Sentencia 2002-01308 de octubre 9 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Rad. 20001233100020020130801 (32911)

Consejera Ponente:

Dra. Stella Conto Díaz del Castillo

Proceso: Acción de reparación directa

Actor: Yael del Rosario Morelli Socarras y otros

Demandado: La Nación - Rama Judicial

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones de la Sala

3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para conocer del asunto de la referencia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en proceso de doble instancia seguido ante la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el art. 129 del CCA.

Sobre el particular, esta Corporación, desde el 9 de septiembre de 2008(2), tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, todos los procesos de reparación directa fundamentados en error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se tramitan en dos instancias: la primera ante los Tribunales Contenciosos y la segunda ante el Consejo de Estado.

3.2. Asunto que la Sala debe resolver

De acuerdo con el recurso de apelación referido, la Sala deberá determinar si la Nación - Rama Judicial es responsable del daño alegado en la demanda, consistente en los perjuicios derivados de la sentencia proferida el 18 de agosto de 2002 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, aclarada en providencia del 11 de septiembre del mismo año, constitutivas de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, en el marco del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar en el juicio especial de reintegro promovido por los señores Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Aurelio Enrique Brugés Dam, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Estella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero contra “Lotería la Vallenata”.

Debe, en consecuencia la Sala, entrar a analizar el daño y los hechos probados, con miras a establecer si aquel resulta imputable a la acción u omisión de la rama judicial, pues, de ser ello así, las pretensiones de reparación deberán prosperar.

3.2.1. Juicio de responsabilidad

La actora concreta el daño a partir de los perjuicios morales y materiales sufridos como consecuencia de las decisiones judiciales proferidas el 18 de agosto y el 11 de septiembre del 2002, a su parecer constitutivas de error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en el marco del juicio especial de reintegro promovido, entre otros, por los actores del presente proceso.

En virtud de lo expuesto, la Sala habrá de establecer el daño, su antijuridicidad y a determinar si le resulta imputable a la parte demandada; porque, de ser ello así, será menester revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones.

3.2.3. Hechos probados

Serán tenidos en cuenta los elementos probatorios aportados por las partes en las oportunidades legales, al igual que los allegados al plenario por disposición del a quo, que acreditan los siguientes hechos:

3.2.3.1. Obra en el expediente el acta de fundación del sindicato “Sintravallenata” de la cual se resalta (fls. 13-17 c. ppal.):

“Siendo la una (1 p.m.) de la tarde del día 6 de marzo de 1998, se reunieron un grupo de empleados y trabajadores de la empresa industrial y comercial del Estado, del orden departamental La Lotería La Vallenata, conforme al listado adjunto que hace parte integral de esta acta, con el fin de hacer uso del derecho de asociación que consagra el artículo 39 de la Constitución Nacional, con el fin de fundar el sindicato de la empresa, denominado “Sindicato Mixto de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden Departamental Lotería La Vallenata, Sintravallenata. Acto seguido los integrantes proceden a elegir los dignatarios para presidir este acto resultando elegido Aurelio Bruges Dan como presidente y Ruddy Estella Sánchez Angarita, como secretario (...)”.

(...)

3. Nombramiento de la junta directiva

(...) se informa que la Junta Directiva queda conformada así:

1. Presidente Aurelio Bruges Dan

2. (...)

3. Secretario Rudy Estella Sánchez A.

4. Tesorero María Eugenia Ternera de Q.

5. Fiscal Gustavo Barrios Suárez.

(...)

Puesta en consideración de los estatutos

(...)

Así se firma:

Nombre C.C. (...)

(...)

Barrios Suárez Gustavo 77.012.171

Campillo Navarro Jaime 12.722.917

Clavijo Pino Cenira 49.735.832

Sánchez Angarita Rudy Estella 26.861.874”.

3.2.3.2. El 6 de marzo de 1998, el Presidente del Sindicato Mixto de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden Departamental Lotería la Vallenata, Sintravallenata, entre otros aspectos, puso al tanto del Gerente de la Lotería la Vallenata la decisión de fundar el sindicato y solicitó el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, para los socios fundadores (fls. 21-24, c. ppal.).

