Sentencia 2002-01946 de septiembre 10 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 73001-23-31-000-2002-01946-01(29898)

Consejera Ponente:

Dra. Olga Mélida Valle de De La Hoz

Actor: María Argemira Amariles y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec

Referencia: Reparación directa

Bogotá, D.C., diez de septiembre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente de conformidad con lo establecido en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por las partes, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 12 de noviembre de 2004, en proceso con vocación de segunda instancia ante esta corporación, por razón de la cuantía(1).

2.2. Responsabilidad extracontractual del Estado.

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(2).

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(3).

Así mismo, en providencia de Sala Plena radicación 24392 de agosto 23 de 2012, se dijo:

“Esta Sala, en sentencia de 19 de abril pasado(4), unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación. Por ello se concluyó en la mencionada sentencia de la siguiente forma:

“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta providencia”(5).

2.3. Responsabilidad del Estado por muerte de personas privadas de la libertad.

En los eventos en que se produce la muerte de un recluso al interior de un centro carcelario, ha considerado la jurisprudencia, que el análisis de responsabilidad que debe efectuarse es el correspondiente al régimen objetivo, teniendo en cuenta que el sujeto está retenido por orden de autoridad competente y al quedar a disposición de las autoridades, surge para el individuo una relación especial de sujeción ya que no ingresa voluntariamente al centro de detención, razón por la cual sus derechos sufren importantes limitaciones, pero también nace el deber correlativo de la entidad de garantizar su seguridad personal y también otros derechos como el de la salud y en especial el derecho a la vida y la integridad personal, teniendo en cuenta la indefensión a la cual están sometidas las personas privadas de la libertad.

Así lo ha dicho la Sala:

“… razón por la cual la jurisprudencia de la Sala ha considerado que el régimen de responsabilidad que procede es el objetivo, en el cual dicha responsabilidad surge independientemente de la conducta de la entidad demandada, por el solo hecho de que una persona confinada en un establecimiento carcelario por cuenta del Estado, pierda la vida o sufra lesiones en su integridad física, de tal manera que la administración no podrá eximirse de responsabilidad mediante la aportación de pruebas tendientes a acreditar que cumplió las obligaciones a su cargo y que no incurrió en falla del servicio; sólo podría desvirtuar tal responsabilidad, mediante la comprobación de una causa extraña. No obstante lo anterior, la Sala considera que, además de operar la responsabilidad objetiva como título de imputación general en esta clase de eventos, cuando surja comprobada dentro del proceso una falla del servicio como causante del hecho dañoso por el cual se reclama —lesiones físicas o deceso de una persona detenida o privada de su libertad—, es necesario evidenciarla en la sentencia que profiera esta jurisdicción, para efectos de que la administración tome nota de sus falencias y adopte los correctivos que considere necesarios, por cuanto para deducir la responsabilidad de la administración, basta que el daño se haya producido respecto de una persona privada de la libertad y puesta bajo su tutela y cuidado. Es claro entonces, que mientras en la generalidad de los casos en los que se comprueba la falla del servicio, la administración puede eximirse de responsabilidad mediante la comprobación, no sólo de una causa extraña, como sería la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho también exclusivo y determinante de un tercero, sino también a través de la prueba de su obrar prudente y diligente en el exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes a su cargo, en estos casos específicos de daños a personas privadas de la libertad, por tratarse de eventos de responsabilidad objetiva, la única forma en que la administración se puede liberar de la responsabilidad que surge a su cargo, es precisamente a través de la comprobación de una causa extraña”(6).

La misma jurisprudencia de la corporación ha decantado que cuando se aplica la responsabilidad objetiva, la entidad se exonera probando una causa extraña, es decir, fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho de un tercero.

2.4. Acervo probatorio.

Al plenario se arrimaron las siguientes pruebas:

1. Certificado de registro civil de nacimiento de Germán Campos Amariles, en el que consta que es hijo de Ciro Hernando Campos y María Argemira Amariles (fl. 3, cdno. 1).

