Sentencia 2002-02003 de marzo 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Radicación: 68001-23-31-000-2002-2003-01 (35934)

Consejero Ponente:

Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa

Actor: Israel Gonzalo Gómez Correa y otros

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Proceso: Acción de reparación directa

Asunto: Recurso de apelación (sentencia).

Bogotá, D.C., catorce de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones

1. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado.

En relación con la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.

De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración”(12).

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(13) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

2. El derecho a la libertad individual.

Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.

Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.

3. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad.

La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:

En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial(14).

También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”(15).

Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.

Dijo entonces el Consejo de Estado:

“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.

“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas”(16).

En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,(17)(18) eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:

“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”(19).

En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.

Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.

En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, debe ordenar su reparación.

En síntesis, la privación injusta de la libertad no se limita a las hipótesis previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y además no interesa que ella sea intramural, domiciliaria, o consista en restricciones para salir del país o para cambiar de domicilio.

Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

4. Culpa exclusiva de la víctima.

Pese a lo anterior, no debe olvidarse que aún en estos eventos en que se tiene por probado el daño antijurídico y se constata que el mismo es imputable de manera objetiva a la entidad demandada; previamente a condenar se debe examinar si no existe culpa exclusiva o concurrente de la víctima de la privación injusta, en el acaecimiento de la misma, tal como lo dispone el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, que reza:

“El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.

Previamente a verificar la existencia o no de esta causal de exoneración de responsabilidad del Estado, la Sala estima necesario examinar los precedentes constitucionales y de la Jurisdicción contencioso administrativa, en relación con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

A propósito de esta disposición, lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1996 fue lo siguiente:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (C.P., art. 95-7), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual “nadie puede sacar provecho de su propia culpa”.

La norma, bajo la condición de que es propio de la ley ordinaria definir el órgano competente para calificar los casos en que haya culpa exclusiva de la víctima, será declarada exequible”.

Transcrita las consideraciones de la Corte Constitucional en relación con este precepto, resulta indispensable puntualizar las conclusiones a las que ha llegado esta Sala en torno a la culpa exclusiva de la víctima como elemento que excluye la responsabilidad del Estado.

“La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Así pues, en punto de los requisitos para considerar que concurre, en un supuesto específico, el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad administrativa, la Sala ha expresado:

«Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado:

“… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”(20).

De igual forma, se ha dicho:

“…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos:

— Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil.

— El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración (…)”(21)» (resaltado fuera del texto original).

Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder —activo u omisivo— de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. Y ello como quiera que la Sala ha señalado que el hecho de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad o de reducción del monto de la condena respectiva, debe constituir, exclusiva o parcialmente, causa eficiente del perjuicio reclamado, pues de no ser así se estaría dando aplicación a la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada por la doctrina y la jurisprudencia, desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad”(22).

5. Caso concreto.

Con base en el precedente que se acaba de reseñar, de las pruebas existentes sobre las circunstancias en las cuales se produjo la medida de aseguramiento en el caso concreto, se colige que la privación de la libertad que sufrió el señor Israel Gonzalo Gómez Correa cuando fungía como Alcalde Municipal de San Miguel - Santander se produjo como resultado de una actuación imputable a él mismo.

En efecto, en el proceso se encuentra demostrado que el señor Israel Gonzalo Gómez estuvo privado de la libertad desde el día 25 de abril de 2001(23), fecha en la que se hizo efectiva la medida de aseguramiento proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga(24) hasta el día 1º de julio del año 2001(25) cuando mediante providencia proferida el 31 de mayo de 2001(26) se ordenó su libertad inmediata previa solicitud del apoderado de la parte actora al encontrar prueba sobreviniente.

De igual forma, está demostrado que la investigación penal llevada a cabo en contra de Gómez Correa fue precluida mediante resolución proferida el 10 de enero de 2002 por la Fiscalía Segunda Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga(27).

