Sentencia 2002-01578 de febrero 9 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 13001-23-31-000-2002-01578-01(17721)

Consejero Ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Actor: Mister Babilla S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Fallo

Bogotá, D.C., nueve de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala decidir si se ajustan a derecho la Resolución 7 del 2 de mayo de 2002, mediante la cual se dejó sin vigencia la facilidad de pago concedida a la parte actora y la Resolución 900003 del 23 de julio de 2002, que resolvió el recurso de reposición.

Previo a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala considera necesario referirse a la excepción previa de caducidad que propuso la DIAN, toda vez que el tribunal omitió pronunciarse sobre el particular.

Vista la actuación procesal que se surtió en primera instancia, se aprecia que la DIAN solicitó que se decretara como prueba de la caducidad el acuse de recibo de correo certificado Nº 6-13366 del 31 de julio de 2002, expedido por Adpostal. Aunque el a quo omitió decretar esta prueba(1), la DIAN no recurrió la decisión del tribunal que ordenó el traslado a las partes para alegar de conclusión(2). Tampoco propuso incidente de nulidad(3), ni insistió ante esta instancia, pudiendo, en la práctica de la prueba(4).

Pese a que la situación planteada podría dar lugar a la causal de nulidad prevista en el numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil(5) por economía procesal, la Sala estima innecesario seguir el trámite previsto en el artículo 145 del Código de Procedimiento Civil conforme lo indica el artículo 357 ibídem, toda vez que, en el folio 30 del expediente reposa como prueba el original del oficio 8006 058 04219 del 31 de julio de 2002 proferido por la jefe de la división de recursos físicos financieros de la administración de impuestos de Cartagena mediante el que le remite a la parte actora copia de la Resolución 900003 del 23 de julio de 2002, acto administrativo cuya nulidad se demanda(6).

En el cuerpo del mentado documento constan el sello impuesto por la empresa Adpostal que da cuenta de que la comunicación se introdujo al correo el 31 de julio de 2002. Además, consta el sello de recibido de la apoderada de la parte actora del citado oficio que data del 5 de agosto de 2002.

En esa medida, y dado que de conformidad con el artículo 565 del estatuto tributario(7), las providencias que deciden los recursos interpuestos contra las actuaciones de la DIAN se deben notificar personalmente, es evidente que, así haya prueba del acuse de recibo, la notificación del acto acusado no se hizo en debida forma. No obstante lo anterior, el hecho de que la parte actora haya recibido el acto demandado y haya interpuesto la demanda, permite colegir que se notificó por conducta concluyente.

De manera que, contabilizado el término de caducidad a partir de la fecha en que la apoderada de la parte actora recibió la Resolución 900003 del 23 de julio de 2002, se aprecia que vencía el 5 de diciembre de 2002. Dado que la demanda se interpuso el 4 de diciembre de ese año, es evidente que no se configuró la caducidad.

Ahora bien, con fundamento en el artículo 835(8) del estatuto tributario la DIAN se opuso a la demanda argumentando que solo son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución. El tribunal encontró probada esta excepción.

Contrario a la decisión del a quo, la Sala considera que es un acto administrativo el que declara el incumplimiento de las facilidades o acuerdos de pago, porque es un acto que modifica la situación jurídica que se había creado a favor del contribuyente al concederle la facilidad. Por tanto, ese acto es pasible de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, el artículo 814(9) del estatuto tributario faculta a la administración para que otorgue a los deudores de impuestos, intereses y sanciones, facilidades para su cumplimiento, a condición de que constituyan garantías que respalden las obligaciones insolutas.

Por supuesto, cuando esas facilidades se incumplen, el artículo 814-3(10) del mismo estatuto faculta a la autoridad que concedió la facilidad para que deje sin efecto el plazo concedido y, por tanto, ordene hacer efectiva la garantía otorgada por el deudor.

Ahora bien, por el hecho de que el acuerdo de pago pueda suscribirse en cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, de conformidad con el artículo 841(11) del estatuto tributario no es dable inferir que tanto el acto que concede la facilitad como el que la quita son actos administrativos propios del proceso de cobro coactivo, pues siguen siendo actos administrativos autónomos que, a lo sumo, inciden en dicho proceso, en cuanto permiten suspenderlo o reanudarlo, según sea el caso. En consecuencia, fue desacertada la conclusión a la que llegó el a quo. Por tanto, prospera el recurso de apelación y se procede a dictar sentencia de mérito.

