Sentencia 2002-01758 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN C

Radicación: 25000-23-26-000-2002-01758-01 (29.483)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De la Hoz

Actor: Enrique Zamudio Garzón

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Referencia: Apelación de sentencia. Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta Corporación, sin importar la cuantía del proceso(17).

Así lo tiene sentado la Jurisprudencia de la Sala, en especial en el Auto del nueve (9) de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado 11001032600020080000900, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), mediante la cual se resolvió la antinomia que se presentaba entre lo dispuesto por el artículo 134B del Código Contencioso Administrativo y lo preceptuado por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 - Estatutaria de la Administración de Justicia.

2.2. Decisiones previas:

Previo a decidir el fondo del asunto, considera la Sala pertinente pronunciarse sobre los siguientes aspectos:

2.2.1. Vigencia del Código General del Proceso.

Sobre el particular, la Sala trae a colación el auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014) proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación(18), en el cual se unificó la Jurisprudencia de la Corporación en lo atinente a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012 señalando que “su aplicación plena en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como en materia arbitral relacionada con temas estatales, es a partir del 1º de enero de 2014” .

Lo anterior sin perjuicio de la aplicación ultraactiva del Código de Procedimiento Civil, señalada en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012(19), para resolver de: (i) los recursos interpuestos, (ii) la práctica de pruebas decretadas, (iii) las audiencias convocadas, (iv) las diligencias iniciadas, (v) los términos que hubieren comenzado a correr, (vi) los incidentes en curso, y (vii) las notificaciones que se estén surtiendo.

Sin embargo, de acuerdo a lo previsto en el literal c del numeral 1º del artículo 625 del Código General del Proceso, la valoración probatoria del presente asunto se regirá por la normatividad anterior.

2.2.2. De la prueba trasladada.

Es criterio reiterado en la jurisprudencia de esta Sección que cuando el traslado ha sido solicitado por ambas partes de forma expresa o por coadyuvancia, las pruebas practicadas en un proceso disciplinario o penal, pueden ser valoradas en el proceso administrativo sin que faltase ningún otro requisito, pues resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite el traslado y, en el evento en que el material probatorio resultara contrario a sus intereses, solicitara su inadmisión(20).

En el plenario obra en copia auténtica el expediente contentivo del proceso penal 30226, el cual fue trasladado por solicitud de la parte demandante, sin que mediara coadyuvancia de la parte demandada, sin embargo, las pruebas allí obrantes serán valoradas en el sub examine según las reglas de la sana critica, salvo las injuradas.

En efecto, los medios de pruebas vertidos en el aludido expediente y que serán objeto de valoración en el sub lite, se practicaron con audiencia y participación de la Nación - Fiscalía General de la Nación, y no fueron tachadas a lo largo de este proceso.

2.2.3. De las copias simples.

La Sala igualmente le dará valor probatorio a los documentos allegados en copia simple, lo anterior, acogiendo el precedente jurisprudencial según el cual es posible apreciar las copias simples si las mismas han obrado a lo largo del plenario, y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Sobre el particular, mediante sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013), esta Corporación sostuvo:

“En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos.

Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas.

El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970.

En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar –de modo significativo e injustificado– el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (arts. 228 y 229, C.P.).

Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultraactividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v. gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

De allí que, no puede el juez actuar con obstinación frente a los nuevos lineamientos del derecho procesal o adjetivo, en los que se privilegia la confianza y la lealtad de las partes, razón por la cual esa es la hermenéutica que la Sección C de la Sección Tercera ha privilegiado en pluralidad de decisiones, entre ellas vale la pena destacar.

(...).

En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas, en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto. Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo”(21).

2.3. Pruebas.

1. Copia auténtica del memorial del 8 de septiembre del 2000 en el cual el señor Enrique Zamudio Garzón solicitó la entrega del vehículo en su condición de único y legítimo tenedor, solicitud que fue coadyuvada por el señor Víctor Manuel Téllez quien también suscribió el documento(22).

2. Copia auténtica de la providencia del 5 de marzo de 2001 mediante la cual el Fiscal 09 Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá, al resolver el recurso de apelación modificó la Resolución del 20 de septiembre del 2000 y en su lugar dispuso la entrega inmediata y definitiva del vehículo al señor Enrique Zamudio Garzón(23).

3. Factura de liquidación y cobro del parqueadero Boyacá Express del 19 de julio de 2001 por un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 2.916.000) del vehículo taxi, marca Mazda, Placa SGC-767(24).

4. Recibo de pago por un total de SESENTA MIL PESOS ($ 60.000) por concepto de honorarios profesionales recibidos el 29 de junio del 2000 por la señora Doris Esther Prieto Romero de parte de Enrique Zamudio Garzón(25).

5. Certificación expedida por la empresa Auto Taxi Ejecutivo S.A., donde consta que Enrique Zamudio Garzón se encontraba afiliado a la misma desde el 16 de enero de 1996 como propietario del vehículo de placas SGC-767 marca Mazda modelo 1993, recibiendo un promedio mensual de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.600.000,oo)(26).

6. Dictamen pericial rendido el 25 de febrero de 2004, en el cual se fijó en la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 12.339.360) el total de perjuicios materiales sufridos por el señor Enrique Zamudio Garzón debido a la inmovilización del vehículo de servicio público, Taxi Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993, desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 19 de julio de 2001(27).

