Sentencia 2002-01714 de septiembre 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Expediente: 28860

Radicación: 250002326000200201714 01

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: John Alexander Susa Murcia y otros

Demandados: Hospital San Juan de Dios

Naturaleza: Reparación directa.

Bogotá, D.C., veintisiete de septiembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

5. La Sala es competente para resolver el asunto sub judice, toda vez que la pretensión referida al daño emergente futuro asciende a mil millones de pesos. Este valor excede la cuantía exigida al momento de interponer el recurso, esto es, antes de que entraran a operar las cuantías establecidas en la Ley 446 de 1998, puesto que en vigencia del Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa en 2002 tuviera vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, era de $ 36.950.000.

II. Hechos probados

6. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, las cuales se encuentran en estado de valoración, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

6.1. El Hospital San Juan de Dios es una entidad estatal, de conformidad con el certificado expedido por el despacho del Secretario de Salud de Cundinamarca (original, fl. 31, cdno. 2), así:

“El Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá es una entidad pública, que mediante Ordenanza 21 del 22 de marzo de 1996, se transformó en empresa social del Estado prestadora de servicio de salud de nivel 11 de atención, constituida como categoría especial de entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la Dirección Departamental de Seguridad Social en Salud de Cundinamarca o quien haga sus veces, integrante del sistema general de seguridad social en salud y sometida al régimen jurídico existente previsto en el capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993”.

6.2. El 7 de diciembre de 2000, el departamento de radiología del hospital San Juan de Dios, practicó el examen de “ecografía obstétrica” a Beatriz Marín (copia auténtica, fl. 32, cdno. 2), a través del cual concluyó que el nasciturus estaba en buen estado. En concreto, el análisis científico estableció:

“Gestación con feto único en situación longitudinal, presentación cefálica actual, fetocardia y movimientos fetales activos. Peso fetal estimado 2.860 gramos más o menos 15%. Las estructuras fetales valoradas son normales. Placenta fundo corporal anterior grado III/III de maduración, sin áreas de desprendimientos o hematomas. Cordón umbilical de 3 vasos. Líquido amniótico en cantidad normal para la edad gestacional. ILA 10 Opinión: Gestación de 36 semanas 1 día más o menos 3 semanas. Bienestar fetal.

6.3. En la “historia clínica” del Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá (copia auténtica, fls. 17-40, cdno. 2) se acredita que Beatriz Elena Marín Triana: (i) ingresó el 3 de enero de 2001 a las 11 de la noche, con la siguiente anotación “Motivo de consulta: Tengo dolores. Enfermedad actual: Hoy a las 7 p.m. inicia dolores en abdomen regulares con intervalos de cada 15 minutos, con el tiempo se han hecho más frecuentes e intensos. Niega amnierrea, salida de tapón mucoso, movimientos fetales presentes”; (ii) el 4 de enero a las 2:10 a.m. se hizo constar que “la paciente refiere actividad uterina irregular, de 12 horas de evolución. Movimientos fetales (x). Amiorrea: niega. Sangrado: niega. Expulsión de tapón mucoso (-), niega síntomas de vasoespasmo”. El examen físico dio lugar al diagnóstico: “1 trabajo de parto fase activa. 2 Embarazo 40 4/7 semanas por fecha de la última regla y 39 4/7 por ecografía. 3 Macrosomia fetal a descartar”; (iii) el 4 de enero a las 4:55 a.m., bajo el título “Nota de parto”, suscrita por “Emilse Roncancio. Médico interno. U. Sabana” se registró:

Paciente en dilatación y borramiento completo. Se pasa a sala de partos. Previa asepsia y antisepsia y bajo anestesia local se realiza episiotomía mediano-lateral derecha. Se obtiene RN vivo, de sexo masculino, hipotónico, sin esfuerzo respiratorio. Se inició estimulación táctil y succión sin respuesta respiratoria. Frecuencia cardíaca fetal: 110x'. Se inicia 02 por AMBU. APGAR 2/10 al 1 min. Se llama a médico de planta el cual asiste. Se continúa apoyo ventilatorio con AMBU y aspiración de secreciones con ocasional respuesta respiratoria. Se intenta intubación orotraqueal sin éxito, por lo cual se llama a anestesiólogo. Frecuencia cardíaca fetal: disminuye a 80x' por lo cual se coloca 1 ampolla de atropina con adecuada respuesta, frecuencia cardiaca 130x'. A las 5:20 anestesiólogo logra intubación evidenciándose respuesta respiratoria espontánea de 60 respiración por minuto, pero hipotónico y sin llanto. Pupilas midriáticas 4 mm de diámetro (bajo efecto atropina). Durante toda la reanimación permanece rosado, sin cianosis. APGAR 5/10. Se llama a interno de pediatría, la cual hospitaliza al recién nacido en unidad de recién nacido. P: 3.750 gr. T: 53 cm. PC: 36 cm. Alumbramiento espontáneo: a los 10 minutos en Schulze completo, de características normales la placenta. Se realiza episiorrafio con catgut 2-0, por planos. Sangrado: 300 cc. Duración expulsivo: 15 minutos. Duración trabajo de parto: 10 horas (fase latente y fase activa). Líquido amniótico: claro.

