Sentencia 2002-01254 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 28936

Radicación: 250002326000200201254 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Alcibíades Salcedo Contreras y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

7.1. Al respecto, la Sala no pierde de vista que a pesar de que la cuantía del presente proceso fijada por la mayor de las pretensiones del escrito inicial, le imprime un trámite de doble instancia en el que claramente debía conocer el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en primera instancia —teniendo en cuenta para ello igualmente el factor territorial de distribución de competencias—, y en segunda instancia el Consejo de Estado, aquella autoridad decidió de manera equívoca al momento de proferir el auto que dio inicio a la litis, interpretar tal libelo para determinar que el asunto era de única instancia, desde la siguiente óptica:

Es deber de la sala (sic; el auto fue proferido únicamente por el magistrado sustanciador) hacer algunas precisiones respecto de la cuantía estimada por la parte demandante; teniendo en cuenta que estableció la cantidad de 300 salarios mínimos mensuales vigentes, para efectos de tasar los daños morales, dicha suma asciende en pesos colombianos a $ 92.700.000.

El Consejo de Estado, estableció en sentencia de 6 de septiembre de 2001, que se reconocía por perjuicios morales la suma de mil gramos oros (sic) (1.000), para aquellos casos en que se presume el dolor, posición que varió al tasar los perjuicios morales, en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos mensuales legales al momento de la condena.

De acuerdo con lo anterior el valor mayor para tasar los perjuicios morales equivale a cien (100) salarios mínimos mensuales, que para el año 2002, se calcula en treinta millones, novecientos mil pesos. Lo cual será tenido en cuenta en el trámite de la presente demanda, sin que ello signifique prejuzgamiento.

De acuerdo al Decreto 597 de 1988, la cuantía para conocer en primera instancia, para las demandas presentadas entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre del año, se estableció que debe ser igual o mayor a treinta y seis millones novecientos cincuenta mil pesos ($ 36.950.000).

Es claro en consecuencia, que se trata de una acción procesal que debe tramitarse en única instancia (fls. 36-37, cdno. 1).

7.2. Se debe aclarar que para el momento en que se presentó el escrito inicial y se interpuso el recurso de apelación correspondientes, esto es, para el 13 de junio de 2002 y el 7 de septiembre de 2004, la naturaleza de los procesos de única o doble instancia y la competencia funcional de los operadores judiciales al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en relación con las demandas presentadas en ejercicio de la acción de reparación directa se determinaba de conformidad con los dispuesto por el artículo 20(2) del Código de Procedimiento Civil —aplicado en virtud de la remisión que hace el Código Contencioso Administrativo respecto de los aspectos que no regula—, en cuanto a la delimitación de la cuantía de los asuntos judiciales, y el numeral 10 del artículo 2º(3) del Decreto 597 de 1988, que fijaba según esas cuantías el número de instancias del proceso respectivo y establecía a su vez, la autoridad judicial que debía conocerlos.

7.3. Teniendo en cuenta las normativas aludidas, es evidente que la naturaleza del presente asunto de reparación directa es de doble instancia, en la que debió conocer, como en efecto lo hizo, en primera instancia el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, y en segunda instancia esta corporación —ver nota 1—, frente a lo cual no le era dable a aquel desconocer, con fundamento en la jurisprudencia que para ese momento se profirió sobre el tope máximo sugerido que deben reconocer los operadores judiciales como indemnización cuando el perjuicio moral se causa en su mayor intensidad, lo establecido diáfanamente por el ordenamiento jurídico en normas que al ser de carácter procesal, son de orden público y en consecuencia, de imperativa exigencia y aplicación sin que su contenido pueda ser ignorado sin un sustento normativo o una hermenéutica plausible(4).

7.4. Ciertamente, al momento de admitir la demanda, no le es factible al juez respectivo entrar a efectuar una modificación de los montos pedidos como indemnización de los perjuicios que la parte actora aduce que le fueron producidos con ocasión de la causación de un daño, para efectos de determinar la naturaleza del proceso y el funcionario judicial competente, en la medida en que no existe norma alguna que le otorgue tal facultad y por el contrario, las disposiciones pertinentes y vigentes para entonces no ofrecen duda alguna —ver nota 2— en relación con el rol que ostenta la estimación de las pretensiones que hacen quienes pretenden acceder a la administración de justicia para determinar dichos aspectos.

7.5. Así mismo, la Sala debe destacar que si bien jurisprudencialmente se estableció el equivalente a 100 SMMLV como máximo a otorgar para indemnizar los daños causados a los sentimientos de las personas cuando estos se producen en su mayor dimensión, se debe recordar que tal cifra no es inamovible, comoquiera que la estimación del perjuicio moral debe ser fijada por el juez según su arbitrio judice o buen juicio(5) de conformidad con los elementos probatorios que obren en el plenario, por lo que la indemnización que se reconoce puede ser menor o mayor a dicho monto y en ese orden de ideas, así como el mismo no se puede tener como una limitante al momento de proceder a ordenar el resarcimiento de los perjuicios morales que efectivamente fueron causados a quien demanda por ellos, mucho menos puede ser utilizado como una restricción para reducir lo que los actores aducen que equivale pecuniariamente su padecimiento moral, o sustituir sus peticiones desplazándolos en cuanto a su libertad de configuración de la demanda, con el fin de determinar la naturaleza del asunto y la autoridad judicial que debe conocerlo.

7.6. En consecuencia, para la Sala es evidente que el tribunal a quo no podía utilizar la jurisprudencia señalada para inferir que el máximo que podían solicitar los actores por concepto de perjuicios morales era la suma correspondiente a 100 SMMLV para cada uno y así, trasmutar la naturaleza del presente proceso de doble instancia a uno de única instancia, razón por la cual se desatenderán dichas precisiones bajo el entendido de que una estimación argumentativa errónea o ilegal contenida en un auto no vincula al juez o lo ata a incurrir en una nueva equivocación(6), en consideración a que “las apreciaciones o conclusiones a que se haya llegado en esos autos, no vincula al juez al dictar sentencia. De lo contrario se rompería la unidad del proceso y se desconocería su más elemental concentración (...). El error cometido por el juez en un auto ejecutoriado no lo obliga a incurrir en otro yerro”(7) y por consiguiente, se procederá a adoptar una decisión de fondo conforme a la verdadera naturaleza del asunto que se sometió a consideración de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por una de las entidades que representan a la Nación como parte demandada.

7.7. Finalmente, conviene precisar que habida cuenta de que el medio de impugnación señalado fue interpuesto únicamente por la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Sala se limitará a pronunciarse solamente respecto de su objeto y argumentación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 357(8) del Código de Procedimiento Civil y con observancia del principio de la non reformatio in pejus contemplado en el artículo 31(9) de la Constitución Política.

II. Validez de los medios de prueba

8. Fue allegada por la oficina jurídica del DAS, en copias auténticas, la investigación disciplinaria preliminar P-893/00, iniciada en virtud de la queja presentada por el señor Alcibíades Salcedo Contreras en contra de los funcionarios de dicha entidad, con ocasión de las irregularidades que tuvieron lugar el día 30 de junio del 2000 en el Aeropuerto El Dorado. Respecto de la anterior pesquisa, cabe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento contencioso administrativo en virtud de lo señalado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.

8.1. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo, aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación, si las dos partes solicitan su traslado o el mismo se da con la anuencia de las mismas, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que las pruebas pertinentes hagan parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(10).

8.2. De esta manera, toda vez que por una parte los demandantes pidieron que se allegara al sub lite la totalidad de la indagatoria disciplinaria referida(11), y de otro lado, los medios probatorios obrantes en ese procedimiento se surtieron con audiencia de la Nación-DAS, puesto que fueron practicados o recepcionados por su oficina de inspección general y por consiguiente, en ningún caso podría alegar su desconocimiento(12), los elementos de convicción allegados o practicados en dichos trámites serán susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna.

8.3. Cabe destacar que en relación con los medios probatorios que fueron trasladados de los procesos aludidos, las declaraciones que hubieran sido recibidas bajo la gravedad de juramento podrán ser apreciadas libremente por esta corporación, toda vez que se trata de pruebas testimoniales recogidas con la rigurosidad exigida por los artículos 213 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero no podrán ser apreciados los dichos de las señoras Mariela Torres, Fanny María Palacios Mosquera y Aurora Martínez de López, en sus exposiciones espontáneas libradas en el trámite disciplinario respectivo, al habérseles investigado como posibles responsables de los hechos que dieron origen al presente asunto, puesto que sus versiones de los hechos se obtuvieron sin el apremio del juramento y por tanto, no reúnen las características necesarias para que puedan considerárseles como testimonios(13). Lo anterior no obsta para que en algunos casos se tengan en cuenta las afirmaciones que los indagados consientan en hacer bajo la gravedad del juramento, lo que se deduce de la aplicación a contrario sensu de la regla antes aludida, situación que no se presenta en este caso.

