Sentencia 2002-2170 de marzo 27 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN B

Expediente: 28659

Radicación: 25000 2326 000 2002 2170

Consejero Ponente:

Dr. Danilo Rojas Betancourth

Demandante: Reinaldo Hernández Fandiño

Demandado: Distrito Capital de Bogotá-Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento

Naturaleza: Acción de reparación directa

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. La competencia

6. La Corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la mayor de las pretensiones, la cual corresponde a 500 smlmv, por concepto de perjuicios morales en favor de la actora Claudia Patricia Hernández y cada uno de sus padres, monto que a la fecha de esta sentencia equivale a $ 308 000 000, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).

II. Hechos probados

7. Con base en los medios de prueba antes señalados, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:

7.1. El 11 de junio de 2002, Claudia Patricia Hernández, adolescente de 15 años de edad, sufrió un accidente en el colegio distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando ingresaba al aula de informática, con una base de vidrio que se encontraba apoyada contra una de las paredes del salón (constancia expedida por la rectora del centro educativo distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, con fecha del 7 de junio de 2002 —fl. 2, cdno. pbas.— e informe elaborado por la docente Flor Herlda Garay Maldonado —fl. 12, cdno. pbas.—. Ver desarrollo de esta última en “Análisis de la Sala”).

7.2. Claudia Patricia se encontraba matriculada en ese plantel educativo en la jornada de la tarde, cursando el grado undécimo, para el momento en que sufrió la lesión (constancia expedida por la rectora del centro educativo distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, con fecha del 7 de junio de 2002 —fl. 2, cdno. pbas.— y oficio 255 emitido por el centro educativo distrital Luis Carlos Galán Sarmiento y allegado al proceso —fl. 10, cdno. pbas.).

7.3. La estudiante sufrió un trauma en rodilla derecha que le ocasionó queloide de 10 cms de longitud que fue manejada por cirugía plástica (dictamen de lesiones personales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fecha del 19 de diciembre de 2003 —fl. 38, cdno. pbas.—).

7.4. A la fecha del dictamen médico legal, dos años después del accidente, la paciente presentó “cicatriz hipertrófica de 11 cms de longitud por 2 cms de ancho, no fija a planos profundos, no retráctil. Presenta marcha normal. Arcos de movilidad articular de rodillas normales. Por lo tanto se establecen como mecanismos causantes de la lesión: cortante. Se fija una incapacidad médico legal definitiva de 10 días. Como secuela médico legal: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente” (dictamen de lesiones personales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fecha del 19 de diciembre de 2003 —fl. 38, cdno. pbas.—).

7.5. Reinaldo Hernández Fandiño y María Teresa Herrera son padres de Claudia Patricia Hernández Herrera (registro civil de nacimiento de la última —fl. 1, cdno. pbas.—).

IV. Problema jurídico

8. Deberá resolver la Sala si el accidente que sufrió Claudia Patricia Hernández Herrera cuando tropezó contra una base de vidrio al ingresar en un aula del colegio distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, es imputable a la entidad demandada, o si le asiste razón al Distrito Capital de Bogotá, según la cual ese daño ocurrió por culpa exclusiva de la víctima, máxime teniendo en cuenta la edad de la adolescente, en la cual cuenta con una madurez suficiente para regular su comportamiento y prever peligros evidentes.

V. Análisis de la Sala

9. De conformidad con los hechos probados, la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, esto es, el accidente del que fue víctima la adolescente Claudia Patricia Hernández Herrera, el día 11 de junio de 2002, cuando tropezó contra una base de vidrio ubicada dentro de las aulas de informática (párr. 5.1.).

10. De acuerdo con lo que se afirma en la demanda, ese daño es imputable al Distrito Capital de Bogotá-Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, ya que la demandada incurrió en una omisión constitutiva de falla del servicio, toda vez que permitió que un objeto peligroso, como lo es una base de vidrio, fuera ubicada dentro de las aulas estudiantiles, sin que se tomaran las medidas de prevención necesarias para evitar que ocurriera el accidente del que fue víctima Claudia Patricia Hernández.

