Sentencia 2002-01804/40121 de abril 5 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Radicación: 5400-12-33-1000-2002-01804-01 y 5400-23-31-000-200300372-00 (40.121) (Acumulados)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Ernesto Rodríguez Beltrán y otros

Demandado: Fiscalía General de la Nación

Referencia: Reparación directa

Temas: Responsabilidad del Estado por la omisión de brindar protección – Constituye falla en el servicio cuando el Estado conoce de un plan para atentar contra una persona y no hace algo / Acumulación de beneficios económicos como consecuencia de un daño – Procede cuando tienen fuentes diferentes y además no extingue la obligación de resarcir los perjuicios ocasionados.

Bogotá D.C., cinco de abril de dos mil diecisiete

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1. La competencia de la Sala; 2. Los daños por cuya indemnización se demandó y el ejercicio oportuno de la acción; 3. La imputabilidad de la responsabilidad: Constituye falla en el servicio cuando el Estado conoce de un plan para atentar contra una persona y no hace algo para evitarlo; 4. Indemnización de perjuicios: Procede la acumulación de beneficios económicos como consecuencia de un daño siempre y cuando provengan de fuentes diferentes a la de naturaleza indemnizatoria; 5. Reconocimiento de personería; 6. La procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de los procesos acumulados en razón del recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 20 de mayo de 2010, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, dado que la pretensión mayor es la que busca la indemnización del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante para uno de los hijos de la víctima, por valor de $ 369.075.000(19).

Esta cifra superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de interposición de la demanda, que la Ley 954 de 2005 exigía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(20).

2. Los daños por cuya indemnización se demandó y el ejercicio oportuno de la acción.

En los procesos acumulados se demandó la indemnización de perjuicios por la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos y las lesiones sufridas por el señor Ernesto Rodríguez Beltrán, en hechos ocurridos el 28 de julio de 2001.

De acuerdo con el registro civil de defunción de la mencionada señora, está demostrado que falleció el 28 de julio de 2001(21).

Así mismo está demostrado, con base en la copia de la historia clínica del señor Ernesto Rodríguez Beltrán, que el 28 de julio de 2001 ingresó al servicio de urgencias de la Clínica San José de Cúcuta tras recibir varios impactos de bala que le causaron heridas en su hombro y glúteo derecho, así mismo que su estancia hospitalaria se prolongó por dos días(22).

Establecidas las fechas en las que ocurrieron los daños por cuya indemnización se demandó, resulta pertinente mencionar que el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señalaba que la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos, según la atribución del respectivo daño.

Como las demandas acumuladas se interpusieron el 4 de diciembre de 2002 y el 27 de febrero de 2003(23), se concluye que el ejercicio de la acción de reparación directa por los actores se presentó en tiempo oportuno, toda vez que se hizo cuando todavía no habían transcurrido dos años desde el día siguiente al que ocurrió la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos y resultó lesionado el señor Ernesto Rodríguez Beltrán.

Como se encuentran demostrados los daños por cuya indemnización se demandó y la acción de reparación directa se interpuso en tiempo oportuno, resulta necesario establecer si son imputables o no a la entidad demandada.

3. La imputabilidad de la responsabilidad.

De conformidad con el material probatorio arrimado al proceso, se encuentra demostrado que la muerte de la mencionada señora, quien se desempeñaba como fiscal especializada de Cúcuta(24), ocurrió como consecuencia de un atentado sicarial perpetrado en su contra, en hechos en los cuales también resultó herido el demandante Ernesto Rodríguez Beltrán.

En efecto, según lo estableció la Fiscalía General de la Nación en desarrollo de las averiguaciones penales para determinar el móvil del atentado, el homicidio de la mencionada señora fue la concreción de un plan que existía para quitarle la vida.

En estos términos lo concluyó la entidad demandada en el Informe FGN–DS–CTIUPJ, fechado el 8 de agosto de 2001, que obra en el expediente:

“Así estaban las cosas hasta el pasado veintiocho (28) de julio del año en curso cuando en momentos en que acababa de recibir turno de seguridad de instalaciones del CTI, se recibió noticia que señalaba que la Dra. María del Rosario, fiscal especializada delegada ante (…) había sido asesinada por sicarios en hechos ocurridos frente a la Clínica San José de esta ciudad donde resultó herido el también fiscal especializado de esta ciudad Dr. Ernesto Rodríguez y uno de sus hijos.

(…).

Indudablemente desde una perspectiva analítica y encuadrando el contexto de la información sobre un atentado contra la fiscal del DAS conforme al lenguaje manejado por el informante del caso y el hecho cierto del homicidio ocurrido en la persona de la Dra. (…), fiscal delegada ante ese organismo estatal, se puede inferir que dicha información obtenida de manera anticipada, se refería exactamente al hecho delictivo que acabó con la vida de dicha funcionaria judicial.

(…).

Así las cosas, para efectos del análisis de este caso, no cabe duda de que la muerte de la Dra. (…) encuadra paradójicamente con la ‘Crónica de una Muerte Anunciada’ que se infiere del contexto castellano de la información suministrada el 4 de mayo del año en curso, en la que se habla de un posible ‘plan para atentar’ contra la fiscal y el técnico del DAS(25) (negrilla y subraya por la Sala).

