad financiera se comprometió a pagar la suma de (i) $294.294.213, correspondiente a los cheques girados por sus clientes para el pago de impuestos debidos a la DIAN y (ii) $283.658.573, correspondiente al 20% del valor de las mercancías en aduana, por concepto de rescate voluntario. Lo anterior, porque los cheques que se giraron a favor del Banco Colpatria para el pago de declaraciones de importación fueron abonados por “error” a cuentas de personas naturales o jurídicas, lo cual genera que las mercancías amparadas con dicha tributación pueda ser aprehendida e impone adoptar medidas que reparen, de forma integral, el daño ocasionado.

Para el pago de tributos aduaneros debidos a la DIAN por concepto de importaciones, los clientes (sociedades anónimas Prosis y Procálculo) giraron a favor del Banco, con sello restrictivo de páguese al primer beneficiario, entre el 21 de diciembre de 1999 y el 16 de mayo de 2000, los siguientes 10 cheques, cuya descripción se precisa así:

A. De la cuenta corriente bancaria número 0131032338, los cheques números 0001417, 0001134, 0001977, por los siguientes valores $15.213.304, $7.134.771, $194.363.781, los cuales ascienden a un total de $216.711.856.

B. De la cuenta corriente bancaria número 0131053320 los cheques números 0000936, 0000756, 0001356, 0001071 y 0000545, por los siguientes valores $18.725.841, $14.639.419, $12.602.282, $13.513.899, $11.253.633, los cuales ascienden a un total de $70.735.074.

C. De la cuenta corriente bancaria que Procálculo tiene con Citybank el cheque número 0126472 por un valor de $6.847.283.

Para un total de $294.294.213 m/c girados en cheque a favor del Banco.

A pesar de estar girados los cheques a favor del Banco como primer beneficiario, los mismos fueron abonados en diferentes cuentas de personas naturales, por un error dentro del proceso de certificación de dichos títulos valores.

Como consecuencia de lo anterior, las declaraciones de importación no fueron efectivamente pagadas a la DIAN y, por esta razón, las mercancías amparadas con tales declaraciones de importación podrían estar sujetas a aprehensión por parte de la autoridad tributaria, a pesar de haber recibido el levante, mediante el acto por el cual la misma autoridad permite a los clientes la disposición de la mercancía.

Para solucionar tal situación y, como quiera que la autoridad aduanera aún no ha emitido acta de aprehensión, los Clientes pueden presentar las correspondientes declaraciones de legalización, pagar los tributos aduaneros debidos y una sanción correspondiente al 20% del valor en aduana de las mercancías por concepto de rescate voluntario (...) (fl. 428-431 cdno. 9).

— El 29 de junio de 2001, el Banco Colpatria y las sociedades anónimas Prosis y Procálculo adicionaron la cláusula cuarta del contrato de transacción, para incluir la sobretasa aduanera de que trata la Resolución 29 de 2001.

4. Pago de rescate voluntario. El Banco se compromete a pagar a los clientes en la fecha, la suma correspondiente al 20% del valor de las mercancías en aduana por concepto de rescate voluntario de que trata el artículo 230 del Decreto 2685 de 1999, la cual equivale a $283.658.573 m/c (...).

PAR.—Igualmente, el Banco se compromete a pagar a los clientes la suma de $16.964.907, por concepto de sobretasa aduanera de que trata la Resolución 29 de 2001, la cual equivale al 1.2% del valor FOB declarado (....) (fl. 434-435 cdno. 9).

— El 6 de agosto de 2001, el Banco Colpatria y las sociedades anónimas Prosis y Procálculo suscribieron un contrato de transacción, en el cual la entidad financiera se comprometió a pagar la suma de (i) $116.754.165, correspondiente a los cheques girados por sus clientes para el pago de impuestos debidos a la DIAN; (ii) $107.113.912.41, correspondiente al 20% del valor de las mercancías en aduana, por concepto de rescate voluntario y (iii) $6.361.355.19, por concepto de sobretasa aduanera. Lo anterior, porque los cheques que se giraron a favor del Banco Colpatria para el pago de declaraciones de importación fueron abonados por “error” a cuentas de personas naturales o jurídicas, lo cual genera que las mercancías amparadas con dicha tributación pueda ser aprehendida e impone adoptar medidas que reparen, de forma integral, el daño ocasionado.

Para el pago de tributos aduaneros debidos a la DIAN por concepto de importaciones, los clientes (sociedades anónimas Prosis y Procálculo) giraron a favor del Banco, con sello restrictivo de páguese al primer beneficiario, entre el 5 de febrero de 1999 y el 17 de febrero de 2001, los siguientes 7 cheques, cuya descripción se precisa así:

D. De la cuenta corriente bancaria número 0131032338, los cheques números 5532212-1, 5446826-1, 5639612-8, 5639646-2 y 5765045-1, por los siguientes valores $23.005.098, $19.971.357, $4.327.066, $12.841.369 y $21.025.671, los cuales ascienden a un total de $81.170.561.

E. De la cuenta corriente bancaria número 0131053320 los cheques números 5431478-7 y 5768710-1, por los siguientes valores $24.105.672 y $11.477.932, los cuales ascienden a un total de $35.583.604.

Para un total de $116.754.165 m/c girados en cheque a favor del Banco.