10.1. En cuanto a las circunstancias de tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos en el presente proceso, el informe presentado por la docente Flor Helda Garay Maldonado, dirigido a la rectora del centro educativo distrital, manifiesta que (fl. 12, cdno. pbas.):

El pasado 11 de marzo, en la tercera unidad pedagógica tenía clase con el curso 1103 donde habíamos planeado con anticipación la observación y análisis de un video educativo, por tal razón nos desplazamos al aula de audiovisuales, abrí la puerta dando orden de ingreso a los estudiantes. Todos entraron en forma normal, menos la alumna Claudia Patricia Hernández, quien por llegar primero a sentarse ingresó corriendo y transitando por un lugar no autorizado para ubicarse en el salón, con motivo de su indisciplina tropezó con un vidrio que reposaba en un sitio donde no ofrecía peligro para nadie. Me extraña porque la niña fue a travesar por ese espacio que no permite el paso a los estudiantes. Este incidente generó que la estudiante en mención sufriera una herida en su pierna, razón por la cual el profesor Ignacio Ardila le asistió los primeros auxilios.

(…) procedí a preguntar por qué el vidrio se encontraba en ese sitio a las señoras que realizaban el aseo. Ellas me respondieron que correspondía al escritorio y lo retiraron para lavarlo y una vez que estuviese seco colocarlo (sic) e su lugar. Como testigos de este hecho, están los testigos de grado 1103.

10.2. El artículo 2347 del Código Civil colombiano dispone que “Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”, precepto del cual se desprende la responsabilidad de los directores de colegios y escuelas respecto de los pupilos puestos bajo su custodia y vigilancia. Al respecto señaló la Corte Constitucional(2):

De allí que los padres sean responsables solidariamente del hecho de los hijos que habitan en la misma casa; el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia o cuidado; los directores de colegios y escuelas responderán del hecho de los discípulos mientras estén bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de los aprendices o dependientes, en el mismo caso. Así pues, la ley presume que los daños que ocasionen las referidas personas son imputables a quienes debían haber ejercido adecuadamente un control y vigilancia sobre aquéllos, y por ende, la víctima de tales perjuicios debe probar (i) el daño causado y el monto el mismo; (ii) la imputación del perjuicio al directo responsable; y (iii) que este último se encuentre bajo el cuidado o responsabilidad de otro, bien sea por mandato legal o vínculo contractual.

10.3. En esta misma línea, el Consejo de Estado ha establecido en varias oportunidades(3) la responsabilidad de la administración por las actuaciones u omisiones en las que incurran los establecimientos educativos de todo orden —nacional, departamental y municipal— cuando con ellas se causen daños a los alumnos que asisten a esos establecimientos.

10.4. En el marco de dicha responsabilidad, se ha considerado(4) que la misma deviene de las obligaciones de vigilancia y control que el garante ejerce respecto de las personas puestas bajo su custodia y de la relación de subordinación entre el profesor y/o el personal directivo del colegio frente al estudiante. También se ha dicho que ese deber se activa no sólo durante el tiempo en que el alumno permanece dentro de las instalaciones escolares, sino también durante el tiempo que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovida por éste:

El artículo 2347 del Código Civil, establece que “toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado”.

Así los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios, del hecho de sus aprendices o dependientes, en el mismo caso”.

La custodia ejercida por el establecimiento educativo debe mantenerse no sólo durante el tiempo que el alumno pasa en sus instalaciones, sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas o de recreación promovidas por éste, incluyendo paseos, excursiones, viajes y demás eventos tendientes al desarrollo de programas escolares.

El deber de cuidado surge de la relación de subordinación existente entre el docente y el alumno, pues el primero, debido a la posición dominante que ostenta en razón de su autoridad, tiene no sólo el compromiso sino la responsabilidad de impedir que el segundo actúe de una forma imprudente

10.5. Así, este deber de custodia, abarca todas aquellas medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad física de los alumnos, y la prevención de los daños que puedan generarse a sí mismos y a los demás:

Agréguese a lo dicho que si bien dentro de las nuevas tendencias pedagógicas, la educación que se imparte en los colegios debe respetar ciertos parámetros de libertad y autonomía, ello no obsta para que se adopten las medidas de seguridad necesarias con el fin de garantizar la integridad física de los alumnos, respetando desde luego la independencia que se les otorga.