6.4. El menor Daniel Felipe Susa Marín nació el 4 de enero de 2001, a las 4:55 a.m., en el Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá, es hijo de Beatriz Elena Marín Triana y John Alexander Susa Murcia, de conformidad con el certificado correspondiente 287799, que obra en el expediente (copia auténtica, fl. 14, cdno. 3).

6.5. Los días en los cuales tuvo lugar el proceso de parto de Daniel Felipe Susa Marín, 3 y 4 de enero de 2001, el Hospital San Juan de Dios contaba con los siguientes médicos especialistas en gineco-obstetricia, de acuerdo con la certificación expedida por la misma entidad (copia auténtica, fls. 41-42, cdno. 2):

Miércoles 3 de enero de 2001

Jorge Alberto García Pertuz. De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Consulta.

Víctor González Guerrero. De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

De 1:00 p.m. a 7:00 p.m. Consulta.

Hernando Rodríguez Nivia. De 1:00 p.m. a 7:00 a.m.

De 1:00 p.m. a 7:00 a.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

Jueves 4 de enero de 2001

Víctor González Guerrero. De 7:00 a.m. a 7:00 a.m.

De 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Cirugía.

De 3:00 p.m. a 7:00 a.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

José Villota Paredes. De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

De 7:00 a.m. a 11:00 a. m. Consulta

De 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Hospitalización (revista), urgencias, salas de parto.

6.6. El 4 de enero de 2001, la pediatra Luz Esthella González, por medio del documento denominado “Régimen de referencia y contrareferencia” diagnosticó “1 Hipoxia neonatal severa. Encefalopatía hipóxica”, y describió que el “neonato, producto de embarazo de 40 semanas, madre adolescente ... durante el trabajo de parto es sometido a asfixia por expulsivo prolongado (50 minutos)” (copia auténtica, fl. 5, cdno. 3).

6.7. El 5 de enero de 2001, el jefe de la unidad administrativa del centro regulador de urgencias de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Cundinamarca, envió una comunicación escrita a la unidad de cuidado intensivo neonatal Monterrey (copia auténtica, fl. 3, cdno. 3), a través de la cual, en atención al “diagnóstico asfixia perinatal severa”, autorizó el servicio de “atención integral (desde su fecha de ingreso), al paciente hijo de Beatriz Marín Triana”.

6.8. El diagnóstico de “asfixia perinatal severa, convulsivo secundario, encefalopatía hipóxico-isquémica”, con ocasión de “parto vaginal con expulsivo prolongado de una hora”, se encuentra también comprendido en la hoja de evolución de la unidad de cuidados intensivos neonatales Monterrey, suscrita por el “Dr. Ariza”, donde además se hace constar, con fecha 4 de enero de 2001, a las 21:30 horas, que: “recién nacido a término de 12 horas de edad, nace en mal estado Apgar de 3 5/10 reanimación vigorosa con intubación, convulsiones posteriores, remite para manejo en tercer nivel... (copia auténtica, fl. 15, cdno. 3).

Posteriormente, en la historia clínica de la atención dispensada por esa institución de salud, con fecha 11 de enero de 2001, el “Dr. Polo”, registró: “tratamiento por encefalopatía hipóxica severa... Resultado de TAC cerebral: “infarto cerebral masivo... pronóstico neurológico pobre” (copia auténtica, fl. 17, cdno. 3). Más adelante, el mismo profesional registró, con fecha 27 de enero de 2001: “tratamiento por encefalopatía hipóxica severa; infarto cerebral masivo; sepsis en tratamiento; colestasis multifuncional” (copia auténtica, fl. 23, cdno. 3).

6.9. El resumen de la historia clínica del menor Daniel Felipe Susa Marín, de los tratamientos recibidos en el Hospital de la Misericordia (original, fls. 43-45, cdno. 2), comprende:

Se trata de un paciente quien asiste por primera vez a esta institución el 2 de mayo de 2001 a la edad de cuatro meses; quien presenta vómito y síntomas neurológicos. Como antecedentes se trata de un paciente que fue manejado de recién nacido por cuadro de hipoxia perinatal severa con apagar bajo al nacer; documentándose diagnósticos finales al egreso de su primera hospitalización de recién nacido por encefalopatía hipóxico isquémica, sepsis tardía, colestasis multifactorial, infarto cerebral masivo por TAC cerebral, síndrome anémico y secuelas neurológicas secundaria A1. Durante la primera asistencia del paciente a la institución se decida colocar en el plan de estimulación y manejo por rehabilitación; el paciente inicia plan de manejo por terapias y controles por los servicios de neurología y rehabilitación. Durante sus primeros meses de asistencia a esta institución inicia episodios convulsivos y cuadros respiratorios recurrentes; por lo cual para agosto del año 2001 es hospitalizado en nuestra institución con diagnóstico de un síndrome broncobstructivo recurrente; en dicha ocasión el paciente se encuentra en malas condiciones generales; presenta dificultad respiratoria importante, la cual es manejada con terapia respiratoria, micronebulizaciones y antibioterapia según necesidad. Durante dicha hospitalización el paciente presenta apneas de origen central; revisándose las neuroimágenes se documenta severos cambios de encefalopatía posterior a hipoxia perinatal y lesiones multiquísticas que hacen determinar que el paciente es de mal pronóstico neurológico. Sin embargo se continúa su manejo establecido, mejora la dificultad respiratoria; no vuelve a presentar apneas... En el mes de septiembre del año 2001 es llevado a cirugía por el servicio de cirugía pediátrica, practicándose cirugía antirreflujo tipo Niessen, piroplastia y gastrostomía y egresa en buenas condiciones; el paciente posteriormente presenta diferentes hospitalizaciones por cuadro de disfunción de gastrostomía, síndrome broncobstructivo, dificultad respiratoria intermitente pero mejora con respecto a las primeras presentadas durante su evolución y en el mes de julio del año 2002 se determina síndrome broncosbtructivo recurrente asociado a estridor; por lo cual se realiza fibrolaringoscopia y se documenta una laringomalacia. Se considera que el paciente debe continuar en evolución periódica por el servicio de otorrino. Durante todo el tiempo que el paciente es manejado ambulatoriamente se continúa plan integral de manejo por los servicios de neuropediatría, rehabilitación, terapias física, ocupacional y del lenguaje, enfermedades metabólicas, gastroenterología, nutrición, etc... En el mes de septiembre de 2002 es hospitalizado por cuadro de epilepsia la cual se controla pero es de difícil manejo y en enero de 2003 por cuadro de enfermedad diarréica aguda más desorden convulsivo el cual se controla ... El 26 de febrero de 2002 el paciente ingresa posterior a la consulta de neuropediatría por cuadro de convulsiones y dificultad respiratoria ... es valorado por el servicio de otorrinolaringología considerando que debido al severo trastorno de deglución y las dificultades ocasionadas por el mismo, se debe garantizar una vía aérea permeable por lo cual se decide realizar traqueostomía la cual se realiza el 6 de marzo de 2003, sin complicaciones ... se adiciona el hecho de que el paciente presenta secuelas neurológicas importantes, se da salida el 11 de abril con recomendaciones de oxígeno domiciliario, control por otorrino, pediatría, neurología, nutrición, fisiatría, terapia del lenguaje... terapia respiratoria una vez al día por 15 días. Se explica a la madre el estado del paciente, se dan signos de alarma; se explica la posibilidad de reingreso, se dan recomendaciones y la madre sale entrenada en el manejo de traquesoptomía y gastrostomía con recomendaciones al egreso (resaltado fuera de texto).

6.10. La declaración rendida por parte Beatriz Elena Marín Triana (fls. 52-53, cdno. 2), acerca de la atención recibida el día del parto, comprende lo siguiente:

... desde el momento en que entré al Hospital de Zipaquirá empezaron las irregularidades, mi embarazo hasta los 9 meses fue normal, ecografías, exámenes, llegué con dolores de parto al hospital, me atendió una doctora Angélica y me preguntó los motivos por el cual iba a urgencias y yo le contesté que tenía dolores cada 3 a 5 minutos, me examinó y apenas me dijo que tenía un centímetro de dilatación, me hozo monitoreo y el bebé hasta ese momento se escuchaba bien, después llamó al Dr. Francisco Sánchez y él me hizo tacto pero ya tenía 5 cms de dilatación y le dijo a la Dra. que yo me quedaba hospitalizada porque el bebé venía muy grande y mi estómago también estaba grande, tenía 38, también eso se le advirtió a la enfermera con la que estuve todo el tiempo en el trabajo de parto, después ya me hospitalizaron y llegó la Dra. Emilse Roncancio a tomarme datos y me hizo tacto y me dijo que todo iba bien, sabiendo que el niño venía grande. Después ya se me aceleraron más los dolores y me empezó el pujo y yo grité a la enfermera que no había nadie, ella llegó como somnolienta, pareciera que estuviera durmiendo y me levantó la cobija y me dijo que si la señora de al lado no había tenido el bebé mucho menos yo, después llamaron a la Dra., a la enfermera le decían Chela, la Dra. vino y me reventó fuente y me dejó ahí un rato, me seguían los pujos y ya sentía la cabeza del niño, después la Dra. volvió y que ya tenía 10 cms de dilatación y que me parara y fuera hasta la sala de partos, no me alcanzaron camilla ni nada siendo que ya sentía la cabeza del bebé, me hicieron ir caminando hasta la sala de partos y yo estaba brotando un líquido como agua sangre, en el momento de subirme a la camilla me dio un pujo y la Dra. me dijo que no pujara, ya después me acosté pero nadie me ayudó a subirme, en el momento de nacer el niño él no salía, la Dra. me dijo que pujara pero no hacía nada por mí ni por el niño ya que estaba sufriendo mucho en esos momentos, después nació el niño y a ella casi se le resbala el bebé y nació morado, yo pensé que estaba muerto y le decía que no dejara morir al niño pero ella no hacía nada sino que se puso a llorar, yo veía que le ponía y quitaba una máscara al niño en la nariz, el niño duró como 25 minutos con respiraciones intermitentes, después llamaron al pediatra y ya él lo entubó, después a mí se me durmió medio cuerpo porque estaban atendiendo era al niño y luego me pasaron a la habitación sin el niño pues éste quedó con todos los doctores, al niño no me lo dejaron ver porque me sentía muy débil y me dio anemia. Me dejaron ver al niño por la noche y después le dieron la orden de traslado para Bogotá 12 horas después, el niño llegó convulsionando a Bogotá, en muy mal estado. Yo estuve 3 días hospitalizada en Zipaquirá y al cuarto día vi al niño en la Clínica Monterrey, en la unidad de cuidado intensivo neonatal. El niño estaba en la incubadora muy malito. Como a los 15 días le hicieron un TAC y el Dr. nos dijo que el niño había sufrido un infarto cerebral masivo en el momento del nacimiento. Lo que nos explicó el Dr. es que el niño había sufrido un daño muy grave en el cerebro irreversible, al niño nos lo entregaron a los 27 días y empezó a enfermarse y hay que tenerlo hospitalizado a todo momento. El niño en estos momentos tiene traqueostomía y gastrostomía, se alimenta por medio de una sonda.