2. Copia auténtica del registro de nacimiento de Katheryn Lorena Campos Corrales, hija de Germán Campos Amariles y Luz Stella Corrales Tabares (fl. 4, cdno. 1).

3. Copia simple del certificado de defunción del señor Germán Campos Amariles (fl. 5, cdno. 1).

4. Copia del registro civil de defunción, en el que consta que el señor Germán Campos Amariles murió el día 25 de junio de 2002 (fl. 6, cdno. 1).

5. Copia del protocolo de necropsia 0241/2002, de la que se resalta:

“De acuerdo con la compañera permanente del occiso, este le manifestó el domingo pasado, que está preocupado en razón a que tenía muchos enemigos en la Penitenciaría de Picaleña y otros que venían de otras cárceles, igualmente refiere que él ya había estado detenido por seis años en la modelo.

(…).

X. Conclusión

1. Adulto masculino que fallece por shock neurogénico secundario a contusión de tallo cerebral ocasionado por fractura cráneo encefálico severo de caída, de gran altura.

2. Probable manera de muerte: suicidio

(…)”. (fls. 1 a 4, cdno. 3)

6. Copia de la inspección de cadáver 233 realizada por la unidad de reacción inmediata URI - Fiscalía 21 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Ibagué, en la que se hizo constar:

“(…)

Investigación sobre los hechos e hipótesis formulada:

De acuerdo con el personal de guardia, el interno, había llegado a ese centro carcelario, el pasado 19 de junio, se encontraba condenado a 43 años por el delito de homicidio, se le había asignado la celda 186, ubicada en la cuarta planta. El día de hoy, siendo las 9:25 a.m., el interno se lanza al vacío desde el pasillo del cuarto piso, frente a la celda que ocupaba. Se registró la celda 186 y no fueron hallados elementos o anotaciones de interés para el despacho. Se observan dos cuerdas de fibra de extensión, que cruzan el patio a lo ancho, con una distancia entre las mismas de 1.5 metros aproximadamente, las cuales están sujetas desde el segundo piso.

De acuerdo con la compañera permanente del occiso, este le manifestó el domingo pasado, que está preocupado en razón a que tenía muchos enemigos de la Penitenciaría de Picaleña y otros que venían de otras cárceles, igualmente refiere que él ya había estado detenido por seis años en la modelo. (…)” (fls. 5 a 7, cdno. 3)

7. Testimonio rendido por Luis Alfonso Amariles, tío de la señora María Argemira Amariles, quien manifestó que la víctima sostenía económicamente a su madre, señora e hija (fls. 9 y 10, cdno. 3).

8. Testimonio rendido por Ana Lucia Tabares Ballén, tía de Luz Stella Corrales, acerca de la ayuda económica que el señor Germán Campos Amariles brindaba a su familia y las relaciones filiales existentes entre ellos (fl. 11, cdno. 3).

9. Testimonio rendido por Rosmira Tabares de Ospina, tía de Luz Stella Corrales, quien sostuvo que el interno ayudaba económicamente a su madre, compañera e hija mediante la elaboración de artesanías desde la cárcel (fl. 12, cdno. 3).

