Sentencia 2002-02078/33043 de agosto 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Rad.: 250002326000200202078 (33.043)

Consejera ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Jesús Amado Sarria Agredo y Otros

Demandado: Fiscalía General De La Nación Y Otros

Ref.: Apelación Sentencia - Reparación Directa

Bogotá, D. C., tres de agosto de dos mil diecisiete.

Extracto: «Consideraciones

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, para cuyo efecto se abordarán los siguientes temas: 1) competencia de la Sala y oportunidad de la acción; 2) lo probado en el proceso; 3) la legitimación en la causa por activa; 4) caso concreto: a) sobre el presunto deterioro del inmueble, b) sobre el supuesto error jurisdiccional; 5) decisión sobre costas.

2.1. Competencia de la Sala y oportunidad de la acción

2.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 11 de mayo de 2006 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, puesto que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instanda y en el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso(17).

2.1.2. En cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que el daño por cuya indemnización se demand —según se indicó—, devino por la incautación irregular y el deterioro del predio rural de propiedad de la Señora Elizabeth Montoya —ya fallecida— denominado Finca Praga o La Ximena, entre marzo de 1996 y noviembre de 2000.

Así pues, para determinar el momento en el cual ha de efectuarse el cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa, la Sala tendrá como punto de referencia el día siguiente al de la fecha de la entrega de dicho inmueble a la apoderada de los aquí demandantes, esto es, el 11 de noviembre de 2000(18), pues a partir de esa fecha habrían podido advertir el presunto deterioro del predio que fue incautado.

Así las cosas, por haberse presentado la demanda el 15 de octubre de 2002, se impone concluir que respecto de ese hecho dañoso se interpuso dentro de los 2 años que establece el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

La Sala procederá a establecer los hechos que se encuentran debidamente acreditados dentro del proceso para, posteriormente, analizar la legitimación en la causa por activa, el presunto daño antijurídico y la eventual responsabilidad patrimonial que se le imputa a las demandadas.

2.2. Lo probado en el proceso

En atención al material probatorio obrante en el expediente, recaudado oportunamente y con el lleno de los requisitos legales, se tiene acreditado lo siguiente:

i) Mediante escritura pública No. 2728 del 28 de marzo de 1990, otorgada en la Notaría Décima del Circuito de Cali, el señor Rafael Jacinto Núñez Arciniegas celebró un contrato de compraventa con la señora Elizabeth Montoya sobre los inmuebles denominados Campo Alegre y La Ximena, con áreas de 7.5 y 11 hectáreas respectivamente; asimismo, obra copia del certificado de tradición y libertad No. 370-50097, en el cual figura la referida señora como propietaria del predio La Ximena(19).

ii) Mediante resolución proferida el 21 de diciembre de 1995, la Dirección Regional de Fiscalías profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra de Jesús Amado Sarria Agredo, por ser presunto responsable del delito de enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico, al tiempo que decretó “el embargo preventivo de los bienes del sindicado, incluidos vehículos e inmuebles relacionados en autos, a nombre de él exclusivamente, para lo cual (...) pasarán a órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes” (20).

iii) A través de providencia del 4 de septiembre de 1996 la Dirección Regional de Fiscalías formuló resolución de acusación en contra del señor Sarria Agredo por el referido delito; asimismo, dispuso mantener las medidas de embargo y secuestro de sus bienes, incluido el predio rural denominado Praga o La Ximena(21) .

iv) En providencia fechada el 11 de abril de 1997, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional decidió confirmar la anterior decisión y precisó que “las medidas cautelares de bienes procede estrictamente con relación y para el trámite de extinción de dominio previsto en la Ley 133 de 1996”(22).

v) Mediante resolución No. 892 del 10 de julio de 1996, la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió “destinar en forma provisional a la Fundación para la Defensa de los animales ‘Paz Animal’ de Santiago de Cali el predio rural denominado ‘Praga o La Ximena’, ubicado en la vereda de Tocotá, municipio de Dagua”(23) ; asimismo, se tiene que la entrega de dicho bien a la mencionada Fundación se realizó el 25 de julio de 1996 que, en cuanto al estado del inmueble, en términos generales se dejó constancia de que en su mayoría se encontraba en regular y mal estado. Así se indicó en el acta de entrega (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):

