Sentencia 2002-01674 de febrero 8 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 13001-23-31-000-2002-01674-01

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Asomanga y Asopopa

Demandado: Nación - Distrito de Cartagena - Concejo Distrital

Asunto: Nulidad simple – fallo de segunda instancia.

Bogotá D.C., ocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

Corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de esta Sección, conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la sentencia dictada el 16 de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en los términos del artículo 129 del CCA, en concordancia con lo decidido en el Acuerdo de Descongestión Nº 357 de 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta de esta Corporación.

2. Cuestión previa.

El apoderado judicial del Distrito de Cartagena de Indias, en el recurso de apelación, tal como lo había hecho en sus alegatos de conclusión, propuso una nueva excepción, no planteada en el escrito de su contestación, que denominó inepta demanda por no cumplir con el requisito de explicar el concepto de violación de las normas alegadas como infringidas en la presente acción.

Frente a la misma, la Sala advierte que no son las etapas de los alegatos de conclusión, ni del recurso de apelación de una sentencia de primera instancia, las oportunas para proponer excepciones de esta naturaleza, en cuanto lo es, exclusivamente, la contestación de la demanda. Al ser inoportuna, y abiertamente extemporánea, no se accederá a estudiar su contenido.

No obstante, no se dejará de advertir que, lejos de lo manifestado por la parte impugnante, del acápite del concepto de violación inserto en la demanda sí se puede evidenciar, claramente, que se elevó la solicitud de la nulidad del acto acusado, en síntesis, por las siguientes razones: (i) Se autorizó el cobro de una sobretasa sin tener competencia para crear en forma autónoma ese tributo; (ii) el contenido del acuerdo riñe con las características universales de una tasa o sobre tasa; (iii) se hizo una exposición de motivos contraria a la realidad; (iv) hubo omisiones en el procedimiento posterior a la sanción legal y (v) el cobro de la sobretasa a través de las facturas de servicios públicos está prohibido por expresa disposición legal.

3. Acto demandado.

El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Acuerdo 20 de 26 de septiembre de 2002, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, “por medio del cual se autoriza el cobro de una sobretasa y se dictan otras disposiciones”, cuyo tenor literal es el siguiente:

“[…] EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C.

En uso de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas por los artículos 313, 318 y 338 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994

ACUERDA

“ART. 1º—Establécese el cobro de una sobretasa a todos los predios señalados en el Artículo 5º del Acuerdo 30 de 2001, ubicados dentro de la jurisdicción de la Comuna Uno del Distrito de Cartagena, por el término de diez años, contados a partir del uno (1º) de enero de 2003, en la siguiente proporción:

Comuna uno

EstratoTarifa
Estrato1$ 1.000
Estrato2$ 1.000
Estrato3$ 1.500
Estrato4$ 2.000
Estrato5$ 3.000
Estrato6$ 4.000
Comercial $ 5.000

Los recursos captados se destinarán a seguridad y a inversión en obras de interés general.

PAR. 1º—Las sumas anteriores, serán indexadas anualmente de acuerdo con el IPC.

PAR. 2º—El recaudo de la sobretasa se realizará a través del recibo del servicio de Acueducto y Alcantarillado.

PAR. 3º—El setenta por ciento (70%) de los recursos recaudados, por un barrio integrante de la comuna, serán destinados a realización de las obras en beneficio del respectivo barrio y el treinta por ciento (30%) restante con destino a obras de interés general dentro de los barrios que la componen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda destinar el 100% del recaudo para obras de beneficio general de la comuna.

ART. 2º—Establécese el cobro de una sobretasa a todos los predios señalados en el artículo 5º del Acuerdo 30 de 2001, ubicados dentro de la Comuna Cinco del Distrito de Cartagena, por el término de diez años contados a partir del uno (1º) de enero del año dos mil tres (2003) en la siguiente proporción

Comuna cinco

EstratoTarifa
Estrato1$ 1.000
Estrato2$ 1.000
Estrato3$ 1.500
Estrato4$ 2.000
Estrato5$ 3.000
Estrato6$ 4.000
Comercial $ 5.000

Los recursos captados se destinarán a la construcción, dotación y mantenimiento de la sede Instituto Tecnológico Comunitario y demás instituciones educativas de la comuna cinco.

PAR. 1º—Las sumas anteriores serán indexadas anualmente de acuerdo con el IPC.

