Sentencia 2002-01470 de abril 17 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Rad.: 250002326000200201470 01 (27.328).

Demandante: Clemencia Elena Soto Uribe y otros.

Demandado: INPEC.

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa.

Bogotá, D.C., diecisiete de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Corresponde a la Sala decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida el día 10 de marzo de 2004.

1. Los lineamientos jurisprudenciales en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por la atención médica de los reclusos.

La jurisprudencia de la corporación ha señalado los derroteros a partir de los cuales es dable analizar la responsabilidad patrimonial del Estado con ocasión de los daños sufridos por los reclusos, cuando ellos son ocasionados durante el tiempo en que permanecen privados de su libertad; la regla general que se ha decantado a partir de los casos concretos decididos por la Sala es la de considerar que el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado por las lesiones o la muerte sufrida por un recluso se debe realizar a partir de un régimen objetivo de responsabilidad debido a la relación que liga al detenido con el Estado; por ello en reiterados pronunciamientos se ha afirmado:

“Con fundamento en lo anterior, puede concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, su seguridad depende por completo de la administración.

“Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

“Asimismo, la Sala estima necesario precisar que, si bien el título de imputación de responsabilidad al Estado por excelencia corresponde al de la falla del servicio(1), régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la administración, lo cierto es que en estos eventos, debido a la especial relación jurídica de sujeción a la cual somete el Estado a la persona que priva de su libertad por su cuenta y decisión, el régimen de responsabilidad se torna objetivo, esto es que a pesar de demostrar la diligencia de la administración, queda comprometida su responsabilidad, pues —bueno es insistir en ello—, el Estado asume por completo la seguridad de los internos.

“Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(2)— a la Administración Pública(3)(4).

Sin embargo, la anterior regla general ha sido matizada por la Sala en el sentido de considerar que existen determinadas actividades —como la de prestación del servicio de salud— que se encuentran a cargo del Estado frente a los reclusos, en las que dada su naturaleza los daños que se produzcan como consecuencia o por razón de su ejercicio se podrán analizar a partir del Régimen subjetivo de la falla del servicio. En este sentido, en sentencia de 2004 la Sala realizó un extenso análisis acerca de la pertinencia de la aplicación del referido régimen subjetivo de responsabilidad:

“...considera la Sala oportuno aclarar que en cuanto tiene que ver específicamente con el daño sufrido por quien se encuentra privado de la libertad, proveniente de la prestación del servicio de salud a cargo de la institución carcelaria, la determinación de la responsabilidad patrimonial de la administración debe ser analizada con fundamento en un régimen de responsabilidad distinto.

“Esta última hipótesis amerita una solución jurisprudencial propia. Basta con revisar los antecedentes jurisprudenciales que consagran la postura jurisprudencial referida, para concluir que su aplicación se circunscribe a aquellos casos en los cuales el daño sufrido por el recluso: lesiones o muerte, han sido ocasionados por acción de la autoridad que ejerce vigilancia sobre ellos(5) (guardias carcelarios, agentes de policía, soldados), por otros detenidos(6), o por terceros que generalmente no son identificados(7).

“Se hace necesario entonces acudir a las disposiciones normativas en virtud de las cuales se atribuye al Estado la obligación de procurar al detenido atención en salud, para establecer su contenido y alcance, y por ende, determinar cuál es el régimen de responsabilidad aplicable.

En materia de prestación del servicio de salud en los centros de reclusión, la Ley 65 de 1993, esto es, el Régimen Penitenciario y Carcelario, prescribe lo siguiente:

“ART. 104.—Servicio de sanidad. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además adelantará campañas de prevención e higiene laboral y ambiental.

Los servicios de sanidad y salud podrán prestarse directamente a través del personal de planta o mediante contratos que se celebren con entidades públicas o privadas.

ART. 105.—Servicio médico penitenciario y carcelario. El servicio médico penitenciario y carcelario estará integrado por médicos, psicólogos, odontólogos, psiquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería.

“ART. 106.—Asistencia médica. Todo interno en un establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio.

Si un interno contrae enfermedad contagiosa o se le diagnostica enfermedad terminal, el director del establecimiento, previo concepto de la junta médica y de traslados, determinará si es procedente el traslado a un centro hospitalario o la medida adecuada de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. (...).

“El director del establecimiento de reclusión queda autorizado, previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite.

(...).

PAR. 1º—El traslado a un centro hospitalario en los anteriores casos, solo procederá cuando no fuere posible atender al interno en alguno de los centros de reclusión.

PAR. 2º—En los establecimientos de reclusión donde no funcionare la atención médica en la forma prevista en este título, este quedará a cargo del Servicio Nacional de Salud.

“En el Reglamento General del INPEC, Resolución 7965 del 27 de octubre de 1995, artículos 46 a 49, se establece que a cada establecimiento carcelario corresponde organizar lo concerniente a la prestación de los servicios de salud, tanto curativa como preventiva, a que se refiere el artículo 106 atrás trascrito, y debe asignarse la responsabilidad de su coordinación a un médico de planta. Así mismo, se atribuye al grupo de enfermería, o a quien el director del centro de reclusión designe, el control sobre el consumo y posología de los medicamentos prescritos a los internos por el médico.

Los programas de salud preventiva y saneamiento ambiental se adelantarán en coordinación con los ministerios de Salud y Medio Ambiente, hospitales locales, secretarías departamentales y municipales de salud, e incluirán acciones de “control epidemiológico, fumigaciones, brigadas de salud, controles de bacteriología, laboratorio clínico, promoción y cuidado de la salud, charlas y conferencias”.

“Se prevé que si el centro de reclusión no está en capacidad de brindar atención médica de urgencias, el director del establecimiento, previo concepto del médico, ordenará trasladar inmediatamente al recluso a un centro hospitalario que aquél designe o al que indique el interno o sus familiares, caso en el cual serán ellos quienes sufraguen los gastos que por dicha atención se causen.

“Dispone también el Régimen Penitenciario y Carcelario que habrá de efectuarse examen médico al detenido cuando ingrese al centro de reclusión, así como al momento previo a su excarcelación (art. 71). El artículo 61 regula la exigencia del examen de ingreso, en los siguientes términos:

“Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad.

“Igual previsión se halla contenida en el Reglamento General del INPEC (art. 15, inc. 4).

Según lo señala el artículo 67 del referido régimen, la dotación de elementos y equipos de sanidad estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. En este sentido, el Decreto 1242 del 30 de junio de 1993 asignó a dicha institución la función de adquirir y suministrar a los centros de reclusión los productos y elementos farmacéuticos, médicos y odontológicos que se requieran (art. 6º, num. 11); así mismo, determinó como funciones de su División de Sanidad las de planeación, coordinación y supervisión de la atención médica preventiva y curativa para los reclusos.

A más de las regulaciones referidas, en otras disposiciones normativas se consagran las siguientes:

“a) Al interno que consuma estupefacientes o sustancias psicotrópicas se le deberá brindar tratamiento por parte del servicio médico del centro de reclusión. (D. 1108/94, mayo 31, art. 28).

b) En cada centro carcelario, el equipo de salud debe ejecutar acciones de “información y educación sobre prevención, manejo y tratamiento del SIDA y sobre otras enfermedades infectocontagiosas respecto de las cuales pueda existir mayor peligro de transmisibilidad entre la población carcelaria”, con el apoyo de la División de Salud del INPEC. Sobre los internos afectados por el SIDA, se informará al Ministerio de Salud y a la División de Salud del INPEC “el estado de la enfermedad, datos clínicos, tratamientos y controles”. (Res. 3272/95, art. 20, mayo 26).

“c) En el régimen disciplinario para el personal que presta sus servicios en el INPEC, se contempla como falta grave: “No atender con el debido celo y respeto a los reclusos enfermos o no instruirlos sobre su enfermedad cuando fuere necesario o sobre el uso de los medicamentos prescritos”. (D. 398/94, feb. 18/94, art. 21, num. 53).

Existen, además, instrucciones de alcance internacional que consagran medidas de protección para los reclusos, a saber:

“a) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1995 y aprobadas por el Ecosoc en sus resoluciones 663c del 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977. En cuanto a servicios médicos se refiere, allí se disponen, entre otras, las siguientes:

“23. 1. Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2. Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, estos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3. Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado”.

(...).

24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo cuando sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

25. 1. El médico estará (sic) de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2. El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión”.

“b) Principios de ética médica aplicables a la función del personal de la salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 37/94, del 18 de diciembre de 1982. De estos se resalta aquel en virtud del cual se estatuye que (Principio 1):

“El personal de salud, especialmente los médicos, encargado de la atención médica de personas presas o detenidas tiene el deber de brindar protección a la salud física y mental de dichas personas y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas”.

“c) Como uno de los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111(sic), del 14 de diciembre de 1990, se consagra que “los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica”.

“Ahora bien, la Corte Constitucional se ha pronunciado en varias oportunidades en relación con los derechos de los reclusos, especialmente en cuanto a su derecho a la salud; es así como en la Sentencia T-530 del 26 de julio de 1999 reitera lo expresado sobre el particular en providencias anteriores(8), presentando consideraciones adicionales sobre el tema, todo lo cual se puede sintetizar así:

“1. Los derechos a la vida, la salud y la integridad física de las personas privadas de la libertad, “por detención preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena” son inalienables, en consecuencia, desde el momento del ingreso al centro de reclusión hasta su salida, al Estado le corresponde velar por la salud de quien se encuentre detenido, teniendo en cuenta que “la reclusión impone a los internos la imposibilidad de velar por sí mismos de su propia salud”.

“Así mismo, al Estado le asiste responsabilidad “por los daños que pueda sufrir... en su integridad en el caso de riñas, atentados o motines en el interior de la cárcel”, y, por “el mantenimiento de las condiciones mínimas de higiene, seguridad y salubridad carcelarias, así como todo lo relativo a la debida alimentación del personal sometido a su vigilancia”.

“2. Al declarar el denominado “estado inconstitucional de cosas” que se presenta en las cárceles del país, la Corte indicó que el derecho a la salud de los reclusos se halla constantemente vulnerado, debido a las condiciones de hacinamiento, la “deficiencia en la prestación de las servicios de higiene”, la falta de mantenimiento de condiciones mínimas de salubridad, la insuficiencia de personal médico, la “protuberante intermitencia en la práctica de exámenes y de consultas a los pacientes internos”, “la escasez de guardia para cumplir con las remisiones a centros hospitalarios”, así como la renovación inoportuna de los contratos con “clínicas, hospitales y especialistas”.

“3. Finalmente, se precisa que la atención en salud que debe brindar el Estado al recluso, no se refiere solamente a situaciones de urgencia o cuando su vida se encuentre en peligro, sino que “comprende también la atención de la salud en dolencias de otra índole y en medicina preventiva”.

“Por consiguiente, se señala que es deber de los establecimientos carcelarios practicar oportunamente “los exámenes y pruebas técnicas que permitan establecer o descartar si la persona presenta cierta afección o irregularidad en su estructura corporal o funcional en cualquiera de los múltiples aspectos integrantes del equilibrio orgánico”.

“Se agrega a lo anterior que, si a pesar de la falta de antecedentes el recluso presenta alteraciones de salud, el sistema carcelario:

“debe propiciar con eficiencia y de manera oportuna los mecanismos indispensables para esclarecer el estado real en que se encuentra aquél, para prodigarle los cuidados médicos, asistenciales, terapéuticos o quirúrgicos, según el caso, y garantizarle así la preservación de una vida digna durante su permanencia en el penal”.

“Con fundamento en el contenido obligacional reseñado se concluye que es deber del Estado procurar atención en salud a quien se encuentre privado de la libertad, en las mismas condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia que supone la prestación de este servicio para quienes no se encuentran en esa particular situación.

“Se trata, en efecto, de la prestación del servicio médico asistencial, que se impone al Estado, en este caso, como contrapartida, entre otras obligaciones, de su potestad de privar de la libertad a las personas, de manera preventiva o como consecuencia de la imposición de una pena. Es sin embargo un deber de medio, que no una obligación de resultado.

“De allí que el concepto de sanidad que arroja el examen médico que se le practica al detenido al momento de su ingreso en el centro de reclusión, el cual consiste en una valoración psicofísica de carácter general, no compromete forzosamente la responsabilidad de la administración por las alteraciones que en su estado de salud llegue a presentar durante la permanencia en dicho lugar.

“Así las cosas, considera la Sala que la verificación de dichas condiciones por parte del centro de reclusión frente a los detenidos que presenten alguna alteración en su estado de salud debe efectuarse de la misma manera que ocurre en tratándose de la atención brindada a los pacientes que no se encuentran en dicha circunstancia, por las instituciones públicas que prestan servicios médico asistenciales. En consecuencia, en uno y otro caso el régimen de responsabilidad aplicable también debe ser el mismo.

“Precisado lo anterior, la Sala concluye que las controversias sobre responsabilidad extracontractual del Estado originadas en daños sufridos por los reclusos, derivados de la prestación del servicio de salud por parte del establecimiento carcelario, deben resolverse acudiendo a la noción de falla del servicio, sin perjuicio de que pueda darse aplicación al principio de las cargas probatorias dinámicas, y, con él, a las presunciones de falla, cuando el caso concreto lo amerite y, en el entendido de que el cumplimiento de dicho compromiso, como lo ha precisado la Sala, excluye “los deterioros normales y explicables de ella (la salud), a la luz de la ciencia médica”(9),o mejor aún, “las enfermedades y problemas de salud inherentes ordinariamente a la misma naturaleza del ser humano”(10), pues estas circunstancias configuran una causal eximente de responsabilidad estatal, cual es el hecho de la víctima”(11).

En idéntica dirección, la Subsección en reciente providencia afirmó:

“Para determinar la imputabilidad al Estado de los perjuicios que se lleguen a causar a quienes se encuentran privados de la libertad por orden de autoridad competente, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que el título de imputación aplicable es de naturaleza objetiva. Sin embargo, hay que advertir que en casos como el presente en donde lo que se discute es la responsabilidad del Estado originada en daños sufridos por los reclusos, derivados de la prestación del servicio de salud por parte del establecimiento carcelario, la Sección ha sostenido que el régimen de responsabilidad aplicable es el de la falla del servicio, toda vez que tal servicio debe ‘prestarse en las mismas condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia que supone la prestación de este servicio para quienes no se encuentran en esa particular situación’(12)(13).

La Subsección encuentra pertinente señalar que la postura jurisprudencial transcrita permite verificar los fundamentos teóricos que han servido para resolver los casos concretos que se han puesto en su conocimiento de la corporación, sin embargo, se debe reiterar lo señalado por la Sala Plena de la Sección Tercera, en sentencia del 29 de abril de 2012, en torno a la utilización de los mencionados regímenes, según la cual:

“En la actualidad, las decisiones judiciales que se consideran admisibles son únicamente aquellas que tienen como sustento, criterios o parámetros distinguibles que puedan ser revisados y analizados desde una órbita externa a la decisión misma. Bajo esa perspectiva, cada providencia judicial conlleva una elección entre diferentes opciones de solución, que, según el criterio del fallador, se escoge por mostrarse como la más adecuada al caso concreto.

En ese orden de ideas, la razón por la cual se exige al juez dicha motivación tiene que ver con la necesidad de observar el itinerario recorrido para la construcción y toma de la decisión adoptada, de manera que se disminuya el grado de discrecionalidad del fallador quien deberá siempre buscar la respuesta más acertada, garantizando así una sentencia argumentada, susceptible de ser controvertida en tal motivación por vía de impugnación por las partes que se vean perjudicadas.

“En el caso colombiano, la obligatoriedad de motivación de las sentencias judiciales, encuentra su antecedente más cercano en el artículo 163 de la Constitución de 1886(14), regla ésta que fue excluida de la Carta Política de 1991 y que vino a ser incorporada de nuevo con la expedición de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia(15). Así mismo, el Código Contencioso Administrativo contempla los elementos esenciales que deben contener las sentencias judiciales, entre los cuales aparece de manera expresa la necesidad de motivación(16).

“En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(17).

Así las cosas, en el entendido de que en el sub lite se discute la responsabilidad patrimonial de la entidad pública demandada por la muerte del recluso Ángel Jaramillo en cuanto se produjo en el marco del ejercicio de la actividad médico asistencial, la Subsección analizará la conducta del INPEC con el fin de determinar el régimen de responsabilidad que mejor consulte en el presente caso concreto y permitirá adoptar la decisión que en derecho corresponda.

2. Las pruebas aportadas al proceso.

— Copia auténtica del registro civil de matrimonio de los señores Jesús Alberto Ángel Jaramillo y de María Elena Jaramillo, expedida el 10 de febrero de 1989, en la cual consta que los señores Ángel y Jaramillo contrajeron nupcias el 31 de diciembre de 1958 (fl. 1 cdno. 2).

— Copia auténtica del Registro Civil de Matrimonio de los señores Henry Ángel Jaramillo y Clemencia Elena Soto, expedida el 19 de julio de 2001, en la cual consta que los señores Ángel y Soto contrajeron nupcias el 31 de julio de 1998 (fl. 2 cdno. 2).

— Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Henry Ángel Jaramillo, en el cual aparece que el señor Ángel Jaramillo es hijo de los señores Alberto Ángel y Lucía Jaramillo y que la fecha de su nacimiento fue el 6 de agosto de 1957 (fl. 48 cdno. 1).

— Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Jairo Ángel Jaramillo, en el cual aparece que el señor Ángel Jaramillo es hijo de los señores Alberto Ángel y María Lucinia (sic) Jaramillo y que la fecha de su nacimiento fue el 13 de julio de 1960 (fl. 3 cdno. 2).

— Copia auténtica del Registro Civil de Nacimiento del señor Jesús Alberto Ángel Jaramillo, en el cual aparece que el señor Ángel Jaramillo es hijo de los señores Alberto Ángel y Lucía Jaramillo y que la fecha de su nacimiento fue el 8 de noviembre de 1953 (fl. 3 cdno. 2).

— Copia auténtica del certificado de defunción del señor Henry Ángel Jaramillo, expedida el 27 de febrero de 2002, en el cual se registró que el señor Ángel Jaramillo murió el 31 de mayo de 2001 y que las causas fueron “Falla orgánica multisistémica, shock séptico refractario, peritonitis generalizada y úlcera duodenal perforada” (fl. 5 cdno. 2).

— Copia de la orden de exámenes, emitida por la dependencia de sanidad carcelaria de la cárcel Modelo, el 18 de noviembre de 2000, a nombre de Henry Ángel; en la mencionada orden se indicó: “Paciente de 48 años con Rdx. Radiculopatía compresiva. Quien necesita TAC de columna lumbar L2-S1” (fl. 6 cdno. 2).

— Copia de la hoja de diagnóstico del paciente Henry Ángel Jaramillo, realizada el 28 de noviembre de 2000 por la dependencia de sanidad carcelaria de la cárcel Modelo; en el mencionado documento se señaló:

“MC. Dolor en región lumbar.

“EA: Refiere que hace +/- 6 meses presenta dolor en región lumbar, parestesia en MID y dolor art. Rodilla (frío).

(...).

“También habla de parestesia en MSD.

“AP: Diabetes I.

(...).

“RX. Escoliosis lumbar izquierda. Contractura (ilegible) ilíaco izdo. Rectificación lumbar. Disminución del agujero Neural L5-S1.

“IDX. 1. Espasmo muscular dorsolumbar.

“2. Radiopatía compresiva nivel de L5-S1” (fl. 7 cdno. 2).

— Copia de la hoja de evolución del paciente Henry Ángel Jaramillo, realizada por la dependencia de sanidad de la cárcel modelo entre el 28 de noviembre de 2000 y el 12 de febrero de 2001; en el mencionado documento se consignó la siguiente información:

“28-nov.-00. Fisioterapia. Paciente de 48 años quien presenta dolor en columna lumbar predominio izquierdo. Refracciones Mod-isquiotibiales - (ilegible). Fuerza muscular: Abdominales 1+ Espinales altos 2+ Espinales bajos 2+. Espamos musculares región lumbar izquierda. Postura rectificación lumbar, abdómen prominente.

(...).

“II-1-00 (sic). Remisión para TAC” (fl. 8 cdno. 2).

— Oficio 1300, emitido por la dependencia de Sanidad de la cárcel modelo, el 29 de noviembre de 2000, dirigido a la dependencia de Trabajo Social de Sanidad de la misma entidad; en dicho documento se lee:

“Con el presente me permito solicitarle se realicen los trámites correspondientes para que sea asignada cita con el departamento de imágenes diagnósticas (tac de columna lumbar L2-S1), para el interno Henry Ángel con T.D. 304097 del pabellón tercero.

“Paciente de 48 años de edad valorado por el servicio médico por cuadro clínico de radiculopatía compresiva, médico tratante solicita se le practique:

“TAC de columna lumbar L2-S1” (fl. 9 cdno. 2).

— Oficio emitido por el Hospital El Tunal, el 12 de diciembre de 2000, dirigido al Instituto Roosevelt, en el cual se indicó:

“Teniendo en cuenta el convenio interadministrativo suscrito con ustedes, de manera atenta le solicito atención con carácter urgente para:

Paciente: John Ángel.

Exámen solicitado: TAC de columna lumbar L2-S1

Historia: TD. 304097

Edad: 48 años.

Servicio remitente: Consulta externa.

Diagnóstico: Radiculopatía compresiva” (fl. 10 cdno. 2).

— Oficio emitido por la dependencia de Trabajo Social de Sanidad de la cárcel Modelo, el 29 de enero de 2001, dirigido al Hospital El Tunal; en el mencionado oficio se señaló:

“Urgente.

De acuerdo con el convenio entre ustedes y este centro carcelario, me permito solicitar su valiosa colaboración para la asignación de una cita médica para el señor interno:

“Nombre: Henry Ángel Jaramillo”

TD. 304097.

Edad: xxx

Patio: Tercero.

Especialidad: TAC de columna lumbar L1-S1. Valoración por neurología” (fl. 11 cdno. 2).

— Oficio emitido por la dependencia de Trabajo Social de Sanidad de la cárcel Modelo, el 31 de enero de 2001, dirigido al Coordinador de la Sección de Sanidad del mencionado centro carcelario; en dicho documento se puede apreciar:

“Atendiendo el oficio XXX, me permito relacionar la cita solicitada por usted el día 12 de diciembre de 2000.

Nombre del interno: John Henry Ángel. TD. 304097. Patio Primero. Edad: 48 años. Historia Clínica Número XXX, del paciente.

Especialidad TAC de columna Lumbar L2-S1.

Hospital o Clínica: Instituto Roosevelt.

Fecha: 2 de febrero de 2001. Hora: 8:00 a.m.

Observaciones: anexo cita médica, remitida del hospital El Tunal al Instituto Roosevelt” (fl. 12 cdno. 2).

— Orden emitida por el Departamento de Imágenes Diagnósticas del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, a nombre del señor John Ángel, para el examen “TAC de columna lumbar L2-S1”, con fecha del 2 de febrero de 2001, a las 8:00 a.m. (fl. 14 cdno. 2).

— Boleta médica de remisión del paciente John Henry Ángel, emitida por la cárcel modelo el 1º de febrero de 2001; en dicho documento se lee que el interno referido:

“Debe ser llevado al Hospital El Tunal, Instituto Roosevelt. Dir. Cra. 4 Este Av. Circunvalar 1750. Paciente de 48 años de edad quien presenta dolor en columna lumbar predominio izquierdo, radiculopatía compresiva. Médico tratante solicita se le practique TAC de columna Lumbar L2-S1.

(...).

Tiene cita médica el día 2 de febrero de 2001. Hora: 2:00 P.M”. (fl. 15 cdno. 2).

— Oficio 74, del 9 de febrero de 2001, emitido por la dependencia de Sanidad de la cárcel Modelo, dirigido a la sección de Trabajo Social de la misma dependencia; en el mencionado oficio se señaló:

“Con el presente me permito solicitarle se realicen los trámites correspondientes para asignación de cita con el Departamento de Neurología para el interno Henry Ángel Jaramillo, con T.D. 304097 del pabellón Tercero.

“Paciente valorado por el servicio médico por cuadro clínico dolor en columna lumbar de predominio izquierdo radiculopatía compresiva; médico tratante solicita se le practique TAC de columna Lumbar L2-S1 y valoración por neurología” (fl. 16 cdno. 2).

— Copia de los resultados de exámenes de laboratorio clínico practicados al paciente Henry Ángel, los días 13, 14, 22 y 23 de febrero de 2001 (fl. 18 a 21 cdno. 2).

— Hoja médica de evolución del paciente Henry Ángel Jaramillo, reaizada por la dependencia de Sanidad de la cárcel Modelo, correspondiente a los días 14 de febrero, 6 y 15 de marzo de 2001, en la cual el médico tratante ordena la valoración del recluso por un especialista en neurología (fl. 22 cdno. 2).

— Oficio FCE-D28-0158 emitido por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, Subunidad de Narcóticos, Despacho 28, el 15 de marzo de 2001, dirigido al Director de la cárcel Modelo; en el mencionado oficio se indicó:

“Por medio del presente me permito informarle que el señor fiscal, mediante pronunciamiento de la fecha y con relación a la salud del señor Henry Ángel Jaramillo, recluido en las instalaciones de dicho centro carcelario, dispuso que:

Se remita en el menor tiempo posible a Henry Ángel Jaramillo para que se le realice el TAC cerebral.

En igual circunstancia se envíe al sindicado con destino al galeno neurólogo.

Los puntos anteriores no admiten discusión para su cumplimiento inmediato por ser un derecho fundamental de las personas mantener y cuidar su estado de salud aparte del delito por el que se deba responder. Luego requerimos la rápida evolución de lo aquí dispuesto’” (fl. 23 cdno. 2).

— Hoja de evolución médica del paciente Henry Ángel Jaramillo, realizada por Médicos Asociados S.A., correspondiente a los días 18 de marzo, 19 a 22 de mayo de 2001 (fl. 24 cdno. 2).

— Resultado de la tomografía axial de columna lumbosacra la cual fue realizada el 21 de marzo de 2001; la conclusión a la que llegaron los médicos fue la siguiente:

“Enfermedad disco-vertebral degenerativa multisegmentaria con principal compromiso de los segmentos L4-L5 y L5-S1 en donde se identifican hernias paracentrales derechas cuyo grado de compresión radicular debe determinarse mediante pruebas neurofisiológicas” (fl. 26 cdno. 1).

— Orden de exámenes, realizada por Colmédicos Asociados, el 23 de marzo de 2001, mediante la cual se ordenó una resonancia magnética de columna dorsal y columna cervical y una electromiografía cervical y dorsal al paciente Henry Ángel Jaramillo (fl. 30 a 32 cdno. 2).

— Resultado de la resonancia magnética de columna cervical practida al señor Henry Ángel, la cual fue realizada el 21 de marzo de 2001; la conclusión a la que llegaron los médicos fue la siguiente:

“Severa estenosis central y lateral multisegmentaria del canal raquídeo con compromiso desde C3 hasta C7 con grandes hernias discales paracentrales y foraminales en los distintos segmentos comprometidos con efecto compresivo radicular y enfermedad compresiva medular” (fl. 35 cdno. 1).

— Copia de las órdenes de remisión y valoración por especialistas en neurología del paciente Henry Ángel Jaramillo (fl. 37 a 47 cdno. 2).

— Informe remitido a Colmédicos Asociados por el médico neurocirujano tratante, del 17 de abril de 2001, respecto del paciente Henry Ángel Jaramillo; en el mencionado informe el galeno explicó:

“El día 16 de abril del 2001 atendí por segunda ocasión al paciente Henry Ángel Jaramillo por cuadro de parapesia asociada a trastornos sensitivos en miembros superiores. Trajo imágenes y reportes de resonancia magnética de columna cervical y dorsal, que muestra hernias a nivel de C3-C4, C5-C6 y C6-C7 que producen grandes eventos compresivos tanto a nivel de los forámenes como a nivel medular. A nivel T8-T9 se aprecia pequeña hernia paracentral derecha pero sin ningún efecto compresivo.

“Por todo lo anterior, se recomienda cirugía compresiva (descompresión anterior de Cloward, Osteosíntesis en los niveles C3-C4, C5-C6 y C6-C7 y fijación con placas de titanio, previa toma e implantación de autoinjertos tomados de cresta ilíaca anterior). Es importante aclarar que esta intervención es de alta complejidad y se recomienda hacerla lo antes posible” (fl. 48 cdno. 2).

— Copia de los trámites y boletas médicas de remisión del paciente Henry Ángel Jaramillo, emitidas entre el 17 de abril al 17 de mayo de 2001, con el fin de que se hagan las correspondientes valoraciones y exámenes médicos de carácter preoperatorio (fl. 49 a 76 cdno. 2).

— Copia de la Historia Clínica del paciente Henry Ángel Jaramillo, correspondiente a la cirugía que le fue practicada en la Clínica Los Fundadores el 24 de mayo de 2001 (fl. 77 a 110 cdno. 2).

— Declaración del señor Rubén Darío Ramírez Baena, rendida ante el tribunal a quo, el 7 de abril de 2003; en relación con los hechos, el declarante afirmó:

“... Los momentos más críticos a diario estaban a las seis de la mañana porque llegaba el guardia del INPEC abría la puerta o tocaba a golpes, lo desarropaba a uno a pesar del frío, todos los días a las seis de la mañana, los domingos que era día de visita familiar nos hacían bajar obligatoriamente a las siete de la mañana ... [a] Henry cada vez [que] nos hacían bajar le daba una especie de dolor muy fuerte en la espalda, yo me convertí más o menos desde agosto, septiembre y octubre que lo acompañara a todo lado ya que se le fue deteriorando la salud, considero personalmente que la situación se presentó por el frío, el estrés de la forma en que nos sacaban de las celdas y la mano de plomo que hubo en esa cárcel, que debe asustar a cualquier persona, esto en él creó mucho estrés y yo personalmente lo llevé más de diez veces a sanidad porque entre más frío hiciera menos podía caminar que algo lo afectaba en la columna y dos meses antes de que fuera llevado a la clínica había perdido la sensibilidad a coger muchos objetos, se le caía un pocillo y no se daba cuenta y desafortunadamente sanidad tenía una droguería llena de analgésicos o pastillas para el dolor si era tarde en la noche que se lograba pasar por la guardia interna para llegar a sanidad lo dejaban en unas bancas frías esperando que llegara el médico en la mañana porque los que atendían eran auxiliares y enfermeros. Es decir no había infraestructura para atender casos de mediana complicación. También en dos o tres ocasiones para citas médicas afuera de la cárcel no fue llevado estando muy enfermo, no sé por qué... pienso que la mayoría de veces que fui con Henry a Sanidad y que se pudo ver, nunca dieron con calmarle los dolores porque lo de Henry era algo muy delicado en la columna, cada vez que íbamos les decían que necesitaba una cita externa y según las necesidades o los compromisos que tuviera el INPEC con las clínicas lo programaban para 8 ó10 días. En lo único que sí corrían era en sacar una ambulancia a las tres de la mañana o en cualquier carro era cuando le daba un infarto a alguien pero ya casi muerto. Si daba apendicitis tenía que esperar al otro día para que lo llevaran y se murieron muchos por esto” (fl. 128 a 131 cdno. 2).

2. Los hechos probados y lo que se debate.

En el presente proceso se encuentra plenamente probado que el señor Ángel Jaramillo, recluso en la Cárcel Nacional Modelo, sufrió de intensos dolores en la espalda desde julio de 2000 hasta el 24 de mayo de 2001, fecha en la cual fue operado en la Clínica Los Fundadores con el fin de realizarle una “Descomprensión Anterior de Cloward”, en la columna vertebral.

Igualmente se encuentra acreditado que el día 31 de mayo de 2001, el señor John Henry Ángel Jaramillo murió en la Clínica Los Fundadores como consecuencia de una “falla orgánica multisistémica. Shock séptico refractario”, producidos por una “peritonitis generalizada. Úlcera duodenal perforada” (fl. 5 cdno. 2).

La parte actora prentende que se declare la responsabilidad del INPEC por la muerte del señor Henry Ángel Jaramillo, en razón a que ésta se produjo cuando él se encontraba recluído en la Cárcel Nacional Modelo y que, en su criterio, la entidad pública demandada es deudora de una obligación de resultado en el sentido de tener que debe devolver a la sociedad a los reclusos en las mismas o similares condiciones en que ingresaron al centro carcelario, responsabilidad patrimonial que, en su criterio, es de carácter objetivo.

3. La responsabilidad de la entidad pública demandada.

Para la Sala la naturaleza de la actividad que fue considerada como constitutiva del daño —la muerte del recluso por una deficiente actividad médico asistencial— requiere el análisis de los hechos de la demanda a partir del régimen subjetivo de responsabilidad tipificado como la falla del servicio; a la luz de los medios probatorios aportados al expediente, la Sala encuentra que le asistió razón al tribunal a quo en la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda.

En el expediente reposan las distintas actuaciones de la entidad pública demandada que acreditan que le brindó la atención médica adecuada al recluso Henry Ángel Jaramillo para la patología que presentó durante la privación de su libertad; en efecto, una vez los médicos tratantes de la sección de Sanidad de la Cárcel Nacional Modelo diagnosticaron al señor Ángel Jaramillo con una Radiculopatía compresiva en noviembre de 2000, iniciaron las actuaciones tendientes para que se le practicaran los exámenes médicos y fisiológicos necesarios para determinar con exactitud el alcance de las lesiones, proceder a su valoración por parte de médicos especialistas ajenos a la institución carcelaria y practicarle, finalmente, una cirugía destinada a aliviar los constantes e intensos dolores que padecía.

Por otro lado, la Sala encuentra que de los medios probatorios allegados al expediente, la muerte del señor Ángel Jaramillo si bien se produjo durante la época en la cual el occiso se encontraba bajo la medida de aseguramiento constitutiva de privación de la libertad, no estuvo ligada a la enfermedad por la cual fue tratado durante su permanencia en dicho establecimiento carcelario, sino que obedeció a una complicación surgida con posterioridad a la intervención quirúrgica que se le practicó; en todo caso, no obran pruebas en el proceso que den cuenta o permitan inferir que la sección de Sanidad de la Cárcel Nacional Modelo hubiere omitido darle tratamiento a la condición clínica que le terminaría causando la muerte, esto es a la úlcera duodenal perforada que le causó la peritonitis y el consecuente deceso.

En cambio sí se encuentra acreditado que la enfermedad que aquejaba al señor Ángel Jaramillo fue tratada oportunamente por el personal propio del servicio de sanidad del centro carcelario y que fue remitido a las instituciones hospitalarias con el fin de que se diagnosticara adecuadamente la condición patológica y se establecieran los tratamientos médico y quirúrgico necesarios.

Ahora bien, en algunos apartes del escrito introductorio de la litis la parte actora afirmó que “la muerte [del recluso] fue a causa de una mala valoración médica, pues al operar la columna, en ningún momento se le suministró algún medicamento protector del estómago, para que así, al suministrar más pastillas no se desencadenara una úlcera y en el peor de los casos un shock” (fl. 8 cdno. 1); en otro aparte del mismo memorial, los actores indicaron que “resulta clara la responsabilidad de la administración por el error de diagnóstico y operativo en la prestación del servicio de salud de la entidad que tiene convenio con el establecimiento carcelario” (fl. 15 cdno. 1).

Frente a este aspecto, la Sala encuentra pertinente recalcar, en primer lugar, que no existe prueba alguna que sustente lo afirmado en punto a un hipotético error de diagnóstico por parte de los médicos que atendieron y trataron al señor Ángel Jaramillo; en segundo lugar, es importante tener de presente que en casos como el que ahora se decide en segunda instancia, los perjuicios derivados por una deficiente prestación del servicio de salud se pueden imputar a los centros de reclusión, entre otros, en tres supuestos distintos: i) Los daños derivados de una deficiente prestación de la actividad médico asistencial propiamente dicha que se le haya prodigado a la víctima directa por el personal vinculado al centro carcelario, es decir por el servicio de sanidad del establecimiento de reclusión; ii) La dilación en la remisión del recluso/paciente a un centro especializado para su diagnóstico y tratamiento, en la medida en que dicha demora haya contribuido a la causación del daño; y, iii) La ausencia de vigilancia y control de los centros médico-asistenciales con los cuales exista un convenio de atención de los reclusos o la omisión en contar con dichos convenios para el tratamiento de los internos, en la medida en que el perjuicio haya sido producto de la ausencia de medios físicos y humanos para la prestación adecuada del servicio de salud o, aun cuando existan estos no sean aptos para su debida realización.

En el presente caso concreto se acreditó que el señor Ángel Jaramillo fue remitido oportunamente a centros hospitalarios que contaban con el personal adecuado para diagnosticar y darle tratamiento a la enfermedad que lo aquejaba, razón por la cual el INPEC no está llamado a responder por la muerte del recluso Ángel Jaramillo.

Finalmente, dado que la parte actora demandó exclusivamente al INPEC y no a las centros médico-asistenciales que le prodigaron el tratamiento médico y quirúrgico al señor Ángel Jaramillo, la Sala no entrará a valorar la eventual responsabilidad patrimonial surgida con ocasión de la actividad médica que la parte actora tipifica como error de diagnóstico, teniendo de presente que un error en este sentido no se aprecia en la conducta de la entidad pública demandada, puesto que en el expediente se acreditó que la víctima directa sufrió y fue tratado por la enfermedad que le fue oportunamente diagnosticada.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia impugnada.

4. Condena en costas.

Habida cuenta que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el día 10 de marzo de 2004.

2. Ejecutoriada esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Cita textual del fallo referido: “Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, exp. 16423, entre otras”.

(2) Cita textual del fallo referido: “Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquél; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (“ex nihilo nihil fit)”, afirma éste. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, pág. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, pág. 852, apud Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cit., págs. 241-242.

“Sin embargo, la tantas veces aludida distinción categorial entre causalidad e imputación permite explicar, precisamente, de forma mucho más coherente que si no se parte de la anotada diferenciación, la naturaleza del razonamiento que está llamado a efectuar el juez de lo Contencioso Administrativo cuando se le llama a dilucidar si la responsabilidad del Estado debe quedar comprometida como secuela no ya de una actuación positiva, sino como consecuencia de una omisión de la entidad demandada, pues aunque se admita que dicha conducta omisiva fenomenológicamente no puede dar lugar a la producción de un resultado positivo —de un daño—, ello no significa, automáticamente, que no pueda generar responsabilidad extracontractual que deba ser asumida por el omitente. Pero esa cuestión constituirá un asunto no de causalidad, sino de imputación.

“Y es que en los eventos en los cuales la conducta examinada es una acción, para que proceda la declaratoria de responsabilidad resulta menester que exista relación de causalidad entre ella y el resultado, lo cual no es suficiente porque debe añadirse que éste sea jurídicamente atribuible o imputable a aquélla; pero, como señala Mir Puigpelat,

‘... cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es sólo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la Administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión’. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., págs. 242-244.

(3) Cita textual del fallo referido: “Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero”.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, exp. 18800.

(5) Cita textual del fallo: Sentencias de diciembre 6 de 1988, exp. 5187; marzo 27 de 1992, exp. 6532; noviembre 28 de 1995, exp. 8873; agosto 22 de 1996, exp. 10.726; septiembre 12 de 1996 exp. 10.869; junio 17 de 1998, exp. 10.650, entre otras.

(6) Cita textual del fallo: Sentencias de marzo 30 de 1993, exp. 8000; noviembre 4 de 1993, exp. 8335; junio 2 de 1994, exp. 8784; julio 8 de 1994, exp. 9244; marzo 10 de 1995, exp. 9990; abril 21 de 1995, exp. 10.547, entre otras.

(7) Cita textual del fallo: Sentencias de junio 3 de 1993, exp. 8337; septiembre 10 de 1993, exp. 7947 y 8211; noviembre 16 de 1993, exp. 8684; julio 29 de 1996, exp. 10.724; agosto 29 de 1996, exp. 10.284, entre otras.

(8) Sentencias T-153, T-533, T-607, C-606 y C-607 de 1998.

(9) Cita textual del fallo: Sección Tercera. Sentencias del 4 de noviembre de 1993, exp. 8335 y del 2 de junio de 1994, exp. 8784.

(10) Cita textual del fallo: Sección Tercera, sentencia del 21 de julio de 1995, exp. 10.147.

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2001, exp. 12947, C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez.

(12) Cita textual del fallo: Sentencia de agosto 10 de 2001, expediente: 12947, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(13) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2012, exp. 22943, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(14) Cita textual del fallo: Inicialmente correspondía al artículo 161 que disponía: “Toda sentencia deberá ser motivada”.

(15) Cita textual del fallo: ART. 55.—“Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales. La parte resolutiva de las sentencias estará precedida de las siguientes palabras: “Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”. La pulcritud del lenguaje, la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan, que los magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios”.

(16) Cita textual del fallo: ART. 170.—La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. Para restablecer el derecho particular, los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar estas.

(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.