7. Copia simple del inventario individual de vehículos realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá- Grupo de Vehículo el 1º de septiembre del 2000 al vehículo mencionado(28).

8. Testimonio de la señora Rocío Pulgarín Gaviria(29), en el que se destaca:

“PREGUNTADO: ya que dice saber el motivo por el cual está llamado, nárrele a este Despacho lo que sepa del presente proceso, es decir, si sabe usted cómo ocurrieron los hechos de este. CONTESTÓ: En febrero de 1997 le hurtaron un taxi al señor ZAMUDIO GARZÓN, al mes, cuando ocurrió un accidente lo encontraron. Lo acompañé a mirar el carro estrellado y ha (sic) hacer un préstamo para arreglarlo. Este arreglo duró cinco meses, por espacio de más o menos dos años. Hasta el primero de septiembre de 2000, me contó que lo había detenido la policía. A partir de esto, empezó un proceso, cuando quiso sacar el carro no tenía dinero por lo que duró varios meses sin trabajo. El Señor ZAMUDIO interpuso recursos para sacar el carro, toda vez que no tenía dinero ya que no se encontraba trabajando (...). PREGUNTADO: Sírvase indicar al despacho si a usted le consta el promedio que devengaba el Señor ENRIQUE SAMUDIO. Como resultado de trabajar el vehículo taxi que le fue hurtado. CONTESTÓ: Más o menos entre ochenta y cien mil pesos diarios”.

9. Copia auténtica de las siguientes piezas procesales trasladadas del proceso penal 300226, remitidas por la Fiscalía Seccional 125 de la Unidad Cuarta de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico:(30)

a) Contrato de compraventa VA-0188561 suscrito el 24 de agosto de 1995 del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil de servicio público, modelo 1993, color amarillo, placas SGC-767, entre el señor Víctor Manuel Téllez y los señores compradores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz(31).

b) Denuncia penal realizada por el señor Enrique Zamudio Garzón, el tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997) en la Estación Tercera de Bogotá D.C., en la cual denunció el hurto del vehículo: marca Mazda 323 NT, clase automóvil, modelo 93, color amarillo, servicio público(32).

c) Ampliación de denuncia penal por parte del señor Enrique Zamudio Garzón de fecha veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997) ante la Fiscalía Seccional 125, en la que informó que por una llamada del 21 de febrero fue enterado que el automotor hurtado estuvo involucrado en un accidente de tránsito y que estaba a su disposición(33).

d) Diligencia de declaración del diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y siete (1997) rendida por el señor Víctor Manuel Téllez. En esta se manifestó “PREGUNTADO: Usted ha tenido negocios con el citado señor (Enrique Zamudio Garzón), en caso positivo qué clase de negocios. CONTESTÓ: Le vendí un vehículo taxi, marca Mazda, color amarillo, placas SGC767, se lo vendí el 24 de agosto de 1995, por un valor de once millones quinientos mil pesos ($ 11.500.000,oo). PREGUNTADO: el citado señor ya le canceló en su totalidad el rodante. CONTESTÓ: sí ya lo cancelaron lo compraron dos personas don ENRIQUE ZAMUDIO y MARCOS A. MUÑOZ, entro (sic) los dos lo compraron. PREGUNTADO: Ustedes suscribieron algún tipo de contrato. CONTESTÓ: Sí hicimos un contrato de compraventa, no lo llevamos a notaría. PREGUNTADO: Quién figuraba en la tarjeta de propiedad cuando usted vendió el rodante. CONTESTÓ: yo era quien figuraba en la tarjeta de propiedad. PREGUNTADO: Ya se realizó el traspaso del rodante y se tramitaron los documentos ante la secretaría de Tránsito y transporte. CONTESTÓ: No se ha hecho porque hay dos compradores y el señor que lo posee don ENRIQUE ZAMUDIO dice que le haga el traspaso a él y el otro que le haga el traspaso pero a él, no se han puesto de acuerdo, don MARCOS me dice que cuidado le haga el traspaso al otro porque él tiene parte del carro, no se han puesto de acuerdo”(34).

e) Memorial del 21 de abril de 1997, dirigido a la Fiscalía 125 por parte del señor Enrique Zamudio Garzón en el cual solicitó la entrega del taxi marca Mazda 323 NT de placas SGC767 de Bogotá(35).

f) Auto del 21 de abril de 1997 mediante el cual el Fiscal 259 Delegado ante los Juzgados Penales ordenó la entrega provisional y en depósito del taxi marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767 al señor Enrique Zamudio Garzón, y acta compromisoria de entrega provisional del vehículo al mencionado señor(36).

g) Auto del 29 de abril de 1997, en el cual la Fiscalía Seccional 125 se abstuvo de hacer entrega del vehículo al señor Zamudio Garzón por no acreditar la propiedad del mismo, manifestándose igualmente que según la declaración del señor Téllez el vehículo fue adquirido por Enrique Zamudio y Marcos A. Muñoz, por lo que la petición debe estar suscrita por los dos propietarios actuales(37).

