Sentencia 2002-01971/34788 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejera ponente (E):

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Bogotá, D.C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Rad. 250002326000200201971 01

Exp. 34.788

Actor: Álvaro Yáñez Peñaranda y otro.

Demandado: Nación - Dirección ejecutiva de administración judicial.

Referencia: Apelación sentencia - reparación directa.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia de la Sala, 2) ejercicio oportuno de la acción, 3) legitimación en la causa, 4) hechos probados, 5) análisis de la Sala y 6) costas.

1. Competencia de la Sala.

La Sala es competente, dado que el proceso tiene vocación de doble instancia ante esta corporación, en los términos del artículo 132.6 del CCA —modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998— toda vez que para la fecha de interposición del recurso de apelación —8 de febrero de 2008— la cuantía se establecía a partir de la pretensión mayor individualmente considerada.

En efecto, para que un proceso de reparación directa iniciado en el año 2002 tuviera apelación ante el Consejo de Estado, la cuantía debería ser igual o superior a $ 154’500.000,00(6); dado que la pretensión mayor individual —por concepto total de daño emergente— asciende a $ 2.817’000.000,00, la Sala tiene competencia funcional.

2. Ejercicio oportuno de la acción.

La caducidad es la sanción que consagra la ley por el ejercicio tardío del derecho de acción o medio de control, esto es, la desatención de los plazos y términos definidos en el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente demanda. Además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado de oficio, inclusive.

Para casos como el sub lite, la norma de caducidad aplicable es la contenida en el numeral 8º del artículo 136 del CCA, que establece que la acción de reparación directa: “caducará al vencimiento del plazo de (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.

La responsabilidad el Estado por la administración de justicia está regulada expresamente en la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de Justicia “LEAJ”. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 ibídem, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Por su parte, el error jurisdiccional fue definido por el artículo 66 de la “LEAJ” como aquel “cometido por una autoridad investido de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”.

La Sala, en relación con la caducidad de la acción de reparación directa en eventos de error jurisdiccional, ha precisado que su cómputo inicia a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión frente a la que se endilga el yerro(7), pues, es en ese momento en que se consolida el daño antijurídico y surge la posibilidad de acceder a la jurisdicción.

En el caso concreto, la demanda se presentó el 27 de septiembre de 2002, y dado que la providencia frente a la cual se endilga el error judicial fue proferida el 24 de noviembre de 2000, es viable concluir que la acción se ejerció oportunamente.

3. Legitimación en la causa.

Los señores Álvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno se encuentran legitimados en la causa por activa, porque compraron a Edilberto Jiménez Cortés un lote de terreno que formó parte de otro de mayor extensión denominado “Palermo”, ubicado en Usaquén, por valor de $ 80’000.000,00, de conformidad con la copia auténtica de la escritura pública número 4683 del 18 de octubre de 1989(8), título que se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-643754(9).

Por su parte, la Nación - Dirección ejecutiva de administración judicial tiene interés en controvertir las pretensiones de la demanda, dado que el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de noviembre de 2000, profirió un auto de cúmplase en el que dispuso la cancelación de las matrículas inmobiliarias números 50N-532095 y 50N-643754, así como la liberación de los folios de matrícula, inmobiliaria números 50N-20036234 y 50N-20038233(10).

4. Hechos probados.

Las copias simples aportadas serán valoradas de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta sección(11), en aplicación del principio constitucional de buena fe —toda vez que no fueron tachadas de falsas por las partes— y porque frente a ellas se surtió y garantizó el principio de contradicción.

De otro lado, la prueba trasladada —expediente penal— será valorada porque fue solicitada por la parte demandante, se practicó con audiencia de la demandada Rama Judicial— y se decretó en el auto de prueba, por lo que se cumple con la regla contenida en el artículo 185 del CPC(12).

