Sentencia 2002-02087 de junio 19 de 2013

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Rad. 250002326000200202087 01

Exp.: 29486

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Actor: Carlos Alberto Vela y otros

Demandados: Nación - Fiscalía General de la Nación

Naturaleza: Reparación directa

Bogotá, D.C., diecinueve de junio de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Competencia

6. La Sala es competente para resolver el presente caso, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(2).

II. Validez de los medios de prueba

7. Dado que la parte actora aportó en copia simple un documento tendiente a demostrar los hechos que fundamentan sus pretensiones, es necesario precisar si este puede o no ser valorado por la Sala.

7.1. En repetidas oportunidades, el Consejo de Estado ha señalado que las copias de documentos públicos y privados solo pueden ser aducidas o apreciadas como prueba dentro de un proceso judicial si reúnen las exigencias del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, a saber: (i) que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez donde se encuentre el original o la copia autenticada; (ii) que sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; o (iii) que sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de una inspección judicial. De forma que para que puedan ser considerados como elementos de prueba válidos para acreditar o hacer constar los supuestos de hecho que resultan de interés para el proceso, los documentos públicos y privados deben allegarse en original o copia auténtica.

7.2. No obstante, esta corporación también ha indicado que, en ciertas circunstancias, las exigencias legales para la valoración de las copias simples pueden flexibilizarse con el fin de proteger los principios de lealtad procesal, equidad y buena fe(3). Esta situación ocurre cuando la parte contra la cual se aducen las copias conserva el original de los documentos y, por lo tanto, está en capacidad de efectuar un cotejo y de tacharlas de falsedad si ello fuera procedente. Así, en la sentencia de 27 de octubre de 2011, se indicó:

“Además, con fundamento en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil es posible, sin contrariar lo dispuesto en los artículos 244 y 268 ibídem, conferir valor probatorio a las copias simples, cuando la parte contra la cual se aducen conserva el original de las que señala fueron reproducidas y puede, por lo tanto, efectuar su cotejo y tacharlas de falsedad cuando no estén conformes, sin necesidad de que se practique la inspección judicial de que trata la norma.

En efecto, el artículo 255 citado prevé: La parte contra quien se aduzca copia de un documento, podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia auténtica expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante inspección judicial, dentro de la oportunidad para practicar pruebas.

Es cierto que la norma establece un trámite judicial para conferir autenticidad a las copias simples y es el cotejo con el original que se practique en una inspección judicial, a solicitud de la parte contra quien se aduce la prueba, el cual tiene como finalidad conferir certeza al documento que servirá como prueba, para así garantizar el derecho de defensa de quien no lo ha aportado.

Sin embargo, resultaría superfluo que la misma parte que tiene bajo su guarda los documentos originales, de los cuales la parte contraria afirma haber obtenido las copias que aporta, solicite inspección judicial para que se practique el cotejo, cuando esa misma parte puede practicar la confrontación sin intervención judicial y, en caso de encontrar disconformidad, proponer la tacha de falsedad de que tratan los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

La práctica del cotejo previsto en el artículo 255 citado debe quedar reservada para aquellos eventos en los cuales el documento original o la copia autenticada se encuentren en poder de un tercero y, por lo tanto, sin posibilidad de acceso por la parte en contra de la cual se aduce la prueba, para que sea la autoridad judicial la que disponga la exhibición del documento para asegurar su confrontación, con el fin de asegurar su derecho de defensa”(4).

7.3. De acuerdo con lo anterior, debe señalarse que la decisión del 11 de octubre de 2000 dictada por la fiscalía delegada ante los tribunales superiores de los distritos judiciales de Bogotá y Cundinamarca, que confirmó la resolución de acusación contra los policías César Neftalí Osorio Cruz, Fabio Carreño Tarazona y Osman Alberto Urrego, traída en copia simple (fl. 23-45, cdno. 2), será valorada por la Sala en la medida en que corresponde a un documento elaborado por la entidad demandada y, en consecuencia, se entiende que el original debe reposar en sus archivos, y que la copia no fue tachada de falsedad pudiendo haber sido cotejada en virtud del artículo 255 del Código de Procedimiento Civil.

