Sentencia 2002-01677 de agosto 12 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Rad.: 25000232600020020167701 (30279)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Ref.: reparación directa

Actor: Alicia Zamora Ramírez y otros

Demandado: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Bogotá, D.C., doce de agosto de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado, para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 16 de diciembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Verificada la ocurrencia de un daño antijurídico, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5).

En primer lugar es conveniente precisar que solo la parte demandada apeló y como según el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, la competencia del superior está limitada al estudio de los motivos de inconformidad. Así lo ha dicho la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación:

“De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, solo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso.

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)”(6).

De esta manera se limitará la Sala al análisis de los motivos de inconformidad expuestos por la parte demandada.

2.3. El Caso concreto.

El día 9 de octubre de 1999, siendo aproximadamente las 7 de la noche, en la Avenida 1 de mayo frente al número 47-27 sur, resultó muerto el señor Luis Gerardo Cortés López, quien al tratar de atravesar la vía fue atropellado, por el vehículo Chevrolet Luv, modelo 1996, de placas OBD-721, adscrito a la Policía Nacional, el cual era conducido por el agente de tránsito Gerardo Rendón Valdés.

2.4. Pruebas obrantes en el proceso.

1. Registros civiles de nacimiento de Geraldine, Luis Gerardo y Yuri Andrea Cortés Zamora donde consta que son hijos de Luis Gerardo Cortés López y Alicia Zamora Ramírez y tienen firma de reconocimiento del padre (fls. 1 a 3, cdno. pruebas 1).

2. Registro civil de defunción del señor Luis Gerardo Cortés López (fl. 4, cdno. pruebas 1).

3. Extracto de Hoja de vida del agente Gerardo Rendón Valdez, donde consta que a la fecha de los hechos se encontraba laborando en la Policía Metropolitana de Tránsito, unidad a la cual pertenecía (fls. 7 a 26, cdno. pruebas 1 y 209 a 219, cdno. pruebas 3).

4. Informe de novedad suscrito por el comandante de la estación de tránsito, teniente coronel Jorge Antonio Velásquez Bustos, donde se consignó:

“Comedidamente informo a esa dependencia la novedad ocurrida el día 8 de diciembre del presente año a las 19:40 horas aproximadamente, en la Av. Primera de Mayo, frente al Nº 47-27 sur, en donde el agente Rendón Valdez Gerardo, identificado con la cédula de ciudadanía 7912935, residente el (sic) la calle 58f sur Nº 88g-40, teléfono 6220055, código 8309, quien labora en el área seis de la estación de tránsito; conducía la camioneta de placas OBD 721, sentido oriente occidente, de propiedad del Fondatt, asignada a la estación de tránsito; atropelló al señor Luis Gerardo Cortés López, de 41 año (sic) de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 19335330, quien atravesaba en condiciones de peatón la calzada con sentido Sur Norte y debido a los múltiples traumas en diferentes partes del cuerpo producidos por el accidente, falleció instantáneamente en el lugar de los hechos. El caso fue conocido por el señor SL. José Túquerrez y AG. Rubén Darío Pacheco, la inspección de cadáver por laboratorio dos del DAS, mediante acta 7172-696, fiscal 304” (fl. 22, cdno. pruebas 1).

6. Oficio ST-07-01-1575-03, suscrito por el subsecretario técnico de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital, mediante el cual informa que en la visita realizada por los ingenieros de dicha dependencia “se encontró que

La Avenida Primero de Mayo entre carreras 46 y 49 no tiene separador abierto en ningún punto, por lo tanto, no existen señales que permitan o prohíban giros” (fl. 28, cdno. pruebas 1).

7. Oficio 1144 TAHUM-TRANS del 7 de junio de 2003, mediante el cual el jefe de talento humano de la Policía Metropolitana de Bogotá, Área de Tránsito informó que en la minuta de vigilancia del área seis de tránsito, jurisdicción de Kennedy, aparece registrado el señor agente Gerardo Rendón, para la fecha de los hechos como móvil 6-2, por lo tanto sí se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones (fls. 30 a 35, cdno. pruebas 1).