h) Providencia del 23 de octubre de 1997(38), en la que la Fiscalía Seccional 125 ordenó que por secretaría se expida certificación con destino a la secretaría de Tránsito y Transporte, en donde se le informe que el vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767, fue hurtado el 02/02/1997, rodante que fue recuperado y entregado al señor ENRIQUE ZAMUDIO GARZÓN el día 21 de febrero de 1997 por parte de la Fiscalía Local 259 de la Unidad de Reacción Inmediata, y que dicho automotor se encuentra en poder del señor Zamudio en el taller TECNOCAR.

i) Acta de entrega de vehículo del 21 de abril de 1999, mediante la cual el Jefe de Denuncias y Contravenciones y el Comandante de la Décima Novena Estación de Policía de Bogotá, hacen entrega del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767 al señor Enrique Zamudio Garzón, en la que se manifiesta que el vehículo fue encontrado abandonado a las 10:30 horas del 12/04/99 en vía pública, y que le fue entregado por la fiscalía al señor Enrique Zamudio, y que la Secretaría de tránsito no corrigió levantar la orden y hacer entrega del vehículo inmovilizado”(39).

j) Oficio 955/ CONTRA-ZOSAN de fecha 5 de septiembre de 2000 dirigido al Fiscal Seccional 125, en el cual el Jefe de Oficina de Denuncias y Contravenciones E-3 deja a su disposición el vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767, pues allí se adelanta el proceso 30226. En el mismo se deja constancia que el vehículo “se encuentra ubicado en el parqueadero BOYACÁ EXPRESS”(40).

k) Providencia del 20 de septiembre del 2000 en la cual la Fiscalía Seccional 125 ordenó la entrega provisional del automotor a los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco A. Muñoz, en la que se manifiesta “Es por ello que el vehículo se entregará de manera provisional a los dos compradores, quienes a su vez tienen el derecho para tenerlo, esto una vez se encuentre en firme el proveído y se intentará una entrega definitiva cuando la tarjeta de propiedad se encuentre a nombre de ambos compradores o a nombre de uno de estos si llegaren a algún acuerdo”(41).

l) Providencia del 20 de noviembre del 2000 en la cual la Fiscalía Seccional 125 se abstuvo de reponer el auto del 20 de septiembre de 2000 que ordenó la entrega provisional del automotor a los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco A. Muñoz(42).

m) Oficio del 15 de marzo de 2001, donde la Fiscalía 125 dispuso la entrega definitiva del vehículo marca Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993, al señor Enrique Zamudio Garzón(43).

n) Acta de entrega a Enrique Zamudio Garzón del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767, del 16 de marzo de 2001(44).

o) Auto del 30 de marzo de 2001 en virtud del cual la Fiscalía Seccional 125 informó al señor Zamudio Garzón que no lo puede exonerar del pago del parqueadero, ya que dicho pago no corresponde a la Fiscalía sino a los particulares(45).

p) Certificación del 10 de octubre de 2001 en la que el técnico judicial II de la Fiscalía Seccional 125 hace constar que mediante oficios 287 y 4288 del 16 de marzo de 2001 se ofició a la Dijin y Sijin ordenando cancelar la búsqueda e inmovilización del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767(46).

2.4. Valoración probatoria y decisión.

El acervo probatorio así constituido, permite tener por demostrados los siguientes hechos útiles para resolver el recurso de apelación presentado:

— Que los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz celebraron contrato de compraventa con el señor Víctor Manuel Téllez del vehículo marca Mazda 323 NT, automóvil de servicio público, modelo 1993, color amarillo, placas SGC-767.

— Que el traspaso del vehículo ante la oficina de tránsito correspondiente no se efectuó por discrepancias entre los compradores, pero el señor Enrique Zamudio Garzón fue quien poseyó y explotó económicamente el mismo.

— Que en febrero de 1997 el señor Enrique Zamudio Garzón denunció el hurto del vehículo, correspondiéndole la investigación a la Fiscalía Seccional 125 la cual abrió el instructivo 30226.

— Que al estar involucrado en un accidente de tránsito el vehículo fue hallado y entregado al señor Zamudio Garzón.

— Que la orden de retención del vehículo no fue levantada, lo que conllevó a que fuese inmovilizado varias veces; la primera ocurrió desde el 12 hasta el 21 de abril de 1999 y finalmente el 1º de septiembre del 2000 el rodante fue nuevamente inmovilizado y puesto a disposición de la Fiscalía 125, la cual ordenó la entrega a los señores Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz como propietarios del mismo.

— Que el 5 de marzo de 2001 la Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá al resolver el recurso de apelación ordenó la entrega del automotor únicamente al señor Zamudio Garzón, entrega real y efectiva que se verificó el 16 de marzo de 2001.

2.5. Caducidad de la acción.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, consagra diferentes términos para intentar las acciones y sanciona su inobservancia con el fenómeno jurídico de la caducidad. En su numeral 8º establece el término para intentar la acción de reparación directa del siguiente modo:

“La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

En el presente caso se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación - Fiscalía General de la Nación por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a la no cancelación de la orden de retención del vehículo de servicio público Taxi Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993 que dio lugar a que fuera inmovilizado desde el 1º de septiembre del 2000 hasta el 19 de julio de 2001. Además se demanda el error jurisdiccional de la providencia del 20 de septiembre del 2000 mediante la cual la Fiscalía Seccional 125 decidió entregar dicho vehículo a los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz. Por lo anterior, y dado que la demanda de la referencia se interpuso el 30 de agosto del 2002 encuentra la Sala que la demanda de reparación directa no se encuentra caducada.

