Sentencia 2002-01802/41254 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 5400-12-33-1000-2002-01802-01 (41.254)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Ana Mercedes Amaya Lemus y otra

Demandado: municipio de Cúcuta

Referencia: acción de reparación directa

Tema: Falla en el servicio / Constituye no señalizar y avisar a los conductores el mal estado de la vía - Prueba trasladada / Puede valorarse siempre y cuando haya sido solicitada por ambas partes - Arancel judicial / Su pago solo procedía en demandas declarativas. De todas formas habría que revocar la orden de pagarlo porque el fundamento normativo desapareció del ordenamiento jurídico.

Bogotá, D. C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia de la Sala; 2) el ejercicio oportuno de la acción y la prueba del daño por el cual se demandó; 3) el caso concreto: 3.1) valoración del proceso penal trasladado; 3.2) Las circunstancias en que falleció el señor Hugo Antonio Gerardino Quintero; 3.3) La imputabilidad de la responsabilidad: el municipio demandado es responsable por no señalizar la existencia de un hueco en la vía; 4) Indemnización de perjuicios: se confirma la condena por concepto de perjuicios morales. En relación con el lucro cesante se consideró que debió liquidarse con un mayor ingreso del occiso, pero en vista de que no se puede agravar la situación de la entidad demandada, se confirma la condena por este concepto y se actualiza; 5) consideración final acerca de la improcedencia de la orden de pago de un arancel judicial; 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

Le corresponde a la Sala decidir el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 16 de diciembre de 2010, mediante la cual se accedió parcialmente a las súplicas de la demanda e impuso una condena superior a 300 SMLMV al municipio de Cúcuta.

2. El ejercicio oportuno de la acción y la prueba del daño por el cual se interpuso esta acción de reparación directa.

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos.

En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido las accionantes como consecuencia de la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero, ocurrida el 9 de marzo de 2001.

Dado que en el expediente obra el registro civil de defunción de dicha persona, en el cual aparece consignado que falleció en esa fecha, y como la demanda se interpuso el 28 de noviembre de 2002, se concluye que se hizo dentro del término legal para ejercer el derecho de acción(14).

De igual manera, el registro civil de defunción del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero se constituye en la prueba del daño por el cual las demandantes acudieron a esta jurisdicción, como presupuesto indispensable para poder adelantar este juicio de responsabilidad en contra del municipio de Cúcuta.

3. El caso concreto.

3.1. Valoración de la prueba trasladada.

Al proceso se allegó en copia auténtica la investigación penal que la Fiscalía llevó a cabo en contra del conductor del camión, cuyo accidente habría producido la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero. Esta prueba documental se practicó a petición de la parte actora, solicitud que coadyuvó el municipio demandado al contestar la demanda(15).

En vista de que se trató de una prueba cuyo decreto fue a petición de ambas partes, es posible utilizar su contenido en contra del municipio de Cúcuta. Ciertamente, aun cuando los documentos que conforman el expediente penal, así como las declaraciones juramentadas rendidas ante la Fiscalía no fueron recaudados por iniciativa o audiencia de aquella entidad territorial, serán valoradas en este proceso.

Así lo ha dicho esta corporación en relación con el valor probatorio de las pruebas trasladas, aun cuando su recaudo –en el proceso primigenio– se llevara a cabo sin la participación de la entidad contra la cual se utilizan:

“Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, solo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, comoquiera que no resulta viable que si se deprecan... con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda”(16) (Negrilla por la Sala).

En suma, en virtud del principio de lealtad procesal, se tendrán en cuenta las declaraciones juramentadas trasladadas en copia auténtica, sin necesidad de ratificación, porque su arribo a este proceso ocurrió como consecuencia de las solicitudes probatorias efectuadas por ambas partes.

En lo que tiene que ver con los documentos, procede el mismo razonamiento del párrafo anterior y, en todo caso, fueron remitidos en copia auténtica.

A lo largo de las consideraciones posteriores se irán individualizando aquellos documentos y testimonios que servirán a este juicio de responsabilidad.

3.2. Las circunstancias en que falleció el señor Hugo Antonio Gerardino Quintero.

De conformidad con el informe de accidente Nº 97-016589, de la Oficina de Tránsito de Cúcuta, el 9 de marzo de 2001 el camión de placas SAX 839 se desplazaba por esta ciudad cuando pasó por un hueco, lo cual hizo que el vehículo se ladeara y el conductor perdiera su control, para finalmente volcarse. En este documento aparece consignado que el señor Hugo Antonio Gerardino Quintero se desplazaba en el automotor como pasajero y que perdió la vida como consecuencia del accidente(17).

En idéntica dirección se estableció en la diligencia del levantamiento del cadáver de la mencionada persona –prueba trasladada–, en la cual se indicó que esta perdió la vida como consecuencia del volcamiento del camión en el que se movilizaba, tras haber pasado por un hueco en la vía(18).

Con base en las anteriores pruebas documentales, resulta demostrado que el mencionado ciudadano falleció en las condiciones expuestas en la demanda, es decir, por el volcamiento de un camión que pasó por un hueco.