No obstante lo anterior, la Sala precisa que existen suficientes elementos de juicio como para predicar la ausencia de imputación del daño a la entidad demandada por configurarse un evento de culpa exclusiva de la víctima; al respecto hay que recapitular los motivos originarios de la imposición de dicha medida, empezando por estudiar lo declarado por el señor Israel Gonzalo Gómez Correa en la fase inicial de la investigación llevada a cabo en su contra, cuando en la continuación de la diligencia de indagatoria rendida por éste el día 14 de febrero de 2001 al preguntarle “el motivo de la celebración de órdenes de prestación de servicios con personas que tenían inhabilidades e incompatibilidades para contratar de acuerdo con los artículos 8º y 9º de la Ley 80, entre ellos la señora Carmen Aliria Ayala Villamarín, hermana del concejal Jesús Ayala (…)”, respondió textualmente lo siguiente:

“En primer lugar, CARMEN ALIRIA para mí no es hermana de JESÚS AYALA VILLAMARÍN porque primero ellos nunca convivieron en un solo lugar y segundo CARMEN ALIRIA es hija reconocida por el papá de JESÚS AYALA y coinciden en el segundo apellido con apellido legítimo de JESÚS, igualmente el señor JESÚS AYALA VILLAMARÍN no es ordenador de gasto ni fue presidente del concejo municipal (…)”.

De igual forma, en la misma diligencia y al preguntarle de nuevo el ente investigador acerca de la contratación celebrada entre la administración municipal y el señor Numar Ayala Villamarín, “hermano del mencionado concejal”, contestó:

“Lo mismo que Carmen Aliria, él si es hermano legítimo de CARMEN ALIRIA con el concejal son medios hermanos y yo considero que desde que no hayan convivido en el mismo hogar no consideron (sic) que sean hermanos legítimos y por lo tanto no hay inhabilidad yo supe que eran medios hermanos de JESÚS AYALA sólo hasta mucho después que se abrieron investigaciones cortejando los registros civiles (…)”.

Así las cosas y teniendo en cuenta dicha declaración, la Fiscalía Segunda procedió a realizar un acucioso estudio de la Ley 80 de 1993 y de otras normas referente a la contratación estatal(28), deduciendo que efectivamente existía una inhabilidad entre los señores Numar Ayala Villamarín y Carmen Aliria Ayala Villamarín y el concejal de ese entonces Jesús Ayala Villamarín, pues estos se encontraban en el segundo grado de consanguinidad al ser medios hermanos descendientes del mismo padre, por lo que Gómez Correa no podía celebrar con ellos cualquier clase de contrato; siendo así, las ordenes de prestación de servicio libradas violentaban el artículo 144 del Código Penal vigente para esa época, configurándose el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Como puede evidenciarse, la actuación procesal del sujeto, en este caso la declaración rendida, fue la que direccionó la investigación y conllevó a la imposición de la medida de aseguramiento, siendo apenas razonable por la inducción que la propia víctima hizo de la investigación penal, al declarar que sabía que los sujetos contratados eran hermanos del concejal Jesús Ayala, pero que por el hecho de no haber convivido nunca bajo el mismo techo, éste no los consideraba hermanos.

Por otro lado, si bien la investigación realizada en contra de Israel Gonzalo Gómez Correa fue precluida por una prueba sobreviniente al proceso, cabe decir que la privación de la libertad del Gómez Correa se dio por el indicio grave que existía en su contra, debido a las declaraciones realizadas por él mismo y por las personas involucradas en la inhabilidad comentada tantas veces, es decir, esta se profirió por la actuación del hoy víctima directa, siendo justificada.

Además, destaca la Sala que se encuentran acreditados los elementos objetivos de la conducta gravemente culposa del señor Israel Gonzalo Gómez Correa, pues en el caso que nos ocupa, el demandante teniendo dudas del vínculo de parentesco que existía entre los señores Ayala, estando a su cargo el deber verificar si efectivamente existía algún tipo de inhabilidad para la celebración del contrato, omitió dicho deber y procedió a autorizar su celebración, conducta ésta que resulta reprochable.

De otra parte, se evidencia que la situación de parentesco entre los hermanos Ayala era un hecho notorio aceptado incluso por ellos mismos, tal como se deriva de las declaraciones(29) hechas a lo largo del proceso penal cuando se les preguntó a los involucrados si tenían algún tipo de parentesco y éstos respondieron que eran hermanos hijos del señor Marcelino Ayala Pérez, pero que nunca tuvieron una relación de hermandad al ser criados en hogares diferentes.

Pues bien, en el presente caso la culpa exclusiva de la víctima se presenta como elemento determinante para que se concrete la exoneración de responsabilidad de la demandada, pues fue la actuación del accionante la que dio lugar a que se iniciara la investigación penal en su contra.

Así las cosas, es evidente que la conducta desplegada por el sujeto privado de la libertad fue determinante en la investigación que se inició en su contra y en la consecuente imposición de la medida de aseguramiento; verificándose así, lo que jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha denominado culpa exclusiva de la víctima, como causal de exoneración de responsabilidad del Estado, aplicable en los casos de privación injusta de la libertad, pese al régimen objetivo que opera en estos eventos.