“Se trata de un bien inmueble rural de una extensión superficiaria de una treinta (30) plazas aproximadamente (sic), con una casa principal de dos niveles, el primer nivel consta de una sala y un hall, una cocina integral, con cielo raso falso, con cuatro muebles en buen estado, estufa de 4 boquillas, un horno y mesón metálico, dos repisas, una habitación con baño respectivo y tina en regular estado de conservación, otra habitación sencilla (…). En el primer nivel de la casa principal tiene dos puertas de acceso, una pequeña y una grande, con un corredor amplio en el cual se halla una mesa de billar pool en regular estado de conservación, este corredor se encuentra rodeado de una baranda de madera que da acceso a la zona de la piscina, en esta zona hay un quiosco pequeño y pequeña habitación donde se encuentra ubicada una bomba de agua para tratamiento de la piscina (.. .), siguiendo por el camino y en la parte de atrás de la casa principal se halla otra casa pequeña con dos habitaciones con sus respectivos closets en buen estado de conservación y un baño en regular estado. Saliendo de la casa se encuentran 41 pesebreras, las cuales constan de sus comederos con capacidad para agua y alimento, las cuales cuentan con un cuarto para farmacia y un lavamanos en buen estado, detrás de las pesebreras hay un cuarto para herramientas en el cual hay tres estantes metálicos en regular estado, frente a la pesebrera encontramos un coliseo para exposición de caballos, el cual consta de dos pistas, frente al coliseo hay un baño en mal estado de conservación, pues se encuentra totalmente desvalijado (...), la paja de los techos de los establos y del coliseo de exposición se encuentra en mal estado de conservación. Detrás de las pesebreras hay una pequeña casa, que consta de dos habitaciones, un baño en mal estado, una cocina con estufa de leña y un pequeño patio de ropas con tejas eternit sin puertas y las ventanas con los vidrios rotos, detrás de las pesebreras hay once 11 establos que funcionan como marraneras en regular estado y los techos incompletos, los grifos de agua no tienen mariposa. (…). En la parte posterior hay una casa de madera con tres habitaciones y un baño, las puertas no tienen chapas, también consta de sala comedor, cocineta, en la cocina falta un vidrio y en el baño también falta un vidrio, todos en regular estado, (.. .) a mano derecha hay un galfínero en mal estado con cuatro galpones con mallas en regular estado, enseguida hay un pequeño establo también en regular estado, todo el potrero donde se encuentran las construcciones se halla cerrado en malla metálica, con cercos de madera encerrando las zonas verdes aledañas a la casa principal en mal estado e incompletos. En este estado de la diligencia se hace entrega del bien ...”(24) (negrillas adicionales).

vi) Mediante resolución del 13 de noviembre de 1998, la Dirección Regional de Fiscalías decidió dar inicio a la acción de extinción de dominio sobre los bienes pertenecientes al señor Jesús amado Sarria Agredo, incluido el predio rural denominado Praga o La Ximena(25).

vii) A través de providencia fechada el 27 ele enero de 2000, la Dirección Nacional de Fiscalías decidió la procedencia de la extinción de dominio sobre cada uno de los bienes vinculados a la acción penal. En dicha decisión se ordenó la extinción de dominio de setenta (70) bienes (muebles e inmuebles); sin embargo, respecto otros bienes el referido ente investigador consideró que resultaba improcedente dicha medida.

Específicamente, respecto del predio La Ximena manifestó que no resultaba procedente la extinción de dominio, de acuerdo con lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“... la finca Praga o La Ximena fue adquirida por la señora Elizabeth Monto ya desde el 28-03-80. Según el certificado de tradición (fl. 265. C. Ppal.), figura como propiedad de Elizabeth Montoya desde el 28-03-80, y en la actualidad figura cabeza de Ja sucesión de Elizabeth Montoya de Sarria desde el 02-10-96, y fue ocupado el 29 de marzo de 1996. “(...).

“El predio fue adquirido por la señora Elizabeth Montoya el 23-03-80, cuando aún no había contraído matrimonio con el señor Jesús Amado Sarria Agredo, pues dicho matrimonio tuvo lugar, por primera vez en Las Vegas, Estados Unidos el 28 de noviembre de 1981 y por segunda vez el 11 de junio de 1982 en los Ángeles (sobre este segundo matrimonio existe registro obrante a folio 11 C. 37).

“En consecuencia no puede predicarse que en la compra de este inmueble fueron utilizados dineros obtenidos en ejercicio de actividades de tráfico de estupefacientes o de enriquecimiento ilícito, previstas por el art. 2 de la Ley 133 de 1996, ya que, por una parte, no existe prueba acerca de que a la señora Elizabeth Montoya se hubiese dedicado a cualquiera de aquella clase de actividades y, por otra, ningún proceso ha sido adelantado para investigar alguno de estos comportamientos atribuidos a dicha persona, como lo ha informado el CISAD. (...). El inmueble debe devolverse a los herederos de dicha persona, directamente o por conducto de su apoderada’“(26) (negrillas y subrayas adicionales).

viii) Mediante providencia del 21 de junio de 2000 la Unidad Nacional de Fiscalías delegada ante los Tribunales Superiores del Distrito de Bogotá decidió confirmar íntegramente la anterior resolución, en virtud del grado jurisdiccional de consulta(27) .

ix) A través de resolución No. 1154 del 15 de agosto de 2000 la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió dar cumplimiento a la resolución del 27 de enero de 2000, proferida por la Fiscalía General de la Nación, y dispuso la entrega de los bienes relacionados a los herederos de la señora Elizabeth Montoya, entre los que se encontraba la finca La Ximena, la cual finalmente se entregó mediante acta suscrita el 11 de noviembre de 2000, en la que respecto del estado del inmueble se indicó lo siguiente (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):