De igual manera, ese mismo documento permite establecer que la Fiscalía sabía acerca del plan para quitarle la vida a la nombrada mujer y que, a pesar de ello, tan solo se limitó a obtener información sin relevancia de una línea telefónica, pero que de ninguna manera tomó las medidas necesarias para preservar su integridad. En estos términos lo expuso la entidad demandada en el Informe FGN– DS–CTI-UPJ:

“Habiendo sido la noticia criminal o información sobre el atentado a la fiscal del DAS, tan completa, exacta y precisa como se podría haber inferido después de un análisis de la misma luego de su registro, no se entiende como pudo haberse dado tal hecho delictivo con la facilidad pasmosa con que este ocurrió. (…) No, no se adelantaron las tareas y labores de verificación necesarias o suficientes y urgentes que permitiesen establecer a qué fiscal hacía referencia la información, ni se realizaron de manera completa tareas de identificación sobre los posibles agresores o sujetos citados en la misma información.

(…).

Como vemos con el hecho criminal ocurrido estos pasos citados anteriormente no se tuvieron en cuenta, ni para proteger la vida de la ahora occisa (…) ni para prevenir a cualquier otro fiscal, si es que en un evento lejano no se hubiese inferido en la información a cuál de los fiscales se refería la misma.

(…).

Conclusiones: Como se puede apreciar mediante análisis de la información conocida sobre el atentado anunciado y su interrelación con la muerte de la Dra. (…), la misma hacía referencia clara, exacta y precisa sobre quién sería una de las víctimas.

Por otro lado tenemos que en apariencia, una vez recepcionada y registrada la información, esta no se sometió al correspondiente análisis, ni sobre la misma se realizó algún tipo de labor verificadora diferente a enviar un oficio nada exigente ante Comcel para obtener información sobre el número (…)” (negrilla y subraya por la Sala).

La Sala estima necesario indicar que en el expediente obra la prueba constitutiva de la información acerca del atentado que se planeaba en contra de la hoy occisa y a la cual se refirió el documento que acaba de transcribirse, como que no fue procesada ni se le otorgó relevancia.

En efecto, según el Informe FGN–DS–CTI-UPJ, se trata de la “información suministrada el 4 de mayo del año en curso”, la cual está contenida en “el registro de información, consecutivo 125”, que contiene la declaración que hizo un investigador del CTI de la Fiscalía a la Sección de Información y Análisis de esa entidad, respecto del conocimiento que tenía acerca del plan para atentar contra la víctima(26).

A pesar de que el documento en el cual se registró la declaración del investigador del CTI se calendó el 4 de mayo, pero no se señaló el año, se concluye que su elaboración ocurrió en el 2001, toda vez que así lo admitió la propia Fiscalía al elaborar el informe FGN–DS–CTI-UPJ del 8 de agosto de 2001, cuando en él reconoció que “se infiere del contexto castellano de la información suministrada el 4 de mayo del año en curso”.

Por consiguiente, en vista de que en el expediente obra el “registro de información, consecutivo 125”, prueba documental que contiene la declaración del investigador del CTI que puso en conocimiento el plan para atentar contra la víctima, se comparten las consideraciones contenidas en el Informe FGN–DS–CTI-UPJ acerca de que la entidad sabía del peligro que corría su ex funcionaria.

Así mismo, la Sala también comparte la afirmación contenida en el Informe FGN– DS–CTI-UPJ en relación con la inactividad de la Fiscalía una vez conoció del plan para atentar contra la mencionada persona.

De hecho, la Fiscalía General de la Nación no desplegó algún esfuerzo probatorio encaminado a demostrar las acciones que llevó a cabo una vez se enteró de la amenazas que se cernían sobre la hoy occisa, de suerte que se infiere que ello obedeció a la sencilla razón de que no hizo algo. Razonamiento que resulta acorde con que su defensa a lo largo de este proceso hubiere consistido, entre otras, que la víctima no necesitaba de su protección porque tenía asignado una escolta de la SijÍn de la Policía.

Para la Sala, el contenido de los documentos que vienen de señalarse resulta tan contundente y perjudicial para los intereses de la entidad demandada, en cuanto demuestran su actitud omisiva respecto del peligro que corría la mencionada señora, que el único argumento expuesto en el recurso de apelación en contra de ellos fue de índole formal, en relación con que se aportaron al expediente en copia simple, circunstancia que impedía otorgarles valor probatorio.

Respecto del cuestionamiento del orden formal en contra del registro de información, consecutivo 125, y del Informe FGN–DS–CTI-UPJ, resulta importante mencionar que se trató de pruebas debidamente allegadas al proceso con el lleno de los requisitos legales.

Por cierto, la práctica de esa prueba documental se adelantó por solicitud de la parte actora dentro del proceso 2002-01804(27), petición a la que accedió el ribunal requiriendo a la Fiscalía para que remitiera copia auténtica de esos documentos(28).

Como consecuencia, la Fiscalía mediante comunicación FGN-DSCTI-Nº 5545, fechada el 15 de julio de 2005, remitió al proceso copia de los mencionados documentos(29). Si bien no tienen estampada en ellos la constancia de que eran copias auténticas, el hecho de que fueron aportados por la propia entidad demandada y elaborados por ella, hacía que se presumiera su autenticidad(30).