A pesar de estar girados los cheques a favor del Banco como primer beneficiario, los mismos fueron abonados en diferentes cuentas de personas naturales, por un error dentro del proceso de certificación de dichos títulos valores.

Como consecuencia de lo anterior, las declaraciones de importación no fueron efectivamente pagadas a la DIAN y, por esta razón, las mercancías amparadas con tales declaraciones de importación podrían estar sujetas a aprehensión por parte de la autoridad tributaria, a pesar de haber recibido el levante, mediante el acto por el cual la misma autoridad permite a los Clientes la disposición de la mercancía.

Para solucionar tal situación y, como quiera que la autoridad aduanera aún no ha emitido acta de aprehensión, los Clientes pueden presentar las correspondientes declaraciones de legalización, pagar los tributos aduaneros debidos y una sanción correspondiente al 20% del valor en aduana de las mercancías por concepto de rescate voluntario y la sobretasa aduanera de que trata la Resolución 29 de 2001, la cual, equivale al 1.2% del valor FOB declarado (...) (fl. 437-440 cdno. 9).

— La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resoluciones 7929 y 7930 de 7 de septiembre de 2001, (i) aceptó las declaraciones de legalización con fechas de 28 de junio y 14 de agosto de 2001, con las cuales se cancelaron tributos aduaneros, IVA, sanciones y tasa especial por servicios aduaneros por un total de $594.882.207 y $230.228.898; (ii) declaró que las mercancías descritas en las declaraciones de importación quedan legalizadas y en libre disposición del importador y (iii) ordenó notificar a las sociedades anónimas Prosis y Procálculo y al Banco Colpatria (fl. 443-454, 808-819 cdno. 9).

— La Subdirectora de Recaudación le puso de presente a la Directora de Impuestos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales las irregularidades o inconsistencias presentadas en el Banco Colpatria, las cuales darían lugar a la suspensión temporal o la terminación de la autorización de recaudo a través del sistema Siglo XXI.

De manera atenta pongo en su conocimiento y consideración algunas irregularidades e inconsistencias que se vienen presentando en el desarrollo del convenio de recaudo con el Banco Colpatria (...), a fin de tomar las acciones a que haya lugar:

Incorrectautilizacióndelaopcióndecreacióndeusuariosdeldelegado de cuenta para la aplicaciónSigloXXI, vulnerando la seguridad del sistema como consecuencia de la creación de un usuario ficticio desde el cual se transmitió al sistema Siglo XXI información sobre algunas declaraciones que tuvieron sus efectos aduaneros en el levante de mercancías, cuyos autoadhesivos según informa el Banco no fueron generados por esa entidad, por lo que se presumen falsos. Este hallazgo está debidamente documentado en el expediente SA-2001-2001-0014-RMPB que se adelanta por parte de la Subdirección de Fiscalización Aduanera y la correspondiente denuncia penal presentada el 22 de febrero de 2001, con radicado 928 de la Fiscalía 22, es importante aclarar que la competencia para la asignación de las claves de los delegados de cuenta, radica en el grupo análisis, programación y administración del sistema informático de la Subdirección de Comercio Exterior.

Desviacióndelosdinerosrecaudadoshaciacuentasdiferentes como pudo comprobarse en el caso anterior, ya que el usuario aduanero aportó fotocopias de los cheques girados correctamente, es decir, a nombre de la entidad recaudadora y finalmente se comprobó que el canje se hizo efectivo en cuenta diferente a la del beneficiario del cheque.

FrecuenteocurrenciadefraudesenautoadhesivoscorrespondientesalasucursalSalitre, utilizados en recibos por valores insignificantes y posteriormente empleados en declaraciones de importación falsas.

Descuidoalreportarlaanulacióndeautoadhesivos, perjudicando otras entidades recaudadoras, pues anularon desde el código 19 hasta el 49, afectando seriamente los procesos de recepción en línea, validación, contabilización de la cuenta corriente contribuyentes.

Elevadonúmerodeinconsistenciasenlaconciliaciónbancaria, tanto en las administraciones de impuestos como de aduanas, las cuales presentan diferencias entre las cifras de recaudo y los valores consignados en el Banco de la República, generando mayores o menores valores consignados pendientes de compensar, pese a la gestión que se viene adelantando en las administraciones con la coordinación de la división control a entidades recaudadoras.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y de acuerdo a la normatividad vigente, se pueden tomar acciones como suspender la autorización para el recaudo a través de Siglo XXI, suspender temporalmente la autorización para el recaudo hasta tanto demuestren haber solucionado todas las inconsistencias o considerando la gravedad de las faltas cometidas, dar aplicación al artículo 677 del Estatuto Tributario, proponiendo al señor Ministro de Hacienda la exclusión definitiva de la autorización para el proceso de recepción y recaudo (fl. 3-4 cdno. 10).

— El 1º de marzo de 2002, la Directora de Recaudos Especiales del Banco Colpatria en escrito de descargos enviado al Jefe de División de Investigaciones Especiales de la Dirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN, señaló que (i) el sticker por el que se le pregunta no fue generado por la entidad y (ii) los usuarios para la transmisión de datos en el sistema Siglo XXI no están habilitados para borrar registros de la base de datos.

