Sentencia 2002-01965 de junio 27 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200201965 - 01 (27552)

Consejero Ponente:

Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Demandante: Flor Teresa Cardozo Oviedo y otros

Demandado: Distrito Capital de Bogotá

Asunto: Apelación sentencia de reparación directa

Bogotá, D.C., junio veintisiete de dos mil trece.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Decide la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el día 1º de abril de 2004, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. El material probatorio del proceso.

Dentro de la respectiva etapa procesal y con el lleno de los requisitos legales, se recaudaron, entre otros, los siguientes elementos de convicción:

— Copia autenticada del registro civil de defunción del señor José William García Bedoya, quien según dicho documento falleció el día 3 de diciembre de 2001 (fl. 11, cdno. 2).

— Testimonios de las señoras Clara Elsa Ruíz Mora, Elizabeth Sánchez Serrano y María Gloria Castañeda Ruíz (fls. 34 a 40, cdno. 2), quienes en su relatos expresaron que no presenciaron el accidente de tránsito en el cual resultó herido el señor José William García Bedoya, pues básicamente sus declaraciones se dirigieron a determinar la afectación del núcleo familiar de la víctima directa del daño, como consecuencia de ese lamentable hecho.

— Certificación que emitió la entidad demandada el día 6 de marzo de 2003 —en virtud del requerimiento que le hizo el tribunal administrativo a quo—, según el cual:

“(...) el puente vehicular y el puente peatonal ubicados en la avenida 9ª con calle 127 se encontraban para la fecha del día 28 de noviembre de 2001 habilitados y en funcionamiento”.

— La parte actora allegó unas fotografías (fls. 25 a 31, cdno. 2), a las cuales no se les otorgará eficacia probatoria, toda vez que no es posible determinar su origen, ni el lugar y la época en la cual fueron tomadas, dado que no se reconocieron por los testigos ni fueron cotejadas con otros medios de acreditación dentro del proceso.

— Copia simple, pero aportada por la entidad demandada —por conducto de su Secretaría de Tránsito y Transporte— del informe del accidente de tránsito ocurrido el día 28 de noviembre de 2001, en la avenida 9 Nº 127-28 de la ciudad de Bogotá D.C., a las 19:30 horas, en el cual resultó lesionado el señor José William García Bedoya (fl. 47, cdno. 1).

Dentro del aludido informe se consignó la participación de un automotor de placas BHY 534, el cual era conducido por el señor Gustavo Enrique Córdoba, quien en ese momento expresó: “conduzco de norte a sur por la carrera 9 pasando el puente de la calle 127, sale un señor en una bicicleta de forma imprudente y lo atropello”.

— También se allegó al proceso, por parte de la Fiscalía General de la Nación,(1) copia autenticada de la investigación penal que se adelantó por la muerte del señor José William García Bedoya, cuyo sindicado fue el señor Gustavo Enrique Córdoba (cdno. 3 del exp.).

Pues bien, el Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del estatuto de procedimiento civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella.

La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con su audiencia, no podrán ser valoradas en el primer proceso(2).

También ha dicho la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicitara que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invocara las formalidades legales para su inadmisión(3).

Sobre este mismo tema, la Sección Tercera de la corporación, en forma reiterada, ha sostenido que(4):

“De no cumplirse alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de estas, asunto ya precisado por la Sala en los siguientes términos(5):

‘... el artículo 229 del mismo código dispone:

‘Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos: 

1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior. 

2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.

Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.

Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción del testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior” (se resalta).

Conforme a lo anterior, se tiene que los testimonios practicados en un proceso diferente de aquel en el que se pretende su valoración solo pueden ser tenidos en cuenta por el juzgador cuando son trasladados, en copia auténtica, y siempre que hayan sido practicados con audiencia de la parte contra la cual se aducen, o cuando, sin cumplir este último requisito, son ratificados en el nuevo proceso, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil. Si no se dan estas condiciones, las pruebas aludidas no podrán apreciarse válidamente.

En relación con la indagatoria de un agente estatal, practicada dentro de un proceso penal, debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que no puede ser trasladada a un proceso administrativo, ya que no puede valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, que no se identifica con la entidad estatal que tiene la calidad de parte dentro del proceso administrativo, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento. Así las cosas, siempre que se quiera hacer valer la declaración del respectivo agente estatal, dentro de este tipo de procesos, debe ordenarse la práctica de su testimonio.