III. Problema jurídico

7. La Sala debe establecer: (i) ¿está acreditado en el proceso el daño sufrido por parte del menor Daniel Felipe Susa Marín?; (ii) ¿hubo falla del servicio imputable al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá?; (iii) ¿existe un nexo de causalidad entre la falla y el daño?

IV. Análisis de la Sala

8. En el caso concreto, habida cuenta de que se imputa responsabilidad al Estado por el servicio médico de ginecología y obstetricia, se debe aplicar el régimen de falla probada, en virtud del cual han de acreditarse los elementos correspondientes de la responsabilidad de conformidad con el acervo probatorio recaudado y, para tales efectos, se ha de tener especial consideración con la verdad que emerge de la prueba indiciaria. Al respecto, ha dicho la Sección Tercera:

En relación con la responsabilidad médica en el servicio de obstetricia, la Sala se había inclinado por considerar que en los eventos en los cuales el desarrollo del embarazo haya sido normal y, sin embargo, este no termina satisfactoriamente, la obligación de la entidad demandada es de resultado. En decisiones posteriores se insistió en que la imputación de la responsabilidad patrimonial debía hacerse a título objetivo, pero siempre que desde el inicio, el proceso de gestación fuera normal, es decir, sin dificultades evidentes o previsibles, eventos en los cuales era de esperarse que el embarazo culminara con un parto normal. No obstante, en providencias más recientes se recogió dicho criterio para considerar que los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del servicio médico de obstetricia no pueden ser decididos en el caso colombiano bajo un régimen objetivo de responsabilidad; que en tales eventos, la parte demandante no queda relevada de probar la falla del servicio, solo que el hecho de que la evolución del embarazo hubiera sido normal, pero que el proceso del alumbramiento no hubiera sido satisfactorio constituye un indicio de dicha falla. En síntesis bajo el cobijo de la tesis que actualmente orienta la posición de la Sala en torno a la deducción de la responsabilidad de las entidades estatales frente a los daños sufridos en el acto obstétrico, a la víctima del daño que pretende la reparación le corresponde la demostración de la falla que acusa en la atención y de que tal falla fue la causa del daño por el cual reclama indemnización, es decir, debe probar: (i) el daño, (ii) la falla en el acto obstétrico y (iii) el nexo causal. La demostración de esos elementos puede lograrse mediante cualquier medio probatorio, siendo el indicio la prueba por excelencia en estos casos ante la falta de una prueba directa de la responsabilidad, dadas las especiales condiciones en que se encuentra el paciente frente a quienes realizan los actos médicos, y se reitera, la presencia de un daño en el momento del parto cuando el embarazo se ha desarrollado en condiciones normales, se constituye en un indicio de la presencia de una falla en el acto obstétrico, así como de la relación causal entre el acto y el daño. No se trata entonces de invertir automáticamente la carga de la prueba para dejarla a la entidad hospitalaria de la cual se demanda la responsabilidad. En otras palabras no le basta al actor presentar su demanda afirmando la falla y su relación causal con el daño, para que automáticamente se ubique en el ente hospitalario demandado, la carga de la prueba de una actuación rodeada de diligencia y cuidado. No, a la entidad le corresponderá contraprobar en contra de lo demostrado por el actor a través de la prueba indiciaria, esto es, la existencia de una falla en el acto obstétrico y la relación causal con el daño que se produjo en el mismo, demostración que se insiste puede lograrse a través de cualquier medio probatorio incluidos los indicios, edificados sobre la demostración, a cargo del actor, de que el embarazo tuvo un desarrollo normal y no auguraba complicación alguna para el alumbramiento, prueba que lleva lógicamente a concluir que si en el momento del parto se presentó un daño, ello se debió a una falla en la atención médica (resaltado fuera de texto)(1).