8.4. Así mismo, tampoco podrá ser apreciada como una prueba testimonial la deponencia rendida por el señor Alcibíades Salcedo Contreras en la pesquisa disciplinaria mencionada —a pesar de haber sido practicada bajo la gravedad de juramento—, comoquiera que al ser integrante de la parte demandante en el presente asunto, no es factible tenerla como una declaración de tercero sino como una declaración de parte, cuya finalidad es la obtención de una confesión y en esta medida, en caso de resultar relevante, solo podrá ser estimada en aquello que produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria, de acuerdo con lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

III. Los hechos probados

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El día viernes 30 de junio del 2000, los señores Alcibíades Salcedo Contreras —funcionario retirado de la Policía Nacional— y Naney del Socorro Gómez Osorio, junto con sus hijos David Alexander y Alcibíades Salcedo Gómez, llegaron desde Medellín a la ciudad de Bogotá D.C., Aeropuerto El Dorado, con el objeto de salir del país con fines turísticos y recreacionales hacia Aruba, para lo cual iban a abordar el vuelo de Avianca AV090 cuya salida estaba programada para las 3:30 p.m., viaje que duraría desde la fecha en mención hasta el 4 de julio del mismo año. De esta manera, una vez presentaron sus pasaportes ante la unidad de migración del Aeropuerto El Dorado, perteneciente al DAS, se les comunicó que el señor Alcibíades Salcedo Contreras tenía registrada en el sistema una orden de captura en su contra, motivo por el cual se le debía hacer “pase a oficina” con el fin de dilucidar el origen de la misma —ver notas 16 y 17—. Posteriormente, comoquiera que los funcionarios del DAS respectivos no pudieron hallar el soporte de la orden de captura señalada, en un principio le retuvieron la cédula de ciudadanía al aludido actor, para luego entregársela al momento en que firmó un acta de compromiso según la cual, se presentaría nuevamente el día 5 de julio siguiente para efectos de que se aclarara la orden de captura en mención —ver notas 14 y 15— (copias auténticas de (i) libro de minuta de la dependencia de policía judicial del DAS(14); (ii) acta de compromiso suscrita por el señor Alcibíades Salcedo Contreras y elaborada por la unidad de migración del Aeropuerto El Dorado(15); (iii) vouchers 166 y 80217, expedidos por la empresa de viajes Álvaro Vélez y Cía., sobre la estadía y los traslados de la familia Salcedo Gómez en Aruba; (iv) tarjeta de identificación del señor Alcibíades Salcedo Contreras como miembro de la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional; (v) constancia de pago que hicieron los demandantes para el plan turístico de Aruba con estadía en el Hotel Holiday Inn, desde el 30 de junio al 4 de julio del 2000, y (vi) plan de viaje a Aruba adquirido por la familia Salcedo Gómez, expedido por la compañía de viajes y turismo Álvaro Vélez y Cía., con sus correspondientes facturas. Igualmente, testimonios de los señores Libia Amparo Vargas Bernal(16) y Alexander Zarate Turriago(17) —funcionarios del DAS— y original de los certificados de los registros civiles de nacimiento de los señores David Alexander y Alcibíades Salcedo Gómez; fls. 6, 23, 24, 30, 34, 98-100, cdno. pbas.; 30, 32, 35-38, cdno. 2).

9.2. Debido al tiempo que tomó efectuar las anteriores diligencias, los referidos accionantes perdieron su vuelo y dado que en esa época, la aerolínea contratada solamente ofrecía un vuelo para el destino de Aruba cada día, fueron registrados como pasajeros condicionales para el sábado 1º de julio del 2000 a la misma hora, no obstante lo cual, no pudieron abordar el avión pertinente comoquiera que no habían puestos disponibles —ver notas 18 y 20—. Por su parte, el 4 de julio del 2000, el señor Alcibíades Salcedo Contreras se presentó ante el grupo de registros judiciales perteneciente a la división de identificación del DAS y ulteriormente, el día 7 de julio siguiente, dicha autoridad le informó que ya había sido cancelada del sistema de la oficina de Paloquemao la orden de captura que estaba registrada en su contra (copias auténticas de (i) acta de compromiso firmada por el señor Alcibíades Salcedo Contreras y elaborada por la unidad de migración del Aeropuerto El Dorado, en la que se hace las notas respectivas sobre su presentación ante el grupo de registros judiciales y la cancelación de la orden de captura; (ii) certificación expedida por la superintendente de Avianca asignada del Aeropuerto El Dorado(18); (iii) certificado actualizado de antecedentes judiciales perteneciente al aludido actor expedido por el DAS; (iv) libro de minuta de la dependencia de policía judicial del DAS(19), y (v) constancia de número de vuelos con destino a Aruba para el 30 de junio del 2000, suscrita por el jefe del departamento de control de vuelos y dirigida a la jefe de asuntos laborales-penales-civiles CEAS(20); fls. 23, 25, 41, 96, cdno. pbas.).

9.3. En cuanto a los motivos que llevaron a la anulación de la orden de captura señalada, la cual había aparecido registrada en el sistema contra el señor Alcibíades Salcedo Contreras al momento de pretender salir del país, obra en el expediente un reporte incompleto del grupo de archivo alfabético perteneciente a la división de identificación del DAS, en el que se percibe que por oficio 214 del 5 de agosto de 1989, se había proferido la orden de captura referenciada sin que se advirtiera la autoridad que adoptó tal decisión, y un mensaje tipo “Radas” enviado por la “Seccional Antioquia” del DAS, el 6 de julio del 2000, con destino al “Grupo de registro judicial”, en el que se informa que mediante oficio 352 del 28 de diciembre de 1989, se había ordenado que se cancelara dicho mandato de captura por absolución del investigado. Con fundamento en el último mensaje señalado, el grupo de registros judiciales perteneciente a la división de identificación del DAS, el 7 de julio del 2000, comunicó de manera urgente a “Secdas-Puesdas//Areopuestos-Puertos//República// No. 320 DAS.DGI.DI.GRJ Juzgado primera instancia, Policía Nacional departamento Antioquia, cancela orden de captura con oficio 352 de diciembre 28/89, motivo absolución a favor del señor Alcibíades Salcedo Contreras con C.C. 17.185.071, (ilegible) oficio 214 y 215 de agosto (ilegible)”, información con que fue complementado el aludido reporte incompleto (copias auténticas de (i) reportes DAS6792 y DAS6263; (ii) oficio del 7 de julio del 2000 expedido por el grupo de registro judiciales de la división de identificación del DAS, y (iii) mensaje “Radas” del 6 de julio del 2000 proveniente de la seccional Antioquia del DAS; fls. 63-66, cdno. pbas.).

9.4. Ante la imposibilidad de viajar, la señora Naney del Socorro Gómez Osorio pidió a la empresa de viajes Álvaro Vélez y Cía. y a la aerolínea Avianca, el reembolso de los tiquetes aéreos que no pudieron utilizar al igual que lo pagado por concepto de estadía en el hotel Holiday Inn de Aruba, requerimientos frente a los que dicha empresa de planes turístico les informó que si bien era viable devolver parcialmente el dinero pagado, los tiquetes de vuelo no eran reembolsables en consideración a que tenían restricciones y en consecuencia, señaló que podían ser utilizados hasta el 10 de diciembre del 2000 “en la ruta Bogotá-Aruba-Bogotá, ya que el trayecto Medellín, Bogotá, Medellín ya fue utilizado por ustedes” (copias auténticas de las cartas suscritas por la señora Naney del Socorro Gómez Osorio del 6 y 19 de julio del 2000 y de las cartas remitidas por las compañías Volemos Ltda. y Álvaro Vélez y Cía. a los integrantes de la parte demandante; fls. 31-33, 37-40, cdno. pbas.).

9.5. Mediante auto del 4 de diciembre del 2000, la oficina de inspección general del DAS decidió iniciar la indagación preliminar P-893/00, con ocasión de la queja presentada por el señor Alcibíades Salcedo Contreras ante la Procuraduría General de la Nación, debido a que en su criterio, los funcionarios del departamento administrativo mentado incurrieron en múltiples irregularidades que debían ser investigadas de conformidad con la normas disciplinarias correspondientes. En este sentido, mediante auto 1301 del 23 de agosto de 2001, la aludida dependencia de control disciplinario resolvió archivar la investigación pertinente, comoquiera que se encontró que los servidores públicos de la unidad de migración del Aeropuerto El Dorado “efectuaron ingentes esfuerzos para dilucidar la situación que afectaba al señor Alcibíades Salcedo, con sujeción a la ley, las normas y los reglamentos, que las apreciaciones del quejoso han sido subjetivas y ligeras en algunos casos, talves (sic), porque desde la condición de viajero, no se capta la importancia de las medidas precautelativas que deben asumir los funcionarios en estos casos, acciones que deben ser rigurosas por la infortunada condición de orden público que soporta el país, y que requiere aplicar sin excepción, los máximos controles en pro de la seguridad del Estado. // Así las cosas, no existe ningún motivo de reproche para con los funcionarios del departamento, toda vez que no se ha vulnerado el bien jurídico tutelado por el legislador disciplinario, en consecuencia es procedente el archivo definitivo de las presentes diligencias a tenor del artículo 141 del CDU” (copias auténticas de (i) autos 1952 y 2047 del 4 y del 6 de diciembre del 2000, respectivamente, dictados por la oficina de inspección general del DAS; (ii) oficio remisorio librado por parte de la Procuraduría Primera Distrital, del expediente originado por la queja presentada por el señor Alcibíades Salcedo Contreras y dirigido a la oficina de inspección general del DAS y (iii) auto 1301 del 23 de agosto de 2001, proferido por la oficina de inspección general del DAS; fls. 15, 50, 160, 161, 206-218, cdno. pbas.).

