Sentencia 2002-01455 de mayo 23 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2002-01455.

Consejera Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Recursos de apelación contra la sentencia de 18 de de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Actora: Recrear Limitada.

Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Sala

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución 19 de 29 de septiembre de 2001, expedida por el Departamento de Planeación del municipio de Belalcázar (Caldas), que es del siguiente tenor:

“RESOLUCIÓN 19 DE 2001

(Septiembre 29)

Por la cual se concede licencia de construcción en el municipio de Belalcázar.

La Alcaldía del municipio de Belalcázar, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Decreto 2150 de 1995, la Ley 388 de 1997, Resolución 7 de 1997 y el Decreto 1052 de 1998:

CONSIDERANDO

1. Que el capítulo XI de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1052 de 1998, otorgaron y reglamentaron las funciones de los curadores urbanos y de los municipios que no tienen curadurías, entre las que se encuentran la expedición de las licencias de urbanismo, construcción, parcelación y demolición, entre otros.

2. Que la empresa Calizas y Agregados Boyacá, identificada con NIT 830.074.604-7 y representada por Doris María Bello Aguilar, identificada con la cédula de ciudadanía 51.814.887 de Bogotá, D.C., solicitó licencia de construcción ante esta alcaldía mediante radicación del 29 de septiembre de 2001, para el predio ubicado en el área rural del municipio de Belalcázar denominado El Cairo, sector límite con el departamento de Risaralda, en el globo del terreno comprendido dentro de los linderos descritos en las escrituras públicas 3.705 y 3.706 del año 2001 ambas de la Notaria Primera del Círculo de Pereira, con fichas catastrales 00.02-0008-0027 y 00-02-0008-0069-000 y matrículas inmobiliarias 103-0012064 y 103-0019772, respectivamente. Para desarrollar el proyecto denominado Agregados El Cairo.

3. Que analizada la documentación se encontró que se dio cumplimiento a las normas de construcción vigentes en el municipio de Belalcázar.

4. Que el proyecto está representado por el arquitecto Germán Beltrán Muñoz con matrícula 25700-31516.

Que los planos estructurales están presentados por el ingeniero civil Iader Barrios Hernández con matrícula profesional 2520252841.

5. Que el predio se encuentra dentro del perímetro rural del municipio de Belalcázar Caldas.

6. Que se presentaron las siguientes disponibilidades de servicios:

Certificación CHEC

Certificación Empocaldas

Que en los planos y documentos aportados en la radicación se ha verificado el cumplimiento de las normas urbanísticas y arquitectónicas y es procedente su otorgamiento. Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ART. 1º—Conceder licencia de construcción para desarrollar el proyecto de la empresa Calizas y Agregados de Boyacá

Denominado: Agregados El Cairo

Solicitante: Doris María Bello Aguilar

Identificación: NIT 830.074.604-7

Para el predio 00-02-0008-0027 y 00-02-0008-0069-000

Matrícula inmobiliaria:103-0012064 y 103-0019772

Dirección: Sector El Cairo, Entrada al municipio de Belalcázar, en el límite con el departamento de Risaralda.

Vigencia: 24 meses prorrogables una vez hasta 36 meses contados a partir de la fecha de ejecutoria. La solicitud de prórroga deberá realizarse 30 días antes del vencimiento.

ART. 2º—Para la correcta aplicación de las disposiciones que se establecen en la presente resolución se tendrá en cuenta la siguiente información:

Área de actividad: ARD

Arquitecto: Germán Beltrán Muñoz con matrícula 25700-31516

Obras a construir:

— Trituradoras y torre de control

— Oficinas

— Taller y Cárcamos

— Portería

— Parqueaderos

— Caseta para báscula

Unidad

Área de Lote: 39.099 m2.

Área neta urbanizable: 22.000 m2.

Área de portería: 33 m2.

Área total a construir: 3.500 m2.

Áreas de vías y parqueos: 1.2080 m2.

Áreas de vías peatonales: 492 m2.

Observaciones:

Acatar línea de paramento existente y planos aprobados.

ART. 3º—La iniciación de las obras podrá efectuarse una vez ejecutoriado el presente acto administrativo que será cuando culmine el proceso de notificación de vecinos y se resuelvan los recursos de reposición y de apelación que se presenten.