Analizado lo expuesto a lo largo de la demanda, la Sala interpreta que para la parte actora las resoluciones controvertidas son nulas porque la DIAN dejó sin efecto la facilidad de pago que le concedió si haber hecho efectiva, de manera previa, la garantía otorgada. Que, dado que con la garantía otorgada satisfacía la obligación tributaria, los actos demandados estaban falsamente motivados en cuanto se fundamentaron en el incumplimiento de una obligación que, a su juicio, ya estaba satisfecha por el hecho de haber otorgado la garantía.

Tales cargos no están llamados a prosperar, por lo siguiente:

El artículo 814-3 del estatuto tributario dispone:

“Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar algunas de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilitad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere el caso”.

En la Resolución 7 del 2 de mayo de 2002, la administración adujo como razón para dejar sin efecto la facilidad, el hecho de que para dicha fecha, la parte actora presentaba un atraso desde el mes de agosto de 2001 en el cumplimiento del pago de las cuotas pactadas.

La parte actora no ha desvirtuado el hecho del incumplimiento. Simplemente se ha limitado a afirmar que la deuda está cumplida porque el bien dado en garantía cubre a satisfacción el monto de la deuda.

La Sala precisa que las garantías otorgadas por los contribuyentes para acceder a las facilidades de pago fungen como respaldo de las obligaciones tributarias pero no constituyen el pago mismo y, por eso, no es dable afirmar que por el hecho de haber otorgado una garantía suficiente debe entenderse pagada la deuda.

Si así fuera, no sería necesaria la facilidad de pago. Bastaría que la autoridad tributaria recibiera en dación en pago los bienes ofrecidos para dar por cumplida la obligación. La parte actora desconoce que la norma que consagraba la facultad de la administración tributaria para recibir los bienes en dación de pago fue derogada por la Ley 633 de 2000. En consecuencia, no prosperan las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia del 4 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. (sic) RECONÓCESE personería a la abogada Flori Elena Fierro Manzano como apoderada de la DIAN.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Auto del 16 de noviembre de 2004 visible en el folio 74 del expediente.

(2) Auto del 6 de febrero de 2006 visible en el folio 84 del expediente

(3) En los folios 85 a 87 del expediente reposa la petición que la apoderada de la DIAN interpuso el 6 de marzo de 2006 solicitando al tribunal que no atendiera la petición de la parte actora de hacer el traslado para alegar. Para esa fecha, la petición era improcedente pues el traslado ya se había concedido.

(4) Código de Procedimiento Civil, artículo 361 (num. 2º) y 214 (num. 1) del Código Contencioso Administrativo. “Pruebas en la segunda instancia. Cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admita el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: (...) numeral 2º. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento”. Numeral 1º. ídem.

Artículo 214 del Código Contencioso Administrativo.

(5) Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil. “El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: (...) 6. Cuando se omiten los términos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusión”.

(6) En el expediente obran los antecedentes administrativos, pero no reposa la prueba del acuse de recibo pedida por la DIAN.

(7) Artículo 565 del estatuto tributario vigente el momento de los hechos de la controversia. Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones tributarias, emplazamientos, citaciones, traslados de cargos, resoluciones en que se impongan sanciones, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas, deben notificarse por correo o personalmente.

Las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la fecha de introducción al correo del aviso de citación.

(8) “ART. 835.—Intervención del contencioso administrativo. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, solo serán demandables ante la jurisdicción contencioso - administrativa las resoluciones que fallan las excepciones y ordenan llevar adelante la ejecución; la admisión de la demanda no suspende el proceso de cobro, pero el remate no se realizará hasta que exista pronunciamiento definitivo de dicha jurisdicción”.

(9) Estatuto tributario, artículo 814 “El subdirector de cobranzas y los administradores de impuestos nacionales, podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la administración. Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a 3.000 UVT...”.

(10) Estatuto tributario, artículo 814-3 “Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, el administrador de impuestos o el subdirector de cobranzas, según el caso, mediante resolución, podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del caso...”.

(11) Estatuto tributario, artículo 841. “En cualquier etapa del procedimiento administrativo coactivo el deudor podrá celebrar un acuerdo de pago con la administración, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas preventivas que hubieren sido decretadas.

Sin perjuicio de la exigibilidad de garantías, cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquellas no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda”.