Sentencia 2002-02266 de marzo 9 de 2016

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Radicación: 25000-23-26000-2002-02266-01 (34814)

Consejera Ponente:

Dra. Marta Nubia Velásquez Rico

Actor: Álvaro José Lloreda Caicedo y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social(1)

Referencia: Reparación directa

Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - La inscripción en el libro de socios como la formalidad por medio de la cual se perfecciona la propiedad accionaria en una sociedad por acciones / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN - Casos en los que se atribuye al Estado la liquidación voluntaria de una sociedad.

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) la competencia de la Sala; 2) la prueba de la representación de los menores de edad y de la existencia y representación legal de las empresas que comparecieron al proceso; 3) la legitimación en la causa por activa: la inscripción en el libro de socios como la formalidad por medio de la cual se perfecciona la propiedad accionaria en una sociedad por acciones; 4) la acción procedente era la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con la liquidación voluntaria de la Fiduciaria de Occidente; 5) la caducidad de la acción en los casos en que se atribuye al Estado la liquidación voluntaria de una sociedad; 6) la procedencia o no de la condena en costas.

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del proceso en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 19 de septiembre de 2007, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, comoquiera que la indemnización del daño emergente para los demandantes se estimó en $ 58.959’000.000(23), cifra que supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la fecha de interposición de la demanda y que la Ley 954 de 2005 exigía para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia(24).

2. La prueba de la representación de los menores de edad y de la existencia y representación legal de las personas jurídicas que comparecieron al proceso invocando su calidad de accionistas

2.1. En el caso de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. comparecieron los menores de edad Alejandro Lloreda Field y Juliana Lloreda Field por intermedio de su madre la señora Carolyn Field Vélez.

Tras revisar el expediente se encuentra probado que los menores de edad Alejandro Lloreda Field y Juliana Lloreda Field eran hijos de la señora Carolyn Field Vélez(25).

Las demás personas naturales que invocaron su calidad de socios comparecieron mediante apoderado debidamente constituido.

Comparecieron las siguientes personas jurídicas aduciendo su calidad de accionistas de la Corporación Financiera del Pacífico S.A.:

1) Inversiones Torrealta S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Álvaro José Lloreda Caicedo.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación legal de la sociedad Inversiones Torrealta S.A., así como también se encuentra probado que para la fecha en que se interpuso la demanda su representante legal era el señor Álvaro José Lloreda Caicedo(26).

2) Álvaro José Lloreda Ltda. & Cía. SCA, por intermedio del señor Álvaro José Lloreda Caicedo, representante legal de su socio gestor la empresa Álvaro José Lloreda Ltda.

Obra en el expediente la prueba de que la empresa Álvaro José Lloreda Ltda., para la fecha de la interposición de la demanda, era el socio gestor de Álvaro José Lloreda Ltda. & Cía. SCA, cuyo representante legal era el señor Álvaro José Lloreda Caicedo(27).

3) Inversora Salamanca S.A., por intermedio de su representante legal, la señora María Lucía Lloreda Garcés.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación de la sociedad Inversora Salamanca S.A., así como también se encuentra probado que su representante legal, para la fecha de interposición de la demanda, era la señora María Lucía Lloreda Garcés(28).

4) Inversora Palos Verdes S.A., a través de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación de la sociedad Inversora Palos Verdes S.A., cuyo representante legal para la época de la interposición de la demanda era el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés(29).

5) Inversora del Sur S.A., a través de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación de la sociedad Inversora del Sur S.A., cuyo representante legal para la época de la interposición de la demanda era el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés(30).

6) Inversiones Zero Stress S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Felipe Lloreda Garcés.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación de la sociedad Inversiones Zero Stress S.A., cuyo representante legal para la época de la interposición de la demanda era el señor Felipe Lloreda Garcés(31).

7) Inversiones La Coruña S.A., por intermedio de su representante legal, la señora Mariana Lloreda Garcés.

Obra en el expediente la prueba de la existencia y representación de la sociedad Inversiones La Coruña S.A. y se acreditó que su representante legal para la época de la interposición de la demanda era la señora Mariana Lloreda Garcés(32).

2.2. En el caso de la sociedad Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. comparecieron los menores de edad Alejandro Lloreda Field y Juliana Lloreda Field, por intermedio de su madre la señora Carolyn Field Vélez, quienes como se dejó visto en el numeral anterior, lo hicieron debidamente representados por su señora madre.

Las demás personas naturales que invocaron su calidad de socios comparecieron mediante apoderado debidamente constituido.

Comparecieron las siguientes personas jurídicas aduciendo su calidad de accionistas de la sociedad Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.:

1) Álvaro José Lloreda Ltda. & Cía. SCA, por intermedio del señor Álvaro José Lloreda Caicedo, representante legal de su socio gestor la empresa Álvaro José Lloreda Ltda.

2) Inversora Salamanca S.A., a través de su representante legal, la señora María Lucía Lloreda Garcés.

3) Inversora Palos Verdes S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

4) Inversora del Sur S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

5) Inversiones Zero Stress S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Felipe Lloreda Garcés.

6) Inversiones La Coruña S.A., a través de su represente legal, la señora Mariana Lloreda Garcés.

Como estas sociedades también dijeron ser accionistas de la Corporación Financiera del Pacífico S.A., la verificación de su existencia y representación se hizo en el numeral 2.1, por lo que basta reiterar que se encuentra probada su personalidad jurídica y que sus representantes legales fueron los que otorgaron poder para actuar dentro del proceso.

2.3. En el caso de la Fiduciaria del Pacífico S.A. no demandaron menores de edad invocando su calidad de accionistas, por lo que basta mencionar que las demás personas naturales lo hicieron mediante apoderado debidamente constituido(33).

Comparecieron las siguientes personas jurídicas aduciendo la calidad de accionistas de la Fiduciaria del Pacífico S.A.:

1) Inversiones La Coruña S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Álvaro José Lloreda Caicedo.

2) Inversora Salamanca S.A., a través de su representante legal, la señora María Lucía Lloreda Garcés.

