Sentencia 2002-02006 de agosto 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Radicación: 25000-23-26-000-2002-02006-01(29571)

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: XXXX XXXX XXXX y otros

Demandado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y otro

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., 29 de agosto de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

7. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.

7.1. De otro lado, comoquiera que ambas partes, esto es, los demandantes y el Inpec apelaron la decisión de primera instancia, esta corporación puede conocer sin limitación alguna el presente asunto, en los términos del artículo 357(2) del Código de Procedimiento Civil.

II. Validez de los medios de prueba

8. En relación con la totalidad de pruebas obrantes en el presente asunto, cabe destacar lo siguiente:

8.1. Fueron rendidas tres declaraciones de manera previa a la iniciación del proceso contencioso administrativo por parte de los señores XXXX, XXXX y XXXX, en la Notaría Cincuenta y Cuatro del Círculo de Bogotá D.C., los días 31 de julio y 25 de agosto del 2000. Respecto de los dos primeros testimonios, conviene aclarar que se constituyen en pruebas sumarias las cuales no fueron ratificadas en los términos del artículo 229(3) del Código de Procedimiento Civil, normativa aplicable en virtud de la remisión que hace el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo al estatuto procesal civil en los aspectos que este no regule y por consiguiente, su contenido no podrá ser valorado en consideración a su carencia de mérito probatorio(4). No obstante lo anterior, el testimonio del señor XXXX XXXX XXXXX sí podrá ser estimado, en la medida en que dicha declaración se encuentra ratificada en términos similares dentro de la presente litis, de conformidad con la norma de la ley procesal señalada —el testigo referido se pronunció de manera parecida en ambas declaraciones, esto es, en la declaración extraproceso y en la diligencia de recepción de testimonio practicada en el desarrollo de la primera instancia, sin que hubiera leído sus primeras afirmaciones—.

8.1.1. De otra parte, en cuanto a la última declaración y en relación con aquella que fue rendida por el mismo tercero ante el tribunal a quo, se advierte que este testigo aceptó ser el hermano de la víctima, motivo por el cual, en principio, su dicho será tenido por sospechoso a la luz del artículo 217(5) del Código de Procedimiento Civil, puesto que su percepción sobre los sucesos y demás circunstancias sobre las que informa podría estar alterada dado el parentesco con el occiso y los sentimientos que se derivan de dicho vínculo respecto de los integrantes de la parte demandante; sin embargo, es claro que ello no lleva a descartar de plano su versión, sino que su valoración depende de la credibilidad que pueda revelar la misma(6) (declaración extrajuicio rendida ante la Notaría 54 del Círculo de Bogotá D.C., y declaración rendida ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, por el señor XXXX; fls. 10, 368-369, cdno. pbas.).

8.2. Respecto de la investigación disciplinaria adelantada por el órgano de investigaciones internas del Inpec, la cual fue aportada en copias auténticas por la entidad referida en contestación a los oficios ordenados por el auto que abrió a pruebas el presente proceso, identificada con el número 09-F-16/98 (fls. 147, 251, 313-362, cdno. pbas.), se debe recordar que el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil dispone que las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copias auténticas y serán apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. De otro lado, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de esta corporación, las pruebas recaudadas en un proceso distinto pueden ser valoradas dentro del proceso contencioso administrativo —aunque no hayan sido practicadas a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella, ni hayan sido objeto de ratificación— si las dos partes solicitan su traslado, pues se ha entendido que es contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión(7).

8.2.1. De esta manera, es claro que los medios de prueba practicados o allegados a la investigación referida son susceptibles de valoración sin formalidad adicional alguna, habida consideración de que tanto la parte demandante como la demandada solicitaron que esas pesquisas se allegaran en su totalidad(8). Igualmente, conviene señalar que dentro de las averiguaciones disciplinarias mencionadas, obra una declaración juramentada de la señora XXXX XXXX XXXX, cuyo dicho, al ser ella integrante de la parte demandante en el sub judice, no puede ser valorado como una declaración de tercero sino como una manifestación de parte, cuya finalidad es la obtención de una confesión. En consecuencia, en caso de resultar relevante, la declaración en mención solo podrá ser estimada en aquello que le produzca consecuencias jurídicas adversas a la confesante o, que favorezcan a la parte contraria, de acuerdo a lo establecido por el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

8.2.2. Ahora bien, se debe esclarecer que en sentido opuesto a lo considerado en relación con el procedimiento disciplinario señalado, la investigación penal iniciada por la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX y allegada por la autoridad que estuvo encargada de su trámite, es decir, las fiscalías pertenecientes a la unidad primera de delitos contra la vida y la integridad personal, no reúne los requisitos pertinentes establecidos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco fue solicitado su traslado por ambas partes del presente juicio y por consiguiente, el Consejo de Estado no puede apreciar los testimonios y declaraciones obrantes en esta, pero sí puede valorar las copias auténticas(9) de los documentos públicos que se encuentren dentro de la investigación aludida —copias que fueron tomadas de los cuadernos originales de las preliminares 379192; fl. 186, cdno. pbas.—, comoquiera que tienen el mismo valor probatorio de los originales en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y, los informes técnicos y peritaciones de entidades oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 ibídem.

8.3. Por su parte, en el sub lite obran diversos medios de prueba que fueron aludidos en los recursos de apelación interpuestos por ambas partes procesales del presente asunto con el fin de sustentar sus respectivos discursos argumentativos dirigidos, por un lado —parte demandante—, a obtener el reconocimiento de la indemnización de los perjuicios morales alegados por los demás actores distintos a la señora XXXX XXXX XXXX y, de otro —Inpec—, a desestimar el dolor aducido por dicha demandante y la consecuente indemnización a sus sentimientos reconocida en la sentencia de primera instancia, con ocasión de la muerte que se constituye en la fuente del presente litigio. Es así como tanto la parte demandante como demandada se refirieron en sus medios de impugnación a unas cartas escritas por la víctima antes de fallecer y dirigidas a distintas autoridades, las cuales, se debe destacar, fueron aportadas por los actores al presentar su demanda, así como a los testimonios de los señores XXXX y XXXX, practicados igualmente por petición elevada por los demandantes en el libelo introductorio(10).

8.3.1. Respecto de los elementos de convicción reseñados, la Sala considera pertinente mencionar que efectuará su valoración y análisis de manera integral, completa y conjunta con los demás medios probatorios obrantes en el plenario, siendo competente para ello y encontrándose obligada a hacerlo de conformidad con los principios y normas que informan el derecho probatorio, teniendo en cuenta la finalidad y naturaleza del presente proceso de reparación directa y con observancia del contenido de los recursos de apelación respectivos.

8.3.2. Es así como conviene precisar que la incorporación de las pruebas señaladas al expediente, mediante su aporte o práctica respectivamente, se dio con el pleno cumplimiento de los requisitos legales establecidos por el estatuto procesal civil sin que sea viable aseverar que en su adquisición y en su subsiguiente valoración se hubiera presentado o se configure una vulneración de un derecho fundamental o una afectación a una garantía procesal que obligue a que esta corporación excluya expresamente de su conocimiento el medio probatorio respectivo, máxime cuando existen medidas alternativas que dejan incólume la facultad de valorarlas a la vez que salvaguardan los intereses constitucionales y legales de los integrantes de las partes del presente conflicto judicial.

8.3.3. Ciertamente, en cuanto a la correspondencia(11) enviada por el señor XXXX XXXX XXXXX al Instituto de Bienestar Familiar y a las autoridades del centro carcelario en el que se encontraba recluido, se advierte que si bien contiene información de carácter sensible y personal(12) respecto de los demandantes, especialmente de la señora XXXX XXXX XXXX, lo que podría conllevar a sostener que la Sala no puede pronunciarse sobre esta debido a que se encontraría obligada a mantener su reserva, lo cierto es que las cartas respectivas no fueron obtenidas como el resultado de una pesquisa de carácter administrativo o judicial o de su aporte exclusivo por la parte demandada —entidad que no tiene derecho alguno para disponer sobre el contenido de dicha correspondencia— sin que hubiera mediado la autorización personal pertinente para su incorporación —ver nota 12—, de tal manera que se pudiera argüir que con su estimación se produciría una intromisión indebida del Estado en la vida privada de los integrantes de la parte demandante como titulares de dicha información, sino que fueron allegadas por ellos mismos y tenidas como pruebas documentales por auto proferido por el tribunal a quo el 4 de octubre de 2001(13), lo que implica que los actores permitieron su valoración bajo la lógica del proceso judicial contencioso administrativo y por consiguiente, el operador judicial debe estimarlas cabal e imparcialmente para adoptar la decisión que le compete, de acuerdo con los principios probatorios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico y siempre que resulten pertinentes, conducentes y útiles.

8.3.4. En consecuencia, la estimación íntegra y completa de los elementos de convicción aducidos se fundamenta principalmente en los siguientes principios de derecho probatorio que a su vez garantizan el debido proceso de las partes en el presente asunto, consistentes en:

(i) el principio de la necesidad de la prueba, el cual se deriva de lo dispuesto por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil a cuyo tenor, “[t]oda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegas al proceso”, regulación que pretende que el juez llegue a la resolución imparcial del conflicto con respeto a la igualdad de las partes. En este sentido, la doctrina jurídica ha destacado que:

Se refiere este principio a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial, estén demostrados con pruebas aportadas al proceso por cualquiera de los interesados o por el juez, si este tiene facultades, sin que dicho funcionario pueda suplirlas con el conocimiento personal privado que tenga sobre ellos, porque sería desconocer la publicad y la contradicción indispensable para la validez de todo medio probatorio y el derecho de defensa. (...) Este principio representa una inapreciable garantía para la libertad y los derechos del individuo, que de otra manera estarían en manos de jueces parciales y a merced de decisiones que no podrían ser revisadas por el superior(14).

(ii) el principio de unidad de la prueba, el cual encuentra sustento en lo señalado por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil de conformidad con el cual “[l]as pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos”, disposición que tiene como fin que se genere el convencimiento necesario para adoptar una decisión del litigio justa, legal y acorde a la realidad que devele el material probatorio(15);

(iii) el principio de comunidad de la prueba, según el cual los medios probatorios como actuaciones procesales no están sujetas a la voluntad de las partes, sino que cuando los mismos son incorporados al proceso y obran en el expediente, no pueden ser desechados por la mera voluntad de los intervinientes, incluyendo al juez(16), de lo que igualmente se sigue que no se pueden valorar los elementos de convicción aportados o solicitados por una de las partes solamente a su favor. De esta manera, se ha señalado con razón que “[c]onsecuencia de la unidad de la prueba es su comunidad, esto es, que ella no pertenece a quien la aporta y que es improcedente pretender que solo a este beneficie, puesto que, una vez introducida legalmente al proceso, debe tenérsele en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho a que se refiere, sea que resulte en beneficio de quien la adujo o de la parte contraria, que bien puede invocarla. // Este principio determina la inadmisibilidad de la renuncia o desistimiento a la prueba ya recibida, como lo dispone expresamente el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil; se exceptúa el caso del documento presentado por una parte y tachado de falso por la otra, que puede ser retirado por aquella, en el proceso civil, laboral y contencioso administrativo”, y

(iv) el principio de estimación de la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según el cual “[n]o se concibe un proceso moderno (civil, penal, laboral, etc.), sin que el juez tenga libertad para apreciar las pruebas allegadas, conforme a las reglas de la sana crítica”(17).

8.3.5. Cabe señalar que no obstante los anteriores principios no son absolutos, por cuanto deben ceder en pro del respeto y garantía de derechos de rango fundamental de las partes procesales, premisa en virtud de la cual se ha señalado que cuando existen pruebas en el expediente que son adquiridas con violación al debido proceso(18) o cuya apreciación pone en riesgo o vulnera derechos del carácter mencionado(19), deben ser desechadas o ignoradas, se impone reiterar que en el presente asunto no se configuró violación alguna en la obtención de la correspondencia pertinente así como tampoco se producirá una vulneración al momento de su apreciación, en la medida en que fueron los titulares de la información contenida en esta quienes decidieron aportarla al proceso judicial, disponiendo de su derecho sobre ella, levantando la reserva de los datos respectivos para la valoración ecuánime que debe efectuar el juez de lo contencioso administrativo y, habida cuenta de que su estimación se hace necesaria no solo porque constituye un aspecto primordial de los dos recursos de apelación en virtud de los cuales esta corporación conoce del presente asunto, sino también dado que la información que contiene revela aspectos de importancia relacionados con el reconocimiento y estimación de la cuantía de la indemnización de los perjuicios morales solicitados por la parte actora en su demanda, circunstancia que asimismo resulta afín a la naturaleza de la acción de reparación directa incoada y que se encuentra dentro del margen de competencia de la Sala al efectuar el juicio de responsabilidad extracontractual del Estado.

