Sentencia 2002-01632 de abril 25 de 2013

 

Sentencia 2002-01632 de abril 25 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Ref.: Expediente 19001233100200201632 01

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Ives Humberto Sandoval Zúñiga

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., veinticinco de abril de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

Consiste en determinar si los actos administrativos por medio de los cuales la Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán se abstuvo de nombrar al señor Ives Humberto Sandoval Zuñiga en el cargo de secretario nominado de ese despacho argumentando “reserva moral”, se ajustan o no a la legalidad.

Actos acusados

1. Oficio 463 de 15 de julio de 2002, mediante el cual la Juez Segunda Laboral del Circuito de Popayán, en cumplimiento del fallo de tutela de 22 de abril de 2002 proferido por el Tribunal Superior de Popayán, le respondió al demandante la solicitud de nombramiento en aplicación de la lista de elegibles conformada para el cargo de secretario nominado, informándole “que en razón de su situación de incumplimiento de requisitos legales para ser nombrado en un cargo de la administración de justicia, contenidos en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, es mi decisión abstenerme de hacer dicha designación, amparada en la figura jurídica de la formulación en su contra de la reserva moral para ejercer un cargo en la rama judicial, a la luz de lo dispuesto en el artículo 126 del mencionado estatuto” (fl. 2).

2. Oficio 536 de 13 de agosto de 2002, expedido por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán, a través del cual le informó al demandante que contra la decisión anterior no procede recurso alguno porque conforme a lo dispuesto en la Constitución Política el juez goza de autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones que incluye la facultad nominadora. Adicional a lo anterior le manifestó “que aun cuando en dos ocasiones de manera formal le solicité a la Fiscalía General de la Nación me informara sobre el estado actual de la investigación penal en su contra, no fue posible de dicho órgano obtener la información requerida. Por tanto la decisión tomada por mí, se fundamentó en el conocimiento público que se tiene de las circunstancias en que usted se ha visto involucrado, las cuales están plasmadas en varios actos administrativos proferidos por el Juzgado Primero Laboral de este Circuito, en el que usted prestó sus servicios y que por su propia naturaleza considero innecesario explicitar aquí” (fl. 9).

Hechos probados

Con la certificación expedida por el jefe de la oficina de recursos humanos de la dirección ejecutiva seccional del Cauca el 12 de octubre de 2004, quedó acreditado que el señor Ives Humberto Sandoval Zúñiga prestó sus servicios en la rama judicial desde el 21 de septiembre de 1976, en el cargo de citador del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Tambo, Cauca. El 4 de septiembre de 1979 fue nombrado como citador grado 4 en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán. El 23 de septiembre de 1979 pasó al Juzgado Laboral del Circuito donde ejerció los cargos de escribiente citador, sustanciador y secretario, en provisionalidad. El último desempeñado fue el de sustanciador grado 9 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán que ejerció del 24 de junio al 6 de noviembre de 2000 (fl. 74, cdno. 2).

Mediante Resolución 79 bis de 22 de julio de 1987, expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, el demandante fue inscrito en carrera judicial en el cargo de citador grado 4 del Juzgado Laboral del Circuito de Popayán (fl. 106, cdno. 2).

Por Resolución 144 B de 30 de octubre de 1987, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán ordenó la reubicación del actor en el escalafón de carrera judicial inscribiéndolo en el cargo de escribiente grado 5 del Juzgado Laboral del Circuito de Popayán (fl. 107, cdno. 2).

La inscripción en carrera judicial fue actualizada a través de la Resolución 187 de 8 de abril de 1997, en el sentido de indicar que el cargo de escribiente grado 5 pertenece al Juzgado Primero Laboral de Popayán en virtud de la redistribución ordenada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo 136 de 1996.

A través de los Acuerdos 44 y 45 de 12 de diciembre de 2000, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca formuló ante los Juzgados Primero y Segundo Laborales del Circuito de Popayán, respectivamente, la lista de elegibles para la provisión del empleo de secretario grado nominado en la que figura como único candidato el señor Sandoval Zúñiga (fls. 57 y 59, cdno. 2).