8. En cuanto al valor probatorio de los recortes de prensa aportados por la parte actora junto con el escrito de demanda (fl. 46-47, cdno. 2), la Sala debe hacer algunas precisiones.

8.1. La corporación señaló inicialmente que la información consignada en las notas de prensa no puede ser admitida dentro del proceso como una prueba testimonial, dado que carece de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en especial porque no fue rendida ante un funcionario judicial bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC art. 227)(5). Por tanto, tales notas periodísticas podrían ser apreciadas como prueba documental de la existencia de la información y de la forma como fue publicada la noticia, pero no de la veracidad de su contenido(6).

8.2. Posteriormente, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que tales documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(7).

8.3. Finalmente, la Sala Plena de la corporación, en la sentencia de 29 de mayo de 2012(8), señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y coincidencia con otros medios de prueba que obren en el expediente. Previamente, la Sala Plena había señalado que los recortes de prensa constituyen documentos en los términos del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no se deben excluir prima facie del debate probatorio, aunque indicó que corresponde al juez determinar si puede o no conferirles eficacia(9).

8.4. De acuerdo con lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, le dará valor probatorio al recorte de prensa allegado por la parte actora junto con la demanda, en copia auténtica, en la medida en que los hechos que allí se narren guarden relación con las demás pruebas aportadas al proceso.

III. Hechos probados

9. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:

9.1. El 12 de diciembre de 1999, el agente de la Policía Nacional Carlos Alberto Vela estuvo de turno de servicio en el CAI de La Gaitana, en el horario comprendido entre las 15:00 horas y las 00:00, “o sea, las doce de la noche del mismo día” (original oficio Nº 120 archi-essuba suscrito por el jefe de la oficina de archivo de la estación once de Suba —folio 49, cuaderno 2—; copia auténtica del folio 221 que corresponde a la minuta de servicios del CAI —fl. 51, cdno. 2—).

9.2. Los hechos ocurridos en la noche del 12 de diciembre de 1999 y que originaron el proceso penal contra el policía Carlos Alberto Vela y otros uniformados, fueron presentados así por la fiscalía delegada ante los tribunales superiores de Bogotá y Cundinamarca (copia de la decisión de oct. 11/2000 —fl. 24, cdno. 2—):

“El 12 de diciembre de 1999, luego de ser capturados Jorge Amílcar Murcia Pinilla y Juan Antonio Rodríguez Ochoa por haber intentado atracar, entre otros, al policía Osman Urrego Parejo, fueron trasladados al CAI de La Gaitana y subidos a un vehículo de la institución para ser trasladados a una zona rural de Cota, Cundinamarca, donde, en un puente, procedieron a despojarlos de sus prendas y arrojarlos a las gélidas aguas del río Bogotá, sobreviviendo únicamente Rodríguez Ochoa, quien denunció a los uniformados que intervinieron en tan execrables hechos”.

9.3. La investigación penal le correspondió a la Fiscalía 30 Seccional, adscrita a la Unidad Tercera de Vida, despacho que el 28 de agosto de 2000 profirió resolución de acusación contra el teniente César Neftalí Osorio Cruz, el subintendente Fabio Carreño Tarazona y el agente Osman Alberto Urrego, todos miembros activos de la Policía Nacional, como presuntos responsables de los delitos de homicidio agravado con tentativa de homicidio agravado, y precluyó la investigación a favor de los demás procesados, incluido el señor Carlos Alberto Vela (copia de la providencia de oct. 11/2000 —fl. 23-45, cdno. 2—).

9.4. La decisión anterior fue confirmada el 11 de octubre de 2000 por la Fiscalía Delegada ante los tribunales superiores de los distritos judiciales de Bogotá y Cundinamarca al resolver el recurso de apelación interpuesto en su contra por la defensa de los sindicados (copia de la providencia de oct. 11/2000 —fl. 23-45, cdno. 2—).