3) Inversora Palos Verdes S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

4) Inversora del Sur S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Jorge Alberto Lloreda Garcés.

5) Inversiones Zero Stress S.A., por intermedio de su representante legal, el señor Felipe Lloreda Garcés.

Como estas sociedades también dijeron ser accionistas de la Corporación Financiera del Pacífico S.A., la verificación de su existencia y representación se llevó a cabo en el numeral 2.1, por lo que basta con mencionar que se probó su personalidad jurídica y, también, que sus representantes legales fueron los que otorgaron poder para actuar dentro del proceso.

3. La legitimación en la causa por activa.

Dado que al proceso comparecieron varias personas naturales y jurídicas alegando su condición de accionistas de tres sociedades, la Sala determinará si aparece probado en el expediente o no la prueba de dicha condición, aspecto que se constituye en un presupuesto procesal de la acción y, por ende, de obligatoria verificación como requisito para proceder con un análisis de fondo.

Como prueba documental se solicitó con la demanda que se requiriera a la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y a Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. para que allegaran al proceso, entre otros documentos, una certificación en la que se indicara su composición accionaria en la fecha en que la Superintendencia Bancaria expidió las resoluciones 775 de 25 de mayo y la 1002 de 30 de junio de 1999, por medio de las cuales se dispuso su toma de posesión con el objeto de liquidarlas, respectivamente(34).

Así mismo ocurrió con la Fiduciaria del Pacífico S.A., pero esta vez la petición probatoria iba encaminada a que certificara su composición accionaria para la fecha en que la asamblea general de accionistas decidió disolver y liquidar la sociedad(35).

Revisado el expediente se encuentra que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto dictado el 24 de marzo de 2004, decretó la prueba documental solicitada por la parte actora(36), razón por la cual el 11 de junio de 2004 requirió a todas las sociedades para que allegaran al proceso las certificaciones pedidas con la demanda(37), al punto que fue la misma parte actora la que se encargó de hacer llegar los requerimientos a las mencionadas sociedades(38).

En respuesta a los requerimientos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tanto la sociedad Corporación Financiera del Pacífico S.A., como la Fiduciaria del Pacífico S.A. se pronunciaron en idéntico sentido, así(39):

“Acusamos recibo del oficio número (…) del pasado 11 de junio de 2004, mediante el cual pone en nuestro conocimiento lo dispuesto por el honorable tribunal en auto de fecha marzo 24 del mismo año y que hace relación a las pruebas solicitadas por la parte demandante en el asunto de la referencia:

“Sobre el particular nos permitimos realizar las siguientes consideraciones:

“1. (…) el costo de la expedición de las pruebas documentales requeridas deberá ser asumido por la parte que las solicitó, para lo cual nos encontramos estableciendo con exactitud el número de folios que deben ser duplicados y proceder a informar el monto de los recursos que nos deben ser situados a fin de allegar al proceso la documentación, esperamos darles a conocer dicho monto en fecha no posterior al 25 de agosto de 2004.

“2. El volumen de la documentación solicitada es amplio y la disponibilidad al interior de nuestra entidad de recurso humano con disponibilidad única a esa tarea no es posible, por lo cual se hace necesario contar con un plazo prudencial de tiempo para su obtención; plazo que consideramos no puede ser inferior a dos (2) meses y medio a partir de la fecha en que la parte solicitante de la prueba documental nos haya situado los recursos necesarios para su obtención” (resaltado por la Sala).

También obra prueba de que posteriormente, el 2 de mayo de 2006, es decir, pasados dos años desde el primer requerimiento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca insistió, por segunda vez, a la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y a Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. para que enviaran al proceso los documentos que habían sido solicitados por la parte demandante con la demanda(40).

En respuesta a este segundo requerimiento la Corporación Financiera del Pacífico S.A., mediante comunicado fechado el 22 de mayo de 2006, señaló que no había recibido dinero alguno para proceder con la expedición de las copias de los documentos requeridos por la parte demandante(41).

Posteriormente, mediante auto de 2 de mayo de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró el fin del período probatorio y procedió a correr traslado para alegar, sin que la parte actora se hubiere opuesto.

La situación procesal que viene de exponerse reviste de certeza el hecho de que no fue posible hallar en el expediente las certificaciones pedidas con la demanda, con el objeto de determinar la composición accionaria de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. para la fecha en que la Superintendencia Bancaria tomó su posesión para liquidarlas, así como respecto de la Fiduciaria del Pacífico S.A., pero para el día en que se dispuso su liquidación voluntaria.

Expuesto lo anterior, ha de decirse que le correspondía a la parte actora estar atenta y hacer todo lo que estaba a su alcance para lograr el recaudo de las certificaciones de la composición accionaria de las mencionadas sociedades, sin embargo, esto no fue así(42).

A pesar de que las tres sociedades fueron requeridas el 11 de junio de 2004 para que enviaran al proceso la mencionada información, al punto de que la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y la Fiduciaria del Pacífico S.A. se manifestaron en el sentido de que lo harían siempre y cuando se les suministrara el dinero necesario para ello, no se halló prueba en el expediente de que la parte actora, que era la interesada, hubiere aportado recurso alguno para el efecto.

Agréguese que el 2 de mayo de 2006, tras dos años de haber sido requeridas las sociedades para que informaran su composición accionaria, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca insistió, por segunda vez, en el recaudo de esta prueba, oportunidad en la que la Corporación Financiera del Pacífico S.A. reiteró su posición de que atendería la solicitud siempre y cuando la parte interesada sufragara el costo de la papelería, sin que sea posible determinar en el expediente si esto ocurrió.

Aunque la sociedad Pacífico Compañía de Financiamiento de Comercial S.A. no se pronunció frente a los requerimientos, como sí lo hicieron la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y la Fiduciaria del Pacífico S.A., ello no relevaba a la parte actora de su deber de prestar su colaboración a la administración de justicia para el recaudo de las pruebas decretadas, sobre todo cuando era ella la que resultaría beneficiada con esta evidencia y, además, fue dicha parte la que pidió la prueba.