Reserva moral

Por Resolución 14 de 7 de noviembre de 2000, la Juez Primero Laboral del Circuito de Popayán suspendió al señor Ives Humberto Sandoval del cargo de sustanciador grado 9 de ese despacho en razón a la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de libertad provisional que le fue impuesta por la Fiscalía 005, grupo 2 de Popayán dentro de la investigación penal que se adelantaba en su contra. La Fiscalía a cargo de la investigación solicitó la suspensión en los términos del artículo 147 de la Ley 270 de 1996 (fl. 286, cdno. ppal.).

La Juez Primero Laboral del Circuito de Popayán, a través de la Resolución 1 de 11 de enero de 2001, resolvió “apartarse de la lista de elegibles presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Cauca - Sala Administrativa para el cargo de secretario del Juzgado Primero Laboral” y propuso la provisión del cargo mientras se remite la nueva lista. Sustentó la decisión en la aplicación de “reserva moral” en contra del señor Sandoval Zúñiga dado que la investigación penal adelantada en su contra con ocasión de la denuncia presentada por ella se deriva de conductas sobre el manejo abusivo e indebido de dineros en cuenta de depósito judicial pertenecientes a procesos ejecutivos laborales tramitados en ese juzgado. Advirtió que el demandante ejerció el cargo de sustanciador grado 9 hasta el 27 de octubre de 2000, fecha en la que fue capturado en presencia de la juez y demás empleados del despacho (fl. 37, cdno. ppal.).

Por resoluciones 15 de 11 de julio de 2001, confirmada por la 23 de 1º de noviembre de 2001, la Juez Primero Laboral de Popayán declaró la vacancia del cargo de escribiente que ocupaba el señor Sandoval Zúñiga por abandono del mismo. Argumentó que el demandante fue privado de la libertad el 27 de octubre de 2000 y entró a gozar del beneficio de la libertad provisional el 3 de mayo de 2001, fecha a partir de la cual cesó la inhabilidad de que trata el artículo 150, numeral 3º, de la Ley 270 de 1996, es decir, que la suspensión se rige por lo dispuesto en el artículo 135 de la misma ley relativa a los “separados temporalmente del servicio” por motivos legales que, al desaparecer, implican el regreso inmediato al servicio activo. A pesar de lo anterior, el demandante presentó la petición de reintegro 35 días hábiles después de estar en libertad (fls. 288 y 291, cdno. ppal.).

Por Resolución 20 de 5 de noviembre de 2002, la Juez Primero Laboral del Circuito de Popayán reiteró la reserva moral en contra el señor Ives Humberto Sandoval quien figura de primero en la lista de elegibles contenida en el Acuerdo 127 de 2002 en razón a que las circunstancias expuestas en la decisión anterior se mantenían. Advirtió que el cargo de escribiente que ocupaba el señor Sandoval Zuñiga en ese despacho fue declarado vacante por abandono del mismo a través de las resoluciones 15 y 23 de 2001 (fl. 41, cdno. ppal.).

La Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán, a través de los actos demandados expedidos en julio y agosto de 2002, también aplicó la reserva moral al demandante para abstenerse de usar la lista de elegibles en la que el señor Sandoval Zuñiga era único candidato para el cargo de secretario nominado de ese despacho.

Análisis de la Sala

El artículo 125 de la Constitución Política, establece el sistema de carrera como una forma de acceso a los empleos públicos, con el fin de garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio, igualdad de oportunidades para quienes aspiran a vincularse con la administración y en una restricción en los parámetros de elección que recaen en el nominador, pues se tendrá como criterio absoluto para la selección y permanencia el mérito y las calidades de los aspirantes.

La norma en mención preceptúa:

“Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción”.

Actualmente, la rama judicial se rige por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, que reguló la carrera judicial manteniendo la vigencia de algunas disposiciones del Decreto-Ley 52 de 1987, por disposición expresa del artículo 204 ibídem.

Con relación a la naturaleza del cargo de secretario de juzgado del circuito se tiene que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto 52 de 1987, se trata de un cargo de carrera que debe ser provisto por el sistema de méritos dispuesto en la Ley 270 de 1996.

Con relación a la provisión de cargos en la rama judicial, el artículo 132 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, dispone lo siguiente:

“1. En propiedad. Para los empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera o se trate de traslado en los términos del artículo siguiente.

(...)”.

Las pruebas allegadas al proceso acreditan que el señor Sandoval Zúñiga concursó para el cargo de secretario nominado de Juzgado Laboral del Circuito de Popayán y fue el único candidato en la lista conformada para proveer ese empleo por lo que, en principio, procedía su nombramiento en propiedad (Ac. 44 y 45, dic. 12/2000, visibles a fls. 57 y 59, cdno. 2).