“Bien inmueble de aproximadamente doce (12) hectáreas, casa principal. primer piso: Sala y Hall se observa bastante deterioro en las paredes causadas por la humedad de las goteras, presentan mohosidades, la puerta de entrada principal presenta daño en la parte de abajo. Cocina: se encuentra oxidada, el mesón metálico y su base en buen estado, baldosas de pisos y paredes en buen estado, en el techo se observa la falta de uno de los vidrios, las pantallas ahí instaladas se encuentran en buen estado. Habitación primer piso: las paredes presentan humedad pero en términos generales están en buen estado, el baño presenta deterioro y la tina se encuentra en regular estado, lavamanos en buen estado, techo falso sin dos vidrios. Corredor: la baranda de madera que encierra el corredor presenta bastante deterioro muchas de las columnas que la soportan en el mismo material se encuentran en el piso pegadas. Segundo piso: en el techo del hall de madera se encuentran tablas desprendidas casi en su totalidad, cables eléctricos desconectados. Dos habitaciones con baño, las paredes y pisos en buen estado al igual que los enseres. Kiosco pequeño: techo destruido. Zona de piscina: en mal estado de conservación. Motobomba: está completa más no se probó su funcionamiento, Casa principal detrás de la principal: puertas y ventanas en regular estado. Planta de energía: se encuentra completa sin embargo no se verificó su funcionamiento por falta de batería. Pesebreras: 41 completamente deterioradas. Coliseo: el coliseo relacionado en el acta de entrega provisional fiara el momento de esta entrega definitiva no existe de él sólo quedan unos pilotes”(28)

x) Que mediante sentencia proferida el 31 de octubre de 2002, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá decidió absolver al señor Jesús Amado Sarria Agredo de los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico que le fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación(29) .

xi) Que a través de sentencia proferida el 4 de diciembre de 2003 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., entre otros puntos, declaró la nuliad de la resolución del 27 de enero de 2000 que declaró la improcedencia de la extinción de dominio de algunos bienes de propiedad del señor Jesús Amado Sarria Agredo, entre los que se encontraba el predio La Ximena; como consecuencia de ello, revocó la decisión que dispuso no decretar la extinción del dominio sobre dichos bienes.

Respecto de tal inmueble, consideró el Tribunal que el Fiscal de conocimiento incurrió en un grave error en cuanto a la fecha de adquisición de ese inmueble. Así lo manifestó (se transcribe literalmente incluso los eventuales errores):

“... se declaró la improcedencia de la extinción sobre el predio La Praga o La Ximena con un análisis errado de los documentos que acreditaban la adquisición del bien, pues en el certificado de tradición y libertad del mismo se establecía que había ingresado al patrimonio de Elizabeth Montova en el año 1980, pese a que la escritura pública de compraventa databa de 1990, por lo que no podía considerarse como un bien propio, extraño a la sociedad conyugal constituida con Jesús Amado Sarria Agredo, esta situación, afirma la Sala, se podía establecer con la documentación allegada a la actuación, puesto que la escritura 2728 se otorgó en ta Notaría de Cali el 28 de marzo de 1990 y no el 28 de marzo de 1980, como equivocadamente se anotó en el folio de matrícula inmobiliaria obrante en ta Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de esa ciudad. (...). En esas condiciones, siendo evidente la falta de previsión y fundamentación en el estudio de la situación jurídica de los bienes y de los documentos que acreditan la adquisición, la reiterada solicitud de nulidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes está llamada a prosperar:

“Estos aspectos que trasgreden el desarrollo del debido proceso, serán unos de los fundamentos para el decreto de nulidad parcial de la resolución de procedencia e improcedencia respecto, exclusivamente, de algunos de los bienes amparados con la declaración de improcedencia, porque así como en relación con este predio rural La Ximena existe grave error al dejarlo por fuera de ta procedencia, ese mismo error, por falla en el juicio jurídico en cuanto a la situación legal de otros bienes, cuya improcedencia se afirmó, también concurre(30) (negrillas y subrayas adicionales).

xii) Una vez remitido el proceso a la Fiscalía 11 Delegada, con el fin de que rehiciera el trámite anulado, ese despacho judicial, mediante resolución del 28 de diciembre de 2004, consideró que la nulidad decretada por el Tribunal del Distrito de Bogotá no era procedente, toda vez que carecía de competencia para revisar la legalidad de la resolución que declaró la improcedencia de la extinción de dominio dichos bienes, puesto que ya se había agotado el trámite de consulta a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y que, por esa razón, se encontraba ejecutoriada y había hecho tránsito a cosa juzgada (31) .

xiii) Que frente la anterior decisión, la Sala Penal del Tribunal del Distrito de Bogotá, mediante auto del 25 de agosto de 2005, reiteró lo decidido en la sentencia del 4 de diciembre de 2004 antes referida; es decir, insistió en la viabilidad de decretar la nulidad. Por esa razón, la Fiscalía Delegada, a través de resolución del 26 de octubre de 2005, promovió la colisión de competencias ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante providencia del 23 de febrero de 2006 ordenó remitir el proceso de extinción de dominio a la Fiscalía 11 Delegada, de acuerdo con el siguiente raciocinio:

“La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tenía plenas facultades para decretar la nulidad parcial del proceso de extinción de dominio sobre los bienes del señor Jesús Amado Sarria Agredo y, en razón de ello, la Fiscatia 11 Delegada de la Unidad para la Extinción de Dominio debe retomar el proceso en el estado en que se encuentra y rehacer la actuación acorde con los lineamientos señalados al efecto”(32) (negrillas adicionales).

xiv) Finalmente, en el registro de matrícula inmobiliaria No. 350-20097 del predio La Ximena, expedido el 2 de marzo de 2017 por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cali(33), se hizo constar que la última anotación en ese folio es la correspondiente al 1º de junio de 2005, mediante la cual se incluyó la medida de ocupación sobre el referido predio, la cual fue dictada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bogotá el 3 de mayo de 2005; asimismo, en esa anotación se .hizo constar que dicho inmueble quedó a órdenes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (34).

2.3. Sobre la legitimación en la causa por activa

En primer lugar, conviene precisar que esta Sección del Consejo de Estado se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado, y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda, y por otra parte, ha precisado que la legitimación material en la causa guarda relación con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso(35).

Para el caso sub examine, observa la Sala que la sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por activa, dado que para la fecha de ese fallo —11 de mayo de 2006— no se tenía certeza sobre la propiedad del inmueble objeto del litigio —La Ximena—.

En ese sentido, el Tribunal de primera instancia afirmó que, habida cuenta de que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, mediante providencia del 4 de diciembre de 2003, decretó la nulidad de lo resuelto por la fiscalía de conocimiento el 27 de enero de 2000, que declaró la improcedencia de la extinción de dominio frente al predio La Ximena, había lugar a concluir que aún estaba pendiente la decisión definitiva respecto de la extinción de dominio en favor del Estado y, por ende, “ no hay certeza sobre el dominio del bien inmueble en cuestión”.

La Sala advierte ab initio, que revocará dicha decisión, pues a pesar de que el trámite de la extinción de dominio aún no ha sido objeto de decisión definitiva por el juez competente —puesto que la última actuación es lamedida cautelar de ocupación dictada por el Juez Séptimo de Cali el 3 de mayo de 2005—, lo cierto es que dicha circunstancia no obsta para concluir que los ahora demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa para demandar una eventual indemnización de perjuicios causados por la incautación irregular y el deterioro del inmueble referido entre mayo de 1996 y noviembre de 2000, período en el cual estuvo administrado por la Fundación Paz Animal.

Ciertamente, a partir de los hechos probados referidos anteriormente, la Sala encuentra que la señora Elizabeth Montoya era la propietaria de la finca “La Ximena” desde el 28 de marzo de 1990; asimismo, se tiene que mediante Resolución del 10 de julio de 1996 la Dirección Nacional de Estupefacientes, en virtud del trámite de la extinción de dominio sobre los bienes de su esposo —Jesús Amado Sarria— decidió destinar en forma provisional a la Fundación para la DefenGa de los Animales Paz Animal el referido predio y que, el 11 de noviembre de 2000, el predio fue devuelto a sus herederos, momento en que habrían podido percatarse de las pésimas condiciones en las que se encontraba el inmueble.

En efecto, infiere la Sala que, con ocasión de la muerte de la señora Elizabeth Montoya, acaecida el 1º de febrero de 1996, sus hijos Andrew, Lizje y Stephanie Sarria Montoya(36) estarían llamados, en princípio, a heredar ese bien inmueble, razón por la cual debe .entenderse que tales demandantes actúan en favor de la sucesión de la señora Elizabeth Montoya, dado que en el proceso no obra prueba de la liquidación de la sucesión de dicha persona(37).

De igual forma, frente a su cónyuge supérstite, si bien dentro del presente proceso no existe constancia de la liquidación de la sociedad conyugal entre la señora Elizabeth Montoya y el señor Jesús Amado Sarria Agredo, lo cierto es que este último tiene un interés patrimonial legítimo en el resultado de este proceso, pues de llegar a ordenarse una eventual indemnización de perjuicios por los presuntos daños al inmueble, ello daría lugar a incrementar el patrimonio bruto de la sociedad conyugal.

2.4. Caso concreto

Tal y como se dejó indicado, la parte actora pretende la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento la incautación irregular y el deterioro del predio rural denominado Finca Praga o La Ximena, entre marzo de 1996 a noviembre de 2000, cuya propiedad era de la señora Elizabeth Montoya.