De acuerdo con su solicitud y no obstante saber de antemano que el número de sticker al que hace referencia no corresponde a los emitidos por el Banco, no hemos tomado el tiempo de revisar los archivos históricos de nuestro sistema de caja y el sistema Siglo XXI, confirmando los resultados que ese número no fue generado por el Banco y, por lo tanto, no hay ningún documento recibido con dicho sticker.

(...) Adicionalmente, atiéndase que de haber consolidado tal registro los documentos soportes de la maniobra hubiesen sido recibidos en el área de Recaudos Especiales y de acuerdo con el trámite establecido con la DIAN estos hubieran sido enviados allí, así como el valor del pago consignado en su oportunidad.

Entonces, reitero, si un registro ha sido transmitido correctamente, el Banco debe consignar a la DIAN el valor recibido y remitir copia del formulario correspondiente; de pasar por alto los últimos pasos referidos se generaría una inconsistencia que debería ser detectada y reportada oportunamente por tal entidad.

Su comunicación refiere expresamente “Aunque se trató de borrar dicho pago del sistema, este si aparece registrado en la bitácora de aplicación que almacena las transacciones de estados de los documentos del sistema”. Al respecto se precisa que los usuarios de las entidades financieras definidos para la transmisión de la información a la DIAN no tienen ningún privilegio en el sistema siglo XXI que les permita borrar registros. Su disponibilidad está limitada a transmitir registros y consultarlos. Así las cosas, se determina que es imposible que se haya borrado (o intentado borrar) el registro aludido desde el Banco por el usuario encargado de la transmisión, la única posibilidad de que ello haya ocurrido es con la intervención de alguien con los privilegios de acceso suficientes a los archivos de la DIAN, para intentar la acción de borrado (fl. 8-9 cdno. 10).

— El Fiscal Doscientos Cincuenta y Seis de la Unidad Primera de Delitos contra la Seguridad Pública, Salud Pública y otros, a través de la providencia de 31 de diciembre de 2002, profirió resolución de acusación en contra del señor Carlos Alberto Martínez Astudillo como presunto autor responsable del delito de concierto para delinquir, en concurso material real y sucesivo con falsedad y estafa.

Dicha organización se dedicaba a conseguir documentación falsa en donde no solo se aportaba documentos de identificación de terceras personas, sino que se aportaba recomendaciones comerciales carentes de validez y que una vez abiertas las cuentas corrientes se procedía al sobregiro moderado, luego procedían a un sobregiro mayor, el cual nunca era cubierto, ya que dicho personaje nunca más aparecía y los papeles aportados resultaban ser falsos.

Para ello contaban con la aquiescencia del sindicado Carlos Alberto Martínez Astudillo, quien laboraba como gerente de la agencia Salitre.

(...) La anterior relación no sólo lo menciona el informe de Policía, sino las interceptaciones telefónicas y la misma injurada de José Vicente, quien de manera pura y simple indica la vinculación a dicha empresa delictiva de Carlos Alberto Martínez Astudillo, sin que por ello se hubiera obtenido algún beneficio punitivo (tal como lo menciona la defensa), indica que estos hechos eran conocidos por el sindicado que nos ocupa.

(...) Los informes que vertieran de los investigadores adscritos a la DIJIN, como prueba documental anexa, acredita la existencia de una organización o empresa criminal, con permanencia en el tiempo, cuya finalidad era violar diversos bienes jurídicamente protegidos, de manera reiterada, existiendo pleno acuerdo de voluntades, incluso formal división de trabajo para cada uno de los miembros de dicha banda criminal, evidenciándose así que un grupo de personas venía en forma cohesionada adelantando una serie de conductas tendientes a defraudar a la entidad bancaria Colpatria.

(...) Edificando con ello una estafa a la entidad bancaria que disfrazaba el sindicado Carlos Alberto Martínez Astudillo con documentación falsa y permitiendo el sobregiro de dicha cuenta, sin que sea necesario que este hubiera obtenido un beneficio, ya que la norma permite que el beneficio sea para sí o para un tercero (fl. 22-37 cdno. 6).

— El Fiscal Sexto de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante providencia de 17 de enero de 2003, profirió resolución de acusación en contra del señor Edgar Galeano Vásquez como presunto autor responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.

En lo concerniente al punible de concierto para delinquir, se tiene que la concurrencia de elementos comunes, unen a Galeano con otro sujeto cuya conducta en la actualidad se investiga, este es Alexis Benavides, quien pese a sostener Galeano desconoce, le aparece cheque en la cuenta corriente de Aducom Ltda girado por el citado Benavides, como lo pudo verificar el despacho en diligencia de inspección judicial obrante a folios 110 a 112 del cuaderno original Nº 4.

Esos elementos comunes, tales como las actividades desarrolladas por dichos sujetos, así como la presencia en la cuentas corrientes de las cuales son titulares directamente o por interpuesta persona, de cheques girados por las sociedades Prosis S.A. y Procálculo S.A., la existencia de cuentas corrientes de los mencionados Galeano a través de Aduacom Ltda y Benavides en el Banco Colpatria y la modalidad criminal para la realización de los ilícitos, determinan con claridad, la existencia de un acuerdo o un concierto para delinquir.

Es claro que la red delictiva, no sólo estuvo integrada por Galeano y Benavides sino por sujetos vinculados a sociedades de intermediación aduanera y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, razón por la cual se ordenó oportunamente la ruptura de la unidad procesal.