Este deber encuentra su fundamento en la protección que debe brindarse al alumno, no sólo respecto de los daños que éste pueda causarse a sí mismo, sino también de los que pueda ocasionar a los demás(5).

10.6. De conformidad con lo expuesto y al analizar el material probatorio, en el caso concreto se encuentra acreditada la existencia de una falla del servicio atribuible al Distrito Capital de Bogotá-Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, por cuanto la herida que se produjo la adolescente Claudia Patricia Hernández en la pierna derecha, ocurrió durante la jornada escolar, dentro de una de las aulas del centro educativo distrital, por la omisión de las directivas en su deber de cuidado y vigilancia. Esta omisión se concretó en ubicar un objeto que aunque en buen estado —la base de vidrio—, representa un peligro de accidente para los alumnos, ya que este podría resbalar y romperse, o los estudiantes podrían tropezar contra él y lesionarse. Se resalta que el objeto fue puesto contra un muro de forma transitoria, en un lugar al que podían acceder los estudiantes, como en efecto ocurrió.

11. La parte demandada consideró que el daño ocurrió como resultado del hecho exclusivo de la víctima, pues la alumna Claudia Patricia Hernández Herrera ingresó de manera indisciplinada y precipitada al aula especializada y de laboratorios tropezando con la base de vidrio con la que se generó la lesión en la pierna.

11.1. En pasadas oportunidades, ha considerado la Corporación, que el centro educativo puede librarse de responsabilidad, siempre y cuando demuestre que actuó con absoluta diligencia y que el hecho le fue imprevisible e irresistible ya que respondió a un hecho de fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

11.2. También se ha señalado que la edad del estudiante resulta determinante en la graduación del nivel de control y vigilancia que se espera de los docentes frente a los estudiantes puestos bajo su control(6)-(7):

El centro educativo se erige en garante y adquiere la obligación de responder por los actos del educando que pudieran lesionar derechos propios o ajenos, es decir, que la obligación de cuidado de los maestros con respecto a los alumnos origina responsabilidad de los centros educativos y de los mismos maestros por cualquier daño que los alumnos puedan llegar a causar o sufrir, aunque aquellos pueden exonerarse de responsabilidad si demuestran que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima.

Así lo establece el inciso final del artículo 2347 del Código Civil: 'Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.

Debe advertirse que el deber de vigilancia de los centros educativos por los daños que causen o puedan sufrir los alumnos, es inversamente proporcional a su edad o capacidad de discernimiento, es decir, es mayor frente a alumnos menores o con limitaciones físicas o sicológicas, pero será más moderado en relación con alumnos mayores de edad. Es decir, aunque los centros educativos mantienen el deber de seguridad y cuidado sobre todos los alumnos, es claro que entre más avanzada sea la edad de los mismos, mayor libertad de decisión deberá concedérseles y por lo tanto, el deber de vigilancia se mantendrá para advertirles del peligro, prohibirles el ejercicio de actividades que puedan representarles riesgos y rodearlos de todas las medidas de seguridad aconsejables.

11.3. Así, el Consejo de Estado absolvió a la Nación-Ministerio de Educación pues no encontró acreditada la omisión en el deber de vigilancia respecto de los alumnos, en el transcurso de una actividad organizada por el colegio distrital José Benigno Perilla, en el municipio de Somondoco, por fuera de las instalaciones educativas, cuando un adolescente de 19 años desatendió las advertencias de los docentes y cruzó la vía solo, momento en el que fue arrollado por un vehículo. Señaló esta Corporación en esta ocasión: “A lo anterior se suma las condiciones particulares de la víctima, quien era mayor de edad, tenía 19 años al momento de su muerte, con plenas facultades mentales y, por lo tanto, capaz de determinar su comportamiento y autocontrolarse. Por estas circunstancias, el resultado no puede ser imputable a la entidad demandada, ya que fue la víctima quien se expuso imprudentemente al riesgo…”(8).