En cuanto a los documentos, públicos o privados autenticados, podrán ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. En efecto, una vez allegado el documento, deberá expedirse un auto que ordene tenerlo como prueba; la parte contra la cual se aduce podrá tacharlo de falso dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la misma norma, no se admitirá la tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica.

Sobre los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales, el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil establece que deberán ponerse en conocimiento de las partes por el término de tres días, para que puedan pedir su complementación o aclaración, de manera que, una vez trasladados a un proceso administrativo, deberá surtirse este trámite para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la que se pretenden hacer valer.

Finalmente, las inspecciones judiciales y los dictámenes periciales no pueden trasladarse a procesos distintos de aquellos en los que fueron practicados, cuando ello no se hizo a petición o con audiencia de la parte contra la cual se aducen. En efecto, para garantizar el derecho de contradicción, estas pruebas deben practicarse, en todo caso, dando oportunidad a las partes de estar presentes, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 237 y 246 del Código de Procedimiento Civil, lo que, obviamente, no podrá lograrse con el simple traslado posterior del acta o del informe respectivos. Por lo anterior, la inspección o el peritazgo deberán practicarse nuevamente en el nuevo proceso”.

Aplicando estos criterios al caso presente, se tiene que las pruebas en el proceso primitivo (penal) no fueron solicitadas ni practicadas a petición de la parte contra quien se aducen ni con su audiencia; su traslado tampoco fue solicitado a este proceso de manera conjunta por las partes, ni la entidad demanda se allanó a la petición probatoria elevada por la parte demandante en el sentido de que se allegare a este proceso la respectiva investigación penal por la muerte del soldado Ardila Lozano.

Aun cuando esta prueba fue decretada por el tribunal y para cuyo efecto se libró el Oficio 0206-00 de marzo 18 de 1999 solicitando el traslado en copia auténtica del correspondiente proceso penal, lo cierto es que no se agotaron las formalidades del traslado que cada medio de prueba exige y en cuanto se refiere específicamente a las pruebas documentales antes descritas(6) no se surtió el traslado de los mismos para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte contra la cual se aducen.

No obstante lo anterior, para el específico caso de las pruebas documentales advierte la Sala que si bien se incurrió en una irregularidad al haberse omitido dicho traslado, la misma no configura vicio de nulidad alguno a la luz del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual resulta procedente dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo de dicho artículo, según el cual las irregularidades no constitutivas de nulidad procesal ‘se tendrán por subsanadas, si no se impugnan oportunamente por medio de los recursos que este código establece’, solución claramente aplicable en este caso. Ciertamente, se advierte que durante la etapa probatoria ninguna de las partes se pronunció al respecto y que dentro del traslado para alegar de conclusión el apoderado de la entidad pública demandada no hizo señalamiento alguno en relación con dicho asunto(7) (subrayas del original, negrillas de la Subsección en esta oportunidad).

En el caso que ahora se examina ocurre que las pruebas trasladadas antes mencionadas no cumplen con lo prescrito en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, referente al traslado de pruebas, amén de que la parte actora no las solicitó en la demanda, por lo cual de los medios de acreditación que allí reposan solo podrán valorarse en este juicio las pruebas documentales, puesto que si bien frente a estas no se surtió el traslado respectivo para garantizar el derecho de contradicción de la parte contra la cual se aducen, tal omisión fue convalidada, según lo normado en el parágrafo del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, tema que fue explicado dentro de la sentencia antes transcrita(8).

Las pruebas documentales cuyas copias autenticadas obran en la investigación previa que se trasladó a este litigio corresponden, entre otras, a las siguientes:

— Acta de inspección judicial al cadáver del señor José William García Bedoya, fechada el 4 de diciembre de 2001 (fls. 2 y 3, cdno. 3), dentro de la cual se consignó:

— Lugar en el cual ocurrieron los hechos: barrio Usaquén; avenida 9 Nº 127-28; fecha: 28 de noviembre de 2001; vía pública;

“En la morgue de la Clínica Fundación Santafé, sobre camilla metálica se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, desnudo. Según la historia clínica entregada, aparece con ingreso el veintinueve de noviembre del presente año, con trauma craneoencefálico severo, en donde se encuentra como título examen físico. Paciente en mal estado general. En evolución se dice: paciente quien ingresa a la UCI después de presentar trauma en accidente de tránsito al ser arrollado en estado de embriaguez... fallece a las 11:00 del día tres de diciembre de dos mil uno presentando paro cardiaco... No se practica inspección judicial al lugar de los hechos teniendo en cuenta que sucedió hace ya varios días y cualquier evidencia ya ha desaparecido y por la misma razón no hay conservación del lugar de la escena (...)”.