8.3.6. Efectivamente, como se verá al momento de apreciar las cartas señaladas, la perspectiva del difunto de quienes conforman la parte activa de este litigio podría tener la potencialidad de brindar fundamentos de una decisión favorable o desfavorable respecto de cada uno de los medios de impugnación en cuanto al reconocimiento de los perjuicios morales aducidos como padecidos por los demandantes, teniendo en cuenta que en los eventos de muerte de un ser querido, dicho detrimento se circunscribe a la afectación de los sentimientos, el dolor, el sufrimiento o la congoja derivados del vínculo afectivo con la persona que soporta directamente el daño demandado y cuya existencia o magnitud puede verificarse a partir de manifestaciones externas de los que aseveran haberlo sufrido, estudio que claramente no puede ser desligado de la competencia del juez que conoce en virtud de la acción de reparación directa la responsabilidad del Estado y que debe decidir de conformidad con su buen juicio, arbitrio judice o en equidad, como se debe proceder a resarcir dicho detrimento de conformidad con las pruebas que obren en el plenario(20).

8.3.7. De otro lado, se considera oportuno destacar que resultaría manifiestamente inadecuado efectuar una apreciación incompleta o parcializada de las cartas remitidas por el difunto para valorarlas únicamente a favor de la parte demandante, bajo un argumento de defensa del derecho de intimidad de quienes aseveraron ser su familia, más aún cuando fueron ellos quienes sometieron la información correspondiente al desarrollo del proceso judicial, toda vez que con observancia de las premisas o principios probatorios aducidos, con ello se vulneraría los derechos de debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia de la contraparte de los actores. Ciertamente, sostener que una prueba solo se puede valorar a favor de una de las partes procesales bajo una argumentación de respeto a uno de sus derechos fundamentales, vulnera en sí mismo el cimiento constitucional propio del proceso judicial, en el cual debe imperar la igualdad de quienes actúan en él, así como la imparcialidad y la libertad del juez para estimar los medios probatorios con los que se cuente con el fin de arribar a una decisión justa y acorde a la realidad de la situación que consagre el efecto jurídico pertinente. De esta manera, cabe señalar que un medio probatorio se valora en su totalidad al constituirse en una prueba legal, lícita y constitucional en su totalidad, o no se estima por completo de no cumplir con los requisitos necesarios para ello.

8.3.8. Ahora bien, sin perjuicio de las consideraciones precedentes, es decir, partiendo de que la aportación y valoración global de las pruebas documentales descritas no trasgredió ni vulnera per se los derechos fundamentales de los integrantes de las partes o el debido proceso, sino que por el contrario, su apreciación es imprescindible, la Sala no desconoce que dicha necesidad se limita exclusivamente a las implicaciones que los medios probatorios aludidos pueden llegar a producir dentro del presente juicio para las partes en sus pretensiones o excepciones y como precedente jurisprudencial, de lo que no se sigue indispensable y razonable que la identificación de los actores sea de conocimiento público y por ende, con la finalidad de no afectar innecesariamente su intimidad o hacer recaer sobre sus cabezas una estigmatización social injustificada alterando negativamente su derecho al buen nombre, se ordenará que en la publicación que se efectúe de la sentencia tanto en su versión magnética así como física y destinada al tomo copiador, se omitan los nombres de todos los demandantes y de la víctima —incluyendo el material probatorio que los mencione—, el cual debe ser remplazado por las letras AA, BB, CC, DD, etc., de tal forma que solo las copias destinadas a las partes y el original que reposará en el expediente cuente con dichos datos de identidad. Asimismo, se instará a la parte demandada y al tribunal a quo al cual se devolverá el expediente, para que guarden el nombre de los integrantes de la parte demandante.

8.3.9. Finalmente, en relación con los testimonios señalados, se observa que tanto en su práctica como en su contenido no se percibe vulneración alguna a un derecho fundamental de las partes, para lo que cabe destacar que estos no hacen mención a aspectos que sean de la vida íntima y privada de los demandantes y por consiguiente, serán libremente apreciados.

III. Los hechos probados

9. De conformidad con el material probatorio allegado al proceso contencioso administrativo y valorado en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

9.1. El señor XXXX XXXX XXXXX ingresó a la Cárcel Nacional Modelo el 26 de julio de 1994, sindicado del delito de homicidio, a órdenes de la Fiscalía Ochenta y Nueve perteneciente a la unidad primera de delitos contra la vida e integridad personal de Bogotá D.C., autoridad que expidió el correspondiente auto de detención el 22 de julio del año en mención (copias auténticas de la boleta de detención del señor XXXX XXXX XXXXX y de la constancia 3777 de la oficina de asesoría jurídica de la Cárcel Nacional Modelo, con fecha del 9 de septiembre de 1994, sobre la situación jurídica del mencionado recluso; fls. 27, 33, cdno. pbas.).

9.2. Posteriormente, el referido preso fue condenado a pena privativa de la libertad por el término de 25 años y 6 meses, como autor responsable de los delitos de homicidio y hurto calificado, una vez tramitada la segunda instancia del proceso penal pertinente, decisión contra la cual se interpuso recurso extraordinario de casación (copias auténticas de (i) constancia expedida por la oficina de asesoría jurídica del centro penitenciario La Modelo, con fecha del 1º de noviembre de 1996, sobre la situación jurídica del señor XXXX XXXX XXXXX; (ii) providencia del 31 de marzo de 1998, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se denegó la libertad provisional solicitada por el mencionado presidiario (iii) cartilla bibliografía; fls. 97, 104-108, cdno. pbas.).

9.3. El 12 de septiembre de 1998, aproximadamente a las 2:45 p.m., el señor XXXX XXXX XXXXX fue encontrado muerto por un guardia del centro de reclusión aludido, en uno de los pasillos que comunicaba el pabellón segundo con los comedores, y su cadáver tenía alrededor del cuello una cable conductor de electricidad, presentaba un surco de presión que correspondía a la anchura de dicho cable en esa zona y varias lesiones en otras partes de su cuerpo. Su fallecimiento se produjo en la fecha en comento, como consecuencia de asfixia mecánica por estrangulación, según se determinó en el protocolo de necropsia que fue realizada al día siguiente a su fallecimiento, del cual cabe resaltar (copias auténticas de (i) registro de defunción del señor XXXX XXXX XXXXX; (ii) informe de occiso suscrito por el comandante del segundo pabellón de la Cárcel Nacional Modelo(21); auto 609; (iii) inspección de cadáver 6201-2633, perteneciente al referido recluso; (iv) informe de identificación fehaciente 1589-98, elaborado por la oficina de identificación y personas desaparecidas del grupo de patología forense perteneciente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; (v) informe de investigadores del CTI de fecha de 29 de septiembre de 1998; (vi) protocolo de necropsia 4331-98, realizado por el grupo de patología forense, regional Bogotá D.C., del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; fls. 1, 142, 189-194, 226-227, 230-231, cdno. pbas.):

Examen externo:

Cuerpo de un hombre adulto, contextura mediana quien presenta un surco de presión en cuello (…) presenta lesiones elevadas tipo placa, costrosas y violáceas comprometiendo (sic) en regiones lumbares bilateral y otras de tipo redondeado con centro claro y borde pigmentado en glúteos, en abdomen hay también iguales lesiones cotrosas en placa y se extiende hacia muslos (…) cabeza: (…) hay herida contusa de 2x0.3 cm en la región frontal hacia la línea media. Ojos: con edema conjuntival e inyección (…) presenta un surco marcado en forma horizontal más profundo en su mitad anterior (...).

Examen interno

(...) Cuello: Se hace disección en V, encontrándose un hematoma intramuscular en esternocleidomastoideo y esterno-hioideos. También en los tiroideos y fractura de cartilado tiroideo.

(...).

Se examina un alambre eléctrico, número 12 azul, quien (sic) tiene varias vueltas y corresponde a el (sic) surco cuando se hace comparación.

Conclusión:

Hombre de 41 años quien presenta surco de presión en cuello horizontal por estrangulación, quien fallece en asfixia mecánica.

9.4. Mediante providencia del 13 de junio del 2000, el fiscal jefe de la unidad primera de delitos contra la vida e integridad personal, resolvió suspender la investigación penal iniciada por el homicidio del señor y su archivo provisional, debido a que “[r]evisada la presente actuación, se observa que ha trascurrido un término superior al indicado en precedencia, sin que se haya logrado recaudar la prueba necesaria para el esclarecimiento de los hechos, especialmente lo relacionado con la identificación o individualización de los presuntos responsables, a pesar de la actividad desplegada por el instructor. // Por tanto, en tales condiciones, no es posible proferir apertura de instrucción o resolución inhibitoria, luego entonces lo procedente es suspender la actuación, máxime que en el momento actual, procesalmente no es posible variar dicha situación” (copia auténtica de la Res. 231 proferida por la jefatura de la unidad primera de vida en las preliminares identificadas por el 379192; fl. 239, cdno. pbas.).

9.5. El 10 de octubre de 2001, la dependencia de investigaciones internas del Inpec resolvió abstenerse de continuar con la investigación disciplinaria iniciada en virtud de la muerte del interno XXXX XXXX XXXXX, comoquiera que no fue posible determinar el autor del homicidio entre los demás reclusos de la Cárcel Nacional La Modelo (copia auténtica del auto de archivo por prescripción de la investigación disciplinaria 09-F-16/98; fl. 184, cdno. pbas.).

IV. Problema jurídico

10. Con observancia de que la sentencia de primera instancia fue apelada por la parte demandante y una de las entidades integrantes del extremo demandado, le compete a la Sala conocer sin limitación alguna —ver párrafo 7.1— sobre la responsabilidad que le puede caber al Inpec y a la Nación-Ministerio de Justicia —entidad respecto de la cual la sentencia de primera instancia omitió efectuar pronunciamiento expreso a pesar de que la autoridad judicial respectiva insistió en su vinculación a la litis al momento de admitir la demanda; ver párrafos 2 y 2.1—, por la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX, la cual fue ocasionada dentro de las instalaciones del centro de reclusión La Modelo. De esta manera, se deberá determinar con fundamento en las circunstancias acreditadas relacionadas con la defunción aducida, si es posible imputar la misma a las entidades demandadas de manera solidaria, o solo a una de ellas teniendo en cuenta sus funciones y competencias.

10.1. De manera previa a abordar el referido cuestionamiento y a pesar de que no fue aducido como argumento por la parte demandada durante el iter procesal, se impone analizar la configuración del fenómeno procesal de la caducidad en relación con la adición de la demanda presentada por los actores, con el fin de verificar si las pretensiones contenidas en esta fueron formuladas de manera oportuna y por consiguiente, establecer si resulta viable pronunciarse respecto de su procedencia de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente o, si por el contrario, se impone denegarlas ab intio dado que trascurrió el término prescrito por la ley para ejercer la acción de reparación directa respecto de ellas —teniendo en cuenta que se puede conocer el presente asunto sin restricción alguna y máxime cuando la caducidad debe ser estudiada de oficio por el juez—.

10.2. Por su parte, en caso de que se llegue a declarar la responsabilidad de alguna o de ambas entidades demandadas, se abordará el estudio de los perjuicios solicitados en la demanda, teniendo en cuenta los argumentos aseverados por el Inpec en el sentido de denegar los perjuicios morales reconocidos a favor de XXXX XXXXX XXXXX por el tribunal a quo y, los razonamientos consignados en el medio de impugnación de la parte demandante tendientes a que se condene por la totalidad de los perjuicios peticionados en la demanda —ver párrafos 6, 6.1, 6.2, 6.2.1 y 6.2.2—.

