Sentencia 2002-01627 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Guillermo Sánchez Luque

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Rad.: 05001-23-31-000-2002-01627-01(39684)

Actor: L... C... R... P... y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación.

Ref.: Acción de reparación directa

NOTA: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales.

Jurisdicción y competencia.

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal. Así se deduce del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente.

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, tal y como ocurre en este caso que se refiere a hechos imputables a la administración de justicia (art. 90 C.N. y art. 86 CCA).

Caducidad.

3. El término para formular pretensiones, en sede de reparación directa, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuridicidad del daño(3).

La demanda se interpuso en tiempo —1º de abril de 2002— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuridicidad del daño reclamado desde el 14 de abril de 2000, fecha en que quedó en firme la sentencia que lo absolvió de la acusación formulada en su contra.

Legitimación en la causa

4. L... C... R... P..., E... P... P..., J... M... R... y N... R... P... son las personas sobre las cuales recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los restantes conforman su grupo familiar.

La Nación —Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial— está legitimada en la causa por pasiva por tratarse de la entidad encargada de la investigación y juzgamiento del señor L... C... R... P... en el proceso penal que se le siguió.

En primera instancia se declaró la falta de legitimación por pasiva de la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—, y esta decisión no fue objeto de apelación.

II. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si la absolución con fundamento en una falta de valoración objetiva de la prueba torna en injusta la privación de la libertad.

III. Análisis de la Sala

Hechos probados.

5. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

5.1. El 30 de mayo de 1999, la Policía Nacional capturó al L... C... R... P..., sindicado de ser autor del delito de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, según da cuenta copia auténtica del acta que dejó a disposición de la autoridad (fl. 1 c. 2).

5.2. El 9 de junio de 1999, la Fiscalía Seccional 117 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Apartadó (Antioquia) impuso medida de aseguramiento de detención preventiva a L... C... R... P... por el presunto punible de homicidio tentado, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 80-87 c. 2).

5.3. El 8 de octubre de 1999, la Fiscalía Seccional 117, Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Apartadó (Antioquia) dictó resolución de acusación contra L... C... R... P... y otros como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado tentado, porte ilegal de armas y hurto calificado, según da cuenta copia auténtica de la providencia de esa fecha (fls. 403 a 409 c. 3).

5.4. El 14 de marzo de 2000, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Apartadó absolvió de los cargos al señor L... C... R... P..., decisión que quedó ejecutoriada el 14 de abril de 2000, según dan cuenta copias auténticas de la sentencia proferida en primera instancia y del auto del 31 de marzo de 2001, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fls. 511, 518-551, 552-585 c. 3).

5.5. Entre el 4 de junio de 1999 y 15 de marzo de 2001, L... C... R... P... estuvo recluido en la cárcel del Circuito Judicial de Turbo (Antioquia), según da cuenta certificación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec (fls. 166-167 c. 1).

5.6. L... C... R... P... es hijo de E... P... P... y J... M... R... y es hermano de N... R... P..., según dan cuenta copias auténticas de los registros civiles de nacimiento (fls. 142-143 c. 1).

La privación de la libertad fue injusta en razón de una falla del servicio.

6. El daño antijurídico se encuentra demostrado puesto que L... C... R... P... estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad desde el 30 de mayo de 1999 al 15 de marzo de 2000 [hecho probado 5.5]. Es claro que la lesión al derecho de la libertad personal genera perjuicios que los demandantes no estaban en la obligación de soportar.

7. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(4) tiene determinado, a partir de la interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación la del in dubio pro reo,(5) con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 Constitución Nacional(6).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(7).

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere con la acreditación de que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, con arreglo al cual el daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley.

8. Ahora bien, el fundamento de la absolución penal del señor L... C... R... P... fue que no había cometido las conductas punibles por las cuales había sido sindicado. En efecto, al demandante le fue dictada medida de aseguramiento y resolución de acusación con fundamento en un indicio grave de responsabilidad penal, pues había un testigo que lo incriminaba como el autor intelectual del atentado que sufrió J... G... C... [hechos probados 5.2 y 5.3].

Sin embargo, en la sentencia que absolvió al señor R... P... por los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas, se determinó que que las incriminaciones del testigo que lo señalaba como autor intelectual del homicidio tentado eran falsas, sin que existiera otra prueba que demostrara su participación en los hechos delictivos. Así lo puso de relieve la providencia al indicar:

Para empezar diremos que los mismos argumentos que sirvieron de base para desconocer la declaración de A... L..., serían las mismas que nos servirán en este caso para el análisis de estos cargos. 

(…) 

Para dictar sentencia condenatoria, según lo dispone el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, se requiere que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y a la responsabilidad del procesado. Esta es norma fundamental que partiendo de la presunción de inocencia, guía al sentenciador, cuando de decidir la causa se trata. 

Y, empezamos por proponer estos fundamentales principios, por cuanto definitivamente tienen razón los señores defensores por cuanto el material probatorio no conlleva a la demostración de los tipos penales endilgados a los procesados. No hay una sola declaración, un solo indicio que postule que M... F... A... Q..., pagó a L... C... R... o a J... C... B... B..., para que mataran al señor J... G... C..., o que el señor R... P... hubiese prestado el arma para dicho fin, o que este, se le hubiese incautado arma alguna. Debemos concluir por lo tanto que estos delitos no se configuraron (fls. 548 y 549 c. 3).

Así las cosas, como la absolución del demandante fue con fundamento en la ausencia de una prueba sólida, el título de imputación aplicable es el de falla del servicio, pues la medida de aseguramiento fue dictada con ausencia de pruebas de cargo, lo que torna en injusta la privación de la libertad.

En tal virtud, el daño es imputable a la Nación —Fiscalía General de la Nación— razón por la cual se revocará la sentencia apelada.

