Sentencia 2002-01304/33220 de enero 27 de 2015

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN A

Proceso: 270012331000200201304 01 (33220)

Actor: Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar y otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional

Ref.: Acción de reparación directa

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., veintisiete de enero de dos mil quince

EXTRACTOS: «Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó el 8 de junio de 2006, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

La Sala abordará el asunto en el siguiente orden: i) verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción, tales como a) competencia, b) el ejercicio oportuno de la acción y c) la legitimación en la causa por activa; el ii) material probatorio allegado al proceso; iii) los hechos probados y iv) la responsabilidad del ente demandado, como consecuencia de los daños ocasionados por sus agentes, prevalidos del servicio público por ellos ejercido.

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto citado en referencia, comoquiera que se trata de un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia(1) por el Tribunal Administrativo del Chocó.

2. El ejercicio oportuno de la acción

La muerte del señor Julio Alberto Márquez ocurrió el 21 de octubre de 2000, por tanto, la demanda se formuló dentro los dos años siguientes a ese hecho, comoquiera que se presentó el 18 de octubre de 2002(2).

3. Legitimación en la causa por activa

Por la muerte del señor Julio Alberto Márquez concurrieron al proceso los señores Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar, David Alberto Márquez Saldarriaga, Juliana Saldarriaga Bolívar, Vanessa Idárraga Saldarriaga, Cristian Alexánder Sisa Saldarriaga, Patricia Elena Restrepo Bedoya, Jork Kevin Márquez Restrepo, Lucila Márquez García, Luz Elena Arias Márquez, Dolly de Jesús Arias Márquez, Irma Delia María Arias Márquez, Luz Dary Arias Márquez, Beatriz del Socorro Arias Márquez, William Antonio Márquez y Jorge Eliécer Betancur Márquez.

Respecto de la demandante Lucila Márquez García obra el certificado del registro civil de nacimiento de su hijo Julio Alberto Márquez, víctima directa del daño(3).

Frente a los señores Irma Delia María Arias Márquez, William Antonio Márquez, Jorge Eliécer Betancur Márquez, Dolly de Jesús Arias Márquez y Luz Elena Arias Márquez obran sendas copias simples de sus registros civiles de nacimiento, en los cuales consta que su madre es la también actora Lucila Márquez García(4), por lo cual está acreditada la calidad de hermanos de todos ellos respecto de la víctima directa del daño.

En cuanto a los actores David Alberto Márquez Saldarriaga y Jork Kevin Márquez Restrepo, se allegaron al proceso sus respectivos registros civiles de nacimiento, en copias auténticas, que acreditan que son hijos del ya fallecido Julio Alberto Márquez(5).

La condición de compañera permanente de Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar respecto de Julio Alberto Márquez está acreditada con los testimonios de los señores Rubiela Restrepo González y Piedad Estella Montoya Correa(6).

En cuanto a los menores Juliana Saldarriaga Bolívar, Vanessa Idárraga Saldarriaga y Cristian Alexánder Sisa Saldarriaga se demostró que son hijos de crianza del señor Julio Alberto Márquez, a través de las declaraciones suministradas por los señores Gloria Estella Agudelo y Luz Cielo Álvarez Henao(7).

Respecto de las señoras Luz Dary Arias Márquez y Beatriz del Socorro Arias Márquez, quienes según la demanda eran las hermanas maternas del señor Julio Alberto Márquez, la Sala no encuentra demostrada su legitimación en la causa por activa en este litigio, dado que si bien se allegaron copias de sus registros civiles de nacimiento(8), lo cierto es que como madres de cada una de ellas aparecen registradas unas personas distintas a la progenitora de la víctima, estas son, las señoras María Noelia Márquez Betancur y Marlenis Arias Márquez, respectivamente, sin que obren en el proceso pruebas adicionales que permitan establecer la existencia de un vínculo filial entre las referidas demandantes y el señor Julio Alberto Márquez.

Y acerca de la señora Patricia Elena Restrepo Bedoya, quien según la demanda actuaba en su propio nombre y en representación de su hijo menor Jork Kevin Márquez Restrepo, se tiene que el apoderado de ella, en escrito presentado el 16 de diciembre de 2002(9), aclaró que ella únicamente actúa en representación de su hijo, razón por la cual dicha señora no ostenta la condición de parte en este litigio.

4. Las pruebas aportadas al proceso

Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron los siguientes elementos de convicción:

— Registro civil de defunción del señor Julio Alberto Márquez, en el cual consta que falleció el 21 de octubre de 2000(10).

— También se allegó al proceso, por parte de la Policía Nacional, Departamento de Chocó, Asuntos Jurídicos y Disciplinarios, el proceso disciplinario adelantado en contra del Agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2000.

Igualmente se aportó al plenario por parte de la Policía Nacional, Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar, copia del expediente 428, el cual cursó contra el Agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda, sindicado de ser el autor del delito de homicidio en la persona de Julio Alberto Márquez.

Respecto de los mencionados procesos disciplinario y penal debe tenerse en cuenta que la parte demandante solicitó su práctica en el capítulo de pruebas de la demanda, la cual fue decretada en primera instancia, a través de auto de 31 de marzo de 2004(11); la Secretaría del Tribunal Administrativo a quo libró para tal fin el correspondiente oficio 1237 de 14 de mayo de 2004(12) y, en virtud de ello, la propia entidad demandada aportó copia de la mencionada investigación penal y disciplinaria, tal como lo refleja el oficio 226, suscrito por la Policía Nacional, Departamento del Chocó.

Así pues los documentos y diligencias que obran dentro de la referida prueba trasladada, serán objeto de valoración probatoria en este proceso, dado que fue la propia entidad demandada la que adelantó ambas actuaciones.

Los elementos de acreditación que forman parte, entre otros medios de convicción, de la aludida prueba trasladada, son:

— Copia del acta de necropsia practicada el 21 de octubre de 2000 al cuerpo del señor Julio Alberto Márquez, según la cual(13):

“… Por los anteriores hallazgos encontramos [de] que la muerte de quien en vida respondía al nombre de Julio Alberto Márquez, fue consecuencia natural y directa de un paro respiratorio con un tiempo de muerte aproximado de 5 horas, producida por lesiones en cerebro ocasionadas por proyectil de arma de fuego a una distancia aproximada de 3 m la cual tuvo un efecto de naturaleza mortal y su dirección fue de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, se encuentran 2 proyectiles dentro del cadáver por arma de fuego. En condiciones normales de existencia y de acuerdo con su edad el occiso hubiese podido sobrevivir 25 años más”.

— Informe del 13 de abril de 2002, elaborado por el Comandante de la Estación de Policía del Carmen de Atrato, en el cual se consignó que(14):

“… Me permito dar contestación a su Polígama 079 de fecha 12-04-02, en el cual solicitan la relación del personal que le correspondía prestar turno en las instalaciones de la Estación de Policía para la fecha 21-10-00, Así:

SEGUNDO TURNO Y CUARTO TURNO

CB. SALAZAR ROA JOSÉ GREGORIO

CB. LUNA RAMOS LUIS GABRIEL

CB. ROSADO RODRÍGUEZ FABIÁN AGUSTÍN

PT. PÉREZ CASTAÑEDA JUAN GUILLERMO

TERCER Y PRIMER TURNO

CB. ARIAS RUIZ JOSÉ ANTONIO

CB. CARDONA TANGARIFE EDER

C.B. ÁVILA PADILLA ALFONSO

PT. VIANA JIMÉNEZ EMERSON …” (Se destaca).

— Oficio 081 del 24 de abril de 2002, expedido por el Hospital San Roque del Carmen de Atrato – Chocó, según el cual(15):

“… El pasado 21 de octubre de 2000, se realizó la necropsia del individuo que en vida respondía al nombre de Julio Alberto Márquez, según la necropsia el individuo falleció a las 5:00 a.m., del 21 de octubre de 2000, por homicidio en el casco urbano del Municipio del Carmen de Atrato, en la Calle Corazón de María” (Negrillas y subrayas adicionales).

— Informe del 26 de abril de 2002, elaborado por el Comandante de la Estación de Policía del Carmen de Atrato en el cual se consignó(16):

“… Me permito dar contestación a su Polígama 090 de fecha 23-04-02 Así:

Con referencia a los turnos de seguridad que se prestan en esta unidad son de (06) Seis Horas cada turno y comprenden el siguiente horario.

SEGUNDO TURNO. Inicia a partir de las 7:00 horas hasta las 13:00 horas.

TERCER TURNO. Inicia a partir de las 13:00 horas hasta las 19:00 horas.

CUARTO TURNO. Inicia a partir de las 19:00 horas hasta las 01:00 horas.

PRIMER TURNO. Inicia a partir de las 01:00 horas hasta las 7:00 horas …” (Negrillas y subrayas de la Sala).

— Folio del libro de minuta de guardia de la Estación de Policía de Carmen de Atrato, en el cual se plasmó que(17):

“… 21 10 00 07:00 R/Turno(…) Como novedad el señor PT. Pérez Castañeda Juan no realizó 2º turno por encontrarse [en] mal de estado de salud y el cual fue trasladado al hospital municipal de Carmen de Atrato”.

— Declaración que rindió el S.I. Fabián Agustín Rosado Rodríguez el 11 de junio de 2002 ante el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar, quien señaló(18):

“… Laboraba en el Carmen de Atrato me desempeñaba en la Estación como comandante de guardia. Sin más no recuerdo PT. González Teheran, PT. Viana Jiménez y no recuerdo el otro pero éramos cuatro. Sin más no recuerdo yo me encontraba franco el 201000 presté disponibilidad toda la tarde y por la noche me dediqué a descansar al día siguiente el 211000, me levanté a hacer segundo turno que comprendía de 07:00 de la mañana hasta las 14:00 horas de la tarde al recibir turno me encontré con la novedad de alias el NEGRO. Hasta donde tengo conocimiento por medio de los vecinos del lugar donde fue muerto el señor tratamos de averiguar quién había visto algo que nos permitiera dar claridad al suceso, ya que al parecer este acto sucedió en horas de la madrugada y fue difícil encontrar una versión. No, en ningún momento escuché versiones, ni relatos que acusaran a alguien del asesinato”.