PAR. 2º—El recaudo de la establecida sobretasa se realizará a través del recibo del servicio de gas domiciliario.

ART. 3º—El recaudo de la sobretasa se efectuará por mensualidades durante los doce meses de la vigencia fiscal, durante los diez años de vigencia de este acuerdo. Su pago podrá efectuarse anticipadamente, por año, por semestre o trimestre dentro de la respectiva vigencia fiscal.

PAR.—Los valores generados por concepto de la sobretasa, se causarán y se podrá recaudar con independencia del generado por el Impuesto Predial.

ART. 4º—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena, para contratar con una entidad fiduciaria o ampliar el objeto de los encargos ya constituidos el manejo de los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa, cuyo ordenador será el Distrito. En caso de entrar en vigencia el presente Acuerdo sin que se haya seleccionado a la entidad fiduciaria, el Distrito estará obligado a abrir una cuenta en la que se depositarán las sumas recaudadas, que solo podrán ser giradas a través de la entidad fiduciaria.

ART. 5º—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena para realizar las modificaciones e incorporaciones presupuestales necesarias que resulten del cobro de la presente sobretasa.

ART. 6º—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena, por el término de doce meses, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para contratar mediante licitación pública la ejecución de las obras de que tratan los artículos primero y segundo del presente Acuerdo, pudiendo ceder al seleccionado contratista el cobro de las vigencias pendientes por recaudar de la mencionada sobretasa.

PAR.—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por el mismo término, para comprometer los recursos generados por esta sobretasa de vigencias futuras.

ART. 7º—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por el término de doce (12) meses contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para que previa solicitud de la Junta Administradora Local, haga extensiva mediante decreto la exigibilidad de la presente sobretasa, a los predios comprendidos dentro de la Comuna solicitante, por el mismo término, pudiendo optar, a petición de la comunidad, por la aplicación de la tarifa señalada en los artículos 1º y 2º de este Acuerdo o modificarla sin que exceda del máximo establecido para el estrato 6, en uno o varios barrios de la respectiva Comuna. Se realizarán los convenios que se consideren necesarios con la(s) empresa(s) de servicios públicos domiciliarios, con la finalidad de efectuar el respectivo recaudo.

PAR.—Los recursos captados se destinarán a inversión en obras de interés general.

ART. 8º—Autorízase al Alcalde Mayor de Cartagena, por el término de seis meses, contados a partir de la vigencia del presente Acuerdo, para que realice los convenios necesarios con relación al recaudo de la sobretasa, establecida en los artículos 1º y 2º del este Acuerdo.

ART. 9º—El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

Dado en Cartagena de Indias, a veinte (20) de septiembre de dos mil dos (2002) […]”.

4. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer, de acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, si el Acuerdo 20 de 26 de septiembre de 2002 “por medio del cual se autoriza el cobro de una sobretasa y se dictan otras disposiciones”, fue expedido con falta de competencia y falsa motivación por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

5. Análisis del caso concreto.

Si bien en el presente asunto la parte actora consideró que, con la expedición del acto acusado, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias incurrió en infracción en las normas en que debía fundarse, desviación de poder, faltadecompetenciayfalsamotivación, su impugnación solo la circunscribió, como antes se anotó, a los dos últimos de estos vicios.

Lo anterior, por cuanto estableció el cobro de una sobretasa por el término de 10 años que se recaudaría por medio de los recibos de gas domiciliario, acueducto y alcantarillado, la cual tenía como fin la realización de obras de interés general, seguridad, construcción, dotación, mantenimiento del Instituto Tecnológico Comunitario y demás instituciones educativas que benefician a los habitantes de los barrios pertenecientes a las Comunas 1 y 5 de Cartagena.

En cuanto a lo anterior, se tiene que la Constitución Política en sus artículos 150, 287, 313 y 338, prevé lo siguiente:

“[…] ART. 150.—Corresponde al Congreso hacerlasleyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.

2. Expedircódigosentodoslosramosdelalegislaciónyreformarsusdisposiciones.

(…)

12. Establecercontribucionesfiscalesy,excepcionalmente,contribucionesparafiscalesenloscasosybajolascondicionesqueestablezcalaley […]” (Negrillas por fuera de texto).

“[…] ART. 287.—Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

(…)

3.Administrarlosrecursosyestablecerlostributosnecesariosparaelcumplimientodesusfunciones […]” (Negrillas por fuera de texto).