“(...)

“5. Accidente de tránsito: (...) se trata de un automóvil de placas BHY 534 chevrolet modelo 1997 conducido por el señor Gustavo Enrique Córdoba c.c. 18921434 ... y una bicicleta de turismo en la que se transportaba el occiso”.

— Historia clínica del señor José William García Bedoya, elaborada por la Fundación Santafé (fl. 10, cdno. 3), en cuyo contenido consta la siguiente información:

— Fecha de ingreso: 28/11/01;

— Fecha de egreso: 3/12/01;

— Diagnóstico de ingreso:

1. Trauma cráneo encefálico severo;

2. Post operatorio. Evacuación hematoma peridural parietal derecho;

3. Alcoholismo.

— Evolución: paciente quien ingresa a la UCI después de presentar trauma en accidente de tránsito al ser arrollado en estado de embriaguez, llegando con glasgow 13/15.

— Protocolo de necropsia 2001/04875 (fl. 41, cdno. 3), en el cual se concluyó:

“Comentarios:

Hombre adulto joven, quien el 28 de noviembre de 2001, mientras se desplazaba en una bicicleta, sufre un accidente de tránsito al ser arrollado por un automóvil, es llevado al centro hospitalario donde presenta una evolución rápida hacia el deterioro y fallece el 03 de diciembre de 2001.

“(...)

Conclusión:

Hombre adulto quien fallece por severo trauma craneoencefálico sufrido en accidente de tránsito.

Mecanismo de muerte: laceración, contusiones y edema cerebral por trauma craneoencefálico.

Causa de muerte: accidente de tránsito.

Probable manera de muerte: homicidio”.

— Examen de embriaguez practicado por Medicina Legal al señor Gustavo Enrique Córdoba Echeverry, quien con su automotor arrolló a la víctima directa del daño, el cual arrojó —el mismo día del hecho, noviembre 28 de 2001—, el siguiente resultado: “no presenta signos clínicos de embriaguez aguda...”. (fl. 67, cdno. 3).

— Decisión proferida el día 26 de agosto de 2002 por la Fiscalía Octava Seccional, Unidad Primera de Vida de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá D.C., mediante la cual se precluyó la investigación a favor del señor Gustavo Enrique Córdoba Echeverry, con base en lo siguiente:

“(...) se llevó a cabo diligencia de conciliación, entre las partes, esto es, el sindicado Gustavo Enrique Córdoba Echeverry, su defensor y la señora Flor Teresa Cardozo Oviedo, esposa del hoy occiso, quien fuera asistida por su representante, los cuales una vez [sostuvieron] un diálogo previo, llegaron al acuerdo de una indemnización sobre daños y perjuicios causados con la infracción que se investiga, por el monto de cinco millones de pesos, para la persona perjudicada y un millón por honorarios para el representante de la parte civil, para un total de seis millones de pesos, los cuales fueron cancelados mediante un título valor-cheque, entregado en la misma diligencia.

En consecuencia de lo anterior, comoquiera que el implicado Gustavo Enrique Córdoba Echeverry, no se encuentra dentro de las causales de agravación punitiva, esto es, que no se encontraba en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancia sicotrópica, ni tampoco huyó del lugar de los acontecimientos, y se han resarcido los daños y perjuicios en comento, entendiéndose que el monto de la obligación ha sido satisfecha para los perjudicados en este evento; deberá precluirse la investigación a favor del sindicado en mención (...)”. (fls. 120 a 122, cdno. 3).

2. Responsabilidad de la entidad demandada.

De conformidad con el anterior conjunto probatorio, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico padecido por los demandantes, consistente en la muerte del señor José William García Bedoya ocurrida el día 3 de diciembre de 2001, como consecuencia de las graves lesiones físicas que sufrió en un accidente de tránsito acaecido el 28 de noviembre anterior en la ciudad de Bogotá D.C., al ser arrollado por un automóvil particular.