Ahora bien, dicho lo anterior resulta importante establecer en qué parte del camión se movilizaba la víctima, dado que sobre este aspecto el municipio de Cúcuta centró su defensa. En la contestación de la demanda se solicitó que se declarara la culpa exclusiva de la víctima, toda vez que en los hechos las demandantes admitieron que ella se desplazaba en la parte superior del camión, ubicación prohibida por la normativa.

En criterio del municipio demandado, la causa de la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero resultó ser la violación del Código de Tránsito, porque él se colocó en riesgo, el cual se concretó al caer del automotor.

Tras revisar el material probatorio que obra en el expediente, se concluye que la víctima no se desplazaba en la parte superior del camión, sino que lo hacía en la parte interior, es decir, en la cabina junto al conductor y a otra pasajera.

A esa conclusión se llegó tras leer las declaraciones juramentadas rendidas por los demás pasajeros del vehículo, dentro de la investigación penal trasladada a este proceso, que se llevó a cabo en contra del conductor por el delito de homicidio culposo.

Los declarantes afirmaron que la víctima iba dentro de la cabina, sentada junto a la puerta que corresponde al puesto del copiloto.

Así lo declaró la señora Myriam Gómez Riática, mujer que también se desplazaba en la cabina del camión (se trascribe literal, inclusive los posibles errores):

“... soy lesionada con el accidente y sin generales de ley para con el conductor (...), Nosotros salimos de Cenabastos (sic) faltando diez para las cinco de la mañana en el carro de (...) que es quien nos trae la carga a la sexta, viniendo por la vía del canal que conduce a la sexta sector del barrio Sevilla hay un hueco en la mitad de la vía y pasando ahí se oyó un totazo, don (...) dijo Virgen del Carmen y esto que pasó y le mando el volante a sacar el carro para que nos botara hacia el canal quedando hacia la parte de arriba y ahí fue cuando se volteó el carro y se produjo el accidente y fue cuando yo salí de la cabina, ya el otro pasajero que iba también en la cabina ya estaba muerto, no se supo si fue que él se botó o que lo agarró alguna lata o hierro del carro (...) DIGA AL DESPACHO QUIÉNES VENÍAN EN LA CABINA: Venían el conductor, mi persona y el finado que venía en la orilla, atrás en la carrocería venía el ayudante y don (...)”(19) (negrilla por la Sala).

De modo similar lo testificó el señor Gabriel Ángel Bayona Meneses, quien sí reconoció estar en la parte superior del camión (se trascribe literal, inclusive los posibles errores):

“Don (...) nos trae de Cenabastos (sic) la carga hacia la sexta y al mercado de La Victoria donde tengo mi venta de verduras. Ese día nueve de marzo yo eché mi carga y me monté atrás en la carrocería ahí con los bultos, el finado Hugo, que no le sé el apellido, también echó la carga conmigo y élse vino dentro de la cabina con Myriamy el conductor, viniendo por el canal llegando a la Cruz Roja ahí fue donde se escachó porque había un hueco y tal vez don (...) por sacarle el desquite dio el bote al carro y yo cuando me desperté ya estaba en el hospital”(20) (negrilla y subraya por la Sala).

La Sala no encuentra razones para desconocer las anteriores declaraciones, que fueron rendidas bajo la gravedad del juramento ante la Fiscalía, aun cuando en la demanda se hizo una afirmación contraria en el sentido de que la víctima se desplazaba en la parte superior del camión.

No sería admisible desconocer la verdad material debidamente acreditada mediante tales testimonios, con el pretexto de que en la demanda se afirmó cuestión diferente, pues ello sería omitir el artículo 28 constitucional relativo a la función judicial. Ciertamente, esta disposición normativa previó que en las actuaciones judiciales prevalece el derecho sustancial que, en este caso, está representado por los testimonios arriba indicados.

No está demás mencionar que la Fiscalía también concluyó que la víctima se desplazaba al interior de la cabina, toda vez que así se expuso en la resolución que resolvió la situación jurídica del conductor y que obra en el proceso penal trasladado(21).

Resulta importante agregar, como aspectos fácticos del accidente, que se pudo establecer en el proceso que el camión se movilizaba por debajo del límite de velocidad máxima permitida en la vía donde ocurrió el incidente. Sobre esta cuestión obra en el expediente penal trasladado un informe técnico elaborado por la Dirección de Tránsito y Transporte del municipio de Cúcuta, en el cual así se indicó(22).

También es de anotar que el daño mecánico que produjo el impacto de la caída en el hueco y que devino en el volcamiento consistió en que “se partió la hoja principal del resorte del muelle del lado izquierdo”. A esta conclusión llegó la “Unidad de Levantamientos del DAS - Seccional Norte de Santander”(23), tras efectuar una inspección judicial de la escena de los hechos.

Con base en lo expuesto en este acápite, queda establecido cómo falleció el mencionado ciudadano, que este se movilizaba al interior de la cabina del vehículo y que no hubo exceso de velocidad. Dicho esto, se procede a establecer si su muerte en tales condiciones resulta imputable o no al municipio de Cúcuta.

3.3. La imputabilidad de la responsabilidad.

Concluye la Sala que la vía donde ocurrió el accidente pertenecía al municipio de Cúcuta. Aunque no se cuenta con una prueba que lo indique de manera expresa, sí es posible establecerlo.