Ahora bien, la cadena indiciaria grave por demás, el interés para delinquir, lleva al despacho a concluir, la responsabilidad de Galeano en el punible de falsedad en documento privado en forma sucesiva.

En el anterior orden de ideas, es ostensible además del incremento patrimonial registrado por Galeano Vásquez, a través de su sociedad Aduacon Ltda., incremento por demás injustificado y que se deriva de actividades ilícitas como la manipulación y utilización de documentos falsos que no solamente sirvieron para tratar de amparar el ingreso de mercancías al país y defraudar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante una concertada actuación con otros sujetos, sino que como se ha anotado, incurrió en el punible previsto en el hoy artículo 323 del Código Penal, esto es, lavado de activos.

Pero, además, del vínculo mencionado, es notorio que los cheques destinados a pagar los tributos aduaneros y que se han investigado, fueron consignados en las cuentas corrientes de Aduacom Ltda, sociedad de la cual es representante legal Galeano Vásquez, a quien recordamos, depositó con la misma consignación dos cheques; uno por la suma de ciento noventa y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y un pesos ($194.363.781), girado al Banco Colpatria por la firma Procálculo para el pago de tributos aduaneros y otro por dos millones doscientos cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos ($2.248.720), girado por Alexis Benavides a Aduacom Ltda (fl. 1-15 cdno. 6).

— El peritaje elaborado por la firma Price Waterhouse Coopers-Asesores Gerenciales Ltda concluyó que el sistema Siglo XXI no cumple con los estándares de seguridad definidos en las mejores prácticas de la industria informática, por cuanto (i) no garantiza que el emisor de los mensaje sea realmente la persona autorizada para ello; (ii) no guarda las direcciones IP de quienes se conectan satisfactoriamente o tienen intentos fallidos de ingreso. Tampoco tiene pistas de datos que muestren quién ingresó, cuándo y de dónde; (iii) no permite determinar si un registro fue puesto en la base de datos por un usuario no autorizado; (iv) las claves de un usuario pueden ser fácilmente descubiertas; (v) el usuario administrador no tiene password y (vi) los mensajes transmitidos pueden ser fácilmente manipulables por parte de funcionarios que tengan conocimiento de administración del SQL.

Actualmente la DIAN cuenta con dispositivos de seguridad como el Firewall, un Radius, encriptación en un segmento y enrutadores. Sin embargo, estos elementos de seguridad comparados con las mejores prácticas no minimizan riesgos tan importantes como el “No repudio de la información”, es decir, que se pueda garantizar que el emisor de un mensaje es la persona realmente autorizada para ello.

Esto se garantizaría con un esquema de firmas y/o certificados judiciales.

(...) No se observó que el sistema guarde datos como la dirección IP origen, fecha, hora de las conexiones satisfactorias y de los intentos fallidos de conexión.

No encontramos evidencia de registros de actividad de los usuarios del sistema Siglo XXI. Es decir, al momento de nuestra evaluación no existían Log’s (pistas de datos) que muestre quien ingresó al sistema, cuando y desde donde.

(...) En la DIAN no existe un mecanismo que garantice que la información que aparece como enviada por un usuario haya sido enviada realmente por ese usuario. Aunque se cuenta con un esquema de autenticación en el cual la clave viaja cifrada, no se cuenta con un esquema de firmas y/o certificados digitales que permita garantizar la no repudiación de la información.

(...) Aunque existe un procedimiento donde la DIAN entrega a las entidades financieras usuarios válidos que están autorizados para conectarse desde cada entidad a la DIAN, este no es un mecanismo suficiente y seguro que nos permita concluir que un registro no fue puesto en la base de datos Siglo XXI por otro usuario que no es el autorizado.

(...) Las características de seguridad de la solución Siglo XXI no se adecúan a las mejores prácticas de la industria informática. En nuestra validación se pudo observar que los usuarios no tienen habilitadas las siguientes características de seguridad:

— Fecha de expiración

— Restricción de tiempo

— Restricción de Dirección IP

— Restricción de intentos fallidos de autenticación

— Restricción de número de sesiones permitidas

— No está activada la opción de security

(...) De acuerdo a las características de seguridad de Siglo XXI, las claves de un usuario podrán ser fácilmente descubiertas por un tercero que cuente con las herramientas necesarias para realizar un acceso no autorizado.

(...) El password llega cifrado a la entidad financiera a la puerta de entrada de la Red de la DIAN, que llamamos Firewall (elemento de seguridad en la red de la DIAN). Una vez pasa el Firewall y el equipo Rradius (que lo autentica, es decir, valida que sea el password asignado al usuario), entra a la red interna de la DIAN. Una vez adentro está descubierto para quien decidiera tratar de conocerlo.

(...) Los servidores que soportan la operación del sistema Siglo XXI de la DIAN no cumplen con los estándares de seguridad definidos en las mejores prácticas de la industria.

En nuestra visión pudimos evidenciar la presencia de usuarios genéricos y servicios habilitados que no prestan ningún tipo de utilidad y que pueden ser utilizados por intrusos. Además observamos que en la base de datos SQL, el usuario administrador SA (usuario privilegiado dentro del sistema) no tiene password.