En efecto, se acreditó que el día 28 de noviembre de 2001, la víctima directa del daño, quien se desplazaba en una bicicleta y al parecer en estado de embriaguez, fue atropellado por un vehículo conducido por el señor Gustavo Enrique Córdoba Echeverry a las 7:30 P.M., en la carrera 9 con calle 127 de la ciudad de Bogotá D.C.; luego de ese hecho y ante las graves heridas que presentó la primera de ellas, trauma craneoencefálico, se le trasladó a la Fundación Santafé y allí recibió atención médico asistencial, pero el día 3 de diciembre siguiente, el señor José William García Bedoya falleció como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.

A juicio de la Subsección, el referido daño no resulta atribuible a la entidad pública demandada, toda vez que la parte actora no demostró, ni por asomo, que el accidente de tránsito por el cual falleció posteriormente el señor García Bedoya hubiere sido consecuencia de la actuación u omisión de la entidad pública distrital, tal como se le atribuyó en la demanda.

Esta Sección del Consejo de Estado se ha referido, en muchas ocasiones, a las reglas de la carga de la prueba, a su aplicación y a los efectos que la inobservancia al deber de probar acarrea(9):

“La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”(10). La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta la aludida carga, a aquel en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.

Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida.

En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo.

Como fácilmente puede advertirse, el aspecto en últimas más trascendente de las reglas de la carga de la prueba se concreta en las consecuencias que se derivan de su no satisfacción, esto es, del no ejercicio de los derechos a la aportación o solicitud de práctica de pruebas o a la formulación de alegaciones dentro del proceso, si se tiene en cuenta que la finalidad de este, para las partes, es la estimación o desestimación de la(s) pretensión(es) formulada(s) y que, por ello, dentro de él se lleve a cabo una instrucción encaminada a proporcionar al juzgador los elementos necesarios para que pueda efectuar la comparación entre los fundamentos de tal(es) pretensión(es) y el ordenamiento jurídico(11). Y el de las consecuencias del incumplimiento de la carga de probar o de alegar es el aspecto más relevante, habida cuenta de que la parte que desee obtener un resultado favorable a sus pretensiones necesitará probar y alegar todo aquello que sea útil y pertinente para la defensa de su posición.

En otros términos, “no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota”(12); las reglas de la carga de la prueba sirven para establecer cuál de las partes tendrá que soportar el resultado desfavorable derivado de una actividad probatoria o de la falta de alegación o de una alegación incompleta,(13) pues aunque el juez no disponga de todos los hechos cuyo conocimiento hubiera resultado necesario para fallar en uno u otro sentido, la prohibición de “non liquet” le obliga a resolver, en todo caso.

Es entonces cuando las reglas de la carga de la prueba le indicarán en cabeza de cuál de las partes recaía la obligación de haber acreditado un determinado hecho y, por consiguiente, a quién corresponderá adscribir, en la sentencia, las consecuencias desfavorables derivadas de su no demostración, pues dichas reglas, precisamente, permiten al fallador cumplir con su función de resolver el litigio cuando falta la prueba, sin tener que abstenerse de dirimir, de fondo, la cuestión, para no contrariar, con un pronunciamiento inhibitorio, los princi­pios de economía procesal y de eficacia de la función jurisdiccional. De ahí su importancia, pues

“[S]i no existiera esta regla de juicio que faculta al juez para evitar el non liquet cuando falte la prueba, sería muy frecuente el fracaso del proceso y la consiguiente pérdida de tiempo, trabajo y dinero para el Estado y las partes. La justicia y la función jurisdiccional del Estado resultarían entorpecidas y frustradas en infinidad de ocasiones al no ser posible la sentencia de mérito, a la vez que se fomentaría la incertidumbre jurídica en las relaciones sociales, la repetición indefinida de procesos para el mismo litigio, y se permitiría que quienes tengan interés en esa situación caótica puedan fácilmente burlar los fines de interés público del proceso y la jurisdicción, ocultando pruebas y entorpeciendo la actividad oficiosa del juez.

La carga de la prueba es, por consiguiente, una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia.

Por otro aspecto, según opinan varios autores, es la guía imprescindible y fundamental del juzgador en la solución de los litigios, que orienta su criterio en la fijación de los hechos que sirven de base a su decisión: “sustrae el derecho al arbitrio de la probabilidad y lo coloca bajo la égida de la certeza”(14).

El precepto que en el derecho positivo colombiano gobierna el tema, tratándose de los procedimientos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por virtud de la incorporación que el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo efectúa respecto de las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan materias no desarrolladas en aquella codificación, es el artículo 177 del citado Estatuto Procesal Civil, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 177.—Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”.