2.6. Legitimación en la causa por activa.

La legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un presupuesto para que el juez pueda pronunciarse de fondo, por lo cual debe encontrarse probada en el proceso.

Tener legitimación en la causa por activa “(...) consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular (...) las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo (...) de la relación jurídica sustancial debatida (...)”(47)

Como lo ha sostenido reiteradamente esta Corporación, “Los hechos son la causa petendi de la demanda, en cuanto configuran la causa jurídica en que se fundamenta el derecho objeto de las pretensiones y por eso, desde el punto de vista procesal, su afirmación constituye un acto jurídico que tiene la trascendencia y alcance de definir los términos de la controversia y por lo tanto el alcance de la sentencia, y deben ser objeto del debate durante el proceso, para que si al final se encuentran debidamente probados puedan prosperar las peticiones de la demanda, ya que respecto de ellos debe pronunciarse el juzgador, en perfecta congruencia”(48) (Negrita fuera de texto).

En el sub lite, si bien en algunas partes del libelo introductorio y en el recurso de apelación el señor Enrique Zamudio Garzón dice actuar en calidad de propietario del taxi objeto de la retención e inmovilización, lo cierto es que en los hechos de la demanda alegó su calidad de poseedor del mismo, posesión que viene demostrada en el expediente con el contrato de compraventa VA-0188561 suscrito entre el señor Víctor Manuel Téllez y los compradores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz y el auto del 5 de marzo de 2001 mediante el cual el Fiscal 09 Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá, dispuso la entrega inmediata y definitiva del vehículo al señor Zamudio Garzón.

Por lo anterior se le reconoce legitimación en la causa por activa al señor Enrique Zamudio Garzón en su calidad de poseedor del vehículo marca Mazda 323 NT, automóvil de servicio público, modelo 1993, color amarillo, placas SGC-767, por lo que pasa la Sala a estudiar el fondo del asunto.

2.7. Responsabilidad del Estado por hechos de la Administración de Justicia.

La Ley Estatutaria de Administración de Justicia (270 de 1996) establece en su artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

2.7.1. Error jurisdiccional.

El artículo 67 de la ley 270 establece los presupuestos de configuración del error jurisdiccional así:

ART. 67.—Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme (Negrita fuera de texto).

Frente al primer presupuesto, la Sección Tercera de esta Corporación ha precisado, que es necesario para su configuración que el afectado haya interpuesto los recursos de ley, pues de no hacerlo el perjuicio sería ocasionado por su negligencia concretándose “una culpa exclusiva de la víctima que excluye la responsabilidad del Estado”(49).

Respecto al segundo, la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que no pueda impugnarse a través de algún recurso.

Sin embargo, el presupuesto sine qua non para su procedencia es que la decisión contenida en la providencia, sea contraria a derecho, ya sea porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho).

2.7.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

El artículo 69 de la citada ley reguló el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la siguiente manera:

“Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.

Doctrinariamente sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se ha dicho:

“En tanto que la noción de deficiente administración de justicia comprende una serie de actos procedimentales que no necesariamente culminan en el dictado de una sentencia o una resolución judicial, pero igualmente son susceptibles de producir daños a los administrados. Se trataría de toda actividad residual realizada no solo por los jueces sino también por quienes auxilian o colaboran de algún modo con la administración de justicia. En palabras del Tribunal Supremo Español, habría anormal funcionamiento de la administración de justicia cuando no exista una resolución judicial que directamente prive de bienes o derechos a una parte o le imponga indebidamente obligaciones o gravámenes, pero que por las actuaciones procesales le hayan generado daños y perjuicios injustificados, entonces nos encontramos ante un supuesto de anormal funcionamiento de administración de justicia”(50) (Negrita fuera de texto).

En sentido similar, esta Corporación consideró:

“En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, habría que decir que este, a diferencia del error judicial, se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.

Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia. Puede provenir no solo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”(51).

Finalmente, esta Corporación reiteradamente(52) ha manifestado como características del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, las siguientes:

i. Se produce frente a actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso.

ii. Puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales.

iii. Debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial.

iv. Título de imputación de carácter subjetivo.

v. Se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.

2.8. El caso concreto.

En el sub lite se pretende la declaratoria de responsabilidad de la Nación -Fiscalía General de la Nación- por el error jurisdiccional contenido en la providencia del 20 de septiembre de 2000 por cuya virtud la Fiscalía Seccional 125 entregó el varias veces referenciado vehículo a los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz.

También se demanda el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia debido a la no cancelación de la orden de retención del vehículo de servicio público Taxi Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993, omisión que dio lugar a la inmovilización del mismo desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 19 de julio de 2001.

