Sentencia 2002-01268 de octubre 30 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 29844

Rad. 25000232600020020126801

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Milton Andrés Perlaza Vente

Demandado: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y/o

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., treinta de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en vigencia de la Ley 270 de 1996, contra la sentencia proferida en primera instancia por la Sección Tercera —Subsección B— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de un proceso de reparación directa derivado de hechos de la administración de justicia(1).

II. Los hechos probados

8. Observa la Sala que teniendo en cuenta los medios de prueba regularmente allegados al plenario(2), aparecen acreditados los siguientes hechos:

8.1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura profirió sentencia del 9 de noviembre de 1995 —audiencia pública 7788 de juzgamiento— en el proceso ordinario adelantado por el señor Milton Andrés Perlaza Vente en contra del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en la cual resolvió (fl. 8, cdno. 2):

“Primero: Condenar a el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación (...), a pagar al señor Milton Andrés Perlaza, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de $ 162.882,61 M/cte./, por concepto de reliquidación de cesantía definitiva.

Segundo: Condenar a el Fondo de Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia en Liquidación (...), a pagar a pagar al señor Milton Andrés Perlaza, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de $ 23.165.305,15 M/cte., por concepto de indemnización moratoria, desde el 29 de septiembre de 1993 a la fecha de esta providencia y la suma de $ 30.520,85 diarios, desde el día siguiente de este fallo hasta que se verifique el pago de la suma indicada en el numeral anterior.

Tercero: Condenar condenar[sic] a el Fondo de Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia en Liquidación (...), a pagar a pagar[sic] al señor Milton Andrés Perlaza, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de $ 20.537.140,84 M/cte., por concepto de indemnización por despido injusto.

Cuarto: Condenar condenar[sic] a el Fondo de Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia en Liquidación (...), a pagar a pagar[sic] al señor Milton Andrés Perlaza, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la suma de $ 23.165.325,15 M/cte., por concepto de indemnización por falta de pago de la anterior pretensión y el valor de $ 30.520,85 diarios, desde el día siguiente de este fallo hasta que se verifique el pago total de la aludida indemnización por despido injusto...”.

8.2. La secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura expidió el 8 de julio de 1997, la siguiente autenticación de la mencionada sentencia:

“Autenticación. Las presentes copias Xerox, son fieles reproducción (sic) de sus originales que tuve a la vista y que reposan dentro del proceso ordinario de Milton Andrés Perlaza contra la Empresa Puertos de Colombia Terminal Marítimo de Buenaventura y/o Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación, las que constan de sentencia de primera instancia y autos que liquidan y aprueban agencias en derecho. Providencias estas que se encuentran debidamente ejecutoriadas. Se deja constancia que es la primera copia que se entrega a la parte demandante y presta mérito ejecutivo, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil numeral 2º inciso primero”.

8.3. El 15 de julio de 1997, el señor Milton Andrés Perlaza Vente presentó ante el juez laboral del circuito de Bogotá, demanda ejecutiva en contra del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en la que adujo como título ejecutivo la sentencia Nº 7788 proferida el 9 de noviembre de 1995 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura (fl. 1).

8.4. El 27 de octubre de 1997, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, libró mandamiento ejecutivo a favor del señor Milton Andrés Perlaza Vente y en contra del Fondo Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en liquidación, por las sumas de dinero y conceptos contenidos en la sentencia condenatoria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura y decretó el embargo de los dineros que tuviera la entidad en las cuentas bancarias relacionadas en la providencia (fl. 23).

8.5. El demandante puso en conocimiento del Juzgado Cuarto Laboral el pago parcial que recibió de la entidad demandada por valor de $ 100 080 644(3) y manifestó que para 1997, cuando se produjo tal consignación, el valor de la sentencia base del proceso ejecutivo, sin contar intereses moratorios, era de $ 120.218.074,75, es decir que se dejó de pagar la suma de $ 20.348.888,50 (fl. 110).

8.6. Por auto del 16 de febrero de 1998, el juez cuarto laboral dispuso que se tendría en cuenta la manifestación del demandante en el sentido de que la entidad demandada le canceló ante el juez primero laboral del circuito de Buenaventura la suma de $ 100.080.644 (fl. 57).

8.7. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa de Puertos de Colombia en liquidación interpuso el 14 de mayo de 1998 recurso de apelación en contra del auto de mandamiento de pago, por cuanto en este se ordenó el pago de agencias en derecho y costas y dado que el fondo maneja recursos de la nación, no podía ser condenado al pago de estos conceptos. El Juez Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá denegó la concesión del recurso mediante providencia del 20 de agosto de 1998, la cual revocó mediante auto del 5 de octubre del mismo año, en el cual concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo (fl. 73 y 140).

8.8. El 12 de noviembre de 1999, la procuradora segunda judicial laboral presentó escrito dentro del proceso ejecutivo en el cual solicitó declarar la nulidad del proceso “por pretermitir íntegramente la respectiva instancia, esto es el grado de consulta de la sentencia ordinaria que sirvió de título ejecutivo dentro del proceso referenciado” y que se ordenara la consulta respectiva de la referida sentencia, por considerar que era aplicable lo dispuesto en el artículo 69 del C.P.L., de acuerdo con lo manifestado por la Sala de Casación Laboral en sentencia del 19 de octubre de 1999, en la cual se explicó que la Ley 1ª de 1991 ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia y dispuso que la nación asumiría el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia así como de su deuda interna y externa, para lo cual se revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para crear un fondo con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto consiste en atender por cuenta de la nación los pasivos y obligaciones referidos. Por lo tanto es esta la persona obligada y el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia se constituye en un medio técnico para manejar las cuentas relacionadas con el cumplimiento de aquellas obligaciones y por lo tanto goza de todos los privilegios, prerrogativas y exenciones de gravámenes que se reconocen a la nación, dentro de las cuales se halla la procedencia del grado jurisdiccional de consulta de las sentencias condenatorias en su contra. En consecuencia, la sentencia del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura no se encontraba ejecutoriada y no constituía título ejecutivo (fl. 27 a 30 y 207).