Los planteamientos que se han dejado expuestos son, entonces, los que han de ilustrar el proceder del juez ante la falta o la insuficiencia de los elementos demostrativos de los hechos que constituyen el thema probandum del proceso —es decir, aquellos respecto de los cuales se predica la necesidad de su demostración—, pues la autoridad judicial, en cualquier caso, no puede declinar su responsabilidad de resolver el fondo del asunto, de suerte que las anotadas reglas de la carga de la prueba indicarán si procede despachar favorablemente las pretensiones del actor o, por el contrario, si lo que se impone es acceder a la oposición formulada por la parte demandada.

Descendiendo al caso concreto, para la Sala no ofrece discusión alguna que la persona interesada en reclamar del Estado la reparación de los daños antijurídicos cuya causación imputa a la acción o a la omisión de una autoridad pública y, con tal propósito, ejerce la acción de reparación directa, tiene la carga de acreditar, en el proceso, la concurrencia de los elementos inherentes al régimen de responsabilidad en el cual ampara sus pretensiones, lo cual no ocurrió en este caso.

Ciertamente, brillan por su total ausencia elementos de convicción que demuestren que el Distrito Capital hubiera actuado de manera negligente porque supuestamente no habría podado aquellos árboles que impedían obtener una óptima visualización por parte de los transeúntes del lugar en el cual ocurrió el accidente, o porque no habrían existido señales de precaución en ese mismo lugar, o ante la ausencia de iluminación de la vía; esos señalamientos que se consignaron en la demanda, bueno es precisarlo, constituyen simples afirmaciones desprovistas de cualquier sustento probatorio.

Así las cosas, el daño no le resulta atribuible a la entidad demandada, puesto que, se insiste, no se demostró que el hecho dañoso hubiere sido producto de una falla del servicio, razón suficiente para confirmar, pero por esta potísima razón, el fallo apelado.

3. Condena en costas.

Comoquiera que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el día 1º de abril de 2004.

2. Sin condena en costas.

3. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Esta prueba la solicitó la parte demandada en la contestación de la demanda (fl. 26, cdno. 1) y el tribunal de primera instancia accedió a su decreto a través de proveído de 13 de febrero de 2003 (fl. 50, cdno. 1), razón por la cual la secretaría libró el Oficio 03-JCG-222, requerimiento que se atendió a través de Oficio 3214 de mayo 2 de 2003 por parte de la Fiscalía General de la Nación (fl. 1, cdno. 3).

(2) Sentencia de julio 7 de 2005, Expediente 20.300, entre muchas otras providencias.

(3) Sentencia de febrero 21 de 2002, Expediente 12.789, entre otras.

(4) Sentencia de febrero 4 de 2010, Expediente 18.320.

(5) Sentencia de 13 de abril de 2000, Expediente 11.898.

(6) Diligencia de inspección al cadáver de la víctima 1582-0657; informe emitido por el cabo primero Carlos Muñoz Sierra - Suboficial de Administración del Ejército Nacional; informe emitido por el soldado Óscar Vidales Benítez; decisión proferida el 1º de octubre de 1997 por la oficina de instrucción penal militar de la Décima Sexta Brigada del Ejército, mediante la cual se ordenó la cesación del procedimiento adelantado en contra del soldado Óscar Vidales Benítez por el homicidio del señor Luis Fernando Lozano Ardila; providencia dictada el 12 de noviembre de 1997 por el Tribunal Superior Militar, a través de la cual se confirmó la anterior decisión.

(7) En ese sentido se pronunció la Sala en sentencia de junio 5 de 2008, Expediente 16.589.

(8) En este sentido se ha pronunciado la Subsección, a través de sentencia de 7 de julio de 2011, Expediente 16.590, entre muchas otras decisiones.

(9) Sentencia de 18 de febrero de 2010, Expediente 18.076, reiterada por esta Subsección a través de sentencia de 21 de febrero de 2011, Expediente 18.417, entre muchas otras providencias.

(10) Hinestrosa, Fernando, Derecho Civil Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, p. 180.

(11) GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil, I, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968, p. 312.

(12) Muñoz Sabaté, Luis, Técnica probatoria. Estudio sobre las dificultades de la prueba en el proceso, Praxis, Barcelona, 1967, pp. 48-49.

(13) Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, I., cit., p. 318.

(14) Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Tomo I, quinta edición, Editorial Temis, Bogotá, D.C., 2.002, pp. 429-430.