Sea lo primero descartar la configuración de error jurisdiccional en el caso bajo estudio, pues como se señaló, uno de los presupuestos para que este se configure, es que la providencia judicial contentiva del error se encuentre en firme, es decir, que sea definitiva. En ese orden de ideas, la providencia acusada de contener el error jurisdiccional, esto es, la proferida por la Fiscalía Seccional 125 el 20 de septiembre de 2000, en virtud de la cual se ordenó la entrega del vehículo de servicio público, Taxi Mazda 323 NT de Placas SGC-767 a los señores Enrique Zamudio Garzón y Marco Antonio Muñoz, no es una providencia que reúna tal requisito, en la medida que ella era susceptible de ser impugnada mediante los recursos de reposición y apelación, impugnación que se realizó, y como resultado fue confirmada mediante auto del 20 de noviembre del 2000 al resolverse el recurso de reposición, pero al desatarse el de apelación fue revocada mediante proveído del 5 de marzo de 2001 proferido por el Fiscal 09 Delegado ante los Tribunales Superiores de Bogotá, en la que dispuso la entrega inmediata y definitiva del vehículo al señor Enrique Zamudio Garzón(53).

Por lo anterior, para la Sala es claro que si en gracia de discusión, la providencia proferida por el a quo constituía error jurisdiccional, la propia jurisdicción se encargó de subsanar el anotado yerro al desatar en segunda instancia el recurso de apelación que contra tal decisión se interpuso, por lo que al tenor del artículo 67 de la LEAJ el error endilgado se antoja inexistente.

Descartado el error jurisdiccional alegado por la parte demandante, la Sala pasará a estudiar lo atinente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, según el planteamiento del apelante.

2.9. El daño antijurídico.

El daño antijurídico, está constituido por la lesión a un bien jurídicamente tutelado que la persona no se encuentra en la obligación de soportar, y que impone al Estado el deber de indemnizarlo.

El artículo 90 de la Constitución estableció que “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables”. Daño antijurídico que se ha entendido acorde con los parámetros de la Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1996, como aquel que quien lo sufre “no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual este se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

El daño en el caso concreto lo constituye la inmovilización del vehículo de servicio público Taxi Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993 con el cual el señor Enrique Zamudio Garzón ejercía su actividad laboral, que a su vez generó que los ingresos reportados por tal actividad hayan dejado de ser percibidos desde la fecha de su inmovilización hasta su entrega material, perjuicios estos que resultan ser antijurídicos en la medida en que no existe norma expresa, como tampoco se desprende del orden jurídico en su conjunto, que le imponga al mencionado señor la obligación de soportar los perjuicios que se ocasionaron con la inmovilización del precitado automotor.

2.10. La Imputación.

Ahora bien, en relación con la imputación, corresponde a la Sala determinar si los perjuicios cuyo origen se remonta a la retención e inmovilización del vehículo son atribuibles a la entidad demandada tanto desde el plano fáctico como del jurídico, traducido este en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la demandada Fiscalía General de la Nación.

En tal cometido, y desde el ámbito fáctico, encuentra la Sala que la retención del vehículo marca Mazda 323 NT, automóvil de servicio público, modelo 1993, color amarillo, placas SGC-767 está demostrada en el plenario, pues así se desprende del inventario individual de vehículos realizado sobre ese rodante por la Policía Metropolitana de Bogotá -Grupo de Vehículo- el 1º de septiembre del 2000, además, viene acreditado que posteriormente el rodante fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional 125 mediante el Oficio 955/ CONTRA-ZOSAN de fecha 5 de septiembre de 2000 por parte del Jefe de Oficina de Denuncias y Contravenciones E-3, debido a que en dicha dependencia se adelantaba el proceso 30226, esto es, el instructivo penal que se abrió con motivo de la denuncia de hurto que realizó el señor Zamudio Garzón en febrero de 1997.

Es decir, a pesar que el vehículo había sido encontrado y el señor Zamudio Garzón había retomado su posesión, no se canceló la orden de inmovilización del mismo, lo que conllevó a que el rodante fuese inmovilizado en varias ocasiones, la primera desde el 12 hasta el 21 de abril de 1999(54) y la última desde el 1º de septiembre del 2000 prorrogándose hasta marzo del 2001.

Corresponde ahora a la Sala determinar si la omisión de la cancelación de la orden de retención del vehículo es constitutiva de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Nación - Fiscalía General de la Nación, esto es, si es imputable jurídicamente el daño a la entidad demandada.

El artículo 250 de la Constitución para la época de los hechos, es decir antes de su modificación por el Acto Legislativo 03 de 2002, le imponía como deber a la Fiscalía General de la Nación el “Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere el caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito y de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y demás organismos que señale la ley”.

A su vez, los artículos 60 y 64 del Decreto 2700 de 1991 y de la Ley 600 del 2000 respectivamente consagran la obligación a cargo del funcionario que conozca de la actuación de ordenar la devolución del objeto material o instrumentos del delito, que sean de libre comercio, a quien sumariamente acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo. 

Se observa entonces, que es deber de la Nación -Fiscalía General de la Nación- la devolución del objeto material del delito, en este caso un vehículo, a quien acredite ser dueño, poseedor o tenedor legítimo del mismo. Sin embargo, para que dicha devolución cumpliera la finalidad de restablecer el derecho y proteger al particular en sus bienes conforme al mandato del artículo 2º constitucional, no es suficiente con la entrega material del mismo sin el levantamiento de la orden de inmovilización, pues ello configura un incumplimiento de su deber de dirección y coordinación de las funciones de policía judicial.