8.9. Mediante auto proferido en audiencia pública del 26 de julio de 2000, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 27 de octubre de 1997, mediante el cual se libró mandamiento de pago, providencia contra la cual el demandante, en la misma audiencia, interpuso recurso de apelación (fl. 43).

8.10. Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra del auto del 26 de julio de 2000, por medio del cual el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de mandamiento ejecutivo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, profirió auto del 27 de julio de 2001. En la parte resolutiva de esta providencia, el tribunal solamente ordenó devolver el expediente al juzgado de origen y que previa desanotación de los libros respectivos, se archivara el proceso.

III. Problema jurídico

9. Teniendo en cuenta las razones de la apelación y los hechos probados, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se configuró el error judicial predicado en la demanda, consistente en sostener, primero el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá y luego la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que la sentencia del Juzgado Primero Laboral de Buenaventura —que condenó al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia a pagar unas acreencias laborales a favor del demandante— debió ser consultada y al no haberse surtido este grado jurisdiccional, resultaba procedente la declaratoria de nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo que se adelantó con fundamento en el referido fallo.

IV. Análisis de la Sala

10. La atribución de responsabilidad que se hizo en la demanda, se soportó en el alegado error judicial contenido en dos providencias: i) El auto del 26 de julio de 2000 proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, por medio del cual declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de mandamiento de pago y ii) el auto del 27 de julio de 2001, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante el cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la anterior providencia.

El error judicial

11. La ley estatutaria de administración de justicia —Ley 270 de 1996—, consagró específicamente la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables, por la acción u omisión de sus agentes judiciales. En consecuencia, el artículo 65 de la referida ley, establece que el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

12. El error jurisdiccional, que es el alegado en el sub lite, fue definido en el artículo 66 ibídem como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”; por su parte, el artículo 67 de la mismo estatuto, establece los presupuestos que se deben reunir en cada caso concreto para que pueda predicarse la existencia de un error jurisdiccional, al disponer que i) el afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70(4), excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y que ii) la providencia contentiva de error deberá estar en firme, sobre los cuales ha dicho la Sala:

“14. En relación con el primer presupuesto, la Sección Tercera de Consejo de Estado ha precisado, de una parte, que el error judicial solo se configura si el interesado ha ejercido los ‘recursos de ley’ pues si no agota los medios de defensa judicial que tiene a su alcance el perjuicio sería ocasionado por su negligencia y no por el error judicial; ‘en estos eventos se presenta una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado’(5). Y de otra parte, que los ‘recursos de ley’ deben entenderse como ‘los medios ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no solo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda’(6).

15. En segundo término, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial.

16. Finalmente, es necesario que la providencia sea contraria a derecho, lo cual no supone que la víctima de un daño causado por un error jurisdiccional tenga que demostrar que la misma es constitutiva de una vía de hecho por ser abiertamente grosera, ilegal o arbitraria, o que el agente jurisdiccional actuó con culpa o dolo(7), ya que el régimen que fundamenta la responsabilidad extracontractual del Estado es distinto al que fundamenta el de la responsabilidad personal del funcionario judicial(8). Basta, en estos casos, que la providencia judicial sea contraria a la ley, bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)(9).

17. Con todo, determinar la existencia de un error judicial comporta en muchos casos un juicio difícil, pues si bien el parámetro para definir el error es la norma jurídica aplicable al caso, no siempre esta arroja resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores jurídicos pueden aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes, con resultados igualmente dispares. Y ello podría trivializar la idea de que existan errores judiciales, para decir que lo constatable son simplemente interpretaciones normativas o de hechos, de modo diferentes, merced a distintos y válidos entendimientos de lo jurídico.

18. Este asunto de la banalización del error judicial adquiere un carácter superlativo si se tienen en cuenta no solo los distintos métodos de interpretación jurídica existentes —que llevan a juicios concretos distintos—, sino también la variedad de concepciones del derecho que circulan en el mundo académico y que tienen gran incidencia en cuestiones prácticas como las judiciales. Si según alguna versión del realismo jurídico el derecho es lo que diga el juez y para el iuspositivismo existen varias respuestas correctas en derecho, entonces la pregunta por el error judicial puede quedar en entredicho, pues en el primer caso no sería posible juzgar a quien estipula el derecho y en el segundo el intérprete siempre quedaría justificado porque básicamente escogió una de las posibilidades hermenéuticas de las varias que ofrece la norma.

19. Para darle sentido y justificación a una norma como el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 que ve materializado el error judicial ‘a través de una providencia contraria a la ley’, la concepción del derecho que mejor explica el fenómeno es el iusnaturalismo en su versión moderna iusracionalista que apuesta por la corrección de las decisiones jurídicas sobre la base de una argumentación razonada. Como es sabido, la tesis de la única respuesta correcta desarrollada por la concepción iusracionalista del derecho, con Dworkin a la cabeza(10), tiene como su variante más influyente la propuesta de Alexy sobre la respuesta correcta como idea regulativa, la que a su turno es un desarrollo de su tesis filosófica sobre moral correcta(11). En palabras de Alexy:

En todo caso, está claro que en la realidad no existe ningún procedimiento que permita, con una seguridad intersubjetivamente necesaria llegar en cada caso a una única respuesta correcta. Esto último no obliga, sin embargo, a renunciar a la idea de única respuesta correcta sino que únicamente da ocasión para determinar su estatus con más precisión. El punto decisivo aquí es que los respectivos participantes en un discurso jurídico, si sus afirmaciones y fundamentaciones han de tener un pleno sentido, deben, independientemente de si existe o no una única respuesta correcta, elevar la pretensión de que su respuesta es la única correcta. Esto significa que deben presuponer la única respuesta correcta como idea regulativa. La idea regulativa de la única respuesta correcta no presupone que exista para cada caso una única respuesta correcta. Solo presupone que en algunos casos se puede dar una única respuesta correcta y que no se sabe en qué casos es así, de manera que vale la pena procurar encontrar en cada caso la única respuesta correcta(12).