2.4.1. Sobre el supuesto deterioro del inmueble incautado

Respecto del presunto deterioro del inmueble entre el período en el que el referido inmueble estuvo bajo la administración de la Fundación Paz Animal por disposición de la Fiscalía General de la Nación, a partir de las pruebas allegadas al proceso, especificamente, con las respectivas actas de entrega provisional y de entrega definitiva, puede concluirse que para el momento en que el inmueble quedó a disposición de la referida Fundación Paz Animal —marzo de 1996—, varias de sus estructuras, enchapes, pesebreras, establos, techos, entre otros, ya se encontraban en regular y mal estado de conservación, tal como quedó registrado en la respectiva acta, por lo que, al momento de la devolución definitiva —noviembre 2000— fue entregado en similar estado al que fue recibido para su administración provisional, salvo —claro está—, el desgaste del uso normal y del transcurso del tiempo, hechos estos que, como resulta apenas natural, no le pueden ser imputables a la referida fundación, ni a la Fiscalía General de la Nación.

2.4.2. Respecto del presunto error jurisdiccional

En cuanto a la presunta incautación irregular del bien inmueble para ese período de tiempo, debe precisarse, en primer lugar, que en tratándose de la responsabilidad edificada en la ocurrencia de un error judicial, el análisis sobre la antijuridicidad del daño presenta una especial connotación, ya que en estos casos no es suficiente con establecer la existencia de una decisión judicial adversa a los intereses del demandante, sino que se hace necesario revisar, con ocasión del estudio de este primer elemento —el daño—, el contenido mismo de la decisión, para efectos de verificar si en ella se incurrió o no en un “error”, presupuesto este necesario para calificar la antijuridicidad del daño, de manera que, al cumplirse con la acreditación de este elemento, es posible abordar el estudio de u imputación y de la consiguiente responsabilidad.

En consonancia con lo anterior, debe insistir la Sala en que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene —ni puede tener— la vocación de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la intangibilidad de la cosa juzgada del que gozan las providencias judiciales a las cuales se endilga la causación de un daño antijurídico(38) .

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en acápite anterior respecto de lo probado en el proceso, se encuentra acreditada en el expediente la existencia de la decisión judicial que se enjuicia, por contener presuntamente un error judicial, providencia que, como se ha manifestado desde la demanda, ordenó, entre otras, la extinción de dominio respecto del predio rural denominado Praga o La Ximena, decisión que fue posteriormente declarada improcedente por la Fiscalía General de la Nación, pero que, como se probó en este proceso, se anuló mediante sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Administrativo de Bogotá el 4 de diciembre de 2006, dados los graves yerros en los que habría incurrido el ente investigador al adoptarla, circunstancia que llevó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia a ordenar que se rehiciera por parte de la Fiscalía el trámite de la extinción de dominio frente a dicho predio. Sin embargo, de acuerdo con lo probado en el proceso, dicho procedimiento aún no ha culminado.

Así las cosas, habida cuenta de que lo que se pretende es la declaratoria de responsabilidad por la presunta incautación irregular del referido predio entre los meses de marzo de 1996 a noviembre de 2000, no resulta necesario esperar el resultado definitivo del trámite de la extinción de dominio, razón por la cual la Sala no encuentra impedimento alguno para analizar dicha pretensión de responsabilidad estatal, amén de que la decisión que se llegare a tomar en dicho trámite no incide en el análisis del presente juicio de responsabilidad estatal(39).

Así pues, para el caso sub examine, luego de analizar el material probatorio allegado al proceso, considera la Sala que, contrario a lo afirmado por el hoy demandante, no se trató de una incautación irregular o que esa decisión se hubiere proferido sin el cumplimiento de los correspondientes requisitos legales.

En efecto, para el momento en que fue adquirido el referido inmueble —28 de marzo de 1990— ya se encontraba vigente la sociedad conyugal entre los señores Elizabeth Montoya y Jesús Amado Sarria Agredo, pues contrajeron matrimonio el 11 de junio de 1982(40), por manera que la iniciación de la acción de extinción de dominio respecto de sus bienes —incluido el predio La Ximena— resultaba procedente, en virtud de que en contra del señor Jesús Amado Sarria Agredo se adelantó un proceso penal por los delitos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Ahora, si bien es cierto que el proceso penal en contra del señor Sarria Agredo por tales delitos terminó con sentencia absolutoria en su favor, también es cierto que la acción de extinción de dominio es independiente y autónoma del proceso penal. En efecto, sobre la autonomía de dicha acción de extinción de dominio, el artículo 10 de la Ley 333 de 1996(41) dispone que “la acción de extinción del dominio es distinta e independiente de la responsabilidad penal y complementeria de las actuaciones penales”.

Por consiguiente, no es necesario que se haya iniciado o que esté en curso, ni que haya habido un proceso penal para que la acción de extinción del dominio pueda iniciarse·ni tampoco para que prospere, todo depende del catálogo de conductas que el legislador señaló como constitutivas de enriquecimiento ilícito, grave deterioro de la moral social o perjuicio del Tesoro público. Bien se pueden incorporar comportamientos sancionados en la ley penal como delictivos o aludir a actos u nomisiones que, aunque no elevados a la categoría de punibles, o habiéndola perdido, sí contraríen la moral o causen agravio al interés patrimonial del Estado(42) .