V. Análisis de la Sala

11. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. De esta manera, las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, toda vez que de no hacerlo en tiempo oportuno, pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo el derecho conculcado que en específico pretenden hacer valer, proteger o garantizar.

11.1. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente(22).

11.2. Con observancia de lo anterior, de conformidad con el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998(23), para ejercer la acción de reparación directa se estableció un término de dos años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público, so pena de que se produzca su caducidad.

11.3. Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso concreto, la Sala advierte que la circunstancia que produjo el daño objeto del libelo introductorio, esto es, el ahorcamiento con un cable de que fue víctima el señor XXXX XXXX XXXXX, sucedió el 12 de septiembre de 1998, motivo por el cual, el cómputo del término de caducidad respectivo inició a partir del día siguiente —ver párrafo 11.2—, interregno que feneció por ende, el 13 de septiembre del 2000.

11.4. Ahora bien, a pesar de que la demanda inicial, la cual contenía las pretensiones de declaratoria de responsabilidad y de reparación de los perjuicios morales que se alegaron sufridos por los integrantes de la parte actora, fue incoada en el tiempo previsto por el ordenamiento jurídico para ello, lo cierto es que su adición, escrito que no se trató de un simple aditamento argumental sino de la formulación de nuevas pretensiones resarcitorias en uso, nuevamente, de la acción de reparación directa, no siguió la misma suerte, puesto que se devela que al ser presentada el 18 de mayo de 2001, se configuró respecto de la misma el fenómeno procesal de la caducidad, circunstancia que obliga a denegar las peticiones que fueron elevadas en esta, de conformidad con el criterio que ha adoptado esta corporación al respecto, de la siguiente manera:

El legislador impuso la carga al demandante de observar una serie de requisitos que debe reunir la demanda y su reforma al momento de su presentación. Por esta razón, el juez al recibirlas debe realizar un estudio de las mismas para establecer si efectivamente se ajustan a lo establecido en la ley, para proceder a su admisión.

Dentro de esos requisitos, de fundamental importancia resulta la constatación de que la demanda se haya formulado antes de que se consolide el fenómeno de la caducidad, cuya ocurrencia inhibe la posibilidad de acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa en busca de que se decida en relación con algunas pretensiones.

Este requisito debe estar satisfecho también cuando por la vía de la reforma de la demanda se adicionan demandantes, demandados o pretensiones, por cuanto otros demandantes solo podrán intervenir a formular sus propias pretensiones mientras que el término para ejercer su propia acción no haya vencido; o la demanda no se podrá dirigir contra otro demandado cuando el término para intentar la acción en su contra haya caducado; o no se podrán incluir nuevas pretensiones si el término para intentar la acción a través de la cual pueden ser reclamadas ya ha vencido, esto es ya ha operado el fenómeno de la caducidad(24).

11.5. Con observancia de todo lo expuesto, se denegará la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante comprendidos en la adición de la demanda, comoquiera que se solicitaron de manera extemporánea al plazo otorgado por la ley, de lo que igualmente se deriva que no serán abordados los motivos del recurso de apelación de la parte demandante relacionados con su reconocimiento.

12. Una vez precisado lo anterior, se procede a efectuar el estudio de responsabilidad correspondiente, para lo cual se observa que se encuentra debidamente demostrada la existencia del daño invocado por los actores, consistente en la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX, la cual se produjo el 12 de septiembre de 1998 debido a asfixia mecánica por estrangulación, para lo que se utilizó un cable conductor de electricidad que se encontró atado alrededor de su cuello —ver párrafos 9.1, 9.2 y 9.3, y nota 21—.

13. En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia(25).

13.1. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.

13.2. En el presente asunto, para efectos de imputabilidad del daño a la parte demandada, se tendrá en cuenta tanto la relación especial de sujeción que surge entre el Estado y el recluso(26) —por razón del encarcelamiento, los presos no están en capacidad plena de repeler por sí mismos las agresiones o ataques perpetrados por agentes estatales, por otros reclusos o por terceros particulares(27)—, como la falla del servicio(28) en que incurrió el Inpec, según pasa a exponerse.

13.3. Se principia por resaltar que la Sala no encuentra medio probatorio alguno que permita inferir sin lugar a dudas la calidad del individuo o individuos que atentaron contra la vida de la mencionada víctima —pudo tratarse de otros presidiarios, guardias u otros terceros—, en la medida en que no fue posible establecer su identidad así como tampoco, las condiciones detalladas en que se desarrolló el evento que produjo el daño demandado —ver igualmente párrafos 9.4 y 9.5—. No obstante lo anterior, sí está probado que su fallecimiento tiene como causa directa un ataque contra su integridad física, el cual se desplegó dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo, lo que resulta factible inferir a partir de que su muerte se produjo por ahorcamiento, y su cadáver fue encontrado en el suelo de un pasillo de la penitenciaría aludida con un surco de presión en dicha zona junto con otras lesiones entre las que se percibió una originada en su cabeza —ver párrafo 9.3—.

13.4. De esta manera, es plausible aseverar que la defunción en comento no fue auto infligida, sino que se produjo como el resultado de una agresión efectuada por una o varias personas sin individualizar, lo que de ninguna manera impide que el mencionado daño sea atribuible al Inpec sin la necesidad de entrar a analizar incumplimiento alguno en el contenido obligacional a su cargo, con observancia de que es la entidad encargada de dirigir, administrar, sostener y vigilar los establecimientos de reclusión del orden nacional(29), como lo es la Cárcel Nacional Modelo y máxime, cuando la administración tenía la obligación de garantizar la seguridad del señor XXXX XXXX XXXXX, esto es, de protegerlo contra actos que pudieran poner en riesgo su vida o su integridad personal, sin encontrarse él en la obligación de soportar un menoscabo a dichos bienes jurídicos tutelados por la ley por la circunstancia de encontrarse detenido(30).

13.5. Sin perjuicio de que lo anterior es suficiente para declarar la responsabilidad del Inpec, se observa que en los hechos del 12 de septiembre de 1998 en la Cárcel Nacional Modelo, esta entidad incurrió en una falla del servicio de vigilancia y custodia, en consideración a que el señor XXXX XXXX XXXXX, en su calidad de recluso, terminó muerto en un pasillo de la prisión aludida como consecuencia de un ataque, sin que las autoridades respectivas se hubieren percatado del mismo sino hasta después de que este se hubiera consumado y solo hasta el momento en se halló su cadáver por un guardia —ver nota 21—, falta que indudablemente se constituye en causa eficiente de la realización del acto que llevó a que dicha víctima fuera privado de su vida(31), en flagrante vulneración de su dignidad humana(32), y motivo por el cual, es claro que surge su responsabilidad por la ocurrencia de la muerte en comento.

13.6. Al respecto, conviene precisar que si bien no se exige que cada recluso cuente con un guardia propio que garantice su seguridad, sí es demandable que el Inpec cumpla con sus obligaciones de seguridad y mantenimiento del orden público(33) dentro de los centros penitenciarios a su cargo, respecto de las cuales es plausible aseverar que en el caso concreto fueron totalmente desatendidas y para lo que, no tiene potencialidad de exoneración lo aducido por la parte demandada respecto de la relatividad de la falla del servicio por las difíciles circunstancias que atravesaba el sistema penitenciario y carcelario. También es inadmisible que este tipo de eventos ocurran dentro de las penitenciarías con el total desconocimiento de las autoridades pertinentes, con absoluta ignorancia de cualquier tipo de elemento que hubiera podido arrojar al menos la causa de la agresión debido a esa misma falta de vigilancia y custodia.

13.7. De otro lado, cabe señalar que en el presente asunto no es posible que se configure la causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero —como tampoco la respectiva concausalidad—(34), habida cuenta de que el Estado se encuentra obligado a responder por la totalidad de la seguridad de los presidiarios y por ende, a pesar de que se hubiera probado que el fallecimiento correspondiente lo causó otro recluso o una persona ajena al centro penitenciario y no, un funcionario del Inpec —aspecto sobre el cual no hay claridad—, ello no devendría en un rompimiento del nexo causal respectivo y la consecuente carencia de la responsabilidad de la entidad demandada en el presente asunto.

13.8. A su vez, no se encuentra demostrado que la conducta del occiso hubiera producido el daño o hubiera contribuido a su causación, en la medida en que no se allegó medio probatorio que indicara que la víctima tenía conocimiento de que su vida corría peligro o que perteneciera a pandillas dentro de la penitenciaria, lo que en cualquier caso no sería suficiente por sí mismo para exonerar o configurarse en una concausa sin tenerse certeza de las circunstancias en que acaeció el daño, motivos por los que no se advierte que se hubiere configurado un hecho exclusivo de la víctima así como tampoco hay lugar a reducir la indemnización que corresponde de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2357 del Código Civil(35), con observancia asimismo de que dicha entidad tenía la carga de probar dichas circunstancias de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil (36), y no lo hizo.

14. En este punto, conviene señalar que la responsabilidad que surge por la muerte de la mencionada víctima se radica exclusivamente en cabeza del Inpec, habida cuenta de que la Nación-Ministerio de Justicia carece de legitimación para responder por los daños originados al interior de los centros de reclusión, por cuanto a esa entidad le corresponde la dirección y la formulación de políticas del sector, pero no tiene a su cargo función alguna relacionada con la dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de penitenciarias de carácter nacional o territorial, las cuales fueron asignadas al mencionado instituto y a los respectivos órganos territoriales, de conformidad con los artículos 16 y 17 de la Ley 65 de 1993. Asimismo, cabe destacar que no se probó que la conducta de la Nación-Ministerio de Justicia tuviera conexión con los hechos en los cuales falleció el señor XXXX XXXX XXXXX, siendo estos los que dieron origen a la presentación de la demanda, razón por la cual se denegarán las pretensiones aducidas en su contra, comoquiera que no resulta plausible declarar su responsabilidad debido a que se configuró su ausencia de legitimación en la causa por pasiva(37).

15. Al encontrase acreditada la causación del daño antijurídico y la posibilidad de su imputación al Inpec, es evidente la configuración de su responsabilidad patrimonial y extracontractual, razón por la cual procederá la Sala a pronunciarse en relación con el reconocimiento de los perjuicios derivados de dicho daño a favor de la parte demandante.

VI. Liquidación de perjuicios

16. En cuanto a la indemnización de los perjuicios morales solicitados en la demanda, los actores instaron el equivalente a 3.000 gramos oro a favor de cada uno de ellos, es decir, en beneficio de XXXX XXXX XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX. En la sentencia impugnada, se concedió la indemnización del perjuicio en comento únicamente a favor de la señora XXXX XXXX XXXX por el equivalente a 40 smmlv, toda vez que no se demostró que los otros actores fueran hijos del difunto.

16.1. Teniendo en cuenta lo expuesto y de manera previa a abordar el estudio del material probatorio a la luz de los argumentos esbozados por las partes en sus sendos recursos de apelación, cabe recordar que habida consideración de que los perjuicios morales tienen una naturaleza inmaterial como consecuencia de la imposibilidad de su tasación económica, toda vez que no resulta factible medir en dinero el dolor, la congoja o el sufrimiento de las personas, su valoración y tasación debe ser efectuada por el juzgador según su prudente juicio de conformidad con el material probatorio(38) —ver párrafo 8.3.6 y nota 20— y observando lo dispuesto por el artículo 16(39) de la Ley 446 de 1998, en la medida en que si bien, respecto de aquellos no puede realizarse una restitución del bien vulnerado, sí es factible que se produzca una compensación del daño sufrido(40) que busque en la medida de lo posible hacer efectiva una reparación integral a las víctimas y a las personas damnificadas.