8. Declaración de los señores José Libardo Franco González y Rosalba González Castiblanco, quienes manifestaron que les constaban las relaciones de pareja existente entre la señora Alicia Zamora y el señor Luis Gerardo Cortés, durante 12 años y que fruto de la misma había tres hijos. Manifestó también que la víctima era odontólogo de profesión y a raíz de su muerte, la compañera se vio afectada económicamente y también ha sufrido mucho por esa causa.

Adicionalmente, la señora González Castiblanco, manifestó sobre el accidente:

“Preguntado: dígale al despacho qué tipo de vehículo le causó la muerte al doctor Luis Gerardo. Contestó: pues yo me di cuenta que era una patrulla de tránsito. Preguntado: a qué velocidad aproximadamente se movilizaba la patrulla al momento del accidente Contestó: muy rápido. Preguntado: cómo estaba la visibilidad del sector esa noche. Contestó: esa noche estaba claro, porque hay ahí, como una especie de patiecito... Preguntado: recuerda usted a qué horas aproximadamente ocurrió el accidente en el cual perdió la vida el señor Luis Gerardo Cortés. Contestó: eso fue por ahí de 7:30 a 8:00 de la noche. Preguntó. Por qué si dice que la visibilidad esa noche era buena, se dio cuenta de que el vehículo era una patrulla de policía, pero no se percató de quién fue la persona atropellada. Contestó. Había una buseta parqueada ahí, y no me imaginé que fuera él, uno se hace es cruces. Preguntó: qué actitud notó en el conductor de la patrulla una vez ocurrido el accidente. Contestó: nadie se bajó y siguieron, eso iban arriados, mucha velocidad (fls. 39 a 42, cdno. pruebas 1).

9. Copia autenticada del proceso penal adelantado por la Fiscalía 35 Seccional de la Unidad Tercera de Vida, Bogotá, contra el señor Gerardo Rendón Valdez, por homicidio en accidente de tránsito (cdno. pruebas 3).

De ese proceso son relevantes para la investigación las siguientes piezas procesales:

9.1. Acta de inspección de cadáver 775-696 donde se consignó:

“Se trata de una vía pública pavimentada de diez metros de ancho correspondiente a la dirección antes mencionada, sobre la calzada del costado norte sentido oriente occidente se encontró el cadáver de un hombre con posición descrita en el acta acotado a tres punto cuarenta y un metros de la cabeza al sardinel del separador central el cual tiene cinco metros de ancho y está compuesto por zona verde de cuatro punto cuarenta metros del pie izquierdo al mismo sardinel y a cinco punto quince metros del pie derecho al sardinel del andén destapado del costado norte, se deja como referencia el poste de alumbrado público el cual se encuentra ubicado sobre el separador central a una distancia de catorce punto veinte metros del pie izquierdo del occiso. Siguiendo en sentido occidente oriente a diecinueve punto cincuenta metros de la cabeza del occiso se encontró una huella de frenada de tres punto sesenta metros de largo y a cuatro punto ochenta y dos metros al sardinel del andén costado norte en este sitio y sobre el piso se encontraron algunos elementos pertenecientes al occiso. Junto al cadáver a la altura de la cintura y sobre el piso se encontró un estuche para gafas color café. A uno punto setenta metros de la cabeza del occiso se encontraron unas gafas destruidas totalmente...” (fl. 2, cdno. pruebas 3).

9.2. Declaración de señor Albeiro Galeano Rozo, testigo presencial del accidente, quien narró lo ocurrido:

“Ayer ocho de diciembre como a las siete y media u ocho de la noche yo me encontraba en la avenida primero de mayo en sentido occidente oriente esperando transporte hacia la avenida Boyacá, cuando de repente apareció una unidad de tránsito con las luces prendidas en sentido Oriente occidente, de pronto una buseta se ahorillo (sic) a dejar pasajeros y de la parte delantera sale un peatón a cruzar al otro lado de la vía, cuando dicha unidad de tránsito acelera y el peatón no lo ve y la unidad lo levanta. Al frenar la unidad de tránsito recibe nuevamente al peatón y nuevamente lo lanza hacia adelante como a unos treinta metros de distancia. Al ver esto el conductor de la camioneta se asusta, da reversa un metro de distancia y acelera para huir del sitio, haciendo un giro en U y perdiéndose hacia el oriente, es decir en sentido occidente oriente de la avenida primero de mayo. Pero cuando pasé a mirar al herido ya era tarde y la camioneta pasó después de que yo había cruzado el separador. Noté que tan pronto se dio el choque el señor conductor apagó las luces...” (fls. 6 a 9, cdno. pruebas 1).