10. Testimonio rendido por Fredy Alejandro Villalba, primo de la víctima, del cual se resalta:

“(…) PREGUNTADO: Supo usted si el mencionado señor Campos Amariles tenía problemas de seguridad al interior de la cárcel? CONTESTÓ: La verdad es que yo llevo seis años en la cárcel y uno adquiere muchas responsabilidades, muchas amistades y enemistades como sucede en la calle, él había estado preso y luego volvió a caer, hacía como seis días había llegado y de pronto el haiga (sic) adquirido enemistades en otro canaso pasado, pero uno no sabe qué enemistades, él como le había hecho saber a los guardias que lo cambiaran de patio, pero él nunca me había comentado nada, incluso hasta nos íbamos a poner a trabajar, eso fue un martes porque ese día se compran los materiales y ese día se habían comprado los materiales. (…) PREGUNTADO: Su primo señor Campos, le hizo a usted algún comentario o le dio alguna información, temiendo por su seguridad personal? CONTESTÓ: Él mantenía preocupado y todo pero entonces nunca me dijo, porque yo llegué a preguntarle pero nunca me dijo nada para que uno no adquiriera compromisos, uno lo notaba tensionado como por algún problema que tuviera con otra persona pero nunca me comentaba. Él era más mayor que yo, él ya había pagado más cárcel, yo lo tenía como un hermano, yo creo que él tenía problemas ahí porque como por decir volvemos a lo de antes que él haiga (sic) adquirido enemistades de pronto él sale y luego vuelve, entonces si el pidió traslado de patio es porque tenía algún problema ahí, pero que a mí me conste si tenía problemas o no, no me consta porque yo me lo pasaba trabajando. PREGUNTADO: Supo usted y en caso afirmativo cómo si él solicitó o las directivas del establecimiento carcelario, alguna medida de protección o traslado a otro lugar. CONTESTÓ: Sí él me dijo que había pedido pero como eso es tan complicado, él me llegó a decir que se iba para un patio de seguridad y yo como no tenía problemas con nadie, le decía que nos pusiéramos a trabajar, pero eso allá es muy difícil, hasta que no tenga un problema allá no le ponen cuidado a uno. (…) PREGUNTADO: Supo usted cómo ocurrió la muerte del señor Campos Amariles. CONTESTÓ: Hoy en día eso es un tabú, lo único que sé es que fue en horas de la mañana, lo único que vi fue un hombre tendido bien vestido cuando fui, vi que era él, yo me levanté tarde. (…) PREGUNTADO: Sabe usted si Germán Campos le hicieron alguna clase de examen médico de clasificación de patios o asignación de celdas cuando ingresó. CONTESTÓ: No, no le hicieron nada de eso. PREGUNTADO: Es común en la penitenciaría de acuerdo a su experiencia, que se hagan esta clase de exámenes, de asignación de patios. CONTESTÓ: No, allá hay doscientos internos en el patio y mandan comida para ciento cincuenta personas, entonces que se puede esperar de eso, no le prestan atención a uno ni nada. (…) PREGUNTADO: Cómo era el ambiente de Germán Campos en el interior del patio siete con los demás internos, incluyendo a los que usted dice que mandaban en el patio. CONTESTÓ: Era muy distante, él acababa de llegar. Estaba muy distante. PREGUNTADO: Cómo era la relación de Germán con sus familiares, con su esposa, su hija y su mamá. CONTESTÓ: Lo querían, toda una vida, él veía por ellas, incluso ese día había mandado a traer unos materiales para trabajar (…)” (fls. 15 a 17, cdno. 3)

11. Copia auténtica de las cartillas biográficas y alfabéticas de la Cárcel Picaleña, del interno Germán Campos Amariles (fls. 1 a 15, cdno. 4).

12. Copia auténtica del informe de muerte del interno Germán Campos Amariles, en el que consta que falleció el 25 de junio de 2002, tras lanzarse de la cuarta planta del centro de reclusión. Se señala su situación jurídica en los siguientes términos: “Condenado a 43 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y hurto, fallo del Juzgado Segundo Penal de Ibagué, ingresó a este establecimiento el día 19 de junio del año en curso” (fl. 17, cdno. 4).

13. Oficio del médico coordinador de la Penitenciaría Nacional de Ibagué - Picaleña del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, de 29 de enero de 2003, en la cual hace constar que en sus archivos no hay historia clínica del interno Germán Campos Amariles (fl. 20, cdno. 4).

14. Copia auténtica de la solicitud de cambio de patio, presentada por el interno Germán Campos Amariles, en la que se expone como motivo que es el único patio donde puede convivir (fl. 36, cdno. 4).