ART. 4º—Obligaciones del urbanizador y constructor responsable:

a) La obra deberá ser ejecutada de tal forma que garantice la salubridad de las personas como la estabilidad de los terrenos, edificaciones y elementos constructivos del espacio público (D. 2150/95).

b) La construcción se obliga a realizar los controles de calidad para los diferentes materiales estructurales y elementos estructurales que señalan las normas de construcción sismo resistentes vigentes para construcciones de menos de 3.000 m2 de área.

c) Para la iniciación de las obras deberá tenerse el plan de manejo ambiental establecido por el Decreto Nacional 1753 de 1994 y disposiciones de la Resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente si el proyecto lo requiere.

d) Durante la construcción se deberán instalar las defensas y estructuras adicionales para la seguridad de los obreros, peatones, vehículos y propiedades vecinas (Acu. 30/93).

e) Mantener en la obra la licencia y los planos aprobados los cuales deberán ser exhibidos cuando sean requeridos por la autoridad competente (Decreto Nacional 1052/98).

f) Instalar equipos e implementos de bajo consumo de agua (L. 373/97, art. 15), y

g) El titular de la licencia deberá cumplir con las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas que se deriven de ella y responderá por los perjuicios causados a terceros, con motivo de la ejecución de las obras (D. 2150/95).

h) La firma constructora deberá cumplir totalmente las exigencias de las disponibilidades de servicios presentadas por las entidades prestadoras de los servicios públicos.

i) La firma constructora deberá cumplir con las normas urbanísticas (Acu. 1/91 del municipio de Belalcázar).

Obligaciones urbanísticas a cumplir, estipuladas en el esquema básico y en las que se deriven de la propuesta urbanística.

Cesión de vías

Cesión de zonas verdes

Red de acueducto

Red de alcantarillado

Red de energía.

j) El proyecto deberá presentarse al cuerpo de bomberos para cumplir con las normas de prevención de incendios.

La obra deberá contar con los servicios técnico constructor matriculado.

NOTAS: Los planos aprobados y la información consignada forman parte integral de la licencia. La Alcaldía de Belalcázar no se responsabilizará por la inobservancia de lo expuesto en esta resolución y de las que ella se deriven.

ART. 5º—Contra el presente acto proceden recursos de reposición y de apelación ante el municipio de Belalcázar.

(…)” (resaltado y negrillas fuera del texto).

Observa la Sala, que el acto acusado le concedió a la empresa Calizas y Agregados de Boyacá Ltda. (quien posteriormente cedió sus derechos a Triforium Limited y ésta a su vez, a la hoy empresa Agregados El Cairo SAS), licencia de construcción para desarrollar el proyecto denominado “Agregados El Cairo”, en un predio ubicado en el municipio de Belalcázar.

La Sociedad Recrear Ltda. en calidad de propietaria del centro vacacional “Puerto Royal” y quien aduce ser vecina del predio donde se ejecutó la licencia otorgada en el acto acusado, consideró que se le vulneraron sus derechos al debido proceso y de defensa, al no haberse aplicado los artículos 17 y 22 del Decreto 1052 de 1998, toda vez que, al pretermitirse comunicar y notificar la solicitud de la referida licencia de construcción, así como su debido otorgamiento a los vecinos de la obra, no tuvo la posibilidad de agotar la vía gubernativa en la actuación que se acusa. De igual forma, estimó que se violó el POT del municipio demandado, toda vez que éste estableció la zona objeto de obras, como de interés turístico.

Por su parte, el municipio de Belalcázar consideró que la actora se notificó por conducta concluyente, por lo que tuvo la oportunidad de defender sus intereses; asimismo, tanto dicha entidad territorial como la empresa Agregados El Cairo SAS (ejecutora de la licencia de construcción), estimaron que durante la primera instancia, no se probó la vecindad o colindancia de la demandante con el proyecto en cuestión, calidad que debió demostrar ésta por cuanto la carga de la prueba recae sobre ella.

En este orden de ideas, entrará la Sala a determinar, si en la actuación acusada se respetó el debido proceso y el derecho de defensa de los interesados dándose cumplimiento al Decreto 1052 de 1998 y demás normas pertinentes; si se vulneró el plan de ordenamiento territorial del municipio demandado, por haberse concedido licencia de construcción de una planta trituradora de material de río en una zona presuntamente de interés agrícola y turístico; y, si para establecer la legalidad del acto censurado, era indispensable que la parte actora demostrara su colindancia o vecindad con el proyecto denominado “Agregados El Cairo”.

Para dar respuesta a los anteriores cuestionamientos, se precisa traer a colación las pruebas aportadas por las partes:

• Copia del “Informe visita técnica proyecto «planta de triturado, concreto, asfaltos y prefabricados» municipio de Belalcázar”, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas (fls. 45 a 60, exp.).