Dicha obligación a cargo de la Nación - Fiscalía General de la Nación de ordenar la cancelación de la orden de retención e inmovilización del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767, fue cumplida, como figura en la certificación del 10 de octubre de 2001(55), mediante oficios 4287 y 4288 del 16 de marzo de 2001, en los cuales se ofició a la Dijin y Sijin ordenando cancelar la búsqueda e inmovilización del rodante arriba señalado, sin embargo, dichos oficios fueron enviados cuando el vehículo ya había sido inmovilizado y causado con ello los perjuicios al actor.

En este orden de ideas, tenemos que en el sub examine el daño antijurídico resulta imputable a la entidad demandada a título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pues constituye un indebido funcionamiento en la administración de justicia el hecho de entregar el vehículo como forma de restablecimiento del derecho, sin que se haya procedido a cancelar la orden de inmovilización.

2.11. Indemnización de perjuicios.

2.11.1. Perjuicios materiales

Lucro cesante.

En la demanda se solicita indemnización por lucro cesante por la retención del vehículo a que se viene haciendo referencia, desde el 2 de septiembre de 2000 hasta el 19 de julio de 2001, sin embargo, observa la Sala que la entrega del aludido automotor se ordenó por parte de la Fiscalía el 16 de marzo de 2001, siendo retirado del parqueadero donde se encontraba el día 19 de julio de 2001.

Por lo anterior, el lapso transcurrido entre la fecha en que se ordenó la entrega del vehículo por parte de la Fiscalía General hasta aquella en la que el rodante fue retirado del parqueadero privado en el cual se encontraba, esto es, entre el 17 de marzo y el 19 de julio de 2001, no será tenido en cuenta para efectos de reconocer indemnización de perjuicios por concepto de lucro cesante, debido a que la retención del vehículo en dicho período no le es imputable a la demandada, sino a la parte demandante.

De manera similar a la conclusión a que arriba la Sala sobre este particular, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia de tutela T-748/03 en la que dijo: “es claro entonces que es la autoridad judicial que impartió la orden de inmovilización la que debe asumir los gastos generados por la guarda y custodia del vehículo. Empero, es necesario precisar que esa carga la asume dicha autoridad solo hasta cuando permanezca bajo su disposición el bien aprehendido, pues luego de levantada la medida y autorizada la entrega a su propietario, cesa la obligación de la Fiscalía o de los jueces de cubrir esos gastos, debido a que de allí en adelante es responsabilidad del propietario el retiro de los patios. De suerte que si es su voluntad no retirarlo, debe correr con los gastos de parqueo que genere la estadía del vehículo en los patios, dado que para ese entonces ya el vehículo dejó de estar bajo la responsabilidad de la autoridad que ordenó su inmovilización”.

En suma, el lucro cesante se reconocerá solo desde la fecha en que el vehículo estuvo retenido por orden de la demandada Nación - Fiscalía General de la Nación, esto es, desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 16 de marzo de 2001(56).

Ahora bien, para acreditar los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante, se practicó dictamen pericial, que tasó estos perjuicios en la suma de DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 12.339.360), dictamen que fue objetado por error grave (folios 73 y 74 del cuaderno de primera instancia).

La Fiscalía General de la Nación manifestó en su objeción, que no está probada la suma establecida en el dictamen como “promedio diario de producido” para la época en que el vehículo estuvo retenido. Adicionalmente, consideró que en el dictamen no se justifica en manera alguna el reconocimiento del lucro cesante, pues se hace referencia a que el vehículo retenido realizaba dos turnos, señalando que “es necesario tener en cuenta que no basta la simple afirmación de los daños y la cuantificación de los mismos relacionados por el actor. Es imprescindible aportar las pruebas, para permitir la comprobación de la existencia de los supuestos daños que expone el dictamen pericial”.

Esta Corporación ha señalado respecto a la prueba pericial:

“La Sala precisa, que el dictamen pericial constituye un elemento más de prueba que debe ser valorada por el funcionario judicial inicialmente de acuerdo con los criterios previstos en el artículo 241 del Código Procesal Civil, y luego en conjunto con los demás medios probatorios teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica.

Pues bien, el dictamen es un medio de convicción con el cual un experto aporta al proceso elementos técnicos, científicos o artísticos, con miras a contribuir a dilucidar la controversia.

La ley procesal determina que la pericia contenga una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus resultados, explicando cuáles fueron los instrumentos, materiales y sustanciales empleados.

Exigencia lógica si se atiende a que con base en esa relación el funcionario judicial lleva a cabo la apreciación del dictamen, dado que las conclusiones tienen como soporte y garantía de credibilidad las labores adelantadas por el perito para llegar a esa opinión.

Además, deben contener las conclusiones formuladas por los expertos con arreglo a los principios de la ciencia, arte o técnica aplicada, respondiendo ordenadamente y en forma concreta y expresa todos los puntos sometidos a su consideración.

En síntesis, el dictamen debe contener dos partes, la descripción del proceso cognoscitivo, y las conclusiones. El primero, comporta la clase de dictamen, las preguntas por responder, el objeto, persona, cosa o fenómeno sometido al proceso de conocimiento, explicar de manera clara el procedimiento técnico, artístico o científico realizado, informando la metodología y medios utilizados, y describir los hallazgos o comprobaciones realizadas, dejando memoria o reproducción de ellos. Las comprobaciones comparadas con el cuestionario extendido por el funcionario judicial y sus respuestas, arrojan las conclusiones del dictamen.