Con los medios de convicción aportados por las partes y los trasladados se prueban los siguientes hechos:

4.1. El 8 de marzo de 1982, Edilberto Jiménez Cortés, mediante escritura pública número 0376, protocolizó dos Sentencias del 17 de febrero de 1981 y del 3 de junio de 1981, proferidas por el Juzgado 6 Civil del Circuito de Bogotá y por el Tribunal Superior de Cundinamarca, respectivamente, en las que se declaró a su favor la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio, sobre un lote de terreno que hacía parte de uno de mayor extensión denominado Palermo, en Usaquén (Bogotá D.C.), según da cuenta la copia simple de ese instrumento público(13).

4.2. El 18 de octubre de 1989, Edilberto Jiménez Cortés vendió a Félix Alberto Sánchez Moreno y Álvaro Yáñez Peñaranda el inmueble que había adquirido por usucapión extraordinaria, de conformidad con la copia auténtica de la escritura pública número 4683 de esa fecha(14).

4.3. La escritura pública 4683 se inscribió en el folio de matrícula inmobiliaria número 50N-643754, de acuerdo con la copia simple de ese certificado aportada al proceso(15).

4.4. El 31 de enero de 1996, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Edilberto Jiménez Cortés a la pena principal de 28 meses de prisión, por encontrarlo autor del delito de estafa agravada, en concurso homogéneo, de la que fueron víctimas Elsa Koop de Pombo, Álvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno, según da cuenta la copia auténtica de esa providencia.

Además, decretó .el pago de las siguientes sumas a título de indemnización de perjuicios: i) $ 173’600.000,00 a favor de Álvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno y ii) el equivalente a 1.000 gramos de oro puro para Elsa Koop de Pombo.

Por último, se dispuso la cancelación de los folios de matrícula inmobiliaria números 50N-532095 y 50N-643754(16).

4.5. El 24 de mayo de 1996, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó parcialmente la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, de conformidad con la copia auténtica de esa decisión(17).

En efecto, confirmó la condena penal en contra de Edilberto Jiménez Cortés, pero revocó la civil decretada a favor de Álvaro Yáñez Peñaranda y Félix Alberto Sánchez Moreno.

4.6. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del 5 de octubre de 2000, declaró la extinción de la acción penal por la muerte de Edilberto Jiménez Cortés y, como consecuencia, dispuso la cesación del procedimiento seguido en su contra, según da cuenta la copia auténtica allegada al proceso(18).

4.7. El 24 de noviembre de 2000, el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá profirió el auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, en relación con la cesación del procedimiento penal seguido contra Edilberto Jiménez Cortés, y ejecutó en lo demás los fallos penales de primera y de segunda instancia, de conformidad con la copia auténtica de ese proveído(19).

4.8. El 6 de marzo de 2001, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió, en segunda instancia, la demanda de tutela interpuesta por Álvaro Yáñez Peñaranda contra el auto del 24 de noviembre de 2000, proferido por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, según da cuenta la copia simple de ese pronunciamiento(20).

En esa decisión, la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo impugnado porque no se cumplía con el requisito de subsidiariedad del mecanismo constitucional, toda vez que las acciones civiles eran las idóneas para proteger los derechos del tutelante.

5. Análisis de la Sala.

El problema jurídico consiste en definir si los demandantes probaron la existencia de un daño, así como su antijuricidad, es decir, que no estaban en la obligación de soportarlo; en caso afirmativo, la Sala verificará si se cumplen los presupuestos necesarios para la configuración de un error jurisdiccional y, por consiguiente, si es viable la reparación de perjuicios.

5.1. El artículo 90 de la Constitución Política contiene la cláusula general de responsabilidad del Estado. El avance significativo del sistema implementado, basado en la noción de lesión, fue haber reivindicado el daño —y por consiguiente a la víctima— y su función en la institución de la responsabilidad.

En efecto, el daño entendido como la afectación, vulneración o lesión a un interés legítimo y lícito se convirtió en el eje central de la obligación resarcitoria y, por ende, tanto la atribución como la fundamentación normativa o jurídica del deber de reparar quedaron concentrados o desleídos en un nuevo elemento que es la imputación.