11.4. En otro caso, los alumnos fueron llevados a bañarse en la quebrada ubicada en el punto denominado “Bocas de Uré”. La actividad en principio no representaba mayor riesgo, pues el agua apenas alcanzaba el nivel de las rodillas. Sin embargo, junto a dicha quebrada cursaba el río San Jorge, el cual es de considerable caudal, y fue precisamente lo que arrastró a la víctima de 16 años hasta causarle la muerte. La Corporación encontró probada la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Educación pero redujo la condena en un 50% ya que la víctima se desplazó hacía el margen del río San Jorge, sin tener en cuenta la prohibición que sobre el particular habían emitido los directores del grupo. Consideró el fallador sobre la concausalidad en la generación del daño(9):

Aunque los docentes son coincidentes y categóricos al afirmar que la actividad se llevó con vigilancia extrema de su parte, el sentenciador encuentra que sí hubo ligereza en el manejo del control de los estudiantes, pues no se observaron los cuidados requeridos tales como determinar los linderos de la quebrada que no ofrecían peligro para sus vidas e impidiendo el desplazamiento hacía lugares de mayor riesgo.

(…).

Con relación a éste último aspecto, la Sala apoyada en las declaraciones en antes transcritas se aparta de lo decidido por el tribunal, pues encuentra que la víctima se desplazó hacía el margen del río San Jorge, sin tener en cuenta la prohibición que sobre el particular habían emitido los directores del grupo, y por ello reducirá la condena en un cincuenta por ciento (50%) por culpa de la víctima.

Para hacer esta disminución de la condena, el sentenciador tiene en cuenta que al momento de su deceso Oscar Javier contaba con poco menos de 17 años, edad en la cual se presume gozaba de normal discernimiento para guardar prudente distancia ante el peligro.

Se afirma lo anterior porque si bien es cierto en el curso del expediente no se logró establecer si sabía nadar o no, pues en este punto las declaraciones son contradictorias, de todas formas se puede establecer que sí sabía hacerlo, temerariamente se expuso al caudaloso río; y si no sabía, con mayor razón su conducta puede ser calificada de extremadamente negligente.

11.5. En el presente caso, la adolescente no tenía 16 años como lo asevera la parte demandada, sino 15. Si bien, al igual que las dos víctimas de los casos estudiados, se encuentra en la franja de edad conocida como el menor adulto, esto es, entre los 12 y los 18 años para las mujeres y los 14 y los 18 para los hombres(10), etapa de la vida en la cual ha reconocido la jurisprudencia constitucional que el individuo abandona una incapacidad absoluta para adquirir una grado superior de capacidad jurídica para celebrar actos que pueden tener valor en ciertas circunstancias, y por ende, momento en que las personas adquieren mayores responsabilidades y atribuciones, no quedó demostrado como en los casos anteriores, que la adolescente haya inobservado alguna directriz o prohibición dictada por el personal docente. Nada indica en el expediente que los estudiantes hayan sido prevenidos sobre el peligro del vidrio dentro del aula de laboratorios, que se les haya dado alguna instrucción dirigida a restringir su circulación en el salón, o a advertirles sobre el vidrio apoyado contra la pared. Por el contrario, la docente Flor Helda Garay manifestó que cuando la niña se accidentó, procedió a preguntar a las aseadoras del colegio la razón por la cual el objeto de vidrio estaba en ese lugar, con lo cual se hace evidente la ausencia de orden alguna sobre el peligro que su presencia podía implicar. También señaló la profesora en su informe que Claudia Patricia Hernández, “por llegar primero a sentarse ingresó corriendo y transitando por un lugar no autorizado para ubicarse en el salón, con motivo de su indisciplina tropezó con un vidrio que reposaba en un sitio donde no ofrecía peligro para nadie. Me extraña porque la niña fue a travesar por ese espacio que no permite el paso a los estudiantes”. Tampoco quedó claro por qué en “ese espacio” no le era permitido el paso a los estudiantes, ni cómo se manifestaba esa prohibición.

11.6. Las directivas, concepto que abarca la dirección encargada de supervisar las actuaciones del personal de aseo, tampoco demostraron haber tomado otras medidas como la ubicación de letreros de advertencia visibles para los alumnos sobre la presencia del vidrio. En este orden de ideas, el daño ocasionado con la base de vidrio le es imputable a la administración en la medida en que no reviste de las características de la causa extraña, es decir, no le era imprevisible al colegio distrital que un accidente podría ocurrir con ese objeto, y tampoco irresistible su acaecimiento, pues la base se pudo ubicar en otro lado más propicio, o se pudieron impartir instrucciones de circulación en el aula o advertencias a los alumnos antes de que estos ingresaran al salón de clase.