Lo que se deduce de lo anterior es que no es posible determinar, con base en el expediente, que la parte actora hubiere aportado el dinero solicitado por la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y la Fiduciaria del Pacífico S.A. ni que hubiera adelantado las gestiones necesarias ante Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. para lograr que expidiera la certificación acerca de su composición accionaria, aun cuando está probado que ella misma se encargó de remitirles los oficios expedidos por el tribunal en la primera ocasión.

Añádase que la parte actora no se opuso a la providencia que declaró cerrado el período probatorio y corrió traslado para alegar de conclusión en primera instancia, con fundamento en lo que aquí se discute.

En suma, lo que se deduce del trámite del proceso es que la parte actora se limitó a pedir con la demanda la mencionada prueba documental, pero no desplegó actividad alguna con el objeto de contribuir con el eficaz recaudo de una evidencia que ella misma había solicitado y que la beneficiaba.

No obstante lo anterior, la existencia en el proceso de una documentación que hace alusión a la composición accionaria de la sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A., de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. y de la Fiduciaria del Pacífico S.A., implica que la Sala efectúe algunas consideraciones previas, para determinar si los demandantes estaban legitimados o no en la causa por activa para interponer esta acción de reparación directa.

Tales documentos son los siguientes(43):

a) EnrelaciónconlaCorporaciónFinancieradelPacíficoS.A.:

— Informe de inspección llevada a cabo por la Superintendencia Bancaria a las instalaciones de la Corporación Financiera del Pacífico S.A., con fecha de corte 30 de junio de 1997, en el cual aparecen consignados los nombres de las personas que para esa época eran accionistas de esta sociedad(44).

— Comunicación fechada el 15 de enero de 1999, dirigida a la Superintendencia Bancaria, por medio de la cual la Corporación Financiera del Pacífico S.A. se pronunció sobre el informe de visita CF-04-98. En este documento aparece una relación de los accionistas de la mencionada sociedad(45).

— Varias actas de junta directiva de la sociedad Corporación Financiera del Pacífico S.A. siendo la más reciente la 110, fechada el 27 de enero de 1999(46).

— Recurso de reposición fechado el 1º de junio de 1999, interpuesto por el señor Álvaro José Lloreda Caicedo, invocando su calidad de accionista de la sociedad Corporación Financiera del Pacífico S.A. en contra de la Resolución 775 del 25 de mayo de 1999, por medio de la cual la Superintendencia Bancaria dispuso su toma de posesión para liquidarla(47).

b) EnrelaciónconPacíficoCompañíadeFinanciamientoComercialS.A.:

— Varias actas de junta directiva de la sociedad Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., siendo la más reciente la 038, fechada el 10 de junio de 1999(48).

Aunque los documentos que vienen de relacionarse hacen alusión a la composición accionaria de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., no constituyen prueba de ello, toda vez que no son indicativos de que los demandantes figuraban inscritos en el libro de accionistas de tales sociedades, requisito cuya comprobación resulta necesaria e insustituible para acreditar la propiedad accionaria de las sociedades por acciones y, en todo caso, se encuentran calendados en fechas distintas a las de la toma de posesión de ambas compañías.

El Código de Comercio en sus artículos 195 y 406 se encarga de establecer las reglas a las cuales debe sujetarse la enajenación de acciones en las sociedades de esta naturaleza y de ahí las condiciones que permiten considerar a una persona como accionista.

El artículo 195 de dicho código establece que las sociedades por acciones deben tener un libro en el cual se registre todo lo relacionado con el tráfico económico y jurídico de las acciones, es decir, en él debe especificarse en detalle todo cuanto acontezca con sus títulos, como por ejemplo, el nombre de sus tenedores, su fecha de inscripción o la anotación de gravámenes en caso de que los haya(49).

A su vez, el artículo 406 del Código de Comercio dispone que la enajenación de acciones nominativas puede ocurrir por el simple acuerdo de las partes, sin embargo, para que este acuerdo de voluntades surta efectos jurídicos y, por ende, que pueda oponerse tanto a la sociedad como a terceros, es requisito sine qua non que ocurra su inscripción en el libro de acciones(50).

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el requisito de anotar en el libro de socios los nombres de los tenedores de las acciones de una sociedad, en los siguientes términos:

“En todo caso, con arreglo al artículo 406 del Código de Comercio, ‘la enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes’, pero para producir efectos respecto de la sociedad y de terceros, deberá inscribirse en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante en forma de endoso sobre el título respectivo o por otro medio, exigiendo la nueva inscripción y la expedición del título al adquirente, cancelar los títulos precedentes.

“En este contexto, tanto la suscripción de acciones emitidas con posterioridad a la constitución de la sociedad, cuanto su enajenación por los accionistas, son negocios jurídicos de forma libre, bastando el acuerdo de las partes expresado por toda forma idónea, directa o indirecta, expresa o “tácita” (rectius, conducta concluyente), incluso electrónica (C. Co., art. 824; L. 527/99). Sin embargo, para su oponibilidad a la sociedad y a terceros, deben acatarse las normas estatutarias y legales, expedirse el título accionario y registrarse en el libro de la sociedad(51) (resaltado por la Sala).

En suma, para que se perfeccione el derecho de la propiedad en cabeza de los socios respecto de una sociedad por acciones, con la consecuente posibilidad de oponer a terceros esta atribución, constituye un requisito sine qua non que se inscriba en el libro de registro de accionistas a los tenedores de cada título.

Dicho lo anterior, la Sala deduce que la parte actora sabía que debía demostrar la ocurrencia de la aludida formalidad, de ahí que solicitara como prueba que las sociedades certificaran su composición accionaria como el medio idóneo para acreditar la consumación de esa condición, sin embargo, sin justificación alguna, esta prueba no se recaudó sin que la parte actora a lo largo del proceso hubiere manifestado inconformidad alguna.

Resulta oportuno mencionar que lo esencial y relevante en lo que aquí se discute es el convencimiento que debe tener la Sala de que de los demandantes figuraban anotados en el libro de socios de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., para el momento en que fueron intervenidas por la Superintendencia Bancaria, tal y como se indicó en la demanda.