16.2. En ese orden de ideas, cabe destacar que la indemnización que se concede por el perjuicio moral sufrido por la muerte de un ser querido no pretende de ninguna manera asignarle un valor económico a la vida, como al parecer lo entendió y arguyó la parte demandante con el fin de que se aumentara la indemnización reconocida en primera instancia a favor de la señora XXXX XXXX XXXX —ver párrafo 6.2.2—, puesto que dicho resarcimiento no tiene como finalidad reparar el derecho a la vida lesionado —lo que no resulta plausible—, sino que tiende al desagravio de los sentimientos de las personas que fueron afectadas con el respectivo fallecimiento y, debido a que no es posible que se retorne el estado de cosas al momento anterior a la ocurrencia del daño, esto es, a un instante previo al cual los sentimientos se vieran menoscabados con ocasión de la defunción correspondiente, así como tampoco es viable cuantificar el dolor que esa circunstancia produce para cada persona en sí, es evidente que la reparación pecuniaria en comento es meramente compensatoria o paliativa, en cuya estimación, como se dijo, juega un rol importante el arbitrio judice con fundamento en lo que se encuentre debidamente demostrado respecto de las manifestaciones externas de quien asevera ser afectado(41).

16.3. En efecto, con observancia de que le corresponde al juzgador establecer la cuantificación de la indemnización del perjuicio moral, es decir, determinar el valor que debe ser pagado a los damnificados o a la víctima como consecuencia de la aflicción sentimental que pueden soportar y que debe ser reparada por el agente responsable en la causación del daño, de una simple desagregación lógica es posible concluir que ello se torna en una tarea de alta complejidad, debido a que no obstante los elementos probatorios permiten dilucidar la existencia del sufrimiento o congoja que padece una persona, difícilmente pueden arrojar una medida o quantum de dicho dolor que posibilite conceder un valor económico justo o acorde al mismo y por consiguiente, en aras del derecho de igualdad y con la finalidad de facilitar la tarea de tasación de perjuicios de esta índole, la jurisprudencia de esta corporación ha sugerido como tope(42) de indemnización para los casos en los que usualmente el dolor se produce en su mayor medida —sin que se establezca en un parámetro inamovible—, la suma equivalente a 100 smmlv.

16.4. Asimismo, resulta pertinente indicar que con fundamento en reglas de la experiencia, se ha establecido a nivel jurisprudencial que uno de los eventos en el que se produce una lesión a los sentimientos en demasía se circunscribe a las situaciones en las que un ser querido del núcleo familiar fallece, acontecimientos en los que se ha procedido a inferir el dolor de quienes demandan su reparación y para lo que les basta acreditar el vínculo familiar respectivo con quien murió, toda vez que se ha entendido que de dichas relaciones se deriva un inmensa aflicción por la pérdida en cuestión, deducción que evidentemente puede ser desvirtuada de acuerdo con los elementos de convicción con los que se cuente(43), así como también puede variar la cuantificación de la indemnización del perjuicio —aumentar o disminuir— con base en lo que se encuentre acreditado(44), no obstante en principio el vínculo cercano en comento hubiera dado lugar a que se aplicara el criterio de conceder como reparación el máximo usualmente otorgado cuando el dolor se manifiesta en su mayor dimensión —100 smmlv—. De esta manera, se ha sostenido:

a. En cuanto a la reparación por el daño moral, lo susceptible de reparación es el sufrimiento grave que se padece por la muerte de un ser querido, o el agravio que se infiere a los sentimientos de las personas con la violación de sus derechos fundamentales, una lesión corporal o una injuria, o el profundo dolor experimentado cuando un ser muy allegado afectivamente ha sido víctima de tales agravios.

En todos los eventos y, en particular, en los que versan sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados con los hechos, omisiones u operaciones administrativas, la tasación de la indemnización por el perjuicio moral se establece con fundamente en el grado de afectación que el hecho dañoso imputable a la entidad pública haya causado al demandante y no en consideración a las calidades sociales o morales de la víctima.

Dado que la indemnización que se reconoce a los parientes por el fallecimiento de una persona tienen una función básicamente satisfactoria(45) y no reparatoria del daño causado y que los medios de prueba que para el efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida patrimonial exacta frente al dolor, corresponde al juez tasar discrecionalmente el valor de su reparación, para lo cual la jurisprudencia de la corporación, desde de la sentencia proferida el 9 de febrero de 1978, Expediente 1632, venía reconociendo como perjuicios morales a favor de los parientes más cercanos de la víctima (padres, cónyuge e hijos) el equivalente a 1.000 gramos de oro y a favor de los hermanos 500 gramos de oro(46).

No obstante, a partir de la sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646, se fijó en cien salarios mínimos legales mensuales el valor del perjuicio moral, en los eventos de mayor intensidad, por considerar que no deben aplicarse en materia de responsabilidad del Estado las normas que a este respecto trae el Código Penal, por ser inadecuada desde el punto de vista práctico la referencia al precio del oro y para fijar criterios jurisprudenciales unánimes.

En síntesis, para que haya lugar a la reparación del perjuicio moral basta acreditar su existencia. Corresponde al juez tasar discrecionalmente(47) la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. No obstante, para garantizar el derecho a la igualdad de los demandantes, la Sala ha fijado unos topes máximos.

En relación con los padres, hijos, cónyuge o compañero y hermanos de la víctima, jurisprudencialmente se deduce la existencia del daño moral que les produce su muerte, para la cual basta acreditar el parentesco. Por supuesto, la entidad demandada puede desvirtuar dicha presunción(48).

16.5. Una vez precisado lo anterior, para el caso concreto, la Sala advierte que se encuentra de acuerdo con que la afectación moral sufrida por la señora XXX XXXX XXXX XXXX debe ser compensada según se determinó en la sentencia de primera instancia, a pesar de que considera que el monto de la indemnización debe variar, pero se aparta de la respectiva denegatoria de dicho resarcimiento frente a los demás demandantes en consideración a que obran en el proceso los suficientes medios probatorios que dan cuenta de los vínculos que existían entre los actores y el occiso, así como también al dolor que aquellos sintieron por su muerte.

16.6. Es así como de una parte, se tienen las múltiples cartas suscritas por la víctima en original y copia auténtica, en las cuales se refería a los demandantes XXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX como sus hijos, para quienes pidió ayuda a las autoridades del centro de reclusión en el que se encontraba internado y al Instituto de Bienestar Familiar, debido a los difíciles momentos que en su criterio vivían para el momento en que él estaba privado de la libertad, escritos en los que a su vez pidió colaboración para quien manifestó ser su esposa. En estos documentos, consignó lo siguiente:

Señores Bienestar familia (sic) La ciudad Bogotá.

Yo XXXX XXXX XXXXX me dirijo desde la cárcel nacional modelo para pedir alluda (sic) para los niños que se encuentran en total abandono y sin estudio en una caseta ubicada en el costado sur de la cárcel y en vistas (sic) que la mamá no se encuentra capasitada (sic) para responder por ellos, y menos en educarlos y es todo lo contrario les da mal ejemplo duermen en una caseta y dentra (sic) dos tipos para estar con ella y en frente de los niños que ellos se dan cuenta cuando la mamá está con los tipos que los niños dan crédito de lo que estoy narrando y yo como estoy preso no puedo alludarles (sic) pa (sic) lo cual autoriso (sic) a mi hija mayor XXXX con el fin de que les allude (sic) de la manera más umana (sic) pues siendo ella conosedora (sic) de los pormenores que están sucediendo con mis hijos autoriso (sic) yo XXXX XXXX XXXXX de que mi XXXX disponga y aga (sic) lo más conveniente para el bienestar de sus ermanos (sic) XXXX, XXXX, XXXX (fl. 14, cdno. pbas.).

Señora XXXX gracias por venir, aga (sic) el labor (sic) y pregunté en la portería por el teniente Martínez que es el director del establecimiento y dígale que viene a ablar (sic) conmigo sobre los niños que viven en la caseta al pie de la carsel (sic) que él lla (sic) sabe sobre usted y la deja entrar ligero y no le valla (sic) a decir a XXXX XXXX XXXX (sic) nada porque la volvieron (sic) loca.

Dígale al señor teniente que ya abia (sic) yo ablado (sic) con él el viernes y dijo que la mandara a la oficina, dígale que viene hablar (sic) sobre los niños para ber (sic) si los puede llevar lla (sic) que la mamá no ve por ellos y están sin estudio la espero en la guardia interna. Diga que viene de Florencia Caquetá que necesita hablar (sic) con el director Martínez. Dentre (sic) con XXX.

XXX (f. 14, cdno. pbas.).

Señora doctora mis hijos son // XXX 14 años sufre retardo mental. // XXXX ´´ años no sabe leer ni escribir es linda y la quieren para utilizarla en mercado negro de pornografía. // XXX 8 años no sabe sino montar en cicla. // XXXX está internado en un albergue iendo (sic) para el dorado. // Mi esposa la traumatisaron (sic) para poderla utilizar (sic) en lo que pensaban aser (sic) con mis hijas y ella está mal de la cabeza (sic) con las costumbres y (sic) ideas que los agentes de policía le inculcaron para trabajar sin comentarme nada pues todo pasaba en oculto asta (sic) que me di cuenta y buscaron (sic) la forma de echarme la culpa de un accidente de tránsito para separarme de ella y así seguir pero no aguanto que suseda (sic) con mis hijas Dios todo poderoso se apiadara de mí pues aquí hay gente que conoce (sic) mi situación le pido por favor le pido allude (sic) si se puede salvar también la señora mil gracias perdone la molestia por favor agame (sic) saber la situación y donde los van alludar (sic) atentamente.

XXXX XXXX XXXXX (fl. 98, cdno. pbas.).

Respetada doctora por medio de la presente me dirijo a usted con el respeto que se merece para pedirle se (sic) tenga la bonda (sic) y me preste una alluda (sic) a mis hijos que los encuentra en un potrero en el costado sur de la cárcel pues la situación me lleva una alluda (sic) a donde tenerlos mientras salgo o mejor me solucionan mi problema pues mi esposa se descara más y es imposible dejarlos más al lado de ella y si usted gusta tenga la voluntad y también le alluda (sic) pues es una señora que necesita de una alluda sicrietra (sic) por el amor de Dios alludele (sic) a mis hijos mientras salgo y me ago (sic) cargo pues ellos me necesitan mucho y yo a el (sic). Los niños los pueden recoger el martes o miércoles a todos los reúno y les hablo (sic) sobre lo que vienestar (sic) va a aser mientra (sic) salgo (fl. 99, cdno. pbas.).

16.7. De otro lado, se cuenta con las declaraciones rendidas por los señores XXXX —hermano de la víctima, testimonio en principio sospechoso; ver párrafo 8.1.1 y notas respectivas— y XXXX —amigo del señor XXXX XXXX XXXXX—, quienes sobre las preguntas referentes a los vínculos familiares y el dolor de los ahora actores en relación con la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX, narraron respectivamente:

Preguntado: Conoce usted a la señora XXXX (sic) XXXX XXXX, XXXX, XXXX, XXXX (sic), XXXX y XXXX. En caso afirmativo indíquele a este despacho parentesco con el obitado (sic) y tipo de relación con este. Contestó: La señora XXXX XXXX XXXX es la esposa del señor XXXX XXXX XXXXX y los niños nombrados son hijos de XXXX XXXX XXXXX, a excepción de la señora XXXX que es hija de otra señora. Pero igual él respondía por ella. Él es el padre de los niños y esposo de la señora XXXX XXXX XXXX. Preguntado: Con base en su respuesta anterior sírvase indicar al despacho si el fallecimiento del señor XXXX XXXX XXXXX afectó y de qué manera a su compañera e hijos. Contestó: Esto afectó gravemente a la familia especialmente a los hijos ya que mi hermano XXXX XXXX XXXXX trabajaba dentro de la cárcel (...) él pidió permiso con el (sic) director para de la comida que le daban adentro sacarle a los hijos y también (...) ellos vivían cerca del potrero y tenían comunicación frecuente (...) A las honras fúnebres asistieron los cinco hijos y fue un caso dramático verlos, especialmente a los menores de edad, nosotros le hicimos sus nueve noches, cada año los 14 de septiembre le hacemos su misa y lo extrañamos mucho, especialmente los familiares de él, los hermanos (...) tengo entendido que los niños no están con el apellido de mi hermano, pero igual mi hermano respondió por ellos, de pronto no los registró porque pensaría que tendría un costo muy alto y no hizo las vueltas necesarias para eso, pero económicamente y moralmente él respondió por ellos (...). Preguntado: Ya que manifiesta conocer la relación afectiva que existió entre el señor XXXX XXXX XXXXX y la señora XXXX (sic) XXXX XXXX manifieste al despacho cómo fue esta durante el tiempo en que XXXX XXXX XXXXX permaneció recluido en el establecimiento carcelario La Modelo. Contestó: Los vínculos de XXXX XXXX XXXXX con la señora XXXX (sic) XXXX XXXX esposa, eran unos lazos muy unidos, tenían comunicación muy frecuente visual a diario porque ella vivía al lado de La Modelo, por el lado del potrero en una casita de latas, actualmente vive ella ahí (...). Preguntado: Dentro del expediente obra también una carta del señor XXXX XXXX XXXX dirigida a señores Bienestar Familiar de Bogotá en la que el obitado afirmó que su compañera no estaba capacitada para educar los hijos y que les daba mal ejemplo porque sostenía relaciones afectivas con otras personas. Se le pone de presente el documento. Reconoce usted la letra de su hermano. Manifieste que le consta sobre esas manifestaciones. Contestó: Sí, esa es la letra de mi hermano. Referente a esta carta yo la desconocía, no estaba enterado de la situación. Creo yo pues que si mi hermano la realizó de pronto vio algo con la señora XXXX XXXX XXXX pero cuando yo fui a visitarlo a él, tuvimos comunicación con él, nunca me llegó a comentar nada de eso (testimonio de XXXX; fls. 368-370, cdno. pbas.).