3.2.3.3. Mediante Resolución 1-0003 del 19 de mayo de 1998 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo del Cesar, División de Trabajo e Inspección y Vigilancia, inscribió en el Registro Sindical la Organización Sindical denominada: “Sindicato Mixto de Empleados y Trabajadores Oficiales y Públicos de la Lotería La Vallenata “Sintravallenata”. Mediante la misma resolución se inscribieron, también, los estatutos (fls. 18-20 c. ppal.).

3.2.3.4. El 18 de junio de 1998, la División de Trabajo e Inspección y Vigilancia de la Dirección Regional del Trabajo del Cesar del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante informe secretarial de la fecha dio cuenta de la ejecutoria así (fl. 12 c. ppal.):

“(...) En la fecha informo al doctor Edimer Torres Jiménez, Jefe División Trabajo e Inspección y Vigilancia de la Regional de Trabajo del Cesar, que la Resolución 1-003 del 19 de mayo de 1998, por la cual se inscribe en el Registro Sindical La Organización Sindical denominada: Sindicato Mixto de Empleados y Trabajadores Oficiales y Públicos de La Lotería La Vallenata “Sintravallenata”, se notificó a los jurídicamente interesados y no se interpuso en su contra ningún tipo de recurso”.

Acto seguido, se encuentra la siguiente nota:

“(...) Visto el informe secretarial, declárese debidamente ejecutoriada la Resolución 1-0003 del 19 de mayo de 1998, envíese copia a la División de Registro Sindical para lo de su cargo”.

3.2.3.5. Se encuentran en el plenario las siguientes resoluciones proferidas por la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental Lotería la Vallenata, relacionadas con los actores así (fls. 231-259 c. ppal.):

– Resolución 0736 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 6 de agosto de 1998 por el señor Jaime Campillo Navarro, contra la Resolución 0665 del 31 de julio anterior por medio de la cual se lo declaró insubsistente del cargo de Jefe de la División Administrativa de la Lotería la Vallenata. La Resolución 0736 resolvió mantener en firme la Resolución 0665 y se notificó el 12 de agosto de 1998.

– Resolución 0737 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en memoriales del 6 y 10 de agosto de 1998, por la señora Yael del Rosario Morelli Socarras, contra la Resolución 0664 del 31 de julio de 1998 por medio de la cual se lo declaró insubsistente del cargo de Jefe de la Unidad de Publicidad y Comunicaciones. La Resolución 0737 resolvió mantener en firme la Resolución 0664 y se notificó el 13 de agosto de 1998.

– Resolución 0678 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió declarar insubsistente el nombramiento de la señora Rudy Estella Sánchez Angarita al cargo Auxiliar Administrativo III, la cual se notificó el mismo día. Y Resolución 0745 del 13 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 12 de agosto de 1998 en el sentido de mantener en firme la Resolución 0678.

– Resolución 0799 del 25 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 24 de agosto de 1998 por la señora María Eugenia Ternera de Quintero contra la Resolución 0748 del 13 de agosto de 1998, por medio de la cual se le declaró insubsistente del cargo Auxiliar Administrativo III. La Resolución 0799 resolvió mantener en firme la Resolución 0748 y se notificó el 14 de septiembre de 1998.

– Resolución 0844 del 8 de septiembre de 1998, por medio de la cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Aurelio Enrique Brujes (sic) Dam del cargo de Analista de Archivo.

– Resolución 0927 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 0844 del 8 de septiembre de 1998. La Resolución 0927 resolvió mantener en firme la 0844 y se notificó el 22 de septiembre de 1998.

– Resolución 0798 del 25 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 24 de agosto de 1998 por el señor Gustavo Alberto Barrios Suárez contra la Resolución 0747 del 13 de agosto de 1998, por medio de la cual se le declaró insubsistente del cargo de Analista de Presupuesto. La Resolución 0798 resolvió mantener en firme la 0747 y se notificó el día 26 del mismo mes.

– Resolución 0746 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 12 de agosto de 1998 por la señora Cenira Clavijo de Pino contra la Resolución 0673 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se le declaró insubsistente del cargo. La Resolución 0746 resolvió mantener en firme la 0673 y se notificó el 18 de agosto de 1998.