9.5. El 11 de marzo de 2000, el periódico “El Espectador” publicó una nota de prensa bajo el título “asegurados 4 policías por torturadores” y el subtítulo “policías torturadores en La Gaitana”, que presentó la siguiente información (copia auténtica del artículo de prensa —fl. 46-47, cdno. 2—):

Asegurados 4 policías por torturadores

Los agentes golpearon a dos retenidos en el CAI de La Gaitana y luego los arrojaron al río Bogotá, en Cota.

Un fiscal seccional de Bogotá profirió ayer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, en contra de cuatro efectivos de la Policía Nacional que el 12 de diciembre de 1999 le ocasionaron la muerte por ahogamiento a un presunto atracador, en inmediaciones de Cota.

Los hechos materia de investigación dan cuenta de que al amanecer de ese día, en las calles de Suba, tres hombres identificados como Jorge Amílcar Murcia Pinilla, Juan Antonio Rodríguez Ochoa y John (sic) intentaron atracar al agente de policía Osman Urrego Pareja y a su compañera Patricia.

El agente, dice la investigación, logró zafarse de los atracadores y dio aviso a sus compañeros del CAI del barrio La Gaitana. De inmediato se inició un operativo y a los pocos minutos fueron detenidos dos de los individuos, Murcia y Rodríguez, quienes fueron llevados hasta la mencionada estación.

Allí —dice la Fiscalía— los aprehendidos fueron golpeados brutalmente por los policías de turno, y durante un buen rato permanecieron esposados y colgados en una viga de la estación.

Hasta aquí —conceptúa la Fiscalía— solo se había cometido un reprochable acto de abuso de autoridad. Pero lo más aterrador estaba por llegar. Al cabo de un rato, Murcia y Rodríguez fueron obligados a subir a una patrulla oficial conducida por el agente Fabio Carreño y en la que también se instalaron los patrulleros Osman Urrego y John Jairo Aguirre y el subteniente César Neftalí Osorio.

El vehículo partió raudo hacia un paraje solitario de la vía que de Suba conduce al municipio de Cota. La investigación explica que apenas la patrulla llegó al puente del río Bogotá (sector Cota), los cuatro policías les ordenaron a los presuntos atracadores que se quitaran toda la ropa, incluidos los zapatos, tras lo cual fueron arrojados a las aguas frías (del río Bogotá), como consecuencia de lo cual logró salir cuadras abajo Juan Antonio Rodríguez (asido de unas ramas), quien informó sobre el particular.

Pero Jorge Amílcar Murcia no aparecía por ningún lado. Sus familiares, entonces, iniciaron una frenética búsqueda. Una semana después su cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición.

Policías torturadores en La Gaitana

La instrucción

Tras conocer la denuncia formulada por Juan Antonio Rodríguez, la Fiscalía llamó a indagatoria a los ocho policías que en el amanecer del 12 de diciembre de 1999 se encontraban prestando turno del CAI de La Gaitana.

El reporte de Medicina Legal sobre este caso expresó: Si un individuo con imposibilidad de defenderse en el medio acuático (ya sea porque no sabe nadar o porque algo lo limite) permanece en un ambiente muy frío, la hipotermia (temperaturas extremadamente bajas) pude llevarlo a la muerte por paro cardíaco.

En principio, la Fiscalía ordenó las capturas de los policías Henry Martín Jiménez, Alberto Vela, Fabio Carreño y Osman Urrego. Idéntica suerte corrieron después el subteniente Neftalí Osorio y los agentes Hernando Martínez Ruiz, John Jairo Aguirre y Norman Yesid Godoy.

Los sindicados, con excepción del agente Jiménez, explicaron en la Fiscalía que tras conocer la suerte corrida por su compañero Osman Urrego llevaron a los dos detenidos hasta el sector de Cota para asustarlos y ponerlos a caminar un buen rato en un paraje solitario. Añadieron que cuando llegaron al río Bogotá y tras quitarles las esposas, tanto Murcia como Rodríguez corrieron y se tiraron al río.

En su indagatoria, el agente Henry Jiménez recordó que la noche de los hechos su compañero Urrego le contó que había sido víctima de un intento de atraco. Jiménez narró lo que había sucedido con los presuntos atracadores del CAI de La Gaitana, pero advirtió que tras estos hechos se fue a patrullar por el sector.