• Copia del memorando interno 11.02.2002-1, suscrito por el profesional de recurso aire de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas, y dirigido al coordinador de grupo de licencias ambientales, mediante el cual allega “Aprobación del informe de monitoreo de calidad del aire y ruido (línea base) del proyecto agregados El Cairo, Belalcázar - Caldas” (fls. 64 a 66,, exp.).

• Copia del “Informe técnico de visita concesión de aguas” de 12 de febrero de 2002, suscrito por la técnica de la sección de recurso hídrico y el profesional de la misma sección de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas (fls. 68 a 74, exp.).

• Copia del memorando interno de 18 de febrero de 2002, suscrito por el ingeniero forestal de licencias ambientales, por medio del cual se suscribe la “Evaluación componente biológico (plan de manejo ambiental: Fichas 5 y 6)” (fls. 75 y 76, exp.).

• Copia del “Informe de seguimiento” suscrito por la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas—, mediante el cual, se puso de presente lo siguiente:

“(…)

Observaciones

… Se adelantó visita técnica al sitio donde se adelanta la construcción del proyecto de la referencia, se presume por parte de los firmantes del mismo que podrían verse afectados por el ruido y polución que generará la planta. Con el ánimo de recoger las impresiones y comentarios sobre el particular se visitó el sitio, se entabló comunicación verbal con personas del lugar y se realizó la respectiva inspección ocular al sitio donde se construye la planta.

(…).

Al respecto cabe anotar lo siguiente:

1. El motel Las Cabañas se encuentra a unos 400 metros aproximadamente de la obra, no se pudo establecer comunicación con el interesado del establecimiento.

2. Gases El Cairo se encuentra a uno 300 metros de la obra, según información suministrada por el señor Jairo Quintero Henao, en el sitio no se presentan molestias por el desarrollo de la obra, se conoció además que están desocupando el lugar por cuanto ésta propiedad fue comprada por los dueños de la planta y en unas semanas más desocupan el local donde ha funcionado “Gases El Cairo”.

3. En la Piscícola La Virginia, por ser uno de los establecimientos más cercanos a la planta, aunque no figura en la comunicación del derecho de petición, se abordó a uno de los trabajadores anotándose que no se consideran perjudicados por la obra, por el contrario consideran que cuando se realice la explotación de río Risaralda y se alcancen con ésta mayores profundidades que las existentes, no volverán a presentarse las inundaciones acaecidas en épocas anteriores en los estanques.

4. Puerto Royas, ubicado a unos 1200 metros de la obra, se encontraba cerrado y por lo tanto no pudo contactarse a Hernando Román para conocer sus opiniones al respecto.

(…)” (fls. 78 a 80, exp.).

• Copia del “Informe visita 20.06.2002” de 13 de junio de 2002, expedido por la Corporación Autónoma Regional del Caldas —Corpocaldas—, mediante el cual se concluyó que los niveles de presión sonora o niveles sonoros promediados en el tiempo de ruido ambiental están por debajo del estándar permisible, pero que en el caso del estándar nocturno, para un sector residencial, las mediciones superaron el rango permitido, por lo que se recomendó restringir el horario de funcionamiento al horario diurno (fls. 93 a 96, exp.).

• Copia del escrito de fecha 16 de agosto de 2002, suscrito por el subdirector de licencias ambientales del ministerio del medio ambiente, dirigido al director general de —Corporcaldas—, mediante el cual, entre otras, se manifestó lo siguiente:

“Este ministerio considera que en los estudios ambientales presentados por la empresa(2) a la corporación para su aprobación, dado con la Resolución 360 del 8 de marzo de 2000, se debía contar con medidas de manejo que contemplaran la afectación social a la comunidad vecina y no solamente a empleados y trabajadores de la planta. La empresa debe implementar un programa de información y comunicación a la comunidad asentada en el área de influencia, a través del cual se den a conocer los alcances. Impactos y beneficios del proyecto, se informe sobre las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental y se logre la vinculación activa de la comunidad en asuntos ambientales que le competen” (fls. 102 y 103, exp.).