3.2.3.6. El 17 de septiembre de 1998, los señores Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, María Eugenia Ternera de Quintero, Ruddy Estella Sánchez Angarita, Gustavo Alberto Barrios Suárez y Cenira Clavijo Pino, dirigieron escrito al Gerente de la “Empresa Industrial y Comercial del Estado de Orden Departamental Lotería la Vallenata”, con el siguiente contenido (fls. 6-11; 31 c. ppal.):

Ref.: Agotamiento vía gubernativa

“Yo (cada uno de los anteriormente mencionados), ciudadano mayor de edad, con domicilio y residencia en esta ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, con el fin de agotar la vía gubernativa e interrumpir la prescripción solicito:

1- Reintegrarme al cargo y actividades que ejercía hasta el día del despido, en las misas (...)condiciones que gozaba.

2- Cancelarme los salarios dejados de percibir. Recibo notificación en (...)”.

3.2.3.7. El 22 de septiembre de 1998 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo del Cesar, División de Trabajo e Inspección y Vigilancia, citó al Gerente General de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental Lotería La Vallenata a audiencia de conciliación con la señora Cenira Clavijo Pino (fls. 25-26 c. ppal.).

3.2.3.8. El 29 de septiembre de 1998 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo del Cesar, División de Trabajo e Inspección y Vigilancia, dejó constancia, en el Acta 0130 de la falta de acuerdo conciliatorio entre los señores Aurelio Enrique Brujes (sic) Dam, Eugenia Ternera de Quintero, Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Cenira Clavijo Pino, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Rudy Estella Sánchez Angarita, el Representante de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas y Entidades de Servicios Públicos y Oficiales “Fenasintrap”, y el Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental la Vallenata (fls. 25-26 c. ppal.).

3.2.3.9. El 9 de noviembre de 1998 el Jefe de la División Administrativa de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental la Vallenata certificó que la señora Yael del Rosario Morelli Socarras laboró “durante el tiempo comprendido (sic) enero 7 de 1997 hasta agosto 13 de 1998, con una asignación mensual (sic) $ 1'220.309.00”; la señora Rudy Estella Sánchez Angarita, entre “abril 7 de 1995 hasta agosto 13 de 1998, con una asignación mensual (sic) $ 531.552.00”; la señora Cenira Clavijo Pino, en el periodo comprendido entre “Enero 22 de 1996 hasta agosto 18 de 1998, con una asignación mensual (sic) $ 1'044.120.00”; el señor Gustavo Alberto Barrios Suárez, laboró entre “julio 31 de 1992 hasta agosto 26 de 1998; con una asignación mensual (sic) $ 1'088.427.28” y el señor Jaime Campillo Navarro, laboró entre 1º de febrero de 1995 hasta 12 de agosto 1998, devengando un salario mensual de $ 1'851.871” (fls. 32-35; 136 c. ppal.).

3.2.3.10. El 13 de diciembre de 1999, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar accedió a las pretensiones formuladas en el marco del proceso especial de fuero sindical, acción de reintegro, instaurado por Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Aurelio Enrique Bruges Dam, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Estella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero, contra la empresa Lotería la Vallenata. La decisión se fundamentó en que los actores gozaban de fuero sindical para el momento del despido. Respecto de la prescripción se precisó que los actores la interpusieron “iniciándose nuevamente el conteo del término por un lapso igual”. Entre otros aspectos, resolvió (fls. 41-46 c. ppal.):

“Primero: Declarar que los demandantes Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Aurelio Enrique Bruges Dam, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Estella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero al momento de ser despedidos por la empresa Lotería La Vallenata gozaban del fuero sindical en consecuencia,

Segundo: Condenar a la empresa Lotería La Vallenata reintegrar a los demandantes Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Aurelio Enrique Bruges Dam, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Estella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero al cargo que desempeñaban o a uno de igual o superior categoría.

Tercero: Condenar a la empresa Lotería La Vallenata a pagarle el valor del salario que devengaban los demandantes al momento de ser despedidos, desde el día del despido hasta cuando sean reintegrados efectivamente a sus cargos o a otro de igual o superior categoría así:

(...)”.

3.2.3.11. El 18 de agosto de 2000, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la providencia anterior. El Tribunal, decidió (fls. 41-46 c. ppal.):

“Revocar parcialmente los Numerales Segundo, Tercero y Cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado en cuanto ordenó el reintegro y condenó al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Stella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero, para en su lugar disponer:

a) Declarar probada la excepción de prescripción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

b) Declarar no probada la excepción de prescripción de la acción ejercida por Aurelio Enrique Bruges Dam y en consecuencia mantener lo dispuesto en dichos numerales primero y segundo respecto del mismo.

(...)”.

