Sentencia 2002-01265 de febrero 27 de 2013

 

Sentencia 2002-01265 de febrero 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Proceso Nº 25000232600020020126501

Interno Nº 26.389

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Actor: Gustavo Castro Guerrero y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General

Referencia: Acción de reparación directa. Apelación de sentencia.

Bogotá, D.C., febrero veintisiete de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La corporación es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y la interpretación que a dicha norma se atribuyó en el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la Administración de Justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y en segunda instancia esta corporación(1).

2. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, resulta necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual habría sido sometido el señor Gustavo Castro Guerrero desde el 23 de febrero de 1999 hasta el 29 de marzo de 1999 y nuevamente a partir del 2 de mayo de 2000 hasta el 23 de junio de 2000, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la corporación ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, frente a lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido igualmente la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos(2):

“Para resolver el asunto es necesario remitirse al artículo 68 de la Ley 270 de 1996, según el cual quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado la correspondiente reparación de perjuicios. En relación con este precepto, sostuvo la Corte lo siguiente en la misma Sentencia C-037 de 1996:

‘Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6º, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término ‘injustamente’ se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

En virtud de lo anterior, y a propósito de lo explicado en torno al artículo 66 del presente proyecto, debe entenderse que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente y el procedimiento a seguir respecto de la responsabilidad proveniente del error judicial en que incurran las demás autoridades judiciales.

Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible (resalta la Sala)’.

En sentencia del 2 de mayo de 2007(3), la Sala señaló que una lectura aislada del artículo 68 de la Ley 270, junto con las consideraciones tenidas en cuenta por la Corte Constitucional para declarar exequible el proyecto de dicha disposición, podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales sería posible declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, a aquellos casos en los cuales tenga lugar ‘una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria’, es decir a supuestos en los cuales se acredite una falla del servicio de administración de justicia de las características descritas por la Corte en el apartado que se acaba de reproducir.

Sin embargo, tal conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la norma fundamental que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance. En consecuencia, mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991.

Teniendo en cuenta el criterio expuesto, la Sala concluyó, en la precitada sentencia, que para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual ‘el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales’, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de ‘daño antijurídico’ en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—.

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional. El anterior aserto encuentra refuerzo adicional en lo dispuesto por el artículo 69 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual, desarrollando el querer del plurimencionado artículo 90 constitucional, amplía el plexo de hipótesis en las cuales puede declararse la responsabilidad del Estado derivada de la función de Administración de Justicia, al estatuir que ‘quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación’ (resaltado del original).

Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 referida a la calificación de injusta de la privación de la libertad y el alcance que la Corte Constitucional le ha dado a la norma no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los cuales el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como de los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado —a la que se hizo referencia en apartado precedente— ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 (se resalta en esta oportunidad).

En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene. Partiendo de la conclusión anterior, la Sala determinó que en el artículo 90 de la Constitución Política tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996, todos los supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia que no están contemplados —más no por ello excluidos, se insiste en el premencionado artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia—, entre ellos, como en los eventos en los cuales se impone a un ciudadano una medida de detención preventiva como consecuencia de la cual se le priva del ejercicio del derecho fundamental a la libertad pero posteriormente se le revoca tal medida al concluir que los aspectos fácticos por los cuales el investigado fue detenido no constituyeron hecho delictuoso alguno, supuesto que estaba previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, y que compromete la responsabilidad de la administración, pues con su actuación causó un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad en contra de quien no cometió el hecho delictuoso imputado, circunstancia que torna injusta la medida y que debe ser reparada por la autoridad que produjo el hecho (resalta la Subsección).

En este sentido, la Sala, en sentencia del 26 de marzo de 2008(4), precisó:

‘3. Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso, ocurrió entre el primero de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997, cuando había entrado a regir la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1997, y en cuyo artículo 68 se establece: ‘Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios (…)’.

Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente(5), se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta ‘porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible’, se configura un evento de detención injusta. A las hipótesis citadas se les ha agregado el evento de absolución en aplicación del in dubio pro reo.

De acuerdo con los principios tutelares del Estado social y democrático de derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna(6)” (resaltado y subrayas de la Subsección).

3. Responsabilidad de la parte demandada.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(7). En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente(8).

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad judicial de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del juez o magistrado a efecto de establecer si la misma estuvo caracterizada por la culpa o el dolo(9). Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber de soportar(10).

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia de un error de la autoridad jurisdiccional al ordenar la medida privativa de la libertad— fue reducida solamente a aquellos casos diferentes de los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal(11), pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta(12), lo cual se equiparaba a un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no era necesario acreditar la existencia de una falla del servicio(13).

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de acuerdo con la cual el fundamento del compromiso para la responsabilidad del Estado en estos tres supuestos no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo(14), reiterando que ello es así independientemente de la legalidad o ilegalidad del acto o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa(15).

Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubio pro reo, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos —cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento(16)—.

Y es que, de acuerdo con la posición mayoritaria asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, aún cuando la absolución o exoneración de responsabilidad del imputado que ha estado privado de la libertad no se produzca en aplicación de alguno de los tres supuestos previstos en el artículo 414 del antes referido Decreto-Ley 2700 de 1991, sino como consecuencia de la operatividad del citado principio in dubio pro reo, éste no puede proveer de justo título a la privación de la libertad a la cual fue sometida por el Estado la persona penalmente procesada, comoquiera que aquel nunca pudo desvirtuar que se trataba de una persona inocente —presunción constitucional de inocencia cuya intangibilidad determina la antijuridicidad del daño desde la perspectiva de la víctima, quien no está en el deber jurídico de soportarlo, dado que se trata de una víctima inocente—, más allá de que resultaría manifiestamente desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensación —como si se tratase de una carga pública que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad—, el verse privado de la libertad en aras de salvaguardar la eficacia de una eventual sentencia condenatoria si, una vez instruido el proceso penal y excluida de manera definitiva la responsabilidad del sindicado precautelativamente privado de la libertad, el propio Estado no logra desvirtuar la presunción constitucional de inocencia que siempre amparó a la víctima directa de tal detención, en cuanto la condena cuyo cumplimiento buscaba garantizarse a través de la medida de aseguramiento nunca se produce, todo lo cual determina que ante tal tipo de casos los afectados no deban “acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la declaración de responsabilidad: actuación del Estado, daños irrogados y nexo de causalidad entre aquella y éstos”(17).