20. De modo que a diferencia de la corrección sustancial a la que sería capaz de llegar el juez Hércules de Dworkin, en Alexy se propone una corrección como idea regulativa y a la que es posible llegar en un escenario ideal de diálogo, a partir del cumplimiento de las reglas y formas de la argumentación jurídica, teniendo en cuenta que esta no es más de un caso especial de la argumentación general, caracterizada por la racionalidad, esto es, por el uso de la razón práctica(13).

22. En suma, mejor que otras concepciones del derecho, la iusracionalista permite justificar la existencia y sentido de normas sobre el error judicial y explicar adecuadamente las propiedades mismas de este fenómeno jurídico en el que eventualmente pueden incurrir las autoridades judiciales, independientemente de su nivel jerárquico”(14).

13. En el presente caso, como ya se dijo, el demandante adujo la existencia de error jurisdiccional en el auto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, por medio del cual este declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago, decisión que fue objeto del recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, razón por la cual será objeto de análisis la providencia que este profirió en virtud del referido recurso, por cuanto fue la que puso fin al proceso.

14. Al respecto, se observa que mediante el auto del 27 de julio de 2001, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, no confirmó el auto del juzgado laboral que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo, por cuanto lo consideró inocuo, toda vez que en pasada ocasión, ya la Sala había declarado la inexistencia del título ejecutivo al resolver un recurso de apelación interpuesto contra el mandamiento de pago por la parte demandada. Por ello, simplemente ordenó devolver el expediente al juzgado de origen y ordenó, previa desanotación de los libros respectivos, que se archivara.

15. Esta decisión obedeció a que la Sala Laboral en providencia del 30 de marzo del mismo año, había revocado el auto de mandamiento de pago recurrido en su momento por la parte demandada, en consideración a varios defectos que encontró configurados y que impedían mantener la decisión:

15.1. En primer lugar, consideró que la copia de la sentencia que se presentó para el recaudo ejecutivo, no cumplía con los requisitos legales para que prestara mérito ejecutivo, ya que la facultad del secretario de un juzgado para autenticar copias, debe estar precedida de auto del juez que así lo ordene y en el presente caso, no encontró que la presentada en el proceso ejecutivo, hubiera sido ordenada por el Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura.

15.2. En segundo lugar, halló que el juez ordenó incluir en la liquidación de costas el valor de $ 13.211.458 como agencias en derecho, pero no ordenó correr traslado de esta decisión a las partes, como lo ordena la ley.

15.3. Y en tercer lugar, por cuanto el tribunal consideró que en el presente proceso, en razón de la naturaleza de la entidad ejecutada y de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1211 del 2 de julio de 1999, reglamentario del Decreto 1689 de 1997, que suprimió el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y ordenó su liquidación, se estableció que las obligaciones laborales contraídas por la misma, fueran asumidas por la Nación - Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y se ordenó que “... no podrá iniciarse o proseguirse proceso ejecutivo en razón de la obligación sustraída del orden de ordenación de pagos o cuya solución no haya sido previamente solicitada al grupo interno de trabajo para la gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia...”, procedimiento que no se había adelantado en el presente caso y por lo tanto, el tribunal concluyó que “... de la documental aportada como base del mandamiento de pago, no se colige una obligación clara, expresa y actualmente exigible por la vía ejecutiva...” y se debía revocar el mandamiento de pago del 27 de octubre de 1997.

16. El tribunal, en consecuencia, en la providencia del 27 de julio de 2001, consideró que “En tales condiciones, por economía procesal al haberse despachado el recurso de alzada, donde se resolvió revocar el auto de mandamiento de pago, según providencia del 30 de marzo siendo las partes las mismas, se hace improcedente entrar a decidir la impugnación de autos, no quedando otro camino que devolver el proceso al juzgado de origen, para que previas las desanotaciones del caso, se ordene su archivo”.

17. De acuerdo con lo anterior, no es exacto afirmar que el tribunal confirmó la decisión del juzgado laboral de anular todo el proceso, puesto que lo que hizo fue evidenciar que en realidad, ya no existía tal proceso, toda vez que mediante auto anterior, había revocado el mandamiento de pago.

18. Ahora bien, como lo ha dicho la Sala, “… para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento”(15).

19. En el presente caso, el demandante no adujo cargo alguno relacionado con la decisión del tribunal de ordenar devolver el expediente al juzgado para su archivo sin pronunciarse expresamente sobre la decisión del a quo de declarar la nulidad de todo lo actuado, sino que enderezó su ataque hacia los argumentos que aquel tuvo en cuenta para revocar el mandamiento de pago y que recordó en aquella providencia.

20. Al respecto, se observa que la decisión del tribunal fue acertada, toda vez que al revocar el mandamiento de pago, el proceso se termina. En los procesos ejecutivos(16), el mandamiento ejecutivo es el equivalente al auto admisorio de la demanda en otra clase de procesos y solo se profiere por el juez cuando encuentra que la demanda reúne los requisitos legales y que el título allegado por el demandante es ejecutivo. Por lo tanto, no puede proferirse si se dan las mismas razones que justifican la inadmisión o rechazo in limine de la demanda, o porque el documento allegado como presunto título ejecutivo no contiene los requisitos exigidos por la ley para tenerlo como tal —artículo 488, Código de Procedimiento Civil— o por las dos causas(17).

21. Una vez se notifica el mandamiento ejecutivo, el demandado puede interponer recurso de reposición o apelación en su contra. El artículo 505 del Código de Procedimiento Civil, —modificado por el Decreto 2282 de 1989—, establecía que el mandamiento ejecutivo era apelable en el efecto devolutivo. “Si prospera la reposición o la apelación interpuesta contra el mandamiento ejecutivo y es menester revocarlo, por disposición del artículo 505, in fine, se condenará al ejecutante en costas y al pago de los perjuicios que con su actuación se hayan podido ocasionar y, además, por aplicación del artículo 687, numeral 4º, del Código de Procedimiento Civil, si se han efectuado medidas preventivas se ordenará su inmediata terminación, pues ejecutoriado el auto que revoca el mandamiento ejecutivo el proceso termina”(18).