Para el efecto, consideró la Sala Laboral del Tribunal que “los demandantes interpusieron recursos de reposición contra el acto mediante el cual, se declaró la insubsistencia de sus nombramientos, recurso, con el cual agotaron la vía gubernativa puesto que, con él se pretendió la revocatoria o ineficacia de ese acto o sea, el restablecimiento de la relación, finalidad igual a la perseguida con el reintegro”. Conforme lo anterior, concluyó que “En estas condiciones no cabe duda de que, a partir de la fecha en que los actores fueron notificados de la decisión mediante la cual se desatan los recursos interpuestos quedó agotada la vía gubernativa, porque el pronunciamiento negativo de la entidad dejaba abierto el camino para acudir a la vía judicial”.

3.2.3.12. El apoderado de la parte actora solicitó adición y aclaración de la sentencia proferida el 18 de agosto de 2000 (fls. 65-69 c. ppal.). En providencia del 11 de septiembre del mismo año, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, resolvió (fls. 70-72 c. ppal.):

“1º. DECLARAR improcedente la Adición solicitada (...)

2º. ACLARAR la parte resolutiva de la sentencia examinada en el sentido que, en el caso de Aurelio Bruges Dam la acción no está prescrita y como consecuencia de ello se confirman las condenas impuestas a su favor en la primera instancia, esto es, que debe ser reintegrado al cargo que veía (sic) desempeñando al momento del despido y la demandada debe pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta cuando se efectúe el reintegro con la cuantía señalada en el Numeral Tercero, Literal c) del fallo de primera instancia”.

3.2.3.13. Obra en el expediente sentencia de Tutela proferida el 14 de enero de 1999 por la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en el marco de la acción incoada por Otmar Rafael Amaya Ovalle, trabajador oficial al servicio de Colpuertos despedido, encontrándose cobijado por fuero sindical (fls. 118-135 c. ppal.). Así mismo, obra la providencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar en el marco del proceso especial de fuero sindical instaurado por Ciro José Muñoz Oñate contra la Lotería la Vallenata, en el sentido de disponer el reintegro del empleado, vinculado a la administración mediante relación legal y reglamentaria y ordenar el pago de los salarios dejados de percibir.

3.2.3.14. Conforme los registros civiles allegados a la actuación el señor Jaime Campillo Navarro nació el 28 de diciembre de 1972; la señora Yael del Rosario Morelli Socarras el 7 de octubre de 1966; el señor Gustavo Alberto Barrios Suárez el 26 de abril de 1960; la señora Cenira Clavijo Pino el 4 de diciembre de 1964 y la señora Rudy Estella Sánchez Angarita el 22 de octubre de 1964 (fls. 32-35 c. ppal.).

3.2.4. Análisis del caso

Como lo relatan los antecedentes, la parte actora solicita declarar responsable a la Nación, Rama Judicial, por los perjuicios sufridos como consecuencia del error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrió la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar el 18 de agosto de 2000 y 11 de septiembre del mismo año contenidos en la sentencia del 18 de agosto de 2000 y la aclaración del 11 de septiembre del mismo año. Lo anterior en cuanto declaró probada la excepción de prescripción de la acción de reintegro.

Respecto de la responsabilidad del Estado por la administración de justicia esta Corporación(3) expuso:

“En la Constitución de 1991, al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, se previó una fórmula general de responsabilidad, con fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la responsabilidad extra contractual del Estado por acción u omisión de la Administración de Justicia”.

Ahora bien, la Ley estatutaria de la administración de justicia (270 de 1996) en el artículo 65 desarrolló tres eventos que configuran la responsabilidad del Estado: (i) el error jurisdiccional (ii) la privación injusta de la libertad y (iii) el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El error jurisdiccional se definió en el artículo 66 de la citada norma como “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Esta corporación en la misma sentencia, precisó:

“Bajo la nueva disposición constitucional se admitió la responsabilidad del Estado por error judicial, el cual se consideró que se configuraba siempre que se reunieran las siguientes exigencias: (i) que el error estuviera contenido en una providencia judicial en firme; (ii) que se incurriera en error fáctico o normativo; (iii) se causara un daño cierto y antijurídico, y (iv) el error incidiera en la decisión judicial en firme”.

Así mismo, la norma estableció dos presupuestos para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional: (i) que el afectado hubiere interpuesto los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error se encuentre ejecutoriada.