— Declaración que rindió el PT. Luis Fernando Pinzón Herrera el 17 de junio 2002, en el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar, quien señaló(19):

“… No recuerdo si fue esa fecha, pero sí recuerdo que a la habitación llegó el ST. Cruz, a eso de las 5:30 o 6:00 horas aproximadamente me informó que había un muerto en la calle Corazón de María del municipio, yo me levanté me dirigí al sitio con otros policiales con el CP. Gutiérrez Escorcia y no me acuerdo el nombre de los otros policías, cuando llegamos al sitio encontramos un cuerpo masculino sin signos vitales y creo que con una herida de impacto con arma de fuego en la cabeza creo que correspondía al nombre que da la señora Juez y se procedió a acordonar el área y se procedió a llamar al inspector de policía para que hiciera la correspondiente diligencia en el lugar de los hechos no había ningún vecino que nos diera la información al respecto, lo único que se supo que él había estado consumiendo licor hasta las horas de la madrugada en el parque del pueblo. Yo no me acuerdo de haber estado en esa situación (…) Una vez se llegó al sitio se aisló el lugar de los hechos mientras se realizaba la diligencia de inspección y levantamiento del cadáver, se le colaboraba al máximo al inspector de Policía se trató de ubicar vainillas y ojivas con el fin de tener algún elemento luego se indagó entre los vecinos del lugar sobre qué habían visto y luego se buscó a las personas con las que él había estado consumiendo licor y se ubicó a un muchacho que trabajaba en el bar Claro de Luna la cual manifestó que efectivamente estaba jugando el occiso con el hermano, el hermano se supo que vivía en el barrio la Mariela y se mandó a llamar para preguntarle sobre los hechos y nunca llegó a la Estación y no se logró actos concretos ni nadie sindicaba a nadie, se informó al comando sobre los hechos ocurridos. En varias ocasiones supe que la ciudadanía me comentaba que él tenía un trato descortés y que tenía una mirada que parecía que tuviera miedo, y en una oportunidad tuvo un trato agresivo con un joven llamado RAFAEL MAZO el cual residía en la localidad para esa fecha, tuvo unos roses con el comandante de los Bomberos porque el comandante le ejercía una instrucción que no era adecuada, en conclusión demostraba un comportamiento algo agresivo sobre todo cuando consumía licor. No tengo nada para decir, yo supe que a él lo estaban sindicando, porque él mismo nos comentó …”.

— Providencia de 3 de julio de 2002 proferida por el Juzgado 165 de Instrucción Penal Militar, en la que remitió el expediente a la Fiscalía Primera de Vida, de conformidad con lo siguiente(20):

“… Si bien es cierto procede por un delito de Homicidio, cuya competencia radicaría en este Juzgado, no lo es menos que de lo actuado se desprende claramente que el aquí procesado efectivamente es miembro activo de la Policía y que para el día 21 de octubre de 2000 fecha en que se presentaron los hechos prestaba sus servicios en la Estación de Policía el Carmen de Atrato más concretamente segundo y cuarto turno los cuales están comprendidos en el siguiente horario el segundo de las 07:00 horas hasta las 13:00 horas y el cuarto de las 19:00 horas a las 01:00 horas respectivamente, para el día siguiente 221000 le correspondió prestar tercer turno que comprende desde las 13:00 horas hasta las 19:00 horas y el 231000 primer turno que comprende de las 01:00 horas hasta las 07:00 horas como guarda de prevención de la Estación de Policía del Carmen.

Significando con ello que el patrullero que sindican del homicidio del señor Julio Alberto Márquez al momento de la comisión del delito no se encontraba en actos propios del servicio ya que como le correspondía prestar segundo turno como ya se dijo el 211000, a la hora de los hechos se encontraba gozando de franquicia lo que significa que se encontraba descansando. Y como ya sabemos el homicidio se originó en horas de la madrugada aproximadamente entre las tres (03:00) y las cinco (05:00) horas en las cuales el patrullero aquí sindicado debería estar descansando para de esta forma recibir sus servicios en óptimas condiciones por ello se puede decir que su conducta si así se comprueba no se originó por causa del servicio y/o que la misma no guarda relación con su actividad policial, lo que conlleva a determinar que no se reúnen las exigencias del artículo primero del código penal militar para que sea cobijado por el fuero militar el cual se le aplica a los policiales que con su conducta violenta alguna norma penal.

“Por lo anteriormente expuesto esta funcionaria considera que la competencia en el caso de estudio recae en la justicia ordinaria por ello se remitirá nuevamente el expediente a la Fiscalía Primera de Vida con todo lo actuado para lo de su resorte” (Se destaca).

— Declaración que rindió el Subintendente Gustavo Jiménez Hernández el 11 de julio de 2002, ante el Comando de la Estación de Policía del Carme de Atrato, quien para el día de los hechos se encontraba asignado a la Estación de Policía de Carmen de Atrato de Chocó y afirmó(21):

“… Laboro en esta unidad desde el 01-10-00, y en la actualidad me desempeño como Subcomandante de esta unidad. Sí laboraba un patrullero al cual apodaban el ‘Trotón’, su nombre era PÉREZ CASTAÑEDA JUAN GUILLERMO. Pienso que era un comportamiento normal disciplinado y muy responsable en su servicio, buen compañero y siempre mantenía buenas relaciones con la comunidad. El mencionado patrullero muy rara vez lo vi en traje de civil él siempre permanecía uniformado. Por los hechos que anteriormente se relacionan en lo que respecta a la muerte del mencionado no tengo conocimiento quién lo asesino, tampoco tengo conocimiento de que el señor PT. PÉREZ CASTAÑEDA, tuviese vínculos con grupos paramilitares, pues en el tiempo que llevo laborando en esta unidad en ningún momento se ha oído mencionar presencia de este grupo en cercanías a esta localidad, esta es una zona con bastante influencia subversiva donde operan tres de estos grupos armados ilegales, con el antecedente de una toma subversiva a esta localidad …”.

— Diligencia de indagatoria que rindió el P.T. Juan Guillermo Pérez Castañeda el 15 de octubre de 2002, prueba que no será valorada, toda vez que carece de la formalidad del juramento(22).

— Providencia del 6 de junio de 2003, proferida por el Grupo de Control Disciplinario Interno de la Policía Nacional, Departamento de Policía del Chocó, en cuya virtud se archivó la indagación preliminar adelantada contra el PT. Juan Guillermo Pérez Castañeda, por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2002, en los cuales perdió la vida el señor Julio Alberto Márquez, de conformidad con lo siguiente(23):

“… Entendido así que el comentario eran simples supersticiones por parte de algunos miembros de la comunidad Carmeleña, sin contar con pruebas veraces o con conocimientos de indicios que puedan determinar que el investigado en verdad era.

“Entonces no podemos dilucidar y concluir que se pueda afirmar responsabilidad o al menos como posible responsable a Pérez Castañeda Juan Guillermo y menos si se tiene en cuenta el Anónimo allegado y por el cual se inició la presente acción, porque respecto a este se dice por lo normado en el artículo 69 de la ley 734/02, guardaba el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 38 de la ley 190 de 1995 y 27 de la ley 24 de 1992, al ser trascendente esta información allegada, donde se tenía el deber funcional de investigar y allegar las pruebas necesarias para dilucidar y esclarecer los hechos y/o acusaciones que evidenciaba en su motivación el anónimo, pero de tal acción procesal se tiene el resultado aquí considerado, con el cual no podemos determinar que sea el señor PT. Pérez Castañeda Juan Guillermo, el mismo Pérez Jhonatan o que haya sido visto ejecutando tal acción, por tanto no hay mérito suficiente para abrir investigación disciplinaria y en tal virtud este despacho procede a dar aplicación al artículo precitado 150 de la Ley 734/02 el cual exige como dos únicas salidas al resultado de una indagación preliminar, el iniciar acción disciplinaria formalizando la investigación y/o archivar las diligencias, caso este último que se aplicará, por lo ya considerado.

“En consecuencia de lo anterior este despacho procederá a archivar la presente indagación preliminar como se dará a conocer en la parte resolutiva, puesto que no existe prueba certera y fehaciente que demuestre que el investigado PT Pérez Castañeda Juan Guillermo, hubiese sido la persona que causó la muerte al señor Julio Alberto Márquez, el día 21 de octubre de 2000, en el perímetro urbano del Municipio del Carmen del Atrato — Chocó …”.

— De otro lado, el Tribunal Administrativo a quo decretó la práctica en este proceso de los testimonios de los señores Rubiela Restrepo González, Piedad Estella Montoya Correa, Gloria Estella Agudelo, Luz Cielo Álvarez Henao, Jaime Ramiro González Vélez y John Jairo de Jesús Correa Torres, quienes, respectivamente, manifestaron lo siguiente(24):

“… Julio Alberto estaba tomando ese día con varios amigos, y a eso de las tres y media de la mañana ya él estaba con dos amigos y fue a sacar una grabadora cerca de la casa, como dos cuadritas y se quedó dormido ahí en un andén que ahí donde bajó el policía y dormido le dio los tiros. Porque el día que nosotros fuimos al velorio mucha gente lo comentaba, pero de miedo de hablar pues no declararon ahí mismo. A los días yo me encontré con un muchacho Faber Bolívar que era el que andaba con él esa noche, que él se tuvo que volar porque a él también le iban a dar pero él se tiró por el río. Él me comentó que él vio cuando llegó el Policía, a ese policía le decían el Trotón, él disque vio que se le acercó y le dio los tiros, pero él se voló por el río porque le quedaba cerca, Faber estaba con Julio estaba bregando a despertar a Julio porque ya se había dormido en el andén, es que estaban muy cerca de la casa. A Faber no, pero a Julio sí lo había amenazado, porque en una ocasión antes del 21 de octubre del 2000, que yo estuve en el Carmen él me comentó de que ese policía se la tenía montada, estando en Claro de Luna, es una Heladería del Carmen, el policía llegó a requisarlo, le dijo que dónde tenía la marihuana y entonces Julio Alberto le contestó que a él lo que le daba rabia era que él no se podía fumar la que él se fumaba que por eso era que se lamantenía montada, yo estaba con ellos ahí, el policía lo requisó pero no le encontró nada, entonces él le dijo que tranquilo, que él le daba papaya y lo mataba, entonces cuando el policía se fue, Julio Alberto me dijo que eso no era la primera vez, que siempre le pasaba lo mismo (…). No hay detenidos. Al policía lo trasladaron. La familia de Julio Alberto Márquez no hizo nada, no denunciaron porque les daba miedo, les daba miedo porque el policía amenazó a William hermano de Julio Alberto, porque William borracho lo insultó y entonces el policía le dijo que el próximo era él (…) No pasaron 20 días que yo me lo haya encontrado [refiriéndose a Faber Bolívar]. Yo iba para una cita médica por la Playa en la ciudad de Medellín y cuando iba me lo encontré, casualmente me encontré con él, hablamos poco porque yo iba para la cita y yo le dije que porque no había vuelto al Carmen y me dijo que le daba temor por lo que había pasado y ahí fue donde me contó que había sido el policía el que había matado a Julio Alberto y que ahí fue donde corrió. Antes de que Faber me contara a mí eso ya en el Carmen se sabía que había sido el policía el que lo había matado. Él, me dijo que si él no se hubiera ido a él también lo había matado. Faber estaba despertando a Julio, que cuando él vio que el policía bajaba él corrió cuando sintió los tiros, el policía al ver a Julio dormido le disparó y claro, Faber al ver que le estaba disparando se voló. El policía estaba uniformado y él siempre andaba de revólver y fusil diario (…). Solo lo requisaron a él. El policía estaba uniformado, él llegó con otro agente pero ese se quedó en la parte de afuera. Solo requisó a Julio y ahí fue donde él me dijo que la tenía montada a él. Eso fue un puente, antes del 21 de octubre que fue que lo mataron a él. Después de que lo requisaron cuando yo estuve, fue que lo mataron. Julio me dijo a mí que él siempre lo requisaba buscándole marihuana y que nunca le había encontrado, o sea que era como una disculpa para estar sobre él, porque él allá no tenía problemas con nadie entonces no tenía por dónde metérsele (…). William estaba con Gloria Agudelo, una prima de Julio Alberto en el parque principal y ella ya lo llevaba para la casa porque estaba borracho, entonces William borracho le dijo al policía, al Trotón mataste al Negro, así le decían a Julio Alberto y entonces él le contestó que el próximo iba a ser él. Eso lo contó Gloria Agudelo que ella no estaba ebria. El mismo día del entierro nos trajimos a William para Medellín porque él vivía en el Carmen y aún permanece en Medellín. No volvió al Carmen de Atrato porque le da miedo. Al policía lo trasladaron. , es que a él le tenían mucho miedo allá. El atemorizaba a los habitantes de allá. Se ha comentado que él ha matado a varias personas pero no le sé decir quiénes …” (Negrillas y subrayas de la Sala).