8.1. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, la prueba del buen estado de la madre y del nasciturus, durante el período previo al parto, acompañada de la prueba del daño, constituye un indicio acerca de la falla del servicio de la entidad estatal. En el mismo sentido, la carga de la prueba de la causalidad entre la falla y el daño, corresponde al demandante, pero dicha exigencia se modera mediante la aceptación de la prueba indirecta de este elemento de la responsabilidad, a través de indicios, al tiempo que no se requiere certeza en la determinación la causa, sino que se admite la acreditación de una causa probable(2). En opinión reiterada de la jurisprudencia, “el embarazo de la mujer y el alumbramiento del hijo gestado son procesos naturales que no corresponden a un estado de enfermedad y, por lo tanto, en condiciones normales, lo lógico es que, mediando asistencia médica adecuada para dicho proceso natural, el mismo culmine con el nacimiento de la criatura, sin lesión para esta, ni para su madre”(3).

8.2. Para tales efectos es necesario tener en cuenta la historia clínica del caso concreto, como elemento probatorio de la mayor importancia. La Sección Tercera del Consejo de Estado ha dicho que “...el carácter completo y permanente de la historia clínica es condición de calidad de los cuidados médicos o de la correcta asistencia facultativa...”(4). Dentro de la normatividad colombiana se encuentra definida en la Ley 23 de 1981, en los siguientes términos: “ART. 34.—La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. ART. 35.—En las entidades del sistema nacional de salud la historia clínica estará ceñida a los modelos implantados por el Ministerio de Salud. ART. 36.—En todos los casos la historia clínica deberá diligenciarse con claridad”. En desarrollo de lo anterior, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 1995 de 1999, que a la letra dice:

ART. 1º—Definiciones. 1. La historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. 2. Estado de salud: El estado de salud del paciente se registra en los datos e informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario. (...) ART. 3º—Características de la historia clínica. Las características básicas son: Integralidad: La historia clínica de un usuario debe reunir la información de los aspectos científicos, técnicos y administrativos relativos a le atención en salud en las fases de fomento, promoción de la salud, prevención específica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, abordándolo como un todo en sus aspectos biológico, psicológico y social, e interrelacionado con sus dimensiones personal, familiar y comunitaria. Secuencialidad: Los registros de la prestación de los servicios en salud deben consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención. Desde el punto de vista archivístico la historia clínica es un expediente que de manera cronológica debe acumular documentos relativos a la prestación de servicios de salud brindados al usuario. Racionalidad científica: Para los efectos de la presente resolución, es la aplicación de criterios científicos en el diligenciamiento y registro de las acciones en salud brindadas a un usuario, de modo que evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la investigación de las condiciones de salud del paciente, diagnóstico y plan de manejo. Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que se necesita, con las limitaciones que impone la ley. Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del servicio. ART. 5º—Generalidades. La historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blando y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma.

9. En relación con el asunto sub judice, como primer elemento de la responsabilidad, la Sala afirma sin lugar a hesitación que está plenamente probado el daño en la integridad física del menor Daniel Felipe Susa Marín. Las lesiones que lo afectan consisten en: “hipoxia neonatal severa”, “encefalopatía hipóxica”, “convulsivo secundario”, “infarto cerebral masivo”, “colestasis multifuncional”, de acuerdo con lo expuesto por la pediatra Luz Esthella González —párrafo 6.6—, por el Dr. Ariza —párrafo 6.7— y por el Dr. Polo —párrafo 6.8—, estos dos últimos de la unidad neonatal de cuidados intensivos Monterrey. Además de lo anterior, la certificación expedida por el Hospital de la Misericordia, indica que el menor sufre “episodios convulsivos y cuadros respiratorios recurrentes”, “secuelas neurológicas importantes” y que se intervino con “traquesoptomía y gastrostomía” —párrafo 6.9—.

9.1. En relación con el nasciturus, está debidamente acreditado en el expediente, de conformidad con el examen de “ecografía obstétrica” practicado el 7 de diciembre de 2000 por el departamento de radiología de la propia entidad, que su estado era de “bienestar fetal” —párrafo 6.2—.

9.2. En ese orden de ideas, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, de una parte la prueba del daño, y del otro la prueba de la normalidad del estado del binomio madre e hijo, constituyen un indicio respecto de la ocurrencia de una falla del servicio y de la presencia de un nexo de causalidad en el caso concreto.

10. No obstante que la prueba indiciaria es suficiente, la Sala encuentra que en el asunto sub judice está suficientemente demostrado, por medio de prueba documental, que hubo una falla del servicio imputable en su integridad a la entidad demandada.