Respecto al indebido funcionamiento de la Administración de Justicia, se ha señalado(4):

“En la Ley 270 de 1996 se estableció esta modalidad de responsabilidad del Estado como residual, con fundamento en la cual deben ser decididos los supuestos de daño antijurídico sufridos a consecuencia de la función jurisdiccional, que no constituyen error jurisdiccional o privación injusta de la libertad, por no provenir de una decisión judicial”.

Ahora, en el sub lite la parte actora se duele de la decisión de declarar probada la excepción de prescripción de la acción de reintegro dando lugar a un daño antijurídico por error judicial y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, específicamente porque el 17 de septiembre de 1998 los extrabajadores le dirigieron a la entidad el escrito denominado “Agotamiento vía gubernativa” y el 13 de noviembre del mismo año, presentaron la demanda. Así concluyen que no había trascurrido dos meses. Esto es que la demanda se presentó en tiempo. De donde no queda sino concluir que el Tribunal pasó por alto que el 17 de septiembre de 1998 se interrumpió la prescripción pues de lo contrario no se explica que se haya considerado que la demanda de fuero sindical se presentó vencida la oportunidad.

Conforme lo anterior, corresponde analizar si la parte actora sufrió un daño antijurídico que resulte imputable a la demandada, como consecuencia de las actuaciones judiciales enunciadas.

La Sala encuentra debidamente acreditado que los señores Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino y Rudy Estella Sánchez Angarita, laboraron para Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental Lotería La Vallenata (fls. 25-26 c. ppal.).

Así mismo, el día 6 de marzo de 1998 un grupo de empleados y trabajadores de la empresa se reunieron con el fin de fundar el Sindicato Mixto de Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental Lotería la Vallenata “Sintravallenata”, entre los cuales se encontraban los actores, figurando como miembros de la Junta Directiva los señores Rudy Estella Sánchez Angarita, secretaria, Gustavo Barrios Suárez, fiscal y como socios fundadores los señores Clavijo Pino Cenira, Campillo Navarro Jaime. Respecto de la señora Yael del Rosario Morelli Socarras se afirma que hacía parte de la Comisión de Reclamos y en el Acta 0130 de no conciliación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo Cesar presenta reclamación como aforada (fls. 13-17; 28 c. ppal.):

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Regional de Trabajo del Cesar, División de Trabajo e Inspección y Vigilancia, mediante Resolución 1-0003 del 19 de mayo de 1998 inscribió en el Registro Sindical la Organización Sindical y los estatutos del “Sindicato Mixto de Empleados y Trabajadores Oficiales y Públicos de La Lotería La Vallenata “Sintravallenata” (fls. 18-20 c. ppal.). Resolución que se notificó a los interesados y quedó ejecutoriada el 18 de junio de 1998.

Del mismo modo, se encuentra acreditado que los actores fueron declarados insubsistentes mediante las siguientes resoluciones: el señor Jaime Campillo Navarro, Resolución 0665 del 31 de julio de 1998; la señora Yael del Rosario Morelli Socarras, Resolución 0664 del 31 de julio de 1998; la señora Rudy Estella Sánchez Angarita, Resolución 0678 del 4 de agosto de 1998; el señor Gustavo Alberto Barrios Suárez, Resolución 0747 del 13 de agosto de 1998 y la señora Cenira Clavijo de Pino, Resolución 0673 del 4 de agosto de 1998 (fls. 231-259 c. ppal.).

Lo anterior sin perjuicio de que, conforme al artículo 405 del Código Sustantivo del Trabajo(5), modificado por el artículo 1º Decreto Legislativo 204 de 1957, estaban amparados con fuero sindical, esto es gozaban de la garantía de que no serían despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez del trabajo. Esto es así porque el mismo estatuto en el artículo 406 expone que se encuentran amparados con dicha garantía los fundadores del sindicato, desde el día de su constitución hasta dos meses después de la inscripción, sin exceder seis meses, los miembros de la Junta Directiva, sin pasar de cinco principales y cinco suplentes por el tiempo que dure el mandato y seis meses más y los miembros de la Comisión Estatutaria de Reclamos, por el mismo periodo de la Junta Directiva y seis meses más. De manera que se encuentra acreditado que a los actores se les causó un daño que no tenían que soportar, en cuanto fueron declarados insubsistentes amparados como se encontraban con por (sic) la garantía del fuero sindical.