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia, además de establecer el sistema de carrera judicial para la provisión de empleos por el sistema de méritos, se refiere a las condiciones éticas que deben acreditar los servidores judiciales así:

“ART. 126.—Condiciones éticas del servidor judicial. Solamente podrá desempeñar cargos en la rama judicial quien observe una conducta acorde con la dignidad de la función”.

Atendiendo dicha preceptiva, el Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán, aplicó reserva moral para abstenerse de nombrar al demandante en el cargo para el cual concursó y fue único candidato en la lista de elegibles por “su situación de incumplimiento de requisitos legales para ser nombrado” atendiendo lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 270 de 1996.

En relación con el tema de la reserva moral, la Corte Constitucional en Sentencia SU-086 de 17 de febrero de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, manifestó lo siguiente:

(...).

El artículo 125 de la Constitución Política establece el principio general bajo cuyo imperio “los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera”.

El carácter imperativo de este precepto es indudable y también su generalidad. Mientras no exista una excepción expresa, que encaje en los presupuestos constitucionales, ninguna autoridad dentro del Estado puede ignorar su vigencia o eludir las consecuencias que tiene el alcance del concepto de “carrera”, acudiendo a interpretaciones más o menos ingeniosas de las normas constitucionales específicas para determinadas ramas u órganos estatales.

Allí mismo se establece, con toda claridad, que “el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes”, haciendo explícito, de modo que no deja lugar a dudas, que “los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público” (resalta la Corte).

No se requiere un profundo análisis de los términos usados por el constituyente para concluir, entonces, que, salvo los casos expresamente definidos por el legislador o por la propia Carta, cuando alguien aspire a desempeñar un cargo al servicio del Estado, debe concursar; que los resultados del concurso son determinantes para los fines del nombramiento; que, por supuesto, la calificación obtenida dentro de aquel obliga al nominador, quien no podrá desatenderla para dar un trato inmerecido —a favor o en contra— a quienes han participado en el proceso de selección; y que, correlativamente, esos resultados generan derechos en cabeza de los concursantes que obtienen los más altos puntajes.

Obsérvese que la norma no excluye a la rama judicial del poder público, y véase también que, en el interior de ella, no se crean distinciones, para efectos del nombramiento por concurso, entre funcionarios y empleados judiciales.

Para la Corte, y no a título de concepto u opinión, ni como obiter dictum, sino en acatamiento a la cosa juzgada constitucional, según lo dicho, quien ha ocupado el primer lugar en el concurso adelantado para llenar una determinada plaza de juez o magistrado, como acontece también con los empleados de la rama judicial, tiene un derecho de rango constitucional a ser nombrado, sin que por tanto sea legítima la decisión del nominador en el sentido de escoger, por encima del ganador del concurso, a participantes calificados con puntajes inferiores.

Desde luego, no se trata de forzar la designación de quien, por sus conductas anteriores, no merece acceder al empleo materia del proceso cumplido, pues ello implicaría también desconocer el mérito, que se repite constituye factor decisivo de la carrera. Por eso, la Corte Constitucional afirma que las corporaciones nominadoras gozan de un margen razonable en la selección, una vez elaborada —con base en los resultados del concurso— la lista de elegibles o candidatos. Tal margen lo tienen, no para nombrar o elegir de manera caprichosa o arbitraria, desconociendo él concurso o ignorando el orden de las calificaciones obtenidas, sino para excluir motivadamente y con apoyo en argumentos específicos y expresos, a quien no ofrezca garantías de idoneidad para ejercer la función a la que aspira.

Tales razones —se insiste— deben ser objetivas, sólidas y explícitas y han de ser de tal magnitud que, de modo evidente, desaconsejen la designación del candidato por resultar claro que sus antecedentes penales, disciplinarios o de comportamiento laboral o profesional, pese a los resultados del concurso, lo muestran como indigno de obtener, conservar o recuperar la investidura judicial, o acusen, fuera de toda duda, que antes incumplió sus deberes y funciones o que desempeñó un cargo sin el decoro y la respetabilidad debidos.