Así las cosas, no le asistió razón a la entidad demandada cuando en su recurso de apelación expuso su desacuerdo con el valor probatorio del registro de información, consecutivo 125, y el Informe FGN–DS–CTI-UPJ, por tratarse de documentos que no se aportaron en copia auténtica. En todo caso, el estado actual de la jurisprudencia permite valorar piezas documentales que se aportaron al proceso en copia simple(31).

Dicho lo anterior, resulta pertinente mencionar que aunque no se puede determinar de qué investigación se derivaron las amenazas en contra de la víctima, ello no exoneraba a la entidad demandada de haber adoptado medidas encaminadas a preservar su vida, pues en todo caso ejercía funciones clasificadas como de alto riesgo, de ahí que cualquier amenaza en su contra debía ser analizada en detalle bajo el entendido de que podía tener relación con sus labores, las cuales la colocaban en constante peligro(32).

El solo hecho de que la entidad demandada conociera del plan para atentar contra el ex fiscal, aunado a que desempeñaba actividades peligrosas, resultaba suficiente para que la Fiscalía hubiera adelantado cualquier medida tendiente a descartar o no la amenaza, sin embargo no fue así.

De conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de 1991, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber general y abstracto se concreta cuando alguna persona invoca la protección de las autoridades competentes por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aun sin mediar solicitud previa, la notoriedad del inminente peligro que corre la persona hace forzosa la intervención del Estado(33).

En uno y otro caso la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a estas.

En otras palabras, si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa del Estado que, de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro(34).

Es importante señalar que una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado —o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa— el deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño.

Por lo antes dicho, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la administración y la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño.

Ahora, en relación con la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos, lo cierto es que la Fiscalía tenía conocimiento acerca de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba como consecuencia de un plan para atentar contra su vida, circunstancia que le imponía la realización oficiosa del deber genérico de protección de su parte y que demandaba, por tanto, alguna medida para contrarrestar el peligro que de ello se derivaba.

No obstante lo anterior, según se desprende del Informe FGN–DS–CTI-UPJ, la entidad demandada se limitó a interceptar una línea telefónica sin que obren en el expediente los resultados de esa actuación, por lo que en criterio de la Sala se trató de una acción inocua.

En suma, la entidad demandada se abstuvo de desplegar alguna conducta tendiente a proteger la vida e integridad de sus funcionarios, es decir, incumplió el deber genérico de protección consagrado en el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución Política, según el cual, las autoridades de la República “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades”.

La entidad demandada no solo se abstuvo de tomar alguna medida de seguridad, sino que no obra prueba en el expediente, tal y como se afirmó en la contestación de la demanda y en la apelación, de que la víctima para la época de los hechos tenía escolta de la Policía Nacional, pero que por razones que se desconocen no estaba con ella el día de los hechos.

En ese sentido, en la contestación de la demanda se afirmó que en la investigación penal que se llevó a cabo para establecer el homicidio, la identificada con el número de radicación 1074, estaba demostrado que la víctima para el día de los hechos rechazó la compañía de la escolta policial que tenía asignada.

De modo similar en la apelación se afirmó que en desarrollo de la investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría, con ocasión de los hechos que se analizan, se determinó que la víctima para la época de los hechos tenía asignado un escolta de la Policía.

No obstante lo anterior, en el expediente no obran las actuaciones penales ni las disciplinarias a las que hizo referencia la entidad demandada, ni ninguna otra prueba que demuestre que el día de los hechos la actora contaba con un escolta de la Policía, pero que por razones que se desconocen, rechazó su compañía.

Así mismo, es de anotar que en el testimonio rendido por la señora Esperanza Otero Rodríguez(35), amiga de la víctima, ella afirmó tener conocimiento de que la víctima no tenía de manera permanente asignado escolta y por eso las actividades personales las hacía sin acompañamiento de alguna clase, por lo que en las únicas ocasiones en las que tenía algún tipo de protección era en desarrollo de ciertas actividades como fiscal.

A pesar de que lo narrado por la mencionada testigo pudiera beneficiar los intereses de la Fiscalía —en tanto se podría admitir que en ciertas ocasiones contaba con protección—, la verdad es que sus afirmaciones son genéricas y no permiten situarlas en un momento determinado, es decir, no es posible saber si ese acompañamiento al que se refirió ocurrió antes o después de que la Fiscalía se enterara del plan para asesinarla en mayo de 2001 y, en todo caso, si era prestado por la Fiscalía o por la Policía, tal y como lo ha sostenido la entidad demandada.

Lo único cierto, a partir de lo probado en el proceso, es que luego de que se conoció del plan para asesinarla no tenía protección de ninguna clase. Esta deducción se obtuvo tras establecerse que no era cierto que la víctima contara, incluso el día de los fatídicos hechos, con escolta de la SIJIN de la Policía, tal y como lo sostuvo la Fiscalía a lo largo del proceso.