(...) Una vez se obtuvo acceso a los registros de auditoría del sistema Siglo XXI de la DIAN, se realizó la búsqueda del autoadhesivo número 1904701371324-1, para el cual existe un log de transacción que contiene los siguientes datos:

(...) Se observaron los registros de auditoria en el sistema SQL (base de datos), lo cual nos permitió verificar que el log muestra texto en claro (los datos se leen fácilmente) y provee información que puede ser fácilmente manipulable por personal que tenga conocimiento de administración del SQL. También cabe anotar que en nuestra revisión de seguridad de los servidores SQL pudimos evidenciar que la clave del usuario administrador de la base de datos SQL (usuario con todos los privilegios para accesar y modificar la base de datos) se encuentra en blanco, aspecto que va en contra de las mejores prácticas de la industria.

Adicionalmente, no encontramos Log’s de comunicaciones que es el que permitiría revisar o evidenciar desde que equipo fue originado el mensaje enviado a la DIAN. Aún a hoy no puede conocerse con certeza desde donde se originó la transacción que llega a Siglo XXI (fl. 1-24 cdno. 4).

3. Problema jurídico.

Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad administrativa de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque su sistema de recaudo Siglo XXI no cumple con los estándares de seguridad definidos en las mejores prácticas de la industria informática, lo que generó que usuarios no autorizados (i) hicieran uso de la clave de la entidad bancaria demandante; (ii) ingresaran al programa para transmitir el pago de declaraciones de importación falsas; (iii) obtuvieran el levante o nacionalización de mercancías; (iv) reversaran o borraran las evidencias del ilícito en la base de datos y (v) finalmente, hurtaran el dinero que las sociedades anónimas Prosis y Procálculo habían destinado para cubrir el pago de esas tributación. Situación que generó que el Banco Colpatria entrara a responder y a reparar, de forma integral, a las aludidas sociedades anónimas, ya que en su condición de cuentacorrentistas, confiaron en la entidad para el pago de sus obligaciones con la DIAN.

4. Análisis de la Sala. 

En el sub judice se encuentra acreditado que el Banco Colpatria celebró dos contratos de transacción con las sociedades anónimas Prosis y Procálculo —de 14 de junio y 6 de agosto de 2001—, con los cuales buscó repararlas, de forma integral, porque sus declaraciones de importación no fueron canceladas y los cheques girados para el efecto fueron abonados por “error” a las cuentas del señor Alexis Benavides Gutiérrez, de Distripartes Ltda y de Aduacom Ltda, lo que implicó la pérdida de recursos -$294.294.213 y $116.754.165 y el pago del 20% de las mercancías en aduana por concepto de rescate voluntario —$283.658.573 y $107.113.912.41— y de la sobretasa aduanera de que trata la Resolución 29 de 2001 —$16.964.907 y $6.361.355.19—.

El banco demandante considera que el no pago de las declaraciones de importación obedeció a que el sistema Siglo XXI es inseguro y vulnerable, tal como lo corroboró el peritaje que efectuó la firma Price Waterhouse Coopers-Asesores Gerenciales Ltda, en el cual se concluyó que ese programa no cumple con los estándares de seguridad definidos en las mejores prácticas de la industria informática, por cuanto (i) no garantiza que el emisor de los mensaje sea realmente la persona autorizada para ello; (ii) no guarda las direcciones IP de quienes se conectan satisfactoriamente o tienen intentos fallidos de ingreso. Tampoco tiene pistas de datos que muestren quién ingresó, cuándo y de dónde; (iii) no permite determinar si un registro fue puesto en la base de datos por un usuario no autorizado; (iv) las claves de un usuario pueden ser fácilmente descubiertas; (v) el usuario administrador no tiene password y (vi) los mensajes transmitidos pueden ser fácilmente manipulables por parte de funcionarios que tengan conocimiento de administración del SQL.

Falencias que, en su criterio, permitieron que personas inescrupulosas con fines claramente delictivos (i) hicieran uso de la clave de la entidad; (ii) ingresaran al sistema Siglo XXI para transmitir el pago de declaraciones de importación falsas; (iii) obtuvieran el levante o nacionalización de mercancías y (iv) reversaran o borraran las evidencias del ilícito en la base de datos, lo que a la larga impidió esclarecer lo sucedido y conocer, en su totalidad, los integrantes de la red criminal que intervino.

Y, finalmente, determinaron a la Red Multibanca Colpatria a sufrir un detrimento económico de $283.869.315, suma que se obtiene de deducir del monto reconocido en el contrato de transacción de 14 de junio de 2001 —$594.917.693— para compensar, de forma integral, a las sociedades anónimas Prosis y Procálculo, lo que cubrió la Compañía de Seguros Alfa S.A., a través de la póliza global bancaria —$311.048.378—.

En este punto, es necesario puntualizar que la demanda sólo hace alusión al detrimento afrontado por el Banco Colpatria con ocasión de uno de los dos contratos de transacción suscritos con las sociedades anónimas Prosis y Procálculo, esto es, el de 14 de junio de 2001.

En el aludido contrato de transacción de 14 de junio de 2001, se aceptó que las sociedades anónimas Prosis y Procálculo giraron, para el pago de declaraciones de importación, cheques a favor del Banco Colpatria con sello restrictivo de “Páguese únicamente al primer beneficiario”, los cuales “fueron abonados en diferentes cuentas (...), por un error dentro del proceso de certificación de dichos títulos valores”.