“… 

“… El día 21 de octubre del año 2000, Julio Alberto estaba compartiendo con unos amigos y a eso de las tres y media de la mañana ya iba para la casa a dormir con un amigo que se llama Faber Bolívar. Julio Alberto se sentó en la acera y en ese momento llegó el agente de la policía Pérez y le disparó con un revólver ahí sentado. Faber corrió porque el agente le hizo unos dispararos y Faber tuvo que tirarse al río y ya Faber debido a eso se vino del pueblo para donde unos familiares en Amagá. Los comentarios que se escuchaban en el pueblo era que el policía amenazaba a Julio Alberto cada que lo veía. Siempre le buscaba que si tenía marihuana y le decía que no le fuera a dar papaya porque lo iba a matar. No se sabe a qué se debía la persecución con Julio, pero era que ese agente era muy mala clase con toda la gente del pueblo, inclusive había puesto quejas al comandante de la policía por el comportamiento de ese señor con el pueblo. El miraba muy feo a la población en general, se mantenía de civil con el revólver y con el fusil trotando alrededor del pueblo y por eso le decían el Trotón. Se supo de amenazas a otras personas por parte de ese mismo policía como al señor Jairo Valderrama, cada que lo veía lo amenazaba y también comentarios en el pueblo de que lo perseguía, al señor Jairo por las noches para matarlo, también de pronto que porque tenía marihuana. Julio no era adicto a las drogas y Jairo tampoco. Al hermano de Julio Alberto también lo amenazó. Después de la muerte de Julio, William le hizo el reclamo al agente Pérez y el agente le respondió que el que seguía era él, tanto que una de las hermanas de Julio Alberto que se llama Amparo no quiso demandar porque le daba miedo por las amenazas que de pronto le hicieran porque ella tenía dos hijos grandes, entonces por eso no quiso demandar. Yo lo que he dicho lo sé por comentarios de todos en el pueblo. Faber Bolívar me contó, yo me encontré con él en Medellín y él me contó porque se había venido del Carmen y en detalle todo lo de la muerte de Julio Alberto. Yo me lo encontré como a los dos meses de la muerte de Julio en Medellín, conversé mucho con él. Faber se perdió del pueblo al otro día de que le hicieran los tiros y mataron a Julio Alberto, se fue para Amagá. Cuando Faber se tiró al río llegó a una casa mucho más abajo, que había un velorio y llegó descalzo, con la ropa toda ultrajada y allá le preguntaron que por qué estaba así y ya el relató todo lo sucedido con relación a la muerte de Julio. Faber me contó que cuando él vio que el policía se le acercó a Julio Alberto, así apuntándole, Faber corrió y luego volteó a mirar a ver si lo estaban persiguiendo y vio que le estaban disparando a Julio Alberto. Faber dice que ellos bajaban, Faber y Julio Alberto, y que Julio Alberto se sentó en la acera con ganas de acostarse ahí, él estaba borracho y Faber le estaba insistiendo que se fuera y ahí fue cuando llegó el policía. Faber dijo que había otro policía retiradito pero no me dijo el apellido, pero que quien disparó fue el agente Pérez y fue el que lo persiguió (…) Sí, Faber me contó que él estaba uniformado, lo mismo que el otro agente que estaba retiradito, los dos estaban uniformados. A la comunidad le daba miedo de que fuera a pasar lo que pasó con Julio Alberto y por las amenazas que le había hecho a Jairo, a Julio Alberto y de pronto a otras personas. Él tenía una actitud agresiva, él miraba muy feo y cuando le pusieron la queja al comandante dijo que iba hacer vueltas para trasladarlo y ahí fue cuando mató a Julio Alberto y lo trasladaron …”. (Se resalta).

“… 

“… Yo llegué al velorio de él, eso fue el día 21 de octubre del 2000. Yo llegué a las nueve de la noche de Medellín, a mí me informó mi tía Lucila que habían matado a Alberto. Cuando yo llegué una señora del parque le dijo a un niño que me llevara a donde lo estaban velando y ese niño me contó que lo había matado un policía, estando Julio Alberto borracho. El niño solo me dijo que lo había matado un policía, ese niño tenía diez añitos. Ya la familia y los compañeros de Julio Alberto me dijeron que lo había matado un policía, que él estaba tomando en el parque subió por una grabadora a la casa de él y se sentaron en una acera a tomar, Julio Alberto y dos amigos que estaban tomando con él, no sé cómo se llaman los amigos de Julio, y entonces que llegó el agente y le disparó en dos veces. Los amigos de él vieron y al otro día subíamos del entierro y yo subía con el hermano de él con William, cuando él le dijo al agente que por qué le había matado el hermano y el agente le dijo que el que seguía era él. Yo me lo subí a William para la casa y luego al otro día nos fuimos para Medellín por lo que nos dio miedo que él se quedara en el Carmen por eso. Yo escuché cuando el agente le dijo a William que el que seguía era él. El agente estaba en la puerta del Comando que queda arribita del parque, afuera había otro agente. Dijeron que lo había matado porque le tenía rabia. Julio nunca estuvo detenido por nada. Se comentó que ese policía era muy agresivo. Yo oí comentar que él había matado a otro muchacho y que era muy grosero, la gente que estaba en el velorio comentaba todo eso …” (Negrillas y subrayas de la Sala).

“… 

“… Según comenta todo el pueblo a Julio Alberto lo mataron dormido, él estaba borracho y se quedó dormido en un andén y entonces a la madrugada lo encontraron ahí muerto, avisaron a toda su familia y a todo el pueblo le dolió mucho la muerte de él porque era una persona querida en el pueblo y ya el comentario en el pueblo era que el agente de policía Pérez, que lo apodaban el Trotón lo había matado. Todo el mundo lo comentaba que porque ese agente había amenazado a Julio Alberto en una heladería tomando, entonces el agente de policía Pérez se le acercó y le dijo que si el tiraba mucho vicio, entonces él le respondió que si era que tenía mucha envidia porque él tiraba el vicio que él no podía tirar que porque él era más vicioso que él, entonces ahí ya vino la rabia del agente y la amenaza y ahí fue que lo amenazó de muerte. Él le dijo que eso no se quedaba [así] que él lo podía desaparecer y entonces Julio le dijo que eso no era tan fácil. Yo sé que esto ocurrió porque Julio me comentó a mí un día que fue a desyerbarme un solarcito que yo tenía, él me contó sobre ese incidente. Julio me comentó a principio de semana y al final de la semana lo mataron. Ese policía a todos los que veía que les gustaba el traguito se les arrimaba y era piloso, preguntando y mirando, mejor dicho, llegaron matando viciosos al pueblo llegaron varios policías, los mandaron de Quibdó porque en el Carmen hubo una toma. Al otro día de esa toma llegaron, ellos eran agentes contraguerrilla, entre esos llegó Pérez. Allá mataron a un muchacho que porque era vicioso, le decían Barbacho, se llamaba Leonel Zapata, esa muerte se le atribuyó a la policía, a ese lo ahorcaron porque él dormía por allá en un tambo lo ahorcaron. Uno que andaba con Julio Alberto cuando lo mataron se echó a perder y no se volvió a saber nada de él. Él era de apellido Bolívar, él disque comentó en un velorio de que él se tenía que perder que porque le había hecho unos tiros la noche en que mataron a Julio Alberto. Eso como que fue recién mataron a Julio Alberto que él hizo ese comentario, eso fue en un velorio que hubo por allá en una vereda. Faber dijo que el agente Pérez era el que había matado a Julio Alberto y el que le había hecho los tiros a él. A Faber le hicieron los tiros el mismo día que mataron a Julio Alberto, él disque se echó a correr. Faber no volvió al pueblo después de eso. No se sabe de él. Julio Alberto más temprano estuvo con mucha gente pero al momento de la muerte no sé quién más lo acompañaba. Yo pienso que fue el agente Pérez el que mató a Julio Alberto, porque el hermano de Julio Alberto, William, se puso a tomar por la tristeza, y entonces yo en ese entonces era mujer de William, entonces cuando me contaron de que él andaba por ahí, él estaba discutiendo con el agente Pérez, reclamándole que porque había matado al hermano y el agente Pérez en vez de negarse le respondió con una amenaza; le contestó que así era y que el que seguía era él y entonces yo ya me llené de nervios porque yo sabía que él era capaz porque él era de armas tomar, es que ese agente era una [persona] agresiva, para que mejor se lo llevaran y no lo dejaran en el pueblo porque corría peligro y entonces la mamá se lo llevó para Medellín …” (Se destaca).