Estas últimas tesis han estado fundadas en la primacía de los derechos fundamentales, en la consecuente obligación estatal de garantizar el amparo efectivo de los mismos y la inviolabilidad de los derechos de los ciudadanos entre los cuales se cuenta, con alto grado de importancia, el derecho a la libertad. En relación con estos aspectos, la Sala, en sentencia proferida el 4 de diciembre de 2006 —exp. 13.168—, precisó:

“Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado social y democrático de derecho la persona —junto con todo lo que a ella es inherente— ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas…

Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado —a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política—, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general…

De ahí que los derechos fundamentales se configurasen como límites al poder(18) y que, actualmente, se sostenga sin dubitación que el papel principal del Estado frente a los coasociados se contrae al reconocimiento de los derechos y libertades que les son inherentes y a ofrecer la protección requerida para su preservación y respeto(19). No en vano ya desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1798(20), en su artículo 2º, con toda rotundidad, se dejó consignado:

«ART. 2º—El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión»

Después de la vida, el derecho a la libertad constituye fundamento y presupuesto indispensable para que sea posible el ejercicio de los demás derechos y garantías de los que es titular el individuo. No es gratuito que, en el catálogo de derechos fundamentales contenido en el capítulo 1 del título II de la Constitución Política, inmediatamente después de consagrar el derecho a la vida —artículos 11 y 12— se plasme el derecho a la libertad. La garantía de la libertad es, a no dudarlo, el principal rasgo distintivo entre las formas de Estado absolutistas, totalitarias y el Estado de derecho.

Todo lo expuesto impone, ineludiblemente, la máxima cautela antes de calificar cualquier limitación a la libertad, como una mera carga pública que los individuos deben soportar por el hecho de vivir en comunidad”.

Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de tales derechos, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o un simple golpe de suerte el que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo —sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima— según la jurisprudencia de la Sección, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.

La Sala ha considerado necesario presentar estas reflexiones respecto del régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto y las normas que rigen la materia, las cuales fueron reiteradas por la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante sentencias de febrero 3 y abril 15 de 2010(21) y serán tenidas en cuenta para valorar la prueba obrante en el proceso, con el fin de establecer si está demostrada en este caso la responsabilidad de la entidad demandada por la privación injusta de la libertad del actor Gustavo Castro Guerrero, posición jurisprudencial que ha sido reiterada por esta Subsección, tal como lo refleja el siguiente pronunciamiento(22):

“En la actualidad, la Sala ha acogido el criterio objetivo, con fundamento en que, en los eventos señalados en la segunda parte del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico, por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia (resalta la Sala).

Desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental (C.P., art. 28) que sólo admite limitación ‘en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley’, y como certeramente lo anota la doctrina:

‘No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

‘La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad que caracterizaba al antiguo régimen…’(23).

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce —sin discriminación alguna— la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., art. 5º) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos los de libertad como ámbitos de autodeterminación de los individuos (C.P., art. 2º), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (art. 29 eiusdem)(24).

Sobre el derecho de libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

‘Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

‘La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.

‘En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles’.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

— En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que “Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...”.

— En la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1.972 se dice que: “1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas”.

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo las condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”(25).

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues según el inciso 4º del artículo 29 de la Carta Política: “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, y por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado(26).

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible, y si además prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa igualmente que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

Se concluye, entonces, que en aplicación del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la responsabilidad patrimonial del Estado procede cuando se cumplen los siguientes supuestos: i) que una persona sea detenida preventivamente por decisión de autoridad judicial competente; ii) que sea exonerada mediante sentencia absolutoria definitiva o mediante su equivalente; iii) que la decisión absolutoria se haya proferido como consecuencia de que el hecho no existió, que el sindicado no lo cometió o que el hecho que realizó no era punible; iv) que el sindicado y los demás demandantes en el juicio de responsabilidad hayan padecido daños.

Según el mismo artículo, la indemnización no es procedente cuando el daño proviene de la culpa grave o del dolo de la propia víctima.

Así las cosas, cuando se produce la exoneración del sindicado, por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no constituía hecho punible, entre otros, la privación de la libertad resulta siempre injusta, como quiera que quien estuvo detenido sufrió un daño que no estaba en la obligación de soportar”.

4. El caudal probatorio que obra en el expediente.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos de convicción:

— Copia autenticada de la decisión proferida el 23 de febrero de 1999, expedida por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva del señor Gustavo Castro Guerrero, con base en lo siguiente:

“… Es menester hacer hincapié en lo siguiente: no se precisa ahondar sí Castro Guerrero conocía (o no) pormenorizadamente la solvencia económica de Zapata o incluso si daba fe de la prestancia moral del mismo. La esencia de estas valoraciones, entre las ya insertas en precedencia, estriba en el hecho de que, a partir de la rigurosa cercanía que mediaba entre Castro y Zapata, aquél, como fuere permitió, ordenó, sugirió, planteó, dispuso, facilitó o, de cualquier manera, hizo saber a sus subalternos (la totalidad de los empleados que conformaban la planta de personal de la caja agraria a nivel nacional) que como un amigo suyo necesitaba un préstamo y dos sobregiros, ello debía cumplirse sin dilaciones, como efectivamente ocurrió.