“[…] ART. 313.—Corresponde a los concejos:

(…).

4.VotardeconformidadconlaConstituciónylaleylostributosylosgastoslocales […]” (Negrillas por fuera de texto).

“[…] ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo […]”.

De acuerdo con las disposiciones antes transcritas, la Sala encuentra que en tiempos de paz, el Congreso de la Republica es el único autorizado para la creación de las leyes, incluso las de carácter tributario, que deben sujetarse a lo dispuesto por la Constitución y la Ley.

Si bien es cierto, la Carta otorga autonomía fiscal a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, al consagrar que dentro de sus actividades está la de establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, también lo es que no las autorizó para crearlos, pues dicha potestad recae exclusivamente en el Congreso.

Ahora bien, debe precisarse que cuando la Carta Política consagra la facultad de “[…] establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones […]”, hace referencia a que los entes territoriales, a través de las Asambleas y los Concejos, tienen la potestad de imponer directamente los elementos esenciales de los tributos locales, siempre y cuando hayan sido creados previamente por el legislador o autorizados por él.

En efecto, en relación con la facultad impositiva de los Concejos Municipales, la Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación, en reiterados pronunciamientos(1), ha precisado quesoloellegislador,ordinariooextraordinario,deconformidadconelartículo313,numeral4º,delaConstituciónPolítica,enconsonanciaconelartículo287,numeral3º ibídem,puedeautorizaralosmunicipios,comoentidadesterritoriales,paracobrartributos;yque,entodocaso,entalautorizaciónlegaldebenaparecerenformaclarayprecisaloselementosestructuralesdeltributo,asaber:sujeto,hechos,basesgravablesytarifas.

Ello, ha sido desarrollado así, además, desde el entendimiento del artículo 338 constitucional:

“[…] El criterio con el que esta Corporación se ha pronunciado sobre el punto, ha destacado la autonomía de las entidades municipales, la cual se encuentra constitucionalmente consagrada en el citado artículo 338 Superior. Este texto constitucional es claro en señalar que, en la ley, en las ordenanzas o en los acuerdos, se deben determinar los elementos del tributo, en clara concordancia y desarrollo con los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales(2).

Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia de constitucionalidad C-390 del 22 de agosto de 1996, explicó el alcance del artículo 338 de la Constitución, en lo concerniente a la obligatoria fijación de los elementos esenciales del deber tributario por parte de los órganos colegiados de carácter representativo, así:

“[…] elaludidopreceptoconstitucionalnotieneelsentidodeconcentrarenelCongresolacompetenciaexclusivayexcluyenteparaestablecerloselementosdetodotributo,incluidoslosqueestablezcanlasasambleasdepartamentalesylosconcejosmunicipalesydistritales,pueselloimplicaría,nimásnimenos,eldesconocimientodelámbitopropioeinalienablequelaConstituciónreconocealasentidadesterritorialesencuantoalestablecimientodegravámenesensusrespectivosterritorios.

(…).

Por eso, el mismo artículo 338 de la Constitución, que el demandante estima violado, dispone con claridad que no solamente la ley sino las ordenanzas y los acuerdos son los actos que consagrarán directamente los elementos de los tributos. Tal competencia está deferida, pues, según que el gravamen sea nacional, departamental, distrital o municipal, al Congreso, a las asambleas y a los concejos.

(…)

Dentro de ese contexto, la referencia a la obligación de señalar en el acto creador del impuesto los elementos esenciales de la obligación tributaria ha de entenderse hecha, según el tipo de gravamen, por el nivel territorial al que corresponda, delocualseinfierequesiellegislador(3),comopuedehacerlo,decideregularoestablecernormasgeneralessobretributosdelordendepartamental,municipalodistrital,noselepuedeexigir,nidebepermitírsele,queenlaleyrespectivaincluyadirectamentetodosloscomponentesdeltributo(hechogravable,basegravable,sujetosactivos,sujetospasivosytarifas)o,enloscasosdetasasycontribuciones,elmétodoyelsistemapararecuperacióndecostosolaparticipaciónenbeneficioscomoestáobligadoahacerlotratándosedetributosnacionales,puessufunciónnoes,nipuedeser,segúnlasreglasdeladescentralizaciónylaautonomíadelasentidadesterritoriales,ladesustituiralosórganosdeestasenelejerciciodelacompetenciaqueleshasidoasignadaporlaConstitución.

