Sentencia 2002-01214 de diciembre 13 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “B”

Consejero Ponente:

Danilo Rojas Betancourth

Bogotá, D.C., 13 de diciembre de 2017.

Exp.: 44 227

Rad.: 050012331000200201214 01

Actor: David Alexánder Salazar Quintero y otros.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

Ref.: Reparación directa

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Competencia.

6. El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 40 de la Ley 446 de 1998, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia en razón de su cuantía, determinada en este caso, por la suma de la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda en aplicación del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010(1), norma procesal vigente para el momento en que se ejerció la alzada(2).

II. Legitimación en la causa.

6.1. Si bien la entidad adujo en su defensa que no debió ser convocada por los hechos acaecidos (fl. 29, cdno. ppal.), contrario a lo aducido, obra dentro del plenario oficio emanado del comandante de policía de La Pintada-Antioquia en el que pone de manifiesto que los hechos objeto de la presente demanda ocurrieron en frente de la estación de policía, en donde se vio implicado uno de sus agentes, de cuya arma de dotación salió el disparo con el que resultó lesionado David Alexánder Salazar Quintero, razón por la que evidentemente constituye la parte pasiva que debía ser convocada como dentro de la presente acción, a fin de que se determine si le asiste o no responsabilidad con ocasión de lo ocurrido el 28 de marzo de 2000, aspecto que se analizará de fondo en esta sentencia.

III. Ejercicio oportuno de la acción

6.2. De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.

6.3. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ésta se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la responsabilidad administrativa que se demanda, se originó en las lesiones ocasionadas por un agente de policía al señor David Alexánder Salazar Quintero la noche del 28 de marzo de 2000 y la demanda de reparación directa de la referencia fue radicada ante la oficina judicial del Tribunal Administrativo de Antioquia el primer día hábil siguiente, esto es, el 1º de abril de 2002 (fl. 24, cdno. ppal.), por lo que se encuentra en término.

IV. Validez de los medios de prueba.

7. A propósito de las pruebas que militan en el proceso, la Sala considera necesario aclarar que éstas, en su totalidad fueron solicitadas oportunamente por la parte actora, debidamente decretadas por el a quo y arribadas en su mayoría por diversas dependencias de la entidad demandada, por lo que en cuanto a estas últimas será valorado plenamente su contenido en atención a la presunción de veracidad y autenticidad que les otorgan los artículos 252 y 264 del Código de Procedimiento Civil, al emanar tales documentos de una autoridad pública en ejercicio de sus funciones.

8. De conformidad con lo establecido en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, se valorarán las documentales útiles y conducentes(3) aportadas en originales y copia auténtica por la parte actora junto con la demanda, esto es, los registros civiles de nacimiento y los reconocimientos medico legales practicados al demandante entre los años 2000 y 2002, comoquiera que luego de su decreto no fueron controvertidos en modo alguno por la contraparte a fin de enervar el alcance de su contenido, lo anterior en atención del criterio establecido por la Sala Plena de Sección Tercera(4) y por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado(5), en virtud del cual, cuando las reproducciones informales de documentos han obrado en el plenario a lo largo del proceso y han sido susceptibles de contradicción por las partes sin que éstas las tachen de falsas, pueden ser plenamente valorados y resultan idóneos para formar la convicción del juez frente a los hechos materia de litigio, pues lo contrario desconocería los principios de buena fe, acceso a la administración de justicia y prevalencia del derecho sustancial, así como las nuevas tendencias del derecho procesal.

9. Ahora, es del caso precisar, que las pruebas documentales trasladadas del proceso penal militar Nº 5412 adelantado contra el agente retirado Jovanny Ernesto Rodríguez Torres por las lesiones ocasionadas a David Alexánder Salazar Quintero, podrán valorarse plenamente en este proceso sin necesidad de ratificación por cuanto fueron solicitadas por la parte actora y practicadas en el proceso primigenio con citación o audiencia de la parte contra quien se aducen en la medida en que fueron precisamente recaudadas por la Policía Nacional, aunado a lo cual se tiene que esta última se adhirió a las mismas en su escrito de contestación (fl. 31, cdno. ppal.), por lo que cumplen plenamente los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil para tal fin.

10. En punto de lo anterior, cabe precisar que esta Sección ha expresado de manera reiterada y uniforme que las pruebas trasladadas que no reúnan los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que no hubieren sido solicitadas expresamente por la parte contra la cual se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla en el proceso primigenio, no pueden ser valoradas en el proceso contencioso administrativo(6). Sin embargo, también ha dicho que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas en otro proceso es solicitado por ambas partes, expresamente o por la adhesión de una de ellas a lo solicitado por la otra(7), dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo convalidándose por la simultaneidad de su solicitud, aun cuando hayan sido practicadas sin la citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original o sin su ratificación en el presente, al considerarse que en tales casos resulta contrario a la lealtad procesal que se solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, posteriormente, en el evento de resultar desfavorable a los intereses de alguna de las partes, ésta invoque las formalidades legales para su inadmisión.

11. Asimismo, se tendrá como prueba la versión libre rendida dentro de dicho proceso por el agente Rodríguez Torres, en atención al criterio recientemente adoptado por esta subsección mediante sentencia de 26 de noviembre de 2015(8), en virtud del cual, dichas piezas probatorias, pese a recaudarse sin el apremio del juramento como lo exige el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser valoradas en aras de establecer la verdad de los hechos —fin último de cualquier proceso judicial—, siempre y cuando: “i) se advierta que son indispensables para realizar un análisis integral del caso, ii) coincidan con lo acreditado a través de otros medios de convicción, iii) hayan sido tenidas en cuenta como medios de prueba en los procesos en los cuales fueron recaudadas y no hayan sido desestimadas por presiones indebidas o vulneración a derechos fundamentales; condiciones a las que se agrega el que, cuando se trate de una versión de quien es parte en el proceso, sólo podrá valorarse, en concordancia con la finalidad del interrogatorio de parte, lo que es susceptible de confesión”, presupuestos que concurren en el presente caso y que habilitan su apreciación con los limites allí establecidos. 

12. Se aclara que los informes de policía allegados respecto de los hechos materia de este proceso, son medios de prueba que podrán ser apreciados únicamente para establecer la veracidad de los hechos ocurridos, más no en cuanto a las valoraciones, afirmaciones subjetivas o conjeturas allí contenidas, pues se trata de manifestaciones escritas emanadas de quien eventualmente podría ver comprometida su responsabilidad —en el caso del informativo rendido por el subintendente Miguel Castañeda Rincón— o de documentos emanados de la entidad demandada, elaborados sin la participación de las personas que hoy demandan la indemnización de perjuicios, respecto de los cuales ha dicho la Corte Constitucional, con ocasión del análisis de exequibilidad del artículo 50 de la Ley 504 de 1999(9), lo siguiente:

2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes de policía judicial. 

El artículo 50 incorpora un inciso final al artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. 

La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso. 

Si el legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al artículo 29 de la Constitución puede determinar cuáles son los medios de prueba admisibles, igualmente está facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima. 

En la Sentencia C-038/96(10), al revisar la constitucionalidad del artículo 3º de la Ley 190 de 1995, halló inadmisible la finalidad de la ley destinada a neutralizar un medio probatorio, con el fin de precaver eventuales condenas judiciales. Dijo la Corte: 

No cabe duda de que el régimen probatorio (práctica, valoración y apreciación de las pruebas, medios probatorios, requisitos sustanciales y requisitos procesales aplicables a la aportación de las pruebas etc.), en general, se libra a la voluntad del legislador. No obstante, el sistema que se establezca no puede desconocer la garantía del debido proceso y el respeto y protección de los restantes bienes y derechos constitucionales”.

4. Una pretensión pública subjetiva que integra el derecho al debido proceso es la de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en contra (C.P., art. 29). A este respecto, las limitaciones legales relativas a la conducencia o admisibilidad de un medio específico de prueba, sólo resultan admisibles si persiguen un fin constitucional y las restricciones que entrañan son razonables y proporcionales en relación con el mismo y las consecuencias que de éste se derivan”.

5. La finalidad de la ley —neutralizar un medio probatorio con el fin de precaver eventuales condenas judiciales en los procesos laborales—, viola la Constitución. La finalidad del Estado es la de proteger y garantizar los derechos de las personas (C.P., art. 2º) y ello no se logra ocultando la verdad que puede judicialmente establecerse mediante el acceso a sus archivos. El Estado y sus agentes, deben velar y defender los bienes e intereses del Estado. Para ello, sin embargo, no es necesario obstaculizar la correcta administración de justicia —que, por el contrario, debe ser secundada en su tarea—, privándola por ministerio de la ley de elementos probatorios que pueden ser útiles y relevantes a la hora de aplicar el derecho”.

En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el artículo 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado está en la posibilidad de controvertir. 

Los informes de la policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneas para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectadas por ellos. 

El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal. 

Sin embargo, lo anterior no obsta para que el funcionario judicial competente pueda, a partir de dichos informes, producir dentro del proceso la prueba que se requiera para establecer la realidad y veracidad de los hechos que son relevantes en éste, la cual naturalmente puede ser controvertida por el sindicado. Pero se anota que lo que dicho funcionario puede valorar es la prueba producida regularmente dentro del proceso, más no los mencionados informes(11).

12.1. En el anterior orden de ideas, los aludidos informes de policía serán apreciados con las salvedades que se consignan en la sentencia de constitucionalidad antes citada, y las afirmaciones contenidas en aquéllos se tendrán por ciertas sólo en cuanto las mismas se encuentren respaldadas por otros medios probatorios que obren en el plenario.

13. Finalmente, contrario a los establecido por el a quo será valorado el dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral de David Alexánder Salazar Quintero que pese a su solicitud oportuna por parte del demandante y su decreto por el a quo mediante auto del 4 de marzo de 2004 (fl. 36, cdno. ppal.), fue allegado con posterioridad a la etapa de alegatos de conclusión de primera instancia por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, por cuanto las partes guardaron silencio respecto del mismo en el término de ejecutoria del auto que admitió la alzada, oportunidad procesal establecida por el artículo 183 del Código de Procedimiento Civil para su contradicción, que al respecto dispone: “Cuando el proceso haya pasado al despacho del juez para sentencia, las pruebas practicadas por comisionado que lleguen posteriormente, serán tenidas en cuenta para la decisión, siempre que se hubieren cumplido los requisitos legales para su práctica y contradicción. En caso contrario, y cuando en la misma oportunidad llegaren pruebas documentales cuyos originales o copias se hayan solicitado a otras oficinas, el juez de primera instancia no las tendrá en cuenta, pero serán consideradas por el superior. Este, de oficio o a petición de parte, ordenará el trámite que falte a dichas pruebas. Si se trata de documentos, la parte contraria a la que los adujo podrá tacharlos de falsos dentro del término de ejecutoria del auto que admita la apelación”. Así las cosas, en ausencia de contradicción frente a su aporte y contenido, la prueba documental reseñada (visible en los fls. 63 y 64, cdno. ppal.) cobró eficacia probatoria para ser tenida en cuenta en esta instancia.

V. Hechos probados

14. De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, valoradas en conjunto, se tienen como probados los siguientes hechos relevantes:

14.1. El señor David Alexánder Salazar Quintero para el 28 de marzo de 2000 contaba con 18 años de edad, gozaba de buen estado de salud y se desempeñaba como auxiliar técnico de instalación de antenas parabólicas en La Pintada, Antioquia, de donde devengaba su sustento y el de sus progenitores con quienes residía (lo anterior se extrae de las testimoniales rendidas dentro de este proceso por Marco Winston Corrales Chalarcá —fls. 44-45, cdno. 2—, las señoras María Margarita Marín y Ana del Carmen Acevedo Bermúdez —fls. 41 a 46—, así como de la declaración de David Alexánder Salazar Quintero rendida en el proceso penal militar Nº 5412 junto con el primer dictamen de medicina legal Nº 029 del 11 de abril de 2000; además, del dictamen de calificación de la pérdida de la capacidad laboral practicado al demandante por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia —fl. 63, cdno. ppal.—).

14.2. Se demostró el parentesco existente entre David Alexánder Salazar Quintero con sus padres Vicente Sabino Salazar Murillo y Martha Nelly Quintero, sus hermanos maternos Amanda de Jesús y Rogelio de Jesús Quintero y su abuela la señora Luzmila Quintero Blandón, vínculos acreditados a partir de los registros civiles aportados con la demanda (fl. 7 a 10, cdno. ppal.). Asimismo, se encuentra probado el sufrimiento y congoja que afrontó la familia con ocasión de las lesiones ocasionadas a su hijo, hermano y nieto respectivamente (en torno a este aspecto, las declaraciones de los señores Marco Winston Corrales Chalarcá —fls. 44 y 45, cdno. 2—, las señoras María Margarita Marín y Ana del Carmen Acevedo Bermúdez —fls. 41 a 46—, vecinos y amigos cercanos de la familia Salazar Quintero son uniformes en precisar las dificultades y la afectación del núcleo familiar demandante, derivadas de las lesiones del joven David Salazar Quintero, máxime en tanto permaneció en silla de ruedas y muletas por un tiempo considerable hasta su recuperación).