9.3. Examen de alcoholemia practicado por el Instituto de Medicina Legal Unidad Local de Kennedy al agente Gerardo Rendón Valdez donde se registró:

“Presenta: estado de conciencia alerta, aliento alcohólico negativo polígono de sustentación normal. Coordinación motora normal, disartria ausente, convergencia ocular normal, Nistagmus pos-rotacional ausente, pupila normal, congestión conjuntival. Conclusión: a la hora de este examen no presenta signos clínicos de embriaguez aguda. Los hallazgos clínicos descritos son los suficientemente evidentes para el diagnóstico y hace innecesaria la toma de muestras para laboratorio” (fl. 13, cdno. pruebas 1).

9.4. Informe de accidente 2000-0044021 donde se registró que el peatón cruzó sin observar las normas (fls. 14 a 15, cdno. pruebas 1).

9.5. Tarjeta de propiedad del vehículo Chevrolet Luv 4x4, modelo 1996, con placas CBD 721, donde consta que se trata de un vehículo oficial, de propiedad del Fondatt (fl. 26, cdno. pruebas 1).

9.6. Protocolo de necropsia 2000-05246, practicado por el Laboratorio Forense Regional Bogotá, del señor Luis Gerardo Cortés López, donde se concluyó: “hombre adulto quien fallece por schock hipovolémico secundario a politraumatismo sufrido en accidente de tránsito” (fls. 96 a 100, cdno. pruebas 2).

9.7. Examen de alcoholemia practicado por el laboratorio de toxicología forense del señor Cortés López en donde se registró la presencia de 353mg% de alcohol etílico en la sangre y resultado negativo para psicofármacos y estupefacientes (fl. 102, cdno. pruebas 3).

9.8. Informe técnico 001/SIATT-TRANS, donde se consignó:

“Analizado el lugar de los hechos se observó que la vía no presenta señalización alguna la cual indique y proteja la presencia e integridad respectiva del peatón, por otra parte se observa que tampoco existe demarcación alguna de paso peatonal en la zona de atropello ni a su alrededor, aunque cabe establecer que en la intersección ubicada a 97 metros antes del lugar de los hechos, está demarcada la zona peatonal con pintura de color blanco.

Conclusiones

Se concluye que las posibles causas y factores que se originaron en la evolución y el fatal desencadenamiento del accidente son:

1. La falta de demarcación (zona peatonal) y de señalización vertical en el área de los hechos, las cuales le brindaran seguridad y protección al peatón e información y prevención al conductor del vehículo para que este disminuya la velocidad.

2. Obstrucción de la visual de los participantes (1) y (2) por parte de un vehículo al parecer tipo buseta que se ubicó en el carril derecho de la calzada involucrada, según versiones del testigo.

3. El salir caminando el peatón desde la acera hasta la calzada por delante de un vehículo y en posible estado de embriaguez, sin observar que en la vía transitan vehículos que necesitan tiempo y espacio para disminuir la velocidad y evitar un accidente, (mínimo entre 50 metro (sic) de distancia para una velocidad de 60 kilómetros por hora y poder salvar el fortuito, previa percepción y reacción del conductor), lo cual constituye la falta de precaución y de responsabilidad, para cruzar una vía de constante velocidad y de alto volumen vehicular, sin tener en cuenta el lugar de los hechos (tramo de vía), ni las condiciones de tiempo, (nocturno).

Por la supresión hipotética, se concluye que la posible causa principal, la cual sin ella el accidente no se produce, es la estimada en el numeral cuatro (4) (sic), toda vez que si el peatón no aparece sobre la calzada en forma instantánea y/o toma las medidas de precaución y seguridad para cruzar las calzadas de la Avenida Primero de Mayo, el fatal hecho no se desarrolla”.