A los ocho días, explicó Jiménez, se enteró del levantamiento de un cadáver y acató que los responsables eran algunos de sus compañeros. Me di cuenta que los habían tirado al río y (que) uno de ellos había muerto. Fue así como Jiménez se reunió con el teniente Osorio y los agentes Urrego, Carreño, Aguirre, Martínez y Godoy, quienes manifestaron que la habían embarrado.

Ante todo este cúmulo probatorio, la Unidad Tercera de Vida de la Fiscalía Seccional de Bogotá afectó con medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, al subteniente Osorio y a los agentes Carreño, Aguirre y Urrego por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio. La Fiscalía se abstuvo de asegurar a los otros cuatro sindicados, pero advirtió que de todos modos continuaban vinculados al caso.

Vale destacar la posición asumida en este caso por la Policía Nacional, institución que tras conocer los hechos destituyó fulminantemente a todos los implicados.

IV. Problema jurídico

10. La Sala deberá determinar, en primer término, si la Fiscalía General de la Nación está legitimada para ser parte demandada en el presente caso, en lo relacionado con el daño que el actor deriva del supuesto ofrecimiento de información calumniosa a un medio de comunicación. Además deberá establecer si la acción de reparación directa se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta que los daños cuya indemnización se solicita encuentran su origen en la injusta privación de la libertad y vinculación al proceso penal del agente de policía Carlos Alberto Vela. Sólo en el evento en que la acción se haya ejercido oportunamente, se procederá a analizar si el demandante sufrió un daño, y si este es imputable a la entidad demandada.

V. Análisis de la Sala

11. En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, se comprueba que en sede de primera instancia el tribunal declaró dicha falta de legitimación debido a que no está probado que dicha entidad haya suministrado información al diario “El Espectador” para la publicación de la nota de prensa titulada “Asegurados 4 policías por torturadores”. El a quo agregó que, si bien la parte actora señaló como responsable del envío de tal información al comandante de la policía metropolitana de Bogotá, este hecho tampoco está acreditado.

12. En efecto, la Sala constata que, según los demandantes, el supuesto envío de información al periódico se sitúa en cabeza del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (fl. 120, cdno. 1):

“Como ha quedado demostrado a través de la prueba obrante dentro del proceso, la Policía Nacional a través del comandante de la policía metropolitana de Bogotá en un acto de irresponsabilidad sindicó al actor como autor del horrendo crimen en la humanidad de Amilcar[sic] Murcia Pinilla y la tentativa de homicidio en la humanidad de Juan Antonio Rodríguez Ochoa, declaración y sindicación que vulneró el buen nombre no solo del actor sino de su familia, al señor General haber informado a la opinión pública un hecho fuera de todo contexto, precisamente no era cierto que el señor Carlos Vela fuera uno de los uniformados que dieron muerte e hirieran o torturaron a dos ciudadanos que habían sido sindicados por un miembro de la mencionada institución como los posible autores que momentos antes trataron de despojarlo de sus pertenencias”.

13. A pesar de que no está probado este hecho, es claro que el daño alegado por la parte actora se dirige a la supuesta actuación irregular de una entidad distinta a la demandada. Por lo anterior, la Sala considera acertada la decisión del tribunal, pues la entidad demandada no está llamada a responder por el daño relacionado con la publicación de la nota de prensa. En vista de ello, la Sala se inhibe de pronunciarse sobre la posible responsabilidad de la Fiscalía en este punto en particular.

14. En cuanto al fenómeno de la caducidad, en vista de que los actores alegan la existencia de un daño que surge con la vinculación al proceso penal y la supuesta privación injusta de la libertad de la que habría sido objeto el señor Carlos Alberto Vela, la Sala debe precisar si el citado fenómeno operó o no frente a este supuesto dañino.

15. Frente al daño que surge de la vinculación del señor Carlos Vela al proceso penal y de la supuesta privación injusta de la libertad de la que habría sido víctima, el término de caducidad se cuenta desde el momento en el cual la providencia absolutoria o su equivalente queda ejecutoriada o en firme, bien porque no se interpuso ningún recurso legal contra esta o porque se decidieron los interpuestos.