15. Copia auténtica de la Resolución 28 de 27 de agosto de 2002, por la cual se resuelve sancionar disciplinariamente al interno Germán Campos Amariles con archivo por suicidio (fl. 37, cdno. 4).

16. Copia de carta sin claridad de quien la suscribe ni del destinatario, en la que se lee:

“Hola amorcito espero estes (sic) un poquito más tranquilo y con frente en alto y con la moral por delante yo voy a estar contigo hasta cuando el destino lo quiera no quiero que vuelvas a pensar esas cosas tan horribles porque al escucharlas me duele el alma porque yo siempre lo he amado, no le voy a negar que en estos días se me cruzo eso por la mente: de yo dejar de existir pero no papi tenemos que seguir adelante yo sé que en estos momentos duelen estas cosas y más a usted pero tú siempre has sido parado, hasta cuando tú lo quieras. Si esto me volviera a pasar contigo no se haría no más de pensarlo duele, siempre voy a estar contigo porque si hubiera sido para cambiarte lo habría hecho en todo este tiempo que estube sola, pero yo sé que tú has sido el amor de mi vida. Te amo Germán, suerte papito y parado en lo suyo” (sic) (fl. 42, cdno. 4).

17. Copia de carta suscrita por Katherine Lorena Campos Corrales, en la que manifestó:

“Hola papito te he extrañado mucho y quiero verlo muy pronto pórtate bien que yo también voy hacer lo mismo voy a estudiar mucho para que te sientas orgulloso de mi papito lindo. Te amo mucho y nunca te voy a olvidar un vecito (sic) para ti Katherine Lorena Campos Corrales” (fl. 42 vuelto, cdno. 4).

18. Copia del oficio de 9 de julio de 2002, suscrito por el secretario de investigaciones internas de la Penitenciaría Nacional de Ibagué - Picaleña y dirigida al Fiscal 21 URI, mediante el cual remite las diligencias practicadas con ocasión de la muerte del interno Germán Campos Amariles y el original “de la carta supuestamente enviada el mismo el día de los hechos, por la señora del hoy occiso Campos Amariles, donde ella manifiesta que también ha pensado en dejar de existir” (fl. 46, cdno. 4).

De la investigación interna, se resaltan las siguientes pruebas:

— Diligencia de declaración juramentada tomada al señor Fredy Alejandro Villalba, primo de la víctima y quien también se encontraba recluido en la Penitenciaría Picaleña. A la pregunta si tenía conocimiento que el señor Campos Amariles tuviera intención de suicidarse, contestó: “donde el ubiera (sic) querido matarse él no encargaba materiales para trabajar” (fl. 49, cdno. 4).

— Diligencia de declaración jurada tomada al interno José Amador Bonilla, quien respecto a la carta enviada por la compañera de la víctima sostuvo: “(…) después de lo acaecido, el interno Guzmán Peña Rafael, quien es la persona encargada de traer las encomiendas que nos llegan al almacén, me hizo llegar una fotocopia de una carta que ese mismo día la Esposa del occiso Campos, le había enviado a este, (…) la cual en este momento, haga (sic) entrega de una copia, a este despacho para prueba alguna” (fl. 50, cdno. 4).

— Diligencia de declaración juramentada tomada al interno Rafael Guzmán, quien recibió unos materiales de trabajo y la carta dejada por la compañera de la víctima el día de los hechos (fl. 52, cdno. 4).

— Resolución 3 de 5 de julio de 2002, mediante la cual el director de la Penitenciaría Nacional de Ibagué Picaleña resolvió dar de baja de los archivos vivos al interno Germán Campos Amariles, quien falleció el 25 de junio de 2002 (fl. 106, cdno. 4).

— Copia de 6 fotografías en las que se evidencian el estado en que quedó el interno Germán Campos Amariles después de lanzarse del cuarto piso de la Penitenciaría Nacional de Picaleña (fls. 109 a 113, cdno. 4).