Se anexó plano de la vía y de la posición del cadáver (fls. 103 a 117 y 155, cdno. pruebas 3).

9.9. Declaración del señor Fredy Alonso Castañeda Cortés, quien afirmó ser sobrino de la víctima y declaró que él era odontólogo y vivía con la señora Alicia Zamora, con la cual tuvo tres hijos (fl. 134, cdno. pruebas 3).

9.10. Declaración extrajuicio rendida por la señora Deisy Cecilia Bernal Hernández acerca de la convivencia del señor Cortés López con Alicia Zamora Ramírez y la existencia de tres hijos de esa unión (fl. 163, cdno. pruebas 3).

9.11. Dictamen pericial 152.01.LF.RB, practicado por el Laboratorio de Física del Instituto de Medicinal Leal, Dirección Regional de Bogotá, en el cual se concluyó que “la mínima velocidad del vehículo en el momento del accidente era por lo menos de 48 km/h o mayor, sin poderse determinar su valor máximo”.

Posteriormente el dictamen fue aclarado por solicitud de la defensa del sindicado, quien consideró que con los datos contenidos en el peritazgo si era posible calcular la velocidad máxima; en respuesta, los peritos manifestaron que los datos recibidos para efectuar el análisis fueron incompletos, pero señalaron que de acuerdo con las pruebas de Damask,

“Una velocidad máxima de 60 km/h, es compatible con las lesiones descritas que están distribuidas alrededor de la línea media del cuerpo de la víctima, con mayor énfasis de severidad en el lado derecho ocasionando fuertes rotaciones y traslaciones, además pudo ocurrir un efecto surfing o de caricamento (significa cargar el cuerpo sobre el vehículo por un instante) trasladándose el peatón una distancia de 19.5 m, entre el “posible punto de impacto” y la posición final (fls. 269 a 279, cdno. pruebas 3).

Respecto del acervo probatorio integrado por las pruebas aportadas directamente por las partes y por las ordenadas por el a quo, y concretamente sobre las copias simples esta subsección en reciente sentencia(7) dijo:

“En lo que se refiere a las copias simples anexadas tanto con la demanda como con la contestación, las mismas serán valoradas teniendo en cuenta que reposaron en el plenario desde el inicio del proceso sin que fueran tachadas de falsas en las etapas procesales pertinentes. Así pues, dado que han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes conforme a los principios de buena fe y lealtad procesal que rigen toda actuación judicial, se les dará valor probatorio(8).

En efecto, sobre la valoración de las copias simples ha dicho la Sala:

“La entidad demandada allegó en copia simple varios de los documentos que integraron el expediente administrativo de protección a favor del menor Sebastián Rojo Jiménez, medios de convicción que serán valorados en esta instancia por las siguientes razones: i) porque son documentos cuyos originales se encuentran en poder del ICBF —concretamente en sus archivos—, ii) fueron aportados por el propio instituto, razón adicional para reconocerles valor probatorio, y iii) en los términos de esta subsección, es procedente apreciar las copias simples siempre y cuando hayan obrado a lo largo del plenario, conforme al principio constitucional de buena fe, puesto que han estado sometidas al principio de contradicción, por las partes.

Sobre el particular, en reciente providencia se discurrió así:

“Lo primero que advierte la Sala es que el proceso penal fue aportado en copia simple por la parte actora desde la presentación de la demanda, circunstancia que, prima facie, haría invalorable los medios de convicción que allí reposan. No obstante, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor probatorio a la prueba documental que si bien se encuentra en fotocopia, ha obrado en el proceso desde el mismo instante de presentación del libelo demandatorio y que, por consiguiente, ha surtido el principio de contradicción.

En efecto, los lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial.