Así mismo, se encuentra probado que los actores impetraron demanda especial de fuero sindical, acción de reintegro, el día 13 de noviembre de 1998, la cual fue de conocimiento del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar y que este, además de declarar la vigencia del fuero, condenó a la empresa a reintegrar a los demandantes y al pago de los salarios dejados de percibir.

La anterior providencia, fue recurrida por la empresa Lotería la Vallenata y revocada respecto de los demandantes en este asunto. Resolvió el Tribunal:

“Revocar parcialmente los Numerales Segundo, Tercero y Cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado en cuanto ordenó el reintegro y condenó al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes Jaime Campillo Navarro, Yael del Rosario Morelli Socarras, Gustavo Alberto Barrios Suárez, Cenira Clavijo Pino, Rudy Stella Sánchez Angarita y María Eugenia Ternera de Quintero, para en su lugar disponer:

a) Declarar probada la excepción de prescripción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

b) Declarar no probada la excepción de prescripción de la acción ejercida por Aurelio Enrique Bruges Dam y en consecuencia mantener lo dispuesto en dichos numerales primero y segundo respecto del mismo.

(...)”.

Conforme la Sala Laboral del Tribunal “los demandantes interpusieron recursos de reposición contra el acto mediante el cual, se declaró la insubsistencia de sus nombramientos, recurso, con el cual agotaron la vía gubernativa puesto que, con él se pretendió la revocatoria o ineficacia de ese acto o sea, el restablecimiento de la relación, finalidad igual a la perseguida con el reintegro”, razón por la que concluyó que “en estas condiciones no cabe duda de que, a partir de la fecha en que los actores fueron notificados de la decisión mediante la cual se desatan los recursos interpuestos quedó agotada la vía gubernativa, porque el pronunciamiento negativo de la entidad dejaba abierto el camino para acudir a la vía judicial”.

El apoderado de la parte actora, solicitó adición y aclaración, la cual se resolvió en los siguientes términos (fls. 70-72 c. ppal.):

“1º. Declarar improcedente la Adición solicitada (...)

2º. Aclarar la parte resolutiva de la sentencia examinada en el sentido que, en el caso de Aurelio Bruges Dam la acción no está prescrita y como consecuencia de ello se confirman las condenas impuestas a su favor en la primera instancia, esto es, que debe ser reintegrado al cargo que veía (sic) desempeñando al momento del despido y la demandada debe pagarle los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta cuando se efectúe el reintegro con la cuantía señalada en el Numeral Tercero, Literal c) del fallo de primera instancia”.

Ahora, es de advertir que la Lotería propuso la excepción de prescripción de manera que la misma tenía que ser resuelta aunque según la actora no podía prosperar dado que los extrabajadores además de agotar la vía gubernativa, la interrumpieron el 17 de septiembre de 1998.

Respecto del término de prescripción establecido en la ley(6) para incoar la acción de reintegro, la Corte Constitucional ha expuesto(7):

“(...) los trabajadores oficiales aforados que deseen presentar demanda de reintegro deberán formular primeramente el correspondiente reclamo contra el acto mediante el cual se les comunicó la terminación de su contrato de trabajo, para lo cual disponen de dos meses contados a partir de la fecha de tal comunicación. Subsiguientemente, en la fecha en que se les dé a conocer la respuesta del nominador, o en la que se consolide el silencio administrativo negativo, se entenderá agotado el procedimiento gubernativo, y por tanto, comenzarán a correr los dos meses para ocurrir ante la justicia laboral en acción de reintegro.

(...)

(...) tratándose de un empleado de libre nombramiento y remoción la vía gubernativa queda agotada con la comunicación del acto de insubsistencia, toda vez que en términos del CCA contra este acto no procede recurso alguno. Por lo tanto, los dos meses para demandar en acción de reintegro comienzan a correr a partir del día de la comunicación de la insubsistencia. Debiendo precisar la Sala que al hablarse de acto de insubsistencia se sobrentiende la permanencia del cargo o empleo en la respectiva planta de personal, al paso que en el evento de la supresión del cargo o empleo lo que se da es un acto de simple retiro del servicio. Con todo, en ambos casos la desvinculación laboral de un empleado de libre nombramiento y remoción no es susceptible de recurso alguno.