IV. Problema jurídico

10. La Sala debe establecer, de conformidad con el material probatorio obrante en el plenario, a la luz de lo colegido en la sentencia de primera instancia y de los argumentos esbozados por la parte demandada en su recurso de apelación, si el menoscabo objeto de la demanda y que fue objeto de indemnización, consistente en la pérdida del vuelo AV090 con destino a Aruba, situación de la que devino que los actores no pudieran emprender en ese momento el viaje turístico y recreacional que tenían planeado, se configuró en un daño antijurídico que pueda ser imputado a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para lo cual se deberá tener en cuenta la conducta desplegada por dicha autoridad en el manejo de la información de la orden de captura que se encontraba registrada en contra del señor Alcibíades Salcedo Contreras desde el año de 1989, al igual que se analizará si se constituyó en un hecho de la víctima en virtud del cual se pueda exonerar plena o parcialmente a la entidad demandada, que este no hubiere verificado su situación jurídica de manera previa a intentar salir del país.

10.1. Así mismo, en la medida en que en la sentencia impugnada se declaró la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional —aspecto que puede ser estudiado de oficio por el juez sin importar que no hubiera sido contemplado en el recurso de apelación(21)—, se determinará si efectivamente es dable concluir que dicha figura se presenta en este asunto, punto en el que dilucidará la naturaleza de dicho organismo y del Departamento Administrativo de Seguridad, comoquiera que con fundamento en la afirmación de que este tenía personería jurídica, se coligió como probada la aludida falta de interés sustancial en las resultas del proceso de la primera entidad mencionada.

V. Análisis de la Sala

11. De manera previa a abordar el estudio de la problemática jurídica central, decantada y derivada del presente asunto, la cual se circunscribe a la viabilidad de la declaratoria de responsabilidad del Estado con ocasión del daño demandado, la Sala encuentra pertinente señalar que en la sentencia impugnada se erró al señalar que el DAS cuenta con personería jurídica, defecto que tuvo incidencia en la parte resolutiva de la misma puesto que textualmente se condenó al “Departamento Administrativo de Seguridad, DAS” como si se tratara de una persona jurídica de derecho público en virtud de lo que se pudiera constituir por sí mismo en parte demandada, cuando de manera contraria a tal aseveración, dicho departamento administrativo es una dependencia organizada en virtud del principio de desconcentración que carece de personería jurídica y que hace parte de la Nación, motivos por los cuales, la argumentación y la decisión a la que se arribó en ese sentido no se compadece con la estructura de la Rama Ejecutiva del poder público a nivel nacional, así como tampoco obedece a la lógica del proceso judicial en el que el extremo pasivo de la litis debe tener la capacidad para ser parte dentro la misma, requisito que no todo ente u organismo del Estado cumple por sí solo.

11.1. Al respecto, no se puede perder de vista que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38(22) de la Ley 489 de 1998, los departamentos administrativos, entre los cuales se encuentra el Departamento Administrativo de Seguridad, al igual que los ministerios, como el Ministerio de Defensa Nacional, son organismos que integran el sector central de la Rama Ejecutiva en el orden nacional, razón por la que al conformar dicho sector de la rama del poder público mencionada, en la instancia referenciada, hacen parte de la Nación como persona jurídica de derecho público(23) y en consecuencia, no tienen personería jurídica. Sobre este punto, la doctrina jurídica ha indicado:

La administración nacional está integrada por el conjunto de personas jurídicas de derecho público del orden nacional, esto es, las que han sido creadas o autorizadas por la Constitución Política o la ley como autoridades nacionales para ejercer sus funciones con competencia en todo el territorio nacional o parte de él. Las personas jurídicas de derecho público del orden nacional son la Nación, las entidades descentralizadas funcionalmente o por servicios y las entidades autónomas con régimen constitucional y legal propios.

Las Nación es la persona jurídica principal de la organización estatal en la cual se centraliza el conjunto de dependencias que ejercen las funciones públicas esenciales propias del Estado unitario. Desde la Ley 153 de 1887, la Nación es una persona jurídica, de la cual forman parte las siguientes entidades o dependencias que, por lo tanto, no tienen personería jurídica y se organizan en aplicación del principio de desconcentración: (...) las entidades que integran el sector central de la Rama Ejecutiva del poder público, orden nacional, esto es, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, los consejos superiores de la administración, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias y las unidades administrativas especiales sin personería jurídica (...).

(...).

La Rama Ejecutiva es aquella faceta del poder público que concentra el mayor cúmulo de acciones para lograr la realización de los fines del Estado, pues a su cargo está principalmente el ejercicio de la función administrativa.

(...).

La Rama Ejecutiva comprende un sector central y dos sectores descentralizados; uno funcional o por servicios del orden nacional, y otro, territorial.

a. Sector central. El sector central de la Rama Ejecutiva del poder público es el que se halla incorporado en la Nación y está integrado por las siguientes entidades públicas:

(...).

4) Los ministerios y los departamentos administrativos. Son entidades públicas, creadas por la ley, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica y, por lo tanto, que forman parte de la estructura de la Nación, encargados de preparar o proyectar las decisiones de política pública (...)(24).

11.2. Con observancia de lo expuesto, esto es, teniendo en cuenta la naturaleza que informa a los ministerios y a los departamentos administrativos que conforman la Rama Ejecutiva del poder público a nivel nacional como dependencias comprendidas dentro de una misma persona, por lo que no tienen personería jurídica, se observa que al pretender la parte actora el resarcimiento de los perjuicios que según ellos fueron causados por el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, la parte demandada en el presente asunto no se conformó por estos entes directamente, sino por dicha persona de la cual hacen parte, es decir, por la Nación, al cumplir esta con el presupuesto procesal formal consistente en la capacidad para ser parte procesal por tratarse de un sujeto de derechos(25), no obstante, de acuerdo a lo señalado por el artículo 149(26) del Código Contencioso Administrativo, hubiera entrado a ser representada dentro de la litis, por el funcionario de mayor jerarquía de las dependencias referenciadas, como lo son el ministro o el director del departamento administrativo correspondiente. Recientemente, la Sala Plena de la Sección Tercera, en decisión que unificó jurisprudencialmente el criterio a seguir respecto de la representación judicial de la Fiscalía General de la Nación, antes y después de la entrada en vigencia del artículo 49 de la Ley 446 de 1998, se pronunció de la misma manera en los siguientes términos:

Por un lado, la capacidad para ser parte hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal, esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado. Esta condición proviene de la capacidad jurídica que se le atribuye a la personalidad, en otras palabras, la que tienen las personas, naturales, jurídicas o las ficciones habilitadas por la ley (v. gr. L. 80/93, art. 2º), para ser parte de cualquier relación jurídica. Así pues, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, llamada capacidad de goce, es el género de la capacidad para ser parte en el proceso, que no es más que una especie de aquella.

Así las cosas, es claro que la categoría que subyace al concepto de capacidad para ser parte es la de la personalidad jurídica(27) o de una habilitación legal expresa, por cuanto a partir de ella se erige la capacidad como uno de sus atributos principales, por ende, en principio, son las personas las únicas que pueden ser parte del proceso. En igual sentido, la doctrina comparada más autorizada sostiene:

“La capacidad para ser parte es la proyección, en la esfera procesal, de la capacidad jurídica. Será, por tanto, la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones de carácter procesal.

“La capacidad para ser parte va unida a la condición de persona. Toda persona tiene capacidad jurídica y, por tanto, para ser parte (...). Todo hombre, por el hecho de serlo, es persona. La capacidad para ser parte acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte.

“Las personas jurídicas —públicas y privadas— desde el momento que adquieren tal carácter tienen capacidad para ser parte. La condición de parte se atribuye a la persona, no a sus órganos. De aquí que es impropio, al referirse a la administración pública, decir que es parte ‘la autoridad’ que dictó el acto. Será parte la persona jurídica pública —Estado, provincia, municipio, entidad institucional— a que pertenece el órgano de que proviene el acto que dio lugar al proceso. Otra cosa será el órgano al que se otorga competencia para intervenir en el proceso a nombre de la entidad pública que es parte”(28) (se resalta).

En este orden de ideas, en lo que se refiere al proceso contencioso administrativo, se pueden constituir como partes, las personas jurídicas de derecho público, pues su capacidad para ser parte del proceso proviene de su personería jurídica, a contrario sensu, las entidades u órganos que carecen de tal atributo no pueden ser parte procesal, salvo que exista una ley que autorice de manera expresa su habilitación procesal (v. gr. entidades señaladas en el art. 2º de la L. 80/93).

Así mismo, la doctrina ha señalado que, en tratándose de las entidades de derecho público, solo aquellas que tengan personería jurídica pueden constituirse como partes en el proceso contencioso administrativo, así:

(...).

En este sentido, se reitera, los órganos que hacen parte de las ramas del poder público y, en general, todos aquellos que no tengan personería jurídica propia no pueden ser parte del proceso contencioso administrativo. Ahora bien, desde esta perspectiva, podrían surgir interrogantes como: ¿Qué ocurre con los perjuicios ocasionados por un órgano que carece de personería jurídica? ¿A quién se le imputa, procesalmente, ese daño?

Como ha quedado expuesto, las personas, por regla general(29) pueden ser parte en el proceso, y por ende, cuando se está en presencia de hechos que se dirigen a uno de los órganos del Estado, carentes de personería, el daño debe ser imputado a la persona jurídica de la que aquel hace parte, que en muchos casos es la Nación, que es la persona jurídica de derecho público por antonomasia.

(...).

Por otro lado, la capacidad para comparecer al proceso es el equivalente procesal de la capacidad de ejercicio del derecho sustancial.

(...).

Ahora bien, en lo que concierne a las personas jurídicas, de naturaleza pública o privada, siempre deberán acudir al proceso por medio de su representante legal, no obstante, esto no significa que carezcan de legitimación para actuar por sí mismas, y que su capacidad procesal deba ser suplida por su representante. Es claro que las personas jurídicas son constructos autorizados por el derecho y dotados de plena capacidad para ser sujetos autónomos de derechos y obligaciones, empero, como solo existen en el mundo del derecho, deben valerse necesariamente de personas naturales para el ejercicio de todos sus actos, sin perjuicio de su autonomía como sujetos jurídicos independientes (resaltado del original)(30).