• Copia del derecho de petición presentado el 16 de abril de 2002, por los representantes de “Puerto Royal” y del “Hotel Cabañas” ante la Alcaldía de Belalcázar, por medio del cual solicitaron información y copias “sobre las licencias de funcionamiento que tienen o que estén tramitando para el funcionamiento de una planta trituradora de material de río en el sector vereda El Cairo municipio de Belalcázar”. Se destacó que en “este sector suburbano turístico y agrícola nos vemos afectados todo el vecindario por el ruido y la polución que está generando esta planta en un sector tradicionalmente turístico de descanso y tranquilidad en la región del valle de Risaralda” (fl. 8, exp.).

• Oficio de 17 de abril de 2002, expedido por el alcalde municipal de la entidad territorial demandada y su jefe de planeación, por medio del cual dan respuesta al derecho de petición anterior, así:

“Con relación a su solicitud, anexo a la presente, estamos enviando copia de la Resolución 19 de septiembre 29 del 2001 por la cual se concede licencia de construcción a la empresa Calizas y Agregados de Boyacá. Con relación a la licencia de funcionamiento el Decreto 2150 de 1995 en el artículo 46 exime al municipio de la expedición de este requisito” (fl. 9, exp.)

• Copia de la certificación de 11 de julio de 2002, expedida por el secretario general del Concejo Municipal de Belalcázar, mediante la cual acredita lo siguiente:

“Que el Acuerdo 18 de 30 de noviembre de 2000 «Por el cual se adopta el esquema de ordenamiento territorial municipal, se definen los usos del suelo para las diferentes zonas de los sectores rural y urbano, se establecen las reglamentaciones urbanísticas correspondientes y se plantean los planes complementarios para el futuro desarrollo territorial del municipio», fue debidamente aprobado y sancionado y en consecuencia en la actualidad se encuentra vigente” (fl. 10, exp.).

• Certificado de Cámara de Comercio del “Centro Recreacional y Vacacional Puerto Royal” (fl. 13, exp.).

• Copia del “Esquema de ordenamiento territorial” de marzo de 2000, el cual contiene, entre otros, los siguientes aspectos: las características generales del territorio municipal, división territorial, sector urbano, estructura de la administración municipal, finanzas, demografía, composición de la población por género y grupos de edad, densidad poblacional, natalidad, vivienda, servicios sociales, etc. (fls. 300 a 585, exp.).

• Copia del escrito de 28 de septiembre de 2001, referente a la solicitud de la licencia de construcción por parte del señor Aider Barrios Hernández, ingeniero del proyecto de la Sociedad Calizas y Agregados Ltda. a la Alcaldía del municipio de Belalcázar y sus documentos soportes(3) (fls. 2 a 12, cdno. 2, exp.).

• Copia auténtica de la Resolución 19 de 29 de septiembre de 2001 (acusada) (fls. 2 a 37, cdno. 2, exp.).

• Copia auténtica de la constancia de notificación personal del acto censurado, de fecha 29 de septiembre de 2001, al ingeniero Aider Barrios Hernández, persona autorizada por el representante legal de la empresa Calizas y Agregados de Boyacá Ltda. (fl. 6, exp.).

• Copia de la certificación suscrita por el secretario de obras públicas y planeación del municipio de Belalcázar, mediante la cual se acreditó que:

“… según el esquema de ordenamiento territorial aprobado mediante Acuerdo Municipal 18 de 30 de noviembre de 2000, la Empresa Agregados El Cairo E.U. ubicada en el km 5 Vía La Virginia - Medellín (…) no presenta restricción para la apertura de un establecimiento comercial cuyo objeto es realizar las actividades de explotación, procesamiento y comercialización de productos pétreos; así como las actividades de explotación, procesamiento y comercialización de concretos, asfaltos y prefabricados…” (fl. 738, exp.).

• Copia auténtica de la Resolución 63 de 19 de febrero de 2001, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas—, mediante la cual sanciona al establecimiento Centro Recreacional y Vacacional “Puerto Royal”, por haber ocupado parte de la playa del río Risaralda sin autorización y le ordena en consecuencia, demoler y retirar las obras construidas (fls. 2 a 8, cdno. 3, exp.).

Vislumbra la Sala que en virtud del acervo probatorio atrás mencionado, frente al terreno objeto de debate, se observa que de conformidad con la competencia que en materia ambiental le corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Caldas —Corpocaldas—, ésta practicó las visitas de campo pertinentes, efectuó los estudios de rigor, presentó los informes respectivos y tomó las decisiones del caso.