De hecho, en atención al oficio 885/COMAN DENOR, expedido por el Departamento de Policía de Norte de Santander y que obra en el proceso, la Sala concluye todo lo contrario a lo expuesto por la entidad demandada. En ese documento la institución aseveró que desconocía las amenazas de que era objeto la hoy víctima(36), por ello se deduce que no era posible entonces que tuviera asignada escolta policial para el día de los hechos, y con mayor razón, tampoco de la Fiscalía, pues precisamente la supuesta compañía de la Policía resultó ser unos de sus argumentos para justificar su pasividad.

Adicionalmente, la Sala no comparte el argumento de la Fiscalía plasmado en la apelación, según el cual no era su responsabilidad haber protegido de alguna manera a la víctima, sino que era un asunto de competencia de la Policía Nacional.

Si en realidad esa fue una razón para no haber hecho mayor cosa en relación con el análisis del posible plan para atentar contra la ex funcionaria, en verdad la Fiscalía cometió un yerro, comoquiera que, con base en el deber de protección en cabeza del Estado, debió entonces poner en conocimiento de la Policía Nacional la amenaza que posiblemente se cernía sobre ella, pero como quedó demostrado, esta desconocía la existencia de algún peligro en su contra.

De otra parte, de la manera como ocurrió el homicidio que aquí se discute no es procedente declarar el hecho de tercero como causal de exoneración de la responsabilidad, toda vez que la posibilidad de que la ex fiscal sufriera un atentado no resultaba ajena a la Fiscalía.

El accionar de los terceros no era imprevisible para la entidad pública demandada, pues el hecho de que un investigador del CTI de la Fiscalía hubiere puesto en su conocimiento un plan que se fraguaba para atentar contra la funcionaria, convirtió en previsible ese peligro, como en efecto se concretó el día de su homicidio.

Tampoco se probó que el atentado hubiere sido irresistible, en tanto que no se adoptó ningún tipo de acción tendiente a proteger la vida e integridad de la víctima, es decir, a resistir en alguna medida la realización del peligro en el que aquella se encontraba.

De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la entidad demandada no hizo esfuerzos para limitar la puesta en peligro de la vida e integridad personal de la hoy occisa, conducta omisiva que fue la causa determinante para que el 28 de julio de 2001 fuera asesinada, como consecuencia de la concreción de un riesgo que era conocido por la Fiscalía.

Resulta importante en este punto de la providencia aclarar que la sentencia apelada declaró la responsabilidad de la Fiscalía no solo con base en la omisión de verificar y analizar lo relacionado con la información contenida en el “registro de información, consecutivo 125”, fechado el 4 de mayo de 2001, sino que también lo hizo como consecuencia de dos situaciones adicionales, a saber:

1. El obviar la recomendación hecha por la unidad regional de protección de trasladar de ciudad a la víctima, como consecuencia de la captura de un extorsionista que se tradujo en un plan para asesinarla en mayo de 1997.

2. La negativa de la Fiscalía de proteger a la víctima con fundamento en falta de recursos económicos y de vehículos, decisión contenida en una comunicación calendada el 13 de noviembre de 1997.

Según el tribunal, la comunicación fechada el 13 de noviembre de 1997 se dio como consecuencia de una solicitud presentada por la víctima, quien era objeto de amenazas.

Respecto de lo anterior, la Sala se aparta de lo concluido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en cuanto también atribuyó responsabilidad a la Fiscalía con base en las circunstancias arriba mencionadas, toda vez que no obran elementos probatorios en el expediente que permitan concluir que su muerte, ocurrida el 28 de julio de 2001, tuvo relación con las amenazas de más de tres años atrás, en 1997.

Así las cosas, resulta procedente imputar a la entidad demandada y a título de falla en el servicio la responsabilidad por los perjuicios derivados de la muerte violenta de la señora María del Rosario Silva Ríos, pero solo por la omisión respecto de la amenaza de la cual tuvo conocimiento en mayo de 2001, es decir, dos meses antes de su homicidio.

Añádase que la responsabilidad que aquí se atribuye a la Fiscalía General de la Nación también es por las lesiones que sufrió el demandante Ernesto Rodríguez Beltrán, quien se encontraba con la víctima en el momento del atentado y por ello recibió algunos impactos de bala.

En vista de que el mencionado demandante también soportó las consecuencias de la omisión que se le reprocha a la entidad demandada, aun cuando él no era el objeto del atentado, lo cierto es que la conducta de la Fiscalía le produjo unas lesiones que no tenía por qué soportar y por las cuales debe responder, tal y como lo concluyó el tribunal de primera instancia.

Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por los hechos objeto de discusión y, por tanto, procederá a estudiar la condena impuesta por concepto de indemnización de perjuicios, a la luz de los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

4. Indemnización de perjuicios.

En el recurso de apelación se efectuaron tres cuestionamientos en contra de la condena por concepto de indemnización de perjuicios:

1. La Fiscalía discutió la condena impuesta por concepto de indemnización de perjuicios morales, con fundamento en que no debió hacerse una liquidación respecto de la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos y otra por las lesiones sufridas por el señor Ernesto Rodríguez, para cada uno de los demandantes, puesto que se trató de daños que se originaron en idénticas situaciones fácticas.