Definidos los términos en que Zapata logró obtener un provecho patrimonial ilícito (véase fls. 166 a 183 del 3 C.O) porque se apropió de casi $ 200.000.000 que jamás podía cancelar y ello ocurrió porque Castro Guerrero, haciendo caso omiso de las reglas bancarias de la entidad bancaria que él presidía, intervino en la contabilización de tan elevada suma de dinero, porque aún no cancelaba los treinta millones de pesos que le debía a Zapata y habida cuenta de la amistad que los ligaba. Es así cómo el dolo natural fue el factor psicológico que acompañó su conducta en esos menesteres, entendiendo como dolo, en este caso, no el deseo de causar daño a otro (como lo exhibía la dogmática ortodoxa) sino la conciencia de que se está obrando contra derecho. En otras palabras, se deriva de su proceder, con suma nitidez, que se actuó estando consciente de que su particular postura, al favorecer a Zapata, implicaba una conducta antijurídica ya que a toda costa y por encima de las reglamentaciones bancarias contribuyó, causal y teleológicamente, a que la caja agraria sufriera una mengua en su haber patrimonial, sólo para amparar a Zapata nada más…” (fls. 31 a 40, cdno. 2).

— Copia autenticada de la decisión proferida el 29 de marzo de 1999, expedida por la Fiscalía General de la Nación-Unidad de fiscalía delegada ante los tribunales superiores de los distritos judiciales de Bogotá, D.C., y Cundinamarca, a través de la cual se revocó la medida de aseguramiento impuesta en contra del señor Gustavo Castro Guerrero (fls. 41 a 50, cdno 2), decisión que se fundamentó, en síntesis, en lo siguiente:

“…No obstante, al parecer entre el señor Gustavo Castro Guerrero y Gilberto de Jesús Zapata existía algún grado de amistad, éste no se puede tener como indicio fundamental para considerar que el señor Castro Guerrero fue quien interfirió para la aprobación de las transacciones comerciales, por cuanto, como se ha repetido, no se cuenta con ningún elemento de juicio serio y veraz que por lo menos permita inferir esa presunta intervención, máxime cuando el mismo señor Zapata acotó que no sabe si le ayudó en la gestión, sólo presume que así pudo haber sido, en razón a que le había comentado sobre el crédito.

Así, es claro que hasta este estadio procesal no se han reunido los presupuestos legales para afectar con medida de aseguramiento al señor Gustavo de Jesús Castro Guerrero, como de manera acertada lo planteó la defensa, circunstancia por la cual la medida de aseguramiento se revocará en tal sentido…”.

— Copia auténtica de la decisión proferida el 2 de mayo de 2000 por la Fiscalía Especializada, por medio de la cual se calificó el mérito del sumario de la investigación penal que cursó en contra del ahora demandante (fls. 51 a 77, cdno. 2), según la cual:

“…Es precisamente de este tipo de situaciones de donde emergen los indicios graves de responsabilidad predicables del señor Gustavo Castro Guerrero. Los hechos que se dicen indicadores (autorización de desembolso en menos de cuarenta minutos luego de haber sido recibida la solicitud de la sucursal CAN de la Caja Agraria, desconocimiento de las exigencias financieras que garantizaran el respaldo de la deuda) son de tal cariz que convierten el dibujo objetivo en claro compromiso de responsabilidad del procesado.

Indicios que concurren en aquellos conocidos de acuerdo a la doctrina como el de capacidad, entendida como la condición propia del ser humano que le permite desplegar la acción dirigida al resultado finalmente censurable, que se torna grave, cuando la participación en el ilícito resulta evidente por la condición misma de promotor en el mismo, situación que encuentra su marco conceptual en el despliegue del comportamental (sic) que se le imputa al señor Castro Guerrero, si se tiene en cuenta que fue su investidura la que le permitió viabilizar los créditos a favor de la firma Godomar S.A., sin desconocer la relación de amistad preexistente entre Castro Guerrero y Gilberto de Jesús Zapata Jaramillo.

Indicio al que se adiciona al de motivo, que se radicaliza como elemento propulsor o generador de la conducta objeto de investigación, pues fue este interés el que dio apariencia a una transacción que no tuvo la finalidad que se presupuestaba.

Así las cosas, esta delegada calificará el mérito de la instrucción con resolución de acusación en contra del señor Gustavo Castro Guerrero, en calidad de presunto autor responsable del delito de peculado por apropiación a favor de terceros…”.

— Copia autenticada de la decisión proferida el 23 de junio de 2000 por la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la cual se desató el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 2 de mayo de 2000, en cuya virtud se precluyó la investigación penal a favor del señor Gustavo Castro Guerrero y se revocó la correspondiente medida de aseguramiento (fls. 78 a 114, cdno. 2), decisión que encontró fundamento en lo siguiente:

“(…) Por ello, aunque las circunstancias expresadas dejan un margen de duda sobre la actuación del procesado, las mismas resultan insuficientes para radicarlo en juicio criminal, bien como autor mediato o como determinador, de los delitos que se le imputan.

Por las mismas razones, esta delegada revocará la decisión apelada, ordenando en su lugar la preclusión de la investigación, única decisión posible por hallarse clausurada la etapa instructiva, pues aunque subsisten algunas dudas sobre el proceder del procesado, no obra dentro de ella testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves o documentos que comprometan la responsabilidad del sindicado en orden a proferir en su contra resolución de acusación

Consecuentemente, se ordenará la libertad incondicional del señor Gustavo Castro Guerrero, informando de esta decisión a las autoridades que actualmente ejercen vigilancia y control sobre su residencia en donde cumple con detención domiciliaria. Igualmente se dispondrá la devolución de la caución prestada, así como el archivo definitivo de las diligencias…” (se deja destacado en negrillas y en subrayas).