11.3. De esta manera, resulta evidente que no era plausible señalar que el DAS tiene personería jurídica, comoquiera que es un ente que carece de la misma y por lo tanto, no se le podía otorgar el tratamiento procesal de una persona jurídica de derecho público para entender que había sido vinculada directamente como parte demandada, lo que a su vez implica que tampoco era viable declarar su responsabilidad y condenarla directamente, puesto que la persona que realmente conformó la parte pasiva del presente asunto y que por ende podía ser condenada, es la Nación, representada de una parte por el DAS y de otra por el Ministerio de Defensa Nacional. Ahora, partiendo de los anteriores supuestos, la Sala observa que en tanto en cuanto el Ministerio de Defensa Nacional así como el DAS son dependencias de la persona jurídica de derecho público Nación, tampoco era factible, como se hizo en la sentencia de primera instancia, declarar la ausencia de legitimación en la causa por pasiva(31) del primer órgano señalado, en consideración a que dicha figura se relaciona necesariamente con la capacidad para ser sujeto del litigio y que en el sub lite, como se aseveró, al ser la Nación la parte demandada, la cual compadeció al proceso a través de dichas entidades y encontrándose un vínculo entre los actos del segundo organismo aludido con los hechos que dieron origen a la presentación de la demanda en análisis —los que se deben entender como actos de la Nación en la manifestación de la función pública asignada a la Rama Ejecutiva del poder público—, no se configuró respecto de ella una falta de nexo jurídico sustancial con el proceso, por lo que de ninguna manera cabría declarar su configuración. La anterior lógica fue denotada por la Sala Plena de la Sección Tercera, al señalar:

Ahora bien, según se hable de la legitimación del demandante o del demandado, estamos en presencia de la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. La legitimación en la causa por pasiva, en el proceso contencioso administrativo, necesariamente debe entenderse a la luz del concepto de capacidad para ser parte. En otros términos, la falta de legitimación por pasiva solo puede predicarse de las personas que tienen capacidad para ser parte en el proceso, y no de los órganos o de los representantes de estos que acuden al proceso en nombre de la persona jurídica de derecho público. Así, es claro que en los casos en los que se demanda a la Nación, pero esta no estuvo representada por el órgano que profirió el acto o produjo el hecho, sino por otra entidad carente de personería jurídica, no se está en presencia de falta de legitimación en la causa, sino de un problema de representación judicial.

Desde esta perspectiva, por el contrario, estamos ante un problema de falta de legitimación en la causa, cuando se demanda a una persona de derecho público en particular, verbigracia la Nación, y quién debió ser demandado era otra persona, entiéndase un municipio, un departamento u otra entidad pública con personería jurídica(32).

11.4. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, la sentencia de primera instancia será modificada en relación con la declaración de ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional, al no ser viable su invocación respecto de un órgano de la persona jurídica demandada dado que en estricto sentido solo se puede configurar respecto de esta, lo que no ocurre en el presente asunto, no obstante lo cual, al no escapar a la Sala la autonomía patrimonial y financiera con la que cuentan tanto la dependencia en mención como el DAS, conviene señalar ab initio que de llegar a confirmarse la decisión condenatoria adoptada en primera instancia en el sentido de declarar patrimonial y extracontractualmente responsable al Estado, el patrimonio de la primera entidad aludida no será objeto de gravamen con la indemnización que corresponda, en la medida en que es evidente que el daño y los hechos de la demanda no habrían sido el producto del actuar de la Nación por intermedio de esta, sino por su conducta desplegada través el DAS, por lo que el juicio de responsabilidad se efectuara únicamente respecto de los hechos de la Nación mediante el referenciado departamento administrativo.

12. Una vez efectuadas las anteriores precisiones, conviene señalar que se encuentra fehacientemente demostrada la existencia del daño argüido por la parte demandante en virtud del cual se puede edificar la responsabilidad del Estado, en sentido contrario a lo considerado por la Nación-DAS al indicar que si bien se causó un detrimento este no era antijurídico, habida consideración de que el señor Alcibíades Salcedo Contreras se encontraba en el deber de soportar la investigación efectuada por las autoridades migratorias del Aeropuerto El Dorado, motivo por el cual no se puede radicar en su cabeza la obligación de reparar los perjuicios ocasionados y pedidos en la demanda.

12.1. Con base en dicha argumentación, se debe recordar que el artículo 90 de la Constitución Política contempló que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables y por ende, es claro que el constituyente decidió establecer un fundamento expreso, general y primario de la responsabilidad tanto contractual como extracontractual del Estado(33), para lo que determinó dos elementos estructurales para su producción, esto es, la antijuridicidad del daño y su imputabilidad.

12.2. El concepto de daño antijurídico se ha decantado a través de la jurisprudencia a partir de la norma constitucional referida, y se ha concluido que se trata de aquella lesión causada a un bien tutelado, que la víctima, como su titular, no tiene el deber jurídico de soportar. En este sentido, el Consejo de Estado ha dicho que “[l]a cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que este responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”(34)(35). Igualmente, con base en esta concepción, manifestó que “no importa si el actuar de la administración fue legal o no, para efectos de determinar la responsabilidad, puesto que la antijuridicidad no se predica de su comportamiento sino del daño sufrido por el afectado, que bien puede provenir de una actuación legítima de aquella”(36), en consideración a que lo que hace antijurídico el daño ya no se determina a partir de la calificación de la actuación u omisión de las autoridades públicas que lo producen, sino que se establece desde la perspectiva del daño en sí mismo, es decir, si este tenía que ser soportado o no por quien lo sufre(37).

12.3. Con observancia de lo expuesto, no todos los daños que podrían serle atribuidos al Estado deben ser reparados por este, por cuanto pueden existir aquellos que no sean antijurídicos en la medida en que quienes los padecen tengan la obligación de hacerlo, habida cuenta de que hay derechos respecto de los cuales la ley puede imponer limitaciones o restricciones configurándose entonces en cargas o daños que deben ser asumidos legítimamente por las personas destinatarias de la norma correspondiente.

12.4. En el sub judice se observa que con el argumento referenciado la entidad demandada confundió el daño señalado como causado en el libelo introductorio, en la medida en que mientras manifestó que este se restringía a la investigación que se debió efectuar de los antecedentes del señor Alcibíades Salcedo Contreras al haberle aparecido registrada en el sistema una orden de captura en su contra, situación que adujo que ese demandante estaba en el deber de soportar, es de precisar que los actores no demandaron solamente porque consideraran dicha circunstancia lesiva de sus derechos en sí misma, como si se tratara de una situación per se negativa en virtud de la cual se debieran resarcir los perjuicios correspondientes, sino que según la causa petendi y el petitum de su demanda, el daño que infirieron producido y que sirvió de fundamento a la sentencia de primera instancia, si bien tiene relación con tal acontecimiento, en realidad tiene que ver con que al limitar de manera breve la libertad de locomoción del aludido demandante mientras duraban las averiguaciones respectivas —no obra elemento de convicción que determine cuánto tiempo duraron las mismas, pero es posible colegir que no tomaron un prolongado interregno, dado que el vuelo hacia Aruba estaba programado para las 3:30 p.m., se firmó el acta de compromiso bajo el entendido de que se esperaba que el demandante alcanzara su vuelo y al día siguiente, los actores trataron de viajar otra vez en el mismo horario; ver párrafos 9.1 y 9.2 con las correspondientes notas—, lo que llevó a que todos los actores perdieran el vuelo AV090 que debían abordar para efectos de trasladarse a Aruba con el fin de disfrutar del plan turístico y recreacional que habían adquirido con anterioridad y que, con ocasión de la pesquisa en mención, no pudieron realizar para esa fecha y los días subsiguientes —ver párrafos 9.1 y 9.2 y notas respectivas—.

12.5. De esta manera, la excepción estudiada no se encuentra llamada a prosperar, en la medida en que el daño demandado, el cual no estaban en la obligación de padecer los actores, consistente en verse privados de disfrutar de su viaje a otro país, lo cual se derivó de la pérdida del vuelo aludido, cumple con el calificativo de antijurídico a la vez que se encuentra debidamente probado, de tal forma que resulta plausible continuar con el presente juicio de responsabilidad.

13. En cuanto a la imputabilidad del daño demandado a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Sala advierte que se encuentra acreditada la existencia de una ostensible falla del servicio(38) por parte de dicha entidad, la cual incidió eficientemente en la causación del menoscabo aducido por los integrantes de la parte demandante cuya indemnización impetran, y motivo por el cual se impone declarar su responsabilidad como bien se hizo en la sentencia de primera instancia.

13.1. Al respecto, conviene señalar que la mencionada autoridad, de conformidad con los numerales 11, 12 y 13 del artículo 3º(39) del Decreto 218 del 2000(40), tenía funciones de naturaleza migratoria, de registro de antecedentes judiciales y de policía judicial respecto de las finalidades propias de la institución, motivo por el cual al arribar los demandantes al Aeropuerto El Dorado con la finalidad de salir del país con destino a Aruba, los sometieron a los trámites de identificación correspondientes para controlar el servicio de migración de nacionales(41), encontrando en la base de datos de su sistema(42) que se debía aclarar la situación judicial del señor Alcibíades Salcedo Contreras toda vez que le aparecía registrada una orden de captura expedida en su contra, de lo que se sigue que no se le hubiera permitido continuar con el procedimiento para abordar el vuelo pertinente sino que se iniciaran las pesquisas correspondientes con la oficina de registros judiciales de la misma entidad y, al no ser posible determinar el soporte de dicha orden de captura, se debe destacar que los funcionarios correspondientes le dejaron continuar con el trámite de viaje respectivo “para viajar si le es posible”, no obstante en un comienzo se le retuvo la cédula para entregársela al momento en que firmara un acta de compromiso —ver párrafo 9.1 y notas correspondientes—.