16. En el presente caso, el tribunal a quo encontró que había operado la caducidad porque el término con que se contaba para interponer la demanda debía contarse desde el 10 de marzo de 2000, es decir, a partir de la fecha en la que la Fiscalía 30 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Vida precluyó la investigación a favor de Carlos Vela. Según el a quo, para el momento de presentación de la demanda —11 de octubre de 2002— la acción había caducado.

17. La Sala no comparte este cómputo, pues la decisión que le puso fin al proceso seguido contra Carlos Alberto Vela no se dictó el 10 de marzo de 2000 sino el 11 de octubre del mismo año, cuando se decidió la apelación de la resolución del 28 de agosto en la que se acusó a César Neftalí Osorio Cruz, Fabio Carreño Tarazona y Osman Alberto Urrego Pareja como responsables de los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, y además se precluyó la investigación a favor de todos los demás procesados, incluido el señor Carlos Alberto Vela.

18. De acuerdo con el artículo 88 del Decreto 2700 de 1991, Código de Procedimiento Penal vigente para la fecha de los hechos, “por cada conducta punible se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes”. En efecto, las conductas punibles conexas se investigan y se juzgan conjuntamente, en virtud del principio de unidad procesal. Por tanto, cuando algún aspecto particular de la providencia es impugnado por una de las partes que tiene interés jurídico, la decisión que resuelve sobre dicho aspecto cobija a todas las partes involucradas en el proceso, aún cuando su situación concreta no hubiera sido objeto de apelación.

19. En este asunto, la decisión del 11 de octubre de 2000 resolvió no solo la impugnación de la acusación dictada contra algunos procesados, sino también la preclusión proferida a favor de algunos de ellos, incluido el señor Carlos Alberto Vela, por lo que el término de caducidad debía contarse a partir del momento en que dicha decisión cobró ejecutoria, es decir, el mismo día en que fue proferida(10), fecha que corresponde al 11 de octubre de 2000. Se cuentan entonces dos años, según lo establece el artículo 136, numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, y se tiene que el plazo para la presentación de la acción de reparación directa fenecía el 15 de octubre de 2002(11). Dado que la demanda se interpuso el 11 de octubre de ese año, es evidente que se ejerció dentro del término legal previsto.

20. En vista de lo anterior, la Sala procede a analizar si se le causó un daño al señor Carlos Alberto Vela como consecuencia de su vinculación al proceso penal y de la privación injusta de la libertad de la que sostiene haber sido víctima.

20.1. La Sala no encuentra demostrado que este haya sido afectado con una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, sino que, según lo relató la entidad demandada, se le vinculó al proceso para que rindiera indagatoria. Por otra parte, en la nota de prensa se indicó que la Fiscalía dictó orden de captura contra el señor Vela (fl. 47, cdno. 2), pero no existe ninguna otra prueba en el proceso que confirme esta aseveración, por lo que no puede tenerse como un hecho probado —párrafo 10.4—.

20.2. Además, la afirmación según la cual Carlos Vela estuvo detenido durante cinco días en las instalaciones de la Sijín carece de sustento probatorio. Cabe recordar que la parte actora solicitó en la demanda que se oficiara al comandante del departamento de policía metropolitana de Bogotá para que remitiera con destino al tribunal una copia del libro de retenidos que se llevó en la Sijín durante marzo de 2000 (fl. 60, cdno. 1), a lo cual accedió el a quo mediante auto del 2 de mayo de 2003 (fl. 95, cdno. 1), decretando la prueba el 5 de junio del mismo año (fl. 95, cdno. 1). No obstante, este documento no fue remitido por la entidad requerida, venciéndose el periodo probatorio sin que la parte interesada solicitara su ampliación.

20.3. Según el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en los aspectos no regulados de este procedimiento por disposición del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, si se han dejado de practicar pruebas sin culpa de la parte que las pidió, el término señalado para tal efecto se ampliará, a petición de aquella, hasta por otro igual, y vencido el término probatorio o el adicional, de ser el caso, precluirá la oportunidad para practicar pruebas y el juez deberá, so pena de incurrir en la falta disciplinaria respectiva, disponer sin tardanza el trámite que corresponda. Además, es deber de las partes y sus apoderados prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea tenida como indicio en su contra, en atención al artículo 71, numeral 6º, del Código de Procedimiento Civil(12).