— Copia autenticada de los registros civiles de nacimiento de los señores Gustavo Castro Guerrero, Roxana María, Carolina José, María Isabel y Angelina María Castro Solano (fls. 116 y 118 a 121, cdno. 2).

— Copia autenticada del registro civil de matrimonio contraído entre el señor Gustavo Castro Guerrero y la señora Angelina del Rosario Solano (fl. 117, cdno. 2).

— Certificación expedida el día 3 de diciembre de 2002 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en cuyo contenido consta que el señor Gustavo Castro Guerrero ocupó los siguientes cargos diplomáticos:

— Embajador extraordinario y plenipotenciario, grado ocupacional 7EX, ante el Gobierno de Ecuador, desde el 27 de julio de 1992 hasta el 17 de octubre de 1994;

— Embajador extraordinario y plenipotenciario, grado ocupacional 7EX, ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internaciones —ONU— desde 24 de junio de 1996 hasta 10 de agosto de 1998 (fls. 138 y 139, cdno. 2).

— Certificación expedida por el Banco de la República el 26 de noviembre de 2002, mediante el cual se indicó que el señor Gustavo Castro Guerrero asistió a la junta directiva de esa entidad como representante del sector financiero entre el 4 de agosto de 1977 y el 17 de enero 1980 (fl. 141, cdno. 2).

— Certificación expedida por Bancafé el 26 de noviembre de 2002, a través de la cual consta que el señor Gustavo Castro Guerrero, en su calidad de entonces Ministro de Agricultura, presidió la junta directiva de la mencionada entidad financiera entre el 8 de agosto de 1983 y el 27 de febrero de 1985 y también en el período comprendido entre el 19 de julio de 1995 y el 4 de enero de 1996 (fls. 142 y 143, cdno. 2).

— Testimonios de los señores Carlos Julio Rojas Correa, Luis Carlos Taborda Ramírez y Juvenal Infante Infante, quienes dijeron conocer al señor Gustavo Castro Guerrero; señalaron que fue vinculado a un proceso penal por las funciones que ejerció en la Caja Agraria y que fue posteriormente capturado, ocasionándole con esto graves problemas económicos, dado que por la publicidad que de esa noticia hicieron los medios de comunicación perdió la oportunidad de obtener cargos importantes, tanto en el sector privado como en el sector público (fls. 144 a 151, cdno. 2).

— Certificación expedida el día 5 de marzo de 2003 por la Confederación Colombiana del Algodón, en cuyo contenido consta que el señor Gustavo Castro Guerrero laboró en esa entidad desde el 26 de septiembre de 1986 hasta el 22 de julio de 1992, en el cargo de presidente ejecutivo (fls. 152 y 153, cdno. 2).

— Certificación emitida por el Ministerio de Desarrollo Económico el 2 de diciembre de 2002, a través de la cual consta que el señor Gustavo Castro Guerrero trabajó en dicho ente a partir del 28 de febrero de 1985 hasta el 7 de agosto de 1986 y que el último cargo que allí desempeñó fue el de Ministro de Desarrollo Económico (fls. 154 a 156, cdno. 2).

— Certificación de la Caja Agraria —en Liquidación—, fechada el 16 de diciembre de 2002, en la cual consta que el señor Gustavo Castro Guerrero laboró en dicha entidad a partir del 21 de octubre de 1994 hasta el 18 de julio de 1995, en el cargo de Presidente (fls. 157 a 158, cdno. 2).

— Constancia del BBVA Banco Ganadero, de fecha 9 de diciembre de 2002 (fls. 159 a 160, cdno. 2), por medio de la cual se señaló:

El doctor Gustavo Castro Guerrero… estuvo vinculado a la empresa BBVA Banco Ganadero S.A. desde el 28 de marzo de 1977, hasta el 7 de agosto de 1983, desempeñando el cargo de gerente general, desde la fecha de ingreso hasta el 31 de enero de 1980 y desde el 1º de febrero de 1980 hasta la fecha de su retiro ocupó el cargo de presidente de esta institución (…)”.

— Certificación expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural el día 26 de noviembre de 2002, según la cual el señor Gustavo Castro Guerrero fue titular de dicha cartera en dos períodos: a partir del 8 de agosto de 1983 hasta el 27 de febrero de 1985 y del 19 de julio de 1995 hasta el 9 de enero de 1996 (fl. 161, cdno. 2).

5. Conclusiones probatorias y el caso concreto.

A juicio de la Sala, la sentencia impugnada amerita revocarse, toda vez que de conformidad con las consideraciones expuestas en precedencia en punto a la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de sus ciudadanos, en este proceso la entidad demandada sí está llamada a responder patrimonialmente por el daño antijurídico causado a la parte actora.

En efecto, se probó que el señor Gustavo Castro Guerrero fue vinculado a un proceso penal y con ocasión del mismo se le dictó medida de aseguramiento, la cual se revocó posteriormente a través de decisión calendada el día 29 de marzo de 1999, proferida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Bogotá, D.C., y de Cundinamarca.