10.1. Así, en atención a lo que el material probatorio evidencia, la “Nota de parto” comprendida en la historia clínica no hace referencia alguna a la participación de un médico general o de un especialista en el trabajo de parto; además, la Sala advierte que la nota referida fue suscrita únicamente por “Emilse Roncancio. Médico interno. U. Sabana” —párrafo 6.3—, lo cual corrobora que solo ella acompañó a la paciente, puesto que, tal y como se refirió antes, el artículo 5º de la Resolución 1995 de 1999, en relación con la historia clínica, prescribe que “cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma” —párrafo 8.2—.

10.2. La falta de acompañamiento de un médico general en el parto implica el incumplimiento de las normas imperativas aplicables, en particular, la Resolución 5261 de 1994 “por la cual se establece el manual de actividades, intervenciones y procedimientos del plan obligatorio de salud en el sistema general de seguridad social en salud”, que en su artículo 103 prescribe:

ART. 103.—Atención obstétrica. De acuerdo al artículo 166 de la ley sobre seguridad social, el POS en el caso de las mujeres en estado de embarazo cubrirá la prestación de servicios de salud en el control prenatal, en la atención del parto, en el control del post parto y para la atención de las afecciones relacionadas directamente con la lactancia. Además las mujeres en estado de embarazo aquí consideradas y las madres de los niños menores de un año del régimen subsidiado, recibirán un subsidio alimentario en la forma como lo determinen los planes y programas del ICBF con cargo a sus recursos. El manejo de la paciente obstétrica en las IPS, deberá estar fundamentado en un programa de atención prenatal que establezca unidad de criterios sobre el preparto, parto y sus posibles complicaciones, valoración del riesgo perinatal, identificación oportuna de la paciente obstétrica para inclusión al programa, seguimiento y educación a la paciente y a su familia en lo referente a desarrollo del embarazo, parto y puerperio y organización de un sistema de información que facilite la evaluación continua y periódica del programa. En consecuencia, la atención obstétrica para el nivel I contemplará lo siguiente: ... —Atención del parto normal o intervenido, NO quirúrgico por médico general… (resaltado fuera de texto).

10.3. Tan grave como lo anterior, debe considerarse que la entidad demandada tenía a su disposición médicos especialistas en ginecología y obstetricia, de conformidad con la certificación que se aportó al proceso —párrafo 6.5—, los cuales tampoco intervinieron en el procedimiento de atención del parto, puesto que, se reitera, el parto fue atendido exclusivamente por la médica interna, es decir, por una estudiante de último año de medicina que no ha obtenido su título profesional y que bajo ninguna óptica está habilitada legalmente para ello. En ese orden de ideas, la entidad, a pesar de que contaba con personal médico para atender el caso y de que se encontraba legalmente obligada a prestar con idoneidad sus servicios, encargó a una persona que no tenía la suficiencia profesional, científica, ni la experiencia correspondiente, para que asistiera, sin acompañamiento alguno, un procedimiento de tanta importancia como es el nacimiento de un ser humano.

11. Con referencia al nexo de causalidad, tanto como los indicios mencionados, diferentes documentos acreditan que el daño obedece 21 la falla del servicio, en especial la anotación en la historia clínica, suscrita por la pediatra Luz Esthella González, en la que se indica que el neonato “durante el trabajo de parto es sometido a asfixia por expulsivo prolongado (50 minutos)” —párrafo 6.6— y la anotación del Dr. Ariza en la cual precisa que en el caso hubo un “parto vaginal con expulsivo prolongado de una hora” —párrafo 6.8—.

11.1. La historia clínica incorpora de manera clara e inequívoca la relación entre el parto prolongado, la asfixia y las consecuencias para la salud del recién nacido, de suerte que constituye plena prueba de la responsabilidad de la entidad estatal demandada. Ahora bien, sin que en momento alguno pretenda la Sala arroparse el papel de perito científico, con la finalidad de explicar lo que abundantemente refiere la historia clínica, la literatura médica colombiana ha dispuesto sobre el particular:

La asfixia perinatal (APN) se puede definir como la agresión producida al feto o al recién nacido alrededor del momento del nacimiento por la falta de oxígeno y/o una perfusión tisular adecuada. Esta condición conduce a una hipoxemia e hipercapnia con acidosis metabólica significativa... es causante de múltiples alteraciones importantes en la función neurológica del recién nacido, generando discapacidad y transformaciones del neurodesarrollo... la lesión cerebral secundaria, causada por la encefalopatía hipóxico-isquémica, ha sido reconocida como una importante causa de morbilidad neurológica y mortalidad en la niñez por más de 100 años... Algunos de los marcadores inmediatos de asfixia posparto (o después de nacer) que se han utilizado incluyen: bajo puntaje de Apgar, acidemia de arteria umbilical, necesidad de intubación y ventilación mecánica. Los marcadores neonatales incluyen convulsiones tempranas y encefalopatía del recién nacido(5).

11.2. Tal y como se puede apreciar, la descripción científica transcrita, que no constituye el argumento para la decisión que toma la Sala, coincide en todas sus partes con los datos que la historia clínica arrojan y con la conclusión de la Sala respecto de la responsabilidad del Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá.