No obstante lo anterior, ninguno de los documentos reseñados fue expedido con el objeto de certificar la composición accionaria en las fechas indicadas en la demanda, previa verificación de los libros de socios; tan solo hacen referencia de manera genérica a quiénes eran los accionistas, sin que sea posible determinar el período de tiempo al cual se refiere su contenido y, en todo caso, fueron calendados en fechas distintas a las que aquí interesan que son el 25 de mayo y 30 de junio de 1999(52).

Consideración especial merece el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 775 del 25 de mayo de 1999, por medio de la cual la Superintendencia Bancaria tomó posesión de la Corporación Financiera del Pacífico S.A, el cual aparece suscrito por el señor Álvaro José Lloreda Caicedo invocando su calidad de accionista, cuyo análisis no conduce a conclusión distinta a la expresada en el párrafo anterior, pues no se cuenta en el proceso con ningún otro medio de prueba que permita establecer si él, para esa fecha, estaba inscrito en el libro de socios.

También merecen unos comentarios adicionales las actas de las juntas directivas de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., en las cuales figuraban como miembros los señores Álvaro José Lloreda Garcés, Jorge Alberto Lloreda Garcés y Felipe Lloreda Garcés, personas que al mismo tiempo hacen parte de los demandantes en este proceso.

Dado que la legislación no preveía que la junta directiva de una sociedad anónima debía estar conformada únicamente por sus accionistas, se deduce que el hecho de que algunos de los demandantes pertenecieran a ese órgano de administración de tales sociedades, no era sinónimo de su calidad de socios, pues bien podían no serlo y aun así ser directivos de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

Ante ese estado de cosas resulta imposible para la Sala determinar si los demandantes, personas naturales y jurídicas, ostentaban la calidad de accionistas de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., para las fechas indicadas en la demanda, razonamiento este que resulta acorde con lo expuesto por el Ministerio Público cuando rindió concepto en segunda instancia, en el sentido de que en el proceso no obraba prueba de dicha condición.

Se sigue entonces que los demandantes que invocaron la calidad de accionistas de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. no probaron esa condición, como presupuesto procesal que los legitimaba para obtener reparación ante la justicia contenciosa administrativa.

Cabe mencionar que la legitimación en la causa —material—, ora por pasiva, ora por activa, no constituye una excepción de fondo porque no enerva la pretensión procesal en su contenido, sino que se trata de ‘…una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado’(53), razón por la cual se declarará, respecto de los actores que adujeron su condición de accionistas de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., su falta de legitimación en la causa por activa.

c) En relación con la Fiduciaria del Pacífico S.A.:

Reposan en el expediente tanto el acta 16 de la “asamblea extraordinaria de accionistas de Fidupacífico S.A.”, fechada el 1 de diciembre de 2000, por medio de la cual se dispuso la disolución y liquidación de esa sociedad; así como también la escritura pública 65 de 18 de enero de 2001 por medio de la cual aquella se protocolizó.

De conformidad con el Código de Comercio el alcance probatorio de las actas de asamblea de socios es el siguiente:

“ART. 189.—Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en actas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y el secretario de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, la forma en que hayan sido convocados los socios, los asistentes y los votos emitidos en cada caso.

“La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. A su vez, a los administradores no les será admisible prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas”.

Dado que, por disposición legal, las actas de asambleas de socios constituyen prueba de los hechos que en ellas se consignan, la Sala acoge como auténtico el contenido del acta 16 de la “asamblea extraordinaria de accionistas de Fidupacífico S.A.”, por medio de la cual se dispuso su disolución y liquidación.

En dicho documento, en cuanto hace a la asistencia de los socios, se lee lo siguiente:

“1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

“Se procedió a verificar el quorum, el cual se registró así:

ACCIONISTAREPRESENTANTE# ACCIONES%
Pacífico CFC S.A. en liquidaciónSonia Margarita Urueña Suárez —representante legal—105.62252.47
Corfipacífico S.A. en liquidaciónDiana Young Torres —representante legal—
71.404

35.47
Inversora del Sur S.A.Diego Suárez Escobar —apoderado—4.0392.01
Álvaro José Lloreda CaicedoÉl mismo2.0201.01
Inversiones Salamanca S.A.Álvaro José Lloreda Caicedo —representante legal—4.0392.01
Inversiones La Coruña S.A.Álvaro José Lloreda Caicedo —representante legal—4.0392.01
Inversiones Zero Stress S.A.
Álvaro José Lloreda Caicedo —representante legal—
4.0392.01
Inversora Palos Verdes S.A.Álvaro José Lloreda Caicedo —representante legal—4.0392.01
Claudia Dávila OrtizÁlvaro José Lloreda Caicedo —apoderado—2.0191.00
TOTAL 201.260100

Tras verificar la relación de los accionistas que aparecen enlistados en el acta por medio de la cual se disolvió y se liquidó a la Fiduciaria del Pacífico S.A., la Sala encuentra que se presenta correspondencia con los demandantes que invocaron la calidad de socios de esa compañía.

Dado el alcance probatorio que la ley otorga a las actas de asambleas de socios, no hace falta, en este caso, una remisión al libro de accionistas de la Fiduciaria del Pacífico S.A., para efectos de acreditar esa condición respecto del señor Álvaro José Lloreda Caicedo, la señora Claudia Dávila Ortiz y las empresas Inversora del Sur S.A., Inversiones Salamanca S.A., Inversiones La Coruña S.A., Inversiones Zero Stress S.A., e Inversora Palos Verdes S.A.(54).

Por lo anterior, la Sala encuentra que los demandantes anteriormente mencionados sí están legitimados en la causa por activa para reclamar la indemnización de los perjuicios que habrían soportado en su condición de accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A., razón por la cual es procedente continuar con el estudio de los demás presupuestos procesales de la acción interpuesta por ellos.

4. La acción procedente.

Estima la Sala que los accionistas de la Sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A. acertaron en interponer la acción de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho como pasa a explicarse.