19. Copia auténtica del expediente con radicado 13535 surtido por la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía 21 Seccional de Ibagué - Tolima, por la muerte de Germán Campos Amariles, del que se resaltan las siguientes piezas procesales:

— Resolución de apertura de investigación previa, de 25 de junio de 2002 (fl. 122, cdno. 4).

— Copia del álbum fotográfico de la diligencia de inspección al cadáver de Germán Campos Amariles (fls. 203 a 207, cdno. 4).

— Análisis de alcoholemia realizado al occiso, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que arrojó un resultado negativo (fl. 211, cdno. 4).

— Providencia del 6 de agosto de 2002, proferida por la Fiscal 25 Seccional de Ibagué, mediante la cual se declaró que la acción penal no podía iniciarse, al considerar que la víctima “perdió la vida como consecuencia de una actividad exclusivamente suya, y que en ese proceso decisivo y ejecutivo, no hubo injerencia de un tercero. Es apenas lógico que si la muerte violenta de un ser humano, tiene como causa mediata su propia actividad consiente y libre, el Estado no puede ejercer su actividad represiva, pues no hay sujeto pasivo sobre la cual encaminarla” (sic) (fls. 212 a 215, cdno. 4).

— Resultados del análisis a muestra de orina realizada a Germán Campos Amariles que resultó negativa para metabolitos de cocaína, opiáceos, benzodiacepinas y fenotiazinas y positiva para canabinoides (fl. 222, cdno. 4).

2.5. Aspectos procesales previos.

2.5.1. Copias simples.

En cuanto al material probatorio allegado al expediente en copia simple, se valorará conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, del 28 de agosto de 2013, que ha indicado que es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de la buena fe y lealtad que deben conducir toda la actuación judicial.

Al respecto, la Sala Plena de Sección, en sentencia de unificación, argumentó:

“La Sala insiste en que —a la fecha— las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la Ley 270 de 1996 —estatutaria de la administración de justicia. En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. El anterior paradigma, como se señaló, fue recogido por las leyes 1395 de 2010, 1437 de 2011, y 1564 de 2012, lo que significa que el espíritu del legislador, sin anfibología, es modificar el modelo que ha imperado desde la expedición de los decretos leyes 1400 y 2019 de 1970. En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229). Lo anterior no significa que se estén aplicando normas derogadas (retroactividad) o cuya vigencia se encuentra diferida en el tiempo (ultractividad), simplemente se quiere reconocer que el modelo hermenéutico de las normas procesales ha sufrido cambios significativos que permiten al juez tener mayor dinamismo en la valoración de las pruebas que integran el acervo probatorio, para lo cual puede valorar documentos que se encuentran en copia simple y frente a los cuales las partes han guardado silencio, por cuanto han sido ellas mismas las que con su aquiescencia, así como con la referencia a esos documentos en los actos procesales (v.gr. alegatos, recursos, etc.) los convalidan, razón por la que, mal haría el juzgador en desconocer los principios de buena fe y de lealtad que han imperado en el trámite, con el fin de adoptar una decisión que no refleje la justicia material en el caso concreto o no consulte los postulados de eficacia y celeridad.

(…).

Desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes. De allí que, el proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, las diversas etapas que lo integran y que constituyen el procedimiento judicial litigioso no pueden ser ajenas al llamado de los principios constitucionales en los que se hace privilegiar la buena fe y la confianza”(7).

En el presente asunto, observa la Sala que los medios de prueba relacionados fueron solicitados con la demanda, decretados en el auto de pruebas de primera instancia y allegados al proceso dentro del periodo probatorio, es decir, de manera oportuna y regular, razón por la cual, conforme al precedente de la Sala Plena de Sección, serán valorados teniendo en cuenta los principios que informan la sana crítica.