Ciertamente, el accidente fue atendido por la Oficina de Tránsito de Cúcuta, que resultó ser el organismo que elaboró el informe de tránsito Nº 97-016589 y en el cual se especificó que el volcamiento del vehículo ocurrió en una vía urbana de un sector industrial de ese municipio. En este documento aparece consignado que el lugar del incidente correspondía a la Av. Canal Bogotá, calle 8 N, frente a La Palestina.

De conformidad con el contenido del informe de tránsito Nº 97-016589, queda demostrado que el volcamiento sucedió en una vía urbana del municipio de Cúcuta. Añádase que esta afirmación extraída de dicho documento resulta acorde con la contestación de la demanda, en la cual nunca se negó que perteneciera a la jurisdicción de la mencionada entidad territorial. Por el contrario, se admitió y, además, se reconoció que “la vía en la cual se produjo el volcamiento es una vía terciaria, que para la época estaba deteriorada”(24).

Ahora bien, como los artículos 17 y 19 de la Ley 105 de 30 de diciembre 1993, vigente en la época de los hechos, disponen que las vías urbanas, suburbanas y aquellas de propiedad de los municipios que conforman su infraestructura de transporte se encuentran a su cargo(25), el mantenimiento de la vía donde ocurrió el volcamiento le correspondía a la entidad territorial demandada.

De tal manera que, con independencia de que el lugar de los hechos fuera o no una vía terciaria como se indicó en la contestación de la demanda, lo cierto es que hacía parte de la red vial del municipio y, por tanto, era su responsabilidad mantenerla en buen estado.

Para que el daño cuya reparación se depreca sea atribuible al municipio de Cúcuta resulta indispensable que se encuentre demostrado que tenía conocimiento, previo a la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero, de las condiciones de amenaza que presentaba el lugar de su fallecimiento: el mal estado de la vía.

Así mismo, es indispensable que se encuentre probada la inactividad de la administración local de desplegar medidas orientadas al mantenimiento de la vía para evitar la concreción de los riesgos generados por su mal estado, concretamente la existencia de huecos.

Resulta que ambas circunstancias se encuentran acreditadas en el plenario. El municipio de Cúcuta tenía conocimiento del mal estado de la vía y, particularmente, de la existencia del hueco donde cayó el vehículo en que se movilizaba la víctima.

En ese sentido, resulta importante acudir nuevamente a los datos contenidos en el informe de tránsito Nº 97-016589, según la cual, se trataba de una vía con huecos, con mala iluminación, así como sin señales de tránsito. Así mismo, es relevante traer a colación el tamaño del hueco en que cayó el vehículo y que aparece registrado en el acta de diligencia de “inspección judicial a vía pública”(26). Las medidas son “hueco de 1.20 de largo x 0.68 de ancho y 0.10 de profundidad”.

Para la Sala los datos anteriores corroboran no solo la existencia del hueco donde cayó el vehículo, sino que, además, constituyen prueba del regular estado de la superficie de la vía, que tenía mala iluminación y que no contaba con señales de tránsito que informaran a los conductores de sus imperfecciones.

Así mismo, el estado de la vía, según el informe de accidente y la “inspección judicial a vía pública”, concuerda con las afirmaciones efectuadas en la contestación de la demanda. De hecho, en esta actuación, el municipio demandado aceptó que el lugar de los hechos era una “vía terciaria, que para la época del accidente estaba deteriorada”. (Negrilla por la Sala).

Se deriva de lo antes expuesto que las condiciones precarias de la superficie de la vía venían de tiempo atrás al accidente y que, entonces, no era un estado de cosas súbito y sucedáneo al volcamiento del camión.

La obligación del municipio de Cúcuta de mantener en buen estado su red vial conlleva a señalar que debió tomar acciones para informar a los conductores de las imperfecciones en la vía. Sin embargo no fue así, al punto que no se contaba con algún tipo de señalización y tampoco con buena iluminación, circunstancias que se demostraron a través del informe de tránsito Nº 97-016589.

La consideración según la cual el municipio conocía con anterioridad al accidente el regular estado de la vía, adquiere solidez por el hecho de que su defensa se centró en invocar la culpa de la víctima y el hecho de un tercero como causales eximentes de responsabilidad, pero en ningún momento en sostener que la vía se encontraba en correctas condiciones.

En la contestación de la demanda se adujo que el occiso se movilizaba en la parte superior del camión, acción imprudente que devino en su caída al asfalto tras la irrupción en el hueco. También se culpó al conductor del camión por conducir a exceso de velocidad, como circunstancia que produjo su pérdida de control por la presencia de dicha imperfección. No obstante, como se expuso en la sección anterior, se estableció que aquel viajaba dentro de la cabina y que no se condujo el vehículo accidentado con exceso velocidad.

Es decir, en la defensa del municipio de Cúcuta estaba implícita la existencia del hueco y que la caída del vehículo en él era atribuible al conductor del vehículo por manejar a exceso de velocidad, imprudencia descartada con base en la prueba técnica allegada al expediente.