Sobre este tema la jurisprudencia de la corporación ha señalado que sí resulta procedente indemnizar los perjuicios morales de manera independiente respecto de cada daño, aun cuando se hubieren causado en desarrollo de unos mismos hechos:

“Ahora bien, es preciso señalar que, en el presente caso tanto Jesús Antonio Vélez Ospina como Héctor José Vélez Ospina fueron privados injustamente de la libertad configurándose así el daño antijurídico imputable a las demandadas, sin embargo, solo uno de ellos es demandante en el proceso, Jesús Antonio, puesto que el otro, Héctor José, falleció el 10 de septiembre de 1994, dos años antes de la fecha de presentación de la demanda —13 de diciembre de 1996—.

No obstante lo anterior, el daño sufrido por los injustamente detenidos es autónomo respecto de cada uno y de cada padre, por tanto, la Sala confirmará la decisión adoptada por el tribunal en este sentido, en tanto que a cada padre se le puede indemnizar el perjuicio sufrido por cada hijo.

(…).

Igualmente, en sentencia de 19 de abril de 2001, la Sala confirmó una decisión proferida el 26 de febrero de 1996, por el Tribunal Administrativo del Tolima que, frente a la muerte de dos hermanos, condenó al Ejército Nacional a pagar en favor de la madre, a título de perjuicio moral, un valor de 2.000 gramos de oro, y para los hermanos supérstite, un total de 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos. 

Como se aprecia, no se trata pues, de una simple consideración de entender el daño moral en el sentido natural, sino como una consecuencia jurídica que obedece a un supuesto, de allí que frente a varias consecuencias jurídicas se predique, consecuencialmente, igual número de supuestos; por ejemplo, al poner fin a varias vidas humanas el correlato lógico lo constituye, sin lugar a dudas, una pluralidad de daños (consecuencias jurídicas) que en modo alguno pueden soportar la conclusión de que la lesión es una sola.

En esa perspectiva, resulta admisible que se señale que frente a distintas causas y daños antijurídicos (en el caso de la referencia, la privación injusta de la libertad de dos hermanos) se adopten varias consecuencias jurídicas. Lo anterior, en tanto dicha interpretación del perjuicio, concuerda con los principios que rigen en materia indemnizatoria, concretamente, a la obligación existente a nivel constitucional (artículo 90 C.P.) de indemnizar todos aquellos daños antijurídicos que sean imputables(37) (negrilla y subraya por la Sala).

De conformidad con lo expuesto, acertó el tribunal de primera instancia cuando reconoció para cada uno de los demandantes una indemnización de perjuicios morales como consecuencia de la muerte de la ex fiscal y otra por las lesiones sufridas por el demandante Ernesto Rodríguez Beltrán, aun cuando se trató de daños que se originaron en desarrollo de unos mismos hechos.

Por lo expuesto anteriormente, se deberá confirmar la condena impuesta por concepto de indemnización de perjuicios morales para cada uno de los demandantes.

Como las condenas por concepto de indemnización de perjuicios morales se expresaron en salarios mínimos mensuales legales vigentes, no resulta necesario actualizarla y, dado que no se cuestionó su monto, se impone confirmarlas en su integridad.

2. La entidad demandada también mostró inconformidad con la tasación de la indemnización de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, que se otorgó a los hijos de la occisa. Consideró que este perjuicio se resarció a través de las prestaciones económicas a las que tenían derecho, dada la condición de servidora pública de su madre.

En ese sentido, señaló que los hijos menores de la víctima, María Mónica y Pedro Tomás Rodríguez Silva, se beneficiaron de un auxilio funerario y de una pensión de sobrevivientes, de ahí que reconocerles una indemnización de perjuicios materiales se traduciría en un enriquecimiento sin justa causa.

En atención a la jurisprudencia de esta Subsección, para que proceda la acumulación de beneficios económicos como consecuencia de un daño se deben satisfacer los siguientes requisitos(38):

“Lo anterior lleva a la Sala a analizar si, cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes —pago de un seguro de vida, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales— procede o no la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le ha imputado.

Al respecto, reitera la Sala su posición(39) según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y si existe, o no, la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable:

‘Así, la intención de quien compensa a la víctima debe ser extinguir su obligación, si se trata del pago por otro, frente al daño causado; de lo contrario, no habrá una indemnización o reparación del perjuicio sino el cumplimiento de una obligación con carácter diferente, ya sea legal o contractual.

En conclusión, cuando un tercero, cuya intención no era la de extinguir la obligación del responsable del daño, otorga a la víctima un bien que total o parcialmente repone el que fue dañado, y la ley no establece a favor de aquel el derecho a subrogarse en la acción de esta última, se podrán acumular la prestación entregada por ese tercero y la indemnización debida por el causante del perjuicio(40).

Las anteriores precisiones resulta, también, aplicables cuando quien paga a la víctima es el responsable, pero no lo hace con la intención de extinguir la obligación de indemnizar el daño causado, sino en cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal, contractual, o, simplemente, impulsado por sentimientos de caridad o beneficencia’(41).

‘En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestacionales especiales —que en derecho francés se han denominado ‘indemnización a forfait(42)— su reconocimiento resulta compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley, mientras que la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y, por lo tanto, no se excluyen entre sí”.