2.5.2. Pruebas trasladadas.

Frente al material probatorio trasladado de la investigación interna surtida al interior de la Penitenciaría Nacional Picaleña por la muerte del señor Germán Campos Amariles, la Sala pone de presente que le dará valor probatorio, toda vez que se cumplen los requisitos del artículo 185 del Código de Procedimiento Civil(8), teniendo en cuenta que la actuación fue adelantada por la entidad demandada, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Sobre la prueba trasladada del proceso penal surtido por la Fiscalía 25 Seccional de Ibagué, la Sala la valorará conforme a su propio precedente, en el que se ha indicado:

“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en éste. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, (…). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demandada, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba”(9).

Así las cosas, se valorará tanto la prueba documental como la testimonial trasladada de la investigación interna y del proceso penal.

2.5.3. Valor probatorio de las fotografías.

Al plenario se aportaron, mediante prueba trasladada, copia de unas fotografías del occiso al momento de ocurrencia de su muerte, las cuales para la Sala no prestan mérito probatorio suficiente puesto que no dan cuenta de la hora, fecha y lugar en que fueron tomadas, ni fueron ratificadas por testigos.

2.5.4. Legitimación en la causa por activa de la compañera permanente.

En cuanto a la legitimación en la causa por activa de la señora Luz Stella Corrales Tabares, quien demanda en calidad de compañera permanente de la víctima directa, la Sala considera que en el plenario se encuentra debidamente acreditada la convivencia de pareja mediante los siguientes elementos probatorios:

— En la inspección del cadáver se hizo constar que el estado civil del occiso era “unión libre con Luz Stela Corrales”.

— Cartilla biográfica del interno Germán Campos Amariles en la cual se manifiesta que el estado civil era unión libre y el nombre de la compañera Luz Stela Corrales.

— Testimonios que dan cuenta de la relación existente entre los señores Germán Campos Amariles y Luz Stella Corrales.

— Carta enviada por la señora Luz Stella Corrales al señor Germán Campos, el día de los hechos, que demuestra sus vínculos afectivos.

Aunado a lo anterior, está probado el perjuicio sufrido por la actora puesto que los testimonios recepcionados durante el proceso son contestes en afirmar que la señora Corrales se vio afectada moral y económicamente con la muerte de Germán Campos Amariles.

Así las cosas, la Sala considera que la señora Luz Stella Corrales Tabares se encuentra legitimada en la causa por activa en el sub judice.

2.5.4. Análisis del caso concreto.

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la existencia del daño antijurídico es el primer elemento que debe acreditarse para que pueda predicarse la responsabilidad del Estado y en el sub lite, este consiste en la muerte del señor Germán Campos Amariles, el 19 de mayo de 2002, la cual se encuentra probada mediante el registro civil de defunción.

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 90 superior, el Estado debe responder por todo daño antijurídico que le sea imputable, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas, de manera que lo exigido en la norma no es solo la existencia de un daño, entendido éste como un menoscabo, afectación o lesión de un bien, sino que además se requiere que éste sea antijurídico, es decir, aquel que no se tiene la obligación de padecer y que es contrario a derecho, que vulnera el ordenamiento jurídico y con ello lesiona los bienes e intereses jurídicamente protegidos.

Sobre el daño ha dicho la Corte Constitucional en Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996:

“El daño antijurídico no tiene una definición constitucional expresa, por lo cual es un concepto constitucional parcialmente indeterminado, cuyos alcances pueden ser desarrollados, dentro de ciertos límites, por el legislador. Sin embargo una interpretación sistemática de la Carta y de los antecedentes de la norma permiten determinar los elementos centrales de este concepto.

La doctrina española ha definido entonces el daño antijurídico no como aquel que es producto de una actividad ilícita del Estado sino como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo.

Esta concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de Estado en nuestro país. Así, en múltiples oportunidades ese tribunal ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar”, por lo cual “se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo”. Por consiguiente, concluye esa corporación, “el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”.

Desde el punto de vista sistemático, la Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho (C.P., art. 1º), pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”.

(…).

Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Para que el daño antijurídico pueda ser indemnizado debe ser cierto y estar plenamente acreditado, carga procesal que le incumbe a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, tal como ocurre en el sub judice.

Ahora bien, en relación con la imputación, corresponde determinar si la muerte del privado de la libertad, puede ser atribuida a la entidad demandada o si por el contrario, tal como lo consideró el tribunal de instancia, se configura la causal eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.

Al respecto, se tiene que el señor Germán Campos Amariles se encontraba recluido desde hacía seis días —ingresó el 19 de junio de 2002—, en la Penitenciaría Nacional de Ibagué - Picaleña, cumpliendo una pena consistente en 43 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y hurto.

Asimismo, está demostrado que el interno se quitó la vida lanzándose desde el cuarto piso del penal, que dicha decisión fue voluntaria y no obedeció al hecho de un tercero. Tanto la investigación interna surtida por el Inpec como el proceso penal adelantado por la Fiscalía de Ibagué concluyeron que el señor Campos Amariles se suicidó.

Aunado a lo anterior, en el proceso no se demostró que el privado de la libertad sufriera alguna enfermedad psíquica que pudiera hacer previsible su actuación, por el contrario, se comprobó que Germán Campos ya había estado privado de la libertad en otras ocasiones sin que se tuviera conocimiento de sus intenciones y según dan cuenta los testimonios obrantes en el plenario, la víctima tenía propósitos de trabajar y para esos efectos, su esposa le había llevado unos materiales que entregó en el centro de reclusión momentos antes del deceso.

En cuanto a la carta enviada al interno por su compañera permanente el día de los hechos, en la que supuestamente se demuestra la intención del interno de suicidarse, la Sala considera que la misma no es clara en la intención del occiso de quitarse la vida aunado al hecho que la misma no le fue entregada al destinatario ni el Inpec la conoció con anterioridad a la muerte del señor Campos.

En relación a la omisión de la entidad demandada de practicar a la víctima los exámenes médicos de ingreso regulados en los artículos 61 y 62 de la Ley 65 de 1993(10), que en criterio del apelante, hubiera permitido establecer las condiciones psíquicas del interno, se considera que de conformidad con lo demostrado en el proceso, no es posible concluir que de haberse realizado la evaluación de ingreso se hubiera podido detectar alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico y evitar el hecho dañoso.

Así las cosas, la Sala tiene por establecido que en el presente caso el daño es imputable exclusivamente a la actuación de la víctima y en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 12 de noviembre de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

2. Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, al apoderado que ha venido actuando en el proceso, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

3. En firme esta providencia envíese el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

(1) La mayor pretensión de la demanda radicada, es de 3000 gramos oro que equivalían a $ 80´123.250 a la fecha de presentación de la demanda, teniendo en cuenta que el valor del gramo oro correspondía a $ 26.707.75. Para el año 2002, la cuantía exigida para que un proceso tuviera doble instancia correspondía a $ 36.950.000.

(2) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; expediente 17042, C.P. Enrique Gil Botero.

(3) Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; expediente 10922, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Consejo de Estado. Sección Tercera; sentencia de 19 de abril de 2012, C.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 21515.

(5) Ídem.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 28 de 2010, radicación 18271, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, radicación 25.022, M.P. Enrique Gil Botero.

(8) “ART. 185.—Prueba trasladada. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella” (resaltado fuera del texto).

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 18747.

(10) “ART. 61.—Examen de ingreso. Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía psíquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad. [subrayado y negrilla fuera de texto](sic)

ART. 62.—Fijación de penitenciaría y evaluación de ingreso. Cuando sobre el sindicado recaiga sentencia condenatoria, el juez, con la correspondiente copia de dicha sentencia lo pondrá a disposición del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Al ingresar un condenado a una penitenciaría, éste será sometido al examen de que habla el artículo anterior y además, se iniciará su evaluación social y moral, de acuerdo con las pautas señaladas para la aplicación del régimen progresivo, debiéndose abrir la respectiva cartilla biográfica”.