Posteriormente, comoquiera que el proceso penal seguía su curso, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario y profirió nuevamente medida de aseguramiento en contra de la víctima directa del daño, puesto que lo acusó formalmente del delito de peculado del cual se le sindicó, providencia que fue apelada por parte de la defensa del procesado y resuelta el día 23 de junio de 2000 por la Unidad Nacional de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia en el sentido de precluir la investigación, porque: <<…aunque subsisten algunas dudas sobre el proceder del procesado, no obra dentro de ella testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves o documentos que comprometan la responsabilidad del sindicado en orden a proferir en su contra resolución de acusación>> (Se destaca).

Así las cosas, la subsección encuentra que la razón que llevó a la Fiscalía General de la Nación a precluir la investigación penal a favor del señor Gustavo Castro Guerrero obedeció a que no se contaba con material probatorio que comprometiera su responsabilidad penal, circunstancia que, por sí sola, constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad —que el sindicado no cometió el delito—, según los precisos términos del ya derogado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

A lo anterior se adiciona que la absolución de la víctima directa del daño no devino, como lo consideró el tribunal administrativo de primera instancia, de la aplicación del principio in dubio pro reo, comoquiera que de la lectura de la decisión de preclusión de la investigación, se impone concluir que tal determinación no fue producto de un cotejo probatorio en uno u otro sentido —a favor o en contra del sindicado— que generare duda acerca de la responsabilidad penal del actor y que la misma fuese resuelta a favor de él, sino que se apoyó, claramente, en que no se logró establecer la responsabilidad penal del señor Gustavo Castro Guerrero, por cuanto el material probatorio recopilado no era suficiente para endilgarle responsabilidad penal.

Por consiguiente, la Sala estima que le asiste responsabilidad patrimonial a la parte demandada con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política, dado que a los actores se les causó un daño antijurídico, el cual le resulta jurídicamente imputable a la Nación, únicos presupuestos a los cuales hace referencia el canon constitucional en mención para que opere tal responsabilidad.

A tal efecto, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia hubiere sido ajustado o contrario a derecho, pues si las víctimas no se encuentran en el deber jurídico de soportar el daño que les fue irrogado, como se expresó en varios de los pronunciamientos hasta ahora citados, será intrascendente —en todo sentido— que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo, ello en la medida en que mientras la causación de ese daño habrá de redundar en beneficio de la colectividad, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se privó de la libertad, sin que se hubiere podido establecer o determinar su responsabilidad penal y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esas víctimas tendrán derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el aludido artículo 90 constitucional(27).

Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas examinadas, resulta claro —como ya lo ha consignado la Sala— que el señor Gustavo Castro Guerrero no se hallaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó, el cual debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la administración de resarcir a los demandantes, sin que se halle probado que las víctimas directas del daño se hubieren expuesto, dolosa o culposamente, al riesgo de ser objeto de la medida de aseguramiento que posteriormente debió ser revocada.

En consecuencia, se revocará la sentencia apelada y se declarará la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor Gustavo Castro Guerrero.

6. Indemnización de perjuicios.

6.1. Perjuicios morales.

En relación con las demandantes Angelina Solano de Castro, Angelina María Castro Solano, Carolina Castro Solano, María Isabel Castro Solano y Roxana Castro Solano, la Sala encuentra acreditado su parentesco para con la víctima directa del daño y, por lo tanto, se concluye que cuentan con legitimación en la causa por activa y que también resultan beneficiarias de la indemnización que, por perjuicios morales, les será reconocida a causa de la privación injusta de que fue objeto su esposo y padre, respectivamente.

En efecto, al proceso se aportaron, en copia auténtica, el registro civil de matrimonio contraído entre los demandantes Gustavo Castro Guerrero y Angelina Solano de Castro (fl. 117, cdno. 2); los registros civiles de nacimiento de Angelina María Castro Solano, Carolina Castro Solano, María Isabel Castro Solano y Roxana Castro Solano (fls. 118 a 121, cdno. 2, respectivamente), documentos que acreditan que dichas actoras son la esposa e hijas del señor Gustavo Castro Guerrero, respectivamente.

Ahora bien, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, en casos de privación injusta de la libertad y con apoyo en las máximas de la experiencia hay lugar a inferir que esa situación genera dolor moral, angustia y aflicción a las personas que hubieren sido privadas injustamente de su libertad(28); en la misma línea de pensamiento se ha considerado que dicho dolor moral también se genera en sus seres queridos más cercanos, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades(29), al tiempo que se ha precisado que según las aludidas reglas de la experiencia, el dolor de los padres es, cuando menos, tan grande como el del hijo que fue privado injustamente de su libertad, cuestión que cabe predicar por igual en relación con el cónyuge, compañera o compañero permanente o los hijos de quien debió soportar directamente la afectación injusta de su derecho fundamental a la libertad(30).

De otro lado conviene señalar que el aludido perjuicio moral será tasado, en consideración a la amplia y destacada trayectoria del señor Castro Guerrero, quien según se probó, se desempeñó en importantes cargos tanto en el sector público como en el privado tales como Ministro de Agricultura y de Desarrollo Económico, Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Gobierno de Ecuador y ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales —ONU—, Presidente de la Caja Agraria, presidente y gerente general del BBVA Banco Ganadero y presidente ejecutivo de la Confederación Nacional de Algodón, cuestión que también se refleja en una mayor divulgación por los medios de comunicación de la noticia de su detención y por lo tanto se afecta en un modo mayúsculo su buen nombre por razón de la privación injusta de la libertad a la cual fue sometido el actor Gustavo Castro Guerrero.

En consecuencia, se le reconocerá a cada una de ellas —esposa e hijas de la víctima directa del daño—, la suma equivalente a 40 SMLMV, en tanto que al señor Gustavo Castro Guerrero, se le reconocerá un monto equivalente a 40 SMLMV.