Preguntado: Sírvase manifestar si conoce a la señora XXXX (sic) XXXX XXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX y XXXX. En caso afirmativo precise parentesco y relaciones con el señor XXXX XXXX XXXXX. Contestó: Sí conozco personalmente a las personas antes mencionadas. Todos ellos son hijos, XXXX es la hija mayor de XXXX XXXX XXXXX de una relación a (sic) anterior a la de XXXX XXXX XXXX. Los cuatro hijos restantes son de XXXX XXXX XXXXX y XXXX XXXX XXXX. Preguntado: Con base en su respuesta anterior indíquenos cuanto le conste sobre las relaciones de afectividad, ayuda y solidaridad que pudiese haber existido o no entre estos y el fallecido XXXX XXXX XXXXX. Contestó: La relación básicamente de XXXX XXXX XXXXX con los hijos siempre fue muy apegada a sus hijos (sic), responsable con todos, lo manifiesto de esa manera porque XXXX XXXX XXXXX y yo nos conocimos de toda la vida, de hecho yo trabajé con él y con su hermano cuando él estaba de contratista, yo fui trabajador de él y siempre estuvo muy preocupado por sus hijos, (...). En una de las visitas me manifestó que estaba haciendo algunos contactos con las directivas de la cárcel para lograr que se le diera la alimentación a los hijos por parte de la penitenciaría que vivían muy cerca con la señora (...). Los hijos no asistieron a las honras fúnebres, la única que asistió fue XXXX (sic) XXXX XXXX pero se vio muy alejada de la demás gente. Que tenga conocimiento de la conmemoración del papá no. Preguntado: Dada su amistad con el obitado XXXX XXXX XXXXX indíquele a este despacho cuanto le conste de su salud física y mental antes de ser internado y una vez recluido. Contestó: Era normal siempre manifestando la preocupación por sus hijos de brindarles un techo, educación y la comida que eso sí el hombre lo manifestaba siempre que conversábamos. Pienso que a él lo que le faltó fue como el apoyo de su pareja para lograr sacar a su familia adelante. Preguntado: Indíquenos si el hecho del fallecimiento del señor XXXX XXXX XXXXX afectó y de qué manera a su núcleo familiar. Contestó: Fue un golpe psicológico para la familia, para los hijos y para XXXX XXXX XXXX porque esa familia se movía alrededor de él, vivían una situación complicada antes de su fallecimiento y después se complicó llevándolos a un estado crítico lamentable, hasta el punto de llegar básicamente a la indigencia que hoy en día yo lo veo de esa manera (...). En una de las dos visitas que le hice manifestó que estaba trabajando en el casino, supongo que de ahí fue donde obtuvo la manera para lograr darles la comida a los hijos, eso era vital para él. Alguna vez me manifestó que se había equivocado como de mujer, no encontraba en ella el apoyo que necesitaba. Preguntado: Ya que usted manifiesta haber tenido una relación de amistad cercana con el señor XXXX XXXX XXXXX manifieste al despacho si sabe dónde vivía y con quién antes de quedar privado de la libertad el mencionado señor. Contestó: Manifestó que estaba viviendo ceca de La Modelo pero no me especificó en qué condiciones. Vivía con los hijos y con la señora. Vivía con ella pero no desconocía de ninguna manera a XXXX(sic) XXXX XXXX, hablaba mucho con ella (testimonio de XXXX; fls. 370-372).

16.8. Ahora bien, en relación con los integrantes de la parte actora que adujeron tener un vínculo de consanguinidad y el respectivo parentesco con el occiso —XXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX—, al referirse a este como padre, cabe señalar que no obstante no se encuentran acreditados dichos lazos en virtud de los cuales sería viable inferir la causación de un daño moral, consistente en la afectación de sus sentimientos y la generación de congoja y dolor como consecuencia del fallecimiento del señor XXXX XXXX XXXXX, en consideración a que en las copias auténticas de sus registros de nacimiento solo obran las señoras XXXX XXXX XXXX y XXXX como madres, y teniendo en cuenta de que dichos medios probatorios son los conducentes para demostrar los hechos o actos relacionados con el estado civil de las personas —al igual que el certificado de los mismos—(49) (copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de XXXX, XXXX, XXXX, XXXXX y XXXX; fls. 3-7, cdno. pbas.), lo cierto es que resulta factible la respectiva condena en su beneficio, debido a que sí acreditaron su calidad de damnificados.

16.9. Evidentemente, está probado que la relación que sostenía el difunto con los demandantes referenciados era similar a la de padre e hijos o familiar, afirmación que encuentra sustento en las cartas que el difunto remitió de manera previa a morir en las cuales se refiere a ellos como sus hijos y en las que se le percibe preocupado debido a que no les podía prestar ayuda dado que se encontraba recluido, lazo afectivo que en todo caso fue igualmente observado por los señores deponentes XXXX y XXXX, quienes los aseveraron como hijos de XXXX XXXX XXXXX y adicionalmente, dieron fe del dolor que les produjo su defunción.

16.10. Con fundamento en las anteriores consideraciones, si bien no es posible en sentido estricto tener a los mencionados actores como hijos del señor XXXX XXXX XXXXX, la Sala entiende que a raíz de su defunción sufrieron como tales y por consiguiente, se reconocerá a su favor el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a título de la indemnización de los perjuicios morales por ellos soportados, para cada uno.

16.11. Ahora bien, en cuanto a la indemnización reconocida a favor de la señora XXXX XXXX XXXX, tanto la parte demandante como el Inpec manifestaron distintos argumentos con el fin de que se denegara su indemnización, o incrementara su apreciación, respectivamente.

16.12. Es así como la parte demandante manifestó su desacuerdo con que el tribunal a quo hubiera establecido la indemnización del perjuicio moral padecido por la mencionada actora en el equivalente a 40 smmlv, para lo que mencionó que las reglas de la experiencia fueron desconocidas y que tal decisión revelaba un trato discriminatorio, puesto que al tratarse de la muerte de una persona privada de la libertad, el reconocer el resarcimiento del perjuicio moral disminuido equivalía a determinar que su vida “vale menos que la de un ser irracional”.

16.13. Al respecto, la Sala ya se pronunció destacando que la finalidad de la reparación en comento no se relaciona con el valor de la vida, sino que busca el resarcimiento de los sentimientos afectados de quienes sobreviven a la persona difunta y asimismo, que sin perjuicio de que la jurisprudencia hubiera establecido como parámetro jurisprudencial que la indemnización como regla general en los casos en los que se produce una afectación moral en gran medida debía ser equivalente a 100 smmlv, también se ha fijado que es el juzgador quien debe determinar la tasación de la indemnización referida cuya cuantía puede aumentarse o disminuirse a la vez que puede desvirtuarse la existencia del perjuicio moral de conformidad con las pruebas que obren en el plenario, motivo por el cual se procederá a abordar los argumentos señalados por la parte demandada en su recurso de apelación con el fin de hacer lo propio, y colegir si resulta razonable denegar el resarcimiento referido según la sustentación de este último, o si se debe conceder de manera reducida a como usualmente lo establece el referido estándar, o si resulta adecuado otorgarla en su mayor estimación según dicho tope sugerido jurisprudencialmente.

16.14. El Inpec sostuvo que no era posible condenarlo al resarcimiento de los perjuicios morales a favor de XXXX XXXX XXXX, en consideración a que no se había demostrado la declaración de su unión marital de hecho con la víctima, por la autoridad judicial competente y mediante el procedimiento pertinente, frente a lo conviene aclarar que ello no es óbice para el reconocimiento de la indemnización respectiva, toda vez que el hecho de que no se hubiera iniciado el trámite establecido en la Ley 54 de 1990(50) con la finalidad de que se reconociera por un juez de familia que existió dicha unión, no implica que ellos no hubieran convivido juntos, como compañeros permanentes, de manera previa a que aquel hubiera sido privado de su libertad, convivencia que en efecto se encuentra demostrada por los testimonios aludidos, siendo este medio probatorio totalmente valido para ello(51).

16.15. Con fundamento en lo anterior, tampoco resulta suficiente para denegar la indemnización en estudio la circunstancia de que al momento de ingresar al centro de reclusión respectivo, el occiso hubiera señalado que su estado civil era soltero, puesto que se insiste, la convivencia entre el señor XXXX XXXX XXXXX y la señora XXXX XXXX XXXX, antes de que aquel fuera privado de la libertad, se encuentra debidamente acreditada.

16.16. Ahora bien, en relación con el razonamiento del Inpec respecto de la poca solidaridad que XXXX XXXX XXXX prestó a su pareja, lo que en su parecer devela una relación sentimental inestable que debería conllevar al no reconocimiento del daño en comento a su favor, más aún cuando concluyó que ella le fue infiel, aseveraciones que sostuvo de conformidad con lo enseñado por los múltiples escritos efectuados por el occiso y el testimonio del señor XXXX XXXX XXXXX, se observa que no resulta viable denegar la compensación de la afectación en los sentimientos aludida, por cuanto dichas pruebas no permiten desvirtuar la inferencia del sufrimiento moral que debió haber soportado la mencionada actora por la muerte de la persona con la que convivió varios años junto con sus cuatro hijos, para quienes era como un padre, dolor que no solo encuentra fundamento en las reglas de la experiencia respecto de la convivencia de dos personas, sino también en el mismo dicho del aludido testigo al señalar que ella al igual que sus hijos, había sufrido por la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX.

16.17. Evidentemente, a pesar de que obran pruebas en el expediente sobre la perspectiva de la víctima frente a comportamientos de la señora XXXX XXXX XXXX que según la parte demandada podrían ser analizados en el sentido de objetar la congoja que ella adujo haber soportado, no se puede perder de vista que existe una prueba directa —en la medida de lo posible— sobre su sufrimiento, esto es, la afirmación del testigo XXXX al aducir que el fallecimiento en comento se tradujo en un duro golpe moral para todos los demandantes, incluyendo a la actora referenciada, conclusión a la que debió arribar con base en las manifestaciones externas de los damnificados en relación con la defunción de su ser querido y razón por la cual, no resultaría viable denegar la indemnización del perjuicio moral solicitado a su favor, como en otras ocasiones lo ha efectuado esta corporación(52).

16.18. De esta manera, resulta irrefutable que la señora XXXX XXXX XXXX padeció tristeza y dolor por la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX, de tal manera que la petición de la parte demandada en su recurso de apelación en el sentido de denegar completamente el reconocimiento del perjuicio moral correspondiente no está llamada a prosperar, sino que por el contrario, se ordenará que dicho detrimento sea reparado con la suma equivalente a 100 smmlv, estimación de la indemnización a la que se llega en uso del arbitrio judice y con fundamento en que el material probatorio en estudio tampoco tiene la potencialidad de generar la suficiente certeza en el sentido de ordenar una indemnización reducida a la que usualmente se concede en los eventos en los que la afectación moral se produce en su mayor dimensión.