Presentado el dictamen el funcionario judicial debe examinar la coherencia del proceso cognoscitivo y su congruencia con las conclusiones, y todo su conjunto con las preguntas contenidas en el cuestionario.

El dictamen debe ser claro y preciso, explicando los exámenes, experimentos e investigaciones realizadas y los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones”(57).

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros para el estudio del dictamen pericial, la Sala considera que las objeciones formuladas al mismo están llamadas a prosperar, en la medida en que se apoyó en “premisas”, tales como que, el vehículo i) “se podía usar en dos turnos”; ii) “se asume que por semana el automotor descansaba un día ()” o que iii) “para el año 2000, el promedio diario del producido por turno de un vehículo similar era de $ 12.000 m/cte.”, premisas que no tienen respaldo probatorio alguno.

Así las cosas, por ausencia de explicación en cuanto a la metodología, los procedimientos, las herramientas que condujeron a las conclusiones descritas y de soportes documentales, la Sala no acogerá el aludido dictamen pericial, por lo que no será tenido en cuenta para la tasación de los perjuicios materiales sufridos por el actor.

No obstante lo anterior, la Sala le otorga mérito probatorio a la certificación expedida por la empresa Auto Taxi Ejecutivo S.A., donde consta que Enrique Zamudio Garzón devengaba un promedio mensual de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.600.000,oo), ello en razón a que se trata de un documento privado emanado de tercero, que surtió todo el debate probatorio sin que fuese tachado por la contraparte, y en consecuencia esta será la suma con que se liquidará el lucro cesante, la cual se actualizará a la fecha de esta decisión, según la siguiente fórmula.

S2002-01758F1
 

En donde:

VF = Es el valor final o condena actualizada o ajustada

VI = Es el valor inicial o de la condena, o sea $ 1´600.000

Índice final = es el correspondiente al mes de septiembre de 2014, según certificación del DANE.

Índice inicial = es el correspondiente a septiembre de 2000, fecha en que se produjo el hecho dañoso.

S2002-01758F2
 

VF = $ 3.057.011

Una vez actualizada dicha suma se procederá a realizar la operación que nos arroje la suma correspondiente a la indemnización consolidada:

S2002-01758F3
 

Donde:

S = Es la indemnización a obtener

Ra = Es la renta o base de liquidación que equivale a $ 3.050.788

i = Interés puro o técnico: 0.004867

n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la inmovilización del vehículo (2 de septiembre de 2000) hasta la fecha en que fue ordenada su entrega al señor Zamudio Garzón (16 de marzo de 2001), esto es 6.44 meses.

Reemplazando tenemos:

S2002-01758F4
 

S = $ 19.949.659

Por lo expuesto, la Sala revocará la Sentencia apelada y reconocerá a favor del señor Enrique Zamudio Garzón, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de $ 19.949.659.

Daño Emergente

Solicita el actor, por esta modalidad de perjuicios, el reconocimiento de un total de QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) correspondientes al pago de honorarios profesionales, DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE ($ 2.916.000) correspondientes al valor del parqueadero desde la fecha de retención del vehículo hasta el 19 de julio de 2001 y UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($ 1.500.000) por concepto del servicio de revisión mecánica, pintura y llantas del automotor.

En cuanto al reconocimiento del rubro de honorarios profesionales la Sala los desestimará, en atención a que no se probó que estos correspondiesen en primer lugar a lo pagado por el señor Zamudio Garzón a un profesional del derecho con ocasión de la inmovilización del rodante, dado que la fecha del recibo de pago por concepto de honorarios profesionales, es del 29 de junio del 2000, esto es dos meses antes de la inmovilización del vehículo.

En igual sentido tampoco se reconocerá los valores pagados por concepto de arreglo del vehículo, ello en razón a que no fue allegada prueba alguna que lo demuestre.

Ahora bien, en lo concerniente al pago del parqueadero, las mismas consideraciones tenidas en cuenta en relación con el lucro cesante se harán, a efectos de reconocer el daño emergente.

Por este rubro se reclama el valor de lo pagado por el señor Zamudio Garzón por concepto de pago por parqueo del vehículo durante todo el tiempo que estuvo retenido, esto es, desde el 2 de septiembre de 2000 hasta el 19 de julio de 2001, sin embargo, la Sala únicamente reconocerá el valor pagado desde la primera fecha hasta el 16 de marzo de 2001, razón por la cual se procederá a calcular el valor correspondiente a dicho periodo para después actualizar dicha suma.

Consta en el recibo de pago del parqueadero el valor de $ 2.916.000, por un total de 319 días que estuvo parqueado el rodante, desde el 2 de septiembre del 2000 hasta el 19 de julio de 2001, pero como acaba de precisarse, dado que el automotor solo estuvo a disposición de la Fiscalía por un total de 195 días esto es, desde el 2 de septiembre de 2000 hasta el 16 de marzo del 2001, luego, se realizará la operación aritmética para determinar el valor de un día de parqueadero y luego se multiplicará por el lapso que estuvo retenido el vehículo por orden de la Fiscalía.