“…  

“… Por comentarios supe que lo había matado un agente de la policía, un agente Pérez, apodado el Trotón. Según los comentarios que Julio Alberto se encontraba dormido en una andén y que llegó el policía y le disparó a quema-ropa. Eso fue la madrugada, no sé la hora. Sé que se quedó dormido bajo el alicoramiento porque nosotros estábamos bebiendo juntos. Yo estuve con él hasta la una o una y media de la mañana yo me voy y lo dejo con otro compañero y después, al otro día me doy cuenta que lo habían matado. Todo el pueblo comentó que lo había matado un policía, Pastrana es un personaje del pueblo y fue uno de los que dijo que a Julio Alberto lo había matado un policía y Faber Bolívar a consecuencia de la muerte del Julio tuvo que abandonar el pueblo porque a él también le hicieron unos tiros. Según comentarios el que mató a Julio Alberto le disparó a Faber. Faber llegó a un velorio que había por allá más abajo, llegó el mismo día de los hechos, sin zapatos porque él se tuvo que volar por el río y allá contó que habían matado al negro, a Julio Alberto, y que a él también le habían hecho unos tiros y que se había tenido que ir. Dijo que había sido el señor Pérez o el Trotón, todo el mundo lo conocíamos como el Trotón porque todos los días trotaba, unos días con el uniforme, cuando llevaba el uniforme portaba el fusil y cuando salía de civil, llevaba el revólver y una granada llegó a llevar un día. Ese agente no era querido en la población, inclusive antes del asesinato de Julio Alberto ya se escuchaban malos comentarios sobre ese agente. Una vez él bajó disque a matarse al siete con un muchacho, que en el colegio se repartieron las balas porque se iban a matar, el policía y Rafael Mazo. La gente decía que era muy tirano con el civil. Al que le caía mal se la montaba. Julio nos comentaba que el agente de policía se mantenía diciéndole que dónde tenía la marihuana. Yo nunca estuve presente cuando el agente requisó a julio ni presencié problemas entre ellos dos. Julio era muy callado, él medio nos comentó que el policía se mantenía preguntándole que dónde tenía la marihuana pero no me comentó que lo hubiera amenazado. (…). Yo estuve aproximadamente desde las ocho de la noche a una o una y media de la mañana, por ahí a las doce, cuando cerraron a Claro de Luna, es una discoteca, Julio Alberto y yo fuimos por una grabadora a la casa de él y volvimos al parque y estuvimos ahí departiendo con unos amigos y ahí fue cuando yo me fui para la casa, esos amigos eran John Jairo Correa, cuando yo me iba en esos momento llegó Faber Bolívar y no me acuerdo de quien más había ahí. No en ningún momento. Por ahí paso el agente Pérez o Trotón, por donde nosotros estábamos tomando, por el parque y nos dijo muchachos, mucho guaro y no nos dijo más. Eso fue por ahí a las doce y media de la noche, estaba uniformado, solo y llevaba un fusil y como siempre llevaba un revólver sujetado a la pierna (el testigo señala la pierna izquierda) y con un gabán negro. El siempre por la noche salía con un gabán negro. Liznardo Agudelo, él era celador del liceo, ahora, es jubilado. Él comentó de que Faber había llegado de tres a cuatro de la mañana, no recuerdo bien la hora que él me dijo y que había llegado todo mojado y sin zapatos que porque el Trotón había matado al Negro y le había hecho unos tiros a él. Que el policía estaba uniformado prestando su guardia, siempre dijo que era un policía que le hizo los tiros, que fue el agente Pérez conocido como el Trotón que debido a la carrera, le pareció ver otro policía en la esquina (…)” (Se resalta).

“… 

Cuando yo me di cuenta de la muerte de Julio Alberto al otro día, yo estuve esa noche anterior con él, estuvimos bebiendo, ahí se encontraba Jaime Ramiro, también estaba Faber Bolívar, no recuerdo quién más. Al otro día estaba yo en la casa cuando comentaron que habían matado a Julio Alberto. Comentaron que había sido un policía el que lo había matado y un muchacho del Carmen, le dicen Pastrana, decía que lo había matado un policía apodado como Trotón hasta ahí me di cuenta yo. La gente comentaba que había sido el Trotón, según comentaban por ahí se la tenía montada a Julio Alberto por la marihuana, que en varias ocasiones lo requisó. Nunca estando conmigo lo requisó. Julio Alberto no nos comentó nada. El esa noche que estuvimos bebiendo estaba como aburrido pero no llegó a comentarnos nada. El en una ocasión me comentó a mí que ese policía lo había requisado en varias ocasiones y que le preguntaba por la marihuana. Julio Alberto andaba mucho conmigo y yo nunca le llegué a ver marihuana, le gustaba el trago pero era una persona muy sana, bebía lo normal. En ese momento el comentario fue que estaba con Faber, que a Faber como que también le hicieron unos tiros, el comentario era ese. Según comentarios Faber dijo que le habían hecho unos tiros y que le había tocado correr a él. Faber a partir de ese problema se perdió del Carmen, no se volvió a saber nada de él. Yo no [lo] volví a ver. El comentó en un velorio que había en la calle la 70, murió un entenado (sic) de un celador del colegio, entonces Faber llegó y comentó que habían matado al Negro y que a él también le habían hecho unos tiros, que lo había matado el policía Pérez apodado como el Trotón. A mí no me comentaron la forma como sucedieron los hechos (…). No me enteré de amenazas concretas que haya hecho el agente. A mí me comentaron sobre que cuando enterraron al Negro, Julio Alberto, el ñato, William, hermano de Julio Alberto, le hizo el reclamo al Trotón y él como que le dijo, comentaron, que el que seguía era él, se refería a William. Esa noche me encontré con el Negro tipo ocho y ocho y media de la noche, estuvimos bebiendo en un negocio llamado Claro de Luna hasta las doce de la noche que cierran los negocios, de ahí ya salimos para la plaza, en la plaza estuvimos tomando unos aguardientes y Julio Alberto bajó a la casa con Jaime Ramiro, que le dice boliche, por una grabadora. Ahí estuvimos, nos tomamos unos tragos ahí, tipo una de la mañana o una media pasada Jaime Ramiro se fue a dormir y al rato que él se fue al rato me vine yo también. Julio Alberto se quedó bebiendo con Faber, no [sé] qué más personas quedaron ahí, ya no me di cuenta de más hasta el otro día que me dijeron que lo habían matado. Él cuando estábamos bebiendo ahí en la plaza, por ahí a las doce y cuarenta, más o menos pasó el agente y nos dijo, quiubo (sic) muchachos, mucha beba y siguió. Él estaba uniformado en ese momento tenía un gabán oscuro y tenía la dotación, se le veía el revólver y el fusil. Que haya visto algún señalamiento o algo así, no lo vi …”. (Negrillas y subrayas de la Sala).

“……..  

“… Dos días antes de Julio Alberto morir, nos dijo el Trotón, que nos pusiéramos las pilas que nos tenía en la mira, nos dijo a Julio y a mí. Entendimos que nos iba a matar. Después hubo una reunión para las elecciones de alcalde, Julio Alberto y yo estábamos en la reunión que fue al frente de la Caja Agraria, entonces eran las ocho y media de la noche cuando yo le dije a Julio Alberto que yo me iba a ir para la casa que porque eso por allá estaba muy caliente y que ya con lo que nos había dicho … el Policía, entonces yo más bien me iba para mi casa temprano y que él hiciera lo mismo, entonces él me contestó que me fuera yo que él iba a esperar que terminara la reunión y hasta ahí, hasta el otro día que madrugó un muchacho que se llama Luis, a contarme que habían matado a Julio Alberto. Él me contó que Julio Alberto estaba muerto en la panadería, entonces yo me levanté y me puse la ropa y cuando subí ya estaba muerto, tenía dos impactos de bala junto de la oreja. A mí me contó el muchacho que me avisó que el que lo había matado había sido Jonathan Pérez, que le había pegado dos tiros. A él lo mataron sentado porque él me había dicho a mí, Julio Alberto, que el día que lo mataran tenía que matarlo donde estuviera, que él no seguía a nadie. Hubo un testigo de la muerte de Julio Alberto, ese muchacho se llama, no recuerdo pero le dicen Jaleo, de apellido Bolívar. Él estaba parado en una esquina cuando vio que bajaban los dos policías y el Negro estaba sentado, en medio de la borrachera, se sentó en la acera de la panadería y entonces le decían a Julio Alberto que se parara y que los siguiera para abajo que iban a dar una vuelta para abajo y entonces el finado Julio Alberto en medio de la borrachera le dijo que si lo iban a matar lo mataran ahí sentado que porque él no iba a seguir a nadie. El mismo día que mataron a Julio Alberto estaban en un velorio y entonces este muchacho, el de apellido Bolívar, llegó al velorio y ahí mismo dijo que arriba habían matado un muchacho y que había sido el Trotón y ese muchacho que mataron era Julio Alberto. A Faber también le dispararon el mismo Trotón y lo persiguió hasta la casa, él llegó a la casa, sacó una muda de ropa y se abrió, no sabemos nada de él (…). Porque el mismo agente me lo dijo. Resulta que una vez, un carnicero, me mandó a llevar una carne a un restaurante el Paisa y yo cogí la carne arranqué para el restaurante, me paré en la puerta cuando fui a entrar estaba ahí sentado comiendo y entonces apenas me vio a mí me dijo, a usted es el que le dicen el Asado, entonces yo le contesté que sí, cuando yo fui a salir del restaurante me dijo que teníamos que conversar, que nos saliéramos para afuera (sic), nos salimos para el frente del restaurante y él me dijo que si me había dolido mucho la muerte de Julio Alberto, entonces yo le contesté que sí, que me había dolido mucho y me dijo que por qué, que si era algo conmigo, que si era hermano, yo le contesté ese muchacho es un amigo mío y es más que un amigo, es como un hermano y me dijo yo me llamo Jonathan Pérez y si le dolió mucho la muerte de su amigo que lo siguiera para abajo y yo no lo quise seguir. Ya después de eso me montó la perseguidora a mí y a mi familia, me hizo siete viajes a la casa y un domingo llegó a mi casa a las doce y media de la noche y se quedó hasta las cuatro y media de la mañana dándole con el fusil a una cocinita de zinc y viendo que yo [no] salía se iba día por medio iba a la casa. Él me estaba buscando era para matarme. El siempre que iba empujaba la puerta, no decía nada, pero bregaba a meterse. En varias oportunidades me seguía, se paraba al lado mío y no me decía nada. Yo me mantenía asustado, estuve tres días sin dormir un solo minuto”. (Se resalta).

Igualmente, se allegó al plenario copia del proceso penal que se adelantó en la Unidad de Fiscalía especializada en delitos contra la vida e integridad personal, la libertad y pudor sexual y la dignidad humana, Fiscalía Primera en contra del señor Juan Guillermo Pérez Castañeda por los hechos ocurridos el 21 de octubre de 2000 en el municipio Carmen de Atrato.

En el caso que ahora se examina ocurre que la prueba trasladada antes mencionada no cumplen con lo previsto en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte demandada no la solicitó en la contestación de la demanda, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del C. de P.C., tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita(25).

Entre las pruebas documentales que obran en la investigación penal que se trasladó a este proceso se destaca únicamente la providencia del 30 de julio de 2003, proferida por la Dirección Seccional de Fiscalías de Quibdó, Unidad Seccional en Delitos contra la vida, la integridad personal, la libertad y pudor sexual, Fiscalía Primera, a través de la cual se abstuvo de dictar medida de aseguramiento en contra del señor Juan Guillermo Pérez Castañeda, pues no había en el expediente penal prueba que permitiera imputar responsabilidad por la muerte del señor Julio Alberto Márquez, al señor Pérez Castañeda(26).

5. El caso concreto. Los hechos probados en el proceso

De conformidad con el material probatorio anteriormente descrito se tiene acreditado que:

— El día 21 de octubre de 2000, a las 5.00 a.m., el señor Julio Alberto Márquez fue asesinado en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó, como consecuencia de dos impactos de bala en su cabeza.