16.19. Ciertamente, sin perjuicio de que se apreciaron algunos escritos en los que la víctima adujo que la mencionada demandante le fue infiel, al igual que el testimonio de su amigo XXXX, quien al rendir su declaración manifestó que el occiso le había confesado “que se había equivocado como de mujer, no encontraba en ella el apoyo que necesitaba”, lo cierto es que para la Sala dichos elementos carecen de la contundencia necesaria para concluir que la afectación de los sentimientos que le produjo a la señora XXXX XXXX XXXX la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX fue de una entidad menor a la que normalmente le causa a una persona el fallecimiento de su pareja, para así proceder a decretar una indemnización menor a la referida(53).

16.20. Al respecto, no se pierde de vista que (i) los medios probatorios en cuestión recaudaron únicamente la percepción que se formó el señor XXXX XXXX XXXXX de XXXX XXXX XXXX y de la relación que mantenían, de lo que no se sigue irreflexivamente que su punto de vista fuera realidad, puesto que persiste la posibilidad que ello se limitara únicamente a lo que él observaba o sentía, situación que no podría poner en tela de juicio la magnitud de los sentimientos que tenía la demandante aludida y el daño que estos padecieron por la muerte de su compañero; (ii) de tener por cierto que la demandante hubiera traicionado al occiso mientras este se encontraba recluido —lo cual no se encuentra fehacientemente demostrado—, no se puede colegir a priori que ello se debiera o tuviera conexión alguna con el hecho de que sus sentimientos por él se vieran disminuidos, puesto que para arribar a esa inferencia se requeriría de otros medios de prueba que reforzaran la apreciación de una merma en el afecto respectivo que justificara a su vez, una reducción de la indemnización y (iii) en cuanto a la afirmación de la víctima de no sentirse apoyado o respaldado por su compañera de la manera que lo necesitaba, se advierte que la misma es muy vaga, dado que no explica de manera concreta en qué aspectos el difunto no veía el soporte correspondiente y por ende, difícilmente podría la Sala deducir de manera objetiva que la actora en comento no le prestó la ayuda o la colaboración debida que se encontraba a su alcance, ingredientes fácticos de los que sí hubiera sido factible controvertir las presunciones de hecho desarrolladas por la jurisprudencia para reconocer el perjuicio en análisis o para reducir su monto por debajo del tope señalado a favor de la demandante en mención.

17. De otra parte, cabe recordar que se denegarán las pretensiones relacionadas con los perjuicios materiales aducidos por la parte demandante, comoquiera que respecto de estas se configuró el fenómeno procesal de la caducidad —ver párrafos 11 a 11.5—.

18. Finalmente, con ocasión del anterior análisis probatorio en cuanto a los perjuicios morales solicitados en la demanda y debido a que la Sala advierte que en el expediente no obra constancia alguna de que las peticiones escritas elevadas por el señor XXXX XXXX XXXXX a favor de quienes consideraba como sus hijos y que para ese tiempo eran menores de edad, dirigidas a las autoridades estatales correspondientes —ver párrafo 16.6—, hubieran recibo una respuesta adecuada —lo que no quiere decir que no se les hubiera dado trámite alguno, en tanto tales contestaciones pudieron haberse producido pero no incorporarse al plenario—, para efectos de prevenir el acaecimiento de situaciones en las que se permita la vulneración de derechos y libertades y la consecuente producción de daños antijurídicos, máxime cuando ello puede ocurrir respecto de personas de especial protección como son los niños(54), se exhortará al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para que imprima a las solicitudes formuladas por quienes se encuentran recluidos en los centros carcelarios y penitenciarios respectivos de cualquier categoría, los trámites que corresponda ante las autoridades pertinentes de la manera más diligente y expedita, especialmente cuando se puedan ver comprometidos derechos de carácter fundamental.

VII. Costas

19. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.

20. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 27 de octubre de 2004, y, en su lugar se dispone:

1. DECLARAR la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

2. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, por los perjuicios causados a los integrantes de la parte demandante, con ocasión de la muerte del señor XXXX XXXX XXXXX, en hechos ocurridos el 12 de septiembre de 1998, en las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a indemnizar a las siguientes personas, de la siguiente manera:

A favor de XXXX XXXX XXXX, XXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX, la suma equivalente a 100 smmlv, por concepto de perjuicios morales, para cada uno.

4. ORDENAR a la secretaría y a la relatoría de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el cumplimiento de las medidas de protección a la intimidad y al buen nombre que están relacionadas y descritas en el párrafo 8.3.8 de la parte considerativa de esta providencia, a la vez que se insta a la entidad demandada y al tribunal de primera instancia para que guarden el nombre de los demandantes. En ese orden de ideas, se deberá garantizar en todo momento la protección a la identidad de los demandantes en los archivos magnéticos y las copias que se entreguen de esta providencia para acceso al público.

5. REMITIR copia de la presente providencia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el fin de que tome las medidas pertinentes para garantizar que las solicitudes de los internos de los centros carcelarios y penitenciarios respectivos de cualquier categoría sean tramitados de manera diligente y expedita, especialmente cuando puedan verse comprometidos derechos de carácter fundamental, así como a la Procuraduría General de la Nación, para efectos de vigilar que lo expuesto sea efectivamente cumplido.

6. DENEGAR las restantes súplicas de la demanda.

7. Todas las sumas aquí determinadas devengarán intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.

8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

9. EXPEDIR, por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y se entregarán a quien ha venido actuando como apoderado judicial.

10. En firme esta fallo, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) En la demanda se estimó el valor de la de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor de cualquiera de los demandantes, en el equivalente a 3.000 gramos oro para el 7 de septiembre del 2000, esto es, en la suma de $ 58.211.070. En este punto, se aplica el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en el 2000 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 26.390.000.

(2) “La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.

(3) “Solo podrán ratificarse en un proceso las declaraciones de testigos:
1. Cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzca en el posterior.
2. Cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299.
Se prescindirá de la ratificación cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria.
Para la ratificación se repetirá el interrogatorio en la forma establecida para la recepción de testimonio en el mismo proceso, sin permitir que el testigo lea su declaración anterior”.

(4) Idéntica precisión ya había hecho esta Subsección B en la sentencia del 26 de julio de 2012, Exp. 44001-23-31-000-1999-00858-01(ACU), actor: Laura Mildred Hernández Campo y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) “Son sospechosos para declarar las personas que en concepto del juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con relación a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas”.

(6) Sobre este tema ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil: “... el recelo o la severidad con que el fallador debe examinar esos testimonios, no lo habilita para desconocer a priori, su valor intrínseco, debido a que ‘la sospecha no descalifica de antemano... sino que simplemente se mira con cierta aprehensión a la hora de auscultar qué tanto crédito merece. Por suerte que bien puede ser que a pesar de la sospecha haya modo de atribuirle credibilidad a testigo semejante, si es que, primeramente, su relato carece de mayores objeciones dentro de un análisis crítico de la prueba, y, después —acaso lo más prominente— halla respaldo en el conjunto probatorio”, en sentencia de 19 de septiembre de 2001, Exp. 6424. Consultar igualmente, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Exp. 17001-23-31-000-1997-09019-01 (20412), actor: Alejandro Arboleda Montoya y otros, C.P. (E) Danilo Rojas Betancourth.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 21 de febrero de 2002, Exp. 12.789, C.P. Alier Eduardo Hernández; 25 de enero de 2001, Exp. 12.831, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 3 de mayo de 2007, Exp. 25.020, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 18 de octubre de 2007, Exp. 15.528, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.

(8) Las peticiones probatorias de ambas partes frente a la investigación disciplinaria señalada pueden ser apreciadas en los folios 27 y 90 del cuaderno 1.

(9) “Bajo esta perspectiva, se tiene que el numeral 1º del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, en relación con la competencia de las entidades públicas para verificar la autenticidad de las copias, consagra, a su vez, dos supuestos: en primer término, cuando se presente el caso de que en la entidad reposa el original o la copia auténtica de un acto o documento que no sea de su autoría y de los cuales, sin embargo, se solicite una copia. En ese evento, el funcionario competente la expedirá, señalando, expresamente, su coincidencia con el respectivo original o con la copia auténtica, pues solo de esta forma esa nueva copia se reputará, igualmente, auténtica; y, en segundo lugar, se tendrán como auténticas también aquellas copias aportadas por la misma entidad pública que produjo o creo los actos o documentos originarios, sea que en ellos se certifique su concordancia con el original o con la copia auténtica o que, simplemente, las aporte en copia simple, ya que, como se dijo anteriormente, no tendría por qué aportarlas en condiciones disímiles a su original”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, Exp. 54001-23-31-000-1994-08313-01(17109), actor: Belisario Contreras Barreto y otro, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ver también sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 05001-23-31-000-1996-00376-01(18168), actor: Sociedad Compañía de Seguros Generales Aurora S.A., C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(10) La solicitud de pruebas elevada por los demandantes y la relación de los anexos allegados junto con la demanda, puede observarse a folios 26 y 34 del cuaderno 1.

(11) Cabe señalar que dichos documentos de carácter privado, al haber sido allegados en original o copias que cumplen con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, pueden ser valorados, además que se tiene certeza de quien los suscribió —XXXX XXXX XXXXX—, al presumirse auténticos de conformidad con el artículo 252 ibídem.

(12) En este punto, la Sala considera pertinente destacar la clasificación que efectuó la Corte Constitucional sobre la información de los particulares a la luz del vínculo que esta ostenta con la esfera íntima de la persona y, la posibilidad de su administración, investigación y divulgación: “En este sentido ha establecido la jurisprudencia que la información pública es aquella que “puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas; (...)”. // La información semiprivada es aquella que recoge información personal o impersonal y que para cuyo acceso y conocimiento existen grados mínimos de limitación, de tal forma “que la misma solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales (...)”. // La información privada contiene datos personales o impersonales, “pero por encontrarse en un ámbito privado, solo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados (...)”. Por último, indicó que la información reservada está compuesta por información personal, estrechamente relacionada con los derechos fundamentales del titular —dignidad, intimidad y libertad—, por lo que “se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados “datos sensibles” o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.” (...). // En cuanto a la información “reservada” (...). Si bien puede, eventualmente, tratarse de datos de cardinal importancia para determinadas indagaciones penales, dada su naturaleza personalísima, solo podría ser proporcionada por el titular del dato” (resaltado por la Sala). Corte Constitucional, Sentencia C-336 del 9 de mayo de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Consultar igualmente: Corte Constitucional, Sentencia T-729 del 5 de septiembre de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y Sentencia C-692 del 12 de agosto de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(13) Motivo por el cual tampoco sería dable entender configurada una violación a la correspondencia privada de los integrantes de la parte demandante. Sobre la interceptación de correspondencia y los derechos a la intimidad personal y familiar y al buen nombre, el artículo 15 de la Constitución Política establece: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

(14) Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II, Editorial ABC, Bogotá, Colombia, 1998, p. 15.

(15) Ibídem, p. 17.

(16) “1.2.4. Regla de la comunidad de la prueba. Se explica advirtiendo que sin que importe cual es el origen de la prueba, es decir, si se aportó o práctico por iniciativa de alguna de las partes o de oficio por el juez, una vez incorporada entra a formar parte del expediente y no le es posible a quienes dentro del mismo intervienen, incluyendo al juez, prescindir de ella”. Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Tomo III, Pruebas, Dupré Editores, Bogotá, Colombia, 2001, p. 28.

(17) Op. cit., Echandía Ibídem, p. 26.