22. En materia laboral, el artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral, establecía(19):

“ART. 65.—El recurso de apelación procederá contra los autos interlocutorios dictados en la primera instancia; se interpondrá oralmente en la misma audiencia, o por escrito dentro de los tres días siguientes, si la notificación se hiciere por estados.

Este recurso se concederá en el efecto devolutivo, enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, la cual se compulsará gratuitamente y de oficio por la secretaría, dentro de los dos días siguientes al de la interposición del recurso. Recibida por el superior, este procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 85.

La sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando esta pueda influir en el resultado de aquella”.

23. Por su parte, el artículo 108 ibídem, referido específicamente al proceso ejecutivo laboral, establece que “Las providencias que se dicten en el curso de este juicio se notificarán por estados, salvo la primera, que lo será personalmente al ejecutado, y solo serán apelables en el efecto devolutivo”.

24. El recurso de apelación en los procesos judiciales, puede ser concedido en distintos efectos, tal y como lo dispone el Código de Procedimiento Civil —artículo 354, modificado por el Decreto 2282 de 1989—: suspensivo, devolutivo o diferido, siendo diferentes las consecuencias en uno y otro caso. Es así como, i) cuando se concede el recurso en el efecto suspensivo contra la sentencia, el a quo pierde competencia para adelantar el proceso y debe aguardar a que el superior resuelva para continuar, salvo para aquellos asuntos que se refieren a secuestro y conservación de bienes y al depósito de personas, siempre que la apelación no verse sobre alguna de estas cuestiones; y si es contra autos, se suspenderá la competencia del juez si el proceso se encuentra para proferir sentencia; ii) en cambio, cuando el recurso es concedido en el efecto devolutivo, ello implica que no se suspende el cumplimiento de la providencia impugnada ni la continuación del proceso, mientras que, iii) cuando el efecto en el cual se concede el recurso es el diferido, se suspenden únicamente los efectos de la providencia recurrida y el proceso puede proseguir en lo demás, que no dependa de la misma. Y “[d]ado que la característica esencial del efecto devolutivo es la no suspensión de los efectos de la providencia apelada, cabe preguntarse qué ocurre cuando el proceso ha seguido su curso y el superior revoca la providencia recurrida. En este caso todo lo que dependía del auto apelado carecerá de valor y debe retrotraerse la actuación”(20).

25. La misma norma, establece diversas cuestiones que se pueden presentar cuando se ha concedido un recurso de apelación en el efecto devolutivo y dispone:

“La circunstancia de no haberse resuelto por el superior recursos de apelación en el efecto devolutivo o diferido, no impedirá que se dicte la sentencia. Si la que se profiera no fuere apelada ni tuviere consulta, inmediatamente el secretario comunicará este hecho al superior, sin necesidad de auto que lo ordene, para que declare desiertos dichos recursos; en caso de apelación o consulta de la sentencia, el superior decidirá en esta todas las apelaciones cuando fuere posible.

Quedarán sin efecto las decisiones del superior que hayan resuelto apelaciones de los mencionados autos, cuando el inferior hubiere proferido la sentencia antes de recibir la comunicación de que trata el inciso segundo del artículo 359(21) y aquella no hubiere sido apelada ni tuviere consulta. Si la comunicación fuere recibida antes, el inferior no podrá proferir sentencia mientras no se haya notificado el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, si a pesar de ello la profiere y este hubiere revocado alguno de dichos autos, deberá declararse sin valor la sentencia por auto que no tendrá recursos”.

26. En el presente caso, lo que se produjo mientras existían providencias recurridas ante el tribunal superior, no fue la sentencia de primera instancia ordenando seguir adelante con la ejecución, sino una declaratoria de nulidad procesal, razón por la cual no resulta aplicable la parte de la norma que establece que quedarán sin efecto las decisiones del superior. Ahora bien, se observa que en el sub lite aparece acreditado que i) el demandado interpuso recurso de apelación en contra del mandamiento de pago el 14 de mayo de 1998, ii) el juzgado laboral lo concedió en el efecto devolutivo el 5 de octubre de 1998, iii) el 26 de julio de 2000 el juzgado laboral declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de mandamiento de pago, iv) el 30 de marzo de 2001 el tribunal revocó el mandamiento de pago y v) el 27 de julio de 2001, el tribunal devolvió el expediente al juzgado para su archivo.

27. A partir de este recuento, es evidente que fue acertada la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de ordenar el archivo del expediente y abstenerse de efectuar pronunciamiento alguno sobre la decisión de nulidad procesal del juez a quo, pues cuando entró a resolver sobre el recurso de apelación interpuesto en su contra, constató que ya el proceso no existía, por haber sido revocado el mandamiento de pago.

28. Como se advirtió anteriormente —párrafo 2.4—, en la fundamentación fáctica de la demanda la parte actora adujo que el error judicial estaba contenido en el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso, proferido por el juzgado laboral y en el auto del tribunal que lo confirmó y sostuvo que fue en este último que el juzgador de segunda instancia había expuesto los argumentos relacionados con la procedencia de la consulta frente a la sentencia de condena del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, cuando en realidad ni fue esa la decisión que se tomó por el ad quem ni el fundamento de lo resuelto por este en esa oportunidad, fue el relacionado con el mencionado grado jurisdiccional, ya que, se reitera, lo decidido fue ordenar el archivo del proceso y la razón fue la revocatoria anterior del mandamiento de pago.

29. No obstante, en relación con la argumentación efectuada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá para su decisión de revocar el mandamiento ejecutivo proferido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá en contra del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia(22) y consistente en que la sentencia condenatoria del Juzgado Primero Laboral de Buenaventura no estaba en firme, pues al haber sido proferida en contra de la nación, debió ser consultada y no lo fue, la Sala considera que tampoco por este concepto podría considerarse presente un error judicial.