De otra parte, debe decirse que la extinción del dominio recae única y exclusivamente sobre los bienes adquiridos por enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social, y solo hasta el monto de la adquisición no protegida constitucionalmente, pues lo lícitamente adquirido escapa por definición a la declaración judicial correspondiente (43). Sobre el particular, el artículo 2 de la Ley 333 de 1996(44) establece:

“Artículo 2º. De las causales. Por sentencia judicial se declarará la extinción del derecho de dominio de los bienes provenientes directa o indirectamente del ejercicio de las actividades que más adelante se establezcan o que hayan sido utilizados como medios o instrumentos necesarios para la realización de los mismos. Dichas actividades son:

“1. Enriquecimiento ilícito de servidores públicos, de particulares.

“2. Perjuicio del Tesoro Público. (...).

“3. Grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, testaferrato, el lavado de activos, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada o provenientes del secuestro, secuestro extorsivo o extorsión.

“4. Los eventos en que se utilicen bienes como medio o instrumentos de actuaciones delictivas o se destinen a éstas (…)” (negrillas adicionales).

Con fundamento en torio lo anterior, concluye la Sala que la orden consistente en adelantar la correspondiente acción de extinción de dominio contra el predio objeto de la presente litis cumplió a cabalidad el ejercicio de la función constitucional y legal dispuesta para el efecto, pues existían serios motivos para inferir que su origen estuvo relacionado con la comisión del delito de enriquecimiento ilícito por actividades provenientes del narcotráfico.

En esa misma línea argumentativa, se tiene que las diligencias que se adelantaron por parte de la Fiscalía General de la Nación respecto del aludido bien inmueble, en las condiciones estudiadas, constituyeron una carga jurídica que la parte actora estaba en la legítima obligación de soportar, dadas las circunstancias propias del caso, sin olvidar que el ahora demandante —Jesús Amado Sarria— con su conducta, fue quien dio origen a la extinción de dominio en su contra, motivos suficientes para concluir acerca de la ausencia de daño antijurídico en el presente asunto.

La jurisprudencia de esta Corporación ha definido los parámetros con base en los cuales resulta forzoso reconocer que la responsabilidad del Estado no puede quedar comprometida como consecuencia de la actuación de la autoridad pública tal y como ocurre en el caso concreto, en consideración a que el carácter de hecho causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de aquélla, sino del proceder —activo u omisivo— de quien sufre el perjuicio. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado lo siguiente:

“Nótese que, de la simple definición de daño antijurídico, pueden deducirse fácilmente dos de sus principales características, a saber: La primera: no todos Jos daños que causa el Estado resultan indemnizables, sobre todo si los mismos son el resultado de la actividad estatal lícita, pues solamente originan el deber de reparación patrimonial aquellos daños que exceden los límites jurídicos que garantizan los derechos e imponen obligaciones exigibles a todas las personas que viven en determinada sociedad. Se ve, entonces, como la concepción del daño antijurídico, desde esa perspectiva, no solamente resulta acorde con los principios de eficiencia de la función pública y efectividad de los derechos (arts. 228 y 2º de la Constitución), sino también confluye con los principios de igualdad frente a las cargas públicas y solidaridad, que constituyen las piezas angulares del Estado Social de Derecho (arts. 1º y 13 de la Carta). Ahora bien, esta característica del daño antijurídico resulta especialmente relevante en aquellas limitaciones impuestas por el Estado al ejercicio de los derechos reconocidos y garantizados por las normas jurídicas, en tanto que solamente pueden originar su responsabilidad patrimonial aquellas restricciones que ‘superan·la normal tolerancia’ o que impiden el goce normal y adecuado del derecho.

“En consecuencia, para efectos del caso objeto de estudio, sólo puede entenderse como antijurídico el daño que causa un perjuicio personal y cierto al derecho a la propiedad que ha sido restringido con intromisiones intolerables, esto es, que es limitado de forma tal que excede la obligación jurídica de soportarlo. La segunda característica del daño indemnizable se encuentra en el hecho de establecer que solamente resultan antijurídicas las lesiones causadas por el Estado a los derechos de las personas que no surgen de su anuencia, aceptación o que son propiciadas por ellos mismos. No se trata de identificar el concepto de daño antijurídico con la causal de exoneración de responsabilidad que rompe la imputación por el hecho o culpa exclusiva de la víctima; se trata de entender que el Estado no puede indemnizar los daños cuya fuente de indemnización no es objeto de protección jurídica, en tanto que su origen es inconstitucional, ilegal o contraria al principio de buena fe que debe regular todas las actuaciones de los particulares y del Estado (articulo 83 de la Constitución ). En otras palabras, así el daño cu ya reparación se pretende pudiese ser causado de manera directa y eficiente por el Estado, no puede ser indemnizado si fue propiciado, auspiciado, avalado u originado con la actuación u omisión de quien lo reclama, en tanto que el ordenamiento jurídico solamente protege las actuaciones leales y legítimas de los particulares (45) (negrillas y subrayas adicionales).