6.2. Perjuicios materiales.

6.2.1. Daño emergente. Este rubro se solicitó en los siguientes términos:

“(…) en la modalidad de daño emergente, todas aquellas cantidades de dinero que dejó de percibir por concepto de ingresos laborales y aquellas otras que se vio obligado a utilizar para su defensa (…)” (fl. 3, cdno. 1).

Como se desprende de lo anterior, dentro de la pretensión se introdujo erróneamente como parte del daño emergente “… todas aquellas cantidades de dinero que dejó de percibir por concepto de ingresos laborales…”, componente que forma parte del lucro cesante —el cual se analizará más adelante—, por manera que ese aspecto no será analizado dentro del presente rubro, pero sí lo será el otro ítem que señaló la parte actora como elemento integral del daño emergente y que dice relación con los gastos en los cuales debió incurrir el ahora demandante para contar con una defensa técnica dentro del proceso penal al cual se le sometió.

La Subsección estima procedente la indemnización correspondiente a ese último rubro, dado que si bien en el expediente no existe información que permita establecer su cuantificación, esto es las sumas específicas de dinero que debió cancelar el actor a su(s) representante(s) judicial(es) dentro de la investigación penal, no es menos cierto que de las diferentes decisiones que se adoptaron en dicho proceso —allegadas en debida forma a este litigio— permiten determinar que el señor Gustavo Castro Guerreo sí contó con una defensa técnica y, por consiguiente, sí se configuró el daño deprecado.

Así lo consideró la Subsección frente a un caso similar:

“La Subsección encuentra que el demandante en este litigio contó con una representación judicial a lo largo del proceso penal y que la misma, según se vio, se surtió a través de varios mandatarios judiciales, por lo cual se accederá a la indemnización pero mediante condena en abstracto, habida cuenta de que el recibo de pago antes anotado carece de eficacia probatoria por las arzones que se han expuesto, motivo por el cual la parte actora deberá, mediante trámite incidental, allegar la documentación idónea que demuestre el quantum de lo que debió pagar a quienes lo representaron en la investigación penal”(31).

En línea con lo anterior, se accederá a la indemnización solicitada por concepto de daño emergente, la cual se decretará mediante condena en abstracto y para el efecto la parte actora deberá allegar la documentación necesaria para determinar cuál fue el monto que debió sufragar por concepto de la representación judicial en el proceso penal, con la precisión de que dichas erogaciones sólo deben corresponder al referido proceso penal y únicamente por el término que duró, cifra que, una vez probada y cuantificada deberá actualizarse por parte del tribunal de primera instancia.

La liquidación de los perjuicios deberá efectuarse mediante trámite incidental, el cual deberá ser promovido por la parte demandante dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto del tribunal administrativo a quo que ordene cumplir lo dispuesto en esta providencia, según las previsiones contenidas en los artículos 172 del Código Contencioso Administrativa, y 135 a 137 del Código de Procedimiento Civil.

6.2.2. Lucro cesante: la parte actora reiteró la petición que elevó al momento de solicitar el daño emergente en el sentido de reclamar todas aquellas sumas de dinero que la víctima directa del daño dejó de percibir “…por concepto de los ingresos de origen laboral…”.

Para efectos de cuantificar este rubro, en el libelo introductorio se solicitó la práctica de una prueba pericial, así:

“D. Peritazgo:

“1. Que, por medio de peritos expertos en materias financieras y contables se dictamine sobre lo siguiente:

“1.1. Los valores actualizados el día 23 de febrero de 1999 conforme al índice de precios al consumidor, certificado por el DANE de las remuneraciones mensuales que el doctor Castro Guerrero recibió cuando ocupó los cargos que desempeñó en los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Agricultura y de Desarrollo, en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en el BBVA Banco Ganadero y en la Confederación Colombiana de Algodón (…).

“1.2. El valor promedio que resulta de las actualizaciones mencionadas anteriormente.

“1.3. Los valores actualizados, mes a mes desde el 23 de febrero de 1999, hasta la fecha en que se rinda el dictamen de la remuneración promedio establecida de acuerdo con lo pedido en el punto anterior.

“2. Tomando como punto de partida el valor promedio de las actualizaciones el 23 de febrero de 1999, a cuánto ascendería la remuneración total que resulte de sumar la de cada una de las mensualidades comprendidas entre dicha fecha y aquella en que se rinda el dictamen.

“3. Partiendo de la fecha en que se rinda el dictamen, la edad del doctor Castro Guerrero y la probable duración de su vida según la tabla aprobada por la Superintendencia Bancaria y aplicando la tabla de Garuffa o cualquiera otra fórmula consignada en la jurisprudencia sobre el particular del honorable Consejo de Estado, a cuánto asciende la cantidad que debe reconocérsele como indemnización por los daños futuros que se le ocasionarán por la injusta detención de que fue objeto y que consisten en privarlo de los ingresos que le corresponderían en la práctica habitual de su actividad laboral” (fl. 8, cdno. 1).

La anterior prueba se decretó en primera instancia a través de proveído de 3 de diciembre de 2002 (fl. 49, cdno. 1), para cuyo propósito se designaron 2 peritos contadores, quienes se posesionaron ante la señora magistrada ponente en primera instancia el día 28 de enero de 2003 (fls. 54 y 55, cdno. 1); los peritos presentaron su dictamen el día 11 de abril de 2003 (cdno. 3), prueba que no fue objeto de petición alguna por parte de los sujetos procesales ni tampoco objetada por alguna de ellos (fl. 69, cdno. 1).

Los peritos concluyeron que el monto de los perjuicios materiales causados al actor, en la modalidad de lucro cesante, era de $ 1.790’740.475.