(18) A título de ejemplo, la obtención de un medio probatorio con el cual se configure la afectación al debido proceso, entendido como un derecho de contextura sustancial establecido con el fin de evitar que los administrados se vean sometidos a arbitrariedades, de lo que deviene que se puede aducir su vulneración en el evento de que a su vez se presente una violación de un derecho fundamental, se puede traer a colación las situaciones en que se permita como elemento de convicción dentro de un proceso judicial penal, las comunicaciones privadas interceptadas de los investigados sin que hubiera mediado la orden judicial previa pertinente. Así lo ha establecido la Corte Constitucional en los siguientes términos: “La interceptación arbitraria de comunicaciones es, a todas luces, una práctica contraria a los principios democráticos que protegen a los individuos de la arbitrariedad de los agentes estatales. Por ello, la interceptación de comunicaciones, solo puede ser realizada bajo las condiciones y procedimientos expresamente señalados en la Carta y en la ley, como garantía de los derechos fundamentales, en especial del derecho a la intimidad (...). // En cuanto a la protección de las comunicaciones privadas contra interceptaciones arbitrarias, esta corporación ha reiterado que el derecho a la intimidad garantiza a los asociados una esfera o espacio de su vida privada, inmune a la interferencia arbitraria de otros, en especial si la interceptación es realizada por agentes del Estado, pero también cuando esa interferencia es realizada por personas privadas, como cuando, por ejemplo, se divulgan a través de los medios de comunicación situaciones o circunstancias que sean de exclusivo interés de la persona o sus allegados. Esa doctrina constitucional también ha reconocido que el derecho a la intimidad no es absoluto y ha señalado, por ejemplo, que cuando se trata de personas y hechos de importancia pública, el derecho a la información prevalece prima facie sobre el derecho a la intimidad (...). // De conformidad con lo anterior, las actuaciones de la fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia se ajustaron a la regla constitucional sobre exclusión de pruebas aportadas al proceso penal con violación del debido proceso. Acataron y aplicaron correctamente las normas constitucionales y legales sobre la materia al excluir expresamente la grabación de las conversaciones sostenidas por los funcionarios públicos implicados, pues esta había sido obtenida por sujetos desconocidos, sin autorización judicial previa”. Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(19) Es así como en un caso que fue conocido por la jurisdicción ordinaria penal, la Corte Constitucional precisó en sede de tutela que ciertas pruebas pedidas por la defensa de una persona investigada por el delito de acceso carnal violento y que fueron avaladas por el juez penal correspondiente, sobre información de la vida sexual previa y posterior de la víctima, quien constituida en parte civil dentro del proceso penal se opuso a su práctica o recepción —los operadores judiciales pertinentes denegaron sus solicitudes con fundamento en normas procesales, lo que hizo viable la acción de tutela—, debían ser excluidas del plenario puesto que eran una intromisión irrazonable en su derecho a la intimidad, cuya trasgresión no tenía siquiera sustento en el derecho de defensa de quien era reputado como victimario —se efectuó un examen de razonabilidad y proporcionalidad entre el derecho de defensa del investigado y el derecho de intimidad de la víctima—. De esta manera, señaló: “Este grupo, por el contrario, está constituido por pruebas que deben ser excluidas del acervo probatorio, ya que implican una intromisión irrazonable o desproporcionada en el derecho a la intimidad de la víctima (...). Este tipo de pruebas, no aportan elementos de juicio sobre la forma cómo ocurrieron los hechos objeto de investigación, sino que están dirigidas a elevar cuestionamientos sobre la idoneidad moral de la víctima por su comportamiento anterior o posterior a los hechos en relaciones diferentes y con personas distintas al acusado. No están orientadas estas pruebas a un fin imperioso de la defensa (...). En este sentido los medios empleados no son ilícitos. Sin embargo, no existe una relación entre los medios de prueba solicitados y el fin perseguido: lograr demostrar la ausencia de responsabilidad del procesado. El comportamiento o experiencia sexual previo de la víctima, nada dice sobre su consentimiento para sostener relaciones sexuales con el acusado, ni aporta información sobre lo ocurrido el día de los hechos (...). Por ello, tales cuestionamientos son innecesarios para el esclarecimiento de la verdad y desproporcionados dado que conllevan una grave intromisión en la vida íntima de la víctima, sin que aporten ningún elemento probatorio sobre lo sucedido en la relación entre la víctima y el acusado. Por lo anterior, tales pruebas deberán ser excluidas del acervo probatorio, y no podrán ser tenidas en cuenta por el juez al adoptar una decisión sobre la responsabilidad del acusado”.

(20) Así también lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: “Por último, en relación con la violación directa de leyes de rango sustancial invocada en razón de la ausencia de condena por perjuicios morales, es de verse que los planteamientos del recurrente son equivocados cuando asevera que agravios de esa naturaleza no requieren prueba por ser materia que corresponde al prudente juicio del fallador, conclusión errada toda vez que el denominado comunmente “arbitrun judicis”, si es que a esta noción alude en su alegato el recurrente, opera únicamente en relación con la estimación cuantitativa del perjuicio moral, mas no así con su existencia, la cual, como acontece igualmente con cualquier clase de daño y dejando a salvo situaciones de excepción previstas explícitamente por el legislador, requiere ser demostrado aun valiéndose de la prueba por indicios, y la carga procesal correspondiente incumbe, como es fácil intuirlo, a la parte interesada en obtener la conveniente satisfacción pecuniaria. Valga, pues, llamar la atención una vez más en que el hecho de aceptar como postulado de general aplicación el que pregona la resarcibilidad de los perjuicios no patrimoniales injustamente causados, “... no significa de suyo que esa clase de reparación sea ilimitada, bastándole por lo tanto a los demandantes, en un caso dado, reclamarla para dejarle el resto a la imaginación, al sentimiento o al cálculo generoso de los jueces...”, lo que equivale a decir que cuando del daño moral puro se trata, “... son condiciones indispensables para su compensación que sea personal de quien acciona y, además, que sea cierto, implicando esta segunda exigencia que la existencia y la intensidad del agravio alegado encuentren consistente respaldo procesal, toda vez que (...) es apenas su cuantificación monetaria, y siempre dentro de restricciones caracterizadamente estrictas, la materia en la que al juzgador le corresponde obrar según su prudente arbitrio...” (G.J. Tomos CC pág. 86, y CCXIX, pág. 670)”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 15 de abril de 1997, Exp. 4422, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.

(21) “Siendo aproximadamente las 14:45 horas del día de hoy, cuando me disponía a abrir la puerta para pasar los internos del pabellón segundo a la comida, al fondo del pasillo observé un bulto, me diriji (sic) hacía él para ver que era y al acercarme me pude dar cuenta que era un interno que al parecer estaba muerto, inmediatamente le informe al insp. Figueredo Figueredo Euclides quien se encontraba en el comedor con un personal de guardia disponible, este a su vez informó al insp. jefe Sánchez Rayo Luis Alfonso comandante de la compañía con quién nos dirijimos (sic) nuevamente al sitio en cuestión.
Posteriormente se le informó por radio al Dr. Luis Carlos Méndez Ribón director del establecimiento quien se desplazó al lugar y ordenó el traslado del cuerpo a la sección de sanidad en donde la enfermera de turno Norvey Páez confirmó que el interno se encontraba sin signos vitales.
Después se logró establecer la identidad del interno como: XXXX XXXX XXXXX TD# XXX”.

(22) Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. // Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aun contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, Exp. 12.200, actor: Miguel Antonio Prada Jaimes, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(23) La Ley 446 de 1998 se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los hechos y de presentación de la demanda, razón por la que resulta aplicable al término de caducidad iniciado en virtud del hecho dañoso aducido en el caso concreto. La normativa señalada comenzó a regir a partir de su publicación de conformidad con lo dispuesto por su artículo 163, la cual se dio el 8 de julio de 1998 en el Diario Oficial 4335.

(24) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 17 de agosto de 2005. Exp. 05001-23-31-000-2003-00122-01(29956), actor: Dora María Cardona Chica, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, la Sala de esta Subsección ha señalado: “Sobre el último punto, se encuentra en el proceso que la demanda fue reformada con el fin de incluir como demandantes a Eneida Cecilia Ortiz de Pinzón, Luz Yasmín Duque Perea y Lizeth Carolina Pinzón, para lo cual se modificaron las pretensiones con el fin de solicitar la indemnización por perjuicios morales y materiales a su favor. Sin embargo, advierte la Sala que el escrito de adición de la demanda fue radicado el 23 de enero de 2002 (fl. 47, cdno. 2), fecha para la cual, ya se encontraba vencido el término de caducidad para interponer la acción de reparación directa, pues la muerte del recluso ocurrió el día 17 de septiembre de 1999 y por tanto, se podía ejercer la respectiva acción hasta el 18 de septiembre de 2001”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de noviembre de 2012, Exp. 25000-23-26-000-2001-02161-01(26136), actor: Marta Margarita Pinzón y otra, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(25) Consejo de Estado, Sección Tercera-Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, Exp. 19001233100019990081501 (21515), actor: María Hermenza Tunubala Aranda, C.P. Hernán Andrade Rincón.

(26) “Con fundamento en lo anterior, pude concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, su seguridad depende por completo de la administración. // Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, Exp. 66001-23-31-000-1998-00454-01(18800), actor: Ofelia Pérez Díaz y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(27) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1995-01957-01(18886), actor: Eduardo Rojas Quinche y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(28) Es evidente que cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falla del servicio, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada con base en este título jurídico de imputación. Dicho en otros términos, en cualquier caso, será necesario determinar si las autoridades actuaron dentro del marco de sus obligaciones legales y constitucionales, más aún, con el fin de que la administración adopte los correctivos que sean del caso para evitar situaciones vulneradoras que comprometan su responsabilidad nuevamente. Al respecto, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, Exp. 25000-23-26-000-1997-03365-01(18271), actor: Myriam Roa Duarte y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(29) Artículo 16 de la Ley 65 de 1993, mediante la cual se expidió el Código Penitenciario y Carcelario.

(30) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 19001-23-31-000-1997-08006-01(19849), actor: José William Rico Mendoza y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(31) Artículo 44 de la Ley 65 de 1993 —Código Penitenciario y Carcelario—: “Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno: (...) c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual”.

(32) Artículo 5º de la Ley 65 de 1993: “En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral”.

(33) Artículo 44 de la Ley 65 de 1993: “Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno: (...) g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario”.

(34) “Con todo, nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad, siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de abril de 2011, Exp. 19001-23-31-000-1997-5005-01(20587), actor: Luis Edgar Beltrán Rodríguez y otros, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(35) “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.

(36) “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Con base en la norma referida, esta corporación ha señalado: “La referida norma legal desarrolla el tradicional aforismo de acuerdo con el cual quien afirma un hecho debe probarlo: “incumbit probatio qui dicit non qui negat”. Ello se traduce, en los procesos que cursan ante el juez de lo contencioso administrativo, en que quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquel no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es este, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720), actor: Ulises Manuel Julio Franco y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(37) “En cuanto a la legitimación en la causa, es preciso determinar que de conformidad con la jurisprudencia de la corporación, existen dos clases; la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas —siendo o no partes del proceso—, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda. En este sentido, no siempre quien se encuentra legitimado de hecho tiene que necesariamente estarlo materialmente, en consideración a que si bien puede integrar una de las partes de la litis, ello no implica que frente a la ley tenga un interés jurídico sustancial en cuanto al conflicto (...). De esta manera, cuando no se encuentra acreditada la legitimación material en la causa de alguna de las partes procesales, el juzgador deberá denegar las pretensiones elevadas en la demanda puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o, el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 500012331000199706209 01 (22458), actor: José Gabriel Robledo Robledo, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(38) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de marzo de 2011, Exp. 66001-23-31-000-1998-00409-01(19067), actor: Nohelia del Socorro Londoño Giraldo y otros, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(39) “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”.

(40) Se resalta: “En efecto, la indemnización que se decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un daño moral, por ejemplo, no busca el pago de las lágrimas ni el dolor producido por el hecho dañino. Las lágrimas vertidas están naturalmente fuera del comercio; el dolor es imposible medirlo con patrones objetivos, por ser en esencia subjetivo. Sin embargo, si ubicamos dicha indemnización desde el ámbito de la compensación y no de la restitución del bien afectado, aquella se defiende en el plano conceptual. En los eventos de indemnización del daño inmaterial la naturaleza de la indemnización, se reitera, es compensatoria, en el sentido de que mediante el bien equivalente del dinero, o, de cualquier otra manera a petición razonable de la víctima o por decisión del juez, se otorga a aquella un bien que le ayuda a aliviar su pena, sin que sea relevante que la indemnización sea o no dineraria (...). No se busca entonces que se quede materialmente indemne, sino que se tenga el dinero u otro bien que permita hacer más llevadera la pena y sufrir en las mejores condiciones posibles la alteración emocional producida, y permitir así que cese o se aminore el daño ocasionado”. Juan Carlos Henao. El Daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés. Edición Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia. 2007, p. 231.