De las pruebas obrantes en el plenario se establece que (i) las declaraciones de importación de las sociedades anónimas Prosis y Procálculo tienen sellos de “Recibido con pago” que no son lo que originalmente utiliza la Red Multibanca Colpatria para avalar este tipo de operaciones. Además, los stickers o autoadhesivos contienen información inconsistente en cuanto al cajero y a los seriales, pues no fueron asignados a la oficina recaudadora –Salitre- ni a ninguna otra y (ii) los cheques destinados para cubrir la anterior tributación fueron abonados a las cuentas del señor Alexis Benavides Gutiérrez y de las firmas Distripartes Ltda y Aduacom Ltda, pese a que el pago de los mismos estaba restringido exclusivamente al beneficiario, esto es, al Banco Colpatria.

Lo anterior, dejó al descubierto las siguientes inconsistencias:

— El cliente cometió errores en su emisión debido a que, si esos fondos estaban destinados para pagar impuestos de importación, los cheques los debió girar a favor de la DIAN y no del Banco Colpatria, ya que teniéndose como beneficiario al Banco, se da a entender que se está pagando una obligación y no unos impuestos.

— Los cajeros que recibieron estas consignaciones fallaron al aceptar estos recaudos, en razón a que, no obstante ser el beneficiario de dichos cheques el Banco los acreditaron a una cuenta de una persona natural, con el agravante de que se certificaron a la cuenta del primer beneficiario cuando esto no era verdad.

Y evidenció que el gerente de la oficina Salitre del Banco Colpatria, señor Carlos Alberto Martínez Astudillo, (i) ordenó a los cajeros certificar los cheques como consignados a la cuenta del primer beneficiario para que entraran en proceso de canje; (ii) autorizó sobregiros al señor Alexis Benavides Gutiérrez y a la firma Distripartes Ltda por valor de $21.000.000 y $10.000.000, respectivamente, los cuales no se habían podido recuperar e (iii) incurrió en otra serie de irregularidades (aperturas de cuentas con soportes dudosos, más sobregiros, faltantes en caja, informes falsos de regularización de cuentas) que ameritaban investigaciones administrativas y penales, así como la adopción de medidas que evitaran este tipo de procederes.

La Red Multibanca Colpatria efectuó un informe pormenorizado al Fiscal de la investigación —Veintidós Seccional Adscrito a la DIAN— de las irregularidades o inconsistencias cometidas por el señor Carlos Alberto Martínez Astudillo, cuando fungió como director de la oficina Salitre y le dio a conocer sobre la captura de varias personas integrantes de una red que se dedicaba a cometer fraudes y tenía en su poder sellos y papelería de uso exclusivo del banco (tarjetas de registro de firmas, solicitudes de apertura de cuentas corrientes y tarjetas de crédito, hojas membreteadas, etc.).

Uno de los detenidos vinculó en la empresa delictiva al señor Carlos Alberto Martínez Astudillo y, mediante providencia de 31 de diciembre de 2002, el Fiscal Doscientos Cincuenta y Seis de la Unidad Primera de Delitos contra la Seguridad Pública, Salud Pública y otros profirió en su contra resolución de acusación por el delito de concierto para delinquir, en concurso material real y sucesivo con falsedad y estafa.

Para la Sala, la causa eficiente, próxima o idónea del detrimento económico afrontado por el Red Multibanca Colpatria —$283.869.315— es la pretermisión de la normativa que regula lo relativo a la circulación de los cheques y de los propios procedimientos bancarios y no las falencias de seguridad o vulnerabilidad del sistema Siglo XXI.

Lo anterior es así, por cuanto en los contratos de transacción suscritos con las sociedades anónimas, el Banco Colpatria afirmó que los cheques, pese a estar girados a su favor, “fueron abonados en diferentes cuentas de personas naturales, por un error dentro del proceso de certificación de dichos títulos valores”.

Para evidenciar lo anterior, es preciso evidenciar que, a pesar de que los cheques son instrumentos con vocación circulatoria, estos pueden ser restringidos en su negociabilidad, tal como lo prevén los artículos 630 y 715 del Código de Comercio:

ART. 630.—Prohibiciones al tenor de cambio en la forma de circulación de un título-valor. El tenedor del un título-valor no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del creador del título.

ART. 715.—Limitación en la negociabilidad de los cheques. La negociabilidad de los cheques podrá limitarse insertando en ellos una cláusula que así lo indique.

Los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley, sólo podrán cobrarse por conducto de un banco.

La Corte Suprema de Justicia señaló que los cheques pueden estar restringidos en su negociabilidad de forma absoluta o relativa(4). “Lo uno acontece cuando se trata de un ´cheque no negociable´, evento en el cual, además de no poderse negociar, su tenedor legítimo solo puede cobrarlo por conducto de un banco y no por ventanilla (C. Co. art. 715 inc. 2º), tal como acontece con los cheques a los cuales se les inserta la cláusula correspondiente (v.gr. ´no negociable´, ´este cheque no es negociable´) o lo dispone la ley, como ocurre con ´el cheque expedido o endosado a favor del banco librado´ (art. 716 C. Co.(5)). Y lo otro sucede con la restricción que sólo afecta a la negociabilidad misma del cheque y no la presentación y forma de cobro, tal como ocurre cuando se le incluye la cláusula o leyenda ´páguese únicamente al primer beneficiario´, caso en el cual este último no puede negociarlo y sólo él puede cobrarlo, bien en forma directa presentándolo en la ventanilla o bien por conducto de un banco a través de la cámara de compensación".