14.3. Obra en el proceso copia del decreto número 026 del 1 de junio de 1997 expedido por el Alcalde Municipal de La Pintada, Antioquia, en el que se dispuso lo siguiente: “Artículo 1º. Queda prohibido en todo el territorio del Municipio de La Pintada el tránsito de motocicleta desde las 10:00 pm hasta las 5:00 a.m. Artículo 2º. Las personas que incumplan con lo ordenado en el artículo anterior serán sancionados con multas entre medio (1/2) y dos (2) salarios mínimos legales mensuales” (fl. 9, cdno. 2).

14.4. Se encuentra probado mediante oficio Nº 0040/ESPIN DEANT suscrito el 11 de mayo de 2000 por el comandante encargado de la estación de policía de La Pintada, Antioquia, que el 28 de marzo de 2000 el agente Jovanny Rodríguez Torres se encontraba en servicio en las instalaciones de la estación de policía de dicho municipio realizando cuarto turno de seguridad, el cual constaba de dos agentes, de donde el referido fungía como comandante de guardia y a la vez se encargaba de la seguridad del frente de las instalaciones del comando de policía (fl. 8, cdno. 2).

14.5. Está demostrado en cuanto a los hechos que soportan esta demanda que el día 28 de marzo de 2000, entre las 10:45 y 11:20 p.m., David Alexánder Salazar Quintero solicitó a su amigo Daniel Alejandro Pérez Suaza de 18 años de edad, que lo transportara hacia su casa en la motocicleta que conducía, quien accedió a lo pedido requiriéndole primero que lo acompañara a otro lugar a dar una razón urgente. De regreso, al cruzar en frente de la estación de policía de La Pintada, salió a su encuentro sobre la mitad de la carretera el agente Jovanny Rodríguez Torres quien con ocasión de la restricción de tránsito existente y dada la avanzada hora les solicitó detenerse, ante lo cual, el joven Daniel Alejandro Pérez Suaza hizo caso omiso esquivándolo y continuando su trayectoria, maniobra en la que alcanzó a empujarlo con el manubrio de la motocicleta, luego de lo cual se escuchó el disparo proveniente del fusil galil de dotación que portaba el agente Rodríguez Torres, el cual impactó el cuerpo de David Salazar Quintero por el costado izquierdo de su espalda a la altura de la cadera (lo anterior se extrajo del análisis conjunto de las declaraciones de los jóvenes David Salazar Quintero y Daniel Pérez Suaza, del patrullero Carlos Alberto Meneses Giraldo que acompañaba la guardia el día de los hechos, la versión rendida por el agente implicado Jovanny Rodríguez Torres, así como el testimonio rendido en este proceso por Marco Winston Corrales Chalarcá —fls. 6, 41, 43, 54 y 62, cdno. 2—).

14.6. Así mismo, se tiene como hecho probado que el joven Daniel Alejandro Pérez Suaza no se detuvo en su trayectoria sino que intentó esquivar al policía quien se encontraba en medio de la carretera, luego de lo cual éste sintió el disparo y las voces de su amigo quien le manifestó que había sido herido y se inclinó hacia el lado izquierdo, por lo que paró para no dejarlo caer, lo bajo y le observó el pantalón lleno de sangre, de donde al mirar de manera simultánea que venía un policía corriendo con el revolver en la mano se asustó y emprendió solo la huida hacia su casa, dejando en el piso al joven David Salazar Quintero, quien posteriormente fue auxiliado por unos primos y transportado en la patrulla al Hospital del municipio para recibir atención médica (lo anterior se extrajo de las declaraciones de los jóvenes David Salazar Quintero y Daniel Pérez Suaza, este último como único testigo directo e imparcial de los hechos, toda vez que era quien conducía la moto y no fue objeto de investigación alguna por los hechos ocurridos en ninguna de las instancia judiciales hasta el momento de su muerte dos años después —fls. 41 y 43, cdno. 2—).

14.7. El 28 de marzo de 2000, a las 11:30 p.m. la comandante de la estación de policía de La Pintada, efectuó en torno a los hechos la siguiente anotación en el libro de población, aclarando que lo consignado se efectuaba de acuerdo a lo narrado por el policía implicado (fl. 13, cdno. 2):

28-03-2000: 23:30 ANOTACIÓN “A LA HORA EL AG. RODRÍGUEZ TORRES JOVANI ERNESTO, QUIEN SE ENCONTRABA DE COMANDANTE DE GUARDIA, OBSERVÓ UNA MOTO EN ACTITUD SOSPECHOSA LA CUAL SE APROXIMABA SIN LUCES HACIA EL COMANDO, A LO CUAL PROCEDE HACER EL PARE CUMPLIENDO EL DECRETO 026 EMANADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL, LA CUAL REGLAMENTÓ QUE DICHOS VEHÍCULOS NO DEBEN MOVILIZARSE DESPUÉS DE LAS 21:00 HORAS, A LO CUAL DICHOS SUJETOS HACEN CASO OMISO A LA ORDEN Y EMPRENDIERON LA HUIDA, TRATANDO DE AGREDIR FÍSICAMENTE CON LA MOTOCICLETA AL AGENTE EN MENCIÓN, A LO CUAL EL PROCEDE Y REACCIONA OCASIONANDO HERIDA DE FUSIL AL SEÑOR DAVID ALEXÁNDER SALAZAR QUINTERO, INDOCUMENTADO, 18 AÑOS, SOLTERO, HIJO DE MARTHA NELLY Y VICENTE, NATURAL Y RESIDENTE EN LA PINTADA, SECTOR CALLE VIEJA DE PROFESIÓN OBRERO EL CUAL PRESENTA HERIDA ARMA DE FUEGO CADERA IZQUIERDA, ES DE ANOTAR QUE SOBRE LA VÍA Y FRENTE AL COMANDO DESPUÉS DE LAS 21:30 HORAS SE UBICA LOS CONOS REFLECTIVOS Y VALLAS LUMINOSAS SOBRE LA VÍA. LOS HECHOS ANTERIORES SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL AG. RODRÍGUEZ TORRES JOVANY ERNESTO.

TE. LUZ ANDREA BAQUERO CRUZ”. 

14.8. El 29 de marzo de 2000, esto es, al siguiente día de los hechos, el agente Jovanny Ernesto Rodríguez Torres dirigió oficio por escrito a la comandante Luz Andrea Baquero Cruz, precisando lo ocurrido la noche anterior, en donde expresa:

Comedidamente me permito informar a mi teniente, la novedad ocurrida el 28-03-00 a eso de las 23:30 horas estando realizando cuarto turno como comandante de guardia, luego de haber recibido las diferentes consignas emanadas por el comandante de distrito y estación y lo expuesto en los poligramas número 1584, 1585, 1586 y 0113 y posteriormente optando la aptitud para no ser sorprendido por alguna acción de la guerrilla. Y acatando la norma del decreto026 de 1997 emanado por la alcaldía municipal referente a la prohibición de transito de transitar (sic) desde las 22:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente; procedí a instalar los conos y vallas reflectivas sobre la vía al frente del comando a eso de las 21:30 horas siendo las 22:15 horas recibí información sobre dos sujetos sospechosos de una motocicleta sobre la vía en el sector de Yuruparí en dirección a La Pintada, y a las 23:30 horas aproximadamente, observe la aproximación de una motocicleta la cual se dirigía hacia el comando sin sus respectivas luces en la que se movilizaban dos sujetos a los que respectivamente les hice la señal de PARE, en ese momento los individuos aceleraron la motocicleta con dirección hacia mí; entonces yo reaccione y como me encontraba tensionado debido a las continuas amenazas presentadas hacia las instalaciones del comando y personal, más el asalto guerrillero en esos momentos a la base de Providencia, yo accione el disparador de mi fusil como medida de defensa personal, la moto continuó la marcha emprendiendo la huida, posteriormente abandono a su tripulante en el sector del Crucero entrada calle vieja desconociéndose los motivos de esta forma de actuar, conociéndose posteriormente que en hospital de ese municipio se encontraba un individuo con herida de arma de fuego, fue testigo de esta novedad el Patrullero MENESES GIRALDO CARLOS quien se encontraba realizando el cuarto turno de centinela. (Se resalta).

14.9. De los informes de policía rendidos tanto por el agente Jovanny Ernesto Rodríguez Torres como por la comandante de la estación de policía de La Pintada, así como de la versión libre del policía implicado y la declaración de su compañero de guardia Carlos Meneses Giraldo, es claro que ni el joven David Alexánder Salazar Quintero ni el conductor de la moto para el momento de los hechos se encontraban armados (informe de policía Nº 0208 del 29 de marzo de 2000 efectuado por la Te. Luz Andrea Baquero Cruz, oficio sin número de la misma fecha suscrito por el agente Jovanny Rodríguez Torres, declaración del patrullero Carlos Alberto Meneses Giraldo y versión e indagatoria del uniformado Rodríguez Torres —fls. 34, 35, 54, 62, cdno. 2—).

14.10. El mismo día, la comandante de la estación de policía de La Pintada remitió informe de lo sucedido con destino al comandante de distrito, con el siguiente contenido (oficio Nº 0208 de 29 de marzo de 2000, fl. 34, cdno. 2):

Comedidamente me permito informar a mi teniente, la novedad ocurrida el día 28-03-00 a eso de las 23:30 horas, a la hora el AG. RODRÍGUEZ TORRES JOVANI ERNESTO, quien se encontraba de comandante de guardia, observó una moto en actitud sospechosa la cual se aproximaba sin luces hacia el comando, a lo cual procede hacer el pare cumpliendo el decreto 026 emanado por la alcaldía municipal, la cual reglamentó que dichos vehículos no deben movilizarse después de las 21:00 horas, a lo cual dichos sujetos hacen caso omiso a la orden y emprendieron la huida, tratando de agredir físicamente con la motocicleta al agente en mención, a lo cual el procede y reacciona ocasionando herida de fusil al señor DAVID ALEXÁNDER SALAZAR QUINTERO, indocumentado, 18 años, soltero, hijo de MARTHA NELLY Y VICENTE, natural y residente en la pintada, sector calle vieja de profesión obrero el cual presenta herida de arma de fuego cadera izquierda, es de anotar que sobre la vía y frente al comando después de las 21:30 horas se ubican los conos reflectivos y vallas luminosas sobre la vía, los hechos anteriores según lo manifestado por el AG. RODRÍGUEZ TORRES JOVANY ERNESTO. 

14.11. Sobre los hechos ocurridos, el joven David Alexánder Salazar Quintero declaró el 8 de mayo de 2000 ante la Fiscalía Delegada del municipio de Santa Bárbara lo siguiente (fl. 6, cdno. 2):

“...En el pueblo mío o sea en la pintada las motos no las dejan trabajar sino hasta las diez de la noche, entonces yo me fui con un muchacho DANIEL, no se el apellido, nos fuimos a montar en la moto como a las once y media de la noche, entonces nos salieron dos policías por la carretera principal y a DANIEL lo detuvieron, pero él no hizo caso, el aceleró más la moto y tumbó al policía entonces ahí dispararon y eso yo lo tomo como un accidente porque el pensado del policía no era dispararnos a nosotros, sino detenernos, pero como el compañero mío se voló, la lesión la recibí en la espaldas y me salió en la pierna, yo iba de parrillero, al otro no le paso nada, me recogieron unos primos entonces después apareció la patrulla y me subieron ahí y me llevaron para el hospital y de allá me remitieron para Medellín, los policías eran como dos, pero el que detuvo a DANIEL fue YOVANY RODRÍGUEZ para hacerle el parte porque estábamos transitando en la moto después de las diez de la noche y como él la aceleró entonces lo tumbó y por eso fue que el policía disparó, él estaba en servicio en ese momento. Yo no me caí de la moto cuando me hirieron, yo me le sostuve al compañero y ya me dejó en la calle mía porque él se voló, ya cuando yo estaba en el hospital en Medellín el policía Jovanny fue a visitarme y se hizo cargo de todo lo mío, pagó lo del hospital, todo lo que a mí me hace falta él me lo da, también me va a dar una plata indemnizarme $ 2000.000, también me dijo que la intención de él no era dispararme ni lesionarme, sino que era únicamente deternos (sic) por desobediencia, pero que como el otro muchacho no hizo caso y además lo tumbó, entonces por eso disparó. Mi compañero y yo estábamos en sano juicios, no habíamos tomado licor ni nada y el policía también estaba en sano juicio porque estaba en servicio, el hecho ocurrió a todo el frente del comando. Como ninguno de los dos teníamos reloj no sabíamos que hora era y por eso estábamos andando en la moto, fui a acompañar a DANIEL que iba a dar una razón al otro lado, no sé como se llama la persona donde él iba, yo me quedé en la moto mientras él daba la razón y ya cuando regresábamos fue que nos detuvimos, me di cuenta que eran como las once y media de la noche porque mi mamá fue la que me dijo que ella escuchó el impacto. PREGUNTADO: Sírvase manifestar bajo juramento en cuánto valora los perjuicios morales y materiales causados por este hecho? CONTESTO: Yo me ganaba $ 40.000 semanales y llevo cuatro semanas sin trabajar y los gastos de clínica, droga y todo lo demás ha corrido por cuenta del policía y como le digo me va a dar $ 2.000.000 por lo demás. PREGUNTADO: Sírvase manifestar qué personas son testigos de estos hechos? CONTESTO: No, solamente DANIEL que vive por Calle Vieja. (...) PREGUNTADO: Sírvase manifestar si tiene algo más que agregar a esta diligencia? CONTESTO: Yo gracias a Dios quedo bien de esta lesión, y los perjuicios morales y materiales los estimo en $ 2.000.000 de los cuales ya en el día de hoy me dio el agente YOVANY $ 1.000.000.00”. 