En otros términos, el aspirante que tiene a su favor el mejor resultado en el concurso solo puede perder su derecho al nombramiento —caso en el cual debe ser nombrado el segundo de los participantes, en estricto orden de resultados— sobre la base sine qua non de que la corporación nominadora esté en condiciones de descalificarlo, por mayoría de votos, por causas objetivas, poderosas, con las cuales se motive la providencia que lo excluye. La regla general es el nombramiento. La excepción, el descarte fundamentado y expreso.

La Corte no admite las consideraciones subjetivas ni los motivos secretos, reservados u ocultos para descalificar a un concursante.

La reserva moral, que fue relevante y muchas veces decisiva en el pasado, no cabe hoy según los principios y mandatos constitucionales. La objeción respecto al nombre de un candidato o funcionario judicial, en cualquier nivel y para cualquier destino, no puede provenir de razones in pectore, guardadas en el fuero interno de uno o varios de los integrantes de la corporación nominadora. Tiene que proceder de hechos contundentes y efectivos, que puedan sostenerse ante el afectado, quien obviamente, en guarda de sus derechos a la honra y al buen nombre (C.N., art. 15), al debido proceso (C.N., art. 29) y a la rectificación de informaciones (C.N., arts. 15 a 20), al trabajo (C.N., art. 25) y al desempeño de cargos públicos (C.N., art. 40), debe poder defenderse.

Al respecto, la Corte reitera su consolidada jurisprudencia:

(...).

En, efecto, el establecimiento y el ejercicio de este tipo de competencias no puede obedecer al mero y simple capricho de los titulares de la función nominadora, quienes no se encuentran en libertad de disponer sobre lo de su función en absoluta libertad, ya que como lo sostiene la doctrina del derecho administrativo, se debe partir del postulado según el cual la discrecionalidad no es ni patrocina la arbitrariedad, pues, dichos actos deben ser objeto del control contencioso administrativo principalmente en lo que hace a los motivos o razones externas que fundamentan la decisión y también sobre el uso proporcionado y racional de la competencia.

Así las cosas, es claro que los términos de la definición legal de la competencia de que se trata en este caso, no elimina el deber jurídico general que impone la motivación del acto; lo que ocurre es que por la naturaleza del asunto de que se ocupa la misma, bien basta que aquella sea sucinta o escueta, siempre que sea lo bastante indicativa del fundamento legal que se invoca como motivo de su ejercicio. Estas características autorizadas por la definición que incorpora la ley, no acarrean por sí mismas la nulidad del acto en concreto, ni la inconstitucionalidad de la ley en general; por lo contrario, la naturaleza del asunto, las concretas circunstancias que rodean el mismo y la estructura del ordenamiento jurídico al que pertenece la disposición que autoriza el expediente del convencimiento moral del tribunal nominador sobre la conducta inadecuada del candidato, señalan que dicha motivación puede ser sucinta, breve o escueta siempre que sea indicativa de dicho fundamento. Obsérvese que todo lo anterior tiene como finalidad el aseguramiento de los derechos de las personas y la garantía del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración, por virtud del ejercicio de las correspondientes acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, que comportan la posibilidad del reclamo de las reparaciones correspondientes y la efectiva protección del derecho violado” (Cfr. C. Const., S. Quinta de Revisión, Sent. T-602, dic. 11/92, M.P. Fabio Morán Díaz)”.

A su vez, el Consejo de Estado, en sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 2224-99, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, en relación con las calidades subjetivas de los funcionarios de la rama judicial afirmó lo siguiente:

“(...).

Aunque el Decreto-Ley 1888 de 1989 hace una exigencia subjetiva y discrecional, que en nada se compadece con la preceptiva Constitucional de que “nadie podrá ser molestado ni su legítimo interés desconocido, sino con arreglo a motivos claramente determinados en las leyes y cumplimiento previo de garantías, formalidades y actuaciones”, la Sala debe precisar que la dignidad para ser juez de la República, debe ser inmaculada, pues son los jueces los únicos funcionarios públicos encargadas de administrar justicia y si uno de ellos, por razones ajenas a su voluntad se ve involucrado en una investigación penal que arroja una condena aún como en el caso de la demandante, por un delito culposo, ello es prueba suficiente para deducir que no observó la suficiente diligencia y cuidado en el manejo del despacho a su cargo, permitiendo así el comportamiento doloso que tuvieron sus subordinados.

(...).