De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales de la corporación en torno a la acumulación de beneficios económicos como consecuencia de un daño, se tiene que para que ello proceda se debe analizar el origen de cada compensación y si estas se originan en lo que se denomina indemnización a forfait, ha de entenderse que se trata de prestaciones económicas cuya fuente es la ley y no la declaratoria de responsabilidad del Estado.

En otros términos, la indemnización a forfait se materializa con independencia de que el juez de lo contencioso administrativo declare la responsabilidad del Estado en relación con los hechos en los cuales se habría hecho efectiva.

En atención al expediente, se encuentra demostrado que en virtud de la “Póliza de vida grupo para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional” establecida por la Ley 16 de 1988, la compañía de seguros reconoció un auxilio para el sepelio de la ex fiscal, dinero que se giró directamente a la empresa funeraria y no a los hijos de la víctima(43).

Dado que la causa jurídica de la anterior prestación económica fue la Ley 16 de 1988 y no la responsabilidad que se le imputa a la entidad demandada, resultaba procedente acumularla con la indemnización de perjuicios materiales reconocida a los hijos de la occisa, por el tribunal de primera instancia.

Ahora, aunque también está demostrado que los menores María Mónica y Pedro Tomás Rodríguez Silva se beneficiaron de una pensión de sobrevivientes como consecuencia de la muerte de la ex fiscal(44) —su madre—, lo cierto es que trató de una prestación económica que también era acumulable con la indemnización de perjuicios reconocida por el Tribunal de primera instancia.

Por cierto, su origen es legal, Ley 100 de 1993, y su naturaleza no es indemnizatoria(45), por lo que no extinguió la obligación reparatoria a cargo de la entidad demandada.

En suma, se impone confirmar la condena impuesta por concepto de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de María Mónica Rodríguez Silva y Pedro Tomás Rodríguez Silva, no sin antes actualizarla en aplicación de la siguiente operación aritmética:

Actualización de la indemnización por concepto de lucro cesante para María Mónica Rodríguez Silva

Ca = Ch x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ca:Capital actualizado a establecer;
Ch:Capital histórico que se va a actualizar: $ 523.068.900;
Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 136,76 —marzo de 2017—;
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha de la sentencia apelada: 104,40 —mayo de 2010—;

Reemplazando tenemos:

Ca = $ 523.068.900 x 136,76

104,40

Ca = $ 685.200.218

Actualización de la indemnización por concepto de lucro cesante para Pedro Tomás Rodríguez Silva

Ca = Ch x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ca: Capital actualizado a establecer;

Ch: Capital histórico que se va a actualizar: $ 549’512.174;

Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 136,76 —marzo de 2017—;
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha de la sentencia apelada: 104,40 —mayo de 2010—;

Reemplazando tenemos:

Ca = $ 549.512.174 x 136,76

104,40

Ca = $ 719.839.893

3. En el recurso también se criticó la indemnización del lucro cesante que se reconoció a la madre de la occisa, por cuanto no se demostró que ella se beneficiara de manera regular de alguna ayuda económica proveniente de la víctima y que, además, ella ya había recibido una compensación económica por ese mismo hecho consistente en un seguro de vida.

Tras revisar el expediente, la Sala encuentra que no le asiste razón a la entidad demandada, toda vez que el material probatorio sí demuestra que la señora Rita Antonia Ríos de Silva, madre de la víctima(46), percibía de esta una ayuda económica de manera regular.

Obran en el expediente varias copias de comprobantes de consignación fechados el 26 de enero, el 28 de febrero, el 14 de marzo, el 27 de marzo, el 27 de abril, el 11 de mayo, el 11 de junio y el 27 de junio de 2001, con destino a una cuenta bancaria cuya titular era la señora Rita Antonia Ríos de Silva, depósitos efectuados por la víctima tal y como se observa de los comprobantes de consignación que se encuentran en el expediente(47).

Las consignaciones bancarias constituyen prueba de que en el 2001 la víctima entregó a su madre un dinero de manera regular cada mes hasta junio. Resulta lógico que el último comprobante de consignación esté fechado el 27 de junio de 2001, pues el homicidio de la ex fiscal ocurrió un mes después, es decir, el 28 de julio de ese año.

En criterio de la Sala, toda vez que está demostrada la voluntad permanente y constante de la víctima de entregar un dinero a su madre, la cual se prolongó durante todo el 2001 hasta su muerte, es admisible concluir que era una situación que tenía vocación de permanencia que se hubiera prolongado de no haber muerto.

Lo dicho anteriormente permite concluir que la demandante Rita Antonia Ríos de Silva soportó un lucro cesante como consecuencia de una omisión atribuible a la entidad demandada, por lo que está llamada a indemnizarlo.

Ahora, en lo que tiene que ver con la posibilidad de acumular la indemnización del lucro cesante con el seguro de vida de que fue objeto la mencionada señora, la Sala retoma los argumentos expuestos sobre este tema en la sección anterior para concluir que sí resulta procedente.

De acuerdo con el expediente, se encuentra demostrado que la madre de la víctima se benefició del seguro de vida del que era objeto(48), con ocasión de la “Póliza de vida grupo para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional” establecida por la Ley 16 de 1988.