(41) “2.1. Ahora bien, primeramente reitera la Sala la necesidad de aplicar para el caso de reparaciones del daño moral en los derechos al buen nombre y a la honra, el criterio del arbitrium judice, de tal manera que por lo menos se aproxime a una compensación equivalente o paliativa por la afección sufrida, sin que con ella se aspire a resarcir plenamente a la víctima, ni tampoco se logre enmendar oportuna y totalmente las secuelas causadas por el error informativo nocivo que se ha cometido.
Por esta razón, estima la Corte que, de un lado, deben tenerse en cuenta, factores como los relativos a las condiciones personales trascendentes en el buen nombre y la honra de la víctima, al alcance y gravedad de la afectación de estos derechos, a la extensión de la difusión y las circunstancias de la información, a las condiciones periodísticas y económicas del medio de comunicación social, al interés de la víctima por la rectificación y a la disposición del medio para hacerlo, etc. Pero del otro, también precisa la Corte la necesidad que, en desarrollo de una correcta aplicación del precitado principio, se seleccionen las formas de resarcimiento que se adecuen a la función compensatoria o paliativa de dicho daño, a fin de lograr en lo posible su justa reparación y evitar un aprovechamiento indebido” (resaltado por la Sala). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del 24 de mayo de 1999, Exp. 5244, M.P. Pedro Lafont Pianetta.

(42) “Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)” (resaltado por la Sala). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 66001-23-31-000-1996-3160-01(13232-15646), actor: Belén González y otros - William Alberto González y otra, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

(43) “Así las cosas, según la jurisprudencia de la Sala, en los eventos en los que una persona fallece o sufre una lesión y esta es imputable al Estado, ello desencadena a cargo de este, la indemnización de perjuicios morales, de tal manera que las personas que se sientan perjudicadas por dicha situación y hagan parte del núcleo familiar más cercano, pueden reclamar la indemnización de estos perjuicios acreditando el parentesco con la víctima directa del daño, pues este se convierte en un indicio suficiente para tener por demostrado el perjuicio moral sufrido, siempre que no hubieren pruebas que indiquen o demuestren lo contrario”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de agosto de 2011, Exp. 76001-23-31-000-1997-03685-01(20133), actor: Inés Mery Caicedo Rivera y otros, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez.

(44) “Acerca de la cuantía del mismo, es importante en esta oportunidad precisar que si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros a tener en cuenta al momento de proferir la respectiva condena, dichos parámetros no son absolutos y pueden variar —ser incrementados o disminuidos— según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del daño padecido por los damnificados”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de agosto de 2007, Exp. 41001-23-31-000-1993-07585-01(30114), actor: José Ámbito Alarcón y otros, C.P. Ramiro Saveedra Becerra. Así también se ha considerado desde la doctrina jurídica en los siguientes términos:“No obstante, parece tendencia natural la de establecer mecanismos que tiendan a contener de algún modo la “inflación” en el quantum de la indemnización del daño extrapatrimonial, bien sea mediante la creación de tablas sobre las cuales se fundamente su liquidación (...) o, por medio del establecimiento de topes (...) jurisprudenciales periódicos, a manera de guía para los jueces, los cuales están dirigidos, para no establecer, en definitiva va(sic), sumas imposibles de pagar que pugnarían con la equidad. Con esa suerte de parámetros se busca, además, favorecer cierta homogeneidad entre casos similares (...). De cualquier modo, con límites o pautas establecidas legal o jurisprudencialmente, la cuantificación del daño extrapatrimonial será siempre tarea del juzgador”. Milagros Koteich Khatib. La Reparación del Daño como Mecanismo de Tutela de la Persona. Del Daño a la Salud a los Nuevos Daños Extrapatrimoniales. Departamento de Publicaciones de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, 2012, pp. 278-279.

(45) [13] Renato Scognamiglio. El daño moral. Contribución a la teoría del daño extracontractual. traducción de Fernando Hinestrosa, Bogotá, Edit. Antares, 1962, pág. 46.

(46) [14] En sentencia del 13 de febrero de 1978 la corporación aplicó la limitación de la reparación del perjuicio moral prevista en el artículo 95 del Código Penal de 1936, pero actualizó dicha suma a la fecha del fallo, por considerar que $ 2.000 de 1937 equivalían a 1.000 gramos oro en 1978. Este criterio fue recogido posteriormente en el artículo 107 en el Código Penal de 1980.

(47) [15] La Corte Constitucional precisó la distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad en estos términos: “No debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional. En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien ejerce el poder sin sujeción a la ley. El poder discrecional por el contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano o funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos y libertades”. C-031 de febrero 2 de 1995.

(48) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de junio de 2004, Exp. 68001-23-15-000-1994-0301-01(14950), actor: Hugo A. Rodriguez Joya y otros, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

(49) “De conformidad con lo anterior, se tiene que está debidamente establecido el parentesco existente entre el señor Nelson Méndez Rodríguez (occiso) y los demandantes a quienes al a quo reconoció perjuicios morales: cónyuge supérstite e hijo del primero. Ello al tenor de los artículos 1º, 54, 101, 105, 112 y 115 del Decreto 1260 de 1970, que señalan que cuando se expide un certificado de registro civil de nacimiento y en él consten los nombres de los progenitores del inscrito, dicho documento constituirá prueba suficiente para acreditar el parentesco de consanguinidad existente entre este y aquellos. En efecto, si tales nombres fueron indicados en el correspondiente certificado, es porque el inscrito nació dentro de un matrimonio legalmente celebrado o, siendo hijo extramatrimonial, fue reconocido por su padre o se declaró judicialmente su paternidad y, no puede el juez exigir pruebas adicionales para establecer el parentesco, so pena de desconocer la solemnidad prevista por la ley, de manera excepcional, para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 105 del Decreto 1260 de 1970”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2003, Exp. 25000-23-26-000-1999-00631-01(25020), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(50) Esta corporación ha precisado que no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de los requisitos para el reconocimiento de una unión marital de hecho, pero que ello no es óbice para que se pronuncie sobre la calidad de compañero permanente y por ende, respecto de la indemnización que le corresponde a quien alegue dicha calidad, pudiéndose probar el vínculo correspondiente mediante testimonios. Al respecto, se dijo: “De las declaraciones recaudadas en este proceso se infiere que el occiso y la demandante María Dolores Martínez compartían normalmente la misma residencia, en compañía de sus hijos Harrinson Freddy Palacios y Robinson Palacios Martínez, a quienes la víctima brindaba su apoyo y compañía, reflejando que entre la pareja aludida se daban las condiciones de un concubinato (...). Estima la Sala que legalmente no le corresponde calificar si se da o no una supuesta unión marital de hecho, toda vez que esa decisión compete a los jueces de familia, al tenor de lo previsto en la Ley 54 de 1990 y en el Código de Procedimiento Civil, sin que lo anterior impida observar el comportamiento sociológico llevado a cabo entre Fredy Palacios y María Dolores Martínez, para inferir de tal comportamiento el interés jurídico y económico que le asiste a la demandante en su pretensión de ser indemnizada, por cuanto la decisión que aquí se toma no trasciende los límites de este proceso”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de noviembre de 1991, Exp. 6487, actor: María Dolores Martínez, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(51) “De dichos testimonios se concluye que Luz Amparo Osorio Flórez sí era la compañera permanente de Enrique Cruz y por lo mismo que sufrió con la muerte de su compañero con quien para la época del hecho tenía un bebé de 9 meses de edad producto de su relación. Debe tenerse en cuenta que si la Constitución Política de 1991 ampara, en el artículo 5º, la familia como institución básica de la sociedad y resalta, en el artículo 42, que la a familia es el núcleo fundamental de la sociedad, la cual se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, resulta suficiente para acreditar el dolor la prueba de la condición de compañera permanente, como la de calidad de cónyuge es adecuada para probar dicho dolor” (resaltado del texto). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2004, Exp. 63001-23-31-000-1997-04420-01(15088), actor: Israel Cruz Rodríguez y otros, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

(52) “Sin embargo, el juez contencioso administrativo debe examinar si encuentra que las entidades demandadas o las pruebas obrantes en el expediente, precisamente, desvirtuaron la presunción de aflicción causada a los demandantes por lo que lleva a concretar la existencia y reconocimiento de los perjuicios morales en cabeza de los familiares de víctima.
(...).
En efecto, resulta claro para la Sala que si bien se encuentra debidamente acreditado el parentesco entre las demandantes y la víctima, lo cierto es que teniendo en cuenta el contenido de la nota suicida quedó demostrado que las demandantes no tenía una relación de cercanía sentimental con la víctima, por el contrario, la misma revela la desintegración del núcleo familiar, la ausencia de cariño hacia uno de sus miembros, la inexistencia de lazos de solidaridad y el respecto de la dignidad humana. Circunstancias que no permiten presumir razonadamente que efectivamente las demandantes experimentaron con la muerte de Freddy Antonio profundo dolor, angustia y aflicción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 27 de febrero de 2013, Exp. 68001-23-15-000-1996-12379-01(25334), actor: Edilia Lizarazo de Gutiérrez y otra, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En igual sentido se pronunció esta corporación, a partir de la actitud de un padre que solo propendió por reconocer a su hijo al momento en que fue consciente de la posibilidad de demandar ante esta jurisdicción con el fin de percibir el dinero derivado de la indemnización debida en virtud del daño que le fue causado a este, en los siguientes términos:
“Ahora bien, en relación con el supuesto daño padecido por el señor Jorge Enrique Galicia Barragán —padre del menor lesionado—, para la Sala, del acervo probatorio, se desprenden una serie de indicios que llevan a concluir que aquel no veía en forma alguna en el sostenimiento económico y afectivo requerido por el niño; lo anterior, comoquiera que solo mostró interés en el reconocimiento de su paternidad, una vez avizoró la posibilidad de demandar el reconocimiento ante esta jurisdicción de una serie de perjuicios eventualmente a él causados, toda vez que a partir de su conducta procesal, no pudo padecer un detrimento o aflicción de rango afectivo frente a su hijo, comoquiera que del acervo probatorio se desprende con meridiana claridad que nunca veló por la subsistencia de aquel antes de que ocurriera el desafortunado hecho; de allí que se ha enervado la presunción respecto a los perjuicios morales sufridos por el padre.
La sola condición biológica de padre, no legitima ni habilita para valerse de un daño que sufre el hijo, a efectos de sacar provecho de la tragedia del mismo, proceder así, cuando no se ha cumplido con los deberes y obligaciones inherentes a la condición paterna, no solo es censurable, sino que de contera significa utilizar como medio al hijo, cuando este como persona, es un fin en sí mismo en términos Kantianos (Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 73001-23-31-000-1998-01327-01(17918), actor: Carmen Rojas Tapiero y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(53) Al respecto, se recuerda que como se mencionó, es posible que el parámetro jurisprudencial para la tasación del perjuicio moral sea desconocido, reduciéndose el monto de lo que por regla general se otorga en caso de muerte de una persona allegada: “De otro lado, se revocará la decisión del a quo que lo llevó a denegar la indemnización que por concepto de perjuicios morales, reclama el señor Ari Alonso Astudillo Vásquez (en calidad de esposo de la víctima). En verdad su bien no existen testimonios que indiquen que la pareja conservaba las mejores relaciones afectivas y pese a que vivían separadamente en la casa de cada uno de los padres, y que tramitaban el proceso de divorcio, sí se infiere de la realidad fáctica que se frecuentaban y compartían aunque no a diariamente, diferentes facetas de su vida en compañía de su menor hija, de donde se deduce entonces que la muerte de su cónyuge le ocasionó profunda aflicción moral. Así las cosas y de acuerdo al arbitrio judicial, resulta procedente reconocer a favor del citado señor el equivalente en pesos, la cantidad de quinientos (500) gramos de oro fino (cuantía en cuyo tiempo correspondía al 50% de lo que normalmente se indemnizaba a las personas por la muerte de sus cónyuges)”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1995, Exp. 10457, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

(54) Artículo 44 de la Constitución Política: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.