También se colige que, con anterioridad al accidente objeto de discusión, el municipio demandado no desplegó actividades para intentar reparar la vía, aunque sabía de su mal estado, y tampoco advirtió a sus usuarios.

Ciertamente, la parte demandada no desplegó ninguna actividad probatoria para demostrar que el municipio hizo algo para mantenerla en buen estado. Lo único cierto es que ni siquiera había buena iluminación y tampoco señalización.

Así las cosas, el volcamiento del camión que produjo la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero no fue un suceso imprevisible e irresistible para el municipio demandado.

En efecto, no era imprevisible para la entidad pública demandada lo que aquí se discute. Resulta admisible que cuando un vehículo cae en un hueco pueda sufrir daños mecánicos que repercuten en la conducción, tal y como le pasó al camión en el que iba el occiso, el que se volcó porque sufrió una avería en la suspensión, como consecuencia del impacto sufrido al caer en él. Este aspecto mecánico se demostró con la inspección judicial de la escena de los hechos llevada a cabo por la Unidad de Levantamientos del DAS - Seccional Norte de Santander.

Tampoco puede hablarse de que fue un accidente irresistible, comoquiera que el municipio de Cúcuta no adelantó acciones para intentar evitar ese tipo de acontecimientos. Se reitera, la falta de señalización y la mala iluminación resultaban relevantes, pues el volcamiento ocurrió a las 5:20 de la mañana, hora en la que todavía hay poca visibilidad(27).

Como conclusión, no se demostraron en el proceso las causas extrañas sugeridas por la entidad demandada ni ninguna otra. Adicionalmente, se pudo establecer que el municipio de Cúcuta no tomó las acciones necesarias para mitigar los daños que se pudieran producir como producto del mal estado de una vía de su jurisdicción, que le correspondía conservar, para limitar la puesta en peligro de la vida e integridad personal de quienes la transitaban.

Dicha omisión resultó determinante para que el camión en que se transportaba la víctima cayera en un hueco, lo cual ocasionó una falla mecánica que causó su volcamiento y posterior fallecimiento. Por esta razón, se deberá confirmar la sentencia objeto de la consulta que declaró al municipio de Cúcuta, a título de falla en el servicio, responsable por la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero.

4. Indemnización de perjuicios

En razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada no hay lugar a estudiar la procedencia de las peticiones patrimoniales que se elevaron en la demanda y que fueron negadas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como tampoco a incrementar las indemnizaciones otorgadas en la sentencia consultada(28).

Teniendo en cuenta que no resulta posible agravar la situación del municipio de Cúcuta se procede a revisar, con base en las pruebas que obran en el expediente, las indemnizaciones que decretó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander con el objeto de determinar si hay lugar a confirmarlas o a disminuirlas.

La prueba en el expediente acerca de que la demandante, señora Ana Mercedes Amaya Lemus, era la compañera permanente de la víctima

Como demandante compareció la señora Ana Mercedes Amaya Lemus, quien afirmó ser la compañera permanente del occiso. Para acreditar esta condición se allegaron al expediente unas declaraciones extra juicio que no fueron ratificadas en el curso de este proceso(29), razón por la cual no es posible otorgarles valor probatorio. Tampoco es dable considerar la declaración juramentada que la demandante llevó a cabo en desarrollo de la investigación penal, pues se trata de una manifestación efectuada por ella misma(30).

Aunque no se cuente con testimonios acerca de que la señora Ana Mercedes Amaya Lemus era la compañera permanente de la víctima, existen otros medios de prueba que permiten establecerlo. Se trata del proceso penal trasladado, en el que obran varias actuaciones de las cuales es posible derivar dicho vínculo sentimental.

Las actuaciones a las que se refiere la Sala son el acta de levantamiento de cadáver del señor Hugo Antonio Gerardino, en la que se escribió que su estado civil era “unión libre con Mercedes Lemus”(31). El Oficio Nº 216, fechado el 9 de marzo de 2001, por medio del cual la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cúcuta solicitó a la Notaría Tercera del Círculo de esa ciudad que inscribiera en el registro civil la defunción de la mencionada persona, cuyo estado civil en vida era “unión libre con Mercedes Lemus”(32).

En criterio de la Sala, el hecho de que en los documentos arriba mencionados se identificara a la demandante como la compañera permanente de la víctima, se constituye en una circunstancia que no puede ignorarse porque en este proceso no obre prueba testimonial que así lo señale.

Agréguese que no resulta irrelevante que la demandante se hubiere identificado ante la Fiscalía como la compañera permanente justo en el momento de efectuarse el levantamiento del cadáver del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero, tal y como se desprende del acta de levantamiento de cadáver(33). No se tienen elementos en el expediente para pensar que se trataba de una señora lejana al occiso y que por motivos fraudulentos se hiciera pasar, al llevarse a cabo dicha diligencia, como su pareja.

Por el contrario, que en la escena de los hechos se identificara ante la Fiscalía como la compañera permanente del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero constituye una circunstancia que se corresponde con el gesto de recibir, posteriormente, los elementos personales que él portaba al momento de fallecer y que la Fiscalía retuvo mientras adelantaba las averiguaciones del caso(34).