En otros términos, el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable sino con la verificación de la existencia del daño o nocimiento(sic), entendido como la alteración negativa a un interés protegido.

Ahora, si bien el daño surge como un fenómeno físico o material (v.gr. la lesión, la muerte, la destrucción, la retención, entre otros), lo cierto es que su contenido es eminentemente deontológico y normativo, toda vez que no toda alteración del mundo exterior —en términos Hegelianos— puede ser considerada daño en sentido jurídico o normativo.

En efecto, solo será daño resarcible la afectación o lesión que, en primer lugar, recaiga o afecte un interés lícito o no contrario a derecho y, en segunda medida, que sea antijurídica, esto es, que el ordenamiento jurídico no imponga el deber de soportarla en términos resarcitorios.

De modo que es la propia ley —en sentido material— la encargada de definir o establecer qué situaciones son y deben ser toleradas por los ciudadanos, de manera que, aunque supongan una afectación o restricción a un derecho o interés legítimo y lícito, no sean reparables por ser jurídicas (v.gr. el servicio militar obligatorio, el pago de impuestos, el decomiso y destrucción de mercancías de contrabando, entre otros).

En suma, la antijuricidad es un ingrediente esencial del daño(21) y que es definitivo para determinar cuándo existe daño en sentido normativo y, por tanto, si es imputable o atribuible al Estado, según lo ha venido sosteniendo la sala de Sección Tercera desde tiempo atrás:

“Como lo ha señalado la Sala en ocasiones anteriores(22), el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.

“En efecto, en sentencias proferidas dentro de los procesos acumulados 10948 y 11643 y número 11883, se ha señalado tal circunstancia precisándose en ésta última, que ‘…es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado...’ y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado(23)”.

En este punto, la labor del juez cobra vital importancia, porque será el encargado de verificar si el daño ostenta la condición de antijurídico, para lo cual establecerá que el ordenamiento jurídico no le imponga la obligación a la víctima de soportar esa carga(24).

5.2. En el sub lite está demostrado el daño sufrido por los demandantes, toda vez que el folio de matrícula inmobiliaria 50N-643754 fue cancelado por la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá, en virtud de la orden adoptada por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá el 24 de noviembre de 2000 [hechos probados números 4.7., 4.2. y 4.3.].

Ahora bien, el daño, en materia contencioso administrativa, es cualificado y, por ende, para que sea resarcible requiere de la verificación de su antijuricidad, esto es, que quien lo sufre no tenga la obligación normativa de soportarlo.

En el caso concreto, la Sala advierte que el daño alegado por los demandantes es jurídico —estaban en la obligación de soportarlo— por dos sencillas pero potísimas razones: (i) que ellos conocían previamente de la condición o situación irregular del inmueble y, a pesar de ello, decidieron adquirirlo de forma voluntaria y (ii) en virtud del contenido normativo del artículo 109 del Código Penal(25).

5.3. La Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en la sentencia penal de segunda instancia razonó sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar de la siguiente manera (se trascribe literalmente incluso con eventuales errores):

“Nunca hubo una compra-venta real entre EDILBERTO JIMÉNEZ CORTÉS como vendedor y SÁNCHEZ MORENO y YÁÑEZ PEÑARANDA como compradores y, todo se trata más bien de una simulación, lo cual significa que no existió ni un provecho ilícito con fundamento en esta venta y tampoco el perjuicio ajeno.

“Téngase en cuenta que de las tres declaraciones que cada uno de los supuestos compradores dio, al ser comparadas unas con otras y estas entre sí con lo que dijo el procesado, no se infiere cosa distinta.

“Nótese que mientras el incriminado dijo enfáticamente que no tuvo ninguna relación laboral ni comercial con Félix Alberto Sánchez Moreno... y que nunca hubo ninguna negociación con los supuestos compradores, esto es, que no le vendió a nadie la finca Palermo, los supuestos compradores insisten en que sí existió esa negociación. Empero, ni siquiera Yáñez y Sánchez se ponen de acuerdo en lo mínimo, como es en los pagos que hicieron o mejor aún en la forma como habrían pagado dicho lote.