V. Liquidación de perjuicios

12. La Sala advierte que la liquidación de perjuicios en el presente caso se realizará sobre la base de lo que la Sección Tercera decidió en un caso anterior, que guarda gran semejanza, casi identidad, con el que ahora se resuelve, en tanto que comprendía las lesiones neurológicas sufridas con ocasión de un parto(6).

A. Perjuicios extrapatrimoniales

13. Es natural que las secuelas neurológicas y demás daños ocasionados a la integridad física y mental del menor por la falla del servicio de la entidad demandada lo hayan afectado hondamente y a sus padres. Los sentimientos de tristeza, indignación, dolor, frustración, que acompañan a cualquier persona ante el hecho indiscutible de que la vida entera de un ser humano normal y corriente se ha visto frustrada por la negligencia de una entidad encargada de proveer los cuidados médicos que, contrario a lo que hicieron, garantizaran la buena salud del recién nacido, es inconmensurable.

13.1. En relación con los perjuicios morales, “ha expresado esta Sala, en varias ocasiones, que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros”(7). En ese orden de ideas, la Sala condenará, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, por el valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv) a favor de cada uno de los padres del menor, Beatriz Elena Marín Triana y John Alexander Susa Murcia, puesto que solo a su favor se imploró condena por este concepto.

13.2. En el libelo introductorio se aprecia que a favor del menor Daniel Felipe Susa Marín se pidió condena por los “perjuicios fisiológicos”, entendidos como la imposibilidad de “realizar actividades vitales que hacen agradable la existencia, tales como casarse, tener familia, mantener una actividad social normal, una vida de relación con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y muchísimas otras semejantes”. El perjuicio descrito es de índole extrapatrimonial y afecta a la vida exterior; es la consecuencia del daño corporal que sume a la víctima en una realidad permanente de imposibilidad de valerse por sí mismo, de anulación, o de reducción de su capacidad de expansión y de comunicación con los demás. Es evidente que en este caso existe un daño que se denomina daño a la salud, de conformidad con las últimas precisiones de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado(8): un nasciturus en quien no concurría anormalidad congénita de orden físico o mental alguna, que estaba destinado a llevar una vida corriente, resultó afectado en la etapa perinatal por la negligencia de la entidad demandada. En consecuencia, la Sala condenará por tal concepto, a favor de Daniel Felipe Susa Marín, por el valor equivalente a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300 smlmv).

B. Perjuicios materiales

14. El daño emergente fue demandado por concepto de los “gastos médicos, farmacéuticos, de transportes y alimentación especial”, no obstante lo cual no se acreditó en el curso del proceso, mediante pruebas fidedignas, el valor que para los demandantes han representado esos conceptos. Al respecto, se puede hablar de la existencia en el presente caso de una indemnización debida, consolidada o histórica como aquella que se causó desde la ocurrencia del daño hasta la fecha de la sentencia, y de una indemnización futura como la correspondiente al daño emergente que se consolidará en el futuro como consecuencia de las atenciones que se le deben dar al menor en consideración a las secuelas neurológicas y demás daños ocasionados a la integridad física y mental del menor.

14.1. En relación con la indemnización debida, consolidada o histórica, la Sala proferirá condena en abstracto a favor de los padres, Beatriz Elena Marín Triana y John Alexander Susa Murcia, a efectos de que frente al tribunal a quo, por medio del incidente correspondiente, se determine el valor de los “gastos médicos, farmacéuticos, de transportes y alimentación especial”. Con tal propósito se habrán de suministrar por parte de los demandantes los soportes de las erogaciones en las que hayan incurrido efectivamente hasta la fecha de la sentencia.

14.2. Con referencia a la indemnización futura a favor de los padres, Beatriz Elena Marín Triana y John Alexander Susa Murcia, la Sala aprecia que no es posible en esta providencia hacer una proyección de los “gastos médicos, farmacéuticos, de transportes y alimentación especial”, por cuanto se desconoce: (i) hasta qué momento el menor necesitará la asistencia de una persona para el suministro de medicamentos, alimentación y cuidado; (ii) si el personal que ha de prestarle esta colaboración debe ser una enfermera, o si lo puede hacer otra persona sin formación profesional o técnica; (iii) la periodicidad de las sesiones de fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de lenguaje que demanda el menor, la duración de las mismas, y el valor de correspondiente; (iv) el número de exámenes neurológicos y físicos que se deben practicar al menor y la frecuencia de los mismos, así como el valor; (v) los medicamentos que se deben proveer al menor, su valor, tiempo de tratamiento, etc.; (vi) si todos los conceptos referidos han sido, o serán, asumidos directamente por los padres o si corresponden a obligaciones que han estado, o estarán, a cargo del sistema de seguridad social en salud. En consecuencia, los demandantes no acreditaron la naturaleza, periodicidad, duración ni valor de dichas atenciones, razón por la cual no existen bases suficientes para condenar en concreto por este concepto. Se proferirá, entonces, condena en abstracto.