Añádase que la señora Ana Mercedes Amaya Lemus compareció a nombre propio y en representación de su hija menor de edad Emilce Gerardino Amaya, quien fue procreada con la víctima(35).

Las situaciones arriba señaladas corroboran que la demandante era la compañera permanente del occiso, pues no solo tenían una hija en común, sino que, además, bajo esa condición se presentó ante la Fiscalía que adelantó la investigación por el accidente, situación que reconoció el ente investigador al tratarla como tal y que la Sala no puede desconocer, dado que se trató de una actuación debidamente trasladada a este proceso.

Por lo antes dicho, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander acertó en reconocer a la demandante como la compañera permanente del occiso.

4.1. Indemnización de perjuicios morales.

Se solicitó en la demanda que se indemnizara el perjuicio moral a cada una de las demandantes.

Dado que se encuentra demostrado que la señora Ana Mercedes Amaya Lemus era la compañera permanente del occiso y que la joven Emilce Gerardino Amaya era su hija acertó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en edificar en cabeza de ellas una aflicción y tristeza por la muerte de su pareja sentimental y padre, toda vez que resultaban consustanciales a la muerte de una persona con quien se tienen tales vínculos.

La sentencia objeto de consulta concedió a cada una de las demandantes una indemnización de perjuicios morales, equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Se comparte esta decisión porque no solo está demostrado el vínculo afectivo que había entre aquellas y la víctima, sino que esa constituye la cantidad que se suele reconocer en caso de muerte de la pareja sentimental y los padres.

4.2. Indemnización del lucro cesante

En la sentencia objeto de consulta se liquidó la indemnización del lucro cesante, para cada una de las demandantes, como si la víctima devengara un salario mínimo. Así ocurrió porque el Tribunal Administrativo de Norte de Santander no le otorgó valor probatorio a una certificación que una contadora expidió en la que se hacía una relación de sus ingresos mensuales por valor de $ 3'000.000.

Contrario a lo que consideró el tribunal, para la Sala sí se debió acoger el contenido de dicha certificación, cuyo contenido es el siguiente:

“Por medio del presente certifico que el occiso Hugo Antonio Gerardino Quintero (...) devengaba un ingreso promedio mensual de tres millones de pesos. Especificados de la siguiente manera:

“1 carga diaria a 10 clientes a $ 10.000 c/u x 30 días... $ 3'000.000.

“Provenientes de la actividad comercial como mayorista y distribuidor de productos perecederos en general, a los pequeños y medianos comerciantes minoristas, actividad que ejercía en la Central de Abastos de Cúcuta.

“La anterior afirmación fue recopilada de los clientes a los cuales el señor Hugo Antonio les prestaba el respectivo servicio de distribución y venta.

“A continuación relaciono la lista de los siguientes clientes:

“(...)”(36).

Como razones para que se hubiera acogido el contenido de la mencionada certificación, la Sala acude a la jurisprudencia de esta corporación con anterioridad a la expedición, en el 2010, de la sentencia objeto de la consulta. De esta manera se pronunció la Sección Tercera en providencia fechada el 23 de septiembre de 2004(37).

“La Ley 43 de 1990, mediante la cual se modificó la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público, señala:

“Artículo 10. De la fe pública. La atestación o firma de un Contador Público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.

“(...).

“Artículo 11. Es función privativa del Contador Público expresar dictamen profesional e independiente o emitir certificaciones sobre balances generales y otros estados financieros.

“De las normas trascritas se concluye que las certificaciones expedidas por contadores públicos de conformidad con la ley, son documentos que dan fe de que su contenido está acorde con la realidad, salvo que exista prueba en contrario y/o se tache de falsas, son prueba suficiente para determinar que lo que allí se indica es cierto. Basta probar, que quien dice certificar como contador público, acredite tal calidad”. (Negrilla por la Sala).

Acorde con lo anteriormente expuesto, la Sección Primera de la corporación en sentencia de 19 de diciembre de 2005 expresó(38):

“Cuando los Contadores Públicos otorgan fe pública ejercen función pública, pues los actos que produzcan en ejercicio de su profesión se tienen por ciertos, salvo prueba en contrario. Así lo establece el parágrafo del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, al asimilar los Contadores a funcionarios públicos, cuando dan fe pública. Así lo precisó la Corte Constitucional al declarar exequible este artículo en Sentencia C-530 de 2000 en la cual se lee:

‘El contador es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy pocos de los demás profesionales detentan (sic), que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable. Tal circunstancia particular lo ubica técnica, moral y profesionalmente en un contexto personal especial, que le exige, por lo mismo, una responsabilidad también especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones, porque no todo profesional puede, con su firma o atestación, establecer la presunción legal de que, salvo prueba en contrario, los actos que realiza se ajustan a los requisitos legales’”. (Negrilla por la Sala).

Se sigue de lo que viene de verse que la Sala no encuentra razones a lo largo del expediente para no tener por veraz el contenido de la citada certificación. No hay elementos probatorios que la socaven, máxime cuando la persona que la suscribió acreditó su condición de contadora pública, mediante la copia de su tarjeta profesional obrante en el expediente(39). Documentos que en ningún momento fueron tachados de falsos por el municipio de Cúcuta.