— El señor Julio Alberto Márquez, al momento de su fallecimiento, se encontraba en estado de embriaguez y dormido en un andén de una de las calles del referido municipio del Carmen de Atrato, pues la noche anterior había consumido bebidas embriagantes junto con otras personas.

— La víctima directa del daño, cuando fue asesinado, se encontraba en compañía del señor Faber Bolívar, quien huyó del lugar de los hechos para salvaguardar su vida e integridad personal.

— Como autor del homicidio del señor Márquez se sindicó al patrullero de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda, quien fue inicialmente vinculado a una investigación previa por parte de la Justicia Penal Militar, pero esta remitió por competencia la actuación a la Fiscalía General del Nación, de cuyo trámite se conoce que avocó el conocimiento del asunto y que resolvió la situación jurídica del procesado sin imponerle medida de aseguramiento.

— La entidad demandada, mediante el área de asuntos disciplinarios, adelantó una investigación disciplinaria preliminar, la cual fue archivada porque no encontraron pruebas de que el agente del Estado Juan Guillermo Pérez Castañeda hubiere cometido el asesinato del señor Julio Alberto Márquez.

— Momentos antes de que se hubiere encontrado el cadáver del señor Márquez, se observó al agente Pérez Castañeda transitar por el lugar en el que la víctima se encontraba con sus compañeros.

— El patrullero Pérez Castañeda, para el día en que se produjo la muerte de Julio Alberto Márquez, prestó el 2º turno, el cual iniciaba a las 7:00 a.m., hasta las 13:00 y el 4º turno, que iniciaba a las 19:00 hasta las 01:00 horas.

6. Responsabilidad de la entidad demandada

En el presente proceso está acreditado el daño padecido por los demandantes, esto es, la muerte del señor Julio Alberto Márquez, acaecida el 21 de octubre de 2000, en horas de la madrugada en el sector urbano de la localidad del Carmen de Atrato, Chocó.

El referido hecho dañoso, a juicio de la Sala, sí le resulta imputable a la Policía Nacional, tal como se pasa a exponer.

Si bien es cierto que en el proceso no existe una prueba directa que permita determinar que el homicidio del señor Julio Alberto Márquez lo cometió el agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda, por cuanto los testimonios practicados no provienen de testigos presenciales de los hechos, no es menos cierto, que todas esas declaraciones arrojan los elementos de convicción suficientes para tener por creíbles los relatos que a través de ellas se hicieron en el sentido de atribuirle ese delito al referido policía.

6.1. Mérito probatorio de los denominados testigos de “oídas”

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha expuesto lo siguiente:

“… Ahora bien, como ocurre con cualquier otro medio de prueba admitido por la ley, la valoración del testimonio de oídas deberá realizarla el juez de manera conjunta con los demás elementos probatorios que hubieren sido oportuna y regularmente acopiados en el proceso, con el agregado de que en estos casos debe tenerse especial cuidado para efectos de someter la versión del declarante a un tamiz particularmente riguroso con el fin de evitar que los hechos a los cuales se les otorgue credibilidad resulten finalmente distorsionados por el proceso de comunicación a que se encuentra sometida una declaración de tal naturaleza, puesto que es evidente que el relato de los hechos que realizará el testigo de oídas no dirá relación con aquellos que él hubiere percibido de manera directa sino que se referirá a hechos respecto de los cuales tuvo conocimiento de manera indirecta, por la referencia o transmisión que sobre los mismos le hubiere efectuado otra persona.

“Precisamente para evitar que los hechos lleguen alterados al conocimiento del juez, como resultado de la transmisión que ha de ocurrir acerca de la versión de su acaecimiento cuando el conocimiento sobre los mismos se obtiene a través de testimonios indirectos o de referencia, el juzgador ha de ser particularmente cuidadoso en verificar, entre otros aspectos de importancia, i).- las calidades y condiciones del testigo de oídas; ii).- las circunstancias en las cuales el propio testigo de oídas hubiere tenido conocimiento, indirecto o por referencia, de los hechos a los cuales se refiere su versión; iii).- la identificación plena y precisa de la(s) persona(s) que, en calidad de fuente, hubiere(n) transmitido al testigo de oídas la ocurrencia de los hechos sobre los cuales versa su declaración, para evitar así que un verdadero testimonio pueda confundirse con un rumor, en cuanto proviniere de fuentes anónimas o indeterminadas; iv).- la determinación acerca de la clase de testimonio de oídas de que se trata, puesto que estará llamado a brindar mayor confiabilidad el testimonio de oídas de primer grado que aquel que corresponda al grado sucesivo por ser el resultado de haber escuchado a otro relatar unos hechos de los cuales dicho tercero tuvo conocimiento por el relato que, a su turno, recibió de otra persona y así sucesivamente.

“En ese sentido resultará particularmente importante que el juez relacione y, si fuere posible, coteje la declaración del testigo de oídas con el resto del conjunto probatorio para efectos de verificar la coincidencia y la consistencia de tal declaración con los aspectos fácticos que reflejen o evidencien los demás medios de prueba legalmente recaudados.

“Si ab initio el juez advierte la existencia de diversos medios probatorios para acreditar la ocurrencia de unos mismos hechos y la posibilidad de recaudar uno o varios de ellos, naturalmente ha de preferirse el acopio de las pruebas originales, esto es aquellas que den cuenta de los hechos respectivos en forma directa y sin intermediación alguna, sin embargo ante la ausencia o la imposibilidad de disponer de otras pruebas, resulta claro que el testimonio de oídas constituirá una herramienta importante para que el juez pueda cumplir su ardua y compleja tarea de buscar la verdad con el propósito fundamental de llevar a cabo su muy noble y delicada misión de administrar justicia.

“De esa manera, pues, queda claro, de una parte, que la recepción de los testimonios de oídas se encuentra contemplada explícitamente en el régimen legal colombiano y, de otra parte, que la valoración o apreciación de tales versiones exige, por mandato de la propia ley, mayor rigor de parte del juez en cuanto se requiere una información más detallada acerca de las circunstancias en que el propio testigo hubiere tenido acceso a los relatos correspondientes, cuestión que se revela obvia y explicable dado que —como ya se ha puesto de presente—, en esta modalidad existen mayores riesgos o peligros de que los hechos respectivos puedan llegar distorsionados al conocimiento del juez …”(27) (Se destaca).

Pues bien, en este asunto no existe el menor asomo de duda de que los testimonios que se recaudaron provienen de personas que no presenciaron los hechos en los que resultó muerto el señor Márquez, dado que los relatos provienen de habitantes del municipio de El Carmen de Atrato que, por referencias de otras personas, sindicaron del homicidio al agente Pérez Castañeda, es decir, que se trata de los denominados testigos de “oídas”.

No obstante lo anterior, la Subsección estima que todos esos relatos ameritan credibilidad en este litigio y, de ellos, se desprende sin ambages que el causante del asesinato del señor Márquez sí fue el agente del Estado a quien se le vinculó, penal y disciplinariamente, por ese hecho.

Ocurre que en este proceso todos los testigos, sin excepción alguna, atribuyeron ese hecho al agente de la Policía Nacional porque, en primer lugar, tuvieron noticia de ello por cuenta de una persona que sí presenció el homicidio, esto es, el señor Faber Bolívar.

Así lo expresaron las señoras Rubiela Restrepo González y Piedad Estella Montoya Correa, quienes en sus relatos señalaron que después de los hechos se encontraron con el señor Bolívar en otro lugar y que él, de manera directa y precisa, les contó cómo ocurrió el hecho, en el sentido de que el agente del Estado Juan Guillermo Pérez Castañeda, a quien se le conocía como el “Trotón” fue quien cometió esa conducta punible.

De igual manera, los testigos Jaime Ramiro González y Luz Cielo Álvarez Henao, quienes estuvieron con la víctima horas antes de su deceso, manifestaron que al lugar donde ellos se encontraba llegó el señor Faber Bolívar y que él se quedó esa noche con Julio Alberto Márquez, luego de que todos los demás compañeros abandonaran el sitio donde se encontraban, cuestión que permite establecer que el señor Bolívar sí estuvo presente en ese momento y que, además, presenció el homicidio de su amigo, al punto que debió irse del municipio porque su vida corría peligro, aspecto que incluso fue aducido por todos los testigos.

Asimismo, los ya mencionados testigos Jaime Ramiro González y Luz Cielo Álvarez Henao expresaron que mientras ellos estaban en el parque junto con la víctima hizo presencia el agente involucrado en los hechos y que él supo a su vez, de la existencia de Julio Alberto Márquez en ese lugar, puesto que el uniformado se dirigió a quienes estaban presentes allí.

De otro lado, y no menos importante, la señora Gloria Estella Agudelo señaló que escuchó y, por ende, presenció cuando el propio agente Pérez Castañeda aceptó el crimen días después, al señalarle al hermano de la víctima que quien seguía era él. Así lo relató la referida testigo:

“… yo subía con el hermano de él [de la víctima] con William, cuando él le dijo al agente que por qué le había matado el hermano y el agente le dijo que el que seguía era él. Yo me lo subí a William para la casa y luego al otro día nos fuimos para Medellín por lo que nos dio miedo que él se quedara en el Carmen por eso. Yo escuché cuando el agente le dijo a William que el que seguía era él” (Se destaca).

En línea con lo anterior, la señora Lucía Álvarez Henao narró:

“Yo pienso que fue el agente Pérez el que mató a Julio Alberto, porque el hermano de Julio Alberto, William, se puso a tomar por la tristeza, y entonces yo en ese entonces era mujer de William, entonces cuando me contaron de que él andaba por ahí, él estaba discutiendo con el agente Pérez, reclamándole que porque había matado al hermano y el agente Pérez en vez de negarse le respondió con una amenaza; le contestó que así era y que el que seguía era él …” (Se destaca).

Y como si fuese poco, que en modo alguno lo es, existe una declaración proveniente de una persona que, junto con la víctima, fue amenazada de muerte por el agente Juan Guillermo Pérez Castañeda, esto es John Jairo de Jesús Correa Torres, quien al respecto señaló : “… [d]os días antes de Julio Alberto morir, nos dijo el …Trotón, que nos pusiéramos las pilas que nos tenía en la mira, nos dijo a Julio y a mí. Entendimos que nos iba a matar” (Se destaca).

El anterior señalamiento se acompasa con lo expuesto por las señoras Rubiela Restrepo González y Luz Cielo Álvarez Henao, quienes manifestaron que el propio Julio Alberto Márquez, días antes de su fallecimiento, les dijo que él tenía dificultades con el agente de la institución demandada Juan Guillermo Pérez Castañeda, pues este último, en varias ocasiones, lo requisaba y lo intimidaba porque lo consideraba marihuanero.

Por todo lo expuesto, la Subsección considera que las declaraciones recaudadas en el proceso, pese a que provienen de personas que no presenciaron el hecho, cuentan con eficacia probatoria, toda vez que además de ser coherentes, coincidentes y precisas, cuentan con la fuente directa de donde provienen sus relatos y, en tal sentido, permiten determinar que en este caso el daño sí fue cometido por el agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda.