“Mientras el abogado YÁÑEZ PEÑARANDA sostuvo que como parte del precio —80 millones de pesos— se pactó que se pagaría con su labor profesional para lograr el levantamiento de los embargos que pesaban sobre el mismo, y que incluso, hubo de tener éxito, respecto del que pesaba en el Juzgado 21 Civil del Circuito... y que, para finalizar con un proceso laboral dio 12 o 13 millones de pesos, lo cierto es que nada de eso es verdad porque el proceso ejecutivo que se tramitó en el Juzgado 21 Civil del Circuito terminó por perención, esto es, porque el demandante, durante seis meses, no realizó ninguna actividad procesal y como consecuencia levantó el embargo. Y en cuanto al proceso laboral, solo existe constancia que aun cuando el demandado era el acusado, quien pagó la supuesta obligación fue FABIO RODRÍGUEZ GARCÍA y no YÁÑEZ PEÑARANDA.

“Además, si SÁNCHEZ MORENO nunca admitió haber entregado un solo peso para esos supuestos desembargos y Yáñez Peñaranda siempre ha sostenido que el precio que pactó fue su labor como profesional del derecho y por lo tanto, tampoco entregó ningún dinero de su propio peculio, no se entiende entonces, de dónde afirma este último que ‘dieron’ 12 o 13 millones de pesos para pagar lo de la demanda laboral, máxime si quien pagó fue una persona distinta.

“(...) Asimismo, se contradice con la experiencia el que unos compradores de un predio, habiendo obtenido el desembargo del mismo —si fuere cierto, porque como ya quedó probado no realizaron ninguna actividad en ese sentido— y haber procedido luego, el 19 de octubre de 1992, a registrar una escritura pública de 1989, no hayan, por lo menos, tomado posesión del predio, sino que guardaran silencio, no hicieron valer su derecho de propiedad, no obstante que existían otras personas en posesión del mismo, que no son otras que la familia Koop Pombo.

“Y no es posible admitir como excusa para ello, las restricciones que se impusieron sobre el mismo en este proceso penal, porque tal medida se solicitó por oficio del 15 de enero de 1993, a la oficina de registro de instrumentos públicos, medida que impedía la negociación de dicho inmueble, pero que de ninguna manera les impedía tomar posesión del mismo como dueños, de conformidad con esos mismos registros.

“En consecuencia, SÁNCHEZ MORENO y YÁÑEZ PEÑARANDA no solo sabían de los embargos que pesaban sobre el predio PALERMO cuando lo ‘compraron’, sino que también conocían que el procesado lo había obtenido ilícitamente y por eso fue por lo que nunca lo reclamaron ni ante los jueces civiles, ni ante las autoridades de policía” (mayúsculas del original).

Esta decisión, como se analizará más adelante, constituye cosa juzgada frente a las obligaciones civiles derivadas del delito, toda vez que la normativa aplicable, para casos como el analizado, escindía o dividía los efectos civiles de los penales en aquellos casos de extinción de la acción penal.

Así las cosas, en la providencia de segunda instancia se indicó que no se presentó el delito de estafa frente a los señores Álvaro Yáñez y Félix Sánchez, en la medida en que suscribieron la compraventa sobre el inmueble y realizaron su tradición a sabiendas de la forma ilícita y fraudulenta en que Edilberto Jiménez Cortés había adquirido el terreno.

En otros términos, los demandantes no sufren un daño antijurídico porque pretenden con la acción de reparación directa que se les tutele o ampare una situación que no es jurídicamente protegida, dado que se atentaría contra el brocardo, según el cual nadie puede alegar en beneficio su propia culpa (nemo auditur propiam turpitudinem allegans).