En el caso sub examine, por ejemplo, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue acompañada con la demanda y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se entregó como anexo de la misma, circunstancia que no acaeció, tanto así que los motivos de inconformidad y que motivaron la apelación de la providencia de primera instancia por parte de las demandadas no se relacionan con el grado de validez de las pruebas que integran el plenario sino con aspectos sustanciales de fondo que tienen que ver con la imputación del daño y con la forma de establecer la eventual participación en la producción del mismo.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor probatorio a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma fue recogido de manera reciente en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —que entra a regir el 2 de julio de 2012— en el artículo 215 determina que se presumirá, salvo prueba en contrario, que las copias tienen el mismo valor del original cuando no hayan sido tachadas de falsas; entonces, si bien la mencionada disposición no se aplica al caso concreto, lo cierto es que con la anterior o la nueva regulación, no es posible que el juez desconozca el principio de buena fe y la regla de lealtad que se desprende del mismo, máxime si, se insiste, las partes no han cuestionado la veracidad y autenticidad de los documentos que fueron allegados al proceso”(9).

Así las cosas, la Sala valorará con libertad probatoria la documentación aportada por el demandado”(10) (resaltado fuera de texto).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados, fueron aportados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso directamente por las partes dentro del período probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de esta subsección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.5. El daño antijurídico.

La existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior al que antes se hizo referencia, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido este como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que este sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(...).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico desoportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Pues bien, en el presente caso, el daño consistente en la muerte del señor Luis Gerardo Cortés López, se acreditó plenamente con el registro civil de defunción y el protocolo de necropsia.

2.6. La imputación.

Establecida la existencia del daño antijurídico, corresponde efectuar el análisis pertinente, a fin de determinar si el mismo puede ser imputado a la parte demandada.

Teniendo en cuenta el precedente de la Sala, respecto de los títulos de imputación arriba citados, conviene precisar que la conducción de vehículos ha sido considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, razón por la cual, en este caso concreto, el título de imputación es objetivo por riesgo excepcional, donde el Estado compromete su responsabilidad cuando emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados o a sus patrimonios en situación de riesgo que excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar. Como la responsabilidad es objetiva, en estos casos es suficiente que los actores acrediten que la actividad peligrosa les ocasionó un daño y de igual forma, no basta con que la entidad demuestre que fue diligente en su actuar, ya que solo puede exonerarse demostrando una causa extraña, que bien puede ser el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, o la fuerza mayor.

No obstante lo anterior, cuando la actuación de la administración es irregular, la responsabilidad estatal puede atribuirse bajo el régimen de la falla probada del servicio.

En el sub judice se acreditó que el accidente ocurrió con un vehículo de propiedad de la Policía Nacional, que era conducido por una persona vinculada a la entidad, que se encontraba en ejercicio de sus funciones y se probó también el daño, de manera que en principio procedería endilgar responsabilidad a la entidad, pero el tribunal de primera instancia consideró que la conducta imprudente de la víctima contribuyó a la ocurrencia del accidente y en consecuencia se condenó a la demandada al pago de los perjuicios pero rebajados en un 50% por concurrencia de causas, circunstancia que constituye el principal motivo de la apelación.

2.7. De la causal exonerativa de responsabilidad.

Por ser este el principal motivo de inconformidad con el fallo, debe abordarse el análisis del hecho exclusivo de la víctima como causal exonerativa de responsabilidad, para lo cual debe tenerse en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto.

Para que se configure esta causal no basta con que la conducta de la víctima concurra a la producción del daño, es necesario que esta sea factor decisivo, determinante y exclusivo en su producción, es decir que la propia conducta de la víctima haya dado lugar a que este se materializara, de manera tal que en los eventos en que solo de manera parcial su conducta incide en la concreción del daño podrá hablarse de concausa

Como fundamento de su recurso el apelante manifestó que de acuerdo con las pruebas el comportamiento de la víctima fue determinante en el accidente, razón por la cual solicita que se reconozca la culpa exclusiva de la víctima y, en consecuencia se exonere a la entidad demandada.

En el plenario obra prueba de que en el momento del accidente, la víctima había ingerido licor hecho certificado a través de los exámenes practicados por medicina legal, los cuales arrojaron como resultado la existencia de 353 mg% de alcohol etílico, circunstancia que permite inferir, aplicando las reglas de la experiencia, que no se encontraba en pleno uso de sus facultades psicomotoras que le permitieran tomar precauciones o actuar con la prudencia que exigía el cruzar una vía de alto flujo vehicular.