Las restricciones de negociabilidad de los cheques y, en particular, la relativa al abono en la cuenta del primer beneficiario, buscan impedir que un tercero reclame el importe del título valor. Dichos instrumentos no pueden ser negociados por el beneficiario y su pago se atiende solo mediante la consignación efectuada por éste en su cuenta, recaudo que se hace a través de la Cámara de Compensación.

Respecto del canje y del procedimiento para el pago de dichos cheques, los literales c) y d) del numeral 2.10 del Capítulo Primero del Título III de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia Bancaria (C.E. 007/96) indica:

c. Canje de cheques con negociabilidad restringida.

Todaentidadfinancieraautorizadaporlaleypararecibirchequesenconsignaciónconcláusuladenegociabilidadrestringidadeberáhacerunarevisióncuidadosadeltítulo,desdeelpuntodevistaformal,conelpropósitodeverificarsidequienlorecibeoeltitulardelacuentaenlacualestáconsignando,esellegitimadoparaejercerelderechoincorporadoeneltítulorespectivo. 

Enestostérminoscuandounaentidadcrediticiaenvíeporcanjechequesconnegociabilidadrestringida,consignadosenlascuentasdesusclientes,deberáhabercertificadoalbancolibradoqueeltítulofueconsignadoenlacuentadelprimerbeneficiario,mediantelaimposicióndelsellomecánicoenelqueseindiquetalcircunstancia(ejemplo:“Certifícaseconsignacióndeestechequeencuentadelprimerbeneficiario”).

Respecto de los cheques consignados en cuentas abiertas en corporaciones de ahorro y vivienda, o en otras entidades autorizadas por la ley para recibir cheques en consignación (cooperativas de ahorro y crédito, y otros), la certificación que éstas hagan surtirá efectos ante el banco que reciba el documento para presentarlo al canje y ante el banco librado.

Es de anotar que la devolución del instrumento a la entidad consignataria, en el evento de haberse omitido la certificación, no puede afectar al tenedor legítimo del título, en el entendido de que dicha causal es de uso meramente interbancario.

De otra parte, la Superintendencia considera que los bancos no deben solicitar como requisito obligatorio que los cheques con cláusula restrictiva de la negociabilidad presentados para el cobro a través del mecanismo de la Cámara de Compensación, además de contener el sello de certificación de que trata el presente subnumeral, contengan la firma del funcionario que en el establecimiento de crédito se encarga de imponer las certificaciones respectivas.

Enefecto,lafirmadelfuncionarioencargadodeestasfuncionespuedeserestablecidacomomedidadecontrol,tendienteaestablecerresponsabilidadesadministrativasinternas,puestoquefrentealbancolibradoyalosdemásterceroseselbancoconsignatarioolacorporacióndeahorroyviviendarespectivas(comopersonajurídica),elresponsabledeunaindebidacertificación. 

Elincisofinaldelartículo6o.delosacuerdosinterbancariosvigentes,cuyasdisposicionesdebeobservarelbancolibrado,claramentedisponeque,"...enloschequesnonegociablesporcualquiercausa,salvolosfiscalesrespectodeloscualesseaplicaránlasdisposicioneslegalesvigentes,seutilizaráporelestablecimientodecréditoquerecibeymandaalcanjeelinstrumentoolocobradirectamentealbancolibrado,unselloquediga:‘Certifíqueseconsignacióndeestechequeencuentadeprimerbeneficiario’;elestablecimientodecréditoqueimpongaelselloseharáresponsable,frentealbancolibrado,eneleventodequeeltítuloseapagadoapersonadiferentedeltenedorlegítimo".

En tal virtud, la exigencia de la firma autógrafa en el asunto analizado, además de contribuir a dilatar el canje de cheques con negociabilidad restringida, desvirtúa la función y el objeto de la Cámara de Compensación.

d. Procedimiento para el pago de cheques con negociabilidad restringida y para abono en cuenta.

El cheque para abono en cuenta, como todo cheque, es en principio negociable, salvo que expresamente se limite su circulación por medio de una cláusula en tal sentido.

Ahora, si bien es cierto que el cheque para abono en cuenta y el cheque no negociable tienen características comunes, también es cierto que sus diferencias específicas justifican un tratamiento diferente en cuanto a la forma de pago se refiere en los siguientes aspectos:

Tratándosedechequescuyanegociabilidadseharestringidocualquieraquesealacláusulautilizadaparatalefecto,ellibradosolopodráefectuarunpagoválidoenlamedidaqueloefectúealtenedorlegítimodelinstrumentobiendirectamenteoporconductodeotrobancotalcomodisponeelartículo715delCódigodeComercio,yaseaporventanillaoatravésdelacámaradeCompensaciónysinqueexistaobstáculolegalalgunoparaqueeltenedordeltítulorecibasuimporteenefectivoomedianteunabonoensucuentacorrienteenelbancoendosatario.

Tratándose de cheques con la cláusula "Para abono en cuenta", estos podrán circular libremente siempre y cuando no se restrinja su negociabilidad además de haberse restringido su forma de pago y solo constituirá un pago válido aquél que no se realice en efectivo sino mediante un asiento contable en la cuenta corriente o de ahorros que el tenedor lleve en el banco librado, en otro banco o en una corporación de ahorro y vivienda.