La Sala se apartará del aludido dictamen pericial, puesto que el monto de los perjuicios que en él se determinó tuvo como fundamento el límite de la vida probable del actor, lo cual claramente arrojó una cifra excesiva a aquella que en realidad debe reconocérsele a la víctima directa del daño, pues ésta procede por el preciso término durante el cual el procesado estuvo privado de su libertad(32) y no por el resto de su vida, como se consideró en la pericia, razón por la cual se efectuará la liquidación correspondiente con sujeción a las fórmulas aritméticas que de manera usual utiliza la corporación frente a estos casos.

Ahora bien, para el momento en el cual el demandante fue privado de su libertad no se encontraba en ejercicio —al menos ello no se probó— de un cargo u oficio en concreto, pues de las certificaciones que obran en el expediente se puede establecer que el último cargo público que desempeñó el actor fue el de embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internaciones —ONU— y que lo ejerció desde 24 de junio de 1996 hasta 10 de agosto de 1998, según la constancia que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 138 y 139, cdno. 2), en tanto que la primera privación de su libertad se produjo a partir del 23 de febrero de 1999.

No obstante lo anterior, la Sala, con fundamento en el principio de equidad, accederá a la indemnización deprecada, por cuanto las condiciones y calidades profesionales del actor, reflejadas en la distinción y ocupación de tan importantes y representativos cargos tanto en el sector privado como en la esfera de lo público, en cuyo último sector formó parte del Gobierno Nacional como Ministro de Desarrollo Económico y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural —este último en 2 ocasiones— y también en dos oportunidades fungió como Embajador ante el Gobierno de Ecuador y ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internaciones, permiten concluir sin esfuerzo que el señor Gustavo Castro Guerrero contaba con la formación, la experiencia y la capacidad para ejercer una actividad profesionalmente productiva.

En línea con lo expuesto, la Sala estima importante recoger algunos pronunciamientos de la corporación en punto a la procedencia de indemnizaciones por perjuicios materiales a favor de víctimas con una importante trayectoria profesional, tal como se consideró en los siguientes casos:

— Sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11.875, M.P. Dr. Daniel Suárez Hernández:

“(…) en relación con la indemnización que el a quo reconoció, la Sala respalda aquella fijada por concepto de perjuicios morales, dado que con la demanda se arrimaron pruebas idóneas de que las demandantes eran la cónyuge y las hijas del Dr. Enrique Low Murtra (fls. 26 y ss., cdno. ppal.). En cambio, se rectificará la indemnización que a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, reconoció el a quo en favor de la cónyuge sobreviviente, con base en el salario que al momento de su muerte devengaba el doctor Low Murtra como decano de la facultad de economía de la Universidad de La Salle ($ 400.000 mensuales.) Estima la Sala que la liquidación sobre la suma mencionada no corresponde a lo que el Dr. Low dejó de percibir a raíz de su muerte y en consecuencia con ella no se indemniza realmente el daño material causado. En efecto, en el momento de ser asesinado hacía apenas 4 meses que había regresado al país después de pasar más de un año en la embajada de Suiza, apenas estaba empezando a reorganizar su actividad económica por fuera de un cargo público, y el único ingreso fijo que tenía era aquel derivado de su actividad académica, pero que no correspondía realmente a su capacidad productiva, si se tiene en cuenta la trayectoria que tenía en posiciones públicas y su preparación académica.

De la preparación académica y la trayectoria en cargos públicos del Dr. Low informó ampliamente el doctor Fernando Antonio Garzón León, quien lo conoció desde el año de 1961, cuando ambos estudiaban en la Universidad Nacional. Lo describió como una persona de sorprendente inteligencia, quien después de egresado de la Universidad Nacional fue a Illinois con una beca que le dio la fundación Fullbright, por haber sido el primer alumno de su promoción; que luego siendo profesor de la Universidad del Valle hizo una especialización en Harvard; que fue importado al país con la misión Musgrave, para hacer una reforma tributaria. Que fue director Nacional de Impuestos; que en el gobierno del presidente Pastrana fue nombrado Secretario Económico de la Presidencia; que al empezar el gobierno del presidente López Michelsen fue nombrado en el Banco Mundial; luego fue Contralor de Bogotá, Consejero de Estado, Director Nacional del SENA, Ministro de Justicia y finalmente embajador en Suiza.

Su trayectoria permite a la Sala determinar que la remuneración que tendría de haber continuado con vida, correspondería por lo menos a la de un alto funcionario del Estado, entre los cuales se encuentran los magistrados de las Altas Cortes (…)” (se resalta).

— Sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10.958, Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque:

“En cuanto a los perjuicios materiales, se sabe que además de los ingresos que percibía el doctor Pardo Leal como profesor universitario obtenía igualmente otros en razón de la dirección política que ostentaba y por concepto de los honorarios derivados del ejercicio de su profesión de abogado. Por lo tanto, es admisible pensar que sus ingresos totales, dadas su brillante trayectoria y su preparación académica, no serían en ningún caso inferiores a los que actualmente devenga un magistrado de tribunal superior de distrito judicial, cargo que desempeñó desde marzo de 1979 hasta julio de 1985 (fls. 11 y 3, cdno. 2)— (…)” (resaltados adicionales).

Así las cosas, para la tasación del perjuicio material se tendrá como base el último salario devengado por el ahora demandante Gustavo Castro Guerrero en su condición de Embajador Plenipotenciario ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internaciones —ONU—; de acuerdo con la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dicha persona tenía una asignación básica mensual de 11.780 francos suizos (fls. 138 y 139, cdno. 2), los cuales equivalían en pesos colombianos al monto de $ 11’216.916(33) (Ra).

Según se dejó indicado anteriormente, la tasación del perjuicio material se limitará al tiempo durante el cual el actor duró privado de su derecho fundamental a la libertad, esto es 3 meses, teniendo en cuenta que fue privado de la libertad desde el 23 de febrero de 1999 hasta el 29 de marzo de 1999 y luego desde el 2 de mayo de 2000 hasta el 23 de junio de 2000.