Ahora, frente a la solicitud y concesión de la licencia de construcción en el sector de “El Cairo”, no se allegó al expediente prueba que demostrara que la administración hubiese efectuado procedimiento alguno, pues tal como lo manifiesta la parte demandante en el líbelo introductorio, la solicitud de licencia de construcción se radicó el 29 de septiembre de 2001 y ese mismo día la administración expidió la Resolución 19 que la concedió y de inmediato se notificó al interesado su contenido, sin mediar actuación administrativa alguna.

Al respecto, el Decreto 1052 de 1998, consagra:

“DECRETO 1052 DE 1998

(Junio 10)

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a licencias de construcción y urbanismo, al ejercicio de la curaduría urbana, y las sanciones urbanísticas.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especialmente las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 48 y 67 de la Ley 9ª de 1989, los artículos 55, 58, 59, 60 y 61 del Decreto-Ley 2150 de 1995, las disposiciones contenidas en el capítulo XI y el artículo 83 de la Ley 388 de 1997 y los artículos 2º, 6º, 8º, 9º, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 30, 31 y 32 de la Ley 400 de 1997,

CONSIDERANDO:

(…).

ART. 4º—Licencia de construcción y sus modalidades. Se entiende por licencia de construcción la autorización para desarrollar un predio con construcciones, cualquiera que ellas sean, acordes con el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio o distrito. Son modalidades de la licencia de construcción las autorizaciones para ampliar, adecuar, modificar, cerrar y demoler construcciones.

Las licencias de construcción y sus modalidades están sujetas a prórroga y modificaciones.

ART. 5º—Obligatoriedad. Para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación y demolición de edificaciones, de urbanización y parcelación en terrenos urbanos de expansión urbana y rurales, se requiere la licencia correspondiente expedida por la persona o autoridad competente antes de la iniciación.

Igualmente se requerirá licencia para el loteo o subdivisión de predios para urbanizaciones o parcelaciones en toda clase de suelo, así como para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amoblamiento.

ART. 6º—Competencia para el estudio, trámite y expedición de licencias. En los municipios o distritos con población superior a cien mil (100.000) habitantes las licencias serán estudiadas, tramitadas y expedidas por los curadores urbanos.

Los municipios podrán asociarse o celebrar convenios interadministrativos con otros municipios para encargar conjuntamente el estudio, trámite y expedición de licencias a curadores urbanos. En este caso deberán designar por lo menos dos (2) curadores urbanos y las entidades municipales encargadas de estudiar, tramitar y expedir licencias de los municipios que conforman la asociación o hacen parte del convenio dejarán de ejercer esa función.

En los municipios con población inferior a cien mil (100.000) habitantes, el estudio, trámite y expedición de licencias será competencia de la autoridad que para ese fin exista en el municipio. Sin embargo, podrán designar curadores urbanos en los términos de la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios.

(…).

ART. 17.—Comunicación de la solicitud de las licencias. La solicitud de las licencias será comunicada por el curador o la autoridad municipal ante quien se solicite a los vecinos del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, para que ellos puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos. La citación se hará por correo si no hay otro medio más eficaz. 

En el acto de citación se dará a conocer el nombre del solicitante de la licencia y el objeto de dicha solicitud. 

Si la citación no fuere posible, o pudiere resultar demasiado costosa o demorada, se insertará en la publicación que para tal efecto tuviere la entidad, o en un periódico de amplia circulación local o nacional, según el caso. 

PAR.—Si el solicitante de la licencia no fuera el titular de los derechos reales principales del predio o predios objeto de la solicitud, deberá citarse en los términos y para los efectos de este artículo, a quien aparezca como titular de derechos reales.

ART. 18.—Término para la expedición de las licencias. Las entidades competentes y los curadores urbanos, según el caso, tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse sobre las solicitudes de licencia, contados desde la fecha de la solicitud. Vencidos los plazos sin que las autoridades se hubieren pronunciado, las solicitudes de licencia se entenderán aprobadas en los términos solicitados, quedando obligados el curador y los funcionarios responsables a expedir oportunamente las constancias y certificaciones que se requieran para evidenciar la aprobación del proyecto presentado mediante la aplicación del silencio administrativo positivo. El plazo podrá prorrogarse hasta en la mitad del mismo, mediante resolución motivada, por una sola vez, cuando el tamaño o la complejidad del proyecto lo ameriten.

La invocación del silencio administrativo positivo se someterá al procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo.

(…).