30. Al respecto, se observa que la Ley 1ª de 1991, por medio de la cual se expide el estatuto de puertos marítimos y se dictan otras disposiciones, ordenó la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia Colpuertos(23) y dispuso que la nación asumiría los pasivos de naturaleza laboral de la liquidada Empresa Puertos de Colombia(24). Es decir que fue el mismo legislador quien le trasladó directamente dicha obligación a la nación. Ahora bien, en esta ley, también se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República, para que procediera a la creación de un fondo, para que este, por cuenta de la nación, procediera a la atención de los referidos pasivos y obligaciones, que no por esto pasaban a serlo de la nueva entidad ni dejaban de ser cargas de aquella(25).

31. Es así como mediante Decreto-Ley 36 del 3 de enero de 1992(26), fue creado el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia en Liquidación, como establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, entidad que tendría como objeto i) manejar las cuentas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 35 y 36 de la Ley 1a de 1991, ii) manejar y organizar el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que tuvieran derecho los empleados y pensionados de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación y iii) recibir y administrar directamente o a través de otra entidad los bienes que le transfiriera la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación, o la nación, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1a de 1991, para lo cual se le atribuyeron unas funciones, consistentes, principalmente, en el reconocimiento y pago de las obligaciones laborales a cargo de la extinguida Empresa Puertos de Colombia, expedición de reglamentos para la atención de tales pasivos, cancelación de la deuda externa e interna de la empresa, administración de los bienes recibidos, manejo de las inversiones necesarias para garantizar seguridad, rentabilidad y liquidez a su patrimonio de modo que pueda cumplir las obligaciones antedichas y, finalmente, celebrar las operaciones de traspaso de bienes que se le hagan(27).

32. Y si bien la nueva entidad fue creada con personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal, se observa cómo, en el artículo 16 del referido decreto, se estableció que el fondo también gozaría de los mismos privilegios y prerrogativas de la nación:

“ART. 16.—Privilegios y prerrogativas. El Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, dada la naturaleza de sus funciones y la proveniencia de sus recursos gozará de los mismos privilegios, exenciones de gravámenes que se reconocen a la nación”.

33. Norma que se encuentra en consonancia con lo que en su momento dispuso el artículo 43 del Decreto 3130 de 1968(28) en relación con los establecimientos públicos en general, al establecer que “[l]os establecimientos públicos, como organismos administrativos que son, gozan de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la nación”.

34. El artículo 69 del C.P.L., establece:

“ART. 69.—Procedencia de la consulta. Además de estos recursos existirá un grado de jurisdicción denominado ‘consulta’.

Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas las pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo tribunal del trabajo (hoy tribunal superior de distrito judicial) si no fueren apeladas.

También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren adversas a la nación, al departamento o al municipio”.

35. Sin duda, el inciso 3º de la anterior norma consagra un privilegio de índole procesal a favor de la nación, por lo cual, en virtud de las normas atrás relacionadas que extienden tales privilegios y prerrogativas a los establecimientos públicos, esta de la consulta también les resulta aplicable.

36. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, refiriéndose al artículo 32 del Código de Procedimiento Civil que consagra otro privilegio procesal a favor de la nación, manifestó:

“El artículo 392 del Código de Procedimiento Civil excluye expresamente de la condena de agencias en derecho y del reembolso del impuesto de timbre a la nación, las instituciones financieras nacionalizadas, los departamentos, (las desaparecidas intendencias y comisarías) los distritos especiales y los municipios; sin embargo, no significa lo anterior que tales entidades puedan ser condenadas por otros conceptos que constituyen también costas. De otro lado, los establecimientos públicos, de conformidad con el artículo 43 del Decreto 3130 de 1968, gozan de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la nación, en consecuencia se les aplica idéntico régimen en la materia”(29).

37. Y específicamente en relación con la norma del Código de Procedimiento Laboral relativa al grado jurisdiccional de consulta en los procesos tramitados en esa jurisdicción y su aplicación al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha manifestado(30):

“... en lo que concierne con la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, debe recordarse que de tiempo atrás la Corte tiene dicho que es obligatoria frente a las sentencias de primera instancia adversas al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, para lo cual basta con referenciar, entre otras, la sentencia de 19 de octubre de 1999, radicada con el número 12158, en la que se precisó:

‘Como acertadamente lo explica el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, al ordenarse en la Ley 1ª de 1991 la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, se dispuso en su artículo 35 de manera expresa que ‘la nación asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y de las sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su deuda interna y externa’; y al revestirse de facultades extraordinarias en la misma ley al Presidente de la República, se precisó que debía crear un fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, ‘cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la nación, los pasivos y obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y 36 de esta ley’.

En desarrollo de dichas facultades se expidió el Decreto-Ley 36 de 1992, por medio del cual se crea el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, establecimiento público cuyo objeto, según el artículo 2º del decreto, es el manejo de las cuentas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 35 y 36 de la Ley 1ª de 1991, el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales de los empleados y pensionados de la empresa en liquidación y la administración de los bienes que le transfiera la extinguida Empresa Puertos de Colombia o la nación, en desarrollo del artículo 33 de dicha ley.

Dispone el decreto que entre las funciones del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia se cuentan las de ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación, y del propio fondo, y ‘convenir a nombre de la nación con entidades de previsión o seguridad social la conmutación de las obligaciones asumidas en razón de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia’.

Todo lo anterior muestra claramente que al haber asumido la nación directamente el pago de las deudas de la Empresa Puertos de Colombia por efecto de su liquidación, dando para su cumplimiento origen a la creación del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, resulta innegable que aun cuando creado como un establecimiento público se trata de una entidad sui generis, por su carácter especial, en el cual la persona jurídica obligada es la nación, por lo que el fondo se constituye en un medio técnico para manejar las cuentas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 35 y 36 de la Ley 1a de 1991, manejar y organizar el reconocimiento y pago de las prestaciones asistenciales a que tengan derecho los empleados y pensionados de la desaparecida Empresa Puertos de Colombia y administrar los bienes que ella o la nación le trasfieran.