Así mismo y en la medida de lo posible considera esta Superintendencia que sería importante que las entidades hagan conocer a su clientela las diferencias ya anotadas entre estas dos especies de cheques con el objeto de evitar equívocos en la cláusula a utilizar cuando lo que se pretenda restringir por el librado del título sea su negociabilidad y no su forma de pago.

Respecto del pago de este cheque especial, el artículo 737 del Código de Comercio, dispone que no podrá ser en efectivo, sino exclusivamente por medio de un asiento contable que acredite la cuenta del tenedor, sin embargo, no especifica la naturaleza de la cuenta donde debe acreditarse el monto del cheque, aunque en ocasiones se ha estimado que el pago debe efectuarse mediante el abono en la cuenta corriente bancaria que el tenedor tenga en el banco librado, ninguna norma circunscribe a esta clase de cuentas.

Debe admitirse por lo tanto, que tal asiento contable podrá hacerse en una cuenta corriente bancaria o en una cuenta de ahorros. Si el tenedor posee una cuenta, corriente o de ahorros, en el banco librado, este procederá a acreditar dicha cuenta.

Si el tenedor del cheque para abono en cuenta no posee una cuenta corriente o de ahorros en el banco librado, puede endosar el cheque en procuración al banco donde sea titular de una de estas cuentas, para que este último lo presente al cobro ante el banco librado.

En tal evento, el banco librado puede aceptar que el banco intermediario actúe en calidad de mandatario suyo para el pago; celebrándose entonces un contrato de mandato comercial entre los dos bancos, regido por el artículo 1262 y siguientes del Código de Comercio. El objeto de dicho contrato consistirá en la obligación que asume el banco intermediario de hacer, por cuenta del banco librado, un asiento contable en sus propios libros, abonando de esta forma el importe del cheque en la cuenta del tenedor.

El banco intermediario actuará como mandatario del tenedor para el cobro del cheque (C. Co. art. 658), y como mandatario el banco librado para el pago del título (C. Co. art. 1262).

Así las cosas, estima este despacho que el pago de un cheque "para abono en cuenta" a través de un banco endosatario para el cobro no desvirtúa la finalidad de dicha cláusula y sí, por el contrario, constituye un mecanismo mucho más expedito para que el tenedor de esa especie de cheques pueda obtener efectivamente su pago, sin pretender para ello que se encuentre obligado a abrir cuenta en el banco librado ni que este a su vez se encuentre obligado a abrir cuenta a todo tenedor de esta especie de cheque.

Por tal razón, el pago de cheques para abono en cuenta a través de un banco intermediario constituirá un pago válido siempre que este se realice mediante abono en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros que lleve el tenedor en el establecimiento bancario correspondiente.

Las anteriores medidas, para garantizar el desembolso adecuado de títulos con restricciones en su negociabilidad consignados en entidades vigiladas, atiende, entre otros criterios, la responsabilidad que frente al pago efectuado irregularmente contempla el artículo 738 del Código de Comercio:

ART. 738.—Responsabilidad del librado por pago irregular. El librado que pague en contravención a lo prescrito en los artículos anteriores, responderá por el pago irregular.

Así las cosas, la certificación exigida en el proceso de canje sólo puede ser emitida por aquella entidad con la cual se ha celebrado el respectivo contrato de cuenta, considerando que ésta, como ejecutora del mismo, es a quien corresponde verificar las condiciones de circulación del título y la legitimidad de quien pretende exigir su importe, en atención a la misma naturaleza de la cláusula restrictiva (para abono en cuenta del primer beneficiario).

En el sub judice a la Red Multibanca Colpatria como ejecutora de las cuentas corrientes de las sociedades anónimas Prosis y Procálculo le correspondía (i) verificar las condiciones de circulación de los cheques girados por éstas y (ii) corroborar y garantizar la legitimidad de quien quería exigir su importe y, como no lo hizo, por cuanto uno de sus empleados certificó la consignación de los títulos valores en cuentas que no correspondían al beneficiario, debe asumir las consecuencias del pago irregular y asumir el detrimento económico afrontado.

Por lo expuesto, la Sala habrá de confirmar la decisión denegatoria del a quo.

5. Costas.

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el trámite del proceso, actuación temeraria de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda a decretarlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia de 12 de julio de 2006, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección B.

Sin condena en costas.

Ejecutoriada la presente sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de primera instancia para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Para el momento de presentación (2002) la cuantía establecida para que un proceso tuviera vocación de segunda instancia era de $36.950.000 y la pretensión mayor consignada en la demanda corresponde a la suma que el Banco Colpatria debió efectivamente pagar a las sociedades anónimas Prosis y Procalculo ($283.863.315).

2 La prueba documental que soporta los hechos probados fue allegada por el Banco Colpatria o solicitada por éste y allegada por la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

3 Por la cual se dictan disposiciones para el proceso de recepción de las declaraciones y el recaudo de los impuestos, anticipos, sanciones, intereses y demás tributos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4 Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 1991.

5 ART. 716.—Limitación de la negociabilidad de cheques girados a favor del banco librado. El cheque expedido o endosado a favor del banco librado no será negociable, salvo que en él se indique lo contrario.