De modo que si los actores conocían la situación irregular del inmueble en su origen y estado —múltiples embargos— no podían aspirar a ser beneficiados con la acción civil ejercida en el proceso penal.

La Corte Constitucional, en relación con la antijuricidad como elemento definitorio del daño, ha sostenido(26):

“Por ende, la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, por lo cual éste se reputa indemnizable. Esto significa obviamente que no todo perjuicio debe ser reparado porque puede no ser antijurídico, y para saberlo será suficiente acudir a los elementos del propio daño, que puede contener causales de justificación que hacen que la persona tenga que soportarlo”.

Significa lo anterior que la antijuricidad del daño no se analiza desde el comportamiento del Estado —es decir con independencia de si la conducta estatal es contraria o no a derecho— sino frente a la víctima, esto es, si se encontraba o no obligada a soportarlo, bien porque una norma le impone ese deber o carga (v.gr. prestar el servicio militar obligatorio, pagar impuestos, entre otros), o porque no es una situación jurídicamente protegida o amparada por el ordenamiento jurídico.

Por su parte, esta sección, con especial sindéresis, ha puntualizado que aun si el daño cuya reparación se pretende fue producido por el Estado, no puede ser reparado o resarcido si fue originado en la acción u omisión voluntaria de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege actuaciones legítimas de los particulares:

“A pesar de que el artículo 90 de la Constitución es claro en señalar que el Estado ‘responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables’, lo cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico no existe definición normativa del concepto de daño antijurídico. Por ello, la jurisprudencia nacional, siguiendo algunos parámetros de la doctrina extranjera, dada la similitud de los artículos 106 de la Constitución Española y 90 de la Constitución Colombiana, ha definido el daño antijurídico como ‘la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho’; o también se ha entendido como el daño que se produce a una persona a pesar de que ‘el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de ‘causales de justificación’. Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber: la primera: no todos los daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (artículos 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del estado social de derecho (artículos 1º y 13 de la carta). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que ‘superan la normal tolerancia’ o que impiden el goce normal y adecuado del derecho. Específicamente en cuanto a la razonabilidad de la limitación del derecho a la propiedad y al límite de la obligación del titular a soportar dicha restricción en el ejercicio de su derecho, para efectos de establecer el deber de los particulares de reparar los daños. En consecuencia, para efectos del caso objeto de estudio, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica de soportarlo. La segunda característica del daño indenmizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (artículo 83 de la Constitución). En otras palabras, así el daño cuya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares(27)”.

En el sub examine, resulta incuestionable que el Tribunal Superior de Bogotá, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso penal arribó a la conclusión que los aquí demandantes conocían con suficiencia la situación irregular que presentaba el inmueble y, no obstante, decidieron adquirirlo asumiendo de esta forma el riesgo de ser despojados del dominio de aquel.

De modo que la afectación padecida por los demandantes es jurídica y estaban en la obligación de soportarla, en cuanto con su comportamiento auspiciaron la producción del daño, consistente en la pérdida del derecho de propiedad.

5.4. De otro lado, el artículo 109 del Código Penal de 1980 —norma aplicable a los supuestos fácticos analizados— establecía expresamente que la extinción de la punibilidad no comprendía las obligaciones civiles.

La Corte Constitucional declaró exequible la citada disposición, en la medida que garantizaba una adecuada protección de los bienes jurídicos de las víctimas, con independencia de la supresión de la persecución penal:

“En lo que se refiere a la acción civil y a la extinción de la punibilidad de conformidad con lo dispuesto por todo el artículo 109 del estatuto demandado, la Corte no admite como válidas las aseveraciones del actor en las que señala que no es constitucionalmente admisible que las causas de extinción de la acción penal no comprendan las obligaciones civiles derivadas del hecho punible, pues según su criterio, los afectados con el delito tendrían muchas posibilidades de hacerse presentes dentro del proceso en busca de la reparación de los daños que se les haya causado, puesto que no se pueden desconocer los principios generales del derecho que aparecen desde el preámbulo de la carta política, para efectos de provocar un beneficio como el del enriquecimiento con causa ilícita, contrario a los fundamentos del orden social justo que se construye a partir de la normatividad superior. De otra parte, la protección de la vida, honra y bienes de los asociados es un principio fundamental del ordenamiento jurídico político, que no admite desconocimiento alguno, como resultaría de admitir los planteamientos de la demandar(28)” (negrillas del original).