En síntesis, se reúnen en este asunto las exigencias previstas por la jurisprudencia antes descrita para otorgarle mérito probatorio a los testimonios de “oídas” respecto de los declarantes.

En efecto, en cuanto a las condiciones del testigo de “oídas”, se tiene que todos los declarantes están debidamente identificados y expusieron en qué calidades atestiguaban;

Todos los testigos, sin excepción, informaron el por qué conocían los hechos sobre los cuales testificaron, con lo cual explicaron el fundamento de las conclusiones y de los señalamientos por ellos suministrados;

Los declarantes también identificaron de manera precisa la fuente de sus versiones, esto es, de quién provenía la información por ellos expuesta;

Se trató de testigos de “oídas” de primer grado, es decir, que la narración de los hechos que ellos hicieron mediante conocimiento indirecto provenían de la persona que sí supo lo que sucedió, cuestión que evidentemente descarta la presencia de un simple rumor.

Finalmente, la Sala estima necesario precisar que los testigos que se referenciaron anteriormente son testigos de “oídas” en relación con el acaecimiento del hecho dañoso, esto es, la manera y la forma como ocurrió la muerte del señor Julio Alberto Márquez, pero no lo son respecto de otros puntos, pues conocen, de primera mano, que el agente de la institución demandada aceptó que él fue quien asesinó a dicha persona, comoquiera que en ese punto la declarante Gloria Estella Agudelo manifestó que presenció cuando el policía Pérez Castañeda así lo aceptó.

En consecuencia, la Sala no encuentra razones para restarle credibilidad a los testigos, por el contrario, estima que las versiones por ellos suministradas resultan coherentes, precisas, coincidentes y, por ende, creíbles, por consiguiente hay lugar a sostener que en el presente asunto se demostró que la muerte del señor Julio Alberto Márquez fue ocasionada por un agente de la Policía Nacional.

6.2. Responsabilidad del Estado por los daños que causan sus agentes prevalidos de tal condición o del servicio público por ellos ejercido

Ahora bien, tiene bastante averiguado la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado que para el atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado solo es posible cuando ese daño ha tenido vínculo con el servicio, es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público, toda vez que la simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente a la Administración, habida cuenta de que dicho funcionario puede actuar dentro su ámbito privado, separado por completo de toda actividad pública(28).

Como ya quedó determinado, quien causó la muerte del señor Juan Alberto Márquez fue el agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda, quien para el 21 de octubre de 2000 tenía asignados el 2º y 4º turnos de seguridad, los cuales debían ser prestados desde las 07:00 A.M., hasta las 13:00 horas –el primero– y a partir de las 19:00 horas, hasta la 01:00 A.M. —el segundo—.

También se demostró que la muerte del señor Márquez ocurrió aproximadamente a las 05:00 A.M.

En ese sentido, la Sala encuentra que para el momento en que la víctima falleció, el agente del Estado que causó ese hecho no se encontraba en servicio y, por tanto, habría lugar a considerar que ese acto se produjo sin vínculo con la función policial que ejercía el agente Pérez Castañeda.

Sin embargo, la Subsección estima que, para este caso en particular, el homicidio del señor Juan Alberto Márquez lo produjo el agente del Estado prevalido de su condición de agente de la Policía Nacional y, por consiguiente, en nexo con el servicio público, razón por la cual ese hecho le resulta atribuible a la institución pública demandada.

Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido que así el hecho dañoso se produzca en horas fuera del servicio, esa situación no es óbice para declarar la responsabilidad del Estado, dado que si existe un nexo con la prestación del servicio y ese daño antijurídico se produjo mediante la invocación de la calidad de agente del Estado —como ocurre en este caso— se compromete la responsabilidad de la Administración.

Así lo consideró esta Corporación en un caso similar al que ahora se debate:

“… si bien el hecho se cometió en horas fuera del servicio, no es razón suficiente para concluir que se trató de un hecho personal de los agentes que lo ejecutaron. En primer lugar, existía un vínculo que los ataba a la institución, y el ilícito se cometió mediante la invocación que uno de ellos hiciera de su condición de miembro de la policía nacional pues esta calidad no se suspende cuando concluyen en las horas de trabajo; por el contrario, es de orden permanente, con mayor razón si se prevale de esta investidura para desarrollar una actividad.

“En este orden de ideas la responsabilidad de la administración quedó comprometida; la vigilancia, el cuidado y el celo en la designación de las personas que prestan sus servicios en las fuerzas armadas, no sólo se hace con el fin de prestar un servicio en las horas de trabajo, sino que van más allá, el personal queda comprometido con la institución por disposición de orden constitucional y local …”(29).

En línea con lo anterior, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha considerado:

“Ahora bien, en cuanto se refiere a los daños ocasionados por miembros de la fuerza pública, la jurisprudencia ha precisado, entre otros aspectos, lo siguiente:

‘Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer ‘si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público’…’(30)

“Como se aprecia, en cada asunto particular se requiere estudiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los acontecimientos puesto que, a partir de ellas será que se define en qué casos se está en presencia de una culpa personal del agente o ante a un daño antijurídico imputable al Estado.

“En el caso sub examine, el daño no tuvo origen en el ámbito privado, personal, ni aislado por completo del servicio, toda vez que, era de público conocimiento en el municipio de Urrao, que algunos de los miembros del grupo de ‘limpieza social’ eran agentes activos de la policía, y actuaban revestidos de esta condición, lo que vislumbra el ánimo o la intención de que el resultado fuera producto del servicio(31) (Se deja destacado en negrillas y en subrayas).

Y en sentencia más reciente, la Sección Tercera de la Corporación señaló:

“… La Sala ha manifestado que cuando un funcionario público ocasiona un daño, la imputabilidad del mismo a la administración se configura(32) cuando es causado por uno de sus agentes en desarrollo de las funciones propias de su actividad estatal o cuando el hecho tuvo algún nexo o vínculo con el servicio, pues de esta forma es posible concluir que el daño fue ocasionado como consecuencia del ejercicio de alguna función estatal. En este contexto, la responsabilidad también se deriva cuando el funcionario se vale de su investidura y a los ojos de la víctima el comportamiento lesivo se manifiesta como derivado de su poder público(33)(34) (Se destaca).

6.3. La muerte del señor Julio Alberto Márquez fue consecuencia de las mal llamadas “limpiezas sociales”

Pues bien, a juicio de la Sala, el señor Juan Guillermo Pérez Castañeda, cuando causó el daño, lo hizo prevalido de su condición de policía, toda vez que las pruebas testimoniales que obran en el proceso permiten determinar la existencia de amenazas previas por parte del referido agente al señor Julio Alberto Márquez, por la aparente animadversión que existía por parte del agente, pues consideraba a la víctima como consumidor habitual de sustancias alucinógenas.

Además, la forma en la cual se produjo el homicidio, es decir, con el conocimiento previo por parte del policía de que la víctima se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas (premeditación), la hora en que se produjo el hecho (la madrugada del día siguiente) y el consiguiente estado de indefensión del señor Márquez (dormido en una vía pública), son circunstancias que llevan a colegir que este caso es un típico asunto de las mal llamadas “limpiezas sociales”.

Ciertamente, el señor John Jairo de Jesús Correa Torres dijo ser víctima directa, junto con Juan Alberto Márquez, de las amenazas del agente Juan Guillermo Pérez Castañeda, lo cual fue corroborado por las señoras Rubiela Restrepo González y Luz Cielo Álvarez Henao, quienes, como se señaló anteriormente, expusieron que días antes de su muerte, la propia víctima les indicó que era objeto de repetidas intimidaciones por parte del policía Pérez Castañeda porque este lo consideraba marihuanero.

Es más, el señor John Jairo de Jesús Correa Torres manifestó el constante temor que tenía ante lo sucedido, en tanto que el hermano de la víctima también fue objeto de amenazas por parte de quien perpetró el hecho dañoso, al punto que debió irse del municipio de El Carmen de Atrato, como también lo hizo el señor Faber Bolívar —testigo presencial de los hechos—, es decir, que existen pruebas de que otras personas, allegadas a la víctima, temían por sus vidas e integridades personales, a lo cual cabe agregar que el agente involucrado en los hechos fue trasladado a otro lugar, precisamente por los hechos irregulares a los que se le vinculó.

En relación con casos similares al que ahora ocupa la atención de la Sala, el Consejo de Estado ha expresado:

“Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir (con fines de exterminio o de perdón) quién es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es mal, inútil, ‘desechable’, y debe morir. Nadie, y mucho menos la autoridad.

“Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral, y legal, y de protectora de la vida, honra y bienes de los demás (deberes y obligaciones que justifican su existencia) se convierte en la monstruosa dueña de la vida, de la honra y de los bienes.

“Es el primer paso para la anarquía social y el mundo está plagado de esos ejemplos.

“La ‘limpieza’ de un país, que conduce a los peores y desviaciones, ‘normalmente’ empieza con los llamados, por ‘los nuevos justos’, desechos humanos (homosexuales, vagos, rateros, drogadictos, prostitutas) para envolver luego a los líderes agrarios, comunales, sindicales o a las personas que profesan ideología contraria al sistema y son incómodas porque la pregonan.

“Esta Sala ha sido una voz solitaria de alarma. Fuera de la realidad, dirán algunos; simples poetas, dirán otros. Estamos en guerra y todo es permitido, agregarán los de más allá, justificando los holocaustos y los genocidios. Los ‘doctos’ alegarán la prevalencia del interés general sobre el particular como sucedió en noviembre de 1985, en nota publicada en un periódico de amplia circulación, luego de la toma del Palacio de Justicia. Aunque este interés particular sea la vida misma y ese interés general sea una ‘institución’, a quién se le había matado sus mejores exponentes para ‘salvarla’.

Esta distorsión de la moral y de la lógica que olvida el valor del hombre en el mundo y su significado”(35).

6.4. La prueba indiciaria como sustento de la responsabilidad patrimonial del Estado

En este caso existen elementos de juicio suficientes que permiten, vía indiciaria, predicar que la muerte del señor Julio Alberto Márquez fue producto de una “limpieza social”, perpetrada por un miembro activo de la Policía Nacional que actuó bajo esa convicción y prevalido de su condición de agente del Estado.

Al respecto, la Sala ha expuesto:

“En nuestro derecho positivo (arts. 248 a 250 CPC), los indicios son medios de prueba indirectos y no representativos —como sí lo son el testimonio y la prueba documental— y no pueden ser observados directamente por el juez, como por ejemplo sucede en la inspección judicial. En la prueba indiciaria el juez tiene ante sí unos hechos probados a partir de los cuales establece otros hechos, a través de la aplicación de reglas de la experiencia, o principios técnicos o científicos. En otros términos, al ser el indicio una prueba indirecta que construye el juez con apoyo en la lógica, partiendo de la existencia de unos hechos debidamente acreditados en el proceso, tal construcción demanda una exigente labor crítica…”(36).