Dado que la causa jurídica de la anterior prestación económica fue la Ley 16 de 1988 y no la responsabilidad que se le imputa a la entidad demandada, resultaba procedente acumularla con la indemnización de perjuicios reconocida por el Tribunal de primera instancia.

Dado que en el recurso no se cuestionó el monto de la condena por concepto de indemnización de perjuicios materiales, lucro cesante, para la madre de la víctima, solo resta actualizarla de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ca = Ch x Índice final

Índice inicial

En donde:

Ca:Capital actualizado a establecer;
Ch:Capital histórico que se va a actualizar: $ 291.329.699;
Ipc (f):Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el vigente a la fecha de esta sentencia: 136,76 —marzo de 2017—;
Ipc (i):Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el vigente a la fecha de la sentencia apelada: 104,40 —mayo de 2010—;

Reemplazando tenemos:

Ca = $ 291.329.699 x 136,76

104,40

Ca = $ 381.630.743

5. Reconocimiento de personería

Mediante memorial allegado al proceso, la apoderada de los demandantes dentro del proceso acumulado 2002-01804 manifestó que sustituye el poder a ella conferido al abogado Francisco Ómar Herrera, portador de la tarjeta profesional 4.660(49).

En vista de que dicho acto procesal reúne los requisitos de ley, se aceptará la sustitución efectuada.

6. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR, de conformidad con la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 20 de mayo de 2010 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, la cual quedará así:

1. DECLARAR que la Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia de la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos y de las lesiones sufridas por el señor Ernesto Rodríguez Beltrán, en hechos ocurridos el 28 de julio de 2001.

2. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización de perjuicios morales, por las siguientes sumas de dinero expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia:

Como consecuencia de la muerte de la señora María del Rosario Silva Ríos:

— Para la señora Rita Antonia Ríos de Silva: cien (100).

— Para el señor Ernesto Rodríguez Beltrán: ochenta (80).

— Para el joven Pedro Tomás Rodríguez Silva: ochenta (80).

— Para la joven María Mónica Rodríguez Silva: ochenta (80).

— Para la señora Claudia Helena Silva Ríos: cincuenta (50).

— Para el señor José Miguel Silva Ríos: cincuenta (50).

Como consecuencia de las lesiones sufridas por el señor Ernesto Rodríguez Beltrán:

— Para el señor Ernesto Rodríguez Beltrán: sesenta (60).

— Para el joven Pedro Tomás Rodríguez Silva: treinta (30).

— Para la joven María Mónica Rodríguez Silva: treinta (30).

3. CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por las siguientes sumas de dinero:

— Para la joven María Mónica Rodríguez Silva:

Seiscientos ochenta y cinco millones doscientos mil doscientos dieciocho pesos ($ 685.200.218).

— Para el joven Pedro Tomás Rodríguez Silva:

Setecientos diecinueve millones ochocientos treinta y nueve mil ochocientos noventa y tres pesos ($ 719.839.893).

— Para la señora Rita Antonia Ríos de Silva:

Trescientos ochenta y un millones seiscientos treinta mil setecientos cuarenta y tres pesos ($ 381.630.743).

4. RECONOCER al abogado Francisco Ómar Herrera, portador de la tarjeta profesional Nº 4.660, como apoderado judicial de los demandantes dentro del proceso acumulado 2002-01804.

5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

6. Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia, expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. SIN condena en costas.

Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

19 Folio 6 del cuaderno principal del proceso 2002-01804.

20 La pretensión mayor está contenida en la demanda 2002-01804, la cual se interpuso en el 2002. Salario mínimo mensual legal vigente en ese año: $ 309.0000. El equivalente a 500 veces su valor era $ 154.500.000.

21 En el folio 9 del cuaderno principal del proceso 2003-0372 obra la copia auténtica del registro civil de defunción de la occisa.

22 La copia auténtica de la historia clínica obra en los folios 286-290 del cuaderno principal del proceso 2002-01804.

23 La demanda 2002-01804 se radicó el 4 de diciembre de 2002 y la 2003-0372 el 27 de febrero de 2003.

24 Obra en el expediente una certificación expedida por la Fiscalía acerca de que la víctima laboró en esa entidad desde el 13 de junio de 1992 hasta el 28 de julio de 2001, y que el último cargo que desempeñó fue el de fiscal delegada ante los jueces penales del Circuito Especializados de Cúcuta. Esta última fecha coincide con la de su deceso. Folio 191 del cuaderno principal 200201804.

25 Folios 27-28 del cuaderno principal 2002-01804.

26 Folio 22 del cuaderno principal 2002-01804.

27 En el acápite de pruebas de esta demanda obra la petición probatoria.

28 De conformidad con el auto de decretó las pruebas del proceso se requirió a la entidad demandada que allegara copia auténtica del Informe FGN–DS–CTI-UPJ, fechado el 8 de agosto de 2001.

29 Folios 108-121 del cuaderno principal 2002-01804.

30 Sobre este tema, ver el auto proferido el 7 de marzo de 2002 por la Sección Tercera de la corporación, Magistrada Ponente: María Elena Giraldo Gómez, dentro del proceso No. 25000-2326-000-1999- 624-01(19406). Este razonamiento fue reiterado, por ejemplo, en sentencia fechada el 24 de mayo de 2012 proferida por esta Subsección, Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón, dentro del expediente 760012325000199900272 01 (21.181).