13.2. Si bien es evidente que la forma en que las actuaciones reseñadas se ciñeron en principio a las disposiciones vigentes para ese momento, siendo ello junto con la manera expedita en que las mismas se llevaron a cabo un argumento de defensa de la entidad demandada en su medio de impugnación, la responsabilidad que se le atribuirá a la Nación-DAS en este caso no se relaciona con el modo eficiente o ineficiente en que se ejecutó el trámite aludido —sobre lo que no hay prueba en el plenario en consideración a que se desconoce el momento exacto en que se inició la investigación de los antecedentes judiciales respectivos—, sino con que el inicio y desarrollo de dichas averiguaciones, a pesar de comportar una conducta propia de las funciones de la entidad señalada, se fundamentaron en un flagrante incumplimiento por su parte del contenido obligacional asignado a su cargo, falla en el servicio que si bien se consolidó en el año 1989, terminó por afectar al señor Alcibíades Salcedo Contreras y a su familia con la pérdida del vuelo que habían reservado y pagado para el día 30 de junio del 2000, lo que en últimas se tradujo en su imposibilidad para viajar a su destino en esa época, dado que a pesar de que trataron de tomar un vuelo con ese objeto para el día siguiente, no lo pudieron abordar comoquiera que no habían asientos disponibles —ver párrafo 9.2 y notas pertinentes—.

13.3. Ciertamente, se encuentra fehacientemente demostrado a partir de la investigación que se efectuó de manera posterior a que los demandantes perdiera el vuelo, que el 28 de diciembre de 1989 se expidió el oficio 352 por parte de la autoridad correspondiente, para efectos de cancelar la orden de captura que había sido expedida en contra del señor Alcibíades Salcedo Contreras el 5 de agosto del mismo año y que había aparecido registrada en el sistema cuando este pretendió salir del país, información que obraba en la seccional de Antioquia del DAS y de lo que se infiere que la entidad demandada incumplió con su deber de mantener actualizado la información de antecedentes delictuales de acuerdo a lo establecido por el artículo 42(43) del Decreto 512 de 1989(44), vigente para ese entonces.

13.4. Por lo expuesto, no escapa a la Sala que la falencia u omisión referenciada, que se prolongó de manera negligente durante aproximadamente 11 años, produjo eficientemente que se detuviera momentáneamente al señor Alcibíades Salcedo Contreras mientras que se verificaba el soporte de la información incompleta que arrojaba la base de datos de la entidad sobre una orden de captura expedida en su contra, pesquisa que tomó el tiempo suficiente para que este junto con su familia perdieran el vuelo y la consecuente posibilidad de disfrutar del plan turístico y recreacional que habían adquirido y planeado para ese entonces.

13.5. En consecuencia, es diáfana la conexión que tuvo el decantado incumplimiento por parte de la Nación-DAS con el daño antijurídico objeto de la demanda, desde la perspectiva de la causalidad adecuada, por cuanto le resultaba previsible o esperable a dicha autoridad que, al no cancelar de manera oportuna en su sistema de información las órdenes de captura con base en los oficios que las autoridades judiciales pertinentes le remiten, se pueden llegar a producir detrimentos con ocasión de las detenciones que se causen para esclarecer dichos antecedentes judiciales que están incompletos con ocasión de esas omisiones, así tales limitaciones de locomoción sean de corta duración, como ocurrió en el presente asunto comoquiera que bastó el interregno que llevó a que se averiguara con la oficina de registro judiciales que no había soporte alguno de la orden de captura en contra del señor Salcedo Contreras y lo que tardó firmar el acta de compromiso, para que este y sus familiares perdieran la posibilidad de viajar y disfrutar el plan turístico que habían adquirido, daño que por ende le resulta plenamente imputable.

13.6. De otro lado, conviene traer colación que partiendo de que el señor Alcibíades Salcedo Contreras y Naney del Socorro Gómez Osorio son cónyuges, quienes son padres de David Alexander y Alcibíades Salcedo Gómez (copias auténticas de los registros civiles de matrimonio y de nacimiento respectivos; fl. 30, 32, 33, cdno. 2), y de que la familia se constituye en el núcleo fundamental de la sociedad —C.P., art. 42—, cuyos integrantes se relacionan en “igualdad de derechos y deberes entre la pareja y en respeto recíproco”, y entre quienes es dable inferir la existencia de lazos sentimentales, de afecto, de unión y de solidaridad, es evidente que no prospera el argumento relacionado en la apelación interpuesta, consistente en que solo se le ocasionó un daño al señor Salcedo Contreras puesto que a él fue al único que se le privó de viajar, pudiendo su familia tomar el vuelo correspondiente, en la medida en que en virtud de las relaciones que se infieren existentes entre ellos y teniendo en cuenta la finalidad turística y recreacional de su viaje como familia a Aruba, es claro que el hecho de que la Nación-DAS hubiera impedido el viaje de uno de sus integrantes, implicaba que los otros tampoco se desplazaran al destino planeado, comoquiera que ello equivaldría a abandonarlo a su suerte en contravía de los sentimientos de solidaridad y cariño constitucionalmente protegidos, motivo por el cual no se debe concluir que su conducta se configuró en la causa de que todos los integrantes de la parte demandante perdieran el vuelo y la posibilidad de viajar(45).

En este punto, se impone señalar que de conformidad con lo expresado en el recurso de apelación, no se configuró hecho alguno de la víctima en virtud del cual se pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, así como tampoco dicho actuar podría conllevar a que se redujera la indemnización del daño con fundamento en el artículo 2357(46) del Código Civil. Al respecto, cabe precisar que el hecho de la víctima como causa extraña eximente de responsabilidad, además de requerir de tres presupuestos estructurales para su configuración, los cuales se concretan en su imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad en relación con la parte demandada respecto a la cual se pretende imputar el menoscabo, debe igualmente ser el origen exclusivo y adecuado de aquel, aspectos que requieren encontrarse debidamente demostrados en el proceso(47) y que en el presente asunto no están acreditados, por cuanto (i) no le era imprevisible a la Nación-DAS que el señor Alcibíades Salcedo Contreras tratara de salir del país en ejercicio de sus libertades fundamentales, sin verificar que sus antecedentes judiciales se encontraran acordes a la realidad, comoquiera que ello no le era exigible legalmente, y (ii) por el contrario, tenía derecho a confiar que dicho organismo hubiera manejado la información de sus antecedentes de conformidad con las normas que la rigen, de tal forma que su conducta no puede entenderse como una causa adecuada del daño, dado que no es dable imponerle que hubiera presumido el mal funcionamiento del Estado al no cancelar la orden de captura respectiva.

13.8. Así mismo, en consideración a que la referida conducta del señor Salcedo Contreras no incidió adecuadamente en la causación del detrimento, tampoco le puede ser atribuida parcialmente su origen y por ende, no hay lugar a tener por probada una concausalidad que disminuya el valor a condenar.

13.9. Finalmente, conviene aclarar que no es motivo de exoneración de responsabilidad del Estado, el hecho de que se hubiera archivado la investigación disciplinaria en contra de los funcionarios que tramitaron la averiguación de los antecedentes del mencionado demandante —ver párrafo 9.5—, por cuanto dicho tipo de procesos y aquellos de responsabilidad extracontractual del Estado difieren en cuanto a su finalidad u objeto y, en consideración a que en el presente asunto se encuentran plenamente demostrados los elementos de la responsabilidad de la Nación-DAS con ocasión del daño demandado, se procederá a efectuar la declaración que corresponde y a estimar la indemnización de los perjuicios ocasionados a los integrantes de la parte demandante.

VI. Liquidación de perjuicios

14. Respecto de los perjuicios derivados del daño demandado, la parte actora solicitó en el libelo introductorio el pago de una indemnización pecuniaria por concepto de perjuicios morales en el equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor del señor Alcibíades Salcedo Contreras, y el equivalente a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada uno los demandantes restantes. Por su parte, en la sentencia de primera instancia, la cual fue impugnada solamente por la parte demandada, se reconoció únicamente la suma correspondiente a 10 SMMLV a favor del primer demandante aludido, y a los demás actores el valor de 5 SMMLV, para cada uno.

14.1. Teniendo en cuenta de que le es plausible a la Sala revisar el quantum determinado en la decisión impugnada(48), con el limitante de que no se puede agravar la situación del único apelante, es decir, de la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad —ver párrafo 7.7—, y partiendo de que habida consideración de que los perjuicios morales tienen una naturaleza inmaterial como consecuencia de la imposibilidad de su tasación económica, toda vez que no resulta factible medir en dinero el dolor, la congoja o el sufrimiento de las personas, motivo por el cual su valoración y tasación debe ser efectuada por el juzgador según su prudente juicio de conformidad con el material probatorio(49) —ver párrafo 8.3.6 y nota 20— y observando lo dispuesto por el artículo 16(50) de la Ley 446 de 1998, en la medida en que si bien, respecto de aquellos no puede realizarse una restitución del bien vulnerado, sí es factible que se produzca una compensación del daño sufrido(51) que busque en la medida de lo posible hacer efectiva una reparación integral a las víctimas y a las personas damnificadas sin que sea viable que se constituya dicha compensación en un enriquecimiento indebido(52), la Sala advierte que en el presente asunto se encuentra acreditada la existencia de tales perjuicios morales soportados por los integrantes de la parte demandante al no poder viajar al exterior, junto con la aflicción que se le produjo al señor Alcibíades Salcedo Contreras al verse inmerso en las pesquisas de sus antecedentes judiciales y restringida transitoriamente su libertad de locomoción, e igualmente, se considera un quantum justo y razonable de reparación, el concedido en la sentencia de primera instancia.