Es por esto que para un cabal desarrollo de su objeto, debe realizar las funciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la nación; pero asimismo debe gozar de todos los privilegios, prerrogativas y exenciones de gravámenes que se reconocen a la nación, entre los cuales debe considerarse incluido lo atinente a la prohibición de ser condenada al pago de costas judiciales.

Ello explica el porqué de haberse establecido la inembargabilidad de los bienes del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, inembargabilidad consagrada únicamente respecto de los bienes de la nación, y que, además, se dispusiera expresamente en el artículo 16 del Decreto 36 de 1992 que ‘dada la naturaleza de sus funciones y la proveniencia de sus recursos gozará de los mismos privilegios, exenciones y gravámenes que se reconocen a la nación’.

Por sus funciones y el origen de sus recursos, y dado que la directamente obligada es la nación, resulta imperativo entender que el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, si bien es un establecimiento público, su naturaleza jurídica es de carácter especial, por lo que se justifica que las prerrogativas establecidas directamente en el decreto de creación se extiendan aun al grado jurisdiccional de consulta, cuando la providencia le fuere total o parcialmente adversa, porque en este caso se está hablando de obligaciones contraídas por la Nación. Máxime que dentro de sus funciones se le ordena ‘ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección de los intereses de la nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación y del Fondo’.

Esas prerrogativas concedidas al Fondo de Pasivo Social de Puertos de Colombia no pueden confundirse con aquellas que de manera general y para todas las entidades públicas establece el artículo 43 del Decreto-Ley 3130 de 1968, porque, como se desprende de la misma normatividad, tales prerrogativas son de carácter administrativo.

Esto significa que el tribunal no se equivocó al conocer del grado de jurisdicción denominado ‘consulta’, porque siendo parcialmente adversa la sentencia de primera instancia al Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, el pago de la obligación estaría a cargo de la nación, que para efectos de la Ley 1ª de 1991 y el Decreto-Ley 36 de 1992, es la única deudora como responsable de las obligaciones asumidas por la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia, y quien, además, se vería afectada en sus intereses por la sentencia condenatoria en su contra”.

38. De acuerdo con lo expuesto, no cabe duda de que la sentencia condenatoria proferida en un proceso laboral en contra de un establecimiento público como el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, solo queda en firme cuando se resuelve el recurso de apelación interpuesto en su contra o, en defecto de este, cuando se decida por el superior el grado jurisdiccional de consulta. Entre tanto, dicha providencia no puede surtir efectos, puesto que no está ejecutoriada, requisito indispensable para que la misma preste mérito ejecutivo. En relación con la ejecutoria, el artículo 331 del Código de Procedimiento Civil —modificado por el Decreto 2282 de 1989— establece:

“Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza solo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.

Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta”.

39. En tales condiciones, no resulta procedente la expedición de un mandamiento de pago cuando lo aducido como título ejecutivo por el demandante, es una sentencia que no se halla en firme ni ejecutoriada, porque estos son requisitos para la obligatoriedad de la sentencia y para su cumplimiento, pues “[l]as normas procesales en ocasiones supeditan el cumplimiento de la decisión a ciertas condiciones, como por ejemplo, que se constituya una garantía, que la providencia no sea susceptible de cuestionamiento o que haya expirado la oportunidad para ello. Solo cuando estén cumplidas las condiciones señaladas en la norma puede esperarse la obediencia de la decisión, o puede pensarse en el uso de la fuerza para lograrlo, dicho en otras palabras, solo en ese momento la providencia es susceptible de ser ejecutada”(31).

40. Es decir que solo cuando la decisión judicial ya no es susceptible de control jerárquico a través de recursos o en virtud del grado jurisdiccional de consulta, bien sea porque estos no procedan o porque siendo procedentes no se interpusieron los recursos oportunamente o porque ya se han resuelto estos o surtido la consulta, se puede afirmar que la sentencia cobró firmeza y que está ejecutoriada, lo cual la hace ejecutable.

41. Al respecto, se observa que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, son títulos ejecutivos aquellos documentos que contengan obligaciones expresas, claras y exigibles y que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él. Pero así mismo establece la norma que se pueden demandar ejecutivamente aquellas obligaciones que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley. Por su parte, el artículo 334 del mismo código, establece que “[p]odrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas, o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ella se haya concedido apelación en el efecto devolutivo”.

42. En el presente caso, frente a la sentencia condenatoria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Buenaventura, no se surtió el grado jurisdiccional de consulta al que se hallaba sometida, razón por la cual no cobró ejecutoria y por lo tanto, no podía aducirse como título ejecutivo para llevar adelante el cobro judicial de la condena que contenía.

Conclusión

43. Las anteriores consideraciones, conducen a la Sala a concluir que no existió error judicial en las decisiones tomadas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en cuanto estimaron que la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Primero Laboral del Circuito de Buenaventura no se encontraba ejecutoriada puesto que no se había surtido el grado jurisdiccional de consulta impuesto por la ley, toda vez que tales providencias estuvieron correctamente fundamentadas con una argumentación legal y jurídicamente razonada y por lo tanto, no hay lugar a deducir la responsabilidad patrimonial de la entidad demanda. En consecuencia, resulta procedente la confirmación del fallo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sala de Descongestión Sección Tercera, el 17 de noviembre de 2004.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.

(1) La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia, en cabeza de los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00.

(2) De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo, en los procesos contencioso administrativos son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil sobre la admisibilidad de los medios de prueba, la forma de practicarlas y los criterios de valoración. En el presente caso, los documentos que se relacionan hacen parte de la fotocopia autenticada del expediente 36 984 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bogotá, la cual, advierte la Sala, fue aportada al proceso en total desorden e incompleta (cdno. 2).