Entonces, si bien a la luz del artículo 76 del Código Penal de 1980(29), la condena penal no quedaba ejecutoriada en los casos de extinción de la acción penal por muerte del procesado [hecho probado 4.6.], lo cierto es que los efectos civiles sí cobraban ejecutoria, máxime si, como ocurrió en el caso sub examine, ya existían decisiones de primera y de segunda instancia sobre la reparación civil de los sujetos procesales.

Lo anterior no quiere significar, a diferencia de lo planteado en el recurso de apelación, que se desconozcan los principios de presunción de inocencia, cosa juzgada y unidad del ordenamiento jurídico, toda vez que la propia ley aplicable —al igual que lo hace el Código Procesal Penal hoy vigente—(30) escindía los efectos civiles de la condena penal, sin producirles una litispendencia, en aquellos casos en que se declara la extinción de la acción penal.

La doctrina autorizada, en relación con el contenido y el alcance del artículo 109 del Código Penal de 1980, precisaba:

“La muerte del condenado extingue las consecuencias jurídicas de una sentencia condenatoria (cumplimiento de penas principales y accesorias y de medidas asegurativas), pero deja vigente los efectos civiles indemnizatorios que de ella se derivan (C.P., art. 109); cuando tales perjuicios han sido reconocidos en abstracto o concretamente en la sentencia, su beneficiario —perjudicado con el delito— tiene derecho a hacerlos efectivos...(31)”.

De allí que la hermenéutica prohijada en el recurso de apelación generaría una inocuidad o vaciamiento absoluto de la norma contenida en el artículo 109 del Decreto-Ley 100 de 1980 (antiguo Código Penal), porque se equipararía indebidamente la extinción de la acción penal con los efectos absolutorios, por lo que se lo restaría todo efecto o consecuencia a la norma(32), es decir, se inaplicaría en su integridad, en tanto que, bajo esa lógica o razonamiento, toda extinción de la acción penal supondría una absolución y, por consiguiente, una supresión total de las obligaciones emanadas de la posible conducta punible.

En efecto, el razonamiento de los demandantes pugna con los postulados o principios básicos de la lógica formal y de la teoría de la argumentación, ya que incurre en la denominada falacia non sequitur, por cuanto de la extinción dela acción penal no se sigue la absolución penal y civil como equivocadamente se sostiene en el recurso de apelación, sino única y exclusivamente la cesación del procedimiento criminal como consecuencia de la inexistencia del sujeto activo del delito.

Por tanto, el auto de obedézcase y cúmplase, del 24 de noviembre de 2000, proferido por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, se ajustó al ordenamiento jurídico, porque los efectos civiles de la reparación ordenada a favor de la señora Elsa Koop de Pombo quedaron incólumes, con independencia, se itera, de la suerte de la acción penal.

5.5. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada porque: (i) no se omitió la valoración de pruebas en el plenario; (ii) tampoco se aplicó indebidamente el artículo 109 del Código Penal de 1980; (iii) se verificó que los demandantes conocían la situación irregular del inmueble y aun así se expusieron de manera voluntaria a su compra; (iv) se determinó que la víctima directa del ilícito fue la señora Elsa Koop de Pombo y, por ende, (v) que era viable y necesario restablecer el derecho conculcado con la cancelación del folio de matrícula inmobiliaria ilegalmente obtenido.