En materia de no reelección de jueces, invocando la “reserva moral”, la jurisprudencia muestra un marcado avance, así:

En principio se aceptaba que ella era viable, por concebirla como una libre apreciación de acuerdo al fuero subjetivo del nominador, autorizado por la ley; luego se pasó a un plano más objetivo, para exigir que el nominador al invocarla, no podía hacerlo simplemente basado en apreciaciones personales, sino que ellas debían ser probables. La tendencia actual, es que la no reelección de un juez invocando reserva moral, se adelante indicando razones no solo probables, sino también demostrables, con el propósito de garantizar al administrado un adecuado derecho de defensa y del debido proceso; inclusive en procura de preservar hasta la intimidad personal. Derechos que son fundamentales.

(...)”.

Conforme a la jurisprudencia citada, el nominador puede invocar la reserva legal para abstenerse de hacer un nombramiento indicando en forma expresa, las razones objetivas, sólidas y explícitas que evidencien la inconveniencia de la designación pese a los resultados del concurso, por incumplimiento de sus deberes y funciones o el desempeño de un cargo sin el decoro y la respetabilidad exigidos a un servidor judicial.

En el presente caso se encuentra demostrado que los actos demandados a través de los cuales la Juez Segundo Laboral del Circuito se abstuvo de nombrar al demandante en el cargo de secretario del juzgado, pese a que concursó y fue el único candidato de la lista de elegibles conformada para dicho empleo, se sustentaron en “una situación de incumplimiento de requisitos legales para ser nombrado en un cargo de la administración de justicia”, citando para el efecto el artículo 126 de la Ley Estatutaria dé Administración de Justicia, sobre condiciones éticas del servidor judicial.

En el acto que resolvió el recurso de reposición, la juez segundo laboral le informó al demandante que la decisión de formular reserva moral en su contra para abstenerse de nombrarlo en el cargo de secretario para el que concursó “se fundamentó en el conocimiento público que se tiene de las circunstancias en que usted se ha visto involucrado, las cuales están plasmadas en varios actos administrativos proferidos por el Juzgado Primero Laboral de este circuito, en el que usted prestó sus servicios y que por su propia naturaleza considero innecesario explicar aquí”.

En efecto, las circunstancias a las que se refirió la juez segundo laboral fueron descritas por la juez primero laboral que también formuló reserva moral en contra del actor para abstenerse de nombrarlo como secretario de ese despacho judicial en razón a que fue ella quien lo denunció por las irregularidades que presuntamente cometió con títulos judiciales que estaban a su cargo en calidad de sustanciador de ese juzgado.

Al respecto, la juez segundo primero laboral advirtió lo siguiente:

“(...) la percepción de lo ocurrido independientemente de que sean sancionables penal y disciplinariamente constituyen circunstancia suficiente para aplicar lo previsto en el artículo 126 de la Ley Estatutaria de la Justicia” (sic).

El demandante, inconforme con la decisión interpuso acción de tutela con el fin de lograr el nombramiento en el cargo de Secretario del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán la cual fue decidida por el Tribunal Superior de Popayán mediante sentencia de 5 de diciembre de 2002 en el sentido de declarar improcedente la acción para obtener la designación y tuteló el derecho al buen nombre y a la honra del señor Sandoval Zúñiga y en consecuencia, le ordenó a la juez “propiciar una audiencia pública en la cual haga expresaos sus motivos para la reserva moral, comunicarlos al afectado, oír a este en descargos, decidir y remitir la documentación de lo así actuado, para que el Tribunal Administrativo adjunte tales medios de prueba al expediente de nulidad y restablecimiento, antes de pronunciar sentencia de primera instancia” (fl. 92, cdno. 1).

En cumplimiento de la orden de tutela, la Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán realizó audiencia pública especial el 24 de enero de 2003 con la presencia del señor Ives Humberto Sandoval para expresarle los motivos que sustentaron la decisión de formular reserva moral en su contra según lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (fl. 103, cdno. 1).

La funcionaria judicial, en esa diligencia, le informó al demandante que no reúne las calidades morales y legales para ejercer el cargo de secretario nominado del juzgado segundo laboral por las circunstancias en que se vio involucrado como empleado del juzgado primero laboral y que originaron la investigación penal que se adelanta en su contra. Agregó que los documentos remitidos por ese despacho judicial evidencian serios motivos para dudar de la actuación del demandante en el pulcro e impecable ejercicio de las funciones que como empleado al servicio de la rama judicial, le exige la ley colombiana, por lo que reitero mi decisión de abstenerme de designarlo en un cargo de la planta de personal del juzgado, por considerar que las razones expresadas lo hacen inhábil legalmente para desempeñarlo, decisión que fundamento en el artículo 126 de la Ley 270 de 1996”.