(3) En el folio 84 y siguientes del cuaderno 2, aparece fotocopia (parcialmente ilegible) de la resolución 1220 del 8 de septiembre de 1997, por medio de la cual la entidad demandada ordenó el pago de la sentencia emanada del juzgado primero laboral del circuito de Buenaventura a favor de Milton Andrés Perlaza por valor de $ 100.080.644,25.

(4) ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima.El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando esta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.

(5) [10] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque”.

(6) [11] “Ibíd.”

(7) [12] “No obstante, es posible que la decisión de la cual se predica el error constituya una vía de hecho en los términos en que ha sido definida por la Corte Constitucional, pero ello no siempre ocurre. En este sentido pueden consultarse los siguientes pronunciamientos de la Sala: sentencia del 28 de enero de 1999, Exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15576, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 5 de diciembre de 2007, Exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(8) [13] “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de enero de 1999, Exp. 14399, C.P. Daniel Suárez Hernández. En el mismo sentido, véase la sentencia de 5 de diciembre de 2007, Exp. 15128, C.P. Ramiro Saavedra Becerra”.

(9) [14] “De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o carente de justificación, o si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el proceso en sede contencioso administrativa pudiera constituirse en una nueva instancia, desconociendo que “el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico...”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo”.

(10) [15] “En “Los casos difíciles”, Ronald Dworkin defendió la tesis de la única respuesta correcta, para lo cual creó al juez Hércules capaz de hallarla (en Los derechos en serio, págs. 147 a 208, trad. del inglés de Marta Guastavino, Barcelona, Ariel, 1984)”.

(11) [16] “En “validez del derecho”, una vez justificada la relación derecho y moral, Robert Alexy concluye afirmando la moral correcta como una idea regulativa (ver concepto y validez del derecho, Barcelona, Ariel, 1994)”.

(12) [17] “Robert Alexy, Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica, traducción de Manuel Atienza, y Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, 5, Alicante, 1988, cit., págs. 151 y siguientes”.

(13) [18] “Robert Alexy, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1989, págs. 302-303. Sobre el aporte de la teoría jurídica a la reflexión sobre el error judicial, la Sala ha dicho: “... el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de este ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, solo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial (...). Por tanto, solo las decisiones judiciales que —sin necesidad de que constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales— resulten contrarias a derecho por carecer de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas en error jurisdiccional (...). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Exp. 15576. En el mismo sentido véanse las sentencias de noviembre 30 de 2006, Exp. 18059, C.P. Alier Eduardo Hernández; 11 de mayo de 2011, Exp. 22322, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo”.

(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(16) El artículo 145 del Código Procesal del Trabajo —Decreto-Ley 2158 de 1948—, dispone que a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se dará la aplicación analógica de las normas del procedimiento civil.

(17) López Blanco, Hernán Fabio, “Instituciones de Derecho Procesal Colombiano”, parte especial, T. II, 7ª ed., Dupré Editores, Bogotá, 1999, pág. 410.

(18) López Blanco, Hernán Fabio, op. cit., pág. 426.

(19) Decreto-Ley 2158 de 1948, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 712 del 8 de diciembre de 2001, es decir posterior a las providencias objeto de cuestionamiento en el sub lite.

(20) López Blanco, Hernán Fabio, “Procedimiento Civil” T. I, Parte General, Dupré Editores, 9ª ed., 2005, pág. 774.

(21) Dicha disposición establece que “[p]roferido el auto que resuelva una apelación concedida en el efecto devolutivo o en el diferido, el secretario del superior deberá comunicarlo inmediatamente por telégrafo u oficio al inferior para los efectos previstos en el inciso final del artículo 354 (...)”.

(22) A pesar de que consta en el plenario que la parte demandada interpuso en el proceso ejecutivo recurso de apelación en contra del auto que libró el mandamiento de pago, en el sub lite no obra la providencia que resolvió dicho recurso, dentro de las copias del proceso ejecutivo aportadas por la parte demandante, que, como ya se advirtió, se encuentran desordenadas e incompletas.

(23) “ART. 33.—Liquidación. Liquídese la Empresa Puertos de Colombia, Colpuertos. Su gerente, o la persona que designe el Presidente de la República, en coordinación con su junta directiva, actuará como liquidador. La liquidación tendrá una duración máxima de tres años, contados a partir de la publicación de la presente ley. Todos los activos que no se vendan o que no se aporten a una sociedad portuaria, pasarán a ser de propiedad de la nación por obra de esta ley. Si en el proceso de liquidación se encuentra que alguno de los bienes que ha venido poseyendo la Empresa Puertos de Colombia en forma quieta y pacífica durante por lo menos un año carece de título, o que este no ha sido registrado debiéndolo haber sido, se dictará un acto administrativo, previa citación pública a los eventuales interesados, para constituir el título y ordenar su registro, sin más trámites ni formalidades”.

(24) “ART. 35.—Asunción de pasivos de Puertos de Colombia; aportes de Puertos de Colombia a las sociedades portuarias regionales. La nación asumirá el pago de las pensiones de jubilación de cualquier naturaleza, de las demás prestaciones sociales y de las indemnizaciones y sentencias condenatorias ejecutoriadas o que se ejecutoríen a cargo de Puertos de Colombia, así como su deuda interna y externa. // Al establecer las tarifas que pueden cobrar las sociedades portuarias oficiales por el uso de su infraestructura, se considerará la necesidad de cubrir con ellas, al menos parcialmente, los pasivos a los que se refiere este artículo. // Autorízase a las entidades públicas para condonar las deudas que tenga con ellas la empresa Puertos de Colombia por todo concepto. // La Empresa Puertos de Colombia podrá aportar a las sociedades portuarias regionales de que trata el artículo 34 todos los bienes inmuebles que posea en los municipios o distritos respectivos, y los derechos y bienes muebles que se consideren necesarios, el aporte se hará en nombre de la nación y para beneficio de ella, como reciprocidad por la asunción de pasivos de que trata el inciso primero de este artículo. Las sociedades portuarias respetarán los derechos adquiridos por los terceros en los bienes que así se les aportan. // El producto de las ventas de las acciones en las sociedades portuarias que haga la nación se destinará preferentemente al pago de los pasivos de Puertos de Colombia que ella asume en virtud de esta ley”.