14.11.1. Debe precisarse en torno a la declaración rendida por el joven Salazar Quintero -quien para el momento de las diligencias contaba con 18 años de edad-, que como consta en las documentales trasladadas del proceso penal militar Nº 3787, para la fecha en que fue citado a rendir su testimonio, éste recibió por parte del agente implicado la suma de $ 1 000 000 de pesos en efectivo, previo acuerdo entre los mismos, situación que sin duda pudo haber afectado la credibilidad y la veracidad de su dicho, lo que se repitió posteriormente durante los meses iniciales en los que se llevó a cabo la investigación penal militar y se requirió ampliación de la declaración del adolescente, esto es el 25 de mayo de 2000 fecha en la que el policía le suministró un minicomponente PANASONIC y 450.000 pesos en efectivo, el 29 de mayo de 2000 entregándole $ 100.000 pesos, y consecutivamente los mismos valores le fueron cancelados el 30 de junio, el 27 de agosto y el 20 de septiembre del mismo año (obran en el expediente recibos de pago por los valores indicados suscritos entre el agente Jovanny Rodríguez Torres y el joven David Salazar Quintero —fls. 60, 66 a 69 y 146 a 142, cdno. 2—).

14.12. Posteriormente, en ampliación de su testimonio el 25 de mayo de 2000 (fl. 41, cdno. 2), declaró:

PREGUNTADO: Bajo la gravedad de juramento, sírvase decir ante el Despacho, si sabe o presume el motivo de la presente diligencia, en caso positivo haga un relato breve, claro, preciso y conciso de los hechos que son de su conocimiento, en caso negativo, diga donde se encontraba usted para la fecha 28 de marzo del año que corre y qué misión cumplía, debiendo explicar los hechos sucedidos a eso de las 23:30 horas. CONTESTO: Si, yo para la fecha 28 de marzo del 2000, estaba donde mi novia, entonces yo vine, me senté un rato bajo de metrópolis, en esos momentos pasó un amigo mío de nombre Daniel Pérez no recuerdo muy bien al apellido, entonces yo lo llamé y le dije que si no me iba a llevar a la casa, entonces él me dijo que pasáramos primero al otro lado a llevar una razón, fuimos, llevamos la razón y nos devolvimos, cuando nos devolvimos salieron dos (2) agentes, los agentes nos dijeron que nos detuviéramos y el muchacho volvió a acelerar y tumbó al policía Rodríguez y entonces ahí fue donde se produjo el impacto, como yo iba en la parte trasera de la moto el disparo propinó en mi espalda, recibí el impacto y yo le gritaba al muchacho que se detuviera y él no se detenía y ahí en la portada de calle vieja me abandonó y él se boló (sic), después unos primos me recogieron y me llevaron al hospital, de ahí me remitieron a Medellín, no sé más. PREGUNTADO: Sírvase decir que horas aproximadamente eran cuando tuvieron ocurrencia los hechos que relata. CONTESTO: Pues me mamá (sic) dijo, como ella escuchó, que eran por ahí las 11:30 de la noche. PREGUNTADO: Diga cuál fue la actitud que tomo el agente RODRÍGUEZ al darse cuenta de que le había propinado un disparo en su espalda, si ha respondido en debida forma por los gastos médicos o por el contrario no ha colaborado con lo necesario para su salud. CONTESTO: Si el ha colaborado con todo, él pagó lo del hospital y me da lo que yo necesite. PREGUNTADO: Para su conocimiento diga si el agente Rodríguez fue irresponsable en su actuar como policía, o por el contrario a quien le atribuye dicha responsabilidad. CONTESTO: El agente estaba cumpliendo con su deber, él nos dijo que nos detuviéramos y él que desobedeció las órdenes fue el muchacho que estaba manejando la moto. PREGUNTADO: Diga si sabe el motivo por el cual el muchacho que manejaba la moto no lo trasladó hacia el hospital, y quién o quiénes fueron los que lo trasladaron al hospital para que lo asistieran clínicamente. CONTESTO: Los nombres de las personas que me llevaron al hospital, solo sé que una se llama Yudy y la otra Diana y viven por la calle vieja, con teléfono 845-3201 (Yudy). PREGUNTADO: Diga si tiene algo más que agregar, corregir o suprimir a la presente diligencia. CONTESTO: Yo no quiero que jodan al agente Rodríguez, quiero que lo saquen de esto lo más ligero posible. (Se resalta). 

14.13. Por su parte, en torno a los hechos ocurridos la noche del 28 de marzo de 2000, el joven Daniel Alejandro Pérez Suaza, quien conducía la motocicleta implicada, rindió declaración dentro del proceso penal militar así (fl. 43, cdno. 2):

Yo estaba donde la novia y de ahí bajé, iba para mi casa, subí a mi casa y me encontré con la noticia de que mi hermana estaba abortando en Medellín, entonces yo bajé para avisarle a mi cuñado al marido de mi hermana, y a decirle que si íbamos a ir al otro día para Medellín, a qué horas íbamos a salir, cuando yo bajaba sentí que me silvaron(sic), miré y no puede ver a nadie y me devolví y era el pelado ese David, me preguntó que para donde iba, entonces yo le dije que iba para donde mi cuñado a decirle una razón, entonces él me dijo es que yo voy para mi casa, yo le dije que yo venía para el otro lado y el me dijo que si quería íbamos y luego subíamos a la casa ya que yo no me iba a demorar, fuimos, dimos la razón y allá nos ofrecieron aguardiente y no tomamos porque mi cuñado estaba bebiendo con unos amigos, luego nos devolvimos y yo venía normal, cuando menos pensé me salieron ahí disparados y sentí fue el tiro. PREGUNTADO. Diga a qué horas aproximadamente tuvieron ocurrencia los hechos que usted acaba de relatar. CONTESTO: Faltaban como veinte o un cuarto para las once de la noche. PREGUNTADO: Diga cómo fue la reacción suya cuando sintió el disparo y si sabe a razón de qué fue producido. CONTESTO: Yo cuando sentí el tiro brinqué del susto, el muchacho me gritaba “DANIEL ME MATARON, ME MATARON” yo le decía que no le había pasado nada y luego él se dobló para el lado izquierdo y yo le mandé la mano para no dejarlo caer, y paré en la esquina para ver qué había pasado y yo le vi el pantalón lleno de sangre y ahí si me asusté más todavía, entonces yo llegué y miré y venía un policía corriendo con un revólver en la mano y yo descargué al muchacho, me lo recibió el que trabajaba en la charcutería y yo me fui para la casa. PREGUNTADO: Diga hasta qué horas se transita con motocicleta en este municipio. CONTESTO: Hasta las diez y media. PREGUNTADO: Diga de quien es propiedad la motocicleta donde ocurrieron los hechos, si tiene documentos que acrediten su procedencia y si puede facilitarlos para sacarles fotocopias. CONTESTO: La moto es de propiedad de mi papa OMAR DE JESÚS PEREZ VALENCIA, la moto tiene documentos, el seguro se encuentra vencido, pero para la fecha de los hechos el seguro se encontraba vigente. PREGUNTADO: diga si los policiales que salieron ahí donde tuvieron ocurrencia los hechos, con anterioridad le habían dado señales de pare o que otro movimiento observó usted por parte de ellos. CONTESTO: Yo no los vi sino ahí me dijeron que parara, y como yo logre pasar por que no me dio tiempo de parar, yo les esquivé porque creí que los iba a atropellar y yo le quebré y ahí fue cuando el disparo. 

14.15.(sic) También rindió declaración dentro de la causa penal militar adelantada contra el agente Jovanny Rodríguez Torres, el patrullero Carlos Alberto Meneses Giraldo, quien manifestó lo siguiente:

El día 28 de marzo del año en curso, en el cual se encontraba prestando cuarto turno de seguridad de las instalaciones del Comando de Policía Pintada (centinela), en especial parte trasera y esporádicamente recorredor, siendo las 11: 20 o 25 más o menos, observé una motocicleta con dos individuos, luces apagadas, que se acercaba por la parte derecha del comando, por la troncal hacia el sitio conocido como crucero, inmediatamente me dispuse a salir a su encuentro ya que este estaba violando el decreto 026 proferido por la alcaldía municipal, igualmente pude observar como mi compañero AG RODRÍGUEZ TORRES JOVANNY ERNESTO también salía al mismo motivo, ya que es responsabilidad de este fuera de ser comandante de guardia, la parte delantera en cuanto a seguridad de las instalaciones, escuché que Rodríguez le daba la voz de pare y dichos individuos que se movilizaban en esta motocicleta aceleraron tirándole la misma encima a lo que provocó que Rodríguez se fuera al piso y fue entonces cuando escuché la dotación de su fúsil, los individuos siguieron adelante, y posteriormente el conductor de la motocicleta abandonó al tripulante supuestamente herido por el sector del crucero, fue cuando el agente Rodríguez se dispuso a reportar la patrulla que se encontraba de servicio fuera de las instalaciones para que auxiliaran a dicho sujeto y posteriormente fue llevado al hospital, cabe anotar que en el momento en que sucedieron los hechos se efectuaba una toma subversiva en la base de providencia, lo cual genera alta tensión en cualquier unidad policial, sin pasar por alto que ese mismo día se efectuaba un partido de fútbol entre Colombia y otro que no recuerdo, y a su vez siendo conocedor de los diferentes poligramas en cuanto a las medidas de seguridad se refiere. 

14.16. La comandante de la estación de policía de La Pintada, teniente Luz Andrea Baquero Cruz (fl. 114, cdno. 2), declaró en torno a los hechos lo siguiente:

PREGUNTADO: diga para 28 de marzo de 2000 donde prestaba los servicios? CONTESTO: Me encontraba como comandante de la Estación de Policía de La Pintada. PREGUNTADO: Sírvase expresar qué conocimiento tuvo de los hechos presentados en la fecha antes en mención en La Pintada donde resultó lesionado el joven DAVID ALEXÁNDER SALAZAR, la cual se ocasionó con arma de fuego? CONTESTO: Más o menos siendo las once de la noche, terminamos un patrullaje por la zona urbana del municipio, yo me encontraba en mi habitación cuando escuché un disparó, bajé rápido a ver que era lo que había pasado, cuando el agente RODRÍGUEZ se dirigió a mi asustado, me comentó que había sido él pero que no lo había hecho con culpa, yo le pregunté que qué había hecho, a lo cual me respondió que había salido a hacer el pare a una motocicleta hacia el retén que estaba al frente de la Estación en la vía principal que va a Manizales, le había hecho el pare a la motocicleta que venía a alta velocidad y sin luces, que cuando él salió a la vía el parrillero de la motocicleta como que le cogió o le forcejeó el fusil, entonces a él esquivar y al tener el dedo en el disparador se disparó el fúsil, ocasionándole heridas al parrillero, cuál era la velocidad que la motocicleta llevaba que terminaron en la terminal de transporte que queda por la misma vía principal, ahí dejaron tirado el pelado y el conductor se perdió. La distancia entre la Estación y la terminal de transporte es de aproximado 150 metros y de ahí me dirigí al Hospital a ver que había pasado, porque el agente Rodríguez no sabía ni siquiera si había causado alguna lesión o no, porque solamente sabía que se le había ido el disparo. Hay que tener en cuenta que en el municipio hay un reglamento o decreto donde está prohibido transitar en motocicleta después de las diez de la noche, expedido por la Alcaldía Municipal, y este decreto había sido difundido en una reunión que se le había hecho a los motociclistas porque es un gremio que hay allá. PREGUNTADO: Que diga al Despacho en qué estado físico y síquico estaba el agente RODRÍGUEZ TORRES YOVANNY. CONTESTO: El se encontraba con sus cinco sentidos normales, ya que se encontraba prestando turno de comandante de Guardia ese día, estaba normal, no le sentí ningún aliento a alcoholo o que tuviera algún problema. PREGUNTADO: Que manifesté en el momento de producirse el disparo del agente RODRÍGUEZ se encontraba de algún otro uniformado. CONTESTO: Sé que había otro policial de centinela, pero no recuerdo el nombre. PREGUNTADO: Que manifesté si usted sobre estos hechos elaboró algún informe? CONTESTO: Si lo elaboré y lo mandé al Comandante del Distrito Nro. 14 con sede en Támesis. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si Usted ha tenido conocimiento que por estas lesiones se hayan cancelado gastos hospitalarios? CONTESTO: Si el agente RODRÍGUEZ se comprometió con la familia a pagar todos los gastos médicos y hospitalarios del muchacho, incluso hasta los gastos de transporte de la familia los pagaba. PREGUNTADO: Que expresa si se ocasionaron daños a la motocicleta a parte de las lesiones igualmente si se verificó con posterioridad la munición gastada y si se dejó algún acta? CONTESTO: Yo recogí la vainilla, pero no se verificó la munición y él después repuso el cartucho. PREGUNTADO: Expresó cómo estaba la visibilidad en el momento del incidente. CONTESTO: El clima estaba normal, no había niebla ni nada, no estaba lloviendo, nada. PREGUNTADO: Que exprese si al personal de centinela que prestaba el servicio de retén se le habían dado alguna instrucción para casos como lo ocurrido? CONTESTO: Si ellos, una vez a la semana se le daba instrucción y consignas y todo, también sobre la instalación de ese retén, incluso se tenía una tabla con ganchos para cuando se nos escapaba algún vehículo, pero ese día no se tenía allí. PREGUNTADO. Diga al despacho si tiene algo más para agregar, corregir o enmendar a la presente diligencia? CONTESTO: Si, el muchacho que iba conduciendo la motocicleta dejó tirado al herido, en la terminal de transporte, se perdió porque nosotros lo buscamos incluso en su casa y no encontramos, y él sabía porque se perdía, porque a esa hora no se podía andar en motocicleta, no tenía luces e iba a alta velocidad y no hizo caso al retén que había instalado por el Comando...