El señor Sandoval Zuñiga en la audiencia especial afirmó lo siguiente:

“(...) las circunstancias o motivos por los cuáles la señora juez (...) En sus distintas actuaciones administrativas relacionadas con la situación misma del suscrito en dicho despacho no son claras, pues no provienen de un conocimiento directo que lleven a la certeza de determinar que en mi actuación en la investigación están determinadas por el dolo. (...) Los hechos materia del punible obedecieron a coacciones generadas por personas desconocidas que tenían un claro conocimiento de las actuaciones del juzgado. (...) manifiesto que en el año del 99 (sic) empecé a ser objeto de un grupo de personas aún desconocidas que bajo una serie de amenazas de muerte para el suscrito y mi familia y con base en circunstancias me obligaron a doblegar mi razón hasta el punto en que obligado realice varios oficios tendientes a ordenar la entrega de unos dineros que sobre remanentes existían en el despacho dentro de lo que a mi competía por decir así (...)”.

La Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán continuó su exposición de razones reiterando la decisión de formular reserva moral conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, dio por terminada la diligencia y ordenó entregar copia de la misma al señor Sandoval Zúñiga y remitirla a los Tribunales Superior de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo del Cauca (fl. 103).

Las causas en que se sustentó la formulación de reserva moral en contra del actor fueron expuestas en el trámite del proceso contencioso de la siguiente manera:

— La señora Nelly Patricia Ruiz Osorio, quien se desempeñó como Juez Primero Laboral del Circuito de Popayán, al rendir testimonio el 7 de octubre de 2004, afirmó que conoció al demandante desde el 14 de junio de 1982 porque trabajó en el despacho judicial del que ella era titular. Advirtió que el señor Sandoval Zúñiga tuvo un buen desempeño “hasta el 26 de octubre de 2000 fecha en la cual me enteré de unos pagos irregulares de títulos de depósito judicial elaborados por él y lo cual es objeto de investigación penal y fue objeto de investigación disciplinaria”. Informó que la denuncia penal fue interpuesta por ella, en calidad de juez primero laboral y admitió que tiene abiertos dos procesos preliminares en la Fiscalía General de la Nación y “dos o tres investigaciones disciplinarias”. Aclaró que la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Cauca en su contra, fue casada por la Corte Suprema de Justicia, quien profirió sentencia a su favor por los delitos imputados en calidad de juez primero laboral (fl. 31, cdno. 2).

— La señora Dolly Muñoz Inbachi, en testimonio rendido el 8 de octubre de 2004, informó que se desempeñó como secretaria del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán en la época en que el demandante ocupaba el cargo de sustanciador del mismo despacho. En relación con las supuestas irregularidades cometidas por el demandante manifestó lo siguiente (fl. 36, cdno. 2):

“Recuerdo que casi al finalizar la mañana de un día de octubre si mal no estoy del año 2000 la señora juez me llamo al despacho, allí estaba la señora Llgia (sic) Olave, la doctora Patricia entonces me puso en conocimiento de una citación muy delicada respecto al cobro de unos títulos judiciales, posteriormente entró al despacho el señor !ves Humberto Sandoval, se sentó al lado mío y manifestó recuerdo que casi no podía hablar y la voz se le entrecortaba y dijo yo soy el responsable yo soy el único responsable, decía yo voy a enfrentar esto, la doctora Patricia le dijo Ives por qué hiciste eso si tú eres el empleado de más tiempo en este despacho y él se limitaba a contestar yo soy el responsable, si mal no recuerdo él dijo voy a ir a la Fiscalía recuerdo muy bien que yo le puse la mano en la pierna y le dije Ives por qué hiciste eso si yo te he querido tanto y él decía que él tenía pena con la señora juez y con todos sus compañeros, ese día no recuerdo más por qué esa situación fue muy difícil para mí porque se trataba de un compañero de trabajo al otro día en el archivo recuerdo bien del despacho yo volví a preguntarle Ives explíqueme porque yo no entiendo porque y él me dijo tranquila Dolly que nadie aquí en el juzgado va a tener problema yo soy el único responsable y siempre manifestaba eso, respecto de quien se benefició de estas actividades presumo que si él siempre decía que él era el responsable presumo que sería él quien se beneficiaba, pero repito no puedo afirmarlo”.