(25) “ART. 37.—Facultades extraordinarias. Revístese de facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley, para: // 37.1. Crear un fondo, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto consistirá en atender, por cuenta de la nación, los pasivos y obligaciones a los que se refieren los artículos 35 y 36 de esta ley. En uso de tales facultades el presidente podrá definir la naturaleza jurídica del fondo; determinar su estructura, administración y recursos; el régimen de sus actos y contratos; y sus relaciones laborales. Los recursos del fondo provendrán de apropiaciones presupuestales, de la venta de las acciones a las que se refiere el inciso quinto del artículo 35, de la parte de las tarifas que cobren las sociedades portuarias oficiales con destino a este propósito, y de los demás recursos que reciba a cualquier título (...).

(26) Publicado en el Diario Oficial 40.260 del 3 de enero de 1992.

(27) “ART. 3º—Funciones. En desarrollo de su objeto el fondo tendrá las siguientes funciones: // a) Pagar las pensiones reconocidas por la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación, a los exempleados oficiales de la misma; // b) Atender las demás prestaciones económicas y asistenciales de las personas a que se refiere el literal anterior; // c) Efectuar el reconocimiento y pago de las pensiones de cualquier naturaleza de los empleados oficiales a los cuales se les haya reconocido o reconozca ese derecho en la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación; // d) Atender el pago de las prestaciones sociales de los empleados oficiales a los cuales se les haya reconocido o reconozca ese derecho en la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación; // e) Cancelar al organismo de previsión social o a la entidad o empresa empleadora que haya hecho el pago de pensiones a empleados oficiales que hayan laborado en la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación, la cuota parte que le corresponda por el tiempo servido en esta entidad y, repetir contra terceros las cuotas partes pensionales a favor de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación, o del fondo mismo; // f) Efectuar el pago de las bonificaciones e indemnizaciones que se restablezcan en ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 36 y 37 de la Ley 1a de 1991; // g) Efectuar el pago de las sumas reconocidas por sentencias condenatorias ejecutoriadas o que ejecutorien a cargo de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación; // h) Expedir reglamentos generales para la atención de las prestaciones y demás obligaciones a su cargo de conformidad con los lineamientos que para tal fin dicte el gobierno; // i) Realizar inversiones que garanticen seguridad, rentabilidad y liquidez a su patrimonio con el fin de que pueda cumplir oportunamente sus obligaciones; // j) Ejercitar o impugnar las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa y protección, de los intereses de la nación, de la Empresa Puertos de Colombia, en Liquidación y del fondo; // k) Administrar sus bienes, para lo cual podrá entre otras funciones adquirir, enajenar, arrendar y gravar tanto los muebles como los inmuebles; // l) Recaudar los recursos previstos en los artículos 35 y 37 de la Ley 1a de 1991; // m) Cancelar el saldo de la deuda interna y externa que arroje la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia; // n) Efectuar los actos y operaciones para que los activos de la Empresa Puertos de Colombia, en liquidación, que no se vendan o que no se aporten a una Sociedad Portuaria pasen a ser de su propiedad, según lo disponen los artículos 33 y 37 de la Ley 1a de 1991; // o) Convenir a nombre de la nación con entidades de previsión o seguridad social la conmutación de las obligaciones asumidas en razón de la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia; // p) Las demás que se deriven de la ley o de sus estatutos”.

(28) Este decreto, derogado por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998, se hallaba vigente para la época en que se profirió la sentencia condenatoria por el Juez Primero Laboral del Circuito de Buenaventura. En todo caso, dicha ley en su artículo 80, consagra la misma disposición a favor de los establecimientos públicos, los cuales “... como organismos administrativos que son, gozan de los mismos privilegios y prerrogativas que se reconocen a la nación”.

(29) Concepto del 19 de marzo de 1996, Radicación 795, C.P. Luis Camilo Osorio Isaza. Ya en otras ocasiones, el Consejo de Estado se había pronunciado sobre los privilegios y prerrogativas de los establecimientos públicos en los mismos términos de la nación, como lo hizo la Sala de Consulta y Servicio Civil en concepto del 30 de agosto de 1977, Rad. 1165, C.P. Jaime Betancur Cuartas, en el que manifestó que los establecimientos públicos estaban exentos del pago de la compensación en dinero por la utilización de frecuencias radioeléctricas cuando esa utilización se hacía para necesidades de su propio servicio y reiteró que no podían ser sujeto pasivo de gravámenes; en sentencias de la Sección Cuarta del 11 de julio de 1986, Exp. 0035, C.P. Hernán Guillermo Aldana, del 6 de febrero de 1987, Exp. 1238, C.P. Jaime Abella Zárate, del 22 de mayo de 1987, Exp. 1436, C.P. Consuelo Sarria Olcos, se reiteró que los privilegios a favor de la nación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Decreto 3130 de 1968, —como aquel de no ser ejecutada que consagra el artículo 336 del C.P.C.—, se extendían a los establecimientos públicos y no a las empresas industriales y comerciales del Estado, por cuanto “... se advierte claramente cómo el legislador extraordinario de 1968 diferencia los establecimientos públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado. Otorga los mismos privilegios que la nación a los establecimientos públicos “como organismos administrativos que son” y por estar regulados por el derecho público. No así a las empresas industriales y comerciales del Estado las cuales gozan de los privilegios naturales que por su naturaleza les corresponden y de los beneficios “específicos” que las leyes les otorgan. // No fue voluntad del legislador equiparar las empresas industriales y comerciales del Estado a los establecimientos públicos y mucho menos aquellas con la nación” (sent. mayo 22/87, citada).

(30) Sentencia del 17 de julio de 2003, Exp. 19920, M.P. Fernando Vásquez Botero.

(31) Rojas Gómez, Miguel Enrique, “Teoría del Proceso”, Universidad Externado de Colombia, 1ª ed., 2002, pág. 180.