El análisis constitucional, concuerda con el razonamiento esbozado por esta Corporación en el entendido que el artículo 338, inciso primero, de la Constitución Política confiere a las Asambleas y Concejos la atribución de determinar, directamente, los elementos de la obligación tributaria del orden departamental, distrital y municipal, de conformidad con las pautas dadas por el legislador. Esta disposición armoniza con el artículo 278-3 superior, que faculta a los entes territoriales para establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, atribuciónque,sinembargo,debedesarrollarsedentrodeloslímitesdelaConstituciónylaley(4),esdecir,aunreconociendoqueconstitucionalmenteseleshaconcedidoalasentidadesterritorialestalfacultad,estanoesilimitada,puessuejerciciodebecircunscribirsealoquelaLeyseñale(5).

Esta atribución constitucional está íntimamente relacionada con todos los principios que integran el sistema tributario, pero se destaca especialmente el principio de reserva legal que se constituye en la principal garantía para todos los asociados.

Al respecto, es bien conocida la aseveración según la cual: “[…] El principio más importante del derecho tributario, desde el punto de vista político, es el de reserva de ley, conforme al cual ningún tributo puede ser impuesto sin previa aprobación del órgano de representación popular(6) […]” […]”(7) (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

En el caso concreto, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, mediante el acuerdo demandado, creó una sobretasa para las Comunas 1 y 5 de la ciudad, con el fin de destinar los recursos a la seguridad, inversión en obras de interés general, construcción, dotación y mantenimiento del Instituto Tecnológico Comunitario y demás instituciones educativas que benefician a quienes viven en los barrios que las conforman.

Sin embargo, dicho Acuerdo, tal y como lo manifestó el a quo, no señaló la ley que previamente autorizó al ente territorial para la implementación y el cobro de la sobretasa, ni fue demostrada o invocada su existencia, lo cual era necesario para adquirir el derecho de su creación, administración, reglamentación y manejo, de acuerdo con sus necesidades de imposición.

Contrario a lo sostenido por el apelante, la Sala concluye que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, al crear una sobretasa para las Comunas 1 y 5 de esa ciudad, sin previa concepción y/o autorización del Congreso de la República, lo hizo con una indiscutible falta de competencia.

Por las razones que anteceden, resulta evidente que, en el presente asunto, fue acertada la decisión del a quo, al observar la presencia del vicio de falta de competencia, por parte del Concejo Distrital de Cartagena, en el proceso de expedición del demandado Acuerdo 20 de 2002 y, por tanto, la misma se mantendrá intacta.

De igual forma, y en aras de la discusión, tampoco acierta la parte demandada cuando sostiene, en su impugnación, que no existió falsa motivación. Para ello debe manifestarse que, de acuerdo con la reiterada Jurisprudencia de la Sección Primera de esta Corporación, que adelante se cita, la motivación del acto hace referencia a las razones fácticas y jurídicas a las cuales atiende la administración para adoptar una determinada decisión.

Para que puedan servir de fundamento a un acto administrativo, los motivos de hecho y de derecho a los que responde la autoridad deben ser verdaderos, reales y legales. De modo que, allí donde se constata una discordancia entre las razones expresadas y la realidad de las cosas, bien porque esta se falsea, se distorsiona o se ignora, se configura el vicio de falsa motivación.

Lo mismo sucede cuando el ente administrativo realiza una equivocada lectura o interpretación jurídica de esa realidad o invoca un fundamento jurídico discordante, irreal o que no existe. De aquí que “[…] la falsa motivación se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, estos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación”(8).

Al respecto, la Jurisprudencia de esta Corporación, ha sostenido que esa causal de nulidad de los actos administrativos:

“[…] se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a)ObienqueloshechosquelaAdministracióntuvoencuentacomomotivosdeterminantesdeladecisiónnoestuvierondebidamenteprobadosdentrodelaactuaciónadministrativa;ob)QuelaAdministraciónomitiótenerencuentahechosqueestabandemostradosyquesihubiesensidoconsideradoshabríanconducidoaunadecisiónsustancialmentediferente.Ahorabien,loshechosquefundamentanladecisiónadministrativadebenserrealesylarealidad,porsupuesto,siempreseráunasola.Porende,cuandoloshechosquetuvoencuentalaAdministraciónparaadoptarladecisiónnoexistieronofueronapreciadosenunadimensiónequivocada,seincurreenfalsamotivaciónporquelarealidadnoconcuerdaconelescenariofácticoquelaAdministraciónsupusoqueexistíaaltomarladecisión […]”(9) (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El artículo 72 de la Ley 136 de 1994, prevé:

“[…] Unidad de materia. Todo proyecto de acuerdo debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Congreso rechazará las iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante la corporación.