14.17. Con ocasión de la denuncia formulada por el señor Jaime de Jesús Jaramillo Quintero —tío del lesionado David Salazar Quintero— el 31 de marzo del 2000, mediante auto de 2 de mayo de 2000 la Fiscalía Delegada ante los juzgados penales municipales de Santa Bárbara ordenó la apertura de investigación previa con ocasión de los hechos acaecidos el 28 de marzo de 2000, de donde procedió a remitir las diligencias a los juzgados de instrucción penal militar adscritos al Departamento de Policía de Antioquia al establecer que: “Del estudio de las presentes diligencias previas se infiere que las lesiones ocasionadas por el agente de la policía JOVANY RODRÍGUEZ se verificaron en ejercicio de sus funciones, esto es, cuando él se encontraba en turno tal y como está demostrado a través de los medios de prueba allegados al plenario, razón por la cual se ordena la remisión de las mismas a los juzgados de instrucción penal militar (reparto) adscrito al Departamento de Policía de Antioquia en la ciudad de Medellín, por competencia, según lo establece el artículo 565 del Código Penal Militar” (auto de 2 de mayo de 2000 —fls. 17 y 18, cdno. 2—).

14.17.1. En el marco de las diligencias preliminares adelantadas, al agente Jovanny Rodríguez Torres le fue recepcionada versión libre y espontánea en torno a los hechos, en donde manifestó:

“PREGUNTADO: Sírvase decir si sabe el motivo de la diligencia. CONTESTO: Sí. PREGUNTADO: Ya que dice saber el motivo exprese libremente todo lo relacionado con los hechos sucedidos el día 28 de marzo de 2000, cuando resultó lesionado con arma de fuego el señor DAVID ALEXÁNDER SALAZAR QUINTERO, CONTESTO: Esa noche me encontraba de servicio como Comandante de Guardia, habíamos recibido una serie de poligramas donde nos daban a conocer que teníamos que estar prevenidos contra posibles ataques de la subversión, nos ordenaban que todo mucho tenía que estar disponible y alerta, todo el personal debía de estar por fuera en función del servicio, ese mismo día se estaba dando una ataque por parte de la subversión a la Estación Providencia, era el partido de la selección Colombia con la selección Brasil, por lo tanto, todos estaríamos en alerta, a eso de las 11:20 u 11:30 de la noche, noté la presencia de una moto que se dirigía por el lado izquierdo de la Estación de la vía que de Medellín conduce a La Pintada, notándose la presencia de dos individuos, por el mismo estado que nos encontrábamos con las advertencias de los poligramas anteriores y notando que los individuos se dirigían en forma sospechosa, procedí a hacerle un alto, gritándolo (sic) por dos ocasiones, los individuos frenan momentáneamente y de una forma repentina acelerar su moto hacia mí, yo viendo la agresión que se dirigía hacia mí, procedo a caminar hacia atrás; logrando estos señores golpearme con la moto, cuando pierdo el equilibrio y caigo en el suelo y fue cuando sucedió el impacto, al momento que se escuchó el impacto yo quedé todo aturdido, cuando escuché los gritos de uno de uno de los muchachos emprendiendo el conductor de la moto la huida, cuando me avisaron de que había dejado un muchacho herido a la altura del crucero abandonado, procedí a avisarle a la patrulla que lo recogieron y lo llevaran al hospital informándome posteriormente los compañeros que efectivamente había un joven herido con arma de fuego, pues yo me preocupé inmediatamente por lo que había sucedido, al día siguiente se presentaron a las instalaciones de la Estación la señora madre del joven y un tío, yo inmediatamente los abordé y les hice saber que conmigo era con quien había sucedido el accidente, inmediatamente le notifiqué a la señora cómo habían sucedido los hechos, me puse a su disposición y el tío del muchacho manifestó de que él debería de poner la denuncia, yo le dije que estaba en todo su derecho de ponerla, notificándole que yo me hacía responsable de los gastos médicos que hasta la fecha lo estoy cumpliendo y de lo cual anexo fotocopia de las facturas y otros que tienen que ver con la salud del lesionado (fls. 56-61). PREGUNTADO: Diga en compañía de quien se efectúo dicho procedimiento policial. CONTESTO: El patrullero MENESES GIRALDO CARLOS fue testigo de los hechos, ya que él se encontraba de centinela y es nombrado como recorredor y el observó cómo fue la situación. PREGUNTADO: Diga qué estrategia utilizó usted para poder lograr el pare de la motocicleta, de quién es la motocicleta y si esta fue inmovilizada. CONTESTO: La estrategia fue lo normal en un procedimiento, salirle al encuentro con toda la precaución del caso, prevenir a los sospechosos o mejor dicho darle a conocer la presencia nuestra mediante ciertas voces como son ALTO, PARE, lo cual yo le anuncié en repetidas ocasiones, en ese momento desconocía el propietario de la motocicleta, posteriormente averiguando pude constatar de que quien conducía la motocicleta era del hombre (sic) DANIEL ALEJANDRO PEREZ SUAZA, quien se encuentra prestando el servicio militar y se encontraba también excusado de servicio, supuestamente por una lesión en el pie, o sea que ese joven a esa hora no debería de estar por ahí, siendo propietario de la moto el señor Padre del muchacho antes mencionado, la moto no fue inmovilizada, es de anotar que nosotros fuimos en busca del muchacho, quien emprendió la huida desapareciendo del pueblo, negándose los padres a dar información del paradero de este, es de anotar que de acuerdo a investigaciones que se hicieron sobre la conducta del joven, se llegó a la conclusión, expresando (sic) por vecinos del barrio Calle Vieja, que el muchacho goza de mala reputación por su forma de ser poco sociable, como comentan los vecinos, es pelionero (sic), grosero, goza de pocos amigos, también es de anotar que hay un Decreto por parte de la Alcaldía que la circulación de motocicletas está prohibida de 10 de la noche a 5 de la mañana, lo cual (sic) los hechos sucedieron a las 10:30 horas, pasando por alto este joven el Decreto existente. PREGUNTADO: diga si usted informó dicha novedad. CONTESTOS: Sí, sucedida la novedad, inmediatamente procedí a informarle al Comandante de la Estación TE. LUZ ANDREA BAQUERO CRUZ, redactando posteriormente un informe escrito de la novedad sucedida.” 

14.18. El 27 de junio de 2000, se abrió investigación penal militar en contra del agente Jovanny Ernesto Rodríguez Torres bajo el sumario Nº 3787, a quien le fue resuelta su situación jurídica mediante auto del 24 de abril de 2002 por el Juez 162 de Instrucción Penal Militar de Antioquia, quien del acervo probatorio recaudado concluyó que había lugar a imponer medida de aseguramiento consistente en caución prendaria por el delito de lesiones personales culposas, decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Superior Militar de Antioquia mediante providencia del 31 de agosto de 2004 (pruebas trasladadas del proceso penal militar Nº 3787 —fls. 19, 165 y 308, cdno. 2—). De la decisión inicial se extrae lo siguiente:

La prueba recaudada evidencia que el sindicado RODRÍGUEZ TORRES YOVANNY, realizó la conducta punible, esto es las lesiones al particular DA VID ALEXÁNDER SALAZAR a título de culpa, pues el día de autos, actuó con manera reprochable en la medida en que orientó su voluntad a la verificación de un hecho típico y antijurídico por omisión del deber cuidado que le era exigible, en éstas condiciones su comportamiento no puede clarificarse de diligente y menos de prudente, y es que si analizamos la ocurrencia del insuceso, de acuerdo a lo narrado por el ofendido como por el patrullero CARLOS ALBERTO MENESES GIRALDO y corroborado por el mismo sindicado, se dio la violación al Decreto 026 del 1 de junio de 1997 y demás normas de tránsito como era transitar sin luces y aparte de ello, omitir la orden de pare de la autoridad y ser agredido el policial por el mismo motociclista, no exime de responsabilidad al implicado en el actuar con su arma de fuego, porque existen unos principios para quienes manejan armas de fuego, entre ellos, el control de la boca de fuego en caso de existir una caída y así como ésta existen otras medidas como tenerla descargada; exigencias del decálogo de armas que no tuvo en cuenta el agente RODRÍGUEZ TORRES YOVANNY ERNESTO, quien afirma haber tenido el arma terciada y el dedo en el disparador del fusil y que al momento en que iba ser atropellado, esquivó perdiendo el equilibrio, lo que ocasionó el disparo, lo que evidencia la falta de prudencia al tener el dedo en el obturador, porque de no haber sido así, no se hubiese dado tal resultado; desatención de los preceptos del decálogo de armas que corroboran la responsabilidad penal del incriminado al no observar las normas de seguridad y cuidado respecto del armamento. Por los anteriores planteamientos, el AG. RODRÍGUEZ TORRES YOVANNY ERNESTO incurrió en el punible de LESIONES PERSONALES CULPOSAS (...)”. 

14.19. Mediante providencia del 19 de enero de 2005, la Fiscalía 149 Penal Militar dictó resolución de acusación en contra del agente Jovanny Ernesto Rodríguez Torres, al considerar configurados los presupuestos sustanciales establecidos en el Código Castrense en cuanto al delito de lesiones personales culposas investigado (fl. 316 a 325, cdno. 2).

14.20. El 23 de junio de 2005, en el marco del proceso penal militar referido y con la participación tanto del agente Jovanny Rodríguez Torres como del lesionado David Salazar Quintero, se practicó una diligencia de reconstrucción de hechos (fl. 387, cdno. 2), cuyo resultado fue el siguiente:

...Refiere el sindicado RODRÍGUEZ TORRES: Yo estaba de Comandante de guardia, estaba afuera de la guardia con mi fusil (se le toma una fotografía en el sitio) desde aquí yo me percato que viene la moto, yo salgo, la moto viene por su carril, viene normal de allá arriba, para ahí (el Despacho calcula que la distancia donde el sindicado señala y donde para la moto es de 100 metros y es al frente de un valla que dice Manizales 116..), yo tenía puesto el chaleco reflectivo, cuando la moto viene de allá yo le grito “apague la moto, apague las luces, bájese de la moto “, pero él hace caso omiso a lo que yo le digo, yo esto aquí (se observa que se ubica en la mitad de la vía con el fusil terciado al cuello, con la mano derecha en la empuña-dora y la mano izquierda sobre la trompetilla), él, mantiene la moto acelerada y al yo decirle apague la moto y apague las luces es cuando se me viene (Se escenifica: la moto sigue su destino y el sindicado empieza a gritar alto, alto y retroceder) sigue narrando: al tocarme pierdo el equilibrio, yo quedé así, caigo busco un punto de apoyo y se produce la detonación (se le solicita al fotógrafo realizar las muestras fotográficas pertinentes en la en que la moto trata de arrollarlo y cuando pierde el equilibrio y en la forma en que queda su fusil al momento de ir al piso), la moto sale de rapidez por un lado, se desvía y luego abandona el herido en la esquina. Frente a las escenificación de los hechos, el ofendido DAVID ALEXÁNDER manifiesta: “la moto no paró, junto al letrero mermo sin parar, después aceleró, tampoco al pasar por donde el agente no nos desviamos tanto del carril como él lo muestra, si se le cogió con el manubrio de la moto, pero yo no voltié a mirar, la moto continúa por el carril contrario hasta el poste (se señala el poste que queda al lado del comando al otro lado de la vía) y ahí fue donde yo sentí el disparo y ya fui a caer a la entrada de calle vieja (el despacho va hasta el sitio donde dice fue recogido el ofendido y ésta a unos 300 metros aproximadamente del comando de policía). (Se resalta)

14.21. Obra dentro del proceso certificación del estado del fusil asignado en la fecha de los hechos al agente Jovanny Rodríguez Torres (oficio Nº 171 del 8 de junio de 2005, expedida por el almacenista de armamento DEANT, prueba trasladada del proceso penal militar Nº 3787 —fls. 373-374, cdno. 2—), respecto del cual se afirmó:

[D]icho fusil fue dotado a la estación Pintada mediante acta de suministrado Nº 0020 del 08 de febrero de 1999, desde esa fecha y hasta la actualidad ha permanecido en dicha estación sin presentar inconveniente alguno en cuanto a funcionamiento. Actualmente presenta novedades de cañón picado y copa de corredera abollada, las cuales no representan inconveniente alguno en el funcionamiento normal del fusil. Dicho fusil no ha sido sometido a reparación alguna desde que fue asignado al departamento puesto que no ha presentado novedades que comprometan el funcionamiento normal del arma, en cuyo caso, éste hubiese sido recogido de inmediato; en cuanto a mantenimiento, el usuario final es el directo responsable del mantenimiento preventivo para evitar la oxidación y el desgaste injustificado del arma.  