14.2. Ciertamente, de conformidad con los testimonios de los señores Carlos Julio Veloza González, Arnulfo Salcedo Perilla, Ana Antonia Garavito de Sánchez y Alirio Camelo Perilla —amigos de la familia— (testimonios recepcionados el 14 de noviembre de 2003 por el tribunal a quo; fls. 39-44, cdno. 2), y de las reglas de la experiencia según las cuales es posible concluir que de de la frustración de unos planes turísticos y recreacionales se deriva una aflicción moral, se puede tener por demostrada la causación de la lesión ocasionada a los sentimientos de la actores, la cual se derivó del truncamiento de sus ilusiones para viajar al exterior, y del stress y preocupación que sintieron al ver que se retenía, así hubiera sido momentáneamente, al señor Alcibíades Salcedo Contreras para revisar sus antecedentes judiciales, para lo que no es de recibo que se hubiera argumentado que tales planes de viaje se pueden reproducir con posterioridad, por cuanto al momento en que se le impidió a la familia demandante salir del país, también se le generó de manera injustificada la zozobra del posible advenimiento de un proceso penal en contra del aludido actor, lo que permite sostener los montos de la indemnización de los perjuicios morales reconocidos en la decisión impugnada.

14.3. De conformidad con lo referido, se indemnizará el daño moral soportado por los demandantes, con el valor equivale a 10 SMMLV a favor del señor Alcibíades Salcedo Contreras, y 5 SMMLV a favor de cada uno de los actores restantes, es decir, de Naney del Socorro Gómez Osorio, David Alexander y Alcibíades Salcedo Gómez.

14.4. De otro lado, se advierte que en cumplimiento del deber de esta corporación de prevenir el acaecimiento del daño antijurídico y para garantizar que situaciones como la presente no se repitan, se exhortará a las autoridades que sucedieron al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS(53), en relación con sus funciones de control migratorio de nacionales y extranjeros, y de registros delictivos y de identificación nacional —funciones que le continuaban asignadas a la entidad aludida en virtud de lo dispuesto por los numerales 11 y 13 del art. 2º del D. 643 de mar. 2/2004—, es decir, a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, creada por el Decreto 4062 de 2011 y vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores, y al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a través de la Dijin, respectivamente, para que, si no lo han hecho, adopten las medidas conducentes para tener fácil acceso, actualizar y mantener al día las bases de datos que a nivel nacional manejan en el cumplimiento de sus funciones relacionadas con los antecedentes criminales que debe administrar la segunda entidad aludida y que sirven de fundamento para la detención de personas, para que de tal forma se garantice que las mismas estén constituidas por una información permanentemente renovada y veraz y así, se evite el inicio de pesquisas injustificadas que puedan conllevar a una eventual condena estatal por la producción de un daño como el demandado en el presente asunto.

14.5. Para efectos de lo anterior, el Ministerio de Defensa-Policía Nacional deberá efectuar, en caso de no haberlo realizado, un cotejo entre la información física y aquella registrada en el sistema computarizado con que contaba el DAS sobre los antecedentes penales existentes, para que no se vuelva a presentar una disparidad entre las mismas tal como sucedió en el caso concreto.

14.6. Así mismo, se ordenará remitir copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a la cual le corresponderá hacer el seguimiento de lo ordenado en el párrafo precedente y verificar la efectividad de las medidas tomadas por los organismos aludidos para tal efecto.

VII. Costas

15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

16. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 25 de agosto de 2004, y, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en proceso de supresión o quien haga sus veces, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la pérdida del vuelo AV090 de Avianca debido a la pesquisa que se debió iniciar de los antecedentes judiciales del señor Alcibíades Salcedo Contreras, lo que los imposibilitó a disfrutar de sus planes turísticos y recreacionales planeados desde el 30 de junio hasta el 4 de julio del 2000.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, en proceso de supresión o quien haga sus veces, a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:

A favor de Alcibíades Salcedo Contreras, la suma equivalente a 10 SMMLV, por concepto de perjuicios morales.

A favor de Naney del Socorro Gómez Osorio, David Alexander Salcedo Gómez y Alcibíades Salcedo Gómez, la suma equivalente a 5 SMMLV por concepto de perjuicios morales, para cada uno.

3. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

4. REMITIR copia de la presente providencia a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y al Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que tome las medidas pertinentes para garantizar que las bases de datos que utilizan en el ejercicio de sus funciones en relación con la información que sirven de fundamento a la detención de personas se encuentre permanentemente actualizada, así como a la Procuraduría General de la Nación, para que verifique que la orden impartida sea efectivamente cumplida en los términos indicados en la parte considerativa de la sentencia.

5. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

6. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

8. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se estimó el valor de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor del señor Alcibíades Salcedo Contreras, en el equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, en la suma de $ 92.700.000 para el momento de presentación del libelo introductorio, el 13 de junio de 2002. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 2002 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 36.950.000.

(2) “La cuantía se determinará así: 1. Por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios, que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. //2. Por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.

(3) “Para los efectos del artículo 1º, letra i) de la Ley 30 de 1987, modifícanse los artículos 128, 129, 130, 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, así:

(...).

ART. 132.—En primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes procesos:

(...).

10. De los de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes, cuando la cuantía exceda de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500.000.00)”.

Para efectos de la anterior norma, se debe traer a colación igualmente lo señalado por el artículo 4º del mismo decreto, a cuyo tenor: “Para los efectos del artículo 1º, letra c) de la Ley 30 de 1987, modifícase el artículo 265 del Código Contencioso Administrativo así: “Los valores expresados en moneda nacional por este código, se reajustarán en un cuarenta por ciento (40%), cada dos años, desde el primero (1º) de enero de mil novecientos noventa (1990), y se seguirán ajustando automáticamente cada dos años, en el mismo porcentaje y en la misma fecha. Los resultados de estos ajustes se aproximarán a la decena de miles inmediatamente superior. // La vigencia de los aumentos porcentuales a que se refiere el inciso anterior, no afectará la competencia en los asuntos cuya demanda ya hubiese sido admitida”.

(4) El artículo 6º del Código de Procedimiento Civil, previamente a la modificación efectuada por el artículo 2º de la Ley 794 de 2003, norma que no estaba aún vigente para el momento de admisión de la demanda en el presente asunto, disponía: “Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, salvo autorización expresa de la ley. // Las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo, se tendrán por no escritas”.

(5) “a. En cuanto a la reparación por el daño moral, lo susceptible de reparación es el sufrimiento grave que se padece por la muerte de un ser querido, o el agravio que se infiere a los sentimientos de las personas con la violación de sus derechos fundamentales, una lesión corporal o una injuria, o el profundo dolor experimentado cuando un ser muy allegado afectivamente ha sido víctima de tales agravios.

En todos los eventos y, en particular, en los que versan sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados con los hechos, omisiones u operaciones administrativas, la tasación de la indemnización por el perjuicio moral se establece con fundamente en el grado de afectación que el hecho dañoso imputable a la entidad pública haya causado al demandante y no en consideración a las calidades sociales o morales de la víctima.

(...).

En síntesis, para que haya lugar a la reparación del perjuicio moral basta acreditar su existencia. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. No obstante, para garantizar el derecho a la igualdad de los demandantes, la Sala ha fijado unos topes máximos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 68001-23-15-000-1994-0301-01(14950), actor: Hugo A. Rodriguez Joya y otros, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(6) “La Sala es del criterio que los autos ejecutoriados que se enmarcan en la evidente o palmaria ilegalidad, en este caso por ausencia de requisitos para declarar la existencia de título ejecutivo, al no constituir ley del proceso en virtud de que no hacen tránsito a cosa juzgada, por su propia naturaleza de autos y no de sentencias, no deben mantenerse en el ordenamiento jurídico.

Y afirma de esa manera, porque con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 la calificación de la República como un Estado de derecho con justicia social tiene implicaciones, entre otros, en la administración de justicia.

No es concebible que frente a un error judicial ostensible dentro de un proceso, no constitutivo de causal de nulidad procesal ni alegado por las partes, el juez del mismo proceso, a quo o su superior, no pueda enmendarlo de oficio.

Si en la actualidad, en primer término, los errores judiciales han sido corregidos por tutela (C.N., art. 86), cuando por una vía de hecho se quebrantó un derecho constitucional fundamental, y en segundo término, han sido indemnizados los perjuicios ocasionados por haberse causado un daño antijurídico (CCA, art. 86), por el error judicial ¿por qué no corregir el error y evitar otro juicio, si es que hay lugar a ello?

(...).