Losproyectosdebeniracompañadosdeunaexposicióndemotivosenlaqueseexpliquensusalcancesylasrazonesquelosustentan […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

De acuerdo con el material probatorio que obra en el expediente, se tiene que el Alcalde de Cartagena, en la exposición de motivos que presentó ante el Concejo Distrital, expresó que, comoconsecuenciadeladecisiónadoptadaenlasJuntasAdministradorasLocalesdelasComunas1y5,enelsentidoderecomendaralaAdministracióndistritallacreacióndeunasobretasaconelpropósitodeviabilizarproyectodedesarrollocomunitarioparaelmejoramientoyconstruccióndeparques,zonasverdesyescuelas, sometía a consideración de la corporación edilicia, el referido proyecto de Acuerdo que, presuntamente, recogía un anhelo de la comunidad que armoniza con el plan de desarrollo, toda vez que con la concreción del mismo se contribuía al fortalecimiento de la participación y descentralización, construyendo el nuevo sistema de gestión comunitaria donde los ciudadanos se apropien y se corresponsabilicen de la planeación, ejecución y control de las acciones públicas y del desarrollo de la ciudad.

Ahora bien, a folio 31 a 34, obra copia de la proposición 001 de septiembre de 2002, en la cual, la Junta Administradora Local de la Comuna 1, le recomendó al Concejo Distrital de Cartagena una sobretasa complementaria al impuesto predial unificado con cargo a los predios ubicados dentro de la jurisdicción de la Comuna 1. El 20 de septiembre de 2002, se presentó el proyecto de acuerdo en el que se autoriza el cobro de una sobretasa y se dictan otras disposiciones, con algunas modificaciones, las cuales se presentaron como resultado de discusiones internas y reuniones con las comunidades afectadas.

En el Acta de comisión Nº 19, visible a folios 39 a 46, “[…] correspondiente a la reunión de las comisiones permanentes del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, celebrada el jueves 12 de septiembre de 2002, según Edicto fijado en cartelera el día Martes (sic) 10 de septiembre de 2002 […]”, se observa:

El señor Juan Carlos Manrique, residente de la Comuna 1 manifestó lo siguiente: “[…] infortunadamente, no puedo estar de acuerdo con los ediles de mi comuna y menos con la propuesta presentada por la Alcaldía Distrital, por 2 puntos principales: si nos vamos a nuestra Constitución Nal., en el art. 313 dice “corresponde a los Concejos Nº 4º votar de conformidad a la Constitución los tributos y gastos locales”, hastadondetengoconocimiento,soloexistendossobretasasautorizadasparaelimpuestopredial,lasdelasÁreasMetropolitanasyladelasCorporacionesdeMedioAmbiente, en este caso la que va para Cardique que es 1.5 x 1.000, por eso no podría el Concejo, de no existir una ley que autorice la creación de una sobretasa y en este caso, la sobretasa de parque y arborización […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Por su parte, el señor Flavio Meneses, Edil de la zona 1, expresó: “[…] Deseo hacer unas serie de precisiones respecto a la sobretasa en mención, inicialmenteaclaroalaCorporaciónqueelimpuestodesobretasaquerecomiendaelalcaldeaquíesiniciativarealmentedelEjecutivo,loratificóelAlcaldeelmartesenunareunión,haceunmesélnosconsultóestoynosdijoquenosibaapresentarelproyectoparaqueloconociésemosyposteriormentehiciéramoslopropioennuestraCorporación, nosotros somos autoridades administrativas en nuestra zona y como tal cualquier proyecto que entrara a la Corporación debe sufrir un trámite como es presentarlo y estudiarlo en comisión y así sucesivamente y digo esto porque en forma de Resolución (sic) es como se pronuncia la JAL, comoconocimosestoelviernes,obviamentelaCorporaciónnohatenidotiempodeestudiarelproyecto,elmartesestuvimosdiscutiendosobreelproyectoconelseñorAlcaldeyacordamosqueporpremuradeltiemponovotéafavordeesamedida,quenoíbamosapresentarunaResoluciónsinounarecomendación,sobrelacualaúnnoestamosdeacuerdoenquévamosadecir,posteriormentenosmanifestaremos, en todo caso no estamos en desacuerdo con el Proyecto, sino que hay que sopesar y mirar cosas que si bien es cierto que parques y arborización es una necesidad de nuestra zona, también hay otras necesidades prioritarias como puede ser la seguridad […]” (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