14.22. Igualmente, se encuentra certificación emanada del jefe seccional de inteligencia DEANT, donde informa al Juez 162 Penal Militar que: “...revisados los archivos básicos de inteligencia que llevan en esta Seccional, a la fecha no se encontraron anotaciones de presencia de grupos al margen de la ley o perturbación del orden público en el Municipio de La Pintada y localidades aledañas para el día 28 de marzo del año 2000” (fl. 372, cdno. 2).

14.23. El 11 de abril de 2011 le fue practicado al joven David Alexánder Salazar Quintero el primer reconocimiento médico legal con ocasión de los hechos ocurridos la noche del 28 de marzo de 2000 (dictamen Nº 029 del 11 de abril de 2000, rendido por el médico de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancourth de La Pintada —fl. 11, cdno. ppal.—), cuyo resultado se transcribe:

AL EXAMEN FÍSICO SE OBSERVA:  

• Compromiso de pierna izquierda 1/3 superior, ubicando orificio de entrada, pero no orificio de salida, pulsos femorales presentes, con moderado sangrado, moviliza el pie y los dedos de pierna izquierda con imposibilidad de reflexionar rodilla y cadera izquierda. A pesar de colocar líquidos endovenosos, continua muy hipotenso, marcada palidez, intenso dolor abdominal encontrando abdomen en tabla, detenido, con dolor a la palpitación, peristaltismo positivo (signos de irritación peritonea) que me indican compromiso de cavidad abdominal, con sangrado por herida abundante, se llama al centro regulador, se logra ubicar en Hospital San Vicente de Paúl de Medellín, autorizando el Dr. Carlos Rodríguez. Se remite con diagnóstico de herida por proyectil de arma de fuego con compromiso de cavidad abdominal y descartar fractura de fémur izquierdo. HERIDAS: Penetrante abdominal con compromiso en víscera hueca, compromiso de fémur y vasos femorales. Estas heridas pusieron en riesgo la vida del paciente. ELEMENTO CAUSAL: Proyectil de arma de fuego. Incapacidad médico legal provisional de cuarenta y cinco (45) días. Se requiere segundo reconocimiento médico legal para dictaminar, incapacidad definitiva y secuelas. 

14.24. El 6 de julio de 2000, le fue practicado un segundo reconocimiento médico legal (dictamen Nº 063, rendido en la fecha citada por el médico de planta de la E.S.E Hospital Antonio Roldán Betancourth de La Pintada —fl. 73, cdno. 2—), en donde se indicó:

EXAMEN FÍSICO: Hoy encuentro paciente en aceptables condiciones generales PEA-180-80 fc-80 x minuto FR 18 x minuto. Presenta cicatriz, hipertrófica desde la región epigástrica hasta un punto equidistante entre el ombligo y la sínfisis púbica. En marco cólico izquierdo encuentro boca nro. 2 de colestomia, las cuales poseen gran tejido de granulación, están limpias y funcionando. Cicatriz hipertrófica en el tercio supero-extenso del muslo izquierdo de 3 cm. De longitud. Se observa atrofia leve del muslo izquierdo. Limitación para la extensión y la flexión de la cadera izquierda. El paciente se pone de pie y camina, pero hay limitación para subir y bajar escaleras. CONCLUSIONES: 1. Tipo de arma: Proyectil de arma de fuego. 2. Incapacidad médico legal provisional 45 días. Secuelas médicos legal presenta una deformidad física de carácter permanente que afecta los contornos del cuerpo debido a lo notorio de la cicatriz quirúrgica del abdomen y muslo. 4. Las lesiones encontradas son idóneas para producir la muerte. Para dictaminar sobre incapacidad médico legal definitiva, si es posible y dictaminar sobre otras secuelas médico legales, si las hubiere, se sugiere enviar al lesionado para un tercer reconocimiento médico legal en dos meses con copia de la historia clínica actualizada, donde conste la atención del cirujano, la cual debe ser obtenida por el señor funcionario. 

14.25. El 11 de enero de 2002, se efectuó nuevamente reconocimiento médico legal (dictamen Nº 006 del 11 de enero de 2002, rendido por médico de la ESE Hospital Antonio Roldán Betancourth de La Pintada —fl. 163, cdno. 2—), con los siguientes hallazgos:

EXAMEN FÍSICO: Refiere continuar con dolor en miembro inferior izquierdo, se irradia a rodilla izquierda en ocasiones le produce alteración en la marcha. En ocasiones con cólico abdominal. Hoy al examen físico: PA 100/60 P:80 por minuto, frecuencia respiratoria 16 por minuto. Cabeza y órganos de los sentidos: Normal. Cardiopulmonar: Normal. Abdomen: *Cicatriz quirúrgica hipertrófica sobre la línea media, hiperpigmentada de 2 cm de ancho, blando, depresible no doloroso, periotaltismo positivo, no masas ni megalias. Extremidades: En tercio superior de muslo izquierdo cara externa. Con cicatriz hipertrófica hiperpigmentada de 3 x 2 cm, con leve atrofia muscular de muslo izquierdo y leve disminución fuerza muscular por el dolor que refiere sensibilidad y pulsos. Dolor a la flexión total y rotación externa. El señor: DAVID ALEXÁNDER SALAZAR QUINTERO, trae hoy fotocopias de la historia clínica del Hospital Universitario San Vicente de Paúl, donde se informa que el paciente presentó herida de colón con contaminación de cavidad, herida vena hipogástrica, posterior a la cirugía. Presentó coagulopatía dilucional requirió unidad de cuidados intensivos. A los 18 días con diagnóstico de SEPSIS ABDOMINAL, lo volvieron a intervenir realizándole lavado de cavidad abdominal y cierre piel. Fue evaluado por ortopedia ya que presentó fractura conminuta, de alerón iliaco izquierdo le diagnosticaron fractura estable de pelvis y se le dio manejo ortopédico con reposo en cama 6 semanas. CONCUSIONES: Tipo de arma: Proyectil de arma de fuego la incapacidad médico legal se determinó definitiva de 45 días en el tercer reconocimiento médico legal. SECUELAS: Deformidad física de carácter permanente que afecta los contornos del cuerpo debido a lo notorio de la cicatriz del abdomen y muslo. Para determinar sobre otras secuelas médico-legales se da orden para electromiografía y se sugiere enviar al lesionado para quinto reconocimiento con resultado de la electromiografía. 

14.26. Finalmente, le fue practicado un último reconocimiento médico legal practicado por la misma institución el 18 de junio de 2002 (dictamen Nº 054 —fl. 224, cdno. 2—), en donde le fue determinada una incapacidad médico legal definitiva de 180 días, para lo cual se registró:

“EXAMEN FÍSICO: Se evalúa paciente consciente, activo, hidratado, afebril, con FC: 75, PA 120/70, FR: 18x cardiopulmonar normal, abdomen con cicatriz en cara anterior visible a 3 mts hipertrofia, hiperpigmentada de 4 cms por 20 cms sin borde definitivo, abdomen blando depresible no viceromegalias con fístula en fosa iliaca izquierda de 2 x 2 cm supurativa. Extremidades reflejos conservados, fuerza normal, sin déficit sensitivo, ni neuromuscular, refiere sensibilidad de miembro inferior izquierdo con dolor a reflexión y al caminar.  

Con hallazgos referidos, en reconocimiento previos y consignados en la historia clínica; Nro. 7010 del Hospital Antonio Roldán Betancur del Municipio de La Pintada.  

CONCLUSIÓN: Paciente quién sufre heridas por proyectil de arma de fuego, en quien se determina incapacidad médico legal definitiva de 180 días, contados a partir del día 28 de marzo de 2000, día de los hechos.  

Como secuela se determina deformidad física de carácter permanente que afecta los contornos del cuerpo debido a lo notorio de las cicatrices quirúrgicas en abdomen y muslo izquierdo. Se determina perturbación funcional del órgano de la digestión. 

14.27. Obra en el expediente el informe pericial de balística rendido dentro del proceso penal militar (Informe de balística Nº 0432-2005, elaborado por técnicos en balística forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —fl. 412, cdno. 2—), en el que se estableció entre otros, a partir de los testimonios recaudados lo siguiente:

HALLAZGOS ANALISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: De acuerdo con lo anterior, y una vez analizada la información referida en los informes médicos en conjunto con el grupo de Patología, se determinó que el recorrido del proyectil en el cuerpo del lesionado según las lesiones producidas en los órganos afectados fue de izquierda a derecha, de atrás hacia delante y de arriba hacia abajo. Por lo tanto en concordancia con la postura del lesionado en el momento de los hechos (sentado como parrillero en una moto que para esa marca y modelo, la altura promedio en la silla es de 80 cm), la estatura del señor agente JOVANNI ERNESTO RODRÍGUEZ TORRES (1 metro 80 cm), y la trayectoria anatómica del proyectil, el arma de fuego fue disparada una vez el lesionado pasa en la moto, golpea al agente, la boca del arma de fuego queda de frente al lado izquierdo del lesionado (momento en que se dispara) y luego el agente cae al piso con el arma de fuego en sus manos. Las versiones coinciden en que en el momento del contacto entre la motocicleta y el agente fue el momento en que se escuchó la detonación. La versión dada por la teniente Luz Andrea Baquero Cruz es la más compatible con los hechos y permite explicar las características de las lesiones y los hallazgos respecto a la trayectoria y posición del arma de juego del lesionado y del agente. INTERPRETACION DE HALLAZGOS Y CONCLUSIONES: El proyectil presenta trayectoria anatómica de izquierda a derecha, lo cual se debe interpretar de acuerdo al movimiento del cuerpo en ese instante, por lo tanto para que esta trayectoria se dé, es necesario tener en cuenta la posición del tirador estando de pie, con el arma a una altura superior a 80 cm y de manera que el lado izquierdo del lesionado fuera el impacto por el proyectil causante el orificio de entrada en la cara externa posterior del tercio superior del muslo izquierdo. Simultáneamente el lesionado sobrepasaba ligeramente la posición del agente lo cual explica el sentido de atrás hacia delante. Las lesiones internas se producen anatómicamente a menor altura que el orificio de entrada, lo que establece que la trayectoria sea de arriba hacia abajo.  

14.27.1. En el experticio en mención no fue posible establecer la distancia a la cual se efectuó el disparo respecto del lesionado al considerarse que: “no hay elementos suficientes para terminar su rango (en centímetros) de distancia, ya que no fue posible realizar el estudio de las prendas de vestir usadas por el lesionado en el momento de los hechos. No obstante, el análisis de la trayectoria y su correlación con las declaraciones estudiadas, permiten inferir que fue a corta distancia”.

14.28. Finalmente, obra en el expediente el dictamen de calificación de pérdida de la capacidad laboral practicado por la junta regional de calificación de invalidez de Antioquia a David Alexánder Salazar Quintero el 11 de abril de 2006 (fl. 62 a 64, cdno. ppal.), en el que con un diagnóstico de “eventración abdominal y cicatrices múltiples [en] abdomen y cadera izquierda”, se logró determinar un 28,95% de pérdida de la capacidad laboral con ocasión de las lesiones causadas el 28 de marzo de 2000.

VI. Problema jurídico.

15. Corresponde a la Sala establecer si el daño sufrido por el señor David Alexánder Salazar Quintero es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, o si por el contrario, tal como lo estableció el a quo se configuró en el presente caso el hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad.

15.1. Para tal efecto la Sala deberá establecer la realidad fáctica de lo acontecido en orden a determinar si en la actuación policial desplegada la noche del 28 de marzo de 2000 hubo o no un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

VII. Análisis de la Sala.

16. La Sala tiene por acreditado el daño pues las pruebas documentales y testimoniales que militan en el proceso demuestran que el señor David Alexánder Salazar Quintero fue herido por un arma de fuego en medio del adelantamiento de un procedimiento policial la noche del 28 de marzo de 2000, y que como consecuencia de ello presentó una afectación prolongada de su estado de salud en cuanto a su órgano de locomoción y aparato digestivo así como una deformidad física de carácter permanente; situación que le ha ocasionado a él y a su familia sufrimiento y consternación por virtud de la gravedad de las lesiones sufridas, las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido, así como el largo periodo de minusvalía y recuperación (ver supra párr. 14.1, 14.5, 14.23, 14.24).

16.1 Se encuentra igualmente demostrada la relación de parentesco existente entre David Alexánder Salazar Quintero y Vicente Sabino Salazar Murillo, Martha Nelly Quintero, Luzmila Quintero Blandón, Amanda de Jesús y Rogelio de Jesús Quintero, padres, abuela y hermanos de la víctima (supra párr. 14.2).