— Las señoras María del Socorro Llanos Rodríguez y Ángela Mélida Vidal, en testimonios rendidos el 17 de marzo de 2005, coincidieron en afirmar que conocen al demandante, su esposa y cuatro hijos porque han sido vecinos casi toda la vida. Todos dependen económicamente de él y han visto la afectación moral y económica de la familia por el arresto del señor Ives y su falta de trabajo, le han tenido que pedir ayuda a sus familiares para subsistir (fls. 457 y 459, cdno. 3).

— La señora Amparo Rodríguez Fernández, quien expidió los actos demandados en calidad de Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán, en testimonio rendido el 17 de marzo de 2005, informó lo siguiente (fl. 461, cdno. 3).

“A raíz de mi labora(sic) como Juez Segundo Laboral de Popayán obtuve información de algunos sucesos presuntamente delictuales de los que entiendo se ha acusado al señor Sandoval a raíz de algunos actos proferidos por la señora Juez Primero Laboral de Popayán, sin que tenga yo ninguna otra información diferente a lo que en dichos actos se ha relacionado. (...) Preguntado: usted ha manifestado al comienzo de esta diligencia que viene desempeñando el cargo de Juez Segundo Laboral de Popayán desde hacer ocho años, sírvase informarle al tribunal si es cierto o no que en el mencionado lapso de tiempo, han cursado o cursan en su contra investigaciones de tipo penal, contravencional o disciplinario. Contesto: sí es cierto, con excepción de las contravencionales. Preguntado: sírvase manifestar si es cierto o no que usted informó oportunamente a sus superiores, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán sobre las investigaciones penales y disciplinarias adelantadas en su contra, para que sus superiores adoptaran las medidas previstas en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Contestado: no conozco norma que me imponga dicha obligación por mi parte, eso es todo (...)”.

Las anteriores declaraciones evidencian que la reserva moral formulada por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Popayán en contra del demandante para abstenerse de nombrarlo en el cargo para el cual concursó, se sustentó en causas objetivas, sólidas y explícitas que fueron conocidas por los servidores judiciales que laboraban en ese despacho y en el juzgado primero laboral del mismo circuito, donde él prestó sus servicios.

Las causas del reproche ético formulado en contra del actor como servidor judicial eran de su pleno conocimiento dado que para la fecha en que se puso en conocimiento de los juzgados laborales la lista de elegibles para proveer el cargo de secretario nominado, 12 de diciembre de 2000, el señor Ives Sandoval Zuñiga se encontraba privado de la libertad por orden de la Fiscalía 005 que adelantó la investigación por las presuntas irregularidades cometidas por él en calidad de sustanciador del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Popayán. La medida de aseguramiento se hizo efectiva el 26 de octubre de 2000 y se mantuvo hasta el 3 de mayo de 2012, fecha en que le fue otorgada la libertad provisional.

El hecho de que las jueces laborales tuvieran investigaciones penales y disciplinarias en su contra no desvirtúa la legalidad de los actos demandados porque se repite las causas que sustentaron la reserva moral son objetivas, sólidas y explícitas, máxime si se tiene en cuenta que el demandante reconoció la comisión de las irregularidades que motivaron el proceso penal que culminó en primera instancia con sentencia condenatoria, precisamente porque admitió que fue el único autor de la conducta”.

Así las cosas, la situación de las jueces laborales investigadas penalmente no es equiparable a la del demandante porque en este caso existe certeza de que la conducta investigada deriva del ejercicio de las funciones judiciales que el señor Sandoval Zúñiga tenía a su cargo y fueron suficientemente demostradas. El hecho de que el funcionario judicial tenga en su contra investigaciones de la misma índole no lo inhibe de formular reserva legal en contra de los servidores judiciales de su despacho dado que es el nominador quien ejerce tal facultad.

Por las razones expuestas, la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda deberá ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Contencioso Administrativo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en autoridad de la ley,

FALLA:

Confirmase la sentencia de 19 de marzo de 2009 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Ives Humberto Sandoval Zúñiga contra la Nación, rama judicial, Consejo Superior de la Judicatura.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».