“… 

“Ahora bien, la existencia y convergencia de hechos indicadores, los cuales se encuentran debidamente acreditados, entraña una pluralidad simétrica de hechos indicados que corresponden a las conclusiones como producto de las inferencias, a partir de un número igual de hechos probados. Y es que como ya se sabe, el indicio se estructura sobre tres elementos: 1. Un hecho conocido o indicador, 2. Un hecho desconocido, que es el que se pretende demostrar, y 3. Una inferencia lógica a través de la cual, y partiendo del hecho conocido, se logra deducir el hecho que se pretende conocer.

“… 

Es el juzgador quien declara la existencia de un indicio, cuando establece un hecho indicador, aplica una o varias reglas de la experiencia e infiere lógicamente otro hecho indicado. Es el juez quien construye el indicio, en cada caso concreto”(37).

Y en un caso similar, esta misma Subsección, con apoyo en la prueba indiciaria, consideró:

“Pues bien, en el caso bajo estudio, como hechos conocidos o indicadores, la Sala encuentra:

“1. El hoy occiso le entregó un equipo de sonido y una licuadora al señor Pedro Pablo López, alias ‘Toro’, minutos antes de que fuera asesinado.

“2. Al día siguiente a la muerte del señor Chamorro Narváez, el señor Hernando Guerrero llegó a casa del señor Pedro Pablo López a reclamarle por una licuadora y un equipo de sonido que le habían robado.

“3. Más tarde, agentes de la SIJIN llegaron también a casa del señor Pedro Pablo López a preguntar por un equipo de sonido.

“4. El señor Pedro Pablo López entregó los electrodomésticos hurtados a los señores de la SIJIN.

“5. El señor Pedro Pablo López fue llevado a la cárcel por estar implicado en el robo de un equipo de sonido.

“6. El robo de un equipo de sonido y una licuadora ocurrió en la misma noche en que mataron al señor Chamorro Narváez.

“7. El señor Jesús Manuel Pinchao Chávez le atribuyó a Pedro Pablo López la muerte del señor Bolívar Ezequiel, por haberlo culpado de un robo que éste no había cometido.

Así pues, los anteriores hechos indican que los miembros de la SIJIN que asesinaron al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, lo hicieron motivados por considerarlo autor del hurto de unos electrodomésticos que el señor Hernando Guerrero reclamaba como suyos.

“… 

Ahora bien, aunque no se pudo establecer la identidad de quiénes le dispararon al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez, lo cierto para la Sala es que las pruebas recaudadas permiten inferir que fueron agentes de la SIJIN, razón suficiente para encontrar responsable a la entidad demandada -Policía Nacional- por los hechos a que se contrae este proceso. Al respecto, la Sección Tercera ha dicho:

‘La responsabilidad administrativa fundamentada en el artículo 90 de la Carta Política, consagra la obligación a cargo del Estado de responder patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que cause, con la acción u omisión de las autoridades públicas, lo que significa que la responsabilidad del Estado no tiene que definirse previa comprobación de la conducta individual de sus autoridades. Por esto es que el citado artículo al referirse al daño causado con la acción u omisión de las autoridades públicas desecha de plano cualquier consideración sobre la conducta individual del servidor público que lesionó un bien jurídicamente tutelado(38).

‘… 

‘La jurisprudencia ha sostenido que el carácter anónimo es un elemento natural de la falla del servicio, dado que para estructurarla no se requiere identificar a las personas cuya conducta es constitutiva de la misma. La víctima puede imputar responsabilidad a la Administración sin tener que designar al funcionario que ha desarrollado la conducta, pues, la falta del servicio público puede resultar de las actuaciones de agentes determinados pero no identificados, y el hecho de que los agentes sean conocidos o no, no cambia en nada la responsabilidad estatal que queda comprometida cuando el hecho dañoso es imputable a la Administración. En consecuencia, tal como sucede en el caso concreto donde no se identificó por sus nombres a los agentes de policía que perpetraron el hecho, los elementos que están presentes, muestran que existen indicios serios que comprometen la responsabilidad de la administración’(39).

Habiendo llegado a la anterior conclusión, para la Sala es claro que esa muerte se trató de un caso de la mal llamada ‘limpieza social’ por parte de agentes estatales, comoquiera que miembros de la SIJIN prevalidos de su condición de tales le dieron muerte al señor Bolívar Ezequiel Chamorro Narváez por considerarlo autor del robo de unos electrodomésticos, quien además se encontraba en condición de adicción a las drogas, condición que lo volvía aún más vulnerable, dados los testimonios de los ciudadanos que dieron cuenta de las actividades sospechosas realizadas por los miembros de la SIJIN respecto de los drogadictos del barrio la Independencia”(40) (Destaca la Sala).

Se sigue de todo lo expuesto, la revocatoria del fallo de primera instancia y la consiguiente declaratoria de responsabilidad patrimonial de la institución demandada por la muerte del señor Julio Alberto Márquez, pues este hecho le resulta atribuible al ser causado por un miembro activo de la Policía Nacional, quien, prevalido de su función pública, quiso poner fin a la vida de una persona por la que de tiempo atrás mostró animadversión por su supuesta condición de consumidor de marihuana y que, al encontrarlo indefenso, concretó tal intención dañina, se itera, revestido de su condición de agente del Estado.

Se reitera la actitud del señor Juan Guillermo Pérez Castañeda y la animadversión que este tenía por Julio Alberto Márquez se relacionaba directamente con una conducta social —la de ser adicto al consumo de sustancias alucinógenas— reprochable para el agente de la Policía Nacional en su condición de agente del orden y no que este hubiere tenido con él problemas de índole personal.

Finalmente, la Sala considera importante resaltar que si bien en el proceso penal que se adelantó por la muerte del señor Márquez por la justicia castrense, el expediente fue remitido a la justicia ordinaria y que allí únicamente se tiene como prueba que al sindicado no se le decretó medida de aseguramiento, por cuanto no habían elementos de juicio que permitieran imputarle responsabilidad por la muerte de la víctima del daño, así como en el proceso disciplinario al agente de la Policía Nacional Juan Guillermo Pérez Castañeda se le archivo la investigación, lo cierto es que esos son procesos independientes al que se resuelve en esta Jurisdicción y esas decisiones en ese sentido no son óbice para tomar una decisión diferente por esta Corporación, pues tal como lo ha sostenido el Consejo de Estado en múltiples pronunciamientos, las decisiones de los procesos penales y disciplinarios no obligan a una decisión en igual sentido en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo(41).

7. Indemnización de perjuicios

7.1. Perjuicios Morales

En relación con esta clase de perjuicios, tratándose de la muerte de una persona, la prueba del parentesco cercano para con la víctima resulta suficiente para tenerlo por configurado por vía de una presunción de hecho —sin perjuicio de la existencia de otros medios probatorios que puedan llegar a acreditarlo—, pues ciertamente en aplicación de las reglas de la experiencia se puede inferir razonablemente que la muerte de un pariente próximo les debió causar un profundo dolor moral, más aún cuando esa muerte ocurre en dramáticas circunstancias como acontece en el presente caso.

Ahora bien, para la cuantificación de la indemnización por concepto del perjuicio moral en casos de muerte, sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de un parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, la Sala ha fijado los siguientes montos y equivalencias teniendo en cuenta el nivel de cercanía afectiva entre la víctima directa y quienes acuden a la justicia en calidad de perjudicados, así:

Nivel No. 1. Comprende la relación afectiva, propia de las relaciones conyugales y paterno-filiales o, en general, de los miembros de un mismo núcleo familiar, incluida la relación biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas ‘de crianza’ (1er. Grado de consanguinidad, cónyuges o compañeros permanentes o estables). A este nivel corresponde el tope indicativo indemnizatorio de (100 smlmv).

Nivel No. 2. Donde se ubica la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 50% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel No. 3. Está comprendido por la relación afectiva propia del tercer grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 35% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel No. 4. Aquí se ubica la relación afectiva propia del cuarto grado de consanguinidad o civil. A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 25% del tope indicativo indemnizatorio.

Nivel No. 5. Comprende las relaciones afectivas no familiares (terceros damnificados). A este nivel corresponde una indemnización equivalente al 15% del tope indicativo indemnizatorio.

Así las cosas, por concepto de perjuicios morales, en aplicación de las presunciones antes enunciadas y de conformidad con los demás elementos probatorios recaudados, se le reconocerá a la madre, a la compañera permanente y a los hijos biológicos y de crianza del occiso Julio Alberto Márquez, el monto equivalente a 100 S.M.L.M.V., para cada uno de ellos.

Y para cada uno de los hermanos de la víctima, se reconocerá el monto equivalente a 50 S.M.L.M.V.

7.2. Perjuicios Materiales

7.2.1. Daño emergente

Este rubro no se solicitó en la demanda.

7.2.2. Lucro cesante

De conformidad con los testimonios rendidos en este proceso por los señores Rubiela Restrepo González, Piedad Estella Montoya Correa, Gloria Estella Agudelo, Luz Cielo Álvarez Henao, Jaime Ramiro González Vélez y John Jairo de Jesús Correa Torres, se tiene que el señor Julio Alberto Márquez, al momento de su muerte, desarrollaba una actividad productiva(42).

Dado que en el expediente no existen pruebas que demuestren el monto de los ingresos, la indemnización será cuantificada con base en el salario mínimo actual, más el 25% por prestaciones sociales; a ese monto se le reducirá el 25% correspondiente al valor aproximado que la víctima directa del daño destinaría para su propio sostenimiento, lo cual arroja la suma de $646.363.

En la demanda se solicitó el lucro cesante a favor de la compañera permanente, los hijos biológicos y de crianza(43) de la víctima, lo cual para la Sala resulta procedente, sin que en este caso se aplique la figura del acrecimiento(44), dado que ello no fue solicitado en la demanda.

El ingreso base de liquidación será dividido en un 50% a favor de la compañera permanente y el otro 50% para sus hijos, en igual proporción, comoquiera que de los testimonios que obran en el proceso se pudo acreditar que de la actividad productiva del señor Julio Alberto Márquez derivaban su sustento todos ellos.

El señor Julio Alberto Márquez nació el 5 de junio de mayo de 1963(45), razón por la cual para el 21 de octubre de 2000, fecha de su muerte, tenía 37 años y su expectativa de vida era de 43.7 años, es decir 524.4 meses(46).

Además, como límite temporal se tendrá en cuenta, respecto de los hijos, la fecha en que estos cumplirán 25 años de edad, en tanto que, en ausencia de prueba en contrario —que no la hay—, es posible inferir que habrían reportado una ayuda económica de su padre hasta el momento en que cesaría completamente la obligación legal de prestar alimentos a sus hijos(47).

— Para la señora Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar:

En el caso de la señora Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar, se encuentra acreditado en el expediente que para el año en que sucedió la muerte de su compañero permanente tenía 31 años de edad(48), por lo cual la liquidación debe hacerse teniendo en cuenta la expectativa de vida del señor Julio Alberto Márquez.