Añádase como elementos que otorgan credibilidad a lo certificado por la contadora pública, que existe una relación de la fuente de los ingresos de la víctima. Dicha profesional se tomó el tiempo para identificar los clientes para quienes aquella trabajaba y de ahí el valor que le pagaban por sus servicios. Es decir, no se trató de una simple afirmación, sino que expuso su origen.

Ahora bien, a pesar de que se considera que la indemnización del lucro cesante se debió liquidar como si la víctima devengara mensualmente $ 3'000.000, no es viable efectuar su cálculo, toda vez que eso implicaría aumentarla. Como este proceso se conoce en grado jurisdiccional de consulta y esta debe tramitarse en beneficio de la entidad pública involucrada, resta actualizar la condena que por este concepto impuso el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

Actualización de la condena por concepto de indemnización de perjuicios materiales para cada una de las demandantes

a) Actualización de la indemnización del lucro cesante para la señora Ana Mercedes Amaya Lemus, en aplicación de la siguiente fórmula:

Ca = Chx Índice final

Índice inicial

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer;

Ch: Capital histórico que se va a actualizar: $ 59'208.821 ,33

Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia –junio de 2017–: 137,87

Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha en que se expidió la sentencia consultada –diciembre de 2010–: 105,24

Reemplazando tenemos:

Ca = $ 59'208.821,33 x 137,87

105,24

Ca = $ 77'566.706

b) Actualización de la indemnización del lucro cesante para la joven Emilce Gerardino Amaya:

Se aplicará la misma fórmula arriba señalada.

Ca = $ 37’908. 179,96 x 137,87

105 ,24

Ca: $ 49’661.732

5. Consideraciones acerca del pago por concepto de arancel judicial que se le impuso a la parte demandante

Finalmente, debe hacerse referencia a la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en relación con el pago que las demandantes debían hacer del arancel judicial consagrado en la Ley 1394 de 2010, equivalente al dos por ciento del valor que llegaren a recibir del efectuado por el municipio de Cúcuta, por concepto de las condenas impuestas en la sentencia consultada.

Señala la Sala que dicha orden se revocará, puesto que confirmarla conllevaría la vulneración del principio de legalidad, toda vez que la aplicación que efectuó el Tribunal Administrativo de Norte de Santander de la Ley 1394 de 2010 no se ajustó a derecho. Ciertamente, este proceso no se encontraba incluido dentro del supuesto consagrado en la mencionada ley como hecho generador del arancel.

Como fundamento de la anterior afirmación, resulta pertinente retomar las consideraciones que esta Subsección expuso respecto del artículo 3º de la Ley 1394 de 2010, contenidas en la sentencia fechada el 29 de octubre de 2014, en la cual se revocó la orden de pago de un arancel judicial impuesto en una sentencia objeto del grado de consulta(40):

“Artículo 3º. Hecho generador. El arancel judicial se genera en todos los procesosejecutivosciviles,comercialesy contenciosoadministrativos cuando el monto de las pretensiones se haya estimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales y en los siguientes casos:

“a) Por el cumplimiento de lo acordado por las partes en una transacción o conciliación que termine de manera anticipada un proceso ejecutivo.

“b) Por el cumplimiento de una condena impuesta en un laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación.

“c) Por el cumplimiento de obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de cualquier naturaleza.

“PARÁGRAFO 1º. El monto de las pretensiones se calculará de acuerdo con las reglas establecidas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil. El valor del salario mínimo legal será el vigente para el momento de la presentación de la demanda. (Se destaca).

“La norma en cita fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en la Sentencia C-368 de 2011(41), en donde, entre otras cosas, se declaró la exequibilidad de su primer inciso(42) y, para lo que interesa al presente análisis, precisó lo siguiente:

“7.5. Examinado el arancel regulado en la Ley 1394 de 2010, advierte la Corte que, en cuanto hace a su naturaleza jurídica, éste presenta las mismas características del que fue objeto de estudio por la Corporación en la citada Sentencia C-713 de 2008. En efecto, se trata de un gravamen que (i) se causa solo por la obtención de una condena favorable al demandante (arts. 6º y 8º); (ii)aplicaúnicamenteenlosprocesosejecutivosciviles, comercialesycontenciosoadministrativos,cuandoelmontodelas pretensionessehayaestimadoenunacifraigualosuperiora doscientos(200)salariosmínimoslegalesmensuales(art.3º); (iii) los recursos se destinarán a sufragar gastos de funcionamiento e inversión de la administración de justicia (arts. 1º y 12); (iv) y tales recursos son administrados por el Fondo para la Modernización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administración de Justicia (art. 1º).

‘7.6. De este modo, no cabe duda que el nuevo arancel judicial reglamentado en la Ley 1394 de 2010, corresponde a una contribución parafiscal, como acertadamente lo precisó el legislador en el inciso primero del artículo 1º al referirse a su naturaleza jurídica.

‘(...).