Recapitulando, a juicio de la Sala está plenamente acreditado que la privación de la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la accionada sino en su propia conducta, con independencia de que ésta hubiese sido suficiente para proferir un fallo condenatorio en su contra, pues la función del juez contencioso administrativo es independiente de la del juez penal.

La reprochable conducta de la víctima, en el caso sub examine, hace que la decisión adoptada por la autoridad judicial aparezca proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos que colisionan en el caso concreto: efectividad de las decisiones a adoptar por la Administración de Justicia, de un lado; y esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro(30).

En conclusión y como ya se dijo, dadas las circunstancias del caso concreto, se dan los presupuestos para afirmar que se trata de un evento de culpa exclusiva de la víctima, que da lugar a exonerar de responsabilidad patrimonial al Estado.

Hechas las anteriores precisiones la Sala confirmará la sentencia del 16 de mayo de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en ésta providencia.

En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida del 16 de mayo de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por las razones expuestas en esta providencia.

2. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada la presente sentencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

12 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

13 “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 174.

14 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1º de octubre de 1992, expediente: 10923.

15 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de mayo de 200, expediente 15989.

16 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente 8666.

17 Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

18 Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios.

Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave.

19 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente 10056.

20 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 25 de julio de 2002, expediente 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B.

21 Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sentencia de 2 de mayo de 2002, expediente 13262, Actor: Héctor A. Correa Cardona y otros. Esta tesis ha sido reiterada en varias oportunidades por esta Sala, al respecto véase, entre otras, la Sentencia de 20 de abril de 2005, expediente 15784, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y la Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo. En este sentido véase también la Sentencia de 18 de octubre 2000, expediente 11981.

23 Copia autentica del Acta de Compromiso suscrita por el señor Gómez Correa esa misma fecha (fl. 314, cdno. 2), además se allegó constancia expedida por el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, en donde manifestó que Israel Gonzalo Gómez Correa cumplió detención domiciliaria desde el 25 de abril hasta el 1º de junio del año 2001 (fl. 25, cdno. 1).

24 Medida proferida el día 4 de abril de 2001, folios 280-294, cuaderno 2.

25 Original de la constancia expedida por el Instituto Penitenciario y Carcelario, Inpec, en donde manifestó que Israel Gonzalo Gómez Correa cumplió detención domiciliaria desde el 25 de abril hasta el 1º de junio del año 2001 (fl. 25, cdno. 1).

26 Folios 465-470, cuaderno 2.

27 Folios 2-22, cuaderno 1.

28 Como lo fue la Ley 53 de 1990, la cual en su artículo 19 establece que:

ART. 19.—El artículo 87 del Código de Régimen Municipal (D.L. 1333/86), quedará así:

“Los concejales principales y suplentes, no podrán ser nombrados empleados oficiales del respectivo municipio, a menos que fuese en los cargos de alcalde, por designación o nombramiento. En tal caso se producirá pérdida automática de su investidura a partir de la fecha de su posesión.

El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del alcalde, de los concejales principales o suplentes, del Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o Revisores, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el mismo, dentro del período para el cual fueron elegidos. No se dará posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa comprobación”.

29 En declaración juramentada realizada el día 24 de abril de 2001, la señora Carmen Aliria Ayala al preguntársele el grado de parentesco que mantenía con el concejal Jesús Ayala, respondió: “si somos hermanos por papá. Mi papá se llamaba Marcelino Ayala Pérez. Con Jesús Ayala casi nunca nos hemos tratado como hermanos ni como familia, simplemente somos vecinos (…)”. (fl. 340, cdno. 2).

Así mismo, al preguntársele al señor Numar Ayala el mismo interrogante, este respondió: “Parece que somos hermanos. Llevamos los mismos apellidos pero nunca nos hemos tratado como hermanos. Somos vecinos y amigos (…)” (fl. 342, cdno. 2).

Por último, el señor Jesús Ayala respondió a la misma pregunta, lo siguiente: “Con Carmen Aliria y Numar Ayala Villamarín no nos estimamos como hermanos. Mi papá Marcelino Ayala Pérez tal vez los reconoció como hijos pero él nunca nos manifestó a nosotros eso (…)”. (Fl. 341, cdno. 2).

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15.463, C.P. Mauricio Fajardo.