De otra parte, tratándose de un empleado con fuero de carrera administrativa la vía gubernativa queda agotada cuando los recursos interpuestos oportunamente se han decidido (art. 51 CCA), y más exactamente, al día siguiente de la notificación del acto que resuelve tales recursos (arts. 62 y 63 CCA)(8). Por consiguiente, a partir de este día comienza a computarse el término de dos meses para demandar en acción de reintegro. Asimismo, en el evento de que la Administración no le notifique al empleado una decisión expresa dentro de los dos (2) meses siguientes a la interposición de los recursos de reposición o apelación, operará el silencio administrativo negativo (art. 60 CCA). Consecuentemente, a partir de la fecha de vencimiento de estos dos meses —sin respuesta expresa por parte de la Administración— comienza a transcurrir el plazo de dos meses para ocurrir en acción de reintegro.

Es de observar también que en los casos en que solo opere el recurso de reposición contra el acto de retiro del servicio, el empleado de carrera podrá a su arbitrio interponer o no interponer ese recurso. Así, dependiendo de su voluntad se presentan dos opciones de agotamiento gubernativo, a saber: 1- si se interpone el recurso dentro de los cinco días señalados por la ley, y la Administración resuelve expresamente dentro de la oportunidad legal, el agotamiento de la vía gubernativa se configura desde el día siguiente al de la notificación del acto que decide el prenotado recurso, día a partir del cual comienzan a correr los dos meses para demandar en acción de reintegro; 2- si el empleado no interpone el recurso de reposición, el agotamiento gubernativo se produce, no desde la notificación del acto desvinculatorio, sino al día siguiente al del vencimiento de los cinco días que tenía para interponerlo(9), día a partir del cual comienzan a computarse los dos meses para demandar en acción de reintegro. La misma suerte sigue la hipótesis del recurso de queja, dado que su interposición también es facultativa (arts. 50, 62 y 63) (negrilla propia del texto de la providencia).

Así las cosas, aunque no se encuentra acreditado en el plenario la naturaleza jurídica de la vinculación de los actores con la Lotería la Vallenata S.A., lo cierto en es que en todo caso la figura de la prescripción de la acción de reintegro habría operado para cada uno de ellos como se precisará. Lo anterior es así porque en el evento de tratarse de trabajadores oficiales, para formular la acción de reintegro previamente debían controvertir el acto mediante el cual se les comunicó la terminación de su contrato de trabajo y los dos meses para interponer la acción en mención empezaban a correr a partir de la respuesta del nominador o de la consolidación del silencio administrativo negativo. En el sub lite, todos interpusieron recurso y a todos les fue resuelto, por tanto si esta fuera la naturaleza de la vinculación con la administración los dos meses de la acción de reintegro habrían transcurrido sin que se hubiese intentado en tiempo.

Así, se tiene que el 12 de agosto de 1998, fecha en que se le notificó al señor Jaime Campillo Navarro la Resolución 0736 del día anterior, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0665 del 31 de julio de 1998 que lo declaró insubsistente del cargo, quedó agotada la vía gubernativa.

Para la señora Yael del Rosario Morelli Socarras dicho procedimiento se agotó el 13 de agosto de 1998, con la notificación de la Resolución 0737 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0664 del 31 de julio de 1998 en la que se le declara insubsistente del cargo.

Respecto de la señora Rudy Estella Sánchez Angarita aunque no se tiene constancia de la fecha de notificación de la Resolución 0745 del 13 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición formulado contra la Resolución 0678 del 4 de agosto de 1998, también declaró la insubsistencia. Se tendrá esta como la fecha de agotamiento de la vía gubernativa tal como lo admite la parte actora en su escrito de sustentación del recurso de apelación (fl. 281 c. ppal.).

Para el señor Gustavo Alberto Barrios Suárez la vía gubernativa se agotó el 26 de agosto de 1998, pues en esta fecha se le notificó la Resolución 0798 del 25 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0747 del 13 de agosto de 1998.

Finalmente, la señora Cenira Clavijo de Pino, agotó la vía gubernativa el 18 de agosto de 1998, cuando conoció de la Resolución 0746 del 11 de agosto de 1998, por medio de la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0673 del 4 de agosto de 1998.