16.2. Finalmente, la afectación material aducida, que en este caso corresponde al lucro cesante consolidado, se encuentra sustentada en las pruebas testimoniales recaudadas, en las que los deponentes (ver supra párr. 14.1(12)), de manera uniforme, declaran que David Alexánder Salazar Quintero para el momento de los hechos se desempeñaba como auxiliar de mantenimiento e instalación de antenas parabólicas en el municipio de La Pintada, Antioquia, de donde obtenía los ingresos para su manutención y la de sus progenitores, con quienes vivía.

17. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en el presente caso, el precedente jurisprudencial ha señalado que tratándose de daños ocasionados con armas de fuego de dotación oficial, debe aplicarse de manera preferente el título de imputación objetivo por riesgo excepcional; sin embargo, en tanto se aduzca por la parte demandante una falla cometida por la administración pública, debe darse paso al análisis del caso bajo la óptica del régimen de responsabilidad subjetiva, pues es necesario que se pongan en evidencia los errores cometidos por la administración en el desarrollo de sus actividades, de modo que, a partir del papel pedagógico que cumplen las sentencias del Consejo de Estado frente al ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los diferentes organismos del Estado, entre ellos, la fuerza pública, se fijen pautas para que tales yerros no tengan de nuevo ocurrencia(13).

17.1 En el contexto expuesto, esta subsección ha señalado además que para que surja la responsabilidad patrimonial a cargo de la entidad demandada bajo dicho título “no basta con poner en evidencia que el daño se produjo por un agente de la administración o con un instrumento autorizado por el Estado como lo es el arma de dotación oficial, sino que además, es indispensable demostrar que la actividad desplegada por los agentes tuvo una relación directa y próxima con el servicio, y en tal caso, preguntarse si estuvo inmersa en una infracción funcional”(14).

18. La parte actora sostiene que en el presente caso existió una falla imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional en la medida en que el agente Jovanny Ernesto Rodríguez Torres utilizó su arma de dotación de manera injusta y desproporcionada en contra de la humanidad del joven David Alexánder Salazar Quintero ocasionándole graves heridas que por poco le causan la muerte, por lo que el asunto deberá analizarse bajo el régimen de responsabilidad subjetiva anotado, a fin de determinar si ocurrió o no la falla del servicio aducida.

18.1. La entidad demandada por su parte alega en su defensa que la causación del hecho dañoso imputado es atribuible al hecho exclusivo y determinante de un tercero, en este caso el joven Daniel Alejandro Pérez Suaza, en la medida en que pese a requerirle que se detuviera por transitar en contravía de la restricción municipal existente, continuó deliberadamente su marcha, tumbando al policía en su huida y provocando el suceso acaecido.

18.2. La parte pasiva no niega entonces que las lesiones ocasionadas a David Salazar Quintero fueron ocasionadas por el uniformado Jovanny Ernesto Rodríguez Torres, con el arma de dotación oficial asignada —fusil Galil— y en actos propios del servicio, esto es, al requerir en medio del turno de guardia la detención de la motocicleta en la que se transportaban los jóvenes, toda vez que se movilizaban luego de la hora en la que ciertamente operaba una restricción al transporte en este tipo de vehículos (supra párr. 14.3), por lo que no está en controversia el origen del disparo, la calidad del agente, ni el desarrollo de los hechos en actos del servicio —aspectos que se encuentran plenamente demostrados (supra párr. 14.5, 14.8. 14.17, 14.20 y 14.27)—, sino la intervención determinante de un tercero en el resultado dañoso, así como el hecho de que el policial implicado haya obrado de manera arbitraria e injustificada, de donde se afirma que al ponerse en riesgo la vida del uniformado por la forma en que peligrosamente se aproximaron en la moto a éste tumbándole: 1. La reacción policial se encontraba justificada, y 2. El disparo ocurrido fue producto de la caída ocasionada por la acción deliberada de quien conducía la moto, mas no por la voluntad del agente Rodríguez Torres, hipótesis bajo las cuales la entidad pretende ser exonerada de responsabilidad.

19. Establecer la veracidad de una u otra versión de los hechos resulta indispensable para determinar si el Estado debe ser declarado administrativamente responsable de las lesiones causadas al señor Salazar Quintero, pues si se llegara acreditar que el conductor de la moto e incluso la misma la víctima pusieron en inminente riesgo la vida del agente implicado o la de otras personas, por ejemplo intentando dispararle, habría que concluir que la conducta del uniformado se encontraría justificada siempre que haya sido proporcional al riesgo o acción desplegada en su contra(15), y que por tanto, el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima operó en este caso como causal eximente de responsabilidad.

20. En cuanto al decurso y las circunstancias en medio de las cuales se produjo el disparo, está demostrado que el 28 de marzo de 2000, entre las 10:45 y 11:20 p.m., el joven David Alexánder Salazar Quintero solicitó a su amigo Daniel Alejandro Pérez Suaza de 18 años de edad, que lo transportara hacia su casa en la motocicleta que este último conducía, quien accedió a lo pedido requiriéndole primero que lo acompañara a otro lugar a dar una razón urgente; de regreso, al cruzar en frente de la estación de policía de La Pintada, salió a su encuentro sobre la mitad de la vía el agente Jovanny Rodríguez Torres quien con ocasión de la restricción de tránsito existente y dada la avanzada hora les solicitó detenerse, ante lo cual, el joven Daniel Alejandro Pérez Suaza hizo caso omiso esquivándolo por encontrarse ubicado en el carril por el que transitaba y continuando su trayectoria, maniobra en la que alcanzó a empujarlo con el manubrio de la motocicleta, luego de lo cual se escuchó el disparo proveniente del fusil galil de dotación que portaba el agente Rodríguez Torres, que terminó impactando por la espalda a la altura de la cadera izquierda el cuerpo de David Salazar Quintero, quien fue abandonado más adelante por su amigo al advertirlo herido y observar que el policía se aproximaba con su arma en la mano. En cuanto a este último hecho, se encuentra demostrado igualmente con grado de certeza, que Daniel Pérez Suaza, quien conducía la moto, huyo inmediatamente del lugar en el mismo vehículo.

21. La anterior versión de los hechos tiene plena credibilidad, comoquiera que se extrae de la abundante prueba testimonial recaudada en el marco del proceso penal militar trasladado, cuyo análisis conjunto resulta coincidente en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar atrás anotadas, esto es, de las afirmaciones que por su uniformidad podían extraerse de las declaraciones de la víctima directa, de Daniel Alejandro Pérez Suaza, del policía encartado, del patrullero Carlos Meneses Giraldo quien acompañaba el turno de guardia y de la Comandante de Estación de Policía de La Pintada, Luz Andrea Baquero Cruz, quien sin ser testigo presencial de los hechos recibió en primera medida la versión de los hechos manifestada por parte del uniformado (supra párr. 14.5, 14.6, 14.11, 14.13, 14.15 y 14.16).

22. Ahora bien, como se advirtió en párrafos precedentes, del acervo probatorio aportado al expediente, en cuanto a la circunstancia puntual en la que se efectuó el disparo, existen tres versiones a saber:

22.1. La primera, extraída del contenido y anotaciones del libro de población de la estación de la pintada, del informe rendido por la comandante de estación Luz Andrea Baquero Cruz con destino al comandante de distrito, y del informe presentado por el mismo policía Rodríguez Torres al día siguiente de los hechos, esto es, el 29 de marzo de 2000 (ver supra párr. 14.7, 14.8 y 14.10), en las que se registra puntualmente que en las circunstancias atrás anotadas ocurridas la noche del 28 de marzo de 2000, el policía ante la acción deliberada de los motorizados “reacciona y dispara su fusil”, de donde claramente se presenta tal hecho como una respuesta voluntaria e intempestiva del uniformado ante la trayectoria peligrosa de la motocicleta, la omisión a la orden de alto, la huida de los mismos y la tensión que le generaban presuntas amenazas hacia las instalaciones del comando y el personal, hecho último que se encuentra desvirtuado a partir de la certificación obrante en el expediente en la que el jefe seccional de inteligencia del Departamento de Policía de Antioquia manifiesta que en la época de los hechos “no se encontraron anotaciones de presencia de grupos al margen de la ley o perturbaciones del orden público en el municipio de la pintada y localidades aledañas” (supra párr. 14.22).

22.1.1. Esta versión de los hechos encuentra respaldo en la declaración rendida por Daniel Pérez Suaza, conductor de la moto involucrada, así como en la descripción física de los hechos efectuada por el lesionado David Salazar Quintero en la diligencia de reconstrucción efectuada en la investigación penal militar adelantada (supra párr. 14.11 y 14.20).

22.2. La segunda, es la hipótesis manifestada y defendida por el agente implicado ya en la versión libre y espontánea rendida en la indagación preliminar iniciada, en la indagatoria rendida una vez abierta la investigación formal en el proceso penal militar y en la diligencia de reconstrucción de los hechos practicada el 23 de junio de 2005 (supra párr. 14.17.1 y 14.20), en la que sostiene que en el momento en que es golpeado intencionalmente por quien conducía la motocicleta, luego de dar voces de alto reiteradamente, cae al piso y por tener el fusil terciado y el dedo en el obturador, involuntariamente se detona su arma producto de la caída ocasionado las heridas en la humanidad de David Alexánder Salazar Quintero objeto de la presente acción.

22.2.1. La anterior hipótesis tiene respaldo en lo declarado por el patrullero Carlos Alberto Meneses Giraldo (supra párr. 14.15), quien igualmente señaló que el disparo efectuado por el agente ocurrió luego de que este cayera al piso.

22.3. La tercera versión de lo ocurrido, surge de los hechos narrados por el agente Rodríguez Torres a su superior luego de lo ocurrido, información de la que da cuenta detalladamente la Comandante Baquero Cruz en su declaración (supra párr. 14.16), según lo cual, el policial le manifestó en su momento que la moto fue dirigida intencionalmente contra su humanidad intentando agredirlo físicamente, momento en el que el parrillero de la motocicleta intentó “coger o forcejearle el fusil”, y al esquivar y tener el dedo en el disparador, producto de la confrontación se detonó su fusil ocasionando heridas al mismo parrillero.

23. De las tres versiones de los hechos, la que menor respaldo probatorio encuentra es la anteriormente reseñada, toda vez que se apoya únicamente en la explicación ofrecida por el uniformado a su superior jerárquico, información que se contradice con lo registrado por el mismo en el informe escrito, con lo manifestado por su compañero de guardia y lo consignado de primera mano en el libro de población a partir de su propio dicho, lo que puede tenerse como una explicación premeditada dirigida a justificar su proceder para ajustarlo a la legalidad ante la Comandante, sin que el restante material probatorio e incluso sus posteriores salidas procesales permitan corroborar en modo alguno su dicho, razón por la que tal hipótesis será inminentemente descartada.

24. En efecto, resulta inverosímil la peligrosidad que le asigna en su narración a David Alexánder Salazar Quintero, la tentativa de lesiones que afirma se dirigió en su contra, así como el intento de ser despojado de su arma de dotación a través de un forcejeo con el parrillero de la moto, pues se encuentra demostrado que para el momento de los hechos tanto el conductor como el joven lesionado -quienes apenas alcanzaban la mayoría de edad-, se encontraban completamente desarmados e indefensos, y que la maniobra efectuada por quien conducía fue un intento de evadir la posible sanción y represalia por transitar por fuera del horario establecido aunado a la exposición intempestiva del agente en medio de la vía cuando venían a una velocidad considerable, lo que puede deducirse de la reconstrucción de los hechos efectuada en la que participaron ambas partes (supra párr. 14.20). No se trataba pues de personas calificadas, ajenas a la cotidianidad del municipio o con antecedente alguno que permitan dar credibilidad a tal versión, sino de dos jóvenes transportándose en moto a alta velocidad en contravía del Acuerdo Municipal Nº 026 de 1997.

25. Ahora bien, teniendo en cuenta que el informe de balística elaborado en el marco del proceso penal militar tuvo como insumo esencial la versión anteriormente comentada, adoptando para ello como ciertos los hechos declarados por la comandante de la estación de policía de La Pintada, testigo indirecto de los hechos, dicho experticio no se tendrá en cuenta en esta instancia por contener manifestaciones que exceden su labor técnica y especializada, por fundarse en una declaración desvirtuada e inverosímil de acuerdo con el análisis conjunto del material probatorio allegado, y por no haber logrado su objeto -que era establecer la distancia a la cual se efectuó el disparo respecto de la víctima- en ausencia de elementos para poder determinarlo según lo manifestaron los técnicos que participaron en su elaboración, aspecto que más allá de lo allí establecido, resultaba necesario para esclarecer la realidad de los hechos acaecidos.

26. Visto lo anterior, en cuanto a las dos versiones restantes de los hechos, ambas plausibles, y siguiendo el criterio de mayor probabilidad lógica expuesto por Michele Taruffo(16) acogido por la Sala en otras oportunidades(17), se considera que si bien estas hipótesis se apoyan esencialmente en medios probatorios cuya credibilidad es cuestionable, por la contradicción existente entre las mismas proviniendo de un mismo deponente, esto es, del policía implicado, y por cuanto las restantes pruebas en las que se cada una respalda, provienen de declaraciones que, en los términos del artículo 217 del Código de Procedimiento Civil son sospechosas dado el grado de cercanía de los declarantes con la parte a quién beneficia su dicho —de un lado, el amigo de la víctima Daniel Pérez Suaza, y de otro, un miembro de la entidad demandada(18), ambos de una u otra forma involucrados directamente en los acontecimientos—, la que ostenta mayor probabilidad prevaleciente es aquella sostenida inicialmente por el agente Rodríguez Torres.