Ya esta misma Subsección del Consejo de Estado, en anterior oportunidad, en la cual se demandó la responsabilidad patrimonial del Estadó por la privación injusta de la libertad del señor Jesús Amado Sarria, concluyó que a pesar de que el juez penal lo absolvió de los delitos de enriquecimiento ilícito y narcotráfico, se configuró una causal eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, toda vez que fue la conducta desplegada por el ahora demandante la que dio lugar a la investigación penal que se adelantó en su contra y por la cual se le privó de su derecho a la libertad. Así razonó la Sala en esa oportunidad (46) (se transcribe literalmente incluso los posibles errores):

“... En efecto, para justificar el incremento protuberante de ingresos por los que se le enjuició, el sindicado manifestó que el origen de ellos era la explotación de una mina de esmeraldas que había encontrado en la isla Gorgona mientras se desempeñaba como agente de la Policía Nacional en la cárcel que funcionaba en ese lugar; sin embargo, esa afirmación fue desvirtuada completamente en el proceso penal con una certificación expedida por lngeominas, en la cual se hizo constar que en esa parte del territorio nacional no existía mina alguna de esmeraldas, hecho que, en un plano de lo razonable dejaba como única fuente de sus ingresos los provenientes de su vínculo laboral, vale decir, los que correspondían a su salario devengado como agente de Policía.

“De igual forma, no hubo explicación satisfactoria alguna en el proceso penal, así como tampoco en el presente encuadernamiento, respecto del hecho de que la sociedad de la cual hacía parte el señor Sarria Agredo, 50 días después de haber sido constituida con un capital de $250.100, pudo haber comprado un hotel en la isla de San Andrés por la suma de $2.500'000.000.

“Ahora, si bien mediante sentencia proferida el 31 de octubre de 2002 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá decidió absolver de responsabilidad penal al sindicado, básicamente, por considerar que con base en un nuevo experticio allegado al proceso se pudo establecer que tal incremento se hallaba justificado ‘conforme a las reglas tributarias que rigen la materia, lo cierto es que de la lectura del segundo dictamen pericial se puede inferir que los peritos no revisaron la autenticidad de los documentos que fueron aportados por el sindicado, así como tampoco se realizó labor alguna para establecer la veracidad de sus datos.

“En efecto, los peritos manifestaron que ‘no se realizó ninguna acción tendiente a comprobar la veracidad de la información registrada en cada uno de ellos’, por cuanto, según indicaron, no era de su competencia ‘la verificación de la información aportada al proceso, la cual requiere de una labor investigativa de campo que implica inspecciones judiciales, solicitud de documentos, cotejos o comparaciones realizadas por personal idóneo en la materia entre otros aspectos’.

“Asi las cosas, para la Sala es claro que el dictamen rendido sobre ta base de tan pobre argumentación y la ausencia explícita de verificación de la veracidad del contenido de tos documentos que les sirvió de base, no puede servir para que esta Sala entienda y admita como debidamente establecida la aducida justificación de la circunstancia de incremento descomunal de su patrimonio, como que en estricta verdad no obra prueba alguna en el proceso que permita esclarecer el incremento exponencial de sus ingresos, así como el origen de los recursos de los que et ahora demandante dispuso para la compra de un hotel en la isla de San Andrés en el año 1994 por la suma $2.500'000.000, todo lo cual hacía necesaria la investigación penal por tales hechos, con la consiguiente imposición de la medida restrictiva de la libertad.

“De igual forma, respecto del delito de narcotráfico consagrado entonces en la Ley 30 de 1986, se tiene que, si bien el juez penal concluyó que no existían pruebas que comprometieran su responsabilidad, lo cierto es que —según se indicó—, las medidas de aseguramiento en contra del hoy demandante tuvieron como fundamento común, la presunta comisión de delitos conexos con el narcotráfico —enriquecimiento ilícito proveniente del narcotráfico, concierto para delinquir, narcotráfico y falsedad de documentos de aeronaves—, hecho que determinó la acumulación de tales procesos a través de proveído del 4 de abril de 2000, por manera que la absolución por tales ilícitos no implica per se, la configuración de un daño antijurídico en perjuicio del señor Sarria Agredo, dado que —bueno es reiterarlo—, las medidas de aseguramiento impuestas en su contra obedecieron al hecho propio de la víctima, específicamente, al incremento protuberante y exponencial de su patrimonio, respecto del cual no logró demostrar su origen lícito. (...).

“Con fundamento en todo lo anterior, ha de concluirse por la Sala que, con base en los elementos de prueba a los cuales se ha hecho alusión, se halla demostrada suficientemente en el expediente la configuración del hecho exclusivo del señor Jesús Amado Sarria, en el acaecimiento del resultado en que se tradujo la decisión de la Fiscalía General de la Nación al proferir una medida de aseguramiento en su contra” (negrillas adicionales).