11.7. En consecuencia, se niegan las alegaciones de la parte demandada sobre la existencia de una causa extraña o el hecho de la víctima en la generación del daño.

VI. Perjuicios

12. La Sala encuentra algunos reparos sobre la manera como el a quo liquidó y reconoció los perjuicios morales y los materiales en favor de los actores.

12.1. Sobre el alcance del recurso de apelación, se aclara que la competencia de esta Corporación, en sede de segunda instancia, se encuentra delimitada por lo alegado por la parte demandada en el recurso de apelación. Al respecto ha considerado la Sala Plena de la Sección Tercera:

Así pues, por regla general, a la luz de las disposiciones legales vigentes y según la interpretación a las mismas les ha atribuido la Jurisprudencia nacional, se tiene entonces que el recurrente debe señalar en forma oportuna, esto es dentro de los términos establecidos por la ley, tanto los asuntos o aspectos que considere lesivos de sus derechos, como también debe justificar las razones de su inconformidad, a las cuales deberá ceñirse el juez(11).

Téngase presente que la exigencia que consagra la ley para que el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia deba sustentarse no es, en consecuencia, una simple formalidad irrelevante para el proceso, a tal punto que su inobservancia acarrea la declaratoria de desierta del recurso y, por contera, la ejecutoria de la providencia que se pretende impugnar (CCA, art. 212)(12).

12.2. Pero también ha señalado la Sala que la competencia del fallador en sede de apelación abarca, de un lado, los presupuestos procesales, esto es, la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, los cuales debe declarar de oficio con independencia de que dichos asuntos hayan sido puestos de presente por el apelante único, y del otro, los temas implícitos en aquellos aspectos que el recurrente propone, al sustentar el recurso de apelación de la sentencia, siempre que la revisión de esos asuntos le resulte favorable al recurrente(13):

3.2.2.3.4. Cobra gran relevancia fijar el alcance de las razones expuestas por el recurrente al solicitar la revocatoria o modificación de algunos aspectos de la sentencia para delimitar la competencia del juez ad quem, tratándose de asuntos que si bien no fueron mencionados en la sustentación, están comprendidos dentro del aspecto del fallo objeto del recurso. Si se limitara la competencia del juez de segunda instancia únicamente a verificar las razones expuestas por el recurrente en la sustentación del recurso, no podría entonces revisar los demás asuntos comprendidos dentro de los aspectos cuestionados, a los cuales no se habrá referido el recurrente, en muchas ocasiones, porque el hacerlo carecería de lógica.

Por ejemplo, cuando pretende que se revoque la indemnización por el perjuicio material a cuyo pago fue condenado, argumentando que no hay prueba en el expediente que demuestre su existencia, el juez ad quem podría reducir la indemnización, cuando advierta que la existencia del daño sí está demostrada, pero que hubo errores en la liquidación.

3.2.2.3.5. Pero no hay ninguna duda de que el interés del recurrente al pretender que se modifique a su favor un aspecto de la sentencia que le es desfavorable, queda en parte satisfecho cuando esa modificación es proporcionalmente menor a lo pretendido, pero en todo caso, favorable a su interés.

(…).

Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones.

12.3. De manera que dentro de estos casos que permitirían una modificación del fallo apelado, pues se entiende que son aspectos intrínsecos a la solicitud de revocatoria de la decisión emitida por el a quo, siempre y cuando no impliquen una violación al principio de la non reformatio in pejus, se encuentra: “la reducción de la indemnización, por considerar que la víctima también contribuyó a la causación del daño, o se aprecia que no está demostrado uno o algunos de los daños cuya indemnización se reclama, o que en la liquidación del mismo se incurrió en errores que afectan al apelante único”(14).

12.4. En el caso de la referencia, el objeto de ese recurso, vale la pena reiterarlo, es la revocatoria del fallo de primera instancia ante la presencia de la causal excluyente de responsabilidad, a saber, la culpa exclusiva de la víctima. La Sala observa sin embargo, una ausencia de parámetros en la delimitación del perjuicio material, cuyo monto fue ordenado mediante condena en abstracto, razón por la cual se procederá a precisar el alcance de este perjuicio. También se reducirá el monto de los perjuicios morales concedidos a los actores.