9. Ahora, la Nación —Fiscalía General de la Nación— propuso como excepción la culpa exclusiva de un tercero, toda vez que un testigo indujo en error a la entidad al incriminar a L... C... R... P...

En eventos como este no se configura este eximente de responsabilidad, toda vez que la Fiscalía General de la Nación es la entidad titular de la acción penal y es a quien corresponde realizar la investigación de las conductas punibles, en los términos del artículo 250 de la Constitución Nacional. De manera que, es responsabilidad del ente investigador recaudar, analizar y verificar la pertinencia y veracidad de las pruebas sobre los posibles delitos.

Indemnización de perjuicios.

10. En la demanda se solicitó el reconocimiento de 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales, para L... C... R... P..., E... P... P..., J... M... R... y N... R... P..., para cada uno.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad(8). En esta providencia se trazaron unos parámetros de guía para la tasación del daño moral de acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de parentesco de los demandantes en relación con la víctima directa. Estos derroteros quedaron consignados en el siguiente cuadro:

S2002-01627CE
 

L... C... R... P... fue privado de la libertad durante un periodo de 9,5 meses y está acreditado que es hijo de E... P... P... y J... M... R..., y hermano de N... R... P... [hecho probado 5.6.], por lo que demostrada la relación de parentesco, con base en los criterios arriba expuestos se reconocerán 80 SMLMV para la víctima directa y sus padres, para cada uno, y para la hermana, 40 SMLMV.

La Sala ha sostenido(9) que en los eventos en los cuales se demuestra que el demandante es padre, hermano, hijo o cónyuge de la víctima el perjuicio moral se infiere del vínculo parental o marital existente entre los demandantes y la persona víctima del hecho, razón por la cual en este caso se justifica la condena por este concepto.

11. La demanda solicitó el reconocimiento del lucro cesante, por los dineros que dejó de percibir el señor L... C... R... P... por el tiempo que estuvo efectivamente privado de su libertad y por el período que duró para conseguir empleo después de su salida de la cárcel.

No existe ninguna prueba que determine la actividad económica que desempeñaba el señor R... P... ni cuánto percibía a la fecha de los hechos, por lo que se aplicará la presunción según la cual toda persona en edad laboral devenga al menos un salario mínimo legal mensual vigente(10).

De modo que se liquidará el lucro cesante con base en el salario mínimo legal vigente para el año 2016, es decir, $ 689.454, suma que se incrementará en un 25% correspondiente al factor prestacional, para un total de $ 861.817,5.

El período de indemnización será el comprendido entre el 30 de mayo de 1999 (fecha de la captura) [hecho probado 5.1] y el 15 de marzo de 2000 (fecha de salida de la cárcel) [hecho probado 5.5], esto es, 9,5 meses, más 8,75 meses correspondientes al tiempo que según las estadísticas requiere una persona en Colombia para conseguir trabajo luego de haber salido de la cárcel(11), para un total de 18,25 meses, de conformidad con la siguiente fórmula:

S = Ra (1 + i)n – 1

I

Donde:

Ra= Renta actualizada

n= Número de periodos (meses)

i= interés técnico

Entonces:

S = $ 861.817, 5 (1 + 0.004867)18, 25 – 1 = $ 16’406.137

0,004867

En consecuencia, el monto a reconocer a favor de L... C... R... P... por concepto de lucro cesante, asciende a $ 16’ 406.137.

12. En la demanda se solicitó que se condenara a pagar a título de daño emergente las sumas pagadas por honorarios del abogado que asumió su defensa en el proceso penal.

Al respecto, no existe prueba que demuestre que el demandante haya pagado alguna suma de dinero por este concepto, por lo que no se reconocerá.

13. Los demandantes solicitaron 1.000 SMLMV para L... C... R... P... por lo que denominaron perjuicios biológicos derivados de las afectaciones físicas y psicológicas causadas con la detención.

Al respecto, la Jurisprudencia de la Sección Tercera ha reconocido esta tipología de perjuicios bajo el rótulo del daño a la salud(12), cuando esté demostrado en el proceso, cuestión que no ocurrió en este caso, razón por la que se denegara este perjuicio.

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 10 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en su lugar se decide:

1. DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa de la Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional—.

2. DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Nación —Fiscalía General de la Nación—, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto L... C... R... P... y CONDÉNASE a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de L... C... R... P..., E... P... P... y J... M... R..., la suma equivalente en pesos a ochenta (80) SMLMV, para cada uno y a N... R... P..., el equivalente a cuarenta (40) SMLMV.

3. CONDÉNASE a la Nación —Fiscalía General de la Nación— a pagar a favor de L... C... R... P..., por concepto de lucro cesante, la suma de dieciséis millones cuatrocientos seis mil ciento treinta y siete pesos ($ 16’406.137).

4. NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

5. CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

6. En firme este fallo DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias pertinentes conforme a la ley.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de la Sala—Olga Mélida Valle de De La Hoz—Guillermo Sánchez Luque.

2 El consejero ponente de esta decisión, aunque no comparte, sigue el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, Rad. 11.425. Criterio reiterado en sentencias del 13 de septiembre de 2001, Rad. 13.392 y del 14 de febrero de 2002, Rad. 13.622.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, Rad. 15.463.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 Rad. 23.354.

6 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, Rad. 36.146.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, Rad. 18.960.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 36.149.

9 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera las sentencias del 17 de julio de 1992, Rad. 6.750; del 16 de julio de 1998, Rad. 10.916 y del 27 de julio de 2000, Rad. 12.788 y Rad. 12.641.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero de 1994, Rad. 8.576.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, Rad. 34.952

12 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad. 31.170. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 15 de octubre de 2015, Rad. 34.952.