27. En efecto, dicha versión de los hechos, que pone de manifiesto expresamente la reacción y disparo voluntario del agente Jovanny Rodríguez Torres en medio de la confusión que le generó la trayectoria de la motocicleta, la omisión de pare de sus ocupantes así como la huida de los mismos más no como producto de una caída, se encuentra no solo respaldada en los medios probatorios que a juicio de esta Sala gozan de mayor credibilidad por la inmediatez de su producción -esto es, la anotación consignada en el libro de población y los informes rendidos por el mismo uniformado con destino a la comandante de la estación y por esta última hacia el comandante del distrito- lo que permite inferir una mayor fidelidad en cuanto a los hechos ocurridos, sino que además, resulta coincidente con la declaración efectuada por el joven conductor de la motocicleta y la descripción de los hechos precisada por el lesionado en la reconstrucción de los hechos, quienes de manera uniforme señalaron que sintieron el disparo luego de intentar evadir al policía(19), más no de manera concomitante como producto del golpe recibido por éste con el manubrio del vehículo (supra párr. 14.13 y 14.20).

28. Si bien, en las dos declaraciones inicialmente rendidas por el afectado en la investigación penal militar, éste manifestó que el policía si se cayó y que producto de su caída se produjo el disparo, se aprecia en primer lugar que la declaración rendida es contraria a la primera versión de los hechos expresada en los informes recaudados en el momento de los hechos y al día siguiente de los mismos, en donde el propio agente admite haber disparado su fusil modificando posteriormente su versión de los hechos. Además, al rendirse tales declaraciones por el lesionado luego de dos meses de acaecido el suceso, por la forma en que se presentan los hechos y se expresa el joven deponente, quien en todo momento busca justificar la actuación policial y excusar al agente implicado, se advierte que su dicho pudo estar influenciado por este último y por los cuantiosos y reiterados aportes económicos que éste le procuraba, que incluso se efectuaron el día de las diligencias(20) según se encuentra probado en el expediente (ver supra párr. 14.11.1).

29. De lo anteriormente expresado se tiene que la versión de los hechos con mayor probabilidad lógica de ocurrencia por encontrarse mayor y coincidentemente soportada, es aquella que pone de manifiesto el disparo del agente Jovanny Rodríguez Torres como una reacción voluntaria del mismo ante las circunstancias ocurridas, en las que el conductor de la moto en la que se transportaba el demandante omitió las voces de alto y continuó su trayectoria golpeándole al encontrarse en medio de la vía(21), de donde para intentar conjurar la huida éste acciona su arma de dotación oficial impactando por la espalda en el costado izquierdo de la cadera al joven David Alexánder Salazar Quintero, quien ocupaba el puesto de parrillero.

30. En este sentido, a efectos de determinar la responsabilidad subjetiva de la entidad demandada en los hechos, deberá determinarse si la actuación del policía estuvo inmersa en una infracción funcional por el uso excesivo de la fuerza, o si por el contrario, ante las circunstancias anotadas, se encontraba justificado su proceder, lo que impone revisar el marco jurídico que regula la utilización de las armas por parte de militares y policías, es decir, aquellos eventos en los que el ordenamiento habilita su uso y lo considera conforme a derecho.

31. El Código Nacional de Policía —Decreto 1355 de 1970—, señala que la policía se encuentra instituida para “proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”, por lo que corresponde a ésta “la conservación del orden público a través de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad y la moralidad públicas”, autorizándose para ello el empleo de la fuerza, solo cuando sea estrictamente necesario bajo los eventos tipificados en el artículo 29 del mismo ordenamiento así:

a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades; 

b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía; 

c) Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad; 

d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente; 

e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública; 

f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes; 

g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves. 

32. En igual sentido, el artículo 30 ibídem, modificado por el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, dispuso que para preservar el orden público, la policía emplearía solo los medios autorizados por la ley o reglamento y escogería siempre, entre los eficaces, aquellos que causen el menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes, precisando que los mismos no podrían ser utilizados más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Tal disposición precisó en cuanto a la posibilidad del uso de las armas ante una situación de fuga lo siguiente: “[L]as armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando este las use para facilitar o proteger la fuga”.

33. La normatividad internacional aplicable en tiempos de paz ha definido las condiciones o eventos en los que se considera legítimo el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas de un Estado, estableciendo que el uso de la fuerza en general, y de las armas de fuego en particular, debe sujetarse a los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad(22). En cuanto a su observancia, esta Sala precisó en sentencia de 29 de marzo de 2014(23) que pese a carecer de efecto vinculante en el ámbito nacional, estos instrumentos pueden adoptarse como criterios orientadores en torno al tema, dada su vocación axiológica o normativa:

...Al respecto, se ha expedido la declaración de Naciones Unidas denominada los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, la cual si bien no tienen carácter estrictamente vinculante –razón por la cual se los denomina “derecho blando” o “soft law”–, gozan de cierta relevancia jurídica y práctica en el ámbito internacional y nacional en tanto disposiciones de dicha naturaleza exhiben “una clara e inequívoca vocación axiológica o normativa general”(24) y sirven como “criterios auxiliares de interpretación de los tratados internacionales sobre derechos humanos”(25).  

12.6. Los referidos principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley(26) comprenden, entre otros, el de licitud (principio n° 9), según el cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en los siguientes casos:  

(i) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves;  

(ii) Con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida; 

(iii) Con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad; o  

(iv) Para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. 

12.7. Adicionalmente, la Resolución Nº 14 de 1990 de Naciones Unidas que adopta y desarrolla estos principios, establece que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:  

(i) Se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso;  

(ii) Utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego; podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten insuficientes o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto (principio de necesidad);  

(iii) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga (principio de proporcionalidad);  

(iv) Reducirán al mínimo los daños y lesiones, y respetarán y protegerán la vida humana; 

(v) Procederán de modo que se presten, lo antes posible, asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas; 

(vi) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas; y 

(vii) Comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores. 

34. Por su parte, el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por asamblea general en su Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979, establece lo siguiente:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. 

Comentario: 

a) En esta disposición se subraya que el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser excepcional; si bien implica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden ser autorizados a usar la fuerza en la medida en que razonablemente sea necesario, según las circunstancias para la prevención de un delito, para efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o para ayudar a efectuarla, no podrá usarse la fuerza en la medida en que exceda estos límites. 

b) El derecho nacional restringe ordinariamente el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de conformidad con un principio de proporcionalidad. Debe entenderse que esos principios nacionales de proporcionalidad han de ser respetados en la interpretación de esta disposición. En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr. 

c) El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. Deberá hacerse todo lo posible por excluir el uso de armas de fuego, especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes. 

35. Bajo los eventos anotados, se entiende legítimo el uso de la fuerza de acuerdo a los instrumentos internacionales citados, último recurso al que deben acudir los agentes del Estado para el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, de donde primordialmente, habrán de acudir a aquellos medios coercitivos que representen un menor daño para la integridad de las personas, comoquiera que es su deber fundamental la protección del derecho a la vida(27).

36. De lo expuesto se infiere que la Policía Nacional puede, con el fin de hacer cumplir la ley y mantener el orden, emplear la fuerza armada aun cuando con ello se produzcan muertes o lesiones personales. Sin embargo, en ningún caso, la fuerza empleada puede ser excesiva, lo que implica que debe ser necesaria y proporcional al objetivo que se pretende alcanzar.

37. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado ha señalado que, aunque es legítimo el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para preservar el orden y combatir la delincuencia, se compromete la responsabilidad de la administración cuando los agentes estatales causan la muerte o heridas a una persona i) que ya ha depuesto las armas, ii) se encuentra en estado de indefensión o iii) no representa una amenaza real para su vida o su integridad personal(28).

38. En el presente caso, las pruebas aportadas al proceso y la versión de los hechos con mayor probabilidad prevaleciente de ocurrencia, demuestran que las lesiones personales ocasionadas a David Alexánder Salazar Quintero sucedieron cuando el agente Jovanny Rodríguez Torres disparó su arma de dotación contra el mismo como reacción ante la omisión a la voz de alto proferida, el golpe recibido con el manubrio de la motocicleta y la fuga emprendida por quien conducía (supra párr. 29).

39. Al respecto, es importante anotar que en el presente caso no se encuentra demostrado que el agente haya caído al piso producto del golpe recibido con la motocicleta, como tampoco las lesiones que manifiesta tal situación le produjo. Tampoco pudo demostrarse que la intención de los jóvenes implicados fuera la de hacerle daño al policía, pues en primer lugar se encontraban desarmados, y en segundo, la presunta agresión recibida se explica más a partir de la velocidad a la que estos transitaban y el pare intempestivo efectuado por el uniformado, quien admite haberse ubicado en la mitad de la vía, aproximándose para ello (supra párr. 14.20).

40. Ahora bien, se encuentra probado que éstos evadieron deliberadamente la orden de alto, que se encontraban incursos en una infracción a la restricción de locomoción establecida en el decreto 026 de 1997 proferido por el alcalde del municipio y que además, emprendieron la huida acelerando aún más la moto en la que se transportaban, situaciones que en conjunto no justifican el proceder del agente Rodríguez Torres, ni ubican su actuar bajo la óptica del uso legítimo de la fuerza letal atrás esbozada, pues al encontrarse evidentemente desarmados y reducirse la agresión recibida a un golpe con el manubrio de la motocicleta intentando más bien esquivar al policía, no se puso en riesgo inminente la vida del uniformado.

41. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que el disparo se efectuó por el agente Jovanny Rodríguez Torres una vez cruzaron los jóvenes implicados, ante la conducta omisiva del conductor de la motocicleta y el golpe recibido —que de acuerdo a su propio dicho no fue de gravedad ni requirió ayuda médica razón por que no se presentó a valoración ni dejó el registro respectivo de las lesiones en sus informes—, éste debió acudir medidas menos extremas para impedir la huida y conjurar las infracciones suscitadas.

42. Al respecto debe recordarse, que la Policía Nacional ostenta una actividad primordialmente preventiva y ocasionalmente correctiva, de donde para cumplir sus objetivos institucionales debe emplear los medios autorizados por la ley únicamente en los eventos atrás anotados, escogiendo entre los mismos aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas(29). Asimismo se tiene que en eventos de fuga, el artículo 109 del Decreto 522 de 1971 atrás citado, señaló que las armas de fuego no pueden emplearse contra quien huye sino cuando éste las use para facilitar y proteger su fuga, lo que no ocurrió en modo alguno en el presente caso, pues se reitera que los jóvenes se encontraban desarmados.

43. Así las cosas, nada en el expediente permite sostener que el demandante en este caso haya incurrido realmente en alguna conducta que justificara la respuesta armada por parte del uniformado, quien ante la dimensión de los hechos uso de manera desproporcionada su arma de dotación oficial contra la humanidad de Salazar Quintero únicamente para intentar detener a los motorizados en su huida, acción evasora que no justifica la contundente reacción armada emprendida por el policial en su contra, que por poco ocasiona su muerte al encontrarse dirigidos los disparos efectuados hacia la zona vital del afectado (supra párr. 14.23 a 14.26).

44. El estado de indefensión del actor en el momento de los hechos aunado a que en modo alguno puso en riesgo la vida del policía encartado, permite afirmar, de acuerdo a la normatividad anteriormente citada que regula el uso legítimo de las armas de fuego, que éste fue víctima de un uso desproporcionado de la fuerza en el procedimiento efectuado la noche del 28 de marzo de 2000.

45. Asimismo se descarta la ocurrencia del eximente de responsabilidad invocado por la entidad demandada toda vez que la acción desplegada por el joven Daniel Pérez Suaza, no fue exclusiva y determinante del daño, pues de acuerdo a lo probado, el uniformado implicado disparó a fin de intentar detenerlos, luego de que éstos evadieran las voces de alto y le sobrepasaran golpeándolo, tratándose más de una reacción precipitada por parte del mismo.

46. Se reitera para el caso que el uso de la fuerza y de las armas de fuego solo se encuentra autorizado cuando es estrictamente necesario, ante una amenaza real e inminente contra sí mismo o para proteger la vida de alguien más, y no solamente para impedir la fuga de quien es requerido, pues para alcanzar dicho objetivo existen medios menos extremos y lesivos de los derechos fundamentales de quien es sujeto de la acción policial.

47. Por las razones expuestas, se concluye que el daño causado al señor David Alexánder Salazar Quintero (supra párr. 14.1, 14.23 y 14.28), que consistió en la fractura del fémur izquierdo, con compromiso en víscera hueca, así como las secuelas derivadas de ello, consistentes en “la deformidad física de carácter permanente que afecta los contornos del cuerpo debido a lo notorio de la cicatriz del abdomen y muslo”, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, razón por la que se revocará la providencia apelada y en su lugar se accederá a las pretensiones de la demanda.