Por otra parte, al confrontar los resultados de la investigación técnica sobre el accidente y en especial los planos y mapas realizados, se evidencia que la víctima trató de cruzar una vía de alto tráfico como la Avenida 1º de mayo, por un sitio no adecuado para ello, puesto que aproximadamente a unos 97 metros existía una intersección y una zona demarcada con pintura blanca que indicaba el cruce para los peatones, y por tanto, el señor Cortés López infringió la norma del Código de Tránsito que dispone para los peatones la prohibición de cruzar en lugares diferentes a los habilitados para ello, como las zonas demarcadas.

Por otra parte, los testigos presenciales del accidente son contestes en manifestar que el señor Cortés López trató de atravesar la vía pasando por delante de una buseta que estaba parada junto a la acera, de manera que su aparición en la vía fue intempestiva y por ello el conductor no tuvo oportunidad de preverla, teniendo en cuenta que su visibilidad estaba obstaculizada por dicho vehículo.

El anterior planteamiento es confirmado con el croquis y el informe del accidente, ya que allí se registró que era una vía de tres carriles, pero la víctima fue impactada por el vehículo a la altura del segundo carril de la avenida, es decir cuando ya había logrado atravesar una parte de la vía, lo cual hizo, según los testigos, por delante de la buseta que se encontraba allí detenida.

De otro lado, entre las conclusiones del informe técnico del accidente, elaborado teniendo en cuenta las pruebas recogidas en el sitio, se estableció como posible causa el comportamiento imprudente de la víctima, que no pudo ser previsto por el conductor del vehículo, ya que sorpresivamente apareció en la vía, sin que este pudiera detectarlo desde la distancia o alcanzara a frenar.

Ahora bien, en cuanto a la falta de atención endilgada al conductor en el fallo de primera instancia basado en que el vehículo impactó al peatón con el lado izquierdo y ello es indicativo de que alcanzó a atravesar el ancho del carro sin que este se percatara de su presencia, conviene señalar que según lo indicó el dictamen pericial sobre la velocidad de desplazamiento del vehículo, las pruebas remitidas para el dictamen no eran concluyentes puesto que pudo presentarse un efecto surfing, o de caricamento (significa cargar el cuerpo sobre el vehículo por un instante) trasladándose el peatón una distancia de 19.5 m, entre el “posible punto de impacto” y la posición final, lo que es corroborado con la declaración del señor Albeiro Galeano Rozo, quien afirmó que el peatón fue golpeado dos veces por el automotor.

Así las cosas, considera la Sala, que lo determinante en la ocurrencia del accidente fue la conducta de la víctima, quien no solo infringió las normas de tránsito al atravesar la vía por un sitio no permitido sino que para hacerlo pasó por delante de un vehículo estacionado sin tomar las precauciones necesarias o verificar que no estuviera transitando nadie por allí, imprudencia que se explica debido a su estado de embriaguez.

Corolario de lo anterior, el fallo venido en apelación habrá de ser revocado y en su lugar se declarará probada la causal de exoneración de responsabilidad por culpa exclusiva de la víctima y se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Revocar la sentencia apelada, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala de Descongestión, el 16 de diciembre de 2004, y en su lugar se dispone:

1. Negar las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

2. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen para su cumplimiento.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) La mayor pretensión de la demanda es de $ 500.000.000 y por tanto es de doble instancia, teniendo en cuenta que para la época de presentación de la demanda la mayor cuantía $ 36.050.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Expediente 17042; C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de abril de 2012. C.P. Hernán Andrade Rincón. Expediente 21515.

(5) Ídem.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 9 de 2012, radicado 21060, C.P. Mauricio Fajardo.

(7) Sentencia de enero 30 de 2013, radicación 26604, actor: Ana Dioneira Bustos Caballero y otros, demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

(8) Reposan en folios 8, 12, 13, 14, 16 a 30, 39 a 126, 128, 129, 131 a 144 del cuaderno de pruebas.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2011, Expediente 20171.

(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de mayo de 2011, Expediente 36912.