21. Con respecto al daño que el actor deriva de la supuesta actuación irregular de la Fiscalía al vincularlo “injustamente” al proceso penal antes mencionado, la Sala debe determinar si su vinculación a la investigación supuso un error jurisdiccional. Al determinar las funciones de la Fiscalía General de la Nación, la Carta Política dispone en el artículo 250:

“Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá:

1. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las medidas necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito.

2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas.

3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso.

5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.

La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten”.

22. En efecto, el fiscal tiene la potestad de requerir a una persona con el fin de que rinda indagatoria cuando tiene serios indicios de que esta ha podido participar en el delito que se investiga. En este caso, el hecho de que el señor Carlos Vela estuviera asignado al CAI de La Gaitana en el turno que corría entre las tres de la tarde y la medianoche del 12 de diciembre de 1999, y que los acontecimientos objeto de investigación señalaran como irregular la actuación en horas de la noche de algunos agentes de ese mismo CAI, es suficiente para tener al señor Vela como un posible partícipe en esos hechos. Por lo tanto, su requerimiento para que rindiera indagatoria era necesario de acuerdo con los indicios que pesaban sobre él.

23. Que después de la indagación respectiva se haya encontrado que el señor Carlos Alberto Vela no había participado en el homicidio que se estaba investigando, no significa que haya existido un error jurisdiccional imputable a la Fiscalía, pues la investigación es, por definición, una fase necesaria para determinar la posible participación del procesado en la conducta punible. Por lo tanto, la actuación de la Fiscalía en el presente caso no excedió sus facultades constitucionales y legales.

24. En resumen, la Sala concluye que: (i) No hay legitimación en la causa por pasiva a favor de la Fiscalía General de la Nación en lo relativo al supuesto envío de información calumniosa a un medio de comunicación; (ii) no está probado que el señor Carlos Alberto Vela haya sufrido un daño como consecuencia de una privación injusta de la libertad o de un error de la administración de justicia. Por lo tanto, se abstendrá de condenar a la entidad demandada por todo concepto.

V. Costas

25. No hay lugar a la imposición de costas, dado que no se evidencia en el caso concreto una actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 28 de octubre de 2004, y en su lugar dispone:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva a favor de la Fiscalía General de la Nación en lo relativo al supuesto envío de información calumniosa a un medio de comunicación.

2. DENEGAR las pretensiones de la demanda en relación con la supuesta privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor Carlos Alberto Vela.

3. Sin condena en costas.

4. Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo».

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(3) Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 16 de abril de 2007, Exp. AG-25000-23-25-000-2002-00025-02, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, y 10 de marzo de 2011, Exp. 15.666, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(4) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de octubre de 2011, Exp. 20.450, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de agosto de 2012, Exp. 23.686, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de junio de 2007, Exp. 25.627, C.P. Alier Eduardo Hernández; sentencia de 10 de junio de 2009, Exp. 18.108, C.P. Ruth Stella Correa; sentencia de 10 de marzo de 2011, Exp. 20.099, C.P. Ruth Stella Correa.

(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2011, Exp. 20.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de julio de 2011, Exp. 19.434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 19 de octubre de 2011, Exp. 20.861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 15 de febrero de 2012, Exp. 20.880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, auto del 20 de mayo de 2003, Exp. PI-059, C.P. Tarcisio Cáceres Toro.

(10) El artículo 197 del Decreto 2700 de 1991, código procesal penal aplicable para el momento de los hechos, establece: “Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas”. Las providencias quedan ejecutoriadas tres días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos y no deban ser consultadas. La que decida el recurso de casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia del mismo, la que lo declara desierto, y las que deciden la acción de revisión, los recursos de hecho, o de apelación contra las providencias interlocutorias, quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente.

(11) Pero como el 12 de octubre fue sábado se puede presentar hasta el siguiente día hábil, es decir el 15 de octubre de 2002.

(12) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 26 de julio de 2001, Exp. 2648, C.P. Mario Alario Méndez.