La parte actora estimó que las entidades demandadas son administrativamente responsables “por el tracto continuado de omisiones y acciones concatenadas del estado colombiano que redundaron en la toma de posesión con fines liquidatorios de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. —CORFIPACÍFICO— y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. —PACÍFICO CFC—, así como en la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A. —FIDUPACÍFICO—”, circunstancia que produjo perjuicios económicos a los accionistas de esta última sociedad (resaltado por la Sala).

Las imputaciones que dan fundamento a lo expresado en la demanda, respecto de la Fiduciaria del Pacífico S.A., son las siguientes:

“6.3.9. Actuaciones del estado frente a Fidupacífico.

“Aunque en una primera instancia se podría pensar que al haber sido decretada la disolución y liquidación anticipada de FIDUPACÍFICO por parte de la asamblea de accionistas de esa sociedad fiduciaria, no le cabe al Estado y más concretamente a la Superintendencia Bancaria, ninguna responsabilidad, por ello resulta pertinente formular algunas consideraciones sobre el particular.

“La toma de posesión de CORFIPACÍFICO y de PACÍFICO CFC, explican por sí solas, la crisis a la cual se vio abocada más tarde FIDUPACÍFICO y que la llevó a su disolución y liquidación ‘voluntaria’, como la única salida para evitar ser objeto de una toma de posesión con fines de liquidación por parte de la Superintendencia Bancaria.

“En efecto, dichas entidades financieras detentaban el 87.94% del capital de FIDUPACÍFICO y conformaban con ella un grupo financiero, que actuaba con estrechos vínculos financieros, comerciales y administrativos, situación que, por lo demás, era totalmente conocida por el público y su clientela. Dicha situación hacía inevitable que la liquidación de sus accionistas mayoritarios no conllevara la ulterior liquidación de esa fiduciaria, bien por la vía de una intervención administrativa o a través de una decisión de su máximo órgano social, como finalmente aconteció.

“Tal como tuvimos ocasión de reseñar en el acápite de hechos de este escrito, las tomas de posesión con fines de liquidación de CORFIPACÍFICO y de PACÍFICO CFC tuvieron consecuencias devastadoras para FIDUPACÍFICO, ya que generaron una crisis total de confianza entre (i) su clientela, (ii) las entidades financieras con las cuales realizaban operaciones interbancarias y (iii) el público en general. Ello, a su vez, se tradujo en una merma casi total de sus ingresos y en el desmonte y liquidación del fondo común ordinario y de los dos fondos comunes especiales que administraba y de los cuales derivaba una gran parte de sus ingresos.

“Al ser ello así, se hace evidente que las tomas de posesión con fines de liquidación de esas dos entidades, decretada de manera arbitraria por la Superintendencia Bancaria, constituyeron la causa eficiente de la liquidación voluntaria de FIDUPACÍFICO.

“Como si lo anterior no fuera suficiente, tal como se describió en los hechos de este libelo, la Superintendencia Bancaria desplegó todo un arsenal de medidas que, más que responder al ejercicio de sus facultades de supervisión, parecían allanar el camino de una toma de posesión.

“Primero no autorizó someter los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 1998 a consideración y aprobación de la asamblea general de accionistas de FIDUPACÍFICO, hasta tanto no se efectuaran con cargo al estado de resultados unas provisiones, entre las cuales se encontraban las correspondientes a unas cuentas por cobrar por concepto de comisiones causadas por la administración de los fideicomisos de administración, garantía y fuente de pago, ya que, a juicio de esa entidad de control, no existía certeza sobre el pago efectivo de las mismas. Nuevamente la Superintendencia Bancaria ponía en duda que los mandamientos de pago a cargo del Estado fuesen a ser pagados.

“Posteriormente ordenó a FIDUPACÍFICO capitalizarse en una suma superior a $ 1.000’000.000 a sabiendas de i) que ni CORFIPACÍFICO ni PACÍFICO CFC, en su condición de accionistas mayoritarios, iban a capitalizarla, (ii) que la precaria situación por la que atravesaba hacía prácticamente imposible vincular nuevos accionistas y (iii) que los accionistas minoritarios afectados por las intervenciones de CORFIPACÍFICO y de PACÍFICO CFC, no estaban en condiciones de vincular más capital.

“Todo ello permitía anticipar que la capitalización ordenada por la Superintendencia Bancaria no podría cumplirse dentro del plazo inicial fijado para ello, ni dentro del plazo de la prórroga de un mes quo posteriormente fue concedido para tales efectos.

“Al no poder materializar la capitalización exigida por la Superintendencia Bancaria, los accionistas minoritarios solicitaron a esa superintendencia ampliar en seis (6) meses más el plazo fijado para cumplir con la capitalización exigida, al considerar que ese era el plazo mínimo en el que razonablemente se podía esperar vincular nuevo capital a la sociedad fiduciaria.

“No obstante, la Superintendencia Bancaria negó dicha prórroga aduciendo que la asamblea general de accionistas de FIDUPACÍFICO había decretado la disolución y liquidación de la misma. Resulta sorprendente, por decir lo menos, que esa entidad de control haya fundado su negativa en esa razón, cuando precisamente al aprobarse la disolución y liquidación de FIDUPACÍFICO por parte de su asamblea general de accionistas, se estableció que la misma se encontraba condicionada a que la Superintendencia Bancaria no aprobara la referida prórroga, circunstancia que era plenamente conocida por esa entidad y fluía claramente del acta correspondiente.

“Actuaciones como la descrita, no hacen sino evidenciar que la Superintendencia Bancaria, más que colaborar en la búsqueda de verdaderas soluciones que permitieran garantizar la continuidad de FIDUPACÍFICO, estaba empeñada en la pronta desaparición de FIDUPACÍFICO”.

De lo que se acaba de transcribir la Sala concluye que la demanda atribuyó la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A. a las siguientes actuaciones en cabeza de la Superintendencia Bancaria:

1) La toma de posesión con fines liquidatorios de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

2) La no autorización de la Superintendencia Bancaria de someter los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 1998, a consideración y aprobación de la asamblea general de accionistas de la Fiduciaria del Pacífico S.A. hasta tanto se efectuaran con cargo al estado de resultados unas provisiones.