Por consiguiente el juez no debe permitir con sus conductas continuar el estado del proceso, como venía, a sabiendas de una irregularidad procesal que tiene entidad suficiente para variar, en absoluto, el destino o rumbo del juicio; el juez no está vendado para ver retroactivamente el proceso, cuando la decisión que ha de adoptar dependería de legalidad real, y no formal por la ejecutoria, de otra anterior” (resaltado del original). Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de julio de 2000, Expediente 17.583, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Sobre el empleo del principio de legalidad para corregir errores en providencias judiciales frente a los cuales no procede las medidas ordinarias correctivas reconocidas por la misma ley, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, autos del 8 de octubre de 1987, Expediente 4686; 10 de mayo de 1994, Expediente 8237. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Auto de febrero 4 de 1981. Proceso abreviado suscitado por Juan de la Cruz Acevedo contra Magnolia Rosa Gómez; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de marzo de 1981. Gaceta Judicial LXX, 2; LXXVII, 51 y XC 330. Proceso Enrique A. Fuentes contra Herederos de José Galo Alzadora.

(7) Devis Echandía Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, segunda edición. Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1972, p. 435.

(8) “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. Sobre el alcance de la competencia del juez en segunda instancia frente a la motivación del recurso de apelación, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(9) “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. // El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

(10) Una síntesis de la evolución y estado actual de esta jurisprudencia puede verse en la sentencia del 11 de septiembre de 2013, Sala Plena de la Sección Tercera, Consejo de Estado, exp. 41001-23-31-000-1994-07654-01 (20601), actor: Maria del Carmen Chacón y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(11) La petición probatoria aludida puede ser apreciada en el folio 29 del cuaderno 1.

(12) Al respecto, puede consultarse la sentencia del 9 de febrero de 2011, Expediente 16.934, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(13) Puede consultarse al respecto la siguiente sentencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de abril de 2000, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, radicación 11898, actor: José Francisco Montero Ballén, demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional.

(14) “30-06-00 (...) 17:00 (...) Verificación pase oficina acta de compromiso. Del señor Alcibíades Salcedo Contreras c.c. 17.185.071 de Btá. cuando pretendía salir del país vuelo 090 AV Aruba le aparece un pase a oficina. Se llamó a la oficina de registros judiciales (jefe) Sra. Mariela Torres Mora, quien manifestó que en esta oficina no le aparece ningún soporte sobre orden de captura la cual sugirió hacerle un acta de compromiso, quedando para el día 05-07-00 a las 10 horas para resolverle situación en día y hora hábil, de la anterior situación tiene conocimiento la coordinadora de policía judicial, Dra. Aura Martínez de López, quien está firmando dicha acta”.

(15) “Bogotá D.C.,

30 de junio de 2000

Acta de compromiso

En la fecha, presente ante el despacho, el señor Alcibíades Salcedo Contreras identificado con la C.C. 17.185.071 de Bogotá, a quien se le hace saber que debe comparecer a esta oficina el día miércoles 5 de julio del año en curso a las 10:00 horas, con el fin de aclarar la orden de captura que le figuró en pantalla en el día de hoy, la cual por no tener ningún soporte, la cual se consultó con la jefe de registros judiciales señora Mariela Torres Mora, quien por esta razón sugirió la presente acta mientras ella hacía las averiguaciones del caso, dejándolo en libertad para viajar si le es posible.

El comprometido Alciabíades Salcedo Contrera c.c. 17.185.071 de Bogotá

El funcionario Aurora Martínez de López

La secretaria Luz Mery García Moyano

Recibí mi cédula ciudadanía que estaba retenida” (nota informal a cuyo costado se advierte igualmente la firma del señor Alcibíades Salcedo Contreras).

(16) “Inicialmente cuando llega el pasajero a emigración se incluye los datos biográficos en pantalla, si tiene algún impedimento, alguna consigna, u orden de captura le sale al funcionario en el sistema “ojo pase oficina” este caso se le pasa al supervisor quien puede consultar en el sistema de qué trata la novedad, y este resuelve si es para requisa o para impedirle la salida del país, si tiene un proceso vigente o colocarlo a disposición de policía judicial”.

(17) “(...) pero entonces me puse a averiguar en los libros de las minutas y encontré que el caso que nos ocupa se trataba de un pase a la oficina, que realmente nos sucede todos los días y se pasa al jefe inmediato que es un supervisor, él se entera del caso del señor y dispone si es orden de captura se ponga a disposición de policía judicial (...) “pase a la oficina” primero que todo es un pantallazo que nos da el sistema del computador en el momento en que se termina de incluir los datos del pasajero, al salirnos este pantallazo nuestra obligación es llevar a la persona o pasajero a nuestro jefe inmediato que es el supervisor del área o turno”.

(18) “Aerovías Nacionales de Colombia “Avianca” certifica que los señores Salcedo/David/Alcibíades/Alcibíades jr. y Gómez/Naney, con tiquetes 3344400143793/795/794 y 796, respectivamente, se presentaron en el aeropuerto de Medellín-Bogotá con conexión a Aruba (viernes 30 jun.) por problemas de emigración no los dejaron viajar.

Se chequearon condicionales en el vuelo 090 del día sábado 1 de julio, pero fue imposible por encontrarse el vuelo full.

La presente certificación se expide a solicitud de los interesados el primer (01) día del mes de julio del año dos mil (2000)”.

(19) “Nota//Con respecto al Sr. Alcibíades Salcedo Contreras cc 17.185.071 quien se presentó directamente en la oficina de registros judiciales el día 4-julio/2000 se le autorizó viajar por parte del jefe de la oficina de registros judiciales Paloquemao Sr. Néstor Castro”.

(20) “El día 30 de junio del año 2000 el único vuelo en la ruta Bogotá-Aruba-Bogotá que salió del aeropuerto El Dorado fue el AV090/091 con el siguiente itinerario (...)”.

(21) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 50001-23-31-000-1997-06093 01 (21.060), actor: Reinaldo Idárraga Valencia y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(22) “La Rama Ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del sector central:

a) La Presidencia de la República;

b) La Vicepresidencia de la República;

c) Los consejos superiores de la administración;

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica”.

(23) Artículo 80 de la Ley 153 de 1887: “La Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas”.

(24) Ibáñez Najar, Jorge Enrique. Estudios de Derecho Constitucional y Administrativo, segunda edición. Legis Editores S.A., tercera reimpresión, 2009, Bogotá D.C., Colombia, pp. 222, 236-237, 259- 260.

(25) Artículo 44 del CPC: “Toda persona natural o jurídica puede ser parte en un proceso”. Sobre la materia, la doctrina ha resaltado: “Ser parte en el proceso equivale a ser sujeto de la relación jurídico procesal (...); por consiguiente, la capacidad para ser parte se identifica con la de ser sujeto de esa relación, como demandante, demandado, interviniente, sindicado, parte civil, o ministerio público.

La capacidad para ser parte en el proceso es la misma que para ser parte en cualquier relación jurídica material, es decir, para ser sujeto de derecho y obligaciones, o capacidad jurídica en general, que reglamenta el Código Civil (...).

Por consiguiente, toda persona natural o jurídica, de derecho privado o público, tiene capacidad para ser parte en procesos, o, lo que es igual, para ser sujeto del proceso o de la relación jurídica procesal”. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal, Tomo I, segunda edición. Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1972, pp. 301-302.

(26) “Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones públicas podrán obrar como demandantes, demandadas o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. Ellas podrán incoar todas las acciones previstas en este código si las circunstancias lo ameritan.

En los procesos contencioso administrativos la Nación estará representada por el ministro, director de departamento administrativo, superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Fiscal General, Procurador o Contralor o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho”.

(27) [1] Por ejemplo, las entidades señaladas en el artículo 80 de la Ley 153 de 1887: “La Nación, los departamentos, los municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas” (se destaca).

(28) [2] González Pérez, Jesús. Derecho Procesal Administrativo Hispanoamericano. Ed. Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1985. págs. 113-4.

(29) [4] En pronunciamientos de esta misma fecha, se unificó la jurisprudencia en torno a la capacidad procesal de los Consorcios y Uniones Temporales, para establecer que sí tienen capacidad para ser parte de un proceso judicial. En este sentido, esa capacidad representa una excepción a la regla general que prescribe que la capacidad procesal proviene de la personalidad jurídica, pues estas asociaciones, sin ser personas jurídicas, están facultadas por la ley para acudir válidamente a un proceso, siempre que la controversia verse sobre el contrato o su proceso de adjudicación. Ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 25 de septiembre de 2013. Expedientes 19.933 y 20.529, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(30) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, Expediente 25000-23-26-000-1997-5033-01(20420), actor: Gabriel Barrios Castelar y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(31) “11. Una vez especificado lo anterior, en cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, existen dos clases: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda

(...).

11.1. Cabe destacar igualmente que la ausencia de legitimación en la causa no inhibe al juzgador para pronunciarse de mérito, en consideración a que esta es un elemento de la pretensión y no de la acción, motivo por el cual, no se relaciona con un aspecto puramente procesal sino sustancial del litigio (nota de la providencia en cita 14: “Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y, sentencia del 1 de marzo de 2006, Expediente 15001-23-31-000-1992-02402-01(13764), actor: Alfonso Ahumada Salcedo y otros”). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, Expediente 25000-23-26-000-2001-01462-01(27519), actor: Ana Rosa Parra Chacón, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(32) Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, Expediente 25000-23-26-000-1997-5033-01(20420), actor: Gabriel Barrios Castelar y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(33) “Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado, pues el artículo 90 señala con claridad que el Estado “responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

Ahora bien, como se ve, el actual mandato constitucional es no solo imperativo —ya que ordena al Estado responder— sino que no establece distinciones según los ámbitos de actuación de las autoridades públicas. En efecto, la norma simplemente establece dos requisitos para que opere la responsabilidad, a saber, que haya un daño antijurídico y que este sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública. Pero el artículo 90 no restringe esta responsabilidad patrimonial al campo extracontractual sino que consagra un régimen general, por lo cual la Corte no considera de recibo el argumento de uno de los intervinientes, según el cual la noción de daño antijurídico no es aplicable en el ámbito contractual. Por el contrario, para esta corporación el inciso primero del artículo 90 consagra la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y comprende por ende no solo la responsabilidad extracontractual sino también el sistema de responsabilidad precontractual (derivado de la ruptura de la relación jurídico-administrativa precontractual) así como también la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(34) [11] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Expediente 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández.