Por consiguiente, para la Sala es notorio que el acto acusado también adolece de falsa motivación, pues si bien es cierto se expusieron las razones que lo sustentaban, también lo es que su fundamentación es distinta a la realidad, al no haber existido el consenso invocado en la exposición de motivos, y las consideraciones, tal y como se pudo verificar, no justifican las medidas adoptadas en el cuerpo del acto administrativo atacado.

O lo que es igual, se pudo constatar que no es cierto, como se manifestó en la exposición de motivos, que el proyecto de acuerdo, en lo relativo a la sobretasa impuesta a la población de la Comuna 1, fuese consecuencia de una decisión originalmente adoptada en dicha Junta Administradora Local y luego acogida por el Ejecutivo, sino que, por el contrario, como quedó consignado en el Acta de comisión Nº 19, todo apunta a que ello obedeció a una iniciativa propia de la Alcaldía Distrital que luego pretendió ser avalada en el seno de la corporación edilicia, quedando así en evidencia, por lo mismo, que no existió concordancia, congruencia y correspondencia entre la realidad y las motivaciones que respaldaron la presentación del mencionado proyecto.

Lo anterior, sin perjuicio de indicar que, en lo que concierne a la sobretasa establecida para la Comuna 5, no fue demostrado por parte del Distrito demandado, la existencia de la “decisión adoptada” por su respectiva Junta Administradora Local y que fue invocada como sustento fáctico y jurídico de la pluricitada exposición de motivos.

Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 16 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. Falla

1. CONFÍRMASE la sentencia de 16 de agosto de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la nulidad del Acuerdo 20 de 26 de septiembre de 2002, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

2. TIÉNESE a la doctora Claudia Patricia Guzmán Arias como apoderada judicial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, de conformidad con el poder y los documentos obrantes a folios 40 a 54 del cuaderno de apelación.

3. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

1 Sección Primera, sentencias de 7 de octubre de 1999, expediente nro. 5487, Consejero ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa; de 13 de octubre de 2011, radicado Nº 20001-23-31-000-2004-02424-01, Consejera ponente Doctora María Elizabeth García González; y Sección Cuarta, sentencia de 5 de marzo de 2004, expediente Nº 13.584, Consejero ponente Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié.

2 Constitución Política, artículos 1º, 287-3, 300-4 y 313-4.

3 Constitución Política de Colombia. Artículos 295, 300-4 y 313-4.

4 Sección Cuarta, sentencia de 26 de enero de 2011, radicado Nº 05001-23-31-000-2009-00498-01(18629).

5 Ver también lo explicado por la Sección Primera, sentencia de 11 de junio de 2004, radicado Nº 52001-23-31-000-2001-01127-01(13840), Consejera ponente Doctora Ligia López Díaz: “[…] Interpretando la anterior disposición de una manera armónica junto con los demás preceptos mencionados, le corresponde a la ley, dictada por el Congreso, la creación “ex novo” de los tributos, y a partir de ella, podrán las asambleas o los concejos ejercer su poder de imposición. Las entidades territoriales podrán entonces establecer tributos dentro de su jurisdicción, pero con sujeción a la ley que previamente los haya determinado […]” (Negrillas por fuera de texto).

6 Plazas Vega, Mauricio. Derecho de la Hacienda Pública y Derecho Tributario Vol. II. Segunda Edición. Pág. 471. Editorial Temis S.A., Bogotá, D.C., 2005.

7 Sección Primera, sentencia de 20 de octubre de 2017, radicado nro. 05001-23-31-000-2009-01253-01, Consejera ponente Doctora María Elizabeth García González

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2000, Rad. Nº 5501. C.P.: Manuel Santiago Urueta Ayola.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de marzo de 2013, Rad. Nº 25000-23-25-000-2009-00614-01 (0482-12). C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.