31 Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, fechada el 28 de agosto de 2013, dentro del expediente 25.022, magistrado ponente Enrique Gil Botero.

32 El artículo 2º del Decreto 1835 de 1994, vigente en la fecha de los hechos (derogado por el Decreto 2090 de 2003) se encargó de determinar cuáles eran los servidores públicos que laboraban en actividades de alto riesgo. Este enunciado normativo dispuso que los Fiscales, entre muchos otros funcionarios, ejercían funciones peligrosas. Así rezaba dicha norma:
Actividades de alto riesgo. En desarrollo del artículo 140 de la Ley 100 de 1993, solo se consideran actividades de alto riesgo las siguientes:
En el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS:
Personal de detectives en sus distintos grados y denominaciones de especializado, profesional y agente.
En la rama judicial.
Funcionarios de la Jurisdicción penal:
Magistrados, Jueces Regionales, Jueces penales del circuito, Fiscales y empleados de los Cuerpos de Seguridad de la Fiscalía General de la Nación y los siguientes funcionarios del cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía: Profesionales judiciales especiales, profesionales universitarios judiciales l y ll, jefes de sección de criminalística, investigadores judiciales l y ll, técnicos judiciales l y ll y escoltas l y ll (…)” (negrilla por la Sala).

33 Ver al respecto entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de julio 19 de 1997,
Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández, octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque, 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

34 Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía.

35 Obra entre los folios 226-228 del cuaderno 2002-01804.

36 Este documento obra en el folio 150 del cuaderno principal 2002-01804 y dice así:
“Se revisaron los archivos que se llevan en el Grupo de Análisis de Riesgo, relacionados con amenazas a autoridades judiciales en especial los fiscales especializados, en los cuales no aparece relacionada la doctora (…) (QEPD)”.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia fechada el 22 de junio de 2011, expediente 20.713. Magistrado Ponente: Enrique Gil Botero. Esta providencia fue reiterada en la sentencia fechada el 26 de noviembre de 2014; expediente 27.369, acumulado con el 27.037. Magistrado Ponente Dr. Hernán Andrade Rincón (E).

38 Sentencia proferida por la Sección Tercera, fechada el 28 de abril de 2010, Consejero Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez, expediente: 13001-23-31-000-1994-09971-01 (18.111). Dentro de esta providencia se citaron varias sentencias que se relacionan en las siguientes notas al pie.

39 Original de la cita: “Se reiteran los planteamientos esgrimidos en: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de marzo 1º de 2006, Expediente 14.002 y, sentencia de abril 26 de 2006, Expediente 17.529”.

40 Original de la cita: “Tamayo Jaramillo, Javier, “De la responsabilidad civil”, Tomo IV, Ed. Temis, Bogotá, 1999 Pág. 228”.

41 Original de la cita: “Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Expediente. 14.308, C.P. Alier Hernández”.

42 Original de la cita: “Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, julio 25 de 2002, Expediente 14.001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Expediente 15.791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Expediente 16.205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Expediente 15.997, C.P.
Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Expediente 15.441, C.P. Ramiro Saavedra”.

43 Folios 140-146 del cuaderno principal 2002-01804.

44 Folios 187-189 del cuaderno principal 2002-01804.

45 Sobre la naturaleza de la pensión de sobrevivientes, así se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en sentencia fechada el 14 de enero de 2015, Magistrada Ponente Margarita Cabello Blanco, dentro del expediente SC17494-2014, Radicación 68001 31 03 005 2007 00144 01:
“Ante todo y a este propósito, es indispensable definir si la pensión de sobrevivientes tiene carácter indemnizatorio, por ser ése el supuesto en el que se asienta la subrogación. En tal orden de ideas, para la Corte es claro que la indicada prestación social de carácter económico, no tiene aquella connotación, como se deduce de considerar que, cual lo afirma la Sala Laboral de esta corporación, ella ‘(...) cubre el riesgo de la muerte del asegurado bien sea trabajador activo o pensionado, en beneficio fundamentalmente de los integrantes de la familia de este (Acuerdo 49 de 1990, art. 27) pues es de presumir que ellos se verán privados del ingreso que les permitía mantener un determinado nivel de vida (…)
(…).
Resulta claro, entonces, que el pago de una pensión de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificación de un daño, ni al monto del mismo, ni a la imputación de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda económica que se dejó de recibir de manos del difunto. Todo lo cual indica, sin ambages de ninguna especie, que al no tener esa prestación relación alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podría significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa. Las premisas que vienen de exponerse conllevan a desestimar el argumento que se alegara respecto de la supuesta incompatibilidad entre la pensión de sobreviviente que recibe la demandante con la indemnización cuyo pago persigue este proceso”.

46 De conformidad con el registro civil de la víctima está establecido que su madre era la señora Rita Antonia Ríos de Silva. Folio 10 del cuaderno principal 2003-0372.

47 Los comprobantes de consignación obran entre los folios 172-181 del cuaderno principal 200201804.

48 Folios 122-139 del cuaderno principal 2002-01804.

49 El memorial sustituyendo el poder obra en el folio 401 del cuaderno del Consejo de Estado.