14.3. En atención a lo expuesto, para efectuar la liquidación respectiva, el tribunal a quo ordenará la práctica de un nuevo dictamen pericial, por parte de médicos neurólogos e internistas, para que se evalúe al paciente y se establezca la naturaleza, periodicidad, duración y valor de las atenciones personales, médicas y terapias que Daniel Felipe Susa Marín ha necesitado hasta el momento y que, bajo el título de indemnización futura, necesitará en adelante.

14.4. La Sala aclara que la condena en abstracto, y la necesidad de que se adelante el incidente de liquidación respectivo ante el a quo, no impide la ejecución de la condena en concreto que se dicta respecto de los otros conceptos incorporados en la sentencia, y así lo dirá en la parte resolutiva.

15. El lucro cesante fue demandado en atención a las sumas que el menor dejará de devengar como resultado de su incapacidad para trabajar. Habida consideración de las secuelas neurológicas y demás daños ocasionados a la integridad física y mental de Daniel Felipe Susa Marín, y de la responsabilidad de la entidad demandada por una falla del servicio inexcusable, la Sala considera que hay lugar a condenar a la entidad por el lucro cesante, el cual, en el caso concreto se materializa en las sumas de dinero que dejará de devengar el menor, una vez haya cumplido 25 años y entre a la vida laborar(sic), y sus limitaciones tomen cuerpo, frente al mundo laboral, como una incapacidad total.

15.1. La liquidación correspondiente se hará así: (i) se toma el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la sentencia: $ 589 500; (ii) el período que se indemnizará es el comprendido entre el momento en que Daniel Felipe Susa Marín cumplirá 25 años de edad, es decir, el 4 de enero de 2026, y la fecha presunta en que acaecería su muerte, la de un hombre colombiano nacido el 4 de enero de 2001; (iii) se toma como referencia la edad de 25 años porque es entonces cuando se presume que el hijo de familia se separa de su casa y empieza su etapa productiva; (iv) para la determinación de esta última fecha, la Sala utilizará la Resolución 497 de 1997 de la Superintendencia Bancaria, puesto que estaba vigente al momento del nacimiento de la víctima; (v) en la resolución mencionada no se expresa la esperanza de vida de una persona menor de 15 años de edad, razón por la cual la Sala tomará la esperanza de vida de una persona de 15 años que establece la resolución (60,76 años) y le sumará los 15 años anteriores, lo cual arroja una suma de 75,76 años de esperanza de vida de Daniel Felipe Susa Marín; (v) entonces, el período que se liquidará está comprendido entre enero de 2026 y octubre de 2076, lo cual equivale a 610 meses.

15.2. De acuerdo con la fórmula usualmente empleada por la Sala, el cálculo corresponde a:

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S = $ 114.855.902

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 12 de agosto de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2. DECLARAR responsable administrativa y patrimonialmente al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá por las secuelas neurológicas y demás daños ocasionados a la integridad física y mental del menor Daniel Felipe Susa Marín.

3. CONDENAR al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá a pagar, por concepto de perjuicios morales, a favor de John Alexander Susa Murcia, el valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv), y a favor de Beatriz Elena Marín Triana, el valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 smlmv).

4. CONDENAR al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá a pagar, por concepto de daño a la salud, a favor de Daniel Felipe Susa Marín, el valor equivalente a trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300 smlmv).

5. CONDENAR al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá a pagar, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Daniel Felipe Susa Marín, la cifra de ciento catorce millones ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos dos pesos moneda corriente ($ 114.855.902).

6. CONDENAR en abstracto al Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá a pagar, a favor de John Alexander Susa Murcia y de Beatriz Elena Marín Triana, la indemnización debida y la indemnización futura por concepto de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 14, 14.1, 14.2 y 14.3 de esta providencia. La liquidación que hará el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tendrá como fundamento las bases establecidas en la parte motiva de esta sentencia.

7. APLICAR lo dispuesto en los artículos 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.

8. Habida cuenta de que la condena en abstracto referida en este numeral no impide la ejecución de la condena en concreto que se dicta respecto de los otros conceptos incorporados en la sentencia, ORDENAR con base en lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, la entrega a quien ha venido actuando como apoderado judicial de la parte demandante de la primera copia de esta providencia, y de aquélla por la cual el a quo liquide la condena en abstracto impuesta en esta misma.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase.»

(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de marzo de 2008, expediente 16085, C.P. Ruth Stella Correa.

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1991, expediente 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia del 22 de marzo de 2001, expediente 13166, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16085, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia de 4 de junio de 2008, expediente 16646, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de septiembre de 2009, expediente 17804, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.

(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, radicación 11878, Actor: Josué Reinaldo Durán Serrano y otros, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(5) J. Torres, C. Rojas, Asfixia perinatal, publicado en la revista Precop de la Sociedad Colombiana de Pediatría, consultada el 26 de agosto de 2013, en http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_9_ vin_ 3/Precop _ 9-3-B.pdf

(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, expediente 17418, C.P. Ramiro Saavedra.

(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 14808, C.P. Germán Rodríguez.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, expediente 38222, C.P. Enrique Gil.