Sentencia 2002-02070 de noviembre 29 de 2013

 

Sentencia 2002-02070 de noviembre 29 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 05001233100020020207001-18770

Consejero Ponente:

Dr. William Giraldo Giraldo

Actor: Fábrica de Brassieres Haby S.A.

C/Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Renta - 1997

Bogotá, D.C., veintinueve de noviembre de dos mil doce.

Fallo

EXTRACTOS: «VII. Consideraciones de la Sala

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y teniendo en cuenta el fallo de primera instancia, la Sala decidirá si son nulos los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios a la Fábrica de Brassieres Haby S.A. por el año gravable 1997.

Concretamente, analizará si, como lo alega la apelante, la inversión realizada por la sociedad demandante en la zona del Río Páez solamente podía tratarse como descuento en el mismo año en que esta se efectuó.

Observa la Sala que con la expedición de la Ley 218 de 1995 “por la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones”, se consagraron beneficios fiscales para las nuevas inversiones que se realizaran en la zona afectada con el fenómeno natural de desbordamiento del Río Páez, entre otros, la deducción del monto de la inversión por parte del ente inversionista, quien igualmente podía optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto a pagar o como renta exenta, en los siguientes términos:

“ART. 5º.—Cuando se efectúen nuevas inversiones por empresas domiciliadas en el país, el monto del desembolso será deducible de la renta del ente inversionista.

PAR.—Las utilidades liquidas o ganancias ocasionales obtenidas durante un periodo y las inversiones que una empresa nacional o extranjera realice en los municipios señalados en el artículo 1º de esta ley durante los cinco (5) años siguientes a 1994, constituye renta exenta por igual monto al invertido, para el periodo gravable siguiente.

En caso de que las nuevas empresas establecidas generen pérdidas, la exención se podrá solicitar en los periodos gravables siguientes hasta completar el ciento por ciento (100%) del monto invertido.

El inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta. En ningún caso podrá aplicarlo simultáneamente a ambos rubros”.

En relación con esta disposición la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse(3) y ha señalado que del texto de la norma se infieren los siguientes beneficios tributarios consagrados en favor de los inversionistas:

De una parte, la deducción prevista en el inciso primero de la norma, la cual debe hacerse efectiva en el mismo año en que se efectuó la inversión, puesto que el beneficio se establece con el desembolso.

Y de otra, la renta exenta o el descuento tributario (menor valor del impuesto a pagar), por igual monto al invertido, son beneficios que consagra el parágrafo de la misma norma, para ser aplicados “al periodo gravable siguiente” a aquel en el cual se realizó la inversión, y por los que puede optar el inversionista, con la advertencia de que es uno o es otro, pues el valor invertido no puede aplicarse “simultáneamente a ambos rubros”.

La norma en comento fue demandada y la Corte Constitucional, en Sentencia C-130 de 1998, al decidir sobre su exequibilidad, se refirió al beneficio de la deducción en los siguientes términos:

“1. Según el inciso 1º del artículo demandado, la inversión efectuada por empresas domiciliadas en el país es deducible de la renta del ente inversionista.

Como la disposición no establece ninguna clase de restricciones ni exclusiones al respecto, y por el contrario, la parte final del parágrafo — válida con referencia a toda la norma— permite aplicar “el valor invertido” —no menos de él ni más de él— como un menor valor del impuesto por pagar (una de las alternativas que el inversionista puede escoger), es entendido que la cuantía de la deducción autorizada es igual al monto del desembolso efectuado, lo comprende en su totalidad, elemento que resulta relevante en relación con la constitucionalidad del precepto, al verificar las demás situaciones contempladas y las opciones que se consagran.

Dado que, además, la norma tampoco establece distinción sobre el periodo gravable al cual se aplica la deducción, no podría decirse que deba llevarse a periodos posteriores sino que es menester que se tenga en cuenta respecto del mismo periodo gravable en que se efectúe” (destacado fuera del texto).

En el presente caso, la administración, con base en las anteriores consideraciones y especialmente de las que se subrayan, precisó(4) que “... en el presente caso, esta administración ha actuado dentro de los parámetros legales indicados en el artículo 5º de la Ley 218 de 1995, así como la Sentencia C-130 de 1998, la Circular 58 de 1998 que rige a partir del 1º de enero de 1998 y la Orden Administrativa 0001 del 25 de febrero de 2000 que nos indica el procedimiento a seguir para la aplicación del beneficio tributario contemplado en la Ley 218 ya mencionada. Por lo tanto, es procedente el desconocimiento del descuento tributario por valor de sesenta millones de pesos M.L. ($ 60.000.000) declarados por la sociedad Fábrica de Brassieres Haby S.A. en el año gravable 1997, toda vez que, como quedó plenamente demostrado, este no es procedente solicitarlo en el año siguiente al de la inversión, sino en el mismo año gravable en que esta se realizó, por lo que se incluye este valor como renta exenta, porque tal es el tratamiento que debió darle la sociedad en el año de 1997”.

Como se señaló en la providencia citada, la administración confunde los conceptos “deducción”, y “descuento tributario” cuando entiende que la deducción consagrada en el inciso primero de la norma, a que se refiere la Corte Constitucional para indicar que la inversión debe aplicarse en el mismo periodo gravable en que se efectúe, es equivalente al descuento tributario o “menor valor del impuesto a pagar”, que se consagra en el inciso final del parágrafo de la misma norma, cuando en realidad, la misma Corte advirtió que este último concepto hacía parte de otra modalidad de tratamiento tributario autorizado para las inversiones, que podía ser utilizado a opción del inversionista en el periodo siguiente al de la inversión.