3) La orden que la Superintendencia Bancaria dio a la Fiduciaria del Pacífico S.A. de capitalizarse en cuantía superior los $ 1.000’000.000.

De conformidad con lo expuesto resulta oportuno mencionar que a pesar de que las imputaciones hechas en contra de la Superintendencia Bancaria consistieron en tres decisiones adoptadas por ella que habrían causado la liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A., materializadas en actos administrativos, no por ello procedía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

La demanda de modo alguno cuestionó la legalidad o no de las decisiones que conllevaron a la liquidación voluntaria de la sociedad fiduciaria, simplemente reconoció que la intervención con fines liquidatorios de sus socios mayoritarios, Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., produjo en ella un estado de iliquidez que la Superintendencia intentó remediar de manera infructuosa mediante las órdenes de llevar a cabo una capitalización y de efectuar con cargo al estado de resultados unas provisiones.

Dicho de otro modo, el hecho de que los demandantes optaran por liquidar la sociedad fiduciaria ante al fracaso de las medidas de rescate adoptadas por la Superintendencia Bancaria, no significa que se trató de decisiones arbitrarias e ilegales.

No era procedente con respecto a la Fiduciaria del Pacífico S.A. que se interpusiera la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que los demandantes no consideraron que las actuaciones de la Superintendencia Bancaria contenidas en actos administrativos que redundaron en su estado de iliquidez y posterior liquidación voluntaria fueran ilegales, pues su inconformidad se fundamentó en el resultado por ellos lamentado, esto es, la liquidación voluntaria.

El cuestionamiento de la demanda no fue en contra de algún acto administrativo sino el incumplimiento de la Superintendencia Bancaria de su obligación de procurar la supervivencia de la sociedad fiduciaria, de suerte que sus socios acertaron en interponer la acción de reparación directa.

5. El ejercicio oportuno de la acción respecto de los accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A.

En garantía de la seguridad jurídica el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción por el no ejercicio de determinadas acciones judiciales, dentro de un término específico fijado por la ley, circunstancia que impone a los interesados la carga de formular la demanda correspondiente dentro de dicho plazo, so pena de perder la oportunidad para hacer efectivo su derecho.

Ahora bien, tan importante como tener presente lo anterior, viene a ser que el legislador previó reglas para la contabilización de los términos de caducidad y, en tal sentido, en miras del ejercicio de la acción de reparación directa, la regla general indica que el término de dos años para interponerla empieza a correr a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos, según las voces del numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo —Decreto 1 de 1984—.

De conformidad con lo expuesto, ha de decirse que en este caso el conteo del término de caducidad no se hará a partir del día siguiente a la fecha en que la asamblea de socios de la Fiduciaria del Pacífico S.A. tomó la decisión de disolver y liquidar la compañía, toda vez que fue una decisión tomada por sus socios más no por alguna entidad estatal.

En ese sentido, cuando el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término de dos años para interponer la acción de reparación directa empieza a correr a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos, ha de entenderse que se refiere a actuaciones en cabeza de alguna entidad estatal.

Por consiguiente, como la demanda identificó tres hechos en cabeza de la Superintendencia Bancaria como la actuación del Estado que produjo la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A., es a partir del día siguiente de su ocurrencia el momento que determina el inicio del término de caducidad.

Procede entonces la Sala a efectuar el conteo de la caducidad respecto de cada uno de las tres actuaciones de la Administración que habrían causado el fin de la vida jurídica de la Fiduciaria del Pacífico S.A.:

1) La oportunidad de la acción respecto de la toma de posesión con fines liquidatorios de la Superintendencia Bancaria sobre las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.:

El acta 9 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A., calendada el 10 de agosto de 1999 —la cual reposa en el expediente(55)—, es demostrativa de que en esta fecha los socios discutieron la determinación de la Superintendencia Bancaria de tomar la posesión con el objeto de liquidar las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. y los efectos de ello sobre la sociedad fiduciaria.

Resulta oportuno precisar que los socios presentes el día de esta asamblea extraordinaria son los mismos que aprobaron la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A. y que, además, actúan como demandantes.

Este es el contenido del mencionado documento:

“(…).

“6. Constancia del representante legal.

“Tomó la palabra el doctor (…) actual presidente y representante legal de la sociedad fiduciaria quien leyó la siguiente comunicación dirigida a los accionistas:

‘Santiago de Cali, agosto 10 de 1999

Señores

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

FIDUCIARIA DEL PACÍFICO S.A.

‘Esta es una reunión de gran importancia para nuestra institución, toda vez que por decisión de los nuevos accionistas se están reemplazando los actuales administradores. Es por ello que en mi calidad de presidente de FIDUPACÍFICO S.A. me permito hacer mención de los siguientes temas que considero de vital importancia para la continuidad de la empresa:

‘1. Como consecuencia de la intervención para liquidación de que fueron objeto las sociedades CORPORACIÓN FINANCIERA DEL PACÍFICO S.A. y PACÍFICO CFC S.A. se ha producido en los clientes de la fiduciaria un sentimiento de desconfianza hacia la misma el cual ha traído como efecto la disolución de sus fondos de inversión los cuales se encuentran en proceso de liquidación. Esta situación ha generado a su vez una crisis de liquidez en la fiduciaria en la medida que no están ingresando las comisiones por manejo de los fondos al paso que dineros de propiedad de los fideicomisos, con los cuales se atendían gran parte de nuestras comisiones, están invertidos en los mismos fondos con la consecuente congelación de liquidez.

‘2. Otra consecuencia de la crisis de confianza se manifiesta en que algunos de nuestros mejores clientes de negocios fiduciarios han solicitado autorización para ceder sus contratos a otras instituciones fiduciarias. Si esta situación que ya se está presentando de manera masiva es aceptada por Fidupacífico S.A. estaría renunciando a recibir, por concepto de comisiones, unos ingresos que resultan de fundamental importancia para la supervivencia de la fiduciaria. Por tal motivo recomiendo a la nueva administración no aceptar la cesión de ningún fideicomiso y trabajar con nuestros actuales clientes en la recuperación de esa confianza perdida por razones ajenas a nuestra gestión. Fidupacífico cuenta con un excelente grupo de trabajo para la administración de negocios fiduciarios, lo cual contribuirá seguramente a la recuperación de su imagen.