Consolidado: desde la fecha del hecho (21 de octubre de 2000), hasta el de esta sentencia (noviembre de 2015), esto es 181 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 1
 

Futuro: por el resto del período de vida probable del señor Márquez, esto es 343.4 meses, restando el período consolidado, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 2
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 323.181

I = Interés puro o técnico: 0.004867

gráfico 3
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $147’362.022,oo.

— Para el menor David Alberto Márquez Saldarriaga:

Consolidado: desde la fecha de la muerte del señor Julio Alberto Márquez (21 de octubre de 2000), hasta la fecha de esta sentencia (noviembre de 2015), esto es 181 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 4
 

Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que el joven David Alberto Márquez Saldarriaga cumpla 25 años de edad, esto es, hasta el 15 de enero de 2023, pues él nació ese mismo día, del año 1998.

gráfico 5
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 64.636

I = Interés puro o técnico: 0.004867

gráfico 6
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $23’646.383.oo.

— Para el menor Jork Kevin Márquez Restrepo:

Consolidado: desde la fecha de la muerte del señor Julio Alberto Márquez (21 de octubre de 2000), hasta la fecha de esta sentencia (noviembre de 2015), esto es 181 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 7
 

Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que el joven Jork Kevin Márquez Restrepo cumpla 25 años de edad, esto es, hasta el 26 de mayo de 2016, pues él nació ese mismo día, del año 1991.

gráfico 8
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 64.636

I = Interés puro o técnico: 0.004867

555
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $19’142.457.oo.

Para la menor Juliana Saldarriaga Bolívar:

Consolidado: desde la fecha de la muerte del señor Julio Alberto Márquez (21 de octubre de 2000), hasta la fecha de esta sentencia (noviembre de 2015), esto es 181 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 10
 

Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que la joven Juliana Saldarriaga Bolívar cumpla 25 años de edad, esto es hasta el 6 de agosto de 2019, pues ella nació ese mismo día, del año 1994.

gráfico 11
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 64.636

I = Interés puro o técnico: 0.004867

gráfico 12
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $21’305.155.oo.

  1. Para la menor Vanessa Idárraga Saldarriaga
 

Consolidado: desde la fecha de la muerte del señor Julio Alberto Márquez (21 de octubre de 2000), hasta la fecha de esta sentencia (noviembre de 2015), esto es 181 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 13
 

Futuro: a partir de la presente sentencia, hasta que la joven Vanessa Idárraga Saldarriaga cumpla 25 años de edad, esto es, hasta el 31 de julio de 2017, pues ella nació ese mismo día, del año 1992.

gráfico 14
 

En donde,

S = Es la indemnización a obtener

Ra = $ 64.636

I = Interés puro o técnico: 0.004867

gráfico 15
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $19’927637.oo.

— Para el señor Cristian Alexánder Sisa Saldarriaga:

Consolidado: desde la fecha del hecho (21 de octubre de 2000), hasta la fecha en que el señor Cristian Alexánder Sisa Saldarriaga cumplió 25 años de edad, pues fue anterior a la de esta sentencia (1 de julio de 2013), esto es 152 meses, aplicando la siguiente fórmula:

gráfico 16
 

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: $14’498.624.oo.

8. Condena en costas

Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Revocar la sentencia que el Tribunal Administrativo de Chocó, el 8 de junio de 2006 y, en consecuencia, se dispone:

1. Declarar patrimonialmente responsable a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, por la muerte del señor Julio Alberto Márquez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

2. Condenar a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios morales, las sumas que se indican a continuación:

Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar100 S.M.L.M.V
Lucila Márquez García100 S.M.L.M.V
David Alberto Márquez Saldarriaga100 S.M.L.M.V
Juliana Saldarriaga Bolívar100 S.M.L.M.V
Vanessa Idárraga Saldarriaga100 S.M.L.M.V
Cristian Alexander Sisa Saldarriaga100 S.M.L.M.V
Jork Kevin Márquez Restrepo100 S.M.L.M.V
Luz Elena Arias Márquez50 S.M.L.M.V
Dolly de Jesús Arias Márquez50 S.M.L.M.V
Irma Delia María Arias Márquez50 S.M.L.M.V
William Antonio Márquez50 S.M.L.M.V
Jorge Eliécer Betancur Márquez50 S.M.L.M.V

3. Condenar a la Nación —Ministerio de Defensa— Policía Nacional, a pagar a cada una de las siguientes personas, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, las sumas que se indican a continuación:

NOMBRECANTIDAD EN PESOS
Bilma Luisa Saldarriaga Bolívar$147’362.022
David Alberto Márquez Saldarriaga$23’646.383
Juliana Saldarriaga Bolívar$21’305.155
Vanessa Idárraga Saldarriaga$19’927.637
Cristian Alexánder Sisa Saldarriaga$14’498.624
Jork Kevin Márquez Restrepo$19.142.457

4. Denegar las pretensiones de la demanda respecto de las señoras Luz Dary Arias Márquez, Beatriz del Socorro Arias Márquez y Patricia Elena Restrepo Bedoya.

5. Sin condena en costas.

6. Cumplir lo dispuesto en esta providencia, en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. Expedir al doctor Oscar Darío Villegas Posada apoderado de la parte actora las copias auténticas con las constancias de que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

Segundo: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase»

1. La cuantía del proceso supera la exigida para que esta Corporación pueda conocer en segunda instancia de un proceso de reparación directa, de conformidad con la Ley 954 de 2005 - 500 S.M.L.M.V., que equivalían a $154’500.000, teniendo en cuenta que la demanda se presentó en el año 2002 y el salario mínimo para ese año se fijó en la suma de $309.000 y por perjuicios morales se solicitó la suma de $ 309’000.000, para cada uno de los demandantes.

2. Fls. 2 a 10 c 1.

3. Folios 8 c. 1.

4. Folios 18, 20, 21, 60 y 70 c. 1.

5. Folios 11 y 15 c. 1.

6. Folios147 a 149 y 150 c 1.

7. Folios 151 a 155 c 1.

8. Fls. 67 y 68 c 1.

9. Fl. 56 y 57 c 1.

10. Fl. 9 c 1.

11. Fls. 92 y 93 c 1.

12. Fl. 98 c 1.

13. Fls. 9 a 11 c 2.

14. Fl 95 c 2.

15. Fl. 261 c 2.

16. Fl 116 c 2.

17. Fl. 423 c 2.

18. Fl. 193 c 2.

19. Fl. 194 c 2.

20. Fl. 191 c 2.

21. Fl. 80 c 2.

22. Sentencias de febrero 4 de 2010, exp. 18.320; de julio 7 de 2011, expedientes 16.590 y 19.496. M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, reiteradas en providencia de 12 de marzo de 2015, exp. 31.404. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras decisiones de la Sala.

23. Fls. 313 a 323 c 2.

24. Fls. 147 a 159 c 1

25. En este sentido se ha pronunciado la Subsección, a través de sentencias de 7 de julio de 2011, exp. 16.590 y de 27 de junio de 2013, exp. 27.552, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras decisiones.

26. Fls. 348 a 358 c 2. Se aclara que en el proceso penal únicamente obra la resolución por medio de la cual se resolvió la situación jurídica del señor Juan Guillermo Pérez Castañeda.

27. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 7 de 2009, Proceso 200012331000199804127 01 (17.629), M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez.

28. Sentencia de 23 de julio de 2014, exp. 29.327. M.P. Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, reiterada en la sentencia del 13 de agosto de 2014, exp 30.025. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón, entre muchas otras providencias de la Sala.

29. Sentencia del 29 de marzo de 1993, exp. 7.173. M.P. Dr. Juan de Dios Montes Hernández.

30. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de junio de 2001, expediente 13303 [Cita del texto original].

31. Sentencia del 24 de marzo de 2011, exp. 17.993. M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

32. Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 18526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 10 de octubre de 1994, expediente 8200 CP. Juan de Dios Montes [cita del texto original].

33. Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, expediente 17201, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia del 17 de marzo de 2010, expediente 18526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 16 de febrero de 2006, expediente 15383, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 24 de noviembre de 2005, expediente 13305, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia del 15 de junio de 2000, expediente 11330, C.P. Ricardo Hoyos Duque [cita del texto original].

34. Sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp 29.839. M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth.

35. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 1992, exp. 6986, M.P. Dr. Carlos Betancur Jaramillo, reiterada por esta Subsección, en sentencia del 1 de marzo de 2015, exp. 30.413. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

36. Sentencia de enero 18 de 2012, proceso 68001-23-15-000-1995-11029-01(21196), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa [Cita del texto original].

37. Sentencias de 24 de marzo de 2011, exp. 17.993 y de junio 13 de 2013, exp. 25.180, M.P. Dr. Enrique Gil Botero.

38. Sentencia de agosto 9 de 2001, proceso 52001-23-31-000-1995-3105-01(13105), M. P. María Elena Giraldo Gómez [Cita del texto original].

39. Sentencia de julio 22 de 2009, proceso 05001-23-31-000-1995-00036-01(16911), M.P. Myriam Guerrero De Escobar [Cita del texto original].

40. Sentencia de 12 de marzo de 2015, exp. 30.413; M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

41. Ver por ejemplo la sentencia de junio 13 de 2013, proceso 05001-23-31-000-1995-00998-01(25180), M. P. Enrique Gil Botero, según la cual: “Previo al desglose de las providencias que hacen parte del acervo de los procesos penal y disciplinario, es preciso acotar que las decisiones adoptadas, así como el criterio que a partir de allí condujo al operador judicial a proferirse en determinado sentido, no tienen carácter vinculante para esta Sala, comoquiera que la responsabilidad que aquí se estudia no es de linaje personal sino del Estado —que por principio es anónima— y, por tanto, conjuga para su determinación presupuestos diferentes a los observados bajo la competencia penal, en virtud de lo cual prevalece la autonomía de la jurisdicción”. Reiterada en la sentencia del 15 de marzo de 2015, exp. 30.413. M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

42. Los testigos afirmaron que la víctima del daño desempeñaba varios oficios como pintor, ayudante de construcción, mesero y agricultor.

43. La Sala reitera que el tratamiento que la Jurisprudencia de esta Corporación le ha otorgado a los hijos de crianza es igual que al de los hijos biológicos, razón por la cual, resulta procedente el reconocimiento de este perjuicio a favor de los hijos de crianza del señor Julio Alberto Márquez.

44. Sentencia del 15 de abril de 2015, exp 19.146. M.P. Dra. Stella Conto Díaz Del Castillo.

45. Folio 8 c 1.

46. Resolución 1555 de 2010, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.

47. En igual sentido ver sentencia de mayo 31 de 2013, proceso 17001-23-31-000-1996-00016-01(20445), M.P. Dr. Danilo Rojas Betancourth (E), entre muchas otras.

48. Según el registro civil de nacimiento de la señora Bilma Saldarriaga Bolívar, se tiene que ella nació el 20 de enero de 1969 (folio 10 c. 1)