Ahora bien, si la vinculación con la entidad fuese como empleados de libre nombramiento y remoción la vía gubernativa se habría agotado con la comunicación del acto de insubsistencia y conforme lo detallado anteriormente para cada uno de los actores, además de que no habría procedido recurso alguno frente a dicho acto, los dos meses para intentar la acción de reintegro también se habría superado, pues se empezaban a contar a partir del día de la comunicación de la insubsistencia.

Finalmente, si se tratara de empleados de carrera administrativa, el término de los dos meses para interponer la acción de reintegro se empezaría a contar a partir del día siguiente de la notificación de la decisión del recurso y en todos los eventos también se habría superado.

Ahora bien, considerando que la demanda de reintegro se presentó el 13 de noviembre de 1998, el término de los dos meses concedido por la ley para tal fin, se encontraba vencido, independientemente de la forma de vinculación con la entidad, pues como se analizó previamente, siendo trabajadores oficiales o empleados de libre nombramiento y remoción o empleados de carrera administrativa, el término de los dos meses se empezaba a contar desde que se dio a conocer la respuesta del nominador o se configuró el silencio administrativo en el primer evento, desde el día siguiente de la comunicación de la insubsistencia en el segundo o desde el día siguiente de la notificación del acto que resolvió los recursos en el tercer evento y no como aseguran los actores, ni como entendió el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Valledupar pues la prescripción es una institución de orden público, que por lo mismo no admite interferencias como la pretendida por los actores, en el sentido de dotar a un escrito de nominado “Agotamiento de la vía gubernativa”, entidad de interrumpir el conteo, ya iniciado por autoridad de la ley.

Así las cosas, la sentencia proferida el 18 de agosto de 2000 y su aclaración del 11 de septiembre del mismo año, proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, se ajustaron al ordenamiento y así habrá de reconocerse al margen del daño causado a los actores, el que no admite ser considerado como antijurídico en cuanto comprende a las víctimas asumir las consecuencias de sus propios errores o falencias. Y está claro que los demandantes no concurrieron a defender sus intereses en la oportunidad requerida.

No se condenará en costas puesto que, de conformidad con el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, hay lugar a su imposición cuando la conducta temeraria de alguna de las partes así lo amerite y, en el sub lite, no se encuentra elemento que permita deducir tal aspecto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 1º de diciembre de 2005, mediante la cual se negaron las súplicas.

SIN COSTAS por no aparecer causadas.

En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, radicación 11-001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ), M.P. Mauricio Fajardo Gómez. La Sala Plena se pronunció en el sentido de señalar que la cuantía no determina la competencia en asuntos de responsabilidad del Estado por hechos de la administración de justicia (error jurisdiccional, privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia) ya que en aplicación de la normativa estatutaria debe observarse un factor orgánico que confiere competencias en primera instancia a los tribunales administrativos y en segunda instancia a esta Corporación.

3 Sentencia del 11 de mayo de 2011. M.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 Sentencia del 11 de mayo de 2011. Magistrada Ponente Ruth Stella Correa Palacio.

5 “ART. 406.—Trabajadores amparados por el fuero sindical. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Están amparados por el fuero sindical:

a) Los fundadores de un sindicato, desde el día de su constitución hasta dos (2) meses después de la inscripción en el registro sindical, sin exceder de seis (6) meses;

b) Los trabajadores que, con anterioridad a la inscripción en el registro sindical, ingresen al sindicato, para quienes el amparo rige por el mismo tiempo que para los fundadores;

c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación de sindicatos, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;

d) <Aparte tachado inexequible> Dos (2) de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos, que designen los sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo período de la junta directiva y por seis (6) meses más, sin que pueda existir en una empresa más de una (1) comisión estatutaria de reclamos”.

6 Conforme el Decreto 204 de 1957, normativa vigente para el caso en cuestión: “ART. 6º—El artículo 118 del Código Procesal del Trabajo quedará así:

“ART. 118.—Acción de reintegro. La demanda del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido sin permiso del Juez del Trabajo, se tramitará conforme al procedimiento señalado en los artículos 114 y siguientes de este Código.

La acción de reintegro prescribirá en dos (2) meses, contados a partir de la fecha del despido.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a la acción del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido trasladado o desmejorado sin intervención judicial”.

7 Corte Constitucional. Sentencia del trece (13) de noviembre de dos mil uno (2001) T-1189 M.P. Jaime Araujo Rentería.

8 Carlos Betancur Jaramillo, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Medellín, 1999, 5ª ed., pág. 155.

9 Ob. Citada, pág. 155.