‘(…)”.

Con fundamento en lo que acaba de transcribirse, ha de decirse que el término de caducidad de la acción de reparación directa debe empezarse a contar desde el día siguiente en que se llevó a cabo la asamblea extraordinaria de socios, es decir, el 11 de agosto de 1999, pues se encuentra probado que en esa reunión el presidente de la Fiduciaria del Pacífico S.A. puso en conocimiento de los socios los efectos que se derivaron para la compañía de la toma de posesión para liquidar a las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

Sin embargo, al haberse interpuesto la acción de reparación directa el 8 de noviembre de 2002, ha de concluirse que su ejercicio fue extemporáneo.

2) La oportunidad de la acción respecto de la no autorización de la Superintendencia Bancaria de someter los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 1998 a consideración y aprobación de la asamblea general de accionistas de la Fiduciaria del Pacífico S.A., hasta tanto se efectuaran, con cargo al estado de resultados, unas provisiones:

En atención al acta 13 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A., calendada el 4 de mayo de 2000 —la cual reposa en el expediente(56)—, es posible determinar que para esta fecha los accionistas de la empresa conocían de la imposibilidad de aprobar los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 1998, por orden de la Superintendencia Bancaria.

Resulta oportuno precisar que los socios presentes el día de esta asamblea extraordinaria son los mismos que aprobaron la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A. y que, además, actúan como demandantes.

Este es el contenido del acta 13 de 4 de mayo de 2000:

“ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.

3. Estados financieros a diciembre de 1998.

“(…).

“3. Estados financieros a diciembre 31 de 1998.

El presidente de la reunión informa a los accionistas que los estados financieros que se someterían a aprobación de los señores accionistas aún no han sido autorizados por la Superintendencia Bancaria, por las razones contenidas en la comunicación suscrita por la doctora (…) superintendente delegada para entidades administradoras. El doctor (…) da lectura a la comunicación:

‘Doctor (…).

‘Representante legal

Fiduciaria del Pacífico S.A.

‘(…).

‘Analizados los estados financieros de esa entidad correspondientes al ejercicio económico de 1998, los documentos relacionados con la asamblea general de accionistas, las notas a los estados financieros, la información adicional sobre el particular y considerando los dictámenes emitidos por el revisor fiscal, esta entidad considera necesario provisionar las sanciones e intereses de mora que se generaron a 31 de diciembre de 1998 por el desmonte de las inversiones en las sociedades Caucadesa y Aceros del Pacífico S.A. en razón a que el plan único de cuentas el código 2860 Multas y sanciones estipula:

‘(…).

‘Así las cosas, no se podrán someter a consideración y aprobación en la asamblea general de accionistas a realizarse el próximo 4 de mayo los estados financieros correspondientes al ejercicio económico al corte del 31 de diciembre de 1998, hasta tanto no se efectúe la provisión generada.

‘Atentamente,

‘(…).

‘Superintendente delegado para entidades administradoras de pensiones y cesantías” (resaltado por la Sala).

A pesar de que lo discutido en la asamblea del 4 de mayo de 2000 hace referencia a los estados financieros de dos ejercicios anteriores, lo cierto es que la Sala contabilizará el término de caducidad a partir del 5 de ese mes y año, pues no puede establecer si, con anterioridad a aquel día, todos los accionistas tenían conocimiento de lo que acontecía con los estados financieros de 1998.

Ahora bien, al haberse interpuesto la acción de reparación directa el 8 de noviembre de 2002, ha de concluirse que su ejercicio fue extemporáneo.

3) La oportunidad de la acción respecto de la orden que la Superintendencia Bancaria dio a la Fiduciaria del Pacífico S.A. de capitalizarse en cuantía superior a $ 1.000’000.000:

De conformidad con el acta 15 de la asamblea extraordinaria de accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A., calendada el 27 de octubre de 2000 —la cual reposa en el expediente(57)—, la Sala se percata de que ese día los socios discutieron la orden de capitalización proveniente de la Superintendencia Bancaria.

Resulta oportuno precisar que los socios presentes el día de esta asamblea extraordinaria son los mismos que aprobaron la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A. y que, además, actúan como demandantes. Así aparece consignado en la mencionada acta:

“ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quorum.

2. Elección de presidente y secretario de la reunión.

3. Análisis de la comunicación de la Superintendencia Bancaria de fecha 3 de octubre de 2000, radicada bajo el Nº 2000081567-4: Capitalización.

“(…).

“El doctor (…) da lectura al requerimiento enviado por la doctora (…), superintendente delegado para entidades administradoras de pensiones y cesantías de la Superintendencia Bancaria, la cual se transcribe a continuación:

‘Doctor (…).

‘Presidente Fiduciaria del Pacífico S.A.

‘(…).

‘Revisados los estados financieros de la Fiduciaria del Pacífico S.A. transmitidos a esta superintendencia el pasado 28 de septiembre, se estableció que la entidad a su cargo presenta a 31 de agosto de 2000 un defecto frente al capital mínimo exigido por el artículo 1º de la Ley 510 de 1999 y su Decreto Reglamentario 2323 del mismo año, de $ 1.219 millones de pesos.

‘(…).

Por lo anterior, este despacho ordena capitalizar en un plazo que se considera suficiente hasta el 3 de noviembre de 2000, el defecto de capital que presenta esa sociedad frente al mínimo legal exigido, orden que debe ser leída en sesión de junta directiva antes del viernes 6 de octubre del presente año a fin de que ese órgano se pronuncie en relación con la misma.

‘(…).

‘Superintendente delegado para entidades administradoras de pensiones y cesantías” (resaltado por la Sala).

Comoquiera que está probado que el 27 de octubre de 2000 los socios de la Fiduciaria del Pacífico S.A. estaban al tanto de la orden de capitalización, es procedente efectuar el cómputo del término de caducidad a partir del 28 de ese mes y año.