En efecto, en relación con la disposición contenida en el parágrafo de la norma, reitera la Sala(5) que de la sentencia de la Corte no se deduce la interpretación propuesta por la administración, pues por el contrario, está claro que para la Corte la opción de llevar la inversión como renta exenta o como descuento tributario, está condicionada en ambos casos, porque así lo dispone expresamente la norma, a que su aplicación se haga en el periodo gravable siguiente. Así lo precisó la Corte:

“El parágrafo estipula, en otra modalidad del tratamiento tributario autorizado, que las inversiones que realice una empresa nacional o extranjera en los municipios señalados por el artículo 1º durante los cinco (5) años siguientes a 1994 constituyen renta exenta por el 100% de lo invertido, para el periodo gravable siguiente.

Aquí radica justamente la opción que la ley contempla, pues se trata de las mismas inversiones, solo que el inversionista debe escoger entre aplicar el valor invertido como “un menor valor del impuesto por pagar” o aplicarlo en su totalidad como renta exenta, sin que le sea posible, por disposición expresa de la norma, aplicarlo simultáneamente a ambos rubros.

Del texto de la norma resulta, sin lugar a dudas, que la exención cobija el 100% de lo invertido y se aplica para el periodo gravable siguiente.

2. El parágrafo, en su primera parte, alude a las utilidades líquidas o ganancias ocasionales obtenidas durante un periodo por las nuevas inversiones efectuadas en los municipios que la ley señala, durante los cinco años siguientes a 1994. Expresamente dispone que constituyen renta exenta por igual monto, para el periodo gravable siguiente. La norma es específica en los dos aludidos aspectos: las utilidades líquidas o ganancias ocasionales son exentas en el 100% y se aplican para el periodo gravable siguiente.

3. El parágrafo contempla también el caso en el cual las nuevas empresas establecidas generen pérdidas, situación que merece trato especial, que el legislador hizo consistir en la posibilidad de solicitar la exención tributaria en los periodos gravables siguientes hasta completar el ciento por ciento (100%) del monto invertido”.

En igual sentido se pronunció la Sala(6) al decidir sobre la demanda de nulidad instaurada contra el parágrafo primero del artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, reglamentario de la Ley 218 de 1995, al señalar:

“... cabe anotar que la ley al señalar que ‘el inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como menor valor del impuesto a pagar o como renta exenta’ empleó el vocablo ‘optar’, que conforme a la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua , significa ‘escoger una cosa entre varias’, esto es, que el inversionista podrá elegir desde luego entre dos iguales, que sean comparables como opciones elegibles en razón de su operancia en el tiempo, la alternativa impositiva, pues si hay una opción real frente al concepto ‘menor valor del impuesto o renta exenta’, la elección debe ser en las mismas condiciones ofrecidas precisamente para el mismo periodo fiscal”.

“Lo anterior, por cuanto el artículo 5º constituye una unidad normativa que debe interpretarse en forma sistemática, por lo que no resulta jurídico su fraccionamiento para deducir que los beneficios tributarios que allí se consagran, concretamente el descuento y la exención, operan en periodo gravable diferente al de la inversión y que por ello la alternativa de tratarla como menor valor del impuesto a pagar procede en el mismo año en el cual esta se efectuó”.

De conformidad con las anteriores consideraciones no encuentra la Sala ajustados a derecho los actos administrativos demandados, en cuanto desconocen el beneficio del descuento tributario solicitado por la sociedad en su declaración de renta por el año gravable de 1997, con motivo de la inversión realizada en 1996(7) y darle el tratamiento de renta exenta, al considerar que el descuento tributario solo procedía en el mismo año de la inversión y no en el siguiente, apreciación que ha sido considerada desacertada por esta corporación, de conformidad al criterio expuesto.

Siendo así las cosas, el recurso de apelación de la parte demandada no tiene vocación de prosperidad, por lo que se confirmará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 15 de octubre de 2010, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de Fábrica de Brassieres Haby S.A. contra la DIAN.

RECONÓCESE personería a la abogada Carmen Adela Cruz Molina como apoderada de la DIAN, conforme al poder que obra en el folio 201 del expediente.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(3) Sentencia de fecha 6 de mayo de 2004, Exp. 13879, C.P. Ligia López Díaz.

(4) Hoja 6 del anexo de la liquidación de revisión 110642001000012 de enero 22 de 2001. (fl. 43 C.P.)

(5) Sentencias del 26 de octubre de 2009, Exp. 16665 C.P. Hugo Fernando Bastidas B.; del 18 de junio de 2009, Exp. 15540 C.P. Héctor J. Romero Díaz; del 31 de julio de 2009, Exp. 16016 C.P. Héctor J. Romero Díaz; del 12 de junio de 2008, Exp. 15641 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié; y del 4 de noviembre de 2004, Exp. 14636 C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(6) Sentencia de julio 11 de 1997, Exp. 8228, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, Actor: Paul Cahn - Speyer Wells.

(7) Mediante Auto de Inspección Tributaria 110632000000046 del 25 de enero de 2000, la DIAN constató el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para la procedencia del beneficio tributario solicitado (fl. 15 c.p.).