En conclusión, dado que, como se anotó, la providencia censurada —esto es la que dispuso la iniciación del trámite de la extinCión de dominio sobre el predio La Ximena— no constituye, per se, un daño antijurídico y habida cuenta de que, en este caso, no se acreditaron los presupuesto fpnstituyentes del error judicial en el caso concreto, resulta forzoso denegar las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto Ley 01 de 1984, como fuera modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a imponerlas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA

1. Revocar la sentencia apelada, esto es, la proferida el 11 de mayo de 2006, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, en cuanto declaró la falta de legitimación en la causa por activa.

2. Denegar las pretensiones de la demanda frente a la presunta incautación irregular del referido inmueble.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

Copiese, Notifiíquese y Cúmplase»

17. Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. Exp. 110010326000200800009 00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

18. A folios 459 a 483 obra el acta de entrega del referido inmueble a los aquí demandantes.

19. Fls. 219 a 221, 221 a 222 C. 2. y 529 a 531 C. Ppal.

20. Fls. 115 a 125 C. 2.

21. Fls. 161 a 233 C. 2.

22. Fls. 82 a 194 C. 2.

23. Fls. 202 a 205 C. 2.

24. Fls. 202 a 205 C. 2.

25. Fls. 232 a 262 C. 2.

26. Fls. 387 a 458 C. 2.

27. Fls. 459 a 483 C. 2.

28. Fls. 499 a 502 C. 2

29. Fls. 2 a 80 C. 3.

30. Fls. 88 a 185 C. 1.

31. Fls. 214 a 225 C313

32. Fls. 311 a 334 C. Ppal

33. Fls. 528 a 530 C. Ppal.

34. FI. 529 C. Ppal.

35. Sobre el particular la jurisprudencia de esta Sección ha precisado lo siguiente: “En relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación (...) se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. 11Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas. De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo. Lo anterior lleva a concluir que en un sujeto procesal que·se encuentra legitimado de hecho en la causa, no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues ésta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda. En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dtiucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta fórmula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”. Consejo de Estado, Sección Tercera; sentencia de octubre 31 de 2007; rad. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

36. Su parentesco se encuentra probado con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 25 a 27 C. 1, en los cuales figura la señora Elizabeth Montoya como la madre de aquéllos.

37. Sobre la transmisibilidad mortis causa del derecho a la reparación de los daños inmateriales, cuando su titular fallece sin haber ejercido la acción indemnizatoria, la Sala ha precisado que el derecho a obtener la reparación de los perjuicios morales es de carácter patrimonial y como tal se transmite a los herederos, habida consideración de que en el ordenamiento jurídico nacional no existe disposición que prohíba dicha transmisión; por el contrario, la regla general es que todos los activos, derechos y acciones de carácter patrimonial forman parte de la masa herencia! y, además, el reconocimiento de ese derecho guarda armonía con los principios informadores del ordenamiento juridico en materia de daño resarcible y, en especial, con las normas constitucionales que establecen el derecho a la indemnización por todos los daños antijurídicos sufridos (art. 90). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2016, Actor: Ana Daisy Forero de Garzón, Exp: 34.349, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.

38. Esta Subsección ha expuesto este criterio, entre otras, en las siguientes providencias: sentencia de 17 de noviembre de 2011, Expediente 250002326000199705238 01 (22982); sentencia de 6 de junio de 2012, Expediente 250002326000199715324 01 (24.690); sentencia de 27 de junio de 2013, Expediente 250002326000200102345 01 (28.189); sentencia de 29 de enero de 2014,

39. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que si bien a esta jurisdicción no le corresponde cuestionar las decisiones de la justicia penal, lo cierto es que, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el juez administrativo tiene Ja posibilidad de apartarse de la motivación que sustenta Ja sentencia penal o su equivalente, en razón a las diferencias sustanciales ql'e existen entre ambas acciones, aunque sin dejar de destacar la importancia que tienen dichos fallos en las decisiones que se adopten en esta jurisdicción. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia proferida por esta Sala el 9 de marzo de 2016, Exp. 39.816, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera y sentencia del 1º de agosto de 2016, Exp. 34.770, M.P. Hernán Andrade Rincón, entre otras.

40. FI. 387 a 452 C. 2.

41. Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita”.

42. Así lo precisó la Corte Constitucional en sentencia C-374 de 13 de agostó de 1997, M.P. José Gregorió Hernández Galindo, al estudiar la constitucionalidad de dicha Ley.

43. La Corte Constitucional ha señalado que “el Estado no puede avalar o legitimar la illdquisición de la propiedad que no tenga como fuente un título válido y honestó; es decir, que la propiedad se obtiene en cierto modo mediante la observancia de los principios éticos. La protección estatal, en consecuencia, no cobija a la riqueza que proviene de la actividad delictuosa de las personas; es decir, no puede premiarse con el amparo de la autoridad estatal la adquisición de bienes por la vía del delito; el delincuente debe saber que el delito no produce utilidades,. .. “Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-389 del 1º de septiembre de 1994. M.P.: Dr. Antonio Barrera Carbonell.

44. “Por la cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita".

45. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 5 de diciembre de 2005, Exp. 12.158, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.

46. Consejo de Estado, Seción Tercera, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2016, Exp. 34.770. M.P. Hernan Andrade Rincón.