Sentencia 2002-01775 de mayo 29 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCCIÓN A

Exp.: 73001233100020020177501 (30.891)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Compañía Suramericana Administradora de Riesgos Profesionales y Seguros de Vida S.A., Suratep S.A.

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana

Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia de la Sala.

Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación formulado contra la sentencia del 10 de marzo de 2005, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Tolima profirió fallo inhibitorio, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en $ 1.980.430.501, por concepto de perjuicios materiales (fl. 151, cdno. 1) y la cuantía fijada por la ley, para la época de presentación de la demanda —8 de agosto de 2002—, para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 36.950.000(1).

2.2. La subrogación.

La actora se presentó al proceso como subrogataria de los familiares de los funcionarios que perdieron la vida en el accidente aéreo en el que resultó involucrado un helicóptero del Ejército Nacional, a quienes, según dijo, pagó auxilios funerarios y por los que debió constituir reservas de capital, para atender el pago de las pensiones de sobrevivientes a las que tenían derecho, en virtud de los contratos que ampararon los riesgos profesionales de las personas fallecidas.

El artículo 1666 del Código Civil define la subrogación como “la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le paga”. A su turno, el artículo 1667 ibídem dispone que “se subroga un tercero en los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor”.

Por su parte, el artículo 1096 del Código de Comercio dispone que el “asegurador que pague una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro. Pero estas podrán oponer al asegurador las mismas excepciones que pudieren hacer valer contra el damnificado”; de otro lado, según el artículo 1139 ibídem, la subrogación a que se refiere el artículo acabado de mencionar no procede en los seguros de personas.

Pues bien, conforme al panorama normativo acabado de referir, es pertinente señalar que: i) el titular de la acción subrogatoria es el asegurador, esto es, el que asume las obligaciones del tercero causante del perjuicio, en virtud de un contrato de seguro, ii) el asegurador debe haber pagado al titular del derecho la suma que acá pretende reclamar del tercero responsable y iii) el daño indemnizado, en virtud del contrato de seguro, debe ser imputable a la responsabilidad de una persona distinta del asegurado.

De otro lado, es indispensable señalar que el artículo 1º del Decreto-Ley 1295 de 1994, “Por el cual se determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales”, define este sistema “como el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan”.

Así, con el fin de brindar protección a los trabajadores de las contingencias o daños que sufran como consecuencia de la relación laboral, la ley impuso a los empleadores la obligación de trasladar ese riesgo a entidades especializadas en su administración y, además, estableció las prestaciones a las que tendrían derecho los trabajadores afectados con una contingencia de origen profesional(2).

Ahora bien, cuando dichas entidades especializadas asumen las obligaciones derivadas de un accidente laboral quedan facultadas para repetir contra el responsable de haberlo causado. Así lo indica el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994”, al disponer:

“La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

No obstante que, como lo aseguró la demandada, el Código de Comercio no previó la subrogación en los seguros de personas, en el sistema de riesgos profesionales la entidad administradora puede, a la luz del mencionado artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, repetir lo pagado contra el tercero responsable de la contingencia profesional; además, conforme a la misma disposición, los causahabientes están facultados para instaurar las acciones pertinentes, a fin de obtener la indemnización plena de los perjuicios sufridos, “de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

De otro lado, es indispensable manifestar que, contrario a lo dicho por el tribunal a quo, en los casos en que el asegurador pretende repetir lo pagado contra las entidades públicas responsables de los daños o las contingencias, la acción idónea es la de reparación directa(3), toda vez que lo que genera la subrogación es la actuación de la administración que causa un daño, el cual, a la vez, es resarcido por el asegurador.

2.3. Falta de legitimación en la causa por activa.

En el presente asunto, la parte actora concurrió al proceso como subrogataria de los familiares de los funcionarios que perdieron la vida en el accidente aéreo en el que resultó involucrado un helicóptero del Ejército Nacional, a quienes, según dijo, pagó los auxilios funerarios y por los que debió constituir reservas de capital, a fin de atender el pago de las pensiones de sobrevivientes a las que tenían derecho, en virtud de los contratos que ampararon los riesgos profesionales de los fallecidos.

Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que, “Cuando el actor invoca su calidad de subrogatorio de la víctima, es de su cargo demostrar que existe identidad entre la persona que sufrió el perjuicio reclamado, la persona asegurada por la compañía demandante y la persona que recibió la indemnización que dice haber pagado; únicamente cuando esos extremos se encuentran debidamente probados, la aseguradora estará (sic) legitimada en la causa —en tanto subrogataria del perjudicado— para reclamar el monto que debió desembolsar por indemnización”(4).

Para casos como el presente, el artículo 139 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, dispuso que a la demanda “Deberá acompañarse también el documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso (...) cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título (...)”.

Pues bien, en el presente asunto, la sociedad actora no demostró la calidad de subrogataria con la cual compareció al proceso y, por tanto, es obvio que no se encontraba legitimada para formular demanda contra la enjuiciada, toda vez que no allegó al plenario los contratos de seguro que amparaban los riesgos profesionales de los funcionarios que fallecieron en el accidente aéreo, suscritos con las entidades públicas en las que estos laboraban(5); además, no obran en el expediente los formularios que acreditan la afiliación de los citados funcionarios a Suratep S.A., acerca de lo cual el artículo 4º del Decreto 1772 de 1994 dispuso que, “Efectuada la selección el empleador deberá adelantar el proceso de vinculación con la respectiva entidad administradora, mediante el diligenciamiento de un formulario provisto para el efecto por la entidad administradora seleccionada, establecido por la Superintendencia Bancaria”(6).

En el ordenamiento jurídico procesal, la legitimación en la causa es entendida como la calidad que tiene una persona para formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial. En el sub examine, la demandante compareció al proceso alegando la calidad de subrogataria de las víctimas del accidente aéreo, condición que acá no demostró; en consecuencia, subyace una falta de interés de la actora y, por ende, las pretensiones no pueden tener vocación de prosperidad.

Sobre el tema de la falta de legitimación en la causa, resulta apropiado traer a colación lo que la Sala ha manifestado al respecto:

“La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”(7).

2.2. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas al demandante, por cuanto su conducta procesal no se enmarca dentro de los supuestos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 10 de marzo de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar:

1. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. Sin condena en costas.

3. DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Decreto 597 de 1988.

(2) Según el artículo 7º del Decreto-Ley 1295 de 1994, “Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho al reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones económicas: subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y auxilio funerario”.

(3) Al respecto, ver sentencias del 26 de marzo de 1992 (Exp. 4311), del 27 de noviembre de 2002 (Exp. 13.632) y del 20 de febrero de 2008 (Exp. 21.695), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 1992, Expediente 4311.

(5) Según el artículo 2º (inc. 3º) del Decreto 1772 de 1994, “Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales”, “El empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral entre ellos”.

(6) Conforme al artículo 18 ibídem, dicho formulario debe contener, por lo menos, los siguientes datos: i) lugar y fecha, ii) nombre o razón social y NIT del empleador, iii) dirección de la empresa —sede principal y sucursales—, iv) actividad y clasificación de la empresa, v) si el empleador suministra el transporte, vi) razón social y NIT de la entidad administradora de riesgos profesionales a la cual se afilia, vii) razón social y NIT de la entidad administradora de riesgos profesionales de la cual se desafilia, cuando sea del caso y viii) firma del empleador o representante legal.

Además, según la disposición citada en el párrafo anterior, al formulario deben anexarse los siguientes datos: a) nombres, apellidos, identificación, edad, sexo, cargo y salario del trabajador, b) datos de su cónyuge, compañero o compañera permanente y de los hijos beneficiarios, así como su edad y sexo; además, cuando se trate de traslado de entidad administradora de riesgos profesionales, el empleador debe presentar copia de los recibos de pago, debidamente cancelados, de las cotizaciones al sistema correspondientes al trimestre inmediatamente anterior.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 1990, Exp. 6054.