(35) Consejo de Estado, sentencia del 6 de junio de 2007, Expediente 25000-23-26-000-1990-06968-01(16460), actor: William Javier Duarte Ruiz y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(36) Consejo de Estado, sentencia del 11 de mayo de 2006, Expediente 68001-23-15-000-1995-00935-01(14400), actor: Lino Antonio Amortegui Guzmán y otros, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(37) Corte Constitucional, sentencia C-038 del 1º de febrero de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(38) En reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco puede la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su motivación. Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Expediente 19001-23-31-000-1999-00815-01(21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(39) “El Departamento Administrativo de Seguridad tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

(...).

11. Ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros y llevar el registro de identificación de extranjeros;

12. Ejercer funciones de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales;

13. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República”.

(40) Normativa por la cual se modificó la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad que derogó expresamente el Decreto 2110 de 1992, vigente a partir de su publicación de conformidad con su artículo 54, esto es, a partir del 17 de febrero del 2000 —D.O. 43.897, feb. 17/2000— y, por consiguiente, regía para el momento de ocurrencia de los hechos de la demanda. No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente poner de presente que de conformidad con el material probatorio obrante al expediente, la estructura del DAS para el 30 de junio del 2000, en materia migratoria y frente a los acontecimiento ocurridos por los que se demanda, continuaba funcionando según las denominaciones y oficinas contempladas en el decreto 2110 de 1992, que se reitera, para ese momento ya estaba derogado.

(41) Numeral 3º del artículo 26 del Decreto 218 del 2000: “Corresponde a la subdirección de asuntos migratorios el ejercicio de las siguientes funciones:

(...).

3. Dirigir y controlar los servicios de migración de nacionales y extranjeros en los puertos establecidos por la ley y velar por el cumplimiento de las disposiciones migratorias vigentes”.

(42) Numeral 3º del artículo 24 del Decreto 218 del 2000: “Corresponde a la subdirección de investigaciones especiales el ejercicio de las siguientes funciones:

(...).

3. Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, sobreseimiento y revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal”.

(43) “Corresponde a la división de identificación:

a) Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir las autoridades judiciales de la República sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, autos de detención, enjuiciamiento, sobreseimiento y revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal”.

(44) Esta normativa rige a partir del 1º de septiembre de 1989, de conformidad con su artículo 76, derogado por el artículo 1º del Decreto 1531 de 1989.

(45) Sobre los vínculos de amor que surgen en las familias, esta corporación ha dicho: “En Colombia, la Corte Constitucional ha aceptado la existencia de dos tipos de familias en Colombia: i) la biológica y ii) la de crianza, sin embargo, lo cierto es que esa institución no se desarrolla por el vínculo netamente genético o reproductivo, sino que, a contrario sensu, su fundamentación reside en la noción de “amor” y su manifestación de solidaridad y afecto (philia).

En otros términos, según lo precisa la Carta Política en el artículo 42, la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos (v. gr. el matrimonio o la unión marital de hecho), pero lo cierto es que su fundamentación filosófica reside en la solidaridad que se profesan los miembros y los integrantes de ese núcleo. Por lo tanto, es una estructura social que se constituye a partir de un proceso que genera vínculos de consanguinidad o afinidad entre sus miembros. Por lo tanto, si bien la familia puede surgir como un fenómeno natural producto de la decisión libre de dos personas, lo cierto es que son las manifestaciones de solidaridad, fraternidad, apoyo, cariño y amor, lo que la estructuran y le brindan cohesión a la institución.

Como se aprecia, la familia es el eje central o estructural de la sociedad, la cual debe ser protegida por el Estado; aunado a lo anterior, el matrimonio y la familia son instituciones sociales diferentes que si bien están relacionadas son disímiles. En efecto, el matrimonio es una de las formas jurídicas —por intermedio de la celebración de un negocio jurídico— por medio de las cuales los contratantes conforman de manera libre, voluntaria y consensual una familia, sin que la única forma de constituirla sea el vínculo jurídico referido”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, Expediente 19001-23-31-000-2001-00757-01(31252), actor: Luis Alberto Quilindo Alegría, C.P. Enrique Gil Botero.

(46) “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”:

(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Expediente 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), actor: Eduardo Rojas Quinche y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(48) “3.2.2.3. La Sala, en esta oportunidad precisa que la competencia del juez de segunda instancia abarca los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia. Se trata de dar alcance a la expresión “los aspectos que señale el recurrente”, a los cuales se limitó la competencia del ad quem en la providencia referida.

(...).

3.2.2.3.5. Pero no hay ninguna duda de que el interés del recurrente al pretender que se modifique a su favor un aspecto de la sentencia que le es desfavorable, queda en parte satisfecho cuando esa modificación es proporcionalmente menor a lo pretendido, pero en todo caso, favorable a su interés.

Es lo que lo que sucede en los casos en los cuales el recurrente solicita que se revoque el fallo, porque aduce que no es responsable del daño que se le imputa y en segunda instancia se considera que sí es responsable, pero que hay lugar a una reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también contribuyó a la causación del daño, o se aprecia que no está demostrado uno o algunos de los daños cuya indemnización se reclama, o que en la liquidación del mismo se incurrió en errores que afectan al apelante único, como ocurrió en el caso concreto.

Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones.

3.2.2.3.6. En la lógica más elemental, “el que puede lo más puede lo menos”, lo que en términos jurídicos y en relación con el asunto que aquí se trata significa que si el juez adquiere competencia para resolver un aspecto global de la controversia, por haber sido objeto del recurso, tiene igualmente la atribución para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante único.

Lo dicho constituye una reafirmación de la regla general deducida por la Sala, conforme a la cual la competencia del juez de segunda instancia está limitada a los aspectos que señale el recurrente, pero es además, una precisión sobre los límites de esa competencia, que no pueden quedar reducidos únicamente a la revisión de las razones señaladas por el recurrente, con omisión del deber constitucional del juez de aplicar la ley y, en todo caso, de atender el propio interés del apelante, que si bien en principio está dirigido a obtener la satisfacción plena de su pretensión, abarca en todo caso cualquier reforma que le resulte favorable a sus intereses”. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, Expediente 05001-23-26-000-1994-02321-01 (20104), actor: Sandra Saldarriaga y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(49) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, Expediente 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067), actor: Nohelia del Socorro Londoño Giraldo y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(50) “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(51) Se resalta: “En efecto, la indemnización que se decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un daño moral, por ejemplo, no busca el pago de las lágrimas ni el dolor producido por el hecho dañino. Las lágrimas vertidas están naturalmente fuera del comercio; el dolor es imposible medirlo con patrones objetivos, por ser en esencia subjetivo. Sin embargo, si ubicamos dicha indemnización desde el ámbito de la compensación y no de la restitución del bien afectado, aquella se defiende en el plano conceptual. En los eventos de indemnización del daño inmaterial la naturaleza de la indemnización, se reitera, es compensatoria, en el sentido de que mediante el bien equivalente del dinero, o, de cualquier otra manera a petición razonable de la víctima o por decisión del juez, se otorga a aquella un bien que le ayuda a aliviar su pena, sin que sea relevante que la indemnización sea o no dineraria (...). No se busca entonces que se quede materialmente indemne, sino que se tenga el dinero u otro bien que permita hacer más llevadera la pena y sufrir en las mejores condiciones posibles la alteración emocional producida, y permitir así que cese o se aminore el daño ocasionado”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 231.

(52) “2.1. Ahora bien, primeramente reitera la Sala la necesidad de aplicar para el caso de reparaciones del daño moral en los derechos al buen nombre y a la honra, el criterio del arbitrium judice, de tal manera que por lo menos se aproxime a una compensación equivalente o paliativa por la afección sufrida, sin que con ella se aspire a resarcir plenamente a la víctima, ni tampoco se logre enmendar oportuna y totalmente las secuelas causadas por el error informativo nocivo que se ha cometido.

Por esta razón, estima la Corte que, de un lado, deben tenerse en cuenta, factores como los relativos a las condiciones personales trascendentes en el buen nombre y la honra de la víctima, al alcance y gravedad de la afectación de estos derechos, a la extensión de la difusión y las circunstancias de la información, a las condiciones periodísticas y económicas del medio de comunicación social, al interés de la víctima por la rectificación y a la disposición del medio para hacerlo, etc. . Pero del otro, también precisa la Corte la necesidad que, en desarrollo de una correcta aplicación del precitado principio, se seleccionen las formas de resarcimiento que se adecuen a la función compensatoria o paliativa de dicho daño, a fin de lograr en lo posible su justa reparación y evitar un aprovechamiento indebido” (resaltado por la Sala). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 24 de mayo de 1999, Expediente 5244, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(53) El Gobierno Nacional ordenó la supresión del mencionado departamento administrativo desde la publicación del Decreto-Ley 4057 del 31 de octubre de 2011, y trasladó varias de sus funciones a otras entidades estatales, supresión que se prorrogó de acuerdo a lo señalado por el Decreto 2404 del 30 de octubre 2013.