7. 10. A suvez,elaranceljudicialpresentaunmargendeaplicación bastantereducido,puessolosecausasobrelosprocesos ejecutivos civiles, comerciales y contencioso administrativos,cuando el monto de laspretensionessehayaestimadoenunacifraigualosuperioradoscientos(200)salariosmínimoslegalesmensuales(art.3º), quedandoexpresamenteexcluidosdelpagolosdemásprocesos ejecutivosquenoalcanzanelmontoreferidoytodoslosprocesos penales,laborales,contenciosolaborales,defamilia, demenores, declarativosy los conflictos de la seguridadsocial, así como tambiénlosjuiciosdecontrolconstitucionaloderivadosdelejerciciodelatutelay demás accionesconstitucionales(art. 4º ).

‘7.11. De acuerdo con la fórmula de aplicación y exclusión escogida por el legislador, esclaroqueelaranceljudicialestádiseñadoparaafectar soloaquiencuentaconrecursossuficientesparaaccederala administraciónde justicia,puesresultaválido presumirque la persona que presentaacreencias a su favor, por una cifra equivalenteo mayora los200salariosmínimoslegalesmensualesvigentes (aproximadamente$103'000.000),estáencapacidad real de contribuir con el aparato judicial en aras de sufortalecimiento. Máxime, si el pago de la contribución se ajusta a una tarifa del 2% o del 1%, según las circunstancias, que en todo caso no resulta desproporcionadamente gravosa frente a demandantes deprocesosejecutivos que llevan a cabo reclamaciones superiores a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“(...).

‘En efecto, según quedó explicado en el acápite anterior, (i) el sujeto activo del tributo es el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (art. 2º),·(ii)elhechogeneradorsontodoslosprocesosejecutivosciviles, comercialesy contenciosoadministrativos, cuando el montodelaspretensionessehayaestimado en una cifra igual o superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, aplicándose también en los siguientescasos:(a)cuandoelproceso ejecutivoterminedemaneraanticipadaporacuerdoentrelaspartes(transacciónoconciliación),(b)porelcumplimientodeunacondena impuesta en laudo arbitral en caso de reconocimiento o refrendación,y (c)porelcumplimientodeobligacionesreclamadasenunproceso ejecutivodecualquiernaturaleza(art.3º); (iii) el sujeto pasivo, o quien tiene a su cargo el pago del arancel, es la parte demandante del proceso que haya sido beneficiada con las condenas o pagos, ya sea el inicial o el que decida reconvenir, o sus causahabientes a título universal (art. 5º); (iv) en cuanto a la base gravable, esta se calcula sobre: (a) el valor de las condenas por suma de dinero efectivamente recaudadas por el demandante, (b) el valor de las condenas por obligaciones de dar y de hacer, del total a pagar como resultado de la liquidación elaborada por el juzgado y (c) el valor de los pagos, o de la estimación de los bienes o prestaciones que se hayan determinado por las partes en el acuerdo de transacción o conciliación judicial que ponga fin al proceso ejecutivo (art. 6º); y finalmente (v) se establece una tarifa del dos por ciento (2%) de la base gravable, salvo en los casos de (i) terminación anticipada de procesos ejecutivos y de (ii) reconocimiento o refrendación del laudo arbitral ante funcionario judicial, donde la tarifa será del uno por ciento (1%) de la base gravable (art. 7º)’. (Se destaca).

“Así las cosas, es claro que, en su momento, el fallador de primera instancia aplicó la regulación del arancel judicial contenida en la Ley 1394 de 2010 a un proceso declarativo, el cual no estaba regido por ella(43), por lo que, como ya se dijo anteriormente, lo dispuesto en el ordinal octavo de la parte resolutiva de la sentencia consultada será revocado” (se destaca).

Se considera que la conclusión a la que llegó esta Subsección en la sentencia arriba citada debe reiterarse en este caso, puesto que se trata de la misma situación fáctica.

Tanto en este caso como en el citado, el tribunal administrativo que profirió la sentencia sometida a consulta ponía fin a demandas de naturaleza declarativa. Como el arancel judicial no procedía en dichos procesos, debe concluirse que no debió obligarse a las demandantes a pagarlo.

Adicionalmente, no sobra mencionar que el pago del arancel judicial impuesto por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander se efectuó cuando la Ley 1394 de 2010 se encontraba vigente. Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre la fecha en que se expidió la sentencia consultada y esta providencia, aquella fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-169 de 2014.

La anterior precisión, con el objeto de señalar que aun si el Tribunal Administrativo de Norte de Santander hubiere acertado en imponer a las demandantes el pago del arancel judicial, habría que revocarlo.

Carecería de soporte jurídico mantener una condena cuya fuente la constituía una disposición legal –no judicial– que desapareció del ordenamiento jurídico. Además, no se tendría impedimento para hacerlo por cuanto el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo disponía que “La providencia sujeta a consulta no quedará ejecutoriada mientras no se surta el mencionado grado”. Así las cosas, sería viable revocar una decisión contenida en una sentencia que todavía no ha hecho tránsito a cosa juzgada, siempre y cuando –claro está– no se agrave la situación de la entidad pública demandada.

6. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 16 de diciembre 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se dispone:

1. DECLARAR administrativamente responsable al municipio de Cúcuta por la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero.