12.5. En cuanto al reconocimiento de los perjuicios materiales por daño emergente, señaló el escrito de la demanda, que Claudia Patricia debe someterse a una cirugía plástica para eliminar la cicatriz permanente que quedó en su pierna (párr. 1.2). Así mismo, el dictamen de lesiones personales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, señaló que la adolescente sufrió un trauma en rodilla derecha que le ocasionó queloide de 10 cms de longitud que fue manejada por cirugía plástica (párr. 7.3.). En este orden de ideas, si bien está probado que la adolescente requirió de estas intervenciones quirúrgicas, no quedó probado el monto de dicho perjuicio, por lo cual la Sala coincide con el a quo en la condena en abstracto ordenada a instancias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No obstante, modificará el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia, en el sentido de limitar la condena en abstracto al reconocimiento de los gastos en lo que debieron incurrir los actores en la o las cirugías plásticas a las que haya sido sometida Claudia Patricia Hernández, y dejará por fuera los gastos de saturación y curación que le hicieron a la adolescente en la atención de emergencia, por cuanto en el escrito de la demanda se mencionó que estos fueron cubiertos por el Instituto de Seguro Social.

12.6. Así, la parte actora deberá en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 1 de 1984 —modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998—(15), promover un incidente de liquidación de perjuicios ante el Tribunal a quo, a fin de que se determine el monto a reconocer a su favor por los gastos en mención, para lo cual deberá allegar pruebas documentales tales como cuentas de cobro o certificación emitidas por el centro hospitalario o médico que atendió a la adolescente, comprobantes de pago o extractos bancarios donde se vea reflejado el pago alegado.

12.6. En cuanto a los perjuicios morales, señaló la sentencia apelada: “Para Claudia Patricia Hernández Herrera, a título de daños morales, la suma equivalente a 30 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para los padres de la víctima, los señores Reinaldo Hernández Fandiño y María Teresa Herrera, a título de daños morales, la cantidad equivalente a 10 smlmv a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno de ellos”.

12.7. De conformidad con el dictamen médico legal, realizado dos años después del accidente, la paciente presentó “cicatriz hipertrófica de 11 cms de longitud por 2 cms de ancho, no fija a planos profundos, no retráctil. Presenta marcha normal. Arcos de movilidad articular de rodillas normales. Por lo tanto se establecen como mecanismos causantes de la lesión: cortante. Se fija una incapacidad médico legal definitiva de 10 días. Como secuela médico legal: deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente” (dictamen de lesiones personales emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con fecha del 19 de diciembre de 2003 —fl. 38, cdno. pbas.—).

12.8. Así, en atención a que Claudia Patricia Hernández no contó con afectación a los músculos y tendones de la pierna o rodilla, no sufrió alteración de su marchan normal, y adquirió una incapacidad médico legal de 10 días, se modificará el numeral tercero del resuelve del fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y se ordenará indemnizar por la cicatriz permanente que adquirió, el equivalente a 12 smlmv en favor de Claudia Patricia Hernández y 6 smlmv en favor de cada uno de sus padres(16).

13. La parte demandante solicitó finalmente, el reconocimiento del daño a la salud en favor de Claudia Patricia Hernández por la suma equivalente a 100 smlmv y señaló que “estos perjuicios los sufre la víctima porque tiene alterada su capacidad mental”. El a quo no reconoció dicho perjuicio por cuanto a su juicio no se encontraba probado (párr. 4.2). Así, en la medida en que la parte actora no impugnó esta decisión, mal haría la Sala en modificarla, ya que ello agravaría la situación del apelante único.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, el 1º de julio de 2004, la cual quedará así:

1. Declárese no probada la excepción genérica o innominada propuesta por la parte demandada.

2. Declárese administrativamente responsable al Distrito Capital de Bogotá-Colegio Distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, de los hechos ocurridos el día 11 de marzo de 2002 en el interior del centro educativo Luis Carlos Galán Sarmiento, en los cuales sufrió una lesión la alumna Claudia Patricia Hernández Herrera.

3. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase al Distrito Capital de Bogotá-Colegio Distrital Luis Carlos Galán Sarmiento, a pagar a favor de los demandantes las siguientes indemnizaciones:

A título de daños morales, 12 smlmv para Claudia Patricia Hernández Herrera, y para los padres de la víctima, Reinaldo Hernández Fandiño y María Teresa Herrera, 10 smlmv para cada uno.

4. Condénese en abstracto a la demandada a pagar a favor de Claudia Patricia Hernández Herrera, el valor de los daños materiales por concepto de daño emergente, por la o las cirugías plásticas realizadas en la lesionada y que hayan sido pagadas por los actores, de conformidad con los parámetros fijados en la parte motiva (párr. 12.6.).

5. Deniéganse las demás súplicas de la demanda.

6. El Distrito Capital de Bogotá-Colegio Distrital Luis Carlos Galán Sarmiento dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

7. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

8. DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.»

1 En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 2002 tuviera vocación de segunda instancia ante esta Corporación era de $ 36.950.000.

2 Sentencia C-423 de 2006, Humberto Antonio Sierra Porto.

3 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2001, expediente 12555, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 20 de febrero de 2003, expediente 14144, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 22 de abril de 2009, expediente 16620, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección B, sentencia de 25 de mayo de 2011, expediente 19324, M.P. Ruth Stella Correa Palacio; Subsección A; subsección C, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 20135, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección C, sentencia de 29 de agosto de 2012, expediente 24779, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Subsección B, sentencia de 29 de octubre de 2012, expediente 17497, M.P. Danilo Rojas Betancourth; Subsección C, sentencia de 19 de noviembre de 2012, expediente 23343, M.P. Enrique Gil Botero.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, expediente 14.869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

5 Ibídem.

6 Sentencia del 7 de septiembre de 2004, expediente 14.869, op. cit.

7 La Sala ha establecido que los menores de 10 años no incurren en culpa, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2346 del Código Civil, según el cual ésta se pregona es sobre las personas a cargo de quienes se encuentran dichos menores. Sobre el particular ver Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 25 de mayo de 2000, expediente 11253.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de septiembre de 2004, expediente 14.869, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2002, expediente 14.081.

10 De conformidad con el artículo 34 del Código Civil: “Llámase infante o niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido (veintiún) años, y menor de edad, o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos”. A partir de la Ley 27 de 1977 la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años, no a los veintiuno. El concepto de menor adulto ha sido creado por la jurisprudencia para denominar al que “ha dejado de ser impúber”, y abandona una incapacidad absoluta para adquirir una incapacidad relativa para celebrar actos que pueden tener valor en ciertas circunstancias: Corte Constitucional, SC-507/04, Manuel José Cepeda Espinosa.

11 [5] Así lo consideró la Sala en la providencia dictada el 26 de febrero de 2004, expediente 26.261, M.P. Alier Hernández Enríquez.

12 Sentencia del 9 de febrero de 2012, rad. 500012331000199706093 01 (21.060), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de febrero de 2012, rad. 050012326000199402321-01 (20.104), C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En este caso, la Sala observó que el a quo incurrió en un yerro al liquidar el perjuicio material por concepto de lucro cesante, porque no dividió entre los demandantes la renta que recibía el occiso, sino que tomó el valor total de esa renta para liquidar cada una de las indemnizaciones. Dado que la sentencia fue apelada sólo por la entidad demandada que pretendía su revocatoria total, la Sala procedió a modificar la decisión para enmendar el yerro.

14 Ibídem.

15 “ART. 172.—Condenas en abstracto. <Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.

16 En sentencia del 10 de noviembre de 2005, expediente 15001-23-31-000-1992-02856-01(17920), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, se confirmó la condena proferida en primera instancia, y se reconocieron 42.67 smlmv (equivalentes a los 500 gramos oro ordenado por el a quo) a la actora, quien con ocasión de un accidente de tránsito, adquirió una incapacidad médico legal definitiva SETENTA DIAS y “secuelas por deformidad física en el cuerpo de orden estético (cicatrices), en el cuerpo; perturbación funcional del órgano de la locomoción (por acortamiento de la pierna derecha). También reconoció la mitad del valor en mención, esto es 21.33 smlmv (equivalentes a 250 gramos oro reconocidos por el a quo) en favor de sus padres.