Sin embargo, al haberse interpuesto la acción de reparación directa el 8 de noviembre de 2002, ha de concluirse que su ejercicio fue extemporáneo.

Por todo lo dicho, la Sala concluye que el ejercicio de la acción de reparación directa, en relación con la disolución y liquidación voluntaria de la Fiduciaria del Pacífico S.A., fue extemporánea.

6. Condena en costas.

En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa respecto de los demandantes que adujeron la calidad de accionistas de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

2. DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa respecto de la demanda interpuesta por quienes comparecieron al proceso en calidad de accionistas de la sociedad Fiduciaria del Pacífico S.A.

3. SIN condena en costas.

4. Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.»

1 La demanda se interpuso el 8 de noviembre de 2002, fecha en la cual todavía no se había fusionado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud, lo cual ocurrió con la expedición de la Ley 790 del 27 de diciembre de 2002.

23 Folio 193, cuaderno principal.

24 La demanda se presentó en el 2002 y para ese año el salario mínimo mensual fue de $ 309.000, por lo que 500 veces su valor equivalía a $ 154’500.000.

25 Registros civiles de nacimiento en folios 4 y 5 del cuaderno de la demanda.

26 El certificado de existencia y representación legal obra en la AZ Nº 4, folios 377-380.

27 Reposan en el expediente los certificados de existencia y representación de las empresas Álvaro José Lloreda Ltda. & Cía. SCA y Álvaro José Lloreda Ltda. Folios 381-382 y 384-386 de la AZ Nº 4.

28 El certificado de existencia y representación reposa en la AZ Nº 4, folios 361-364.

29 El certificado de existencia y representación reposa en la AZ Nº 4, folios 357-360.

30 El certificado de existencia y representación reposa en la AZ Nº 4, folios 365-368.

31 El certificado de existencia y representación reposa en la AZ Nº 4, folios 369-372.

32 El certificado de existencia y representación reposa en la AZ Nº 4, folios 373-376.

33 Todos los demandantes otorgaron poder a un solo abogado.

34 La solicitud probatoria aparece en los folios 203 y 205, cuaderno principal correspondientes a la demanda.

35 Folio 206, cuaderno principal.

36 Folio 418, segundo cuaderno principal.

37 Los oficios requiriendo a la Corporación Financiera del Pacífico S.A., a Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A. y a la Fiduciaria del Pacífico S.A. para que enviaran la información requerida, obran en los folios 443, 461A, 468, 470, 447 y 469 del segundo cuaderno principal.

38 En el folio 467 del segundo cuaderno principal reposa una comunicación suscrita por el apoderado de la parte actora en el que informó al tribunal de primera instancia que había radicado los requerimientos probatorios en cada una de las mencionadas sociedades.

39 Folios 496-499, cuaderno de pruebas.

40 Folios 604 y 611-613, tercer cuaderno principal.

41 Folios 623-626, tercer cuaderno principal.

42 Era deber de la parte actora, según el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil: “Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su renuencia sea apreciada como indicio en contra”.

43 Los documentos que aquí se van relacionar son una muestra de los que obran a lo largo de los 41 cuadernos que hacen parte del expediente y que componen los antecedentes administrativos de la toma de posesión de las sociedades Corporación Financiera del Pacífico S.A. y de Pacífico Compañía de Financiamiento Comercial S.A., así como de la vigilancia especial efectuada sobre la Fiduciaria del Pacífico S.A.
Dado el volumen de los documentos, la Sala se abstuvo de relacionarlos en su totalidad, sin embargo, esto no afecta el derecho de defensa de la parte actora por cuanto los elementos que se analizan en la sentencia respecto de los que sí aparecen relacionados, son extensivos a los demás: datados en fechas distintas a las que interesan al proceso e imposibilidad de verificar a través de ellos el contenido del libro de accionistas de las sociedades en mención.

44 Folio 12, cuaderno 13.

45 Folios 236-279, AZ Nº 2.

46 Cuaderno 13 y folios 228-235 y 280-306 AZ Nº 2.

47 Folios 65-67, AZ Nº 4.

48 Cuaderno 16, folio 69.

49 “ART. 195.—INSCRIPCIÓN DE REUNIONES EN LIBRO DE ACTAS Y ACCIONES. La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se anotarán por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta de socios. Estas serán firmadas por el presidente o quien haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta de socios.

“Asimismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente registrado para inscribir las acciones; en él anotarán también los títulos expedidos, con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con ellas, las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio, si fueren nominativas”.

50 “ART. 406.—<NEGOCIACIÓN DE ACCIONES NOMINATIVAS>. La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; mas para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante. Esta orden podrá darse en forma de endoso hecho sobre el título respectivo.

“Para hacer la nueva inscripción y expedir el título al adquirente, será menester la previa cancelación de los títulos expedidos al tradente.

“PAR.—En las ventas forzadas y en las adjudicaciones judiciales de acciones nominativas, el registro se hará mediante exhibición del original o de copia auténtica de los documentos pertinentes”.

51 Sentencia proferida el 14 de julio de 2010 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente 68861-3103-002-2006-00046-01, M.P. William Namén Vargas.

52 La toma de posesión con fines liquidatorios de la Corporación Financiera del Pacífico S.A. ocurrió el 25 de mayo de 1999 mientras que la Corporación Financiera del Pacífico fue intervenida el 30 de junio de ese año.

53 Sentencias del 22 de noviembre de 2001, expediente 13.356, M.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez; de 27 de abril de 2006, expediente 15.352, M.P. Dr. Ramiro Saavedra Becerra, reiteradas por esta Subsección en sentencia de 23 de junio de 2011, expediente 19.608.

54 Sí se cuenta con la prueba de la existencia y representación de estas sociedades para la fecha de la interposición de la demanda, tal y como se analizó al inicio de esta providencia.

55 Folios 106-109, AZ Nº 4.

56 Folios 117-119, AZ Nº 4.

57 Folios 124-125, AZ Nº 4.