5.6. Por último, la sentencia de tutela del 6 de marzo de 2001, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia [hecho probado 4.8.], no evidencia error alguno, pues simplemente señaló que los demandantes contaban con las acciones civiles para hacer efectivos sus derechos contra la masa sucesoral del señor Edilberto Jiménez Cortés.

En suma, la Sala confirmará la sentencia apelada en cuanto denegó las súplicas de la demanda, porque el daño alegado es jurídico y el auto del 24 de noviembre de 2000 se avino al ordenamiento jurídico vigente, en relación con las obligaciones civiles derivadas del ilícito.

6. Condena en costas.

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 —que modificó el artículo 170 del CCA— indica que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado con temeridad o mala fe; dado que ninguna procedió de esa forma no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la Sentencia del 12 de septiembre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

2. Sin lugar a costas.

3. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(6) Suma que resulta de multiplicar 500 por el salario mínimo mensual vigente de 2002, es decir, $ 309.000,00.

(7) “Al respecto es de anotar que cuando se imputa responsabilidad al Estado administrativa por error en una providencia judicial, el daño se concreta con la ejecutoria de dicha decisión, razón por la cual el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al acaecimiento de aquella”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto del 9 de mayo de 2011, exp. 40196, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

(8) Fls. 14 y 15, c. 3.

(9) Fls. 17 y 18, c. 3.

(10) Fls. 49 y 50, c. 3.

(11) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022, M.P. Enrique Gil Botero. La Corte Constitucional, en idéntico sentido, reconoció valor probatorio a las copias simples en Sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.

(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Rad. 16.533.

(13) Fls. 1 a 9, c. 3.

(14) Fls. 14 y 15, c. 3.

(15) F. 17, c. 3.

(16) Fls. 151 a 172, c. 9.

(17) Fls. 23 a 44, c. 3.

(18) Fls. 45 a 48, c. 3.

(19) Fls. 49 y 50, c. 3.

(20) Fls. 51 a 58, c. 3.

(21) Que, por cierto, la doctrina mayoritaria civilista desecha.

(22) Nota del original: “En este sentido pueden verse también las sentencias del 2 de marzo de 2000, rad. 11.135; 9 de marzo de 2000, rad. 11.005; 16 de marzo de 2000, rad. 11.890 y 18 de mayo de 2000, rad. 12.129”.

(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2002, rad. 12.625.

(24) “Uno de los supuestos esenciales de la responsabilidad civil por hechos ilícitos consiste en la lesión de un derecho o cuando menos de un interés jurídicamente apreciable. En este terreno, los jueces detentan un poder discrecional de gran trascendencia, en cuanto a valoración del merecimiento de tutela del interés vulnerado”. VISINTINI, Giovanna “¿Qué es la responsabilidad civil?”, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2015, p. 101.

(25) “ART. 189.—Obligaciones civiles y extinción de la punibilidad. Las causas de extinción de la punibilidad no comprenden las obligaciones civiles derivadas del hecho punible”.

(26) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2005, exp. 12.158, M.P. Alier E. Hernández Enríquez. Ver, en igual sentido: Sección Tercera, Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, M.P. María Elena Giraldo Gómez.

(28) Sentencia C-087 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(29) “ART. 76.—Extinción por muerte. La muerte del sindicado extingue la respectiva acción penal. La del condenado, la pena; y la del inimputable, la medida de seguridad”.

(30) El artículo 80 de la Ley 906 de 2004, establece: “La extinción de la acción penal producirá efectos de cosa juzgada. Sin embargo, no se extenderá a la acción civil derivada del injusto ni a la acción de extinción de dominio”; norma declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-828 de 2010, M.P. Humberto Sierra Porto.

(31) REYES Echandía, Alfonso “Obras completas”, Tomo I, Ed. Temis, Bogotá, p. 292.

(32) “El conocido principio de interpretación de las normas jurídicas, a partir del ‘efecto útil’ de éstas, enseña que, entre dos posibles sentidos de un precepto, uno de los cuales produce consecuencias jurídicas y el otro a nada conduce, debe preferirse el primero”. Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.