ART. 21.—Sujeción al plan de ordenamiento territorial. De acuerdo con el numeral segundo del artículo 99 de la Ley 388 de 1997, las licencias se otorgarán con sujeción al plan de ordenamiento territorial, planes parciales y a las normas urbanísticas que los desarrollan y complementan y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 y en sus reglamentos. No se requerirá licencia o plan de manejo ambiental, cuando el plan de ordenamiento territorial haya sido expedido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997.

A partir del 24 de enero de 1999 sólo podrán expedirse licencias de urbanismo y construcción o sus modalidades de conformidad con lo dispuesto en el plan de ordenamiento territorial.

PAR. TRANS.—Mientras los municipios expiden el plan de ordenamiento territorial, en los términos que establece la Ley 388 de 1997, las licencias se expedirán con base en los planes de ordenamiento territorial vigentes, o el instrumento que haga sus veces, el cual definirá, cuando menos, las normas urbanísticas, las vías obligadas y la ubicación de las actividades de servicios, así como la normativa físico-espacial que de él se derive.

ART. 22.—Notificación de licencias. Los actos de los curadores y los actos administrativos que resuelvan sobre las solicitudes de licencias, serán notificados a los vecinos personalmente por quien haya expedido el acto o por la persona a quien éste delegue para surtir la notificación. En el evento que el solicitante de la licencia sea un poseedor, se deberá notificar personalmente el acto que resuelve la solicitud al titular de los derechos reales del bien objeto de la licencia.

Si no hay otro medio más eficaz de informar a los vecinos y al titular de los derechos reales, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío de la citación se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

Al hacer la notificación personal se entregará al notificado copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutiva de la providencia.

ART. 23.—Vía gubernativa, revocatoria directa y acciones. Contra los actos que resuelvan las solicitudes de licencias procederán los recursos de la vía gubernativa, la revocatoria directa y las acciones establecidas en el Código Contencioso Administrativo” (subrayas y resaltado fuera del texto).

En virtud de lo anterior, es evidente para la Sala que en lo atinente a la solicitud y posterior concesión de licencias de construcción, el legislador fue claro en establecer unas reglas de procedimiento en aras de garantizar el derecho de la información y de la defensa de aquellas personas que pudiesen verse afectadas con la misma.

En efecto, en la norma transcrita, se precisó el deber de comunicar a los vecinos del lugar, acerca de la solicitud de la licencia de construcción, con la finalidad de que éstos pudiesen hacerse parte y, en consecuencia, hiciesen valer sus derechos; así mismo, se consagró el deber de notificarles el acto que decidiera la referida solicitud, estableciéndose para el efecto los diferentes mecanismos para que tal notificación se pudiera llevar a cabo; sin embargo, en el sub examine, tales deberes de comunicación y notificación fueron omitidos por la administración.

Igualmente, vislumbra la Sala que el municipio de Belalcázar pretermitió el procedimiento que otorga el artículo 18 transcrito, pues la licencia de construcción se otorgó el mismo día de la solicitud, lo cual además de vulnerar la norma en cita también denota ligereza en la concesión de la licencia de construcción otorgada mediante el acto en censura.

Ahora, en cuanto a que se vulneró el plan de ordenamiento territorial del municipio demandado, por haberse concedido licencia de construcción de una planta trituradora de material de río en una zona presuntamente de interés agrícola y turístico, precisa la Sala que al analizar el mencionado POT del municipio de Belalcázar no se encontró que la zona objeto de la pluricitada licencia de construcción se hubiera establecido exclusivamente en interés agrícola y/o turístico.

Finalmente, se considera superfluo determinar la vecindad entre la actora y el proyecto “Agregados El Cairo”, pues, como ya se dijo, en el sub examine, además de haberse pretermitido el término para el otorgamiento de la referida licencia de construcción, dicha actuación no se comunicó ni se notificó a ningún vecino de la zona, por lo que el hecho de si la actora tenía o no la calidad de vecina, resulta irrelevante, ya que la actuación se surtió con violación del debido proceso de todos los posibles interesados.

En este orden de ideas, se confirmará la sentencia de 18 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia de 18 de noviembre de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. TIÉNESE al doctor Rubén Darío Giraldo Herrera, como apoderado del municipio de Belalcázar (Caldas), de conformidad con el poder y documentos anexos, obrantes a folios 24 a 27 del cuaderno del recurso.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.»

(2) Calizas y Agregados Boyacá Ltda.

(3) Presupuesto general del proyecto; disponibilidad del servicios públicos de energía y acueducto; cronograma de actividades; certificación de tradición; plano de ubicación de la obra; certificación de paz y salvo predial; y escrituras públicas 3705 y 3706.