2. CONDENAR al municipio de Cúcuta a pagar indemnización de perjuicios morales, por las siguientes sumas de dinero:

Para la señora Ana Mercedes Amaya Lemus, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Para la joven Emilce Gerardino Amaya, el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3. CONDENAR al municipio de Cúcuta a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por las siguientes sumas de dinero:

Para la señora Ana Mercedes Amaya Lemus: setenta y siete millones quinientos sesenta y seis mil setecientos seis pesos ($ 77’566.706).

Para la joven Emilce Gerardino Amaya: cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y un mil setecientos treinta y dos pesos ($ 49'661.732).

4. REVOCAR el pago que las demandantes tenían que efectuar por concepto de arancel judicial.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

14 El registro civil de defunción obra en el folio 17 del cuaderno principal.

15 En los folios 13 y 14 del cuaderno principal, correspondientes a la demanda, obra la petición probatoria de que se oficiara a la Fiscalía para que enviara al proceso “la copia auténtica del proceso penal radicado bajo el Nº 30834/2001, (...) archivado mediante providencia de preclusión de la investigación por la muerte del señor Hugo Antonio Gerardino Quintero”.
De esta manera se expresó el municipio en la contestación de la demanda: “PRUEBAS: coadyuvo las solicitadas por el actor y solicito se ordenen y practiquen las siguientes: (…)” (Negrilla por la Sala). Folio 49 del cuaderno principal.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16.174, M. P. Enrique Gil Botero. De igual manera se pueden consultar las sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6.514 y de 30 de mayo de 2002, Exp. 13.476. Este mismo fragmento jurisprudencial fue utilizado por esta Subsección, en sentencia fechada el 14 de septiembre de 2016, Exp. 25000-23-26-000-2001-01825-02 (34.349) B, M. P. Hernán Andrade Rincón.

17 La copia auténtica del informe de accidente obra en el folio 27 del cuaderno principal.

18 Folios 2-5 del cuaderno principal.

19 Folios 71-72 del cuaderno de pruebas.

20 Folios 74-75 del cuaderno de pruebas.

21 La copia auténtica de esta decisión obra en los folios 69-70 del cuaderno de pruebas.

22 Así se lo dictaminó el informe de la Oficina de Tránsito, visible a folio 66 del cuaderno de pruebas, perteneciente a la investigación penal trasladada.
“Por medio del presente y con base en el oficio de la referencia, nos permitimos informarle que la velocidad máxima en vías urbanas, como la avenida Camilo Daza, es de 60 kilómetros por hora, basados en el artículo 148 del Código Nacional de Tránsito.
“(…).
“Por consiguiente, si el vehículo del oficio de la referencia dejó una huella de frenado de 22 metros, este se desplazaba a una velocidad no superior a 50 kilómetros por hora”.

23 Este informe obra en los folios 39-41 del cuaderno de pruebas.

24 Folio 47 del cuaderno principal.

25 —“Artículo 17. Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del Municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”. (Negrilla y subraya por la Sala).
— “Funciones y responsabilidades sobre la infraestructura de transporte:
“Artículo 19. Construcción y conservación. Corresponde a la Nación y a las Entidades Territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”. (Negrilla por la Sala).

26 Esta acta obra en los folios 87-92 del cuaderno de pruebas.

27 La hora del accidente se tomó del informe de tránsito Nº 97-016589.

28 Este criterio fue expuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera en sentencia de 7 de noviembre de 2012, Exp. 24.531, así como por esta Subsección en sentencia de 23 de julio de 2014, Exp. 33.546.

29 Las declaraciones extra juicio a las que se hacen referencia obran en los folios 23, 24, 25 del cuaderno principal.

30 Esta declaración reposa en los folios 52-54 del cuaderno de pruebas.

31 Folios 2-4 del cuaderno de pruebas.

32 Folio 6 del cuaderno de pruebas.

33 Folios 2-3 del cuaderno de pruebas.

34 En el folio 55 del cuaderno de pruebas obra el acta por medio de la cual la Fiscalía entregó a la demandante los objetos personales que llevaba la víctima.

35 Mediante el registro civil de nacimiento de la joven Emilce Gerardino Amaya está demostrado que la víctima era su padre y que su madre es la otra demandante.

36 La certificación obra en los folios 31-33 del cuaderno principal.

37 Actor: Gestión Financiera Integral Ltda., Radicación 47001-23-31-000-2002-0165-01 (26.558).

38 Radicación 11001-03-24-000-2001-00372-01 (7.608). Actor: Rafael Antonio Martínez Martínez.

39 La copia de la tarjeta profesional obra en el folio 34 del cuaderno principal.

40 Expediente 23001-23-31-000-2004-00245-01 (40.784). M. P. Hernán Andrade Rincón.

41 Original de la cita: “Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo”.

42 Original de la cita: “En esta providencia resolvió la Corte: ‘Declarar EXEQUIBLE, por los cargos propuestos y analizados, el primer inciso del artículo 1º, el primer inciso del artículo 3º y la expresión ‘El Arancel Judicial está a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos…’ del artículo 5º, de la Ley 1394 de 2010’”.

43 Original de la cita: “Vale mencionar que la Ley 1394 de 2010 fue derogada por la Ley 1653 de 2013, norma que posteriormente fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-169 de 2014”.