VIII. Perjuicios.

48. Procede la Sala a fijar el monto de los perjuicios de conformidad con las pretensiones de la demanda y las pruebas que obran dentro del proceso.

1. Perjuicios morales.

49. En el caso concreto, los demandantes demostraron el perjuicio moral que padecieron como consecuencia de la afectación causada al señor David Alexánder Salazar, por lo cual la Sala procederá a fijar el monto de las respectivas indemnizaciones, atendiendo a la gravedad de la lesión y al nivel de cercanía afectivo existente entre el lesionado y los demás demandantes, conforme al criterio establecido por el pleno de la Sección Tercera, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014(30) así:

S2002-01214 fig 1-1
 

50. Con el dictamen de calificación de invalidez aportado al proceso se demostró que el señor Salazar Quintero presenta una pérdida de capacidad laboral del 28.95% por lo que de acuerdo con lo anterior le correspondería una indemnización equivalente a cuarenta (40) smlmv por concepto de perjuicios morales.

51. Los señores Vicente Salazar Quintero y Martha Nelly Quintero recibirán la misma indemnización ya que se encuentran en el primer nivel de cercanía afectiva respecto de la víctima directa, en calidad de padres del afectado.

52. Por su parte, Amanda de Jesús y Rogelio de Jesús Quintero, así como la señora María Luzmila Quintero Blandón, en calidad de hermanos y abuela materna respectivamente, serán indemnizados con veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria de esta sentencia.

2. Perjuicios materiales.

53. Se encuentra acreditado dentro del expediente que a David Alexánder Salazar Quintero se le otorgó inicialmente una incapacidad médico legal definitiva de 180 días (supra párr. 14.26), y que con posterioridad, con ocasión de los mismos hechos le fue determinada una pérdida de la capacidad laboral correspondiente al 28,95%, razón por la que hay lugar a reconocer a su favor la indemnización por el detrimento patrimonial derivado de ello (lucro cesante), reconocimiento que se efectuará en los términos y con el alcance solicitado expresamente en las pretensiones de la demanda (lucro cesante consolidado a la fecha de la sentencia) (ver núm. 1.2.2 de la demanda —fls. 14 a 24, cdno. ppal.—).

54. Para tal efecto, las pruebas testimoniales recaudadas dan cuenta de que para el momento en que ocurrió el hecho dañoso, el demandante trabajaba como auxiliar de instalación de antenas parabólicas, actividad con la cual obtenía los recursos económicos para su propio sustento y el de su familia. Al respecto, no existe certeza acerca del monto devengado, tan sólo se tiene la declaración de la víctima quien manifestó que devengaba para el momento de los hechos 40.000 pesos diarios sin que se encuentre soportado en manera alguna, razón por la que Sala no conferirá credibilidad a su dicho y procederá a indemnizar el perjuicio aludido con fundamento en el salario mínimo actualmente vigente ($ 737.717)(31), suma que será incrementada en un 25% por concepto de prestaciones sociales, lo cual arroja un total de $ 922.146,25.

Por el periodo de incapacidad concedida, esto es, por 180 días, que corresponden a 6 meses, se reconocerá el 100% mes a mes de la cifra atrás anotada. Ahora bien, en tanto fenecida dicha incapacidad, logró determinarse que el demandante perdió su capacidad laboral en un 28,95%, el periodo subsiguiente se calculara tomando dicho porcentaje del salario mínimo, lo que corresponde a la suma de $ 266 961. Entonces:

a) Indemnización debida del 28 de marzo al 28 de septiembre del 2000:

Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S2002-01214CE fig 2
 

Donde:

S= Valor de indemnización por el período

Ra= Renta actualizada

i= Interés técnico del 0.00467

n= número de meses a indemnizar (6)

1= Constante

S2002-01214CE fig 3
 

A partir de lo anterior, se calculará lo dejado de percibir entre el periodo en que feneció la incapacidad anteriormente referida 28 de septiembre de 2000 y la fecha de esta sentencia (12 de diciembre de 2017), para un total de 209,3 meses.

Se calcula con base en la siguiente fórmula:

S2002-01214CE fig 4
 

Donde:

S= Valor de indemnización por el período

Ra= Renta actualizada

i= Interés técnico del 0.00467

n= número de meses a indemnizar (209,3)

1= Constante

S2002-01214CE fig 5
 

55. De acuerdo con las operaciones anteriores se tiene que el total de la indemnización debida al señor David Alexánder Salazar Quintero por concepto de lucro cesante es de ciento dos millones doscientos ochenta y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/c ($ 102 284 458).

3. Daño a la salud.

56. El demandante David Alexánder Salazar Quintero solicitó indemnización por el perjuicio fisiológico -ahora denominado daño a la salud-, que padeció como consecuencia de la afectación de su integridad física y la consecuente pérdida de su capacidad laboral.

57. Debido a que este perjuicio se encuentra debidamente acreditado (ver supra párr. 14.23, 14.26 y 14.28), la Sala procederá a indemnizarlo con fundamento en lo decidido por el pleno de la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de unificación de jurisprudencia(32) en el sentido de que las lesiones corporales que producen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 20% e inferior al 30% se indemnizan con cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

IX. Costas.

58. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

REVOCAR la sentencia de 4 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional administrativamente responsable por los daños causados al señor David Alexánder Salazar Quintero como consecuencia de las heridas de arma de fuego de dotación oficial que recibió el 28 de marzo de 2000 en la vía que de La pintada conduce a Supía (Antioquia).

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:

— A favor de David Alexánder Salazar Quintero, Vicente Sabino Salazar Murillo y Martha Nelly Quintero el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

— A favor de Amanda de Jesús y Rogelio de Jesús Quintero, y de María Luzmila Quintero Blandón el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos.

TERCERO: CONDENAR a la Nación Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar a favor del señor David Alexánder Salazar Quintero la suma de ciento dos millones doscientos ochenta y cuatro mil, cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/c ($ 102 284 458), por concepto de lucro cesante.

CUARTO: CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional a pagar al señor David Alexánder Salazar Quintero lo equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, por concepto de daño a la salud.

QUINTO: Cúmplase lo anterior conforme lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para lo de su cargo.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Ramiro Pazos Guerrero, Presidente de la Sala de Subsección—Stella Conto Díaz del Castillo—Danilo Rojas Betancourth».

1 ART. 3º—Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Modifíquese el numeral 2º del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, el cual quedará así: (...) 2. Por el valor de la suma de todas las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda.

2 En el presente caso, la demanda fue admitida mediante auto del 15 de octubre de 2002 con vocación de segunda instancia de conformidad con lo establecido en el Decreto 597 de 1988 (fl. 26, cdno. ppal.), por cuanto la pretensión mayor estimada al momento de su presentación el 1º de abril del 2000 (fl. 14, cdno. ppal.) que correspondía a los perjuicios morales reclamados por la víctima por valor de 1.000 smlmv, superaba ampliamente la exigida para tal efecto; competencia por el factor objetivo que no se vio afectada al ejercerse el recurso de apelación el 17 de enero de 2012 en vigencia del artículo 3º de la Ley 1395 de 2010, en la medida en que esta última estableció la determinación de la cuantía para el conocimiento en doble instancia a partir de la suma de la totalidad de las pretensiones, lo que supone, sin lugar a dudas, que el proceso igualmente superaría el monto exigido para ello, cuya adición arroja en este caso como cuantía un valor superior a 2.000 smlmv.

3 ART. 178.—Rechazo in limine. Las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso y el juez rechazará in limine las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifestaciones superfluas.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.

5 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa, sentencia de 30 de septiembre de 2014, Exp. 2007-01081-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia de 14 de abril de 2010, Rad. 05001-23-31-000-1993-00588-01(17805).

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Danilo Rojas Betancourth, sentencia de 11 de septiembre de 2013, Rad. 20.601.

En síntesis, para la Sala es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Esto último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de éstas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso. 

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Rad. 36170, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

9 “Por la cual se derogan y modifican algunas disposiciones del Decreto 2700 de 1991...” El texto de la norma es el siguiente: “ART. 50.—El artículo 313 del Código de Procedimiento Penal tendrá un inciso final del siguiente tenor:// En ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio dentro del proceso”.

10 [8] M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

11 Corte Constitucional, Sentencia C-392 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

12 Testimonios de Marco Winston Corrales Chalarcá, María Margarita Marín y Ana del Carmen Acevedo Bermúdez recaudados dentro de este proceso (fls. 41 a 46, cdno. ppal.).

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009, Exp. 16.974, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia del 27 de marzo de 2014, Exp. 31.611, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de mayo de 2014, Exp. 29.882, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencias del 20 de febrero de 2014, Exp. Rad. 20.030 y 29 de febrero de 2016, Exp. Rad. 31.378, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 Según este autor: “... Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero «discrepantes» o «contrarios» entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.

17 Ver, por ejemplo, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20333, C.P. Danilo Rojas Betancourth, en donde también se citó a Taruffo en los siguientes términos: “... si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (...). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”, La prueba de los hechos, Trotta, Madrid, 2002, capítulo IV, Nº 5, página 325.

18 El mencionado deponente es compañero del agente Rodríguez Torres en tanto funge como patrullero en la institución policial; además, el día de los hechos, prestaba guardia en el mismo turno junto con el uniformado implicado y se encontraba en el lugar de los hechos.

19 David Alexánder Salazar Quintero, intervino en la diligencia de reconstrucción de los hechos en la que también participó el agente implicado, para precisar en cuanto a lo ocurrido y sobre el escenario físico de los hechos, lo siguiente: “la moto no paró, junto al letrero mermo sin parar, después aceleró, tampoco al pasar por donde el agente no nos desviamos tanto del carril como él lo muestra, si se le cogió con el manubrio de la moto, pero yo no voltié a mirar, la moto continúa por el carril contrario hasta el poste (se señala el poste que queda al lado del comando al otro lado de la vía) y ahí fue donde yo sentí el disparo y ya fui a caer a la entrada de calle vieja”. (Se resalta y subraya).

20 Obra en el proceso recibo de pago por valor de 1.000.000 de pesos recibidos por el joven David Salazar Quintero el mismo día en que rindió su declaración en el proceso Nº 3787, esto es el 8 de mayo de 2000 (fl. 60, cdno. 2).

21 De la reconstrucción de los hechos efectuada en el marco de la investigación penal adelantada y los registros fotográficos obtenidos en la misma, se evidencia que el agente Jovanny Rodríguez Torres intento detenerlos encontrándose en la mitad de la vía

22 En contextos de conflicto armado el uso de la fuerza también está sometido a los principios de necesidad y proporcionalidad, aunque éstos tienen un alcance y significado distinto, tal como lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “si bien hay una norma de proporcionalidad aplicable en tiempos de paz y durante situaciones de conflicto armado, la misma tiene distinto significado y consecuencias en cada contexto. Por lo tanto, en tiempos de paz, el principio de proporcionalidad establece que el uso de la fuerza debe ser proporcionado a las necesidades de la situación. En el derecho internacional humanitario, por su parte, el principio de proporcionalidad prohíbe “los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. Informe del 22 octubre 2002. OEA/Ser. L/V/ll.116. En similar sentido, véase la sentencia de 29 de mayo de 2014, Exp. 29882, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero.

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27 de marzo de 2014, Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero, Rad. 05001-23-31-000-1999-02493-01 (31611).

24 [39] CASTRO, Luis Manuel. “Soft law y reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos: Reflexiones iniciales”, en Rodrigo Uprimny (coord.), Reparaciones en Colombia: Análisis y propuestas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2009, pág. 66, citada por la sentencia de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, septiembre 11 de 2013, Rad. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth (considerando 24.3).

25 [40] Corte Constitucional, Sentencia C-872 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

26 [41] “Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” fueron adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 27 de 2000, Rad. 12.788, citada por la sentencia de 14 julio de 2004 de la Sección Tercera, rad. 14902, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. “...si bien es cierto que el Estado puede hacer uso legítimo de la fuerza y por lo tanto, recurrir a las armas para su defensa, esta potestad sólo puede ser utilizada como último recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un menor daño. Lo contrario implicaría legitimar el restablecimiento del orden en desmedro de la vida y demás derechos fundamentales de las personas.”

28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 27 de julio de 2000, Exp. 12.788, C.P. Ricardo Hoyos Duque, de 3 de mayo de 2001, Exp. 13.231, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y de 6 de diciembre de 2013, Exp. 28.122, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

29 Artículo 109 del decreto 522 de 1971 y artículo 2ª de la ley 62 de 1993, vigentes para el momento de los hechos.

30 Rad. 50001-23-15-000-1999-00326-01(31172), C.P. Olga Mélida Valle de La Hoz.

31 Si bien, en sentido estricto debe tenerse en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, en la medida en que hace parte de las pretensiones la actualización final de la condena, la Sala tomará el vigente para la fecha de esta providencia como lo ha venido haciendo en todas las ocasiones en que se trata de actualizar el salario mínimo, y para ello advierte, que en el primer evento, con la aplicación de la fórmula consagrada, el valor resultante sería inferior al que se proyectaría con el salario actualmente vigente, por lo que se tomara como forma de actualización esta última por resultar más favorable.

32 Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero.