Sentencia 2002-01525 de abril 23 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 4100123310002002-01525-01;

4100123310002009-00205-00;

4100123310002005-00933-00

(Acumulados)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Barcenas

Nº interno: (19446)

Demandante: Empresa Colombiana de Petróleos Ecopetrol

Demandado: Municipio de Neiva

Fallo

Bogotá, D. C., veintitrés de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «7. Consideraciones de la Sala

De acuerdo con los términos del recurso de apelación interpuesto por el accionante, corresponde a la Sala decidir si respecto del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida operó la cosa juzgada como consecuencia de lo resuelto en la sentencia del 11 de diciembre 2007 [radicado 41001233100020060059100] proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.

El artículo 175 del Código Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:

“La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada ’erga omnes’.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada ‘erga omnes’ pero solo en relación con la ‘causa petendi’ juzgada. (…)”.

Se deduce de la norma citada que consagra tanto la cosa juzgada absoluta como la cosa juzgada relativa.

Para la Corte Constitucional, la cosa juzgada absoluta es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas(5).

Este efecto de cosa juzgada sólo opera cuando “se declara la nulidad del acto demandado”, lo cual tiene razón de ser pues, una vez que desaparece del ordenamiento jurídico la norma demandada, resulta inoficioso volver a demandarla o pronunciarse sobre lo ya decidido.

Cosa distinta ocurre cuando el acto demandado sigue formando parte del ordenamiento jurídico y no prosperan los cargos de nulidad contra ese acto. En esos eventos, opera la cosa juzgada relativa, según la cual, se admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la corporación ya ha analizado(6).

El numeral segundo de la sentencia apelada dispuso:

“Segundo: REVÓQUESE la suspensión provisional decretada sobre el numeral 4.3 artículo 4 del Acuerdo 020 de 2004 ‘Por medio del cual se derogan los acuerdos municipales 066 de 1997 y 069 de 2003 y se dictan disposiciones sobre alumbrado público’, expedido por el Concejo de Neiva, por considerarlo ajustado al ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2007 el Tribunal Administrativo del Huila (expediente 41001233100020060059100) resolvió(7):

“Primero.- Declarar la nulidad del numeral 4.3 y del parágrafo 3 del artículo 4 del Acuerdo 020 del 17 de agosto de 2004 ‘Por medio del cual se derogan los acuerdos municipales 066 de 1997 y 069 de 2003 y se dictan disposiciones sobre el alumbrado público’, los cuales eran del siguiente tenor”.

Según se observa en el software de gestión judicial, la sentencia se notificó mediante edicto desfijado el 23 de enero de 2008 y según anotación del 29 de enero de 2008, no fue apelada, razón por la cual quedó ejecutoriada. El 12 de febrero de 2008 se ordenó el archivo definitivo del expediente.

En consecuencia, la Sala debe estarse a lo resuelto en esa sentencia, pues sobre numeral 4.3 del artículo 4º del Acuerdo 20 de 2004 que se declaró nulo, operó la cosa juzgada absoluta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada. En su lugar, se dispone:

ESTESE a lo resuelto en la sentencia del once (11) de diciembre de dos mil siete (2007), proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en el proceso 41001233100020060059100, en la que se declaró la nulidad del numeral 4.3 del artículo 4º del Acuerdo 20 del 17 de agosto de 2004, proferido por el Concejo Municipal de Neiva.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(5) Para la Corte Constitucional, habida cuenta de que sí ejerce un control integral de constitucionalidad, la cosa juzgada absoluta “(…) es aquella que opera a plenitud, precluyendo por completo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las normas que han sido objeto de estudio, siempre que en la providencia no se indique lo contrario, y mientras subsistan las disposiciones constitucionales que fundamentaron la decisión” (A. 189 de 2006 Corte Constitucional).

(6) En el mismo auto citado anteriormente, la Corte Constitucional precisa que la cosa juzgada relativa admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la corporación ya ha analizado.

(7) Folio 452 c.a.