Ra = Rh $ 11’216.916 índice final – sept/12 (111.68)

índice inicial – junio/00 (60.98)

Ra = $ 20’542.886

S = $ 20’542.886 (1+ 0.004867)3 - 1

0.004867

S = $ 61’929.091.

Indemnización a favor del señor Gustavo Castro Guerreo = $ 61’929.091

7. Condena en costas.

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Sala de Descongestión, el 5 de noviembre del 2003 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declárase administrativamente responsable a la Nación – Fiscalía General por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Gustavo Castro Guerrero.

2. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al demandante Gustavo Castro Guerrero, un monto equivalente a 40 SMLMV, a título de perjuicios morales.

3. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar a los demandantes Angelina Solano de Castro, Angelina María Castro Solano, Carolina Castro Solano, María Isabel Castro Solano y Roxana Castro Solano, un monto equivalente a 40 SMLMV, para cada una, a título de perjuicios morales.

4. Condénase, en abstracto, a la Nación - Fiscalía General a pagar al señor Gustavo Castro Guerrero, a título de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, la suma que resulte liquidada como consecuencia del respectivo incidente, teniendo en cuenta para el efecto lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.

5. Condénase a la Nación - Fiscalía General a pagar al señor Gustavo Castro Guerrero, la suma de $ 61’929.091, por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante).

6. Sin condena en costas.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 2008 00009.

(2) Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25.508, reiterada por esta Subsección en sentencia de 19 de octubre de 20111, expediente 18.001 y a través de muchas otras providencias.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 201(sic), expediente 15.463

(4) Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.902, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

(5) Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463.

(6) Ver también sentencia proferida por la Sala el 23 de abril de 2008, expediente 17.534, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, en la cual se concluyó:

‘i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal de 1991 (D.L. 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la Ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la corporación...

v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia —con fundamento en el principio iura novit curia, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal’.

(7) El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: “ART. 414.—Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

(8) Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(9) Sentencia del 30 de junio de 1994, expediente 9734.

(10) Sentencia del 25 de julio de 1994, expediente 8.666.

(11) Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

(12) Sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 10.056.

(13) Sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.

(14) Sentencia de 4 de abril de 2002, expediente 13.606.

(15) Sentencia del 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, expediente 11.413.

(16) Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463.

(17) Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente 13.168, reiterada en sentencia de octubre 8 de 2007, expediente 16.057 En esta última providencia se efectúa una vasta referencia al derecho comparado, la cual ilustra que la prohijada por la Sala, en estos casos, es la postura ampliamente acogida tanto por la legislación como por la doctrina y la jurisprudencia en países cuya tradición jurídica ha tenido notable influencia en la cultura jurídica, también reiterada en sentencia proferida el 25 de febrero de 2009, expediente 25.508.

(18) Sobre el punto, veáse De Asís Roig, Agustín, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, Debate, Madrid, 1992; Rodriguez-Toubes Muñiz, Joaquín, La razón de los derechos, Tecnos, Madrid, 1995.

(19) Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, Introducción, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 2003, pág. 375.

(20) Se toma la cita de la trascripción que del texto de la declaración efectúa Fioravanti, Maurizio, Los derechos fundamentales..., cit., pág. 139.

(21) Expedientes 17.123, M.P. Myriam Guerreo de Escobar y 18.284, respectivamente, entre muchas otras.

(22) Sentencias de abril 27 de 2011, expediente 20.749, M.P. Gladys Agudelo Ordóñez y de 8 de junio de 2011, expediente 19.502, entre muchas otras decisiones adoptadas por esta Subsección.

(23) García Morillo, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en López Guerra, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258.

(24) El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295, dic. 10) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente el mismo tribunal en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D. 4) indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996).

(25) Sentencia C-397 de 1997, de 10 de julio de 1997.

(26) Al efecto puede consultarse la Sentencia C-774 de 25 de julio de 2001 de la Corte Constitucional.

(27) Los anteriores planteamientos han sido expuestos por esta Subsección frente a casos similares al presente, tal como quedó consignado en las sentencias proferidas el 12 y 26 de mayo de 2011, expedientes 20.665 y 18.895, respectivamente, reiteradas, en forma reciente, en proveído de 21 de marzo de 2012, expediente 40.455, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón.

(28) Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, expediente 12.076, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.

(29) Sentencia de 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(30) Sentencia del 11 de julio de 2012, expediente 23.688, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada recientemente en sentencia del 30 de enero de 2013, expediente 23.998 y del 13 de febrero de 2013, expediente 24.296.

(31) Sentencia de 27 de enero de 2012, expediente 18.754.

(32) Así lo ha precisado la corporación:

“(…) el lucro cesante se liquidará teniendo en cuenta el período consolidado comprendido entre el tiempo durante el cual los actores estuvieron privados de la libertad y el lapso que, según las estadísticas, una persona requiere en Colombia para conseguir trabajo luego de haber obtenido su libertad o acondicionarse en una actividad laboral” (se resalta) - [Ver sentencia de 27 de enero de 2012, expediente 18.754, entre muchas otras providencias].

(33) El franco suizo para el último día que el actor trabajó como embajador ante la Oficina de las Naciones Unidas y los Organismos Internaciones (ago. 10/98), equivalía a $ 952.2, según información consultada en la siguiente página web: http://fxtop.com/es/historates.php.

Por lo tanto, para efectos de determinar el valor del salario en pesos colombianos, se debe acudir a una regla de 3 simple: 11.780 francos suizos x 952.2 / 1 = $ 11’216.916.