F = $ 2.916.000/319 = 9.141x195 = 1.782.507

F = $ 1.782.507, suma que se actualizará, utilizando la siguiente fórmula:

S2002-01758F5
 

En donde:

VF = Es el valor final o condena actualizada o ajustada

VI = Es el valor inicial o de la condena, o sea $ 1.782.507

Índice final = es el correspondiente al mes de septiembre de 2014, según certificación del DANE.

Índice inicial = es el correspondiente a marzo de 2000, fecha hasta la cual estuvo el vehículo a disposición de la Fiscalía General.

S2002-01758F6
 

VF = $ 3.405.714 

En suma, la Sala reconocerá a favor de Enrique Zamudio Garzón, por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de $ 3.405.714

2.12. Costas.

De conformidad con lo reglado en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Sala de Descongestión, el siete (7) de octubre de dos mil cuatro (2004), y en su lugar,

2. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por la inmovilización del vehículo de servicio público marca Mazda 323 NT de Placas SGC-767, Modelo 1993, desde el 1º de septiembre del 2000 hasta el 16 de marzo del 2001, cuya posesión detentaba Enrique Zamudio Garzón.

3. Como consecuencia de lo anterior, condénese a la Nación -Fiscalía General de la Nación- a pagar a favor de ENRIQUE ZAMUDIO GARZÓN la suma de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 19.949.659.) por concepto de lucro cesante.

4. Condénese igualmente a la Nación -Fiscalía General de la Nación-, a pagar a favor de ENRIQUE ZAMUDIO GARZÓN la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($ 3.405.714) por concepto de daño emergente.

5. Deniéguense las demás pretensiones de la demanda.

6. Cúmplase lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Sin condena en costas.

8. En firme este fallo devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídase a la parte actora las copias auténticas con la constancia prevista en el artículo 114 del Código General del Proceso.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

1 Folios 1 a 16 C. Primera instancia.

2 Folios 19 y 20 ibídem.

3 Folios 31 a 34 ibídem.

4 Folios 35 a 38 ibídem.

5 Folios 51 a 53 ibídem.

6 Folios 59 a 60 ibídem.

7 Folio 78 ibídem.

8 Folios 79 a 83 Ibídem.

9 Folios 84 a 90 ibídem.

10 Folio 91 ibídem.

11 Folios 94 a 107 C. Ppal.

12 Folios 109 ibídem.

13 Folios 116 a 122 ibídem.

14 Folios 124 y 126 ibídem.

15 Folios 127 a 130 ibídem.

16 Folio 131 ibídem.

17 Artículo 73. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), Radicación: 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ), Número interno: 49.299.

19 “Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“ART. 40.—Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

20 Ver sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12789; Sentencia de febrero 8 de 2012, Expediente 22943.

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013). Radicación: 05001233100019960065901.

22 Folios 3 a 5 cuaderno 5.

23 Folios 18 a 27 ibídem.

24 Folio 55 ibídem.

25 Folio 68 ibídem.

26 Folio 69 ibídem.

27 Folios 1 a 3 Cuaderno 4.

28 Folio 70 cuaderno 5.

29 Folios 71 a 73 ibídem.

30 Cuadernos 2 y 3 de pruebas.

31 Folios 53 y 54 cuaderno 2.

32 Folios 1 y 2 ibídem.

33 Folios 4 a 6 ibídem.

34 Folios 20 y 21 ibídem.

35 Folios 29 ibídem.

36 Folio 30 Cuaderno 3.

37 Folio 30 cuaderno 2.

38 Folios 43 y 44 ibídem.

39 Folio 132 ibídem.

40 Folio 131 ibídem.

41 Folios 139 a 141 ibídem.

42 Folios 159 a 162 ibídem.

43 Folio 171 ibídem.

44 Folio 177 ibídem.

45 Folio 175 ibídem.

46 Folio 185 ibídem.

47 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 23 de abril de 2008, Exp. 16.271.

48 Consejo de Estado; Sala Plena; Sentencia del 14 de febrero de 1995; Exp. S - 123

49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, Exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo. En el mismo sentido, véase sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

50 Saravia Frías, Santiago. Responsabilidad del Estado por Error Judicial y Deficiente Administración de Justicia. En Biblioteca Jurídica Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pág. 278.

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del dieciséis (16) de febrero de dos mil seis (2006). Radicación: 25000-23-26-000-1993-09946-01(14307). C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

52 Sobre el particular: sentencias del 12 de febrero 2014, del 26 de septiembre de 2013 expedientes Radicación: 25000-23-26-000-1996-12794-01(28857) y Radicación: 250002326000200200447 01 (28.164) respectivamente. C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

53 Folios 18 a 27 cuaderno 5.

54 Tal y como aparece demostrado en la Acta de entrega de vehículo del 21 de abril de 1999, mediante el cual el Jefe de Denuncias y Contravenciones y el Comandante de la Décima Novena Estación de Policía de Bogotá, hacen entrega del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767 al señor Enrique Zamudio Garzón obrante a folio 132 del cuaderno 2.

55 Folio 185 del cuaderno 2.

56 Conforme al acta de entrega del vehículo marca MAZDA 323 NT, automóvil, modelo 1993, color amarillo, servicio público, placas SGC-767, del dieciséis (16) de marzo de dos mil uno (2001) en la que se hace entrega real y material del mismo al señor Enrique Zamudio Garzón obrante a folio 177 cuaderno 2

57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